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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01037-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01037-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A del 17 de octubre de 2024. 2°) Condénase en costas a la parte actora, esto es, a los señores Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero, tásense en forma concentrada en el tribunal de primera instancia. 26 Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459) Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero Nulidad y restablecimiento del derecho Apelación de sentencia 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-01037-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Demandante: ANA ROCÍO VARGAS BERNAL Y LUIS ALEJANDRO
NEISSA HORNERO
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – NULIDAD DEL ACTO
QUE DECLARÓ CADUCIDAD DEL CONTRATO

Síntesis del caso: la parte actora pide que se declare la nulidad de las resoluciones
mediante las cuales se declaró y confirmó la caducidad del contrato de concesión minera
no. ICT-08111, por cuanto los incumplimientos reportados no fueron subsanados en el
término concedido por la ANM para ello; el tribunal de primera instancia denegó las súplicas
de la demanda. Inconforme con la decisión la parte actora se opone a la sentencia e insiste
en que con las pruebas aportadas al expediente se deben tener por superados los
incumplimientos y con ello, proceder a la nulidad de las resoluciones demandadas.

Temas: causales de caducidad de los contratos de concesión minera – requerimientos
contractuales – derecho de igualdad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia de 17 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A que denegó las súplicas de la
demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR a cada uno de los demandantes a pagar a favor
de la Agencia Nacional de Minería por agencias en derecho en esta
instancia, la suma de DOS (02) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES a la ejecutoria de la sentencia a favor de la
entidad demandada. Esta suma deberá incluirse en el auto de liquidación
de costas, a cargo de la parte vencida, en este caso la parte demandante”
(fl. 18 documento no. 49 – expediente digital – negrillas y mayúsculas fijas
del original).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 27 de julio de 2017 en la Oficina Judicial de Sogamoso
(Boyacá) 1, los señores Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
actuando por intermedio de apoderado judicial interpusieron demanda en contra de
la Agencia Nacional de Minería (ANM) en ejercicio del medio de control jurisdiccional
de nulidad y restablecimiento del derecho (índice no. 2 SAMAI)2 con las siguientes
súplicas:

“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones No. 00575
de 12 de junio de 2014 y No. 001701 de 29 de diciembre de 2016
expedidas por la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA representada
legalmente por su presidenta SILVANA HABIB DAZA y/o quién lo sea y/o
quién haga sus veces, las cuales declararon la CADUCIDAD del Contrato
de Concesión No. ICT-08111 celebrado con los señores ANA ROCIO
VARGAS BERNAL y LUIS ALEJANDRO NEISSA HORNERO y se
tomaron otras determinaciones.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, condenase a la AGENCIA NACIONAL DE
MINERIA representada legalmente por su presidenta SILVANA HABIB
DAZA y/o quién lo sea y/o quién haga sus veces, continuar con el trámite
ordinario del título minero Contrato de Concesión No. ICT-08111
celebrado con los señores ANA ROCIO VARGAS BERNAL y LUIS
ALEJANDRO NEISSA HORNERO declarando subsanados los
requerimientos realizados en el auto GTRN No. 001072 del 16 de
noviembre de 2011 y el auto No. PARN-000220 del 11 de junio de 2013.

TERCERO: CONDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
representada legalmente por su presidenta SILVANA HABIB DAZA y/o
quién lo sea y/o quién haga sus veces a pagar los perjuicios causados a
los demandantes ANA ROCIO VARGAS BERNAL y LUIS ALEJANDRO
NEISSA HORNERO en la modalidad de PERJUICIOS MATERIALES -
LUCRO CESANTE- por la declaratoria suspensión del contrato que venía

1 Por auto de 8 de septiembre de 2017, el proceso fue remitido por competencia al Centro de
Servicios Judiciales de Bogotá, luego de constatar que los actos administrativos objeto de la
demanda fueron proferidos en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156
(numeral 2) del CPACA (fls. 315 y 316 del CD no. 1 – expediente digital). Recibido el proceso por
reparto, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá remitió nuevamente el expediente por competencia
al Tribunal Administrativo de Boyacá por ser el municipio de Paipa el lugar de ejecución del contrato
de concesión, conforme el numeral 4 del artículo 156 del CPACA y el artículo 293 de la Ley 685 de
2001 (fls. 317 a 332 ibidem), decisión que fue recurrida por parte de la ANM y, en su lugar, por auto
de 22 de octubre de 2018 se remitió el expediente por competencia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por tratarse del lugar de celebración del contrato de concesión (fls. 431 a 437 ibidem).
2 La demanda fue admitida por auto del 21 de enero de 2019 (fls. 451 a 453 del CD no. 1 – expediente

digital).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

suministrando a la GENERADORA DE ENERGIA S.A -GENSA- según
contrato No. 225 – 2014 de 29 de octubre de 2014 desde el mes de JUNIO
de 2016 así:

1. Suministro de carbón de 960 toneladas en el año 2017 y 860 en el
año 2018: Total: 1820 toneladas a razón de $120.000.oo.

SUMINISTROS AÑOS 2017 y 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 218´.400.000.oo

SUBTOTAL. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 218´400.000.oo

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

2. Suministro de carbón de 300 toneladas aprox. mensuales durante
los meses de mayo a julio del año 2017 a los señores TANCREDO
HURTADO y LUIS CRUZ a razón de $100.000 tonelada:

SUMINISTRO AÑOS 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 120´.000.000.oo

SUBTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 120.000.000.oo

CUARTO: CONDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
representada legalmente por su presidenta SILVANA HABIB DAZA y/o
quién lo sea y/o quién haga sus veces a pagar los perjuicios causados a
los demandantes ANA ROCIO VARGAS BERNAL y LUIS ALEJANDRO
NEISSA HORNERO en la modalidad de PERJUICIOS MATERIALES -
LUCRO CESANTE- la totalidad de las sumas que resulten probadas,
durante el término del excedente de tiempo que restaba en la ejecución
del contrato de exploración y explotación No. ICT-08111 de 19 de junio de
2009.

