Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01045-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01045-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-01045-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: Cooperativa Multiactiva para los Profesionales del Sector
Salud-CMPS y otro
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud
Proceso: Reparación directa
COMPETENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA-La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al
apelante y el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso. Servicio
público de salud-Actores del Sistema General de Seguridad Social. Superintendencia Nacional de Salud-Ente
de dirección, vigilancia y control, atribuciones y funciones. Régimen de funcionamiento de la medicina
prepagada (Decreto 1570 de 1993, Decreto 1486 de 1994 y 38 de la Ley 1438 de 2011). Plazo razonable
dentro del proceso administrativo-Debe tenerse en cuenta la complejidad del asunto solicitado. CARGA DE LA
PRUEBA-Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que persiguen (artículo 167 CGP). COSTAS-Se condena a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia, art. 188 del CPACA, 365 y 366
del CGP.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
En el año 2013, la Cooperativa Multiactiva para los Profesionales del Sector
Salud-CMPS y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas constituyeron la
sociedad Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. El 30 de septiembre de 2013, la
sociedad solicitó a la Supersalud autorización para funcionar como prepagada, y
dentro del proceso administrativo, la entidad pública hizo requerimientos técnicos,
financieros, de calidad y jurídicos. Finalmente, el 30 de septiembre de 2016, negó
el permiso pedido y el 4 de octubre de 2016 confirmó la decisión.
Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
Alegan falla del servicio de la Supersalud por mora en el trámite administrativo de
habilitación para funcionar como medicina prepagada.
ANTECEDENTES
La demanda
El 9 de noviembre de 2018, la Cooperativa Multiactiva para los Profesionales del
Sector Salud-CMPS y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas presentaron
demanda de reparación directa contra la Superintendencia Nacional de Salud –en
adelante Supersalud– para que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:
«2.1. Que se declare que la entidad del Estado la Superintendencia Nacional de
Salud es responsable por la falla en el servicio al haber decidido una solicitud del
particular, Sanalife Medicina Prepagada S.A.S., de manera negligente, en un
término de tres años y 4 días sin ninguna justificación para ello.
2.2. Que como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud
reconozca y pague a cada uno de los demandantes la suma de siete mil quinientos
millones de pesos ($7.500.000.000) o la suma adicional que se llegare a probar,
que corresponde al valor del daño emergente producido por la falla en el servicio
del estado en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, por la dilación
injustificada para decidir de fondo y de manera definitiva la solicitud de
autorización.
2.3. Que como consecuencia de la falla en el servicio del Estado en cabeza de la
Superintendencia Nacional de Salud, esta reconozca y pague a cada uno de los
solicitantes el valor de tres mil doscientos millones de pesos ($3.200.000.000), o la
suma adicional que se llegare a demostrar, como lucro cesante, derivado de los
rendimientos y la utilidad esperada por la inversión efectuada en la sociedad
Sanalife Medicina Prepagada S.A.S.»1.
Hechos
Los demandantes afirmaron que el 14 de junio de 2013, la Cooperativa Multiactiva
para los Profesionales del Sector Salud-CMPS y la Fundación Universitaria Juan
N. Corpas constituyeron la sociedad Sanalife Medicina Prepagada S.A.S., y el 30
de septiembre de 2013, la sociedad solicitó a la Superintendencia Nacional de
Salud-Supersalud autorización para funcionar y prestar servicios como medicina
prepagada.
1 F. 19-20 c. 1.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
Señalaron que, dentro del trámite del proceso administrativo, la entidad hizo varios
requerimientos y visitas a la sociedad Sanalife S.A.S., para verificar los
componentes técnicos, financieros, de calidad y jurídicos. Por su parte, la
sociedad Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. solicitó en varias oportunidades a la
entidad pública que agilizara el proceso, tuvieran en cuenta los documentos
entregados y subsanados y que emitieran un pronunciamiento de fondo.
Finalmente, agregaron que el 14 de septiembre de 2016, por Resolución No. 2797,
la Supersalud negó a Sanalife S.A.S. la habilitación para funcionar como entidad
de medicina prepagada. El 4 de octubre siguiente, la Supersalud confirmó la
anterior decisión.
Alegan falla del servicio por la dilación injustificada de la Supersalud para
pronunciarse de fondo y de manera definitiva sobre la solicitud de autorización
elevada por Sanalife S.A.S. Esta circunstancia, según la demanda, generó una
pérdida económica a la sociedad por gastos preoperativos. Resaltaron que la
solicitud fue radicada en septiembre de 2013 y que el trámite administrativo duró
más de 36 meses sin justificación alguna. Expusieron que la ineficiencia
administrativa desconoció lo dispuesto en el Decreto 1570 de 1993, norma que
dispone un plazo de 30 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de
funcionamiento. Además, indicaron que la demora en el proceso afectó derechos
fundamentales de los demandados y ocasionó un impacto en el flujo económico
por gastos preoperativos, de infraestructura física, tecnológica y de recursos
humanos2.
Contestación de la demanda
La Superintendencia Nacional de Salud, al oponerse a las pretensiones, señaló
que no estaba probada la falla del servicio ni el nexo causal con el daño. Adujo
que la mora alegada no tuvo lugar, porque el procedimiento administrativo se
ajustó a la ley y contó con solicitudes legítimas. En efecto, dentro de las
obligaciones de la entidad, como autoridad de inspección, vigilancia y control en el
sistema de salud, estaba la de verificar los componentes propios del trámite: (i)
legal (ii) reputacional (iii) operativo (iv) de norma técnica y (v) financiero. Agregó
que en el curso del proceso administrativo no hubo periodo de inactividad: se
solicitaron, decretaron, practicaron y valoraron pruebas; tuvo lugar una supervisión
institucional constante a los documentos requeridos y entregados por la solicitante.
2 F. 12-22 c. 1.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
Estas circunstancias, imputables única y exclusivamente al proceso mismo (y a
sus reglas), incidieron en el transcurso del tiempo que se tomó la entidad
demandada para adelantar y resolver la actuación administrativa relativa a la
solicitud de autorización presentada por la sociedad Sanalife S.A.S.
Finalmente, la demandada puso de presente que el término de 30 días hábiles
previstos en el Decreto 1570 de 1993, para definir un permiso de funcionamiento,
no era aplicable a este caso en concreto, habida cuenta que esta regla solo
abarcaba las peticiones de organizaciones solidarias, de utilidad común,
cooperativas, cajas de compensación familiar o de seguridad y previsión social de
derecho privado con interés de operar programas de medicina prepagada. De
manera que, para el caso de la sociedad demandante, no existía término legal
para emitir un pronunciamiento de fondo3.
