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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01060-02

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-01060-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia proferida el 3 de marzo de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-01060-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

27 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: YOMAIRA YANETH MONSALVO CABRERA
Demandada: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR
JURISDICCIONAL

Síntesis del caso: la demandante ejerció el medio de control jurisdiccional de reparación
directa por considerar que la Nación – Rama Judicial incurrió en error jurisdiccional en la
sentencia proferida en audiencia el 30 de septiembre de 2016 dictada dentro del proceso
no. 11001-31-10-000-2016-00500-00 y mediante la cual se exoneró a su excónyuge de la
cuota alimentaria a la que se había comprometido mediante escritura pública, esta decisión
aduce le generó perjuicios que deben ser indemnizados. La Sala confirma la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 en
contra de la sentencia proferida el 3 de marzo de 2023 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2 que dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte
demandante. Se fija como agencias en derecho la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
presente sentencia, a favor de la parte demandada.

TERCERO: Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA.

CUARTO: Por secretaria de la Sección Tercera NOTIFICAR esta
decisión (…).

QUINTO: Por Contra la presente sentencia procede recurso de apelación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la
Sección, liquídense los gastos del proceso, y en caso de remanentes,
devuélvanse al interesado. Pasados dos años sin que la parte
demandante los haya reclamado, la mencionada secretaría declarará la
prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección

1 Índice 63 SAMAI de la primera instancia.
2 Índice 58 SAMAI de la primera instancia.

2

Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

Ejecutiva de la Administración Judicial, o de la entidad que haga sus
veces. Efectuado lo anterior, archívese el proceso dejando las
anotaciones del caso.” (fl. 25 del PDF “SENTENCIA” índice 58 SAMAI de
la primera instancia – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 16 de noviembre de 2018 (fl. 3 cdno. ppal. 1) y
subsanado el 5 de diciembre de 20183 (fls. 27 a 29 cdno. ppal. 1), la señora Yomaira
Yaneth Monsalvo Cabrera por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de
control judicial de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA presentó
demanda en contra de la Nación – Rama Judicial (fls. 3 a 19 cdno. ppal. 1)4 con las
siguientes súplicas:

“1. Que la demandada, incurrió en reiterados y garrafales errores que
constituyen una manifiesta falla en el servicio de la administración de
justicia al haber dado trámite al proceso de exoneración de alimentos
radicado con el No. 11001311000220160050000, de manera infundada,
sin que existiera respaldo legal que justificara su curso.

2. Que se trataba de un contrato, negocio jurídico o acuerdo de
voluntades, el cual era ley entre las partes y por lo tanto no era susceptible
de la acción de exoneración de alimentos debidos por ley y menos aún
bajo las condiciones de ejecución incondicional, vitalicia e ininterrumpida
y que además no sería objeto de restricción o cuestionamiento alguno.

3. Que está demostrada la existencia del fallo del Juzgado Segundo de
Familia en Oralidad de Bogotá mediante el cual exoneró de la obligación
alimentaria al señor EUCLIDES ANTONIO TORRES ROMERO, lo cual
constituye una innegable falla en el servicio que lesiona gravemente los
bienes de la actora.
4. Que con la sentencia adversa a la actora lesionó gravemente su vida
y sus bienes, lo que es contrario a la finalidad del Estado cuya obligación
precisamente es proteger estos sagrados derechos.
5. Que la comisión de los reiterados y garrafales errores en que incurrió
el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de Bogotá, dentro del
proceso en mención, constituyen una manifiesta falla en el servicio de
administración de justicia al haber proferido sentencia de exoneración de

3 La subsanación de la demanda se hizo para precisar la indemnización de perjuicios solicitada.
4 Se pone de presente que la parte actora en escrito del 11 de junio de 2019 pretendió la reforma

de la demanda (fls. 126 a 142 cdno. ppal y cuadernos 4 a 6 reforma), petición que fue rechazada
por extemporánea en proveído del 13 de junio de 2019 (fls. 143 a 145 cdno. ppal. 2) y confirmado
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto del 3 de diciembre de
2019 (fls. 182 a 186 cdno. ppal. 2).

3

Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

alimentos en favor del allá demandante y en perjuicio de la aquí
accionante.

6. Que en este proceso se ha demostrado el arrebatamiento de su
derecho a la pensión alimentaria pactado con su excónyuge, con grave
detrimento a su patrimonio, el cual era equivalente a lo que le
correspondía a la actora en la participación de las sociedades dentro de
la liquidación de la sociedad conyugal.
7. Que se ha demostrado el desequilibrio económico surgido con la
sentencia que decretó la exoneración de alimentos a tal punto que el allí
alimentante se quedó con el ciento por ciento del patrimonio representado
en las sociedades comerciales y la alimentaria, aquí accionante, la
dejaron con el cero por ciento de la participación de las sociedades
comerciales habidas dentro de la sociedad conyugal y que su
participación estaba representada en la obligación alimentaria pactada.

8. Que se cumplen los presupuestos del error jurisdiccional estipulados
en el artículo 67 del Estatuto de la Administración de Justicia por cuanto
la sentencia contentiva del error no era susceptible de recurso y se
encuentra en firme.

9. Que la sentencia lesiva para la actora corresponde a un error
jurisdiccional por cuanto fue cometido por la señora Juez Segunda de
Familia en Oralidad de Bogotá en su calidad de autoridad investida de
facultad jurisdiccional en el curso del proceso radicado con el No.
11001311000220160050000 y materializado a través de la sentencia
contraria a la ley.

10. Que de conformidad con el artículo 90 de nuestra carta política y del
contenido del artículo 65 del estatuto de la administración de justicia y en
consecuencia a lo indicado en los numerales anteriores, el Estado debe
responder patrimonialmente por los daños antijurídicos ocasionados a
mi representada, así:

10.1 Por concepto de DAÑOS MATERIALES, a título de indemnización,
le sea reconocida y pagada a YOMAIRA YANETH MONSALVO
CABRERA las siguientes sumas de dinero originadas en el detrimento
económico de que viene siendo objeto como consecuencia de este
injusto proceder de la autoridad judicial:

10.1.1 Por concepto de cuota ordinaria de acuerdo con la obligación
pactada, la suma de $20.968.956.999.93, según cuadro adjunto.

10.1.2 Por concepto de cuota extraordinaria de conformidad con la
obligación pactada, la suma de $3.510.209.352.70, según cuadro
adjunto.

10.1.3 Por concepto de la reposición del vehículo de acuerdo con lo
pactado, la suma de $900.000.000.00.

10.1.4 Por concepto del costo de las dos empleadas domésticas al
servicio de mi prohijada la suma de 1.584.781.152.00.

10.1.5 Por concepto de reparaciones locativas, mobiliario y
electrodomésticos la suma de $200.000.000.00.
10.1.6 Por concepto de pasajes aéreos nacionales e internacionales la
suma de $200.000.000.00.

