Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00110-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00110-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00110-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de noviembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Demandantes: ALFONSO GÓMEZ RIVERA Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – HOMICIDIO
INTEGRANTE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA
Síntesis del caso: los actores solicitan indemnización de perjuicios por el homicidio del señor
Alfredo Ignacio Gómez Doria en hechos ocurridos el 17 de septiembre de 1988 en el municipio
de Remedios (Antioquia). La Sala revoca la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declara probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional1 en contra de la sentencia proferida el 24 de junio de 2021 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2 que
dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable
ÚNICAMENTE a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL por el fallecimiento del concejal por el partido político de la Unión
Patriótica en el municipio de Remedios Antioquia, Alfredo Ignacio Gómez Doria,
el día 17 de septiembre de 1988.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL a pagar a los demandantes,
por concepto de perjuicio moral, las sumas que a continuación se relacionan:
1. A Alfonso Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. A Carlos Alberto Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. A Darío Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. A Álvaro Enrique Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la
suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
5. A Óscar Mauricio Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la
suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
1 Documento “24”, índice 35 SAMAI de la primera instancia.
2 Documento “21”, índice 32 SAMAI de la primera instancia.
2
Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
6. A Luis Fernando Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
7. A Henry Alejandro Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la
suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
8. A Lina María Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes
9. A Neyla Cecilia Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
10. A Claudia Liliana Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
11. A Beatriz Elena Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
12. A Sandra Milena Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
13. A Diana Marcela Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
14. A Myriam Rivera de Gómez, cónyuge de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la
suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
15. A Juana Díaz Castro, compañera permanente de Alfredo Ignacio Gómez
Doria, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, a pagar a los demandantes,
por concepto de lucro cesante consolidado, las sumas que a continuación
se relacionan:
1. A Darío Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma de
NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($901.822.oo)
M/CTE.
2. A Álvaro Enrique Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la
suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS ($2’320.873.oo) M/CTE.
3. A Óscar Mauricio Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la
suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4’478.767.oo) M/CTE.
4. A Luis Fernando Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
de SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS ($6’595.829.oo) M/CTE.
5. A Henry Alejandro Gómez Rivera, hijo de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la
suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($8’227.874.oo) M/CTE.
6. A Lina María Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma de
OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
($8’109.172.oo) M/CTE.
7. A Neyla Cecilia Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($4’833.237.oo) M/CTE.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
8. A Claudia Liliana Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CATORCE PESOS ($5’898.514.oo) M/CTE.
9. A Beatriz Elena Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($13’462.946.oo) M/CTE.
10. A Sandra Milena Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($15’886.756.oo) M/CTE.
11. A Diana Marcela Gómez Díaz, hija de Alfredo Ignacio Gómez Doria, la suma
de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($19’491.818.oo) M/CTE.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CONDENAR por agencias en derecho la suma de CINCO
MILLONES DE PESOS ($5´000.000.oo) M/CTE, a favor de la parte
demandante, los cuales deberá pagar la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA
– POLICÍA NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones.
SEXTO: Por Secretaría de la Sección Tercera NOTIFICAR esta decisión (…).
SÉPTIMO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaría de la
sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes
devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por los
artículos 7 y 9 del Acuerdo N° 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.” (fls. 20 a 23 del PDF documento “24” índice
32 SAMAI de la primera instancia - negrillas y mayúsculas fijas del texto
original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 19 de febrero de 2019 (fl. 28 cdno. ppal.) y subsanado el 27
de marzo de 20093 (fls. 61 a 62 cdno. ppal.), los familiares del fallecido Alfredo Ignacio
Gómez Doria4 por intermedio de apoderado judicial promovieron el medio de control
jurisdiccional de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de
3 El escrito de subsanación fue para precisar la indemnización solicitada en favor de quienes demandan
en las condiciones de cónyuge y compañera permanente supérstites del señor Alfredo Ignacio Gómez
Doria.