Sentencia de primera instancia
El 30 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda, porque no se probó una
dilación injustificada de la Supersalud dentro del trámite administrativo de
habilitación de funcionamiento para brindar servicios de medicina prepagada.
Consideró que estaba probado que las demandantes (Cooperativa Multiactiva
para los Profesionales del Sector Salud-CMPS y la Fundación Universitaria Juan
N. Corpas) sufrieron un daño patrimonial, porque invirtieron recursos en la
creación de una empresa y tuvieron que dotarla del patrimonio mínimo exigido por
la ley, previo a solicitar la autorización para funcionar como una clase de medicina
prepagada. Sin embargo, estimó que esa afectación económica no constituyó un
daño antijurídico, porque no fue el resultado de una irregularidad administrativa.
Sostuvo que la sola solicitud no constituía un derecho adquirido a las
demandantes en el sentido de que su petición sería decidida de forma afirmativa,
en otras palabras, que la solicitud de funcionamiento no garantizaba la certeza de
que sería otorgado. Para ello, la interesada debía someterse a unas reglas previas
para su legitimación y, además, cumplir los requerimientos documentales de la
Supersalud para evaluar la aptitud legal, reputacional, financiera y técnica de la
sociedad peticionaria.
3 F. 11-47 c. 1.
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Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
Sobre la mora para proferir un pronunciamiento de fondo, el Tribunal estimó que
no hubo un periodo de inactividad dentro del trámite administrativo. En efecto, el
tiempo que la entidad empleó para estudiar y resolver la solicitud de la parte
demandante estuvo justificado en razones de inspección y control de quienes
prestan o pretenden brindar servicios de salud. En desarrollo de esta función legal,
la Superintendencia Nacional de Salud pidió a Sanalife S.A.S. la entrega de
documentos, la subsanación de otros ya aportados, requirió a otras delegadas un
concepto de acuerdo al área de especialidad y algunas de esas dependencias
dieron concepto negativo para la habilitación de la sociedad como administradora
y prestadora de planes de medicina prepagada.
El Tribunal señaló que, el 15 de marzo de 2014, uno de los accionistas de Sanalife
S.A.S. hizo un cambio de su razón social, circunstancia que implicó una reforma a
los estatutos e incidió en la duración del trámite por la necesidad de nueva
documentación. Advirtió, además, que como uno de los accionistas de Sanalife
S.A.S. era una institución educativa (Fundación Universitaria Juan N. Corpas), se
requería del concepto previo del Ministerio de Educación, actuación que también
incidió en el transcurso del tiempo. Finalmente, expuso que el término de 30 días
hábiles contenido en el Decreto 1570 de 1993 debía contarse desde que la
sociedad solicitante suministrara la documentación requerida, para evaluar la
responsabilidad, idoneidad y solvencia patrimonial de quien participa en el
proceso4.
Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y alegó
que estaba probada la falla del servicio por mora y el nexo causal con el daño. Al
respecto, manifestó que la sentencia analizó la duración del trámite administrativo
bajo la óptica de un plazo razonable, pero el estudio debió centrarse en una mora
administrativa o demora injustificada dentro del proceso. Señaló que la
Superintendencia Nacional de Salud tenía “concepto de no viabilidad” desde
diciembre de 2013 y solo hasta 2016 profirió decisión definitiva. La demora,
explicó el recurso, incidió en que la demandante sufriera una pérdida económica
injustificada, porque tuvieron que ajustar elementos presupuestales, técnicos y de
recursos humanos para cumplir con los requisitos de ley.
4 F. 385-428 c. principal.
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Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
La recurrente agregó que, si la administración conocía los riesgos de la sociedad
solicitante, los cuales no se discuten en esa acción, sin justificación alguna se
tardó dos años para emitir un pronunciamiento de fondo. Al respecto, indicó que
con los elementos jurídicos y técnicos con los que contaba en diciembre de 2013,
incluidos dentro del concepto de no viabilidad, la entidad podía expedir la
resolución pertinente en cualquier sentido. En ese sentido, el tiempo que se tomó
la Supersalud para proferir un acto administrativo definitivo fue innecesario, no se
justificó y afectó la seguridad jurídica y económica de Sanalife S.A.S., por los
costos adicionales en los que tuvo que incurrir mientras esperaba una decisión
definitiva5.
Trámite de segunda instancia
El 29 de septiembre de 2021, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y, el 3
de diciembre de 2021, el Despacho lo admitió y ordenó el ingreso para fallo (art.
67 de la Ley 2080 de 20217. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio8.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 9 de noviembre de 2018, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA9, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código10, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
5 F. 431-440 c. principal
6 F. 444-445 c. principal.
7 F. 451 c. principal.
8 F. 740 c. principal. También consultar índice 08 Samai.
9 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
10 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
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Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contenciosa administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA11. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA12, según el cual conoce de los recursos de apelación
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la
cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 152.6 del CPACA13, esto es, $414.058.000.14.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo15, cuya legalidad no
se cuestiona. En este caso el medio de control de reparación directa es el que
resulta procedente, por reclamarse el daño derivado de la presunta omisión y
retardo de la Superintendencia Nacional de Salud en el trámite de expedición de
permiso de funcionamiento a una entidad que pretendía ofrecer y suministrar
servicios de medicina prepagada.
Demanda en tiempo
11 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
12 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
13 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
14 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018, $828.116, por 500.
15 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
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Proceso: Reparación directa
4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA es de dos años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
La demanda se interpuso en tiempo –9 de noviembre de 2018– porque la
demandante conoció el daño el 4 de octubre de 2016, fecha en la que quedó
ejecutoriada la Resolución No. 002797, que culminó el trámite administrativo de
solicitud de autorización para funcionar como entidad prestadora del servicio de
medicina prepagada. En esa fecha, entonces, hubo un pronunciamiento de fondo
y definitivo por parte de la administración.
En efecto, el 10 de septiembre de 2018 se presentó la solicitud de conciliación
prejudicial, diligencia que suspendió el término de caducidad hasta el 8 de
noviembre siguiente, fecha en la que se declaró fallida la audiencia16. Al día
siguiente, se interpuso la demanda.