4

Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

10.1.7 Por concepto de costos tributarios dejados de recibir, la suma de
CINCO MIL MILLONES DE PESOS para ser transferidos directamente a
la DIAN y para ser aplicados en favor de la contribuyente que represento.
10.1.8 Por concepto del local comercial que se obligó el alimentante a
suministrar a mi prohijada, la suma de UN MIL MILLONES DE PESOS.

10.2 Por concepto de DAÑOS MORALES, a título de indemnización, le
sea reconocida y pagada a YOMAIRA YANETH MONSALVO CABRERA
la suma en pesos colombianos equivalente a mil (1.000) salarios mínimos
legales, por la aflicción causada con la sentencia que la despojó de su
renta vitalicia, ocasionándole una grave ruina e incapacidad económica
para subsistir en condiciones dignas a las que tenía y tiene pleno derecho
de disfrutar.

10.3 Por perjuicio extrapatrimonial ocasionado a la víctima en lo que la
CORTE EN DISTINTOS FALLOS HA DENOMINADO DAÑO A LA VIDA
DE RELACCION O EN SOCIEDAD, EL QUE, A BUEN SEGURO,
SEGUIRA INCIDIENDO NEGATIVAMENTE EN ELLA, perjuicio que se
estima en el EQUIVALENTE EN PESOS A UN MIL SALARIOS MINIMOS
MENSUALES; por el aislamiento social, familiar y personal al que se ve
sometida por la limitación económica extrema a la que fue llevada como
consecuencia de la irracional sentencia proferida por la Juez Segunda de
Familia de Bogotá.

10.4 Igualmente, solicito se liquiden estos valores liquidando intereses y
aplicando la respectiva indexación adicionando la rentabilidad de los
valores dejados de percibir hasta cuando sean cancelados.” (fls. 3 a 6
cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 22 de diciembre de 1976, los señores Yomaira Monsalvo de Torres y Euclides
Antonio Torres Romero contrajeron matrimonio y durante su vigencia crearon varias
sociedades comerciales.

2) En diciembre de 2007, los cónyuges suscribieron el documento privado
denominado “aclaración sobre el acuerdo de cesación de efectos civiles de
matrimonio católico y plazos pactados para el cumplimiento de algunas de las
obligaciones” (fl. 7 cdno. ppal.) en el cual se acordó que el señor Euclides Antonio
Torres Romero quedaba con la totalidad de las empresas constituidas durante el
matrimonio -que representaba el 90% del patrimonio de la sociedad conyugal- y a
cambio, la señora Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera renunciaba a las gananciales
y en contraprestación recibía una renta vitalicia que le aseguraba su congrua
subsistencia durante el resto de su vida.

5

Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

3) Mediante escritura pública no. 163 del 6 de febrero de 2008 de la Notaría
Séptima de Bogotá los cónyuges pusieron fin a los efectos civiles del matrimonio
católico, liquidaron la sociedad conyugal y crearon una obligación alimentaria a
cargo del señor Euclides Antonio Torres Romero y en favor de la señora Yomaira
Yaneth Monsalvo Cabrera “la cual se ejecutará de manera incondicional, vitalicia e
ininterrumpida y no será objeto de restricción o cuestionamiento alguno” (fl. 8 cdno.
ppal. 1).

La obligación alimentaria regía desde el 1° de enero de 2007 y en aquella el señor
Euclides Antonio Torres Romeros se obligó a los siguientes puntos: i) pagar a título
de mesada ordinaria la suma de $18.000.000 mensuales, los cuales serían
cancelados los primeros días de cada mes a la señora Yomaira Yaneth Monsalvo
Cabrera; ii) pagar a título de mesada extraordinaria la suma de $18.000.000, los
cuales serían cancelados los primeros días de los meses de junio y diciembre de
cada año; iii) renovar cada cuatro años el vehículo de propiedad de la señora
Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera por uno de igual categoría al BMW-modelo 330i,
junto con los respectivos seguros contra todo riesgo; iv) asumir el valor total o la
diferencia de cualquier costo que genere algún tratamiento, prótesis o
procedimiento de salud que no cubra el plan al que se encontraba afiliada la señora
Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera, exceptuando lo estético con fines de
embellecimiento; v) pagar dos empleadas domésticas al servicio de la señora
Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera; vi) pagar el plan mensual de la línea telefónica
móvil (celular) que tenía la señora Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera; vii) por una
única vez, efectuar las reparaciones locativas del mobiliario y electrodomésticos del
domicilio de la alimentada; viii) continuar suministrando anualmente seis pasajes
aéreos, idea y regreso para destinos nacionales acumulables, y uno con destino
internacional a Europa o América, ida y regreso; ix) continuar asumiendo los costos
tributarios a cargo de la señora Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera, tales como
declaraciones e impuestos dentro de los plazos fijados por las autoridades,
incluyendo las obligaciones de la sociedad Torremón S en C en la que la alimentada
es socia gestora; ix) asumir el costo del seguro por todo riesgo del patrimonio, x)
pagar las cuotas de sostenimiento del Club El Nogal de la señora Yomaira Yaneth
Monsalvo Cabrera y, xi) en el plazo de tres años, entregar un local comercial a la
señora Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera.

6

Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

Las contratantes, de igual manera, pactaron que los valores acordados serían
incrementados todos los días 1° de enero de cada año conforme al 150% del IPC.

4) Después de firmarse el anterior acuerdo, el señor Euclides Antonio Torres
Romero en tres oportunidades diferentes acudió a la justicia y solicitó la
exoneración de la cuota alimentaria.

En la primera oportunidad la demanda correspondió al Juzgado Catorce de Familia
del Circuito Judicial de Bogotá, quien negó las pretensiones; en la segunda ocasión
no se continuó el trámite por estimar que no era procedente el proceso de
exoneración de alimentos y, la tercera vez, la demanda correspondió al Juzgado
Segundo de Familia del Circuito Judicial Bogotá, quien la admitió.

5) El Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de Bogotá en providencia
del 30 de septiembre de 2016 exoneró al señor Euclides Antonio Torres Romero de
continuar suministrando a la señora Yomaira Yaneth Monsalvo la cuota alimentaria
pactada en la escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad conyugal
no. 163 del 6 de febrero de 2008, otorgada en la Notaría Séptima de Bogotá.