4 Los demandantes que accionan por el deceso de Alfredo Ignacio Gómez Doria son: 1) Myriam Rivera de
Gómez, 2) Alfonso Gómez Rivera, 3) Carlos Alberto Gómez Rivera, 4) Darío Gómez Rivera, 5) Álvaro
Enrique Gómez Rivera, 6) Óscar Mauricio Gómez Rivera, 7) Luis Fernando Gómez Rivera, 8) Hénry
Alejandro Gómez Rivera, 9) Juan Díaz Castro, 10) Neyla Cecilia Gómez Díaz, 11) Claudia Liliana Gómez
Díaz, 12) Lina María Gómez Díaz, 13) Beatriz Elena Gómez Díaz, 14) Sandra Milena Gómez Díaz y 15)
Diana Marcela Gómez Díaz; asimismo, los señores Cristian Alberto Gómez Mesa, Daniela Gómez Osorio,
Mateo Gómez Osorio, Jónathan Gómez Osorio y Shírley Milena Gómez Mesa demandan en representación
de los perjuicios que se le causaron a su progenitor Luis Alberto Gómez Arango. Los nombres y apellidos
de los demandantes fueron escritos tal como aparecen en las notas de presentación de los poderes visibles
en folios 29 a 51 del cuaderno principal.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional (fls. 1 a 28 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:
“Primera: Que se declare la responsabilidad administrativa de las entidades
demandadas, es decir, LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA
NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, debidamente representado mediante
apoderado, por el daño antijurídico ocasionado con la muerte del señor
ALFREDO IGNACIO GÓMEZ DORIA, el día 17 de septiembre de 1988 en el
Municipio de Remedios Antioquia, a mis representados, teniendo en cuenta la
responsabilidad por acción y omisión en la que incurrió el Estado por medio de
las entidades demandadas.
Segunda: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, sírvase
reconocer y ordenar el pago a título de indemnización a favor de la señora
MYRIAM RIVERA DE GÓMEZ, en calidad de cónyuge, y en favor dela señora
JUAN DÍAZ CASTRO, en calidad de compañera permanente, por concepto de
daño material en su modalidad de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y
FUTURO, de conformidad con lo dictado en el artículo 1614 del Código Civil,
de acuerdo a los ingresos del señor ALFREDO IGNACIO GÓMEZ DORIA,
teniendo en cuenta su expectativa de vida y la actualización a la fecha, por un
valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($415.046.833). Suma que
se deberá actualizar hasta la fecha de sentencia.
Tercera: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, sírvase
reconocer y ordenar el pago por concepto de daño material en su modalidad de
LUCRO CESANTE, de conformidad con lo dictado en el artículo 1614 del
Código Civil, de acuerdo con los ingresos del señor ALFREDO IGNACIO
GÓMEZ DORIA, las siguientes sumas de dinero que deberán actualizarse
hasta la fecha de la sentencia:
Para el señor DARÍO GÓMEZ RIVERA, en calidad de hijo, el valor de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE
($659.512).
Para el señor ÁLVARO ENRIQUE GÓMEZ RIVERA, en calidad de hijo, el valor de
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y SEIS PESOS MCTE ($1.875.246).
Para el señor OSCAR MAURICIO GÓMEZ RIVERA, en calidad de hijo, e l valor
de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($3.279.446).
Para la señora NEYLA CECILIA GÓMEZ DÍAZ, en calidad de hijo, el valor de CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO PESOS MCTE ($5.347.148).
Para la señora CLAUDIA LILIANA GÓMEZ DÍAZ, en calidad de hija, el valor de SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE
($6.805.059).
Para el señor LUIS FERNANDO GÓMEZ RIVERA, en calidad de hijo, el valor
de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y SIETE
PESOS MCTE ($8.825.077).
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Para la señora LINA MARÍA GÓMEZ DÍAZ, en calidad de hija, el valor de
TRECE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
MCTE ($13.082.132).
Para el señor HENRY ALEJANDRO GÓMEZ DÍAZ, en calidad de hijo, el valor
de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($13.257.164).
Para la señora BEATRIZ ELENA GÓMEZ DÍAZ, en calidad de hija, el valor de
VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL VEINTINUEVE PESOS MCTE
($27.120.029).
Para la señora SANDRA MILENA GÓMEZ DÍAZ, en calidad de hija, el valor de
TREINTA Y DOS MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS MCTE ($32.003.946).
Para la señora DIANA MARCELA GÓMEZ DÍAZ, en calidad de hija, el valor de
TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE ($39.277.513).