Legitimación en la causa
5. La Corporación Multiactiva para los Profesionales de la Salud-CMPS y la
Fundación Universitaria Juan N. Corpas son las personas sobre las que recae el
interés jurídico que se debate en este proceso, ya que fueron quienes, por
escritura pública, crearon la sociedad Sanalife Medicina Prepagada S.A.S.,
sociedad que solicitó certificado de funcionamiento y sufrió un presunto daño por
la alegada “mora injustificada” de la Supersalud.
La Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud está legitimada en la causa
por pasiva, pues tiene a su cargo la función de otorgar el permiso requerido por la
ley para la operación y funcionamiento de entidades que prestan o pretenden
brindar servicios de planes de salud (Decreto 1570 de 1993).
Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala determinar si, dentro de un trámite administrativo de
16 F. 1 c. 2.
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solicitud de autorización para funcionar como entidad prestadora del servicio de
medicina prepagada, se presentó una dilación injustificada por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Análisis de la Sala
7. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto
de conformidad con el artículo 328 del CGP, es decir, en los puntos del recurso de
la demandante y, sobre todo, en los que tiene interés para recurrir. Este último
aspecto es importante porque en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca encontró probada una “afectación económica preoperativa” de la
sociedad Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. –que pretendía prestar servicios de
salud prepagada– y la apelación solo se centró en el estudio de la mora dentro de
un proceso administrativo para obtención de certificado de funcionamiento. De
manera que este es el único alcance del juez de segunda instancia, dado que la
apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante.
Servicio público de salud y actores del sistema
8. La atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado (art. 49 de la
Constitución Política de Colombia)17, que comprende la prevención de
enfermedades, promoción del cuidado y la recuperación de los pacientes. La
dirección y reglamentación de este servicio se fundamentan en los postulados de
eficiencia, universalidad y solidaridad. En la prestación del servicio pueden
participar entidades públicas y organizaciones privadas, sujetas a vigilancia y
control. A su vez, las competencias relacionadas con las diferentes facetas en las
que se debe prestar el servicio se encuentran distribuidas entre los niveles
territoriales, conforme a los postulados de coordinación, subsidiariedad y
concurrencia (art. 288 de la C.P.18).
17 «Artículo 49. Modificado Acto Legislativo 2 de 2009, artículo 1º. La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y
reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en
los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en
los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber
de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad […]».
18 «Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre
la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán
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Proceso: Reparación directa
La Nación tiene a cargo la planeación y dirección del sistema nacional de salud y
las entidades territoriales deben disponer lo necesario para la atención de
pacientes y el subsidio a la demanda. Por su parte, los particulares –afiliados y
beneficiarios del sistema–, en general “los asegurados”, deben aportar dinero, en
la forma y condiciones que señale la ley, sin perjuicio de la regulación que
determina cómo se brinda la atención básica-gratuita a todos los habitantes del
territorio (art. 49 de la C.P.).
Conforme al artículo 155 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad
Social en Salud está integrado por (i) organismos de dirección, vigilancia y control;
(ii) organismos de administración y financiación (Entidades Promotoras de Salud,
Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud y el Fondo de Solidaridad
y Garantía-FOSYGA, hoy Adres; (iii) institucionales prestadoras de servicios de
Salud, públicas, mixtas o privadas; (iv) entidades adscritas a los Ministerios de
Salud y del Trabajo; (v) los empleadores, los trabajadores, sus organizaciones; (vi)
los trabajadores independientes que cotizan al sistema contributivo y los
pensionados; (vi) los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en todas sus modalidades; (vii) los Comités de Participación Comunitaria
'COPACOS' creados por la Ley 10 de 1990 y (viii) las organizaciones comunales
que participen en los subsidios de salud.
Son organismos de dirección, vigilancia y control: a) los Ministerios de Salud y
Trabajo; b) el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; c) la
Superintendencia Nacional de Salud; d) los Organismos de Administración y
Financiación.
La Superintendencia Nacional de Salud como ente de dirección, vigilancia y
control
9. La Superintendencia Nacional de Salud, que, como se dijo, forma parte del
Sistema General de Seguridad Social, es un organismo adscrito al Ministerio de
Salud, dentro del marco de la autonomía administrativa y financiera que le señala
la ley (artículo 5 Ley 10 de 1990).
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley».
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Demandante: CMPS y otro
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Proceso: Reparación directa
Conforme al Decreto Ley 1472 de 1990, era la autoridad técnica en materia de
inspección, vigilancia y control de: a) la calidad y eficiencia de la prestación de los
servicios de Salud de los Seguros Sociales Obligatorios, de la Previsión Social, la
Medicina Prepagada y de las Entidades que contratan servicios de salud con el
subsector oficial del sector salud y las cajas de compensación familiar; b) sobre la
liquidación, recaudo, giro, cobro y utilización de los recursos que se apliquen a
tales actividades y demás acciones de la salud, cualquiera que sea su origen; y, c)
la eficiencia en la obtención y aplicación de los recursos en las entidades del
subsector oficial del sector salud, agregando nuevos sujetos, como son: las
Entidades de Previsión, Empresas de Medicina Prepagada, Cajas de
Compensación Familiar (salud) y, Licoreras (Decreto Ley 1472 de 1990).
El Decreto 2165 de 1992 reestructuró la Superintendencia Nacional de Salud y
estableció, como objetivo de la entidad, que es la autoridad técnica de inspección,
vigilancia y control en relación con el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias a que están sujetas: (i) las entidades que prestan servicios de
salud, (ii) las que prestan servicios de medicina prepagada, y (iii) las Cajas de
Compensación Familiar. Asimismo, le corresponde la eficiencia en la obtención y
aplicación de los recursos de las entidades del Subsector Oficial del Sector Salud,
y en la liquidación, recaudo, giro, cobro y utilización de los recursos fiscales y
demás arbitrios rentísticos, cualquiera que sea su origen, con destino a la
prestación de los servicios de salud.
Luego de expedida la Ley 100 de 1993, mediante el Decreto 1259 de 1994, que
volvió a reestructurar la Superintendencia Nacional de Salud, se amplió el
espectro de inspección, vigilancia y control al Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito-SOAT, FOSYGA, Entidades Promotoras de Salud-EPS (Régimen
Contributivo y Subsidiado), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud–IPS,
empleadores y entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios).