6) En la referida decisión se incurrió en error jurisdiccional, por cuanto, i) se
desconocieron los elementos probatorios, ii) se desconoció la validez legal y
constitucional del negocio jurídico celebrado entre las partes y se privó a la señora
Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera de la contraprestación a la cual tenía derecho
de manera vitalicia; iii) consideró que la aquí demandante contaba para su
subsistencia del mínimo vital para vivir dignamente y, iv) los alimentos debidos no
eran por ley sino por un acuerdo de voluntades, el cual no podía ser desconocido,
en especial si se considera que las partes acordaron que aquel se debía ejecutar
de manera incondicional, vitalicia e ininterrumpida y no debía ser objeto de
restricción o cuestionamiento alguno.

3. Contestación de la demanda

1) Por auto del 11 de diciembre de 2018 se admitió la demanda y se ordenó la
notificación personal de la entidad demandada (fls. 33 a 36 cdno. ppal.).

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Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

2) A través de escrito presentado el 29 de mayo de 2019 (fls. 49 a 60 cdno. ppal.),
la Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda por
considerar que no existió error jurisdiccional, pues, la decisión adoptada por el
Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de Bogotá atendió las pruebas
aportadas en el proceso de exoneración de cuota alimentaria, así como también las
normas y jurisprudencia que regulaban el caso, tanto así que la señora Yomaira
Yaneth Monsalvo Cabrera presentó acción de tutela en contra de la decisión del 30
de septiembre de 2016, la cual fue negada por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en providencia del 25 de enero de 2017, y
en la cual se mencionó que la sentencia adoptada por el juez de familia estuvo
acorde con el ordenamiento jurídico. Propuso como excepción la culpa exclusiva
de la víctima, por cuando la aquí actora en el proceso de exoneración de alimentos
no solicitó pruebas que acreditaran su necesidad alimentaria ni desvirtuó que las
condiciones de su excónyuge cambiaron.

4. La sentencia impugnada

En sentencia del 3 de marzo de 20235 la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
por las siguientes razones:

1) La Corte Constitucional en varias oportunidades ha referido que la obligación
alimentaria es una prestación económica de carácter civil que, en virtud del principio
de solidaridad que rige las relaciones entre los particulares, se debe entre dos
personas naturales, mediante la cual una persona exige emolumentos o asistencias
necesarias para su subsistencia cuando no se encuentre en las condiciones para
procurárselos por sí misma.

2) El derecho de solicitar alimentos deviene de la ley; sin embargo, también puede
tener origen en un acto jurídico, esto es, por convención o testamento y, tratándose
de cónyuges, cuando se decreta el divorcio, los deberes y derechos de alimentos
desaparecen cuando las circunstancias que dieron origen al reclamo se extinguen,
esto es, cuando la situación económica del alimentado o alimentante cambió, bien

5 Índice 58 SAMAI de la primera instancia.

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Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

sea porque el primero adquirió la capacidad económica para costear su propia
subsistencia o porque el segundo desmejoró su situación a tal manera que le es
imposible proporcionar alimentos sin perjuicio de su propio bienestar.

3) En el proceso de la referencia está acreditado que si, bien entre los excónyuges
Euclides Antonio Torres Romero y Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera se pactaron
alimentos en favor de esta última, el señor Torres Romero presentó una solicitud
de exoneración de alimentos por cuanto su realidad económica cambió y le era
imposible continuar pagando una mensualidad de treinta millones de pesos
($30.000.000) cuando sus ingresos se limitaron a ocho millones de pesos
mensuales ($8.000.000).

4) El Juzgado Segundo de Familia de Bogotá valoró las pruebas aportadas por las
partes y en la audiencia del 30 de septiembre de 2016 exoneró al señor Euclides
Antonio Torres Romero de continuar con la cuota alimentaria por cuanto i) aquel
demostró que su realidad económica cambió y, ii) la señora Yomaira Monsalvo
tenía solvencia económica y no necesitaba de los alimentos de su excónyuge.

5) Inconforme con la anterior decisión, la aquí demandante promovió una acción de
tutela por estimar que la sentencia fue equivocada, la acción constitucional fue
conocida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
quien negó las pretensiones, pues, la providencia cuestionada fue debida y
suficientemente motivada.

6) La revisión de la decisión del juez de familia da cuenta que esta fue razonada y
fundamentada en las pruebas que se aportaron en el proceso de exoneración de
alimentos, no fue contraria a derecho y, por ende, no se acreditó la existencia del
error jurisdiccional aducido en la demanda de este proceso de reparación directa.

5. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación6 en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia impugnada con los siguientes argumentos:

6 Índice 63 SAMAI de la primera instancia.

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Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

1) El tribunal de primera instancia se fundamentó en normas no aplicables al caso
particular; pues, una cosa es la ley que se refiere a los alimentos necesarios entre
excónyuges y otra diferente es el negocio jurídico pactado entre las partes, el cual
no podía ser desconocido.

2) Los excónyuges en el momento de cesar los efectos civiles del matrimonio
católico acordaron que el señor Euclides Antonio Torres Romero se quedaba con
los activos e ingresos de las sociedades comerciales que representaban el 90% del
patrimonio de la sociedad conyugal y, en contraprestación, la señora Yomaira
Yaneth Monsalvo recibía de manera vitalicia una cuota periódica a título de
alimentos.

3) El juez de familia desconoció el contrato suscrito entre los excónyuges, por lo
cual se configuró un error jurisdiccional, toda vez que: i) el artículo 1602 del Código
Civil dispone que los contratos legalmente celebrados son una ley para las partes
y no pueden ser invalidados sin su consentimiento mutuo o por causas naturales;
ii) no era viable despojar a la aquí demandante de la cuota periódica pactada en el
contrato y, contrario a lo dicho por el juzgado, no se debía demostrar la necesidad
de los alimentos; iii) los alimentos pactados entre las partes no eran los necesarios,
sino los congruos y al juez le estaba vedado inmiscuirse en aquellos; iv) existió falta
de competencia, el Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de Bogotá
dictó la decisión pese a existir cosa juzgada, volvió a estudiar la exoneración de la
cuota alimentaria que ya había sido analizada por el Juzgado Catorce de Familia
del Circuito Judicial de Bogotá y, v) el Juzgado Catorce de Familia era quien debía
estudiar el caso de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 390
del Código de Procedimiento Civil.

6. Actuación surtida en segunda instancia

El 6 de octubre de 2025 se admitió el recurso de apelación7 y el 28 de octubre de
2025 ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto
en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 20218.

7 Índice 7 SAMAI.
8 Índice 14 SAMAI.