QUINTO: Las sumas que resulten a favor de la actora se actualizarán en
su valor como lo disponen los artículos 192 del CPACA y 16 de la ley 446
de 1998, dando aplicación a la siguiente fórmula:

índice final
R= Rh x ----------------------------
índice inicial

Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico,
que es lo dejado de percibir por concepto de salarios y prestaciones
sociales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha en que se debió
hacer el pago por el vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes, para cada mesada de pago y para los
demás perjuicios que se causen teniendo en cuenta que el índice inicial
es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

SEXTO: Que a la sentencia se le dé cumplimiento en las condiciones y
dentro del término establecido en los artículos 193 y 194 del CPACA.

SEPTIMO: Condenar a la demandada a pagar los gastos y costas del
proceso.” (fls. 25 a 27 del CD no. 1 – expediente digital – negrillas y

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

mayúsculas sostenidas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 19 de junio de 2009, el Instituto Colombiano de Geología y Minería
(Ingeominas) celebró el contrato de concesión no. ICT-08111 con los señores Ana
Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero con el objeto de llevar a cabo
la exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de carbón mineral
en un área de 17.240 hectáreas, ubicado en los municipios de Paipa y Sotaquirá
(Boyacá), en un plazo de treinta (30) años, contado desde el 16 de julio de 2009
fecha en la cual fue inscrito el negocio jurídico en el Registro Minero.

2) El 16 de noviembre de 2011, mediante auto no. GTRN 001072 la ANM requirió a
los titulares del referido contrato de concesión el pago de $3.847.140 por concepto
de inspección de campo al área del título minero, diligencia para la cual otorgó un
plazo de die (10) días.

3) El 28 de septiembre de 2012, los titulares del registro minero mediante
comunicación con radicación no. 2012-430-003406-2 informaron que se había
presentado un incendio en la mina el 30 de octubre de 2011, razón por la que
solicitaron la suspensión de la explotación por el periodo de un (1) año.

4) El 11 de junio de 2013, a través del auto PARN 000220 la ANM evaluó las
obligaciones del contrato de concesión y evidenció que los titulares del registro
minero se encontraban incursos en las causales de caducidad enlistadas en los
literales d) y f) del artículo 112 de la Ley 685 de 2001, por el no pago oportuno y
completo de las contraprestaciones económicas y por la no constitución de las
garantías que respalden sus actividades, para lo cual les concedió un plazo de
treinta (30) días para subsanar las falencias indicadas.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

Las omisiones correspondían al pago de las regalías del segundo y tercer trimestre
del año 2011, del año 2012 y del primer trimestre del año 2013, lo mismo que por la
falta de renovación de la póliza de cumplimiento vencida desde el 6 de diciembre
de 2011.

5) El 16 de julio de 2013, los titulares del contrato de concesión con la comunicación
con radicación no. 20139030008552 solicitaron a la ANM prórroga de treinta (30)
días para proceder con la subsanación de los incumplimientos reportados
anteriormente, pues en el incendio de 2011 los documentos se perdieron.

6) El 11 de octubre de 2013, la regional del municipio de Nobsa (Boyacá) emitió
concepto técnico no. PARN-595, documento en el que concluyó el estado de
incumplimiento de los titulares de la concesión y adicionó al listado de obligaciones
pendientes el soporte de la afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad
social integral, el programa de seguridad, higiene y medicina del trabajo, los planos
actualizados de las labores mineras y los registros de medición de gases.

7) El 12 de junio de 2014, la ANM mediante la Resolución no. 000575 declaró la
caducidad del contrato de concesión no. ICT-0811 por cuanto el plazo de
subsanación venció sin que concurrieran los titulares del contrato, ordenó constituir
la póliza minera ambiental con vigencia de tres (3) años contados a partir de la
terminación del contrato y, en cuanto a la petición de prórroga del plazo de
subsanación señaló que las obligaciones contractuales son de obligatorio
cumplimiento, sin que jurídicamente esté contemplada la posibilidad de prórroga del
plazo para subsanación de los incumplimientos.

8) El 3 de septiembre de 2014, el señor Luis Alejandro Neissa Hornero interpuso
recurso de reposición en contra de la Resolución no. 000575 de 2014 de la ANM,
notificada el 21 de agosto anterior, oportunidad en la que puso de presente que la
decisión objeto del recurso no había sido notificada a la señora Ana Rocío Vargas
Bernal cotitular del contrato de concesión, por lo que argumentó una indebida
notificación de la decisión.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
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9) El 2 de septiembre de 2015, la ANM mediante la Resolución no. 000632 confirmó
íntegramente la Resolución no. 000575 de 2014.

10) El 27 de noviembre de 2015, la cotitular del contrato de concesión, señora Ana
Rocío Vargas Bernal, radicó un recurso de reposición en contra de la Resolución
no. 000575 de 12 de junio de 2014 de la ANM, decisión que confirmó la caducidad
del contrato de concesión no. ICT-08111, notificada a Luis Alejandro Neissa Hornero
el 27 de enero de 2017 y por aviso el 6 de marzo de 2017 a Ana Rocío Vargas
Bernal.

Argumentó la cotitular del contrato de concesión que todos los incumplimientos
reportados por parte de la ANM eran inexistentes, porque oportunamente se habían
radicado a la entidad los soportes de pago de las regalías y de la renovación de las
pólizas y los demás incumplimientos fueron subsanados mediante el envío de los
comprobantes de ello el 25 de junio de 2014.

3. Fundamento de la demanda

En los términos aducidos por la parte actora, las Resoluciones números 00575 de
12 de junio de 2014 y 001701 de 29 de diciembre de 2016, proferidas ambas por la
Agencia Nacional de Minería (ANM), son nulas por desconocer las normas en que
debían fundarse, por razón de los cargos de nulidad que se resumen a continuación.

2.1 Desconocimiento de la normatividad aplicable

1) La ANM con la expedición de las resoluciones acusadas de nulidad hizo caso
omiso a los parámetros de la ley y se adoptaron decisiones administrativas con
desconocimiento de los derechos de los titulares del contrato de concesión no. ICT-
08111 y del orden justo que impera en el país, cercenando el derecho al trabajo del
personal contratado para desarrollar el contrato de concesión en el término otorgado
para ello, en contradicción directa con el preámbulo y los artículos 2, 25, 26 y 58 de
la Constitución Política.