En el año 2007, con la entrada en vigencia de la Ley 1122, que creó el Sistema de
Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, la Superintendencia Nacional de Salud quedó como director y cabeza de
ese sistema, y tiene a su cargo los siguientes ejes: financiamiento, aseguramiento,
prestación de servicios de atención en salud pública, atención al usuario;
participación social, acciones y medidas especiales, información y focalización de
los subsidios en salud. Adicionalmente, le otorgaron facultades de función
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
jurisdiccional y de conciliación, para atender las necesidades de los usuarios del
sistema y la vigilancia sobre nuevos actores como lo son los regímenes especiales
y exceptuados.
Posteriormente, por medio del Decreto 2462 de 2013, se reestructuró de nuevo la
Superintendencia de Salud y hubo un cambio en la filosofía de la entidad para
orientarse más a la protección de los derechos de los usuarios del Sistema de
Salud. Adicionalmente se fortaleció la delegada de Supervisión Institucional,
encargada de realizar funciones de inspección y vigilancia y se separaron las
facultades sancionatorias. El decreto creó, además, una Superintendencia
Delegada de Riesgos, con el fin de identificar los riesgos de funcionamiento de los
vigilados en materia operativa, tecnológica, jurídica y de salud, estudio que
implica, no sólo un seguimiento a las entidades existentes, sino un análisis previo
de quien pretendiera entrar a ser parte del sistema para administrar y prestar
servicios de salud.
Régimen de funcionamiento del sistema de medicina prepagada
10. Ahora bien, dentro del ámbito de control y vigilancia de la Superintendencia
Nacional de Salud, se encuentran las entidades que prestan servicios de medicina
Prepagada (artículo 2 Decreto 1486 de 1994 y 38 de la Ley 1438 de 2011), se
estudiará la definición, naturaleza jurídica y el régimen legal que regula este
sistema prepagado.
Conforme al artículo 1° del Decreto 1570 de 1993, se entiende por medicina
prepagada el sistema organizado y establecido por entidades autorizadas para la
gestión de la atención médica y de la prestación de los servicios de salud o para
atender directa o indirectamente estos servicios, que son incluidos en un plan de
salud preestablecido, mediante el cobro de un precio regular previamente
acordado.
En ese orden, quien pretenda prestar servicios de medicina prepagada, deberá
constituir una de tales entidades y, además, y sobre todo, obtener el respectivo
certificado de funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud. En otras
palabras, antes de entrar al sistema prepagado, la institución o sociedad
interesada debe ser previamente habilitada por la Supersalud (en su ejercicio de
vigilancia y control).
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Proceso: Reparación directa
El procedimiento para la obtención del certificado está regulado por el mismo
Decreto 1570 de 1993 (modificado en algunos apartes por el Decreto 1486 de
1994), y también será aplicable a las organizaciones solidarias, de utilidad común,
las cooperativas y las cajas de compensación familiar o las de seguridad y
previsión social de derecho privado que pretendan operar dependencias o
programas de medicina prepagada (artículo 2).
En ese marco, según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1570 de 1993,
quienes se propongan prestar servicios de medicina prepagada, deben presentar
una solicitud ante la Supersalud, acompañado de la siguiente documentación: a)
Copia de los estatutos sociales, según la naturaleza de la entidad; b) El monto del
capital, que no será menor al requerido por las disposiciones pertinentes de ese
Decreto; c) La hoja de vida de las personas que se han asociado y de las que
actuarían como administradores, así como la información que permita establecer
su carácter, responsabilidad, idoneidad y situación patrimonial; d) Estudio sobre la
factibilidad de la empresa, dependencia o programa el cual deberá demostrar la
viabilidad financiera de la empresa, las tarifas proyectadas de acuerdo con los
niveles de clientela estimados en los dos años iniciales, sistema de auditoría
médica a implantar, una proyección del presupuesto para el primer año y copia de
los planes de salud respectivos que proporcionará en el mercado, y e) La
información adicional que requiera la Superintendencia Nacional de Salud para los
fines previstos en el numeral 5 de ese artículo.
El mismo Decreto 1570, en el numeral 4 del artículo 2, dispone que, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la documentación completa a que
hace alusión el numeral precedente, el Superintendente Nacional de Salud
autorizará la publicación de un aviso sobre la intención de obtener el certificado de
funcionamiento para la entidad, dependencia o programa correspondiente, en un
diario de amplia circulación nacional, en el cual se exprese a lo menos, el nombre
de las personas que se asociaron, el nombre de la institución, dependencia o
programa, el monto de su capital y el lugar en donde haya de funcionar, todo ello
de acuerdo con la información suministrada en la solicitud.
El aviso será publicado por cuenta de los interesados en dos ocasiones, con un
intervalo no superior a siete (7) días, con el propósito de que los terceros puedan
presentar oposiciones en relación con dicha intención, a más tardar dentro de los
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diez (10) días siguientes a la fecha de la última publicación. De la oposición se
dará traslado inmediato al solicitante.
Ahora bien, recibida la documentación completa (conforme a los requisitos de ley y
a los requerimientos de la entidad), el Superintendente Nacional de Salud deberá
resolver la solicitud dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. Se reitera,
siempre y cuando los peticionarios hayan suministrado la información requerida.
Entonces, si la solicitud satisface los requisitos legales y la Supersalud, a través
de su superintendente, se cerciora del carácter, responsabilidad, idoneidad y
solvencia patrimonial de la persona que participe en el procedimiento, se
concederá la autorización para el ejercicio de la actividad. En ese sentido, la
entidad podrá desarrollar actividades sólo si cuenta con el certificado de
funcionamiento. Este certificado, a su vez, no constituye un derecho adquirido
para la institución o sociedad solicitante, comoquiera que podrá ser revocado o
suspendido por la autoridad que lo otorgó en los eventos previstos en el artículo 3
del Decreto 1570 de 1993.
Otorgado el permiso a la razón social de las empresas, o a la denominación que
se le dé a los programas o dependencias que presten servicios de Medicina
Prepagada, se agregará la expresión "Medicina Prepagada", de acuerdo con su
objeto social y con la calificación que se les asigne en el registro de la
Superintendencia Nacional de Salud. En su publicidad, deberán siempre
mencionar que se encuentran vigiladas por la Superintendencia Nacional de
Salud, en caracteres visibles. Así, las Cámaras de Comercio deberán abstenerse
de inscribir una sociedad que en su objeto social incluya cualquier modalidad de
servicio de salud prepagado, hasta tanto presenten el certificado de
funcionamiento expedido por la Superintendencia Nacional de Salud (artículos 2 y
4 del Decreto 1570 de 1993).