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Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

En esta oportunidad procesal el representante del Ministerio Público rindió
concepto9 en el cual pidió confirmar la sentencia impugnada por considerar que la
decisión del Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de Bogotá estuvo
debidamente fundamentada y ajustada a la ley, pues, contrario a lo sostenido por
la demandante, independientemente de que se tratara de una obligación
alimentaria originada en un contrato, era pasible de ser modificada o extinguida
siempre y cuando hubieran variado las circunstancias que la causaron; en ese
orden, los argumentos de la recurrente corresponden a motivos de inconformidad
con la decisión que, en modo alguno, dan cuenta de un error subjetivo, caprichoso
y violatorio del debido proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna10, corresponde a la Sala determinar
si en el presente caso la Nación – Rama Judicial es patrimonial y
extracontractualmente responsable por la decisión proferida el 30 de septiembre de
2016 por el Juzgado Segundo de Familia de Bogotá mediante la cual se exoneró al

9 Índice 13 SAMAI.
10 La Sección Tercera de la Corporación ha establecido, en los eventos en que se reclama la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por error jurisdiccional, que el término de
caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia
judicial acusada de incurrir en error (Al respecto, véanse, entre otras providencias, auto del 14 de
agosto de 2013, expediente 46.124, MP Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 22 de noviembre de
2022, expediente 48.535, MP Martín Bermúdez Muñoz).
La demandante acusa de error jurisdiccional a la providencia proferida en audiencia del 30 de
septiembre de 2016, dentro del proceso de única instancia de exoneración de alimentos, la cual fue
notificada en estrados y, por ende, cobró firmeza en esa misma fecha (fl. 143 cdno. ppal.).
En consecuencia, la parte actora contaba en principio hasta el 1° de octubre de 2018 para incoar el
medio de control de reparación directa, no obstante, los términos quedaron suspendidos entre el 28
de septiembre de 2018 al 15 de noviembre del mismo año mientras se surtió la audiencia de
conciliación prejudicial (fl. 31 cdno. ppal.) y se reanudaron el 16 de noviembre de 2018, misma fecha
en la cual se radicó la demanda de la referencia, por lo cual esta se formuló dentro del término de
dos años previsto por el literal i numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

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Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

señor Euclides Antonio Torres Romero de la cuota alimentaria contenida en la
escritura pública no. 168 de la Notaría Séptima del Círculo de Bogotá, pactada en
favor de Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera.

La sentencia de primera instancia será confirmada por ser denegatoria de las
pretensiones, debido a que en el presente caso no se demostró el error
jurisdiccional alegado por la parte demandante.

2. Análisis de la impugnación

2.1 La responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por la
actividad jurisdiccional

1) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia, define la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los
que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que lo contienen son
las siguientes:

“ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los
eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de
la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una
providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”.

Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) contra la cual
el interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.

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Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

2) Al respecto, la Sala precisa que el medio de control judicial de reparación directa
resulta procedente para abordar el estudio de la responsabilidad patrimonial del
Estado por error jurisdiccional, debido a que i) la decisión adoptada en única
instancia por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de Bogotá en la
sentencia del 30 de septiembre de 2016 se produjo en ejercicio de la función
jurisdiccional conferida por el artículo 116 de la Constitución Política y la Ley 270
de 1996 y, ii) contra la referida decisión no cabían recursos, se dictó en estrados y
alcanzó su ejecutoria en la misma fecha.

3) En cuanto corresponde al último requisito, esto es, que se trate de una
providencia contraria a la ley, la Sala observa que este no se encuentra acreditado,
como se explica a continuación.

2.2 Inexistencia de error jurisdiccional

1) En primer lugar, es preciso tener en cuenta que el error jurisdiccional se concreta
en “una decisión contraria a derecho, ya sea que se advierta en el campo de las
pruebas -error de hecho- o que provenga de aplicaciones normativas indebidas -
error de derecho-”11; se trata de falencias en las que se incurre en providencias
judiciales al punto de contraponerse al ordenamiento jurídico. Esta Sección de
tiempo atrás lo ha definido así: “el error judicial que da lugar a la reparación es toda
disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema
de la decisión”12.

2) La parte demandante alega que no se debió exonerar de alimentos al señor
Euclides Antonio Torres Romero, pues, estos eran alimentos congruos y no
necesarios y -en criterio de la actora- no podían ser analizados por el juez de familia
porque estaban pactados en un contrato que no admitía ningún tipo de revisión;
asimismo, el juez carecía de competencia para revisar los alimentos y sobre los
cuales, aduce, existía cosa juzgada.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019,
expediente 38.229, MP Ramiro Pazos Guerrero.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128,

MP Ramiro Saavedra Becerra.

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Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

3) Sobre el particular, como ya fue anunciado, la Sala advierte que no se acreditó
la existencia del error jurisdiccional.

4) En efecto, de conformidad con las pruebas aportadas en el expediente se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la definición de la
controversia:

a) A través de escritura pública no. 163 del 6 de febrero de 2008 de la Notaría
Séptima de Bogotá los señores Yomaira Yaneth Monsalvo de Torres y Euclides
Antonio Torres Romero de mutuo acuerdo cesaron los efectos civiles de su
matrimonio religioso, liquidaron la sociedad conyugal y acordaron una obligación
alimentaria en cabeza del señor Euclides Antonio Torres Romero y en favor de su
excónyuge Yomaira Yaneth Monsalvo de Torres (fls. 98 a 123 cdno. ppal. 1).

b) En el citado documento público las partes manifestaron que el patrimonio de la
sociedad conyugal se encontraba conformada solo por los siguientes bienes: i) el
apartamento 303 de la Torre C del edificio Torres de Calabria ubicado en la ciudad
de Barranquilla; ii) el garaje 118 del edificio Torres de Calabria, iii) el vehículo
automóvil Mercedes Benz modelo 2001, iv) 4.665 acciones de la sociedad
interconexión eléctrica SA ESP ISA, v) 15.000 acciones de la ETB, vi) $60.000.000
en la fiducia Colpatria, vii) acciones en Ecopetrol por valor de $9.800.000 y, viii) el
noventa por ciento de la sociedad Torremon S en C, de modo que el activo total de
del patrimonio conyugal sumaba $202.103.768, los cuales fueron adjudicados en
su totalidad a la señora Yomaira Yaneth Monsalvo de Torres.

c) En relación con la obligación alimentaria, los excónyuges acordaron lo siguiente:

“8. Entre los suscritos hemos determinado que el cónyuge señor Euclides
Antonio Torres Romero contrae la obligación alimentaria para con la
señora Yomaira Yaneth Monsalvo e Torres, la cual se ejecutará de
manera incondicional, vitalicia e ininterrumpida y no será objeto de
restricción o cuestionamiento alguno. Este acuerdo se compone de los
siguientes elementos:

8.1 Rige a partir del 1° de enero de 2007, renunciando voluntariamente
la alimentaria a las diferencias insolutas de los años anteriores.

8.2 A título de mesada ordinaria, dentro de los cinco primeros días de
cada mes, cancelará la suma de dieciocho millones de pesos
($18.000.000)

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Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

8.3 A título de mesada extraordinaria, cancelará, igualmente dentro de
los cinco primeros días de los meses de junio y de diciembre de cada
año, una cuota de dieciocho millones de pesos ($18.000.000).