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Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
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2) En el presente asunto, la ANM desconoció el principio de igualdad por el hecho
de no aplicar las mismas decisiones adoptadas en los expedientes números BKR-
093, HAN-086 y EGO-111, casos en los que la referida entidad validó la superación
de los incumplimientos comprobada al momento de interposición del recurso en
contra de la decisión de caducidad.

3) La caducidad decretada se alejó de las causales que el legislador ha establecido
para ello, la decisión se fundamentó en la falta de pago completo y oportuno de las
regalías y en la no reposición de las garantías que respaldaba multas impuestas
con anterioridad, en claro desconocimiento del artículo 1 del CPACA y del artículo
112 del Código de Minas.

4) La subsanación de los incumplimientos fue presentada a la autoridad minera
antes de que la decisión de caducidad cobrara firmeza y estuviera ejecutoriada; por
lo tanto, es jurídicamente procedente la revocatoria de esa decisión en el sentido de
que los hechos que la sustentaban habían desaparecido, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 76 y 77 del CPACA.

2.2 Desviación de poder

1) Las resoluciones demandadas fueron expedidas con el fin de defraudar la
Constitución Política (artículo 58) y la ley (artículo 138 del CPACA y artículos 258,
264, 268 y 297 de la Ley 685 de 2001), pues, con la comprobación de la acreditación
de la superación de los incumplimientos es claro que la ANM dio aplicación a una
interpretación en forma descontextualizada, lo cual permite evidenciar que la
intención de los funcionarios públicos estaba alejada de la legalidad.

2) El hecho de no valorar las pruebas aportadas antes de que la decisión cobrara
firmeza, con desconocimiento de la evidente superación de los supuestos de hecho
que sustentaron la decisión de caducidad, fundamenta la petición de nulidad de la
demanda.

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2.3 Falsa motivación

El incumplimiento del pago de la contraprestación se debe tener por acreditado con
la prórroga de la póliza que amparaba su cumplimiento, la cual, si bien fue expedida
el 19 de junio de 2014, su vigencia quedó establecida desde el 10 de junio de 2014,
es decir, antes de que la decisión de caducidad del 12 de junio de 2014 fuera
proferida.

4. Posición de la parte demandada

A través de escrito radicado el 30 de abril de 2019 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones, formuló excepciones y solicitó que fueran negadas las
súplicas (fls. 551 a 578 del CD 1 – expediente digital), con los siguientes
argumentos:

1) La caducidad del contrato de concesión fue declarada tanto por el incumplimiento
en la presentación de los formularios y pago de las regalías, como por el
incumplimiento en la presentación de la renovación de la póliza minero ambiental.

2) Si bien la póliza de cumplimiento fue constituida el 20 de junio de 2014 y su
vigencia correspondía al periodo comprendido entre el 10 de junio de 2014 y el 10
de junio de 2015, en los términos del artículo 288 del Código de Minas era
indispensable dar cumplimiento a lo requerido por la autoridad dentro del término
de treinta (30) días concedidos para ello y no con posterioridad a ello como en este
caso ocurrió.

3) El recurso de reposición no está instituido para subsanar las falencias que dieron
origen a la decisión administrativa, como erradamente lo pretende la demanda; por
el contrario, dicha herramienta busca corregir la decisión de la administración en el
evento en que esta se hubiese equivocado al decidir.

4) Así las cosas, habría procedido la revocatoria de la decisión de caducidad del
contrato si los titulares del contrato de concesión hubiesen acreditado el
cumplimiento al requerimiento en el término concedido para ello (en los términos del

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auto no. PARN 000220 de 11 de junio de 2013).

5) En ese contexto, vencido el término concedido el 25 de julio de 2013 sin que los
titulares del contrato de concesión dieran cumplimiento al requerimiento elevado por
parte de la autoridad se tiene que, contrario a lo pretendido con la demanda, el
acatamiento de la obligación no fue materializada en los términos concedidos para
ese fin.

6) Propuso la excepción de “[c]aducidad de la acción”, en la medida en que la
Resolución no. 00632 de 2 de septiembre de 2015 confirmó la Resolución no. 00575
de 12 de junio de 2014 en respuesta del recurso de reposición propuesto por el
titular del contrato señor Luis Alejandro Meissa Hornero, en ese sentido, el término
de caducidad para proponer la demanda caducó3.

5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A en
providencia del 17 de octubre de 2024 (índice no. 49 SAMAI – gestión otros
despachos) denegó las súplicas de la demanda con fundamento en lo siguiente:

1) En los términos en los que la Corte Constitucional ha desatado el concepto del
vicio de desviación de poder en la expedición de los actos administrativos, con las
pruebas que conforman el expediente no es posible acreditar que la finalidad de la
ANM, al momento de adoptar la decisión de caducidad del contrato de concesión
no. ICT-08111, hubiera sido contraria a garantizar la debida ejecución de las
obligaciones contractuales adquiridas con anterioridad, máxime si se tiene en
cuenta que el requerimiento de treinta (30) días otorgado para el cumplimiento de
las obligaciones reportadas fue emitido en junio de 2013 y la acreditación de estos
fue aportada a la entidad solo cuando se emitió la referida caducidad en junio de
2014.

3 Por auto de 20 de mayo de 2021, el despacho conductor del proceso en primera instancia declaró

no probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la entidad demandada (índice no.
36 SAMAI – gestión otros despachos).

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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2) Los contratos de concesión minera son negocios jurídicos de adhesión, es decir,
que a las partes no les es dable negociar o modificar sus condiciones; en esa vía,
el concesionario acepta voluntariamente las obligaciones impuestas sobre todo las
referidas al pago de las contraprestaciones económicas a favor del Estado.

3) Los demandantes no probaron el cumplimiento en debida forma y tiempo de la
obligación legal y contractual en el sentido de mantener la póliza minero ambiental
vigente durante todas las etapas del contrato de concesión, pues la resolución que
confirmó la caducidad del contrato también se motivó en el hecho de que la garantía
inicial estuvo vigente hasta el 6 de diciembre de 2011 y la póliza otorgada luego de
la notificación del acto acusado tenía vigencia desde el 10 de junio de 2014.