En materia de competencia para la expedición del certificado, el artículo 22 del
Decreto 2462 de 2013 prevé que corresponde al Despacho del Superintendente
Delegado para la Supervisión Institucional, como director de inspección y
vigilancia de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB o las
que hagan sus veces, entre otras atribuciones, verificar el cumplimiento de los
requisitos para recomendar al Superintendente Delegado la autorización,
revocatoria o suspensión del certificado de funcionamiento o habilitación de las
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB, o las que hagan sus
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veces, cualquiera que sea su naturaleza o régimen, empresas de medicina
prepagada o ambulancia pre-pagada, de conformidad con las normas vigentes.
El plazo razonable dentro del proceso administrativo
10. Tratándose de la responsabilidad del Estado por violación al plazo razonable
dentro de una actuación administrativa, el Consejo de Estado ha sostenido que la
existencia de plazos o términos dentro del procedimiento administrativo suponen
una garantía del debido proceso de los administrados para que sus peticiones
sean resueltas dentro del término que la ley ha previsto para ese fin. Esto, a su
vez, implica la existencia de un derecho (en cabeza de los administrados) de tener
un juicio (procedimiento) sin dilaciones injustificadas (art. 29 de la Constitución) y
una protección a la seguridad jurídica.
En esa línea, el desconocimiento del plazo razonable en trámites administrativos
constituye una fuente de responsabilidad extracontractual del Estado, no porque
se trate de una conducta ilícita o ilegal, sino porque implica el incumplimiento del
deber de decidir un asunto dentro del término legal. Ahora bien, desconocer el
plazo razonable no surge de un análisis automático de los plazos y términos
legales, puesto que eso sería desconocer el discurrir dinámico de la
administración pública y de la demanda de sus servicios. Es así que, el término
que se tome la Administración para atender las solicitudes debe abordarse a partir
de factores internos y externos en los que se presta el servicio, entendidos estos
como instrumentos, herramientas o circunstancias que tienen incidencia en el
curso del tiempo. De allí que no todo retardo es una irregularidad, porque en él
pudieron incidir factores externos como congestión, recurso humano, número de
peticiones, necesidades de etapas, entre otros.
Al respecto, ha dicho la jurisprudencia:
(…) el derecho a un juicio “procedimiento” sin dilaciones injustificadas es de
aquellas garantías que hacen parte del núcleo duro o strictu sensu del derecho al
debido proceso, máxime si estamos frente a un procedimiento sancionatorio
agrario como es la extinción del dominio.
La garantía a un juicio o procedimiento administrativo sin dilaciones injustificadas
se encuentra positivizada en el ordenamiento jurídico interno, se insiste, en el
artículo 29 de la Constitución Política, y en el ámbito internacional en los artículos
7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, existen
normas jurídicas válidas que consagran la garantía analizada, y que se ubican en
la cúspide del sistema jurídico y cuyo incumplimiento por manifestaciones
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normativas inferiores se sancionan con la inconstitucionalidad y posterior
inexequibilidad de las mismas, es decir, su expulsión del ordenamiento jurídico.
Tratándose del retardo en la resolución de los conflictos –en sede administrativa o
judicial– ha señalado la doctrina que ello constituye un servicio deficiente que
genera los siguientes efectos adversos: 1. Se impide que los conflictos finalicen
adecuadamente, lo cual incentiva la aplicación de la fuerza por propia mano, 2. Se
incrementa la inseguridad jurídica, 3. Se desincentiva la inversión extranjera y
nacional y se afecta el crecimiento de los mercados, 4. Se daña la credibilidad del
sistema judicial, 5. Se estimula el incumplimiento de la ley, 6. Se retrasa la
investigación, desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, y 7. Se hace
inviable la convivencia pacífica de la comunidad.
Es evidente que, el desconocimiento del plazo razonable en asuntos
administrativos –al igual que en materia judicial– constituye una fuente de
responsabilidad extracontractual del Estado por la violación. En este caso, la culpa
no está asociada a un comportamiento ilícito o ilegal por parte de los funcionarios
administrativos o judiciales, sino por la falla del servicio prestacional de adoptar,
dentro del término legal, decisiones definitivas que permitan su censura a través de
los recursos procedentes –en la vía administrativa o judicial–.
Ahora bien, para la determinación de qué se entiende por “violación o
desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las
condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en
los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o
herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen
circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o
jurisdiccional.
De modo que, no toda tardanza es indebida porque pueden existir razones que la
justifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la conclusión de que no se
vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, conclusión a la que arribó el juez
constitucional al señalar que la mora judicial no desconoce el derecho a un juicio
en un plazo razonable si existen factores que justifiquen el sobrepasar los términos
fijados en la ley (v.gr. la congestión judicial, las resolución de peticiones
formuladas por las partes, la petición de los agentes del Ministerio Público para
estudiar el proceso, etc.)19.
En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación
injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la
Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes
presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado,
comoquiera que las normas que los señalan obligan no sólo a los administrados,
sino a la administración pública, ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe
tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una
omisión de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el impulso o la
decisión administrativa, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como
desproporcionada frente al trámite respectivo.
Frente a este último aspecto, es importante indicar que son dos los factores que
determinan la razonabilidad o no del plazo: i) la duración de trámites o procesos
similares al que es objeto de juzgamiento, y ii) el estudio riguroso de las
circunstancias fácticas para aplicar estrictamente las reglas de la experiencia20.
19 Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2003.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7
de noviembre de 2012, exp. 37046, M.P. Enrique Gil Botero. Sobre este tema, también consultar la sentencia
del 23 de marzo de 2017, Rad. 38054.
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La Sección Tercera del Consejo de Estado en una reciente decisión señaló que en
la razonabilidad el plazo también se debe tener en cuenta los aspectos técnicos de
cada trámite:
“31. La razonabilidad del plazo se establece en cada caso particular y ex post,
teniendo en cuenta criterios tales como la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente, y la situación
jurídica de la persona interesada. También pueden mediar factores tales como el
volumen de trabajo de la entidad, las especificidades y temas técnicos de cada
trámite, y el análisis de factores exógenos al proceso que puedan tener un impacto
directo en el trámite y su duración.