Cuarta: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, sírvase
reconocer y ordenar el pago a título de indemnización a favor de la señora
MYRIAM RIVERA DE GÓMEZ en calidad de cónyuge y de JUANA DIAZ
CASTRO en calidad de compañera permanente, por concepto de daño material
en su modalidad de DAÑO EMERGENTE, la suma que el juez considere
teniendo en cuenta los gastos naturales del orden funeral, los cuales se solicitan
sean tasados en equidad, teniendo en cuenta que dicho gasto se asumió hace
30 años.
Quinta: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad sírvase
reconocer y ordenar el pago a título de indemnización a favor de los señores
Myriam Rivera De Gómez, Alfonso Gómez Rivera, Carlos Alberto Gómez
Rivera, Darío Gómez Rivera, Álvaro Enrique Gómez Rivera, Óscar Mauricio
Gómez Rivera. Luis Fernando Gómez Rivera. Henry Alejandro Gómez Rivera,
Juana Díaz Castro, Neyla Cecilia Gómez Díaz, Claudia Liliana Gómez Díaz,
Una María Gómez Díaz, Beatriz Elena Gómez Díaz, Sandra Milena Gómez
Díaz, Diana Marcela Gómez Díaz y a favor de Alberto Gómez, representado por
sus herederos Cristian Alberto Gómez Meza, Daniela Gómez Osario, Mareo
Gómez Osario, Jónathan Andrés Gómez Osorio, Shírley Milena Gómez Meza;
por concepto de DAÑO INMATERIAL, en su modalidad de daño moral la suma
de TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES para cada uno.
Sexta: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad sírvase
reconocer y ordenar el pago a título de indemnización a favor de los señores
Myriam Rivera De Gómez, Alfonso Gómez Rivera, Carlos Alberto Gómez
Rivera, Darío Gómez Rivera, Álvaro Enrique Gómez Rivera, Óscar Mauricio
Gómez Rivera. Luis Fernando Gómez Rivera. Henry Alejandro Gómez Rivera,
Juana Díaz Castro, Neyla Cecilia Gómez Díaz, Claudia Liliana Gómez Díaz,
Una María Gómez Díaz, Beatriz Elena Gómez Díaz, Sandra Milena Gómez
Díaz, Diana Marcela Gómez Díaz y a favor de Alberto Gómez, representado por
sus herederos Cristian Alberto Gómez Meza, Daniela Gómez Osario, Mareo
Gómez Osario, Jónathan Andrés Gómez Osorio, Shírley Milena Gómez Meza;
por concepto de DAÑO INMATERIAL, en su modalidad de DAÑOS A BIENES
JURÍDICOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE TUTELADOS la
suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
para cada uno.
Séptima: Que se ordene a las entidades convocadas a realizar una estatua en
homenaje al señor ALFREDO IGNACIO GÓMEZ DORIA, la cual deberá
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
instalarse en un lugar público en el municipio de Remedios Antioquia, con una
leyenda conmemorativa que exprese su labor social como concejal de la UP y
su asesinato en el marco de genocidio de la UP.
Octava: Que se condene a los demás quantums que a criterio del juez se
requieran para una efectiva reparación integral de los demandantes, teniendo
en cuenta el terrible crimen en contra de ALFREDO IGNACIO GÓMEZ DORIA
en el hecho del exterminio y genocidio de su movimiento político, la Unión
Patriótica.” (fls. 5 a 9 cdno. ppal. negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Alfredo Ignacio Gómez Doria era miembro del partido político Unión Patriótica
(UP) y fue elegido concejal del municipio de Remedios (Antioquia); sin embargo, por su
labor como líder cívico fue amenazado en diversas ocasionas por el grupo denominado
Muerte a Revolucionarios del Noreste (MRN) sin que se le brindara protección para
salvaguardar su vida.
2) El 17 de septiembre de 1988, el señor Alfredo Ignacio Gómez Doria fue víctima de
homicidio y, años después, el paramilitar Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias el
“Negro Vladimir” confesó que en el punible participaron de manera directa integrantes del
Ejército Nacional y la Policía Nacional, por lo cual se acogió a sentencia anticipada que
fue dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Segovia (Antioquia) el 19 de abril de 2012.