4) De otra parte, en forma alguna los titulares del contrato de concesión acreditaron
la existencia de la fuerza mayor ocurrida como consecuencia del incendio
presentado en la mina, situación que impide establecer que el hecho extraño aludido
justificara la mora en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

5) Tampoco se encuentra configurado el cargo de falsa motivación de los actos
administrativos demandados porque sus fundamentos corresponden a la realidad
acreditada en el proceso; en ese sentido, sin que se acreditara en modo alguno que
la ANM hubiera incurrido en error alguno o que sus fundamentos de hecho
contradijeran las normas en que se fundaron se impone la denegación de las
pretensiones de la demanda.

7. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia (índice no. 52 SAMAI – gestión otros despachos) el cual fue concedido por
el a quo mediante auto de 17 de enero de 2025 (índice no. 66 ibidem), impugnación
que fue sustentada en los términos que se reseñan a continuación:

1) El tribunal de primera instancia pasó por alto el hecho de que con el recurso de
reposición en contra de la decisión de caducidad los titulares del contrato de

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concesión enmendaron la situación de incumplimiento, lo cual conllevó a la
desaparición de los motivos o fundamentos tenidos en cuenta por la administración.

2) La decisión de primera instancia no se pronunció en relación con los expedientes
números BKR-093, HAN-086 y EGO-111 en los que la ANM al momento de resolver
el recurso de reposición revocó la caducidad, por cuanto “el acto no ha[bía]
adquirido firmeza y no se enc[ontraba] ejecutoriado y el titular subsanó la causal
que generó la declaratoria de caducidad” (fl. 3 índice no. 52 SAMAI – gestión otros
despachos), argumentos con los que se sustentó el cargo de falsa motivación de
las resoluciones demandadas.

3) De la revisión de las resoluciones demandas se extrae que la ANM aceptó
tácitamente el allanamiento del incumplimiento de la obligación de la actualización
de la póliza minero ambiental, pero el tribunal sostuvo que el incumplimiento no
había sido superado.

8. Actuación surtida en segunda instancia

1) El 7 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación (índice no. 3 SAMAI).

2) Posteriormente, el 12 de mayo de 2025 se notificó al Ministerio Público del auto
admisorio (índice no. 7 SAMAI) y, en los términos del numeral 5 del artículo 247 del
CPACA se le informó que no había solicitud ni decreto de pruebas en segunda
instancia y se corrió traslado para emitir el respectivo concepto (índice no. 8 SAMAI).

3) En dicho término el Ministerio Público (índice no. 9 SAMAI) solicitó confirmar la
sentencia del 17 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, toda vez que no se probaron los cargos de nulidad propuestos en
contra de las Resoluciones no. 00575 de 12 de junio de 2014 y no. 001701 de 29
de diciembre de 2016 mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato de
concesión minera no. ICT-08111.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero4: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) La demanda está dirigida a obtener la nulidad de la Resolución no. 00575 de 12
de junio de 2014 mediante la cual se declaró la caducidad del contrato de concesión
minera no. ICT-08111 y de la Resolución no. 001701 de 29 de diciembre de 2016,
a través de la cual se confirmó la Resolución no. 00575 de 2014, ambos actos
administrativos emitidos por la ANM.

2) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A
denegó las súplicas de la demanda en atención a que los cargos de infracción a las
normas en que debían fundarse los actos demandados, desviación de poder y falsa
motivación no fueron probados, pues los incumplimientos de las obligaciones
contractuales adquiridas con la suscripción del contrato de concesión minera no.
ICT-08111 no fueron subsanados dentro del periodo concedido para ello por parte
de la ANM y no se acreditó en forma alguna la configuración de un hecho que
condujera a la imposibilidad de cumplimiento.

3) La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia sobre la base de sostener que el tribunal pasó por alto el hecho

4
La demanda de la referencia fue presentada en el término que se tenía para ello, pues, fue radicada
el 21 de julio de 2017, la Resolución no. 000171 de 29 de diciembre de 2016 mediante la cual se
resolvió desfavorablemente el recurso de reposición formulado en contra de la Resolución no. 00575
de 12 de junio de 2014 quedó ejecutoriada el 11 de abril de 2017, esto es, antes de que se cumplieran
los cuatro (4) meses a los que se refiere el literal d), numeral 2 del artículo 184 del CAPCA, y
finalmente, la parte actora agotó el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial entre el
11 de mayo y el 11 de julio de 2017 (fls. 311 y 301 a 309 del CD no. 1 – expediente digital).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

de que los incumplimientos fueron subsanados y puestos en conocimiento de la
entidad dentro del término de la ejecutoria de la decisión de caducidad, es decir,
antes de que esta adquiriera firmeza, situación que condujo a que los fundamentos
legales de la decisión desaparecieran y proceda la revocatoria de la caducidad.
Adicionalmente, adujo que el a quo omitió analizar las decisiones adoptadas por la
ANM en otros casos, como en los expedientes BKR-093, HAN-086 y EGO-111 en
los cuales la referida la autoridad minera revocó decisiones similares una vez tuvo
por acreditadas las correcciones oportunas.

4) Adelantado el proceso conforme las reglas del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en los términos en que fue presentada la demanda,
advierte la Sala que la acción que debió adelantarse era de la de controversias
contractuales5, en la medida en que el objeto de la controversia se circunscribe a la
legalidad de los actos contractuales mediante los cuales se declaró y confirmó la
caducidad del contrato de concesión minera no. ICT-08111.

En vista de que la demanda fue presentada dentro del término de caducidad que
procede para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual
es menor al exigido para el medio jurisdiccional de controversias contractuales de
dos (2) años y, que el trámite procesal impartido hasta este momento es el mismo
para el caso de controversias contractuales, advierte la Sala que la presente
decisión será adoptada con la adecuación al trámite del medio de control
jurisdiccional de controversias contractuales, sin que en modo alguno, esta
determinación ponga en riesgo los derechos e intereses que le asisten a las partes.

5) Resulta indispensable para la Sala hacer claridad en que, si bien la demanda solo
se formuló en contra de las Resoluciones números 00575 de 12 de junio de 2014 y
001701 de 29 de diciembre de 2016, a través de las cuales la ANM declaró y

5 El artículo 141 del CPACA señala lo siguiente: “[c]ualquiera de las partes de un contrato del

Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales,
que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras
declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del
contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para
liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.” (negrillas adicionales).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

confirmó la caducidad del contrato de concesión minera no. ICT-08111, lo cierto es
que la referida Resolución no. 00575 de 2014 fue inicialmente confirmada a través
de la Resolución no. 632 de 2 de septiembre de 2015, en los mismos términos en
que fue resuelta la Resolución no. 001701 de 29 de diciembre de 2016.