32. No se trata, entonces, de decidir la actuación en el menor tiempo posible sino
de definirla en el tiempo necesario para la efectividad del derecho material que se
persigue. En ese marco, de cara a las actuaciones administrativas, los términos
para su tramitación y decisión deben considerar tanto la realización de los fines de
la función administrativa como la efectividad y protección de los derechos de los
administrados, sin privilegiar uno de ellos, pues en tal ecuación la realización de
los fines de la función debe implicar la protección y realización de los derechos
referidos. De esta manera, entre otros, habrá de considerarse que el vencimiento
de los términos procedimentales no implica que se esté ante una afrenta a la ley,
pues dependiendo de las particularidades de cada actuación podrán ser
necesarios mayores tiempos21”.
Análisis del caso concreto
12. Según el recurso de apelación, la entidad demandada incurrió en una mora
administrativa porque la Superintendencia Nacional de Salud tenía “concepto de
no viabilidad” desde diciembre de 2013 y solo hasta el año 2016 profirió decisión
definitiva en la que negó a Sanalife S.A.S. la autorización para funcionar como una
entidad prestadora del servicio de medicina prepagada. La demora, conforme dijo
la recurrente, incidió en que la demandante sufriera una pérdida económica
injustificada porque ajustaron elementos presupuestales, técnicos y de recursos
humanos mientras se definía su situación jurídica.
La demandante agregó que, si la Supersalud conocía los riesgos de la sociedad
solicitante desde el año 2013, debió pronunciarse de fondo en esa fecha y no
dilatar en el tiempo la respuesta. La actuación se extendió innecesariamente y
luego de dos años emitió un pronunciamiento de fondo. Con los elementos
jurídicos y técnicos con los que contaba en diciembre de 2013, incluidos dentro del
concepto de no viabilidad, la entidad podía expedir la resolución pertinente sin
importar el sentido de la misma. En ese sentido, reiteró, el tiempo que se tomó la
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2024, exp. 67106, M.P.
José Roberto Sáchica.
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Supersalud para proferir un acto definitivo no se justificó y afectó la seguridad
jurídica y económica de Sanalife S.A.S.22.
13. Los medios probatorios allegados oportunamente al proceso demuestran los
siguientes hechos:
13.1. El 14 de junio de 2013, la Corporación Multiactiva para los Profesionales de
la Salud-CMPS (antes Cooperativa Nacional de Odontólogos-Coodontólogos) y la
Fundación Universitaria Juan N. Corpas constituyeron la sociedad comercial
Sanalife Medicina Prepagada S.A.S., registrada en la Cámara de Comercio el 26
de junio de 201323.
13.2. El 30 de septiembre de 2013, el representante legal de Sanalife Medicina
Prepagada S.A.S., mediante escrito presentado ante la Superintendencia Nacional
de Salud, solicitó permiso para funcionar como una entidad prestadora del servicio
de medicina prepagada y para comercializar el plan “Sanalife VIP”24.
13.3. El 31 de octubre de 2013, el Superintendente Delegado para la Atención en
Salud (hoy Superintendente Delegado para la Supervisión Institucional) requirió a
la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos un concepto técnico
en relación con la solicitud elevada por Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. En la
misma fecha, la Directora de Inspección y Vigilancia para las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios exigió a la Dirección de Inspección y
Vigilancia para Entidades de Orden Territorial emitir concepto técnico –en el
ámbito de su competencia– sobre la misma solicitud de autorización de Sanalife
Medicina Prepagada S.A.S. A su vez, la misma directora exigió a un asesor de la
Delegada para la Supervisión Institucional un concepto jurídico frente a la misma
solicitud25.
13.4. El 6 de diciembre de 2013, la Superintendencia Delegada para la
Supervisión de Riesgos emitió un concepto técnico por medio del cual concluyó: (i)
que Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. no contaba con el patrimonio exigido
para su aprobación, esto es, de 12.000 SMLMV; (ii) las proyecciones de estados
financieros y de afiliados “estaban sobreestimados y no eran viables”; (iii) las
22 F. 431-440 c. principal
23 F. 2-7; 9-11 y 41-42 c. 2.
24 Según da cuenta copia auténtica de la Resolución n°. 001203 de 2016 (F. 45-51 c. 2).
25 F. 45-51 c. 2
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proyecciones de balances para cinco años no reflejaban las cuentas contables
principales conforme al objeto social de medicina prepagada.
Este concepto, además, hizo reparos sobre documentos faltantes tales como:
antecedentes de actas de máximos órganos de dirección sobre la conformación de
la sociedad, el balance inicial de inicio de la sociedad y el origen de los recursos,
estados financieros de Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. con corte a 31 de
agosto de 201326.
13.5. El 9 de diciembre de 2013, la entidad demandada autorizó la publicación del
aviso sobre la intención de Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. de obtener el
certificado de funcionamiento, y el 17 de diciembre de 2013 la sociedad interesada
informó que había hecho la publicación en diario de circulación27.
13.6. El 31 de enero de 2014 se reunieron representantes de la empresa
solicitante y de la Supersalud y un equipo técnico de la Superintendencia
Delegada para la Supervisión Institucional. En dichas reuniones, según la
Resolución No. 0001203 de 2016, se socializaron los conceptos técnicos, se
definieron compromisos y ajustes en componentes de calidad y jurídicos28.
13.7. El 5 de marzo de 2014, en reunión llevada a cabo en las instalaciones de la
Supersalud, funcionarios de la Superintendencia Delegada para la Supervisión
Institucional y de la Dirección de Inspección y Vigilancia para las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB explicaron a Sanalife Medicina
Prepagada S.A.S. “las no conformidades” que persistían en los componentes
técnicos y de garantía de calidad, y concedieron un plazo para subsanarlas. El 12
de marzo siguiente, tuvo lugar una nueva reunión de socialización de conceptos
técnicos y la sociedad interesada se comprometió a ajustar el componente
financiero29.
13.8. El 13 de marzo, 8 y 14 de abril de 2014, Sanalife Medicina Prepagada S.A.S.
entregó documentación dirigida a subsanar “las no conformidades” técnicas y
financieras30.
26 F. 45-51 c. 2
27 Ibídem.
28 F. 46 c. 2.
29 F. 46 c. 2.
30 F. 46 c. 2.
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13.9. El 28 de mayo de 2014, la Supersalud profirió auto en el que ordenó una
visita a las instalaciones de Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. con el objeto de
evaluar el componente jurídico, financiero y de garantía de calidad31.