8.4 El alimentante renovará, a partir de la firma del presente acuerdo y
cada cuatro años el vehículo de propiedad de la alimentaria por uno de
igual categoría al BMW-modelo 330i que se toma como base en este
momento, incluyendo los respectivos seguros contra todo riesgo, a favor
de la misma alimentante.

8.5 Asumirá el valor total o la diferencia de cualquier costo que genere
algún tratamiento, protésis o procedimiento para asegurar su calidad de
vida, que no cubra el plan al que se encuentra afiliada la alimentaria,
exceptuando lo estético con fines de embellecimiento.

8.6 Continuará atendiendo el costo laboral de las dos empleadas
domésticas al servicio de la alimentaria.

8.7 continuará asumiendo el costo de una línea telefónica móvil (celular)
en igualdad de condiciones a la 311-2314238, de la que dispone en este
momento en plan cerrado.
Cualquier costo adicional generado por cambio de plan o uno de superior
costo será asumido por la alimentaria.

8.8 Por una única vez, efectuará las reparaciones locativas del mobiliario
y electrodomésticos, bajo la coordinación de nuestra hija Katty Torres
Monsalvo, iniciando esta tarea a partir del 1° de febrero del año 2008.

8.9 Continuará suministrando anualmente seis pasajes aéreos, ida y
regreso para destinos nacionales, acumulables, previa solicitud con
treinta días de antelación y uno para destino internacional, a Europa o
América, igualmente, ida y regreso, acumulable, previa solicitud con
noventa días de anticipación. En caso de fuerza mayor o caso fortuito se
suministrarán en forma inmediata.

8.10 Continuará asumiendo los costos tributarios, tales como elaboración
de declaraciones y pago de impuestos, dentro de los plazos fijados por
las autoridades del orden nacional, departamental, distrital o municipal,
sobre el patrimonio adjudicado dentro de esta liquidación de la sociedad
conyugal, así se encuentre total o parcialmente en cabeza de la
alimentaria, bien sea a título personal o como aporte en sociedades. En
igual forma asumirá estas obligaciones tributarias de Torremon S en C,
en la que la alimentaria es socia gestora, con base en el patrimonio que
posee actualmente la citada sociedad y adicionado con el patrimonio
adjudicado a la alimentaria a través de la liquidación de esta sociedad
conyugal.

8.11 Asumirá el costo del seguro por todo riesgo de todo el patrimonio
incluido dentro de esta actuación.

8.12 Asegurará la conservación de los derechos de la alimentaria en el
club El Nogal, cancelando las cuotas de sostenimiento y solo quedará a
cargo de la alimentaria el valor del consumo, el cual se deducirá de la
cuota mensual.

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Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

8.13 Por una única vez, suministrará, con título traslaticio de dominio a
nombre de la alimentaria y por conducto de las personas jurídicas Luces
del Valle SA, Luces de Santander SA ese, y GPS Consultores SA, dentro
de un plazo máximo de tres años, un local comercial, cuyas
especificaciones se definirán a través de nuestros hijos (…).

8.14 Esta obligación, de manera total o parcial, podrá deducirse de una
pensión de jubilación que a futuro pueda percibir como ingreso la
alimentaria, siempre y cuando los aportes sean efectuados por el
alimentante.

8.15 Estos valores serán incrementados anualmente a partir del primero
de enero de cada año en el equivalente al ciento cincuenta por ciento del
índice de precios al consumidor.

8.16 Todo lo relacionado con pago de sumas de dinero se efectuarán por
parte del cónyuge Euclides Antonio Torres Romero de manera directa a
través de las sociedades Luces del Valle SA, Luces de Santander SA
ESP y GPS Consultores SA en cabeza de nuestros hijos (…).

8.17 Los citados pagos a la cónyuge Yomaira Yaneth Monsalvo de Torres
se efectuarán de manera directa o a través de la persona jurídica que ella
indique en su momento.

8.18 únicamente, de común acuerdo y mediante documento escrito, se
podrán modificar los plazos y condiciones establecidos en el presente
acuerdo.” (fls. 105 a 108 cdno. ppal.).

d) El 20 de mayo de 2016, ocho años después de haberse suscrito la citada
escritura pública, el señor Euclides Antonio Torres Romero promovió un proceso
verbal sumario de exoneración de cuota alimentaria en contra de Yomaira Yaneth
Monsalvo Cabrera, pues, afirmó que si bien es cierto que contrajo una obligación
alimentaria que sobrepasaba los treinta millones de pesos mensuales
($30.000.000) no lo era menos que: i) asumió los pasivos que gravaban la sociedad
conyugal; ii) aparte de la escritura pública, con su excónyuge suscribió un
documento privado de aclaración en el cual se explicitó que el apartamento 601 del
interior 8 de la urbanización Monteloma ubicado en la ciudad de Bogotá quedaría a
nombre de aquella y que el aporte de capital en las sociedades Luces del Valle SA,
Luces de Santander SA ESP, GPS Consultores y demás que poseyera la familia
quedaría a nombre de los tres hijos del hogar -ya mayores de edad-, mientras que
él asumía la gestión de dicho capital; iii) su situación económica cambió al punto
que incumplió varias de las obligaciones a las cuales se había comprometido; iv)
para el momento del divorcio, sus ingresos eran altos; sin embargo, en la actualidad
dependía exclusivamente de las ganancias generadas como administrador,
representante legal o asesor de varias empresas, de las cuales no era socio o

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accionista; aspecto que se evidenciaba en sus declaraciones de renta y en las
cuales se podía apreciar que sus ingresos mensuales no superaban los doce
millones de pesos ($12.000.000), aspecto que le impedía seguir asumiendo una
obligación mensual de treinta millones de pesos ($30.000.000); v) después de su
divorcio volvió a casarse, por lo cual tenía obligaciones para con su cónyuge actual;
vi) la señora Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera no solo mantuvo el patrimonio que
le quedó después de la disolución de la sociedad conyugal, sino que, incluso lo
incrementó y recibe arriendos y ganancias; de manera que, tiene capacidad
económica y dispone de medios necesarios para subsistir y cubrir sus necesidades,
tal como se evidencia en los certificados y documentos que adjuntaba y, vi) ante la
dificultad para cumplir con la cuota alimentaria, el 24 de enero de 2014 convocó a
su excónyuge a una audiencia de conciliación ante la procuraduría, la cual fracasó
por no asistir ánimo conciliatorio (fls. 208 a 228 cdno. 3 pruebas).