No obstante lo anterior, en los términos del artículo 163 del CPACA 6 si el acto
demandado fue objeto de recursos “se entenderán demandados los actos que los
resolvieron”, circunstancia que conlleva a la determinación de que las
consideraciones que se adopten para resolver el fondo de la controversia impactan
necesaria e ineludiblemente a la Resolución no. 632 de 2 de septiembre de 2015,
toda vez que confirmó la Resolución no. 00575 de 12 de junio de 2014 por la cual
se declaró la caducidad del contrato de concesión minera no. ICT-08111, sin que
en modo alguno esta determinación conlleve a la nulidad del proceso adelantado o
configure el medio exceptivo de ineptitud sustantiva de la demanda.

6) Por las razones y consideraciones que se exponen a continuación, la sentencia
apelada será confirmada.

2. Análisis de la impugnación

2.1 Hechos probados

Examinadas las pruebas allegadas al proceso se encuentran debidamente
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión que debe adoptase:

1) El 19 de junio de 2009 el Instituto Colombiano de Geología y Minería
(Ingeominas) celebró el contrato de concesión no. ICT-08111 con los señores Ana
Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero con el objeto de llevar a cabo
“la exploración técnica y explotación económica, de un yacimiento de CARBÓN
MINERAL” en jurisdicción de los municipios de Paipa y Sotaquirá, por el término de

6 “ARTÍCULO 163. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES. Cuando se pretenda la nulidad

de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de
recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.”
(mayúsculas y negrillas del original).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

30 años (fls. 399 a 408 del CD no. 1 – expediente digital – mayúsculas sostenidas
y negrillas del original).

2) El 11 de junio de 2013, la Agencia Nacional de Minería (ANM) por auto no. PARN
000220 resolvió las siguientes cuestiones concernientes a la ejecución del
mencionado contrato de concesión minera no. ICT-08111:

a) Se concedió un plazo de un (1) mes a los titulares del negocio jurídico para que
allegaran, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del CPACA, las pruebas
pertinentes y conducentes que demostraran la ocurrencia del incendio reportado el
28 de septiembre de 2012, so pena de declarar desistida la solicitud de suspensión
de un (1) año de ejecución.

b) No se aceptó el formulario de declaración y liquidación de regalías
correspondiente al segundo y tercer trimestres del año 2011 hasta tanto se
presentara el soporte de cada uno de los pagos.

c) Requirió, con el apremio de multa, el pago de la visita de seguimiento, el formato
básico minero del primer semestre del año 2011, anual de ese mismo año, primer
semestre del año 2012 y del año 2012, refrendación de los anuales de los años
2009 y 2010, así como también el soporte de la afiliación de los trabajadores al
sistema de seguridad social integral, para lo cual se les concedió un término de
treinta (30) días con el fin de aprobar la obligación en los términos del artículo 287
de la Ley 685 de 2001.

Finalmente, se puso “en conocimiento del titular que se encuentra incurso en las
causales de caducidad contempladas en los literales d) y f) del artículo 112 de la
Ley 685 de 2001, esto es, por el no pago oportuno y completo de las
contraprestaciones económicas y por el no pago de las multas impuestas o la no
reposición de la garantía que las respalda” (fls. 585 CD no. 1 – expediente digital).

3) El 12 de junio de 2014, la ANM mediante la Resolución no. 000575 declaró la
caducidad del contrato de concesión no. ICT-08111 suscrito con los señores Ana

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero, decisión que se fundó en el
siguiente razonamiento:

“Al tenor de lo estipulado en los artículos 112 y 288 de la Ley 685 de 2001,
se procederá a declarar la caducidad del contrato no. ICT-08111, toda vez
que el día veinticinco (25) de julio de 2013, venció el término otorgado en
el Auto PARN no. 000220 del once (11) de junio de 2013, auto notificado
mediante estado jurídico no. 032 de doce (12) de junio de 2013 y los
titulares no subsanaron las causales de caducidad contempladas en los
literales d) y f) del artículo 112 de la Ley 685 de 2001 y en los numerales
17,4 y 17,5 de la cláusula décimo séptima del contrato suscrito, esto es,
por el no pago completo y oportuno de las contraprestaciones económicas
y, por el no pago de las multas impuestas o la no reposición de la garantía
que las respalda, específicamente por no allegar el pago de las regalías
del segundo y tercer trimestre de 2011, así como el cuarto trimestre de
2011, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2012 y primer
trimestre de 2013 y por la no renovación de la póliza de cumplimiento no.
300036942 expedida por la compañía de seguros generales CONDOR
SA vencida desde el seis (6) de diciembre de 2011.

Teniendo en cuenta el requerimiento [emitido por el auto no. PARN
000220 de 11 de junio de 2013] no fue atendido por el titular en el término
de treinta (30) días otorgado en el citado auto, el cual venció el veinticinco
(25) de julio de 2013, sin que a la fecha haya sido satisfecho, se procederá
a imponer la sanción de multa, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de
Minas [artículo 115].

(…).

Así las cosas, se procede a imponer multa equivalente a dos (2) salarios
mínimos mensuales legales vigentes para el año 2014, a los titulares del
Contrato de Concesión no. ICT-08111, por la omisión en el cumplimiento
de los requerimientos realizados por la autoridad minera mediante el auto
PARN 000220 del once (11) de junio de 2013 (…).

(…) Mediante radicado no. 20139030008552 de dieciséis (16) de julio de
2013, los titulares allegan solicitud de prórroga de 30 días para allegar la
respuesta a los requerimientos del auto PARN 000220 del once (11) de
junio de 2013, aduciendo que por motivos de pérdida de la documentación
no pueden ser allegados.