13.10. El 2 de julio de 2014, la Cooperativa Nacional de Odontólogos-
Coodontólogos –accionista de Sanalife Medicina Prepagada S.A.S.– informó a la
Supersalud que, con motivo de la reforma estatutaria aprobada el 15 de marzo de
2014, modificó su razón social a Cooperativa Multiactiva para los Profesionales de
la Salud-CMPS. El 19 de agosto siguiente, la Dirección de Inspección y Vigilancia
para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB comunicó a la
Cooperativa Coodontólogos que los cambios en la razón social de accionistas de
solicitantes requerían visado previo del Despacho del Superintendente. Además,
al revisar los certificados de Cámara de Comercio aportados, evidenció otros dos
cambios en su razón social: uno inscrito en enero de 2014 y otra inscrito en abril
del mismo año32.
13.11. El 2 de octubre de 2014, Corporación Multiactiva para los Profesionales de
la Salud-CMPS solicitó a la Supersalud autorización para modificación de
estatutos en cuanto al cambio de razón social33. La Superintendencia Delegada
para la Supervisión de Riesgos advirtió a la Superintendencia Delegada para la
Supervisión Institucional la situación sobre los cambios de razón social sin visado
previo y la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos asumió el
conocimiento de la solicitud de modificaciones estatutarias34.
13.12. El 5 de enero de 2015, la Superintendencia Delegada para la Supervisión
de Riesgos emitió concepto dentro de la actuación administrativa y recomendó al
Superintendente Nacional de Salud negar la solicitud de habilitación a Sanalife
Medicina Prepagada S.A.S. Conforme a la Resolución No. 001203 de 2016, la
Delegada de Supervisión de Riesgos identificó cinco riesgos en contra de la
solicitante:
(i) Riesgo legal, debido a que los recursos de la Corporación Universitaria
Juan N. Corpas tenían una finalidad descrita en la ley (educación superior) y,
dentro de los archivos, no obra especificación de la forma en la que se
destinarían los dineros que, en principio, son rentas de educación nacional.
31 F. 46 c. 2.
32 F. 46 c. 2.
33 F. 46 c. 2.
34 F. 46 c. 2.
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(ii) Riesgo reputacional, puesto que una de las representantes legales de los
accionistas de Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. se encontraba inhabilitada
por la Procuraduría General de la Nación por indebida utilización de recursos
de una EPS.
(iii) Riesgo financiero, por cuanto no cumple con el patrimonio mínimo
requerido y las proyecciones financieras no contaban con soportes y claridad.
(iv) Riesgo técnico, habida cuenta que “la nota técnica 2 no permitía una
evaluación por no ajustarse a los criterios mínimos (claridad de parámetros,
métodos y procedimientos técnicos y actuariales).
(v) Riesgo operativo, en la medida que el plan ofertado como complementario
era similar al plan obligatorio de salud y podría recargar el sistema con
servicios que no podría abarcar ni garantizar35.
13.13. En julio de 2015, el Ministerio de Educación, al interior de sus direcciones
de vigilancia y jurídica, evaluó aspectos de su competencia (recursos de
instituciones educativas) porque uno de los accionistas era una institución
educativa vigilada36.
13.14. El 31 de agosto de 2015, la Superintendencia Delegada para la Supervisión
Institucional emitió concepto técnico en donde concluyó que Sanalife Medicina
Prepagada S.A.S. no cumplía con los requisitos exigidos para optar por la
autorización de funcionamiento como empresa prestadora del servicio de medicina
prepagada. Así, recomendó al Superintendente Nacional de Salud no aprobar el
permiso pedido37.
13.15. El 8 de septiembre de 2015, el Subdirector de Inspección y Vigilancia del
Ministerio de Educación conceptuó que las Instituciones de Educación Superior-
IES no podían invertir sus recursos en una sociedad con ánimo de lucro por ser
una actividad ajena a los propósitos de esa clase de instituciones38. Por su parte,
el Jefe de la Oficina Jurídica del mismo ministerio, por medio de concepto del 17
35 F. 47 c. 2.
36 F. 47 c. 2.
37 F. 47 c. 2.
38 F. 47 c. 2.
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de septiembre de 2015, manifestó que, por regla general, los excedentes que
resultaran de la función institucional de la respectiva IES debían invertirse en la
misma finalidad educativa en los ejes de calidad, continuidad y cobertura de la
prestación del servicio público de educación superior39.
13.16. El 26 de abril de 2016, el Superintendente Nacional de Salud, después de
evaluar las piezas que conformaban la actuación administrativa, expidió la
Resolución No. 001203 de 2016, por medio de la cual (i) negó el certificado de
ejercicio de la actividad de Sanalife Medicina Prepagada S.A.S.; (ii) negó la
solicitud de aprobación del plan “Sanalife VIP”; (iii) negó la comercialización del
plan “Sanalife VIP”, y (iv) negó la aprobación de la minuta del contrato del Plan
Sanalife Medicina Prepagada S.A.S.40.
13.17. El 3 de junio de 2016, Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. interpuso
recurso de reposición contra la Resolución No. 001203 de 2016. El 14 de
septiembre de 2016, el Superintendente Nacional de Salud confirmó en su
integridad la Resolución No. 001203 de 2016, que negó la autorización de
funcionamiento a Sanalife Medicina Prepagada S.A.S. como entidad prepagada41.
La anterior decisión quedó ejecutoriada el 4 de octubre de 201642.
14. Del curso de la actuación administrativa reseñada, se observa que, entre el
año 2013 y el 2016, la Superintendencia Nacional de Salud, antes de proferir una
decisión de fondo sobre la solicitud de habilitación como medicina prepagada,
adelantó gestiones al interior de varias delegadas –en especial las de Riesgo e
Institucional–. Estas etapas las agotó con la finalidad de formar un convencimiento
técnico, financiero y jurídico sobre la solicitud formulada por Sanalife Medicina
Prepagada S.A.S. Dentro de ese rango de tiempo hubo requerimientos por parte
de la Supersalud a la peticionaria para subsanar documentos y aportar otros
adicionales. Además, tuvo la necesidad de consultar al Ministerio de Educación
para que conceptuara sobre la presencia y viabilidad de uno de los accionistas
(Fundación Universitaria Juan N. Corpas) por tratarse de una Institución de
Educación Superior-IES.