3) La Fiscalía Cincuenta y Tres Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializado en Análisis y Contextos por resolución del 27 de octubre de 2014 declaró
el homicidio del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria como un delito de lesa humanidad.
4) Las demandadas se encuentran llamadas a responder patrimonialmente debido “a la
muerte violenta del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria por un grupo al margen de la ley,
teniendo en cuenta que la vida de aquel tenía varias amenazas en su contra por ser líder
y miembro de la Unión Patriótica. Se configura la falla del servicio dado que este hecho
estaba previamente anunciado y las entidades convocadas tenían el deber de proteger
a este ciudadano, sin embargo, no se realizaron las acciones necesarias para evitar el
ataque y muerte del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria” (fl. 11 cdno. ppal.) asimismo,
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
“respecto al elemento del hecho dañino, cabe apreciar que este se configura por acción
y/o por omisión (…) por acción de acuerdo a la sentencia del Juzgado Promiscuo Del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Segovia Antioquia del 19 de abril de 2012 en
la que se condena el paramilitar Alfonso Jesús Baquero Agudelo por la muerte del señor
Alfredo Ignacio Gómez, quien confesó que él, en consorcio con miembros del estado
colombiano, como integrantes de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y del Congreso
de República conformaron el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste MRL, el cual
participó en el genocidio de la Unión Patriótica y particularmente la muerte del señor
Gómez (…) por omisión (…) porque las entidades demandadas no cumplieron con su
deber de seguridad y protección” (fl. 18 cdno. ppal.).
3. Contestación de las entidades demandadas
Por auto del 19 de abril de 2019, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo del Cundinamarca admitió la demanda y ordenó la notificación personal
de los representantes legales de las entidades demandadas (fls. 64 a 66 cdno. ppal.).
1) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de
la demanda por estimar que no tiene responsabilidad en los hechos porque en la muerte
de Alfredo Ignacio Gómez Doria no participó ningún miembro de la entidad, además, no
le consta que aquel fuera miembro de la Unión Patriótica y, en todo caso, su deceso
obedeció a manos de terceros; en consecuencia propuso las excepciones de i)
“inexistencia de falla en el servicio”, porque el fallecimiento del familiar de los
demandantes no le es atribuible ni por acción ni por omisión, esto último si se tiene en
cuenta que, de conformidad con la sentencia penal aportada al proceso de la referencia,
su homicidio ocurrió cuando se desplazaba a una zona rural violenta del municipio de
Remedios (Antioquia) sin que informara del mismo o solicitara acompañamiento de la
Fuerza Pública quien, tampoco estaba enterada de alguna amenaza en su contra y ii)
“acto exclusivo y determinante de un tercero”, pues, fueron integrantes del ELN quienes
cometieron ese hecho punible (fls. 81 a 89 cdno. ppal.).
2) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional guardó silencio.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
4. Audiencia inicial
El magistrado ponente de la primera instancia en la audiencia inicial declaró que no había
causales de nulidad, fijó el litigio5 y decretó las pruebas aportadas con la demanda y su
contestación (índice 23 SAMAI de la primera instancia).
5. Sentencia de primera instancia
La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
providencia del 24 de junio de 2021 (índice 32 SAMAI de la primera instancia) declaró la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional con sustento en los siguientes argumentos:
1) Tratándose de los daños sufridos por personas que se encontraban en una situación
de riesgo o amenaza, el Estado responde patrimonialmente cuando i) se demuestre que
el afectado solicitó medidas de protección y estas no se tomaron o, ii) porque las
circunstancias de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones de
seguridad quienes no hicieron nada para evitar el daño.
2) En el caso del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria, con las pruebas allegadas al
proceso se demuestra que era miembro del partido político Unión Patriótica y su
homicidio ocurrió el 17 de septiembre de 1998 cuando ocupaba el cargo público de
concejal en el municipio de Remedios (Antioquia).
3) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se encuentra llamada a
responder por el deceso del familiar de los demandantes, pues, i) este fue ultimado como
5
Lo hizo en los siguientes términos: “En el caso concreto, la parte actora formuló 10 hechos (…) los hechos
2 a 9 relacionados están en controversia y se encuentran relacionadas con a) La calidad de miembro de la
UP del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria; b) su lugar de residencia, actividad laboral y política; c) las
amenazadas sufridas por parte de un grupo al margen dela ley; d) la omisión de las demandadas en la
atención para salva guardar la vida del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria; e) la categorización de la
muerte del señor Alfredo Ignacio Gómez, como genocidio por parte de estructuras paramilitares en alianza
con agentes del estado, así como su participación de la masacre en Segovia; f) la participación directa de
integrantes de las demandadas en la muerte del señor Alfredo Ignacio Gómez; g) la declaración del
homicidio del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria como delito de lesa humanidad y la impunidad frente al
mismo. (…) escuchadas las partes, se procede a FIJAR EL LITIGIO, el cual, en este caso se centra en los
hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 relacionados con la presunta falla del servicio de las demandadas, que conllevó
a la muerte del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria, por omitir adoptar las medidas de seguridad y
protección necesarias para evitar su homicidio, pese a que tenían conocimiento de las amenazas sufridas
en contra suya. Igualmente serán parte de la fijación del litigio, lo relacionado con la demostración de los
presuntos perjuicios sufridos por la parte actora” (fls. 2 a 3 cdno. ppal.).
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
consecuencia de ser miembro de la Unión Patriótica, ii) “históricamente, se tiene
conocimiento de la pasividad gubernamental frente a la protección de los miembros del
partido político Unión Patriótica, llegándose incluso a condenarse al Estado Colombiano,
por hechos como el que nos compete, como ocurrió en el caso ‘Manuel Cepeda vs
Colombia’, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió a la
peligrosidad que corren los integrantes de la UP, siendo este, un hecho públicamente
conocido”6 (fl. 8 del PDF documento 21 indicé 32 SAMAI de la primera instancia); iii)
como el señor Alfredo Ignacio Gómez Daza era miembro del partido político Unión
Patriótica era previsible su condición de vulnerabilidad y amenaza, máxime si se
considera que con antelación a su deceso fue objeto de hostigamientos por el grupo
denominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), lo cual fue publicado en una
nota periodística, no obstante, pese a lo anterior, los integrantes de la Policía Nacional
no tomaron las medidas de seguridad y protección necesarias para salvaguardar su vida,
aun cuando era de conocimiento público el homicidio indiscriminado en contra de los
miembros de la UP y, v) le asiste responsabilidad a la entidad demandada porque,
aunque no está probado que alguno de sus miembros participó en el hecho, la policía es
un cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin primordial es el mantenimiento
de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
4) Por lo anterior, reconoció indemnización de perjuicios morales en favor de la cónyuge,
compañera permanente e hijos del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria; en relación con
los hijos del fallecido Luis Alberto Gómez Arango negó cualquier reconocimiento por
estimar que quien sufrió el perjuicio fue aquel y, el dolor, congoja y zozobra que padeció
no puede ser heredado a sus hijos.
6) En relación con el perjuicio material, reconoció indemnización por concepto de lucro
cesante en las cuantías transcritas al inicio de esta providencia y negó las demás
pretensiones de la demanda, para luego condenar en costas a la demandada.
5. Recurso de apelación
La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (índice 35 SAMAI de la primera
instancia) solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia con base en las
siguientes razones de inconformidad:
6 Fl. 8 del PDF documento 21 indicé 32 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
1) Cuando la muerte de una persona es causada por individuos que no pertenecen al
Estado o que no tienen ningún vínculo con este, la administración “tiene la obligación de
reparar el daño si existía un deber de protección especial frente a la víctima, ora por sus
condiciones personales o laborales, ora porque solicitó seguridad y ésta no se prestó, se
prestó tardíamente o de forma deficiente”7.
2) En el caso del señor Alfredo Ignacio Gómez Doria, en ninguna de las pruebas obrantes
en el plenario se demuestra que aquel se encontrara en riesgo o que requería de
protección, pues, aunque perteneciera a la UP, ese solo hecho no indica que el familiar
de los demandantes por ser objeto de ataque, además, no es claro que el mencionado
grupo al margen de la ley fue el que cometió el delito en atención a que, si bien el a quo
estimó que el homicidio fue causado por el grupo Muerte a los Revolucionarios del
Nordeste – NRN, en la sentencia penal aportada por los demandantes se aduce que fue
el ELN.