Al respecto, les informamos que las obligaciones del contrato son de
forzoso cumplimiento por parte de los concesionarios, por tal motivo dicha
prórroga no se admitirá, toda vez que la norma no contempla esta figura
para cumplir con los requerimientos puestos en conocimiento por la
autoridad minera. Aun así, a la fecha de la presente decisión, los titulares
no han dado cumplimiento a lo requerido, ni dentro del plazo dispuesto
por esta Agencia, ni dentro del término propuesto por ellos mismos. (…).”
(fl. 78 a 80 ibidem).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
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4) El 3 de septiembre de 2014, el señor Luis Alejandro Neissa Hornero, en la
condición de titular del contrato de concesión no. ICT-08111, interpuso recurso de
reposición en contra de la Resolución no. 00575 de 2014 y como soporte de la
petición de revocatoria de la decisión de caducidad del referido negocio jurídico
aportó las pruebas documentales con las que, en su criterio, acreditaba el
cumplimiento de los requerimientos realizados por la ANM (fls. 124 a 145 CD no. 1
– expediente digital).

Como fundamento de la petición de revocatoria de la decisión de caducidad, el titular
del contrato de concesión identificó los expedientes números BKR-093, HAN-086 y
HHB-15561 y EGO-111 en los que, supuestamente, la decisión de caducidad fue
revocada luego de que con el recurso de reposición se aportaran las pruebas que
acreditaban la superación de los incumplimientos reportados (fl. 131 a 135 ibidem).

5) El 2 de septiembre de 2015, la ANM a través de la Resolución número VSC
000632 confirmó íntegramente la Resolución no. 000575 de 12 de junio de 2014
(fls. 85 a 93 CD no. 1 – expediente digital), y en cuanto a las decisiones adoptadas
en los expedientes referidos en el recurso de reposición la autoridad puso de
presente, puntualmente que “en dichos casos, el cumplimiento de las obligaciones
requeridas se dio con anterioridad a la expedición de la resolución de caducidad;
por lo tanto, no puede predicarse el derecho a la igualdad” (fl. 91 ibidem).

6) El 27 de noviembre de 2015, la señora Ana Rocío Vargas Bernal, en la condición
de titular del contrato de concesión no. ICT-08111, interpuso recurso de reposición
en contra de la Resolución no. 00575 de 2014 y como apoyo de la petición de
revocatoria de la decisión de caducidad del referido negocio jurídico aportó las
pruebas documentales con las que, en su criterio, acreditaba el cumplimiento de los
requerimientos realizados por la ANM (fls. 193 a 217 CD no. 1 – expediente digital).

En los mismos términos en que el cotitular del contrato de concesión en su
oportunidad estructuró el recurso de reposición, la señora Ana Rocío Vargas Bernal
identificó los expedientes administrativos números BKR-093, HAN-086 y HHB-
15561 y EGO-111 en los que, supuestamente, la decisión de caducidad fue

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
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revocada luego de que con el recurso de reposición se aportaran las pruebas que
acreditaban la superación de los incumplimientos reportados (fl. 131 a 135 ibidem).

7) El 29 de diciembre de 2016, la ANM con la Resolución VSC 001701 confirmó
íntegramente la Resolución no. 000575 de 12 de junio de 2014 (fls. 85 a 93 ibidem),
y en cuanto a las decisiones adoptadas en los expedientes identificados en el
recurso de reposición la autoridad refutó expresa y concretamente que “en dichos
casos, el cumplimiento de las obligaciones requeridas se dio con anterioridad a la
expedición de la resolución de caducidad; por lo tanto, no puede predicarse el
derecho a la igualdad” (fl. 70 CD no. 1 – expediente digital).

En ese contexto, según lo acreditado en el expediente, procede la Sala a resolver
el problema jurídico consistente en determinar si con las pruebas que conforman el
expediente es posible concluir que los incumplimientos reportados por la ANM
fueron subsanados en debida forma y en tiempo oportuno, y en la misma línea de
decisión adoptada en los expedientes identificados en los recursos de reposición
propuestos en contra de la Resolución no. 00575 de 2014 expedida por la ANM, si
la autoridad minera debía revocar la decisión de caducidad del contrato de
concesión minera no. ICT-08111.

Para dar respuesta al problema jurídico planteado se procederá inicialmente con el
análisis en relación con las pruebas que conforman el expediente, para luego
finalizar con lo correspondiente al derecho de igualdad en las decisiones.

2.2 El caso concreto

En los términos en los que la parte actora se opuso a la decisión adoptada por el
tribunal de primera instancia, los incumplimientos reportados por la autoridad minera
fueron subsanados dentro del término de la ejecutoria de la decisión administrativa,
razón por la cual los fundamentos legales de la caducidad desaparecieron y precede
la nulidad de las resoluciones demandadas.

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Apelación de sentencia

A continuación se pone en contraste lo requerido por la autoridad minera y lo
aportado por los titulares del contrato de concesión, con el objetivo de evidenciar si
los incumplimientos fueron efectivamente subsanados:

Auto de la ANM
Comprobantes aportados por los
no. PARN 000220 de 11 de junio de
titulares del
2013 (fls. 581 a 587 CD no. 1 –
contrato de concesión no. ICT-08111
expediente digital).
1. Solicitud de suspensión

Se concedió un plazo de un (1) mes para
aportar las pruebas de la ocurrencia del No se aportó nada
incendio en la mina, so pena de desistir la
petición de suspensión de un (1) año de
ejecución.
2. Regalías Se aportaron los siguientes formularios de
liquidación de regalías:
• No se tiene por cumplido el requerimiento,
hasta tanto se presenten los soportes de - Segundo trimestre del año 2011 con
pago correspondientes al segundo y tercer soporte de pago realizado en el año 2011
trimestre del año 2011. (fls. 221 y 223 ibidem).
• Tercer trimestre del año 2011 con soporte
de pago realizado en el año 2011 (fls. 225
y 227 CD no. 1 – expediente digital).
• Cuarto trimestre del año 2011 (fl. 233
ibidem).