39 F. 48 c. 2.
40 Según da cuenta copia auténtica de la Resolución n°. 001203 de 2016 (F. 45-51 c. 2).
41 Según da cuenta copia auténtica de la Resolución n°. 002797 de 2016 (F. 52-71 c. 2).
42Conforme al certificado de firmeza expedido por el Coordinador del Grupo de Notificaciones de la
Superintendencia Nacional de Salud (f. 83 c. 2).
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La parte actora, en su recurso, planteó una mora injustificada por cuanto el
Decreto 1570 de 1993 dispone que la autorización de funcionamiento de
prepagada debía definirse dentro de un término de 30 días hábiles. No obstante,
según el mismo decreto, el término depende de varios factores: que la peticionaria
hubiere suministrado toda la información requerida, y agotar previamente una
etapa de análisis de requisitos legales de responsabilidad, idoneidad y solvencia
patrimonial de quien participa en el proceso.
Conforme a las pruebas, la actuación administrativa se surtió en el siguiente
orden: (i) la entidad solicitó documentos faltantes, (ii) socializó los conceptos
negativos y pidió la subsanación de componentes financieros y jurídicos (uno de
ellos estatutarios y de cambios en razón social) y (iii) consultó con las distintas
delegadas y entidades públicas externas aspectos de su competencia para la
viabilidad o inviabilidad del permiso.
Resulta importante destacar que los requerimientos efectuados por la Supersalud
se debieron a que la petición de la actora para funcionar como medicina
prepagada fue presentada de manera incompleta, pues no había allegado muchos
de los documentos exigidos para el específico trámite administrativo, tal como
quedó evidenciado en el concepto emitido por la demandada el 6 de diciembre de
2013. La solicitud de documentos, lejos de constituir una dilación injustificada de
los términos para resolver un trámite, constituye una garantía procesal para el
interesado.
15. En cuanto al cargo de la apelación referente al deber que tenía la Supersalud
de proferir decisión de fondo desde diciembre de 2013 –una vez la
Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos emitió un concepto
técnico en contra de la habilitación de Sanalife Medicina Prepagada S.A.S.–, la
Sala destaca que no existe una disposición normativa que obligue a la entidad
demandada a proferir una decisión de fondo sobre la petición de autorización una
vez cuente con un concepto técnico negativo de una de sus delegadas. Adviértase
que la Delegada de Supervisión de Riesgos, simplemente emitió una
recomendación. El lineamiento fijado en el concepto no implicaba un deber
automático de acatamiento, en la medida que se trató de un concepto técnico que
no vinculaba al Superintendente Nacional de Salud, puesto que no constituía una
orden o directriz administrativa de obligatorio acatamiento, más aún si no provenía
de un superior jerárquico (artículo 28 del CPACA).
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
Es importante enfatizar en que el proceso administrativo de habilitación como
entidad de medicina prepagada no puede concebirse como un proceso
administrativo genérico (en el que se crea o se extingue un derecho o una
situación jurídica), toda vez que por el objeto mismo de la petición y por la
pretensión de la sociedad demandante enfilada a ser parte del sistema general de
seguridad social, la actuación administrativa debe evaluarse desde una
perspectiva funcional de la entidad habilitante, es decir, desde las funciones de
control y vigilancia en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud. Autorizar
o habilitar una operación en el sistema de salud tiene unas implicaciones jurídicas,
económicas y sociales. De manera que el análisis del plazo razonable debe
comprenderse dentro de esa dimensión funcional.
De acuerdo con las probanzas allegadas al proceso, el Superintendente Nacional
de Salud, luego del concepto de su delegado, continuó con el trámite
administrativo, socializó los puntos que constituían riesgos con la sociedad
solicitante, pidió ajustar la documentación y continuó con la actuación
administrativa. En adición, las pruebas documentales atrás relatadas dieron
cuenta que no hubo un periodo de inactividad por parte de la Supersalud que
hiciera injustificable el tiempo que se tomó la entidad para concluir el proceso
administrativo.
Nótese cómo la entidad demandada, a efectos de ser garantista con la sociedad
actora, el 5 de marzo de 2014, esto es, después de contar con un concepto
negativo para habilitar la prestación del servicio de medicina prepagada por
Sanalife Medicina Prepagada S.A.S., en reunión llevada a cabo por funcionarios
de la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional y de la
Dirección de Inspección y Vigilancia para las Entidades Administradoras de Planes
de Beneficios-EAPB explicaron a la parte actora “las no conformidades” que
persistían en los componentes técnicos y de garantía de calidad, y concedieron un
plazo para subsanarlas. El 12 de marzo siguiente tuvo lugar una nueva reunión,
inclusive, de socialización de conceptos técnicos, en la que la sociedad interesada
se comprometió a ajustar el componente financiero43.
Así las cosas, frente a la mora atribuida a la Superintendencia Nacional de Salud
dentro de la actuación administrativa de autorización de prestación del servicio de
43 F. 46 c. 2.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
medicina prepagada, no se demostró una dilación injustificada ni un
incumplimiento de las funciones establecidas en la ley y sus decretos
reglamentarios en este particular trámite administrativo. Más allá de las
consideraciones que invocó la entidad para negar el permiso, aspectos que no son
objeto de discusión en este proceso, se reitera que el tiempo que la entidad
demandada invirtió en la actuación administrativa, esto es, estudios técnicos de
viabilidad, análisis jurídico de la habilitación solicitada, así como el seguimiento a
los aspectos institucionales propios de la prestación del servicio de medicina
prepagada, no vulneró el plazo razonable como garantía del debido proceso de la
sociedad peticionaria.
16. Según el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos
211 y 306 del CPACA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que prevén el efecto jurídico que persiguen y, por lo tanto, quien alega un
hecho debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido, ya
que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo.
Conclusión de todo lo expuesto, se tiene que en el proceso no quedó demostrada
la alegada falla del servicio por mora administrativa. Así las cosas, la Sala
confirmará la sentencia apelada.
Costas
17. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo
365 del CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.
De conformidad con el artículo 366.4 del CGP y en los términos del Acuerdo No.
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de
presentación de la demanda, la Sala fijará las agencias en derecho, en la segunda
instancia, que estarán a cargo de los demandantes, en la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, la cual se reconocerá en favor de la
entidad demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la parte
demandada la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
por concepto de agencias en derecho. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-01045-01 (67708)
Demandante: CMPS y otro
Demandado: Supersalud
Proceso: Reparación directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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