e) La anterior demanda fue conocida por el Juzgado Segundo de Familia del
Circuito Judicial de Bogotá en Oralidad (fl. 229 cdno. 3 pruebas), quien luego de
dar el respectivo trámite, en audiencia del 30 de septiembre de 2016 dictó sentencia
de exoneración de alimentos en favor del señor Euclides Antonio Romero, pues
este último acreditó que sus ingresos disminuyeron y no podía continuar con la
cuota alimentaria; en concreto, el juzgado señaló lo siguiente:

“El Código Civil en sus artículos 411 y siguientes regula las obligaciones
alimentarias y específicamente en su artículo 422 Ibidem hace referencia
a la duración de la obligación alimentaria, estableciendo que se
mantiene hasta tanto continúen las circunstancias que legitimaron la
demanda, para el caso concreto la escritura pública número 163
contentiva del divorcio, cesación de efectos civiles del matrimonio
religioso y liquidación de la sociedad conyugal con
acuerdo de obligaciones alimentarias, suscrita el 6 de febrero de 2008
ante la Notaría Séptima de Bogotá, Distrito Capital, que contiene el pacto
de voluntades sobre la liquidación de la sociedad conyugal y la
mensualidad alimentaria a favor de la demandada Yomaira Yaneth
Monsalvo y para acceder a las pretensiones invocadas, debe el
interesado prodigar al juzgado de los elementos necesarios para
entenderse que han cambiado de forma sustancial las circunstancias que
llevaron a fijar o pactar la cuota alimentaria; de no explicarse ello, lo
peticionado no podría tener una respuesta favorable (…).

El demandante, entre otros, basa su petición de exoneración de la cuota
alimentaria en el hecho de que cuando adquirió la obligación alimentaria
lo hizo con la convicción de recibir honorarios cuantiosos y se sentía en
la capacidad de cumplir porque superaba la expectativa
de sus ingresos presentes y futuros del año 2008, puesto que la
productividad e ingresos depende exclusivamente de la rentabilidad y

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prosperidad económica que tuviese en las empresas, de las cuales
percibe unas utilidades por dicha gestión como administrador,
representante legal o asesor de las mismas, delegación que se le hizo
porque percibía unos honorarios considerables, con la salvedad de que
de ninguno o de ninguna es socio o accionista y las que ya no cumple a
cabalidad, la cuota sobrepasa los treinta millones de pesos (…).

De las declaraciones de renta, fácil es concluir que si bien el demandante
inicialmente tuvo unos ingresos con honorarios, comisiones y servicios,
estos fueron teniendo una variación fluctuante variante, hasta el punto de
vislumbrar una reducción importantísima y considerable, menguando
dichos ingreso; confirmación asertiva y severa puesta por los testigos
señores Alberto Guillermo Martínez Durán y Edgardo Noguera Mendoza,
quienes desempeñándose como revisor fiscal y contadores públicos,
fueron contundentes en afirmar sobre la situación económica del
demandante, la que inicialmente era próspera y abundante, pero en el
transcurrir del tiempo se redujeron de acuerdo con sus exposiciones
contenidas en esta audiencia, los certificados de existencia y
representación obrantes a folio 197 de la empresa ETR y Compañía
Asociados, sociedad en comandita, renovado en 28 de enero de 2015,
prueba que no tienen cuotas y valor nominal de ellas (…).

El demandante en su interrogatorio de parte fue enfático y reiterativo en
afirmar que no tiene contrato vigente con las empresas mencionadas, no
tiene ningún vínculo ni representación de la que en otrora tuvo. El único
tipo de ingreso lo recibe de la empresa Symmetris SA a la cual continúa
vinculado prestando sus servicios, de la cual recibe honorarios; ratificó su
interrogatorio con el testimonio del revisor fiscal y contador, cuando
afirmaron que los únicos ingresos los recibe de la empresa Symmetric SA
(…).

Contrario del demandante, la demandada no allegó
ninguna prueba testimonial ni documental que enrostrarle a quien se le
predica la exoneración de la cuota alimentaria para desvirtuar el hecho
de continuar siendo merecedora de los alimentos, se detuvo en aportar
pruebas de años muy anteriores a la presentación de la demanda; no le
probó al juzgado que su situación económica y su patrimonio habían ido
en detrimento en años tras año, que su capacidad económica no le
permitiría cubrir las obligaciones a las que se comprometió su
demandante. Por el contrario, el hecho de ser quien pagó la hipoteca para
liberar el apartamento, recibir arriendos, mantener al día el leasing
habitacional, cumplir la medicina prepagada junto con la de sus hijas le
lleva la certeza al juzgado de una capacidad económica que le permite
vivir en el estrato social a que estaba acostumbrada a vivir cuando era
esposa. Por el contrario, el hecho de haber demandado al demandante
para el cobro de los alimentos adeudados y a que el demandante no haya
podido cumplir con los compromisos adquiridos en la escritura de
liquidación de la sociedad conyugal, sí le prueba a esta audiencia de su
capacidad económica y el detrimento de la capacidad solvencia
económica del demandante.

La obligación alimentaria no es una que difiera de las demás
de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma
jurídica y una situación de hecho contemplada en ella como supuesto
capaz de generar consecuencias en derecho. La obligación alimentaria
aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros
más cercanos de una familia y tiene por finalidad la subsistencia de

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quienes son sus beneficiarios. El deber de asistencia alimentaria se
establece sobre los requisitos y la necesidad del beneficiario, la
capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus
parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. Si
bien los ingentes esfuerzos desplegados por el apoderado que la
representó en esta audiencia para demostrar que sí debe continuar
percibiendo la cuota alimentaria del demandante no fueron suficientes se
dijo, no le llevaron al juzgado la certeza de continuar percibiendo, no le
probó al juzgado sus necesidades alimentarias, por el contrario, ella
misma le refirió a la audiencia que no eran los alimentos necesarios los
que requería, sino por el estatus social de estrato 6 (…).

La Corte Constitucional recalcó la relevancia constitucional de los
alimentos al señalar el reconocimiento y concreción de las obligaciones
alimentarias y su realización material se vincula con la necesaria
protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución
básica o núcleo fundamental de la sociedad y con la efectividad y vigencia
de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la
medida en que el cumplimiento de aquellos sea necesario para asegurar,
en ciertos casos, la vigencia de los derechos fundamentales de las
personas al mínimo vital o a derechos de la misma estirpe, en favor de
los niños, de las personas de la tercera edad o de quienes se encuentren
en condiciones de marginación o debilidad manifiesta. La legislación civil,
en atención al principio de la solidaridad que traduce en el deber de
ayudar mutuamente entre los cónyuges, implica que se deben alimentos
cuando hacen vida en común, cuando existe una separación de hecho,
los cónyuges separados de hecho o de cuerpos o judicialmente
entretanto se mantengan sin hacer vida marital con otra persona,
conservan el derecho a los alimentos. En caso de divorcio, cuando el
cónyuge separado no es culpable.