• No se cuenta con la declaración de pago - Primer trimestre del año 2012 (fl. 235 CD
de las regalías del cuarto trimestre del año no. 1 – expediente digital).
2011, del año 2012 y primer trimestre del - Segundo trimestre del año 2012 (fl. 237
año 2013. ibidem).
• Tercer trimestre del año 2012 (fl. 239 CD
no. 1 – expediente digital).
• Cuarto trimestre del año 2012 (fl. 241
ibidem).
Primer trimestre del año 2013 (fl. 243 CD
no. 1 – expediente digital).
• Tercer trimestre del año 2013 (fl. 245
ibidem).
• Cuarto trimestre del año 2013 (fl. 241 CD
no. 1 – expediente digital).
3. Formatos, seguridad social y SST

Bajo el apremio de multa se requirió:

• Acreditar el pago de la visita de - Se acreditó el pago de la inspección de
seguimiento. fiscalización por el valor de $3.847.140 con
fecha de pago de 20 de junio de 2014 (fl.
219 CD no. 1 – expediente digital).

• La presentación el formato básico El 24 de junio de 2014, con la comunicación
minero del primer semestre del año con radicación no. 20149030059642 de la

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

2011, anual del año 2011, primer ANM, los titulares del contrato adjuntaron
semestre del año 2012, anual del señalan adjuntar:
año 2012 y la refrendación de los
formatos de los años 2009 y 2010. 1. Formatos básicos mineros:
• Del primer semestre de 2011 y
anual del 2011
• Del primer semestre de 2012 y
anual del 2012
• Del primer semestre de 2013 y
anual de 2013

2. Corrección de los formatos de los años
2009 y 2010

• La constancia de afiliación al 3. Afiliación al sistema de seguridad social
sistema de seguridad social integral integral y SST
y SST.
Sin embargo, al expediente no se
adjuntaron los anexos a la referida
comunicación.
4. Póliza de cumplimiento Se aportó póliza de seguro emitida por la
compañía de seguros Aseguradora de
La póliza que ampara el cumplimiento de Fianzas SA (Confianza), con el amparo
las obligaciones mineras y ambientales, el específico de “GARANTIZAR EL
pago de las multas y la caducidad del CUMPLIMIENTO DE LAS
contrato de concesión no. ICT-08111 se OBLIGACIONES MINERAS Y
encuentra vencida desde el 6 de diciembre AMBIENTALES, EL PAGO DE LAS
de 2011. MULTAS Y LA CADUCIDAD DEL
CONTRATO NO. ICT-08111” (fl. 251
ibidem).

La póliza fue expedida el 19 de junio de
2014 con una vigencia del 10 de junio de
2014 al 10 de junio de 2015.

A partir de la valoración de los documentos aportados por los titulares del contrato
de concesión se tiene que no es posible tener por acreditado en debida forma el
requerimiento efectuado por la autoridad minera mediante el auto no. PARN-000220
de 11 de junio de 2013, como se detalla a continuación:

1) En el referido requerimiento, la ANM fue clara en establecer que las obligaciones
de acreditación de pago de las regalías y vigencia de la póliza de garantía de
cumplimiento podía dar lugar a la caducidad del contrato de concesión no. ICT-
08111, de acuerdo con lo dispuesto en los literales d) y f) del artículo 112 de la Ley
685 de 2001.

Los artículos en mención son del siguiente tenor literal:

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

“ARTÍCULO 112. CADUCIDAD. El contrato podrá terminarse por la
declaración de su caducidad, exclusivamente por las siguientes causas:

(…).

d) El no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas;

(…).

f) El no pago de las multas impuestas o la no reposición de la garantía
que las respalda; (…).”. (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2) La ANM con la Resolución no. 000575 de 12 de junio de 2014 determinó que el
plazo otorgado en el auto no. PARN 000220 de 11 de junio de 2013 venció el 12 de
julio de 2013 sin que los titulares del contrato de concesión no. ICT-08111 hubieran
dado cumplimiento a las obligaciones señaladas como incumplidas, “esto es, por el
no pago completo y oportuno de las contraprestaciones económicas y, por el no
pago de las multas impuestas o la no reposición de la garantía que las respalda,
específicamente por no allegar el pago de las regalías del segundo y tercer trimestre
de 2011, así como del cuarto trimestre de 2011, primero, segundo, tercero y cuarto
trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013 y por la no renovación de la póliza de
cumplimiento no. 30003696942 expedida por la compañía de seguros generales
CONDOR SA, vencida desde el seis (6) de diciembre de 2011” (fl. 78 CD no. 1 –
expediente digital – subrayado y mayúsculas sostenidas del original).

3) En el término de la ejecutoria de la referida Resolución no. 00575 de 2014, los
titulares en forma separada, pero con idéntica redacción presentaron sendos
recursos de reposición en contra de la decisión de caducidad del contrato de
concesión minera no. ICT-08111 y sustentaron la solicitud de revocatoria en el
hecho de haber aportado los documentos con lo que se acreditaba la superación de
los requerimientos realizados por la ANM; sin embargo, la presentación de los
documentos fue realizada cuando el término concedido por la autoridad para que
no procediera la caducidad había fenecido, pues se aportaron entre los días 20 de
junio, 25 de junio, 2 de septiembre y 3 de septiembre del año 2014, huelga decir,
cuando el plazo otorgado había vencido el 12 de julio de 2013 (fl. 87 CD no. 1 –
expediente digital).

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Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

4) Se advierte, además, que luego del examen de la totalidad de los soportes
aportados con el recurso de reposición elevado en contra de la Resolución no.
00575 de 2014 de la ANM no fue acreditada en forma alguna la prórroga de la póliza
de cumplimiento no. 300036942 expedida por la compañía de seguros Condor SA,
vencida desde el 6 de diciembre de 2011, pues, si bien los titulares del contrato
minero aportaron una nueva póliza con la cual se amparaban los riesgos de
cumplimiento, pago de multa y caducidad del contrato de concesión minera no. ICT-
08111, lo cierto es que, no se acreditó el cubrimiento del periodo de tiempo
trascurrido entre el 7 de diciembre de 2011 y el 10 de junio de 2014, última fecha
que coincide con el inicio de la vigencia de la póliza aportada y amparada por la
compañía Aseguradora de Fianzas SA (Confianza).

5) Sin perjuicio de que lo anteriormente expuesto es suficiente para desestimar los
argumentos de la impugnación interpuesta por la parte actora, existe otra razón
determinante para corroborar la no prosperidad del recurso de alzada, como lo es
la supuesta violación del derecho a la igualdad, por el hecho de haber desconocido
las decisiones adoptadas en los expedientes números BKR-093, HAN-086 y HHB-
15561 y EGO-111 en los que, al parecer, la decisión de caducidad fue revocada
luego de que con el recurso de reposición se aportaran las pruebas que acreditaban
la superación de los incumplimientos reportados.