Para este caso se presentan las siguientes: el demandante es casado,
contrajo nuevas nupcias, los alimentos pactados lo fueron de manera
mutua, no por culpabilidad probada, enrostrada o demostrada en un
estrado judicial Los alimentos no fueron producto de un vencimiento
judicial, no son los necesarios la parte pasiva cuenta para su subsistencia
del mínimo vital para vivir dignamente los alimentos para una persona
mayor de edad son exigibles si la persona no puede subsistir por sus
propios medios y el alimentante elude su responsabilidad. En este caso,
como se dijo y quedó probado que la situación económica del
demandante sí varió, que la demandada puede subsistir por sus propios
medios, que tiene obligaciones y las cubre, pues que no arribó al proceso,
prueba en contrario y que sí efectuó donaciones a sus hijos, ellos no la
empobrecieron, porque de lo contrario hubiera ido en busca de
mecanismos idóneos para resarcir el daño (…).

Al demandante no se le prueban bienes que le hayan quedado de la
sociedad conyugal liquidada por la escritura pública mencionada, en la
contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión no ha dicho
ni una palabra, no probó la demandada que de la sociedades
relacionadas, le producen a favor de su demandante renta que le permita
continuar suministrándola cuota alimentaria, por el contrario,
al decir de los contadores que declararon en esta audiencia y del mismo
actor, sus ingresos ascienden entre 8 a 10 o 12 millones de pesos
mensuales, a todas luces desventajosa para el actor, quien se ve
abocado a un incumplimiento forzoso por no contar con bienes que le
generen una rentabilidad mensual muy superior a la cuota alimentaria,

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que para el presente año es un poco más de 30 millones de pesos y que
en este paso sin contar con un patrimonio, unos ingresos que le permitan
cubrir dicha obligación, el deudor de dichos alimentos pronto no tendrá
para cubrirlos y al parecer no tiene para cubrirlos, pues la misma
demandada en su interrogatorio refirió que la deuda asciende a más de
300 millones de pesos y la declaración de renta de los últimos dos o tres
años del demandante, prueban que los frutos percibidos de su profesión
en asesorías como los honorarios ya no son suficientes altos para
permitirle continuar suministrando la cuota alimentaria incrementada al
día de hoy en más de 30 millones de pesos, quien ya no es
su esposa ni compañera en el día de hoy, por el contrario tiene una nueva
obligación con una actual esposa como lo refirió en actuación que juega
papel en contra de la mandada que hacen que la excepción denominada
cosa juzgada, temeridad no prospere (…).”.

f) La aquí demandante promovió un proceso de acción de tutela contra la anterior
decisión por considerar que se vulneró el debido proceso, toda vez, a su juicio, i) el
juez de familia desconoció que la obligación alimentaria no obedece a lo estipulado
en la ley -relacionado con los alimentos necesarios-, sino que, se trata de un
negocio jurídico celebrado entre los excónyuges y, ii) se configuró el fenómeno de
la cosa juzgada.

g) La mencionada acción de tutela fue conocida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien en sentencia del 25 de enero de 2017
la denegó por considerar que: i) no se vulneró el derecho del debido proceso y, ii)
la decisión dictada el 30 de septiembre de 2016 fue debida y suficientemente
motivada; el juzgado, luego de analizar las pruebas obrantes en el proceso exoneró
al señor Euclides Antonio Romero de continuar con la cuota alimentaria a la cual se
había comprometido, pues, aquel acreditó que sus circunstancias cambiaron,
mientras que la alimentada podía subsistir por sus propios medios (fls. 65 a 70
cdno. ppal.).

5) A partir del anterior contexto probatorio, la Sala encuentra que no se configuró el
error jurisdiccional invocado como fundamento de la demanda de este proceso
contencioso administrativo de reparación directa, supuestamente configurado
deprecado en la decisión del 30 de septiembre de 2016 emitida en su momento por
el Juzgado Segundo de Familia de Bogotá.

6) En efecto, la Corte Suprema de Justicia refiere que el derecho de alimentos “es
entendido como el poder de voluntad de una persona, llamada alimentaria

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(acreedor), que faculta para exigirle a otra, denominada alimentante (deudor), los
medios para su congrua o necesaria subsistencia, cuando no los puede proveer por
cuenta propia. Su fuente de ordinario es la misma ley, aunque también puede tener
origen en el testamento, en la donación entre vivos; en fin, en el acto jurídico o en
el hecho jurídico en sentido lato”13.

7) En ese sentido, la obligación alimentaria es un deber jurídico impuesto a una
persona para asegurar la subsistencia de otra, deber que puede provenir de la ley,
de una convención (contrato) o de testamento, además, los alimentos pueden ser
necesarios o congruos.

8) En relación con estos últimos, el artículo 413 del Código Civil dispone que los
alimentos congruos son aquellos que habilitan al alimentado para subsistir de un
modo correspondiente a su posición social, mientras que los necesarios solo dan
lo indispensable para la subsistencia.

9) La Corte Constitucional en la sentencia C-237 de 1997 manifestó que la
obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles y se sustenta en
dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del
deudor, quien debe ayudar a sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su
propia existencia.

10) Dichos requisitos son aplicables a los alimentos congruos como a los
necesarios, los cuales pueden ser revisados por el juez competente cuando varían
las condiciones que le dieron orden; en otras palabras, la obligación de alimentos
se tiene por toda la vida del alimentado mientras se conserven las circunstancias
que dieron origen a ella y su reclamación puede efectuarse en cualquier tiempo14.

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de diciembre de 2017,

expediente no. SC21761-2017, número de radicación 11001-31-03-043-2007-00691-01, MP Luis
Armando Tolosa Villabona.
14 “El alimentante no puede ser obligado a pagar una suma desproporcionada dada su condición

socio-económica y sus ingresos, sin perjuicio de que la cuantía de los alimentos evolucione con los
cambios en la capacidad económica». Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
«la obligación alimentaria se supedita al principio de proporcionalidad, en cuanto consulta la
capacidad económica del alimentante, y la necesidad concreta del alimentario»” Corte
Constitucional, sentencia T-303 del 10 de agosto de 2023, MP. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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11) Lo antedicho también ha sido expuesto por la Corte Suprema de Justicia, así15:

“(…) se ha establecido legal y jurisprudencialmente que para tipificar
el deber de asistencia alimentaria se requiere: «i) la necesidad del
beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la
subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de
su propia existencia» (C-388/00, C-994/04 y C-727/15), a lo que se
suma, para su consecución, la existencia del vínculo jurídico entre
alimentante y alimentario, que, como ya se anotó, está ligado a la
legitimación en la causa.

Por su parte, el artículo 422 del Código Civil advierte que los alimentos
se entienden «para toda la vida del alimentario, continuando las
circunstancias que legitimaron la demanda», por lo que proceden las
acciones para modificar y exonerar el pago de dicha obligación. En lo
atinente a la tasación el precepto 423 de la citada compilación señala,
que «[e]l juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los
alimentos», para lo cual deberá tener en cuenta «las facultades del
deudor y sus circunstancias domésticas», así como que «[l]os
alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la parte en
que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para
subsistir de un modo correspondiente a su posición social o para
sustentar la vida» (artículos 419 y 420 ibidem) – negrillas de la Sala.

12) En el caso de la referencia, los señores Yomaira Yaneth Monsalvo de Torres y
Euclides Antonio Torres Romero mediante escritura pública no. 163 de 6 de febrero
de 2008 de la Notaría Séptima de Bogotá, de mutuo acuerdo, cesaron los efectos
civiles de su matrimonio religioso y acordaron una obligación alimentaria en cabeza
del señor Euclides Antonio Torres Romero y en favor de su excónyuge.

13) Unos años después, el señor Euclides Antonio Torres Romero solicitó la
exoneración de la cuota alimentaria, pues, adujo que sus condiciones económicas
cambiaron ostensiblemente, mientras que la alimentada podía subsistir y continuar
manteniendo su estilo de vida, por cuanto su patrimonio se había incrementado.

14) El Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de Bogotá en Oralidad
luego de valorar de manera razonada las pruebas aportadas en el proceso verbal
sumario exoneró de alimentos al señor Torres Romero, pues, aquel acreditó que
sus ingresos no superaban los doce millones de pesos mensuales ($12.000.000) y
que se encontraba imposibilitado de seguir con una cuota mensual de treinta
millones de pesos ($30.000.000), además de tener un nuevo hogar.

15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, sentencia del 15 de diciembre

de 2023, expediente no. 08001-22-13-000-2023-00671-01, STC16796-2023, MP Luis Alonso Rico
Puerta.

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Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

15) El juez de familia, de igual manera, refirió que mientras los ingresos del
alimentante disminuyeron, la alimentada podía continuar su subsistencia con el
patrimonio que obtuvo luego del divorcio, el cual incrementó con los años, además,
de contar con ingresos que le permitían satisfacer sus necesidades.

16) En ese sentido, se tiene que la decisión del Juzgado Segundo de Familia del
Circuito Judicial de Bogotá en Oralidad se fundamentó en las normas aplicables al
caso particular y no provino de una actuación desproporcionada o arbitraria, de
manera que no se configuró el error jurisdiccional predicado.

17) En relación con lo anterior, la aquí demandante en el recurso de apelación
afirmó que por el hecho de estar contenida la obligación alimentaria en un contrato
el alimentante no podía ser exonerado de dicho deber.

18) Sobre el particular, la Sala pone de presente que si bien la obligación
alimentaria surgió de un acuerdo entre los excónyuges, el mismo podía ser revisado
por el juez en el momento en que las circunstancias del señor Euclides Antonio
Torres Romero cambiaron, -tal como lo indicó el Juzgado Segundo de Familia de
Bogotá en la providencia del 30 de septiembre de 2016 proferida en el proceso de
exoneración de la cuota alimentaria, así como también la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la sentencia de del 25 de enero
de 2017 dictada en el proceso de tutela-, además, en el proceso de familia la señora
Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera no acreditó que debía seguir percibiendo los
alimentos que fueron pactados ni allegó ninguna prueba que desvirtuara que su
excónyuge estaba en una mejor condición económica16.

19) Asimismo, aunque en el recurso de apelación del expediente de la referencia la
aquí demandante manifestó que su excónyuge en el momento del divorcio conservó
en su haber todos los activos e ingresos de las sociedades comerciales que se
adquirieron en la matrimonio, lo cierto es que dicha circunstancia no fue acreditada

16 Como fue expuesto en apartes anteriores, los alimentos congruos pueden ser pactados por las

partes a través de convención (contrato) y pueden ser revisados por el juez de familia cuando cambia
la capacidad económica del alimentante y/o el alimentario(a) puede sostener las condiciones
económicas a las cuales estaba acostumbrado(a), en el caso objeto de análisis, el exesposo en el
proceso de familia demostró que no tenía capacidad económica para seguir con los alimentos
congruos, aspecto que no fue desvirtuado por la aquí demandante ni en aquel ni en el proceso de
la referencia.

23

Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

en el expediente de exoneración de alimentos -como tampoco en el presente
proceso- y, por el contrario, aquel demostró que sus ingresos se limitaban a las
utilidades que percibía como representante legal y asesor de algunas sociedades.

20) De igual manera, contrario a lo afirmado por la impugnante, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 2117 y 39018 del Código General del Proceso, el Juzgado
Segundo de Familia del Circuito Judicial de Bogotá era el competente para conocer
del proceso verbal sumario de exoneración de cuota de alimentos.

21) Finalmente, la demandante no demostró que se vulneró la cosa juzgada, toda
vez que, i) en el proceso de reparación directa de la referencia no se allegó ninguna
copia del expediente aducido por la parte actora y fallado por el Juzgado Catorce
de Familia del Circuito Judicial de Bogotá, aspecto que impide valorar la existencia
o no de la cosa juzgada y, ii) en todo caso, lo cierto es que, el Juzgado Segundo de
Familia del Circuito Judicial de Bogotá concluyó que no existió cosa juzgada porque
los alimentos podían volver a ser revisados -sin que en el plenario existan
elementos que desvirtúen dicha decisión-, aspecto también fue referido por el juez
constitucional de la acción de tutela.

22) Las precedentes razones conllevan a confirmar la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, pues, no se acreditó la existencia de un
error jurisdiccional.

3. Conclusión

Se confirmará la sentencia de primera instancia por ser denegatoria de
pretensiones, debido a que en el presente caso no se demostró el error
jurisdiccional alegado por la parte demandante.

17 “ARTÍCULO 21. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE FAMILIA EN ÚNICA INSTANCIA. Los

jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De la fijación,
aumento, disminución y exoneración de alimentos, de la oferta y ejecución de los mismos y de la
restitución de pensiones alimentarias.”
18 “ARTÍCULO 390. ASUNTOS QUE COMPRENDE. Se tramitarán por el procedimiento verbal

sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía, y los siguientes asuntos en consideración a
su naturaleza: (…) 2. Fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de
pensiones alimenticias, cuando no hubieren sido señalados judicialmente.”

24

Expediente 25000-23-36-000-2018-01060-02 (73.374)
Demandante: Yomaira Yaneth Monsalvo Cabrera
Reparación directa
Apelación de sentencia

4. Condena en costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en
forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia proferida el 3 de marzo de 2023 por la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora, tásense de
manera concentrada por el tribunal de primera instancia.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Presidente de Subsección

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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