6) En este preciso punto de análisis la Sala relieva en importancia el hecho de que
en forma alguna fueron aportadas a este proceso las resoluciones objeto de la
decisión en los expedientes números BKR-093, HAN-086 y HHB-15561 y EGO-111
identificados por la parte actora, por lo que es claro que, sin esos documentos es
imposible cotejar y determinar el supuesto trato desigual e inequitativo de la ANM
frente a los actores de este proceso.

7) Ahora bien, en relación con el principio de igualdad, la Corte Constitucional con
ocasión de decidir sobre la exequibilidad del artículo 320 parcial de la Ley 685 de
20017 sostuvo que, si bien el artículo 13 de la Constitución Política propende por la

7 “ARTÍCULO 320. DELEGACIÓN EXTERNA. La autoridad minera, previa reglamentación, podrá

delegar en forma permanente, temporal u ocasional, sus funciones de tramitación y celebración de
los contratos de concesión, así como la vigilancia y control de su ejecución, en los gobernadores de
departamento y en los alcaldes de ciudades capitales de departamento.".

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

igualdad ante la ley de todas las personas, lo cierto es que, distinguir las diferentes
situaciones que permite el legislador no implica necesariamente que la actuación
sea arbitraria8.

8) Desde otra perspectiva, en los términos definidos por la Corte Constitucional, la
igualdad “tiene una naturaleza triple, pues se considera de manera simultánea como
valor, principio y derecho fundamental. El principal rasgo es su carácter relacional.
El artículo 13 de la Carta consagró la igualdad y estableció los mandatos que lo
componen, los cuales se sintetizan como el deber de igual trato a situaciones
idénticas y diferenciado ante circunstancias que no son asimilables, la prohibición
de cualquier consideración discriminatoria y finalmente, la responsabilidad de
adoptar acciones positivas que permitan alcanzar la igualdad material,
especialmente en grupos marginados y en situación de debilidad manifiesta”9.

9) En ese sentido, los referidos expedientes administrativos números BKR-093,
HAN-086 y HHB-15561 y EGO-111 identificados por la parte actora como prueba
de la supuesta vulneración del principio de igualdad con ocasión de la decisión
adoptada en la Resolución no. 001701 de 29 de diciembre de 2016, por el hecho de
que en esos casos, al parecer, se avaló la subsanación de los incumplimientos
acreditados con el recurso de reposición en contra de la decisión de caducidad de
los correspondientes contratos de concesión, no pueden compararse con el trámite
adelantado por la ANM en desarrollo de la ejecución del contrato de concesión
minera no. ICT-08111 y, en esa medida, no podría configurarse una violación del
derecho a la igualdad; lo anterior, por la elemental razón de que las decisiones
adoptadas en los referidos expedientes no fueron aportados al proceso de la
referencia.

10) Por último, sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la ANM en relación con
este aspecto de la controversia en la Resolución no. 001701 de 2016 objeto de
análisis señaló que, los casos identificados por la parte actora no resultan aplicables
al asunto concreto, por cuanto en aquellos casos “el cumplimiento de las

8 Sentencia C-036 de 25 de enero de 2005, MP Humberto Antonio Sierra Porto.
9 Sentencia C-084 de 27 de febrero de 2020, MP Glora Stella Ortíz Delgado.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

obligaciones requeridas se dio con anterioridad a la expedición de la resolución de
caducidad; por lo tanto, no puede predicarse el derecho a la igualdad, pues como
se ha demostrado a lo largo del presente acto administrativo, el titular minero allegó
algunas de las obligaciones que conllevaron a la sanción de caducidad, con
posterioridad a la emisión de dicho pronunciamiento por parte de la autoridad
minera” (fl. 71 CD no. 1 – expediente digital).

Es claro entonces que sin prueba que acredite lo contrario, los expedientes
identificados por la parte actora no se refieren a una misma situación de hecho que
conlleve a una misma solución jurídica, de manera tal que resulten asimilables los
unos con los otros, razón por la cual este cargo de apelación tampoco tiene vocación
de prosperidad, por tratarse de casos diferentes y por orfandad probatoria respecto
de la acusación de nulidad elevada con la demanda.

11) En atención a lo anterior, ante la no prosperidad de sus argumentos de
apelación propuestos por la parte actora, la decisión deberá ser confirmada
integralmente, de acuerdo con lo dispuesto expresamente en el inciso primero del
artículo 328 del CGP10.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión que denegó las súplicas
de la demanda por el hecho de que los cargos de apelación no tuvieron vocación
de prosperidad.

3. Conclusiones

La demanda formulada se dirigió a obtener la nulidad de la Resolución no. 00575
de 12 de junio de 2014 mediante la cual se declaró la caducidad del contrato de
concesión minera no. ICT-08111 y, de la Resolución no. 001701 de 29 de diciembre
de 2016 a través de la cual se confirmó la Resolución no. 00575 de 2014, ambos
actos administrativos emitidos por la ANM, por el hecho de que los incumplimientos
de las obligaciones reportados por la autoridad minera fueron superados y en ese

10 El texto de la norma en comento es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL

SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.” (negrillas y mayúsculas fijas del original).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

sentido, los fundamentos de la decisión de caducidad desaparecieron y procedía la
revocatoria de la referida decisión.

Contrario a lo sostenido con la demanda e insistido en el recurso de apelación, la
parte actora en modo alguno logró acreditar que los incumplimientos que condujeron
a la caducidad del contrato de concesión minera no. ICT-08111 hubieran sido
subsanados, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia apelada.

4. Condena en costas y agencias en derecho

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte actora, esta asumirá las costas
procesales de la segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, las cuales
deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A del 17 de octubre de 2024.

2°) Condénase en costas a la parte actora, esto es, a los señores Ana Rocío Vargas
Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero, tásense en forma concentrada en el
tribunal de primera instancia.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2018-01037-01 (72.459)
Actor: Ana Rocío Vargas Bernal y Luis Alejandro Neissa Hornero
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado Ponente
Presidente de la Subsección

(firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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