3) En todo caso, aún en el supuesto de que el señor Alfredo Ignacio Gómez Doria debía
ser objeto de protección por el solo hecho de pertenecer a la UP, lo cierto es que dicha
obligación recaía en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) – hoy Unidad
Nacional de Protección- de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 625 de 1974,
512 de 1989 y 2110 de 1992, normas que preceptuaban que era el DAS el encargado de
prestar protección a quienes pertenecían a grupos políticos objeto de amenaza, la Policía
Nacional no tenía dicha función.
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 21 de marzo de 2023 (índice 17 SAMAI) se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el 16 de mayo de
2023 (índice 23 SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia, según
lo dispuesto en el artículo 247 numeral quinto de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; durante el término de ley, las partes guardaron
silencio.
7 Fl. 2 del PDF del documento “24” índice 35 SAMAI de la primera instancia.
11
Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la
caducidad de la acción, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional8 son patrimonialmente responsables del alegado daño
antijurídico ocasionado a los demandantes por el fallecimiento del señor Alfredo Ignacio
Gómez Doria el 17 de septiembre de 1988.
La sentencia de primera instancia será revocada debido a que se evidencia la
presentación extemporánea de la demanda, motivo por el cual no hay lugar a analizar y
decidir el fondo y mérito del asunto.
2. Análisis de la caducidad de la acción
1) Con relación al término para presentar en forma oportuna la demanda cuando se
pretende el medio de control judicial de reparación directa, el artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA prescribe lo
siguiente:
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La
demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…).
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.
8 La parte demandante también accionó en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional;
sin embargo, el tribunal de primera instancia la exoneró de responsabilidad y dicha decisión no fue
impugnada por la parte actora, única con interés en pedir la condena de dicha entidad; en consecuencia,
la Sala no realizará ningún pronunciamiento respecto el Ejército Nacional.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa
derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en
que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal
pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos
que dieron lugar a la desapareció (…)” (se resalta)9.
2) La Sala Plena de esta Sección en sentencia del 29 de enero de 2020 ratificó la regla
dada por el legislador10 y señaló que solamente es procedente un cómputo distinto del
término de caducidad del medio de control de reparación directa en asuntos relacionados
con el delito de desaparición forzada por tener reglas especiales, pues, en relación con
la caducidad del medio de control en el cual se pretende una indemnización con ocasión
de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado sí resultan
aplicables las reglas de caducidad previstas para el medio de control de reparación
directa, criterio este avalado por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela en
la sentencia SU-312 del 13 de agosto de 202011.
3) Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha providencia
estableció que para calcular el término de caducidad del medio de control de reparación
directa en el cual se elevan pretensiones indemnizatorias derivadas de los delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, se deben
observar las siguientes subreglas:
a) El término de caducidad previsto por el legislador se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado
en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial.
9 El numeral 8 del Decreto 01 de 1984 preveía la regla en similar sentido, esto es, “la de reparación directa
caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del
hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble
de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente no.
61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
11 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
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b) La contabilización de ese término para las pretensiones indemnizatorias derivadas del
delito de desaparición forzada se sujeta a la regulación legal expresa prevista para el
efecto.
c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez superadas
aquellas empezará a correr el término de ley dado que para tales efectos no resulta
determinante la situación causante del daño sino la condición particular de quien acude
a la administración de justicia.
4) En ese orden de ideas, del escaso material probatorio allegado12 al proceso se
establecen los siguientes hechos relevantes para la definición de la controversia13:
a) El señor Alfredo Ignacio Gómez Doria era concejal del municipio de Remedios
(Antioquia) por el partido político de la Unión Patriótica y para el año de 1988 ocupaba el
cargo de presidente de dicha corporación pública, tal como consta en certificación
expedida por la Secretaria General del Concejo Municipal (fl. 1 cdno. pruebas) y
Resolución del 27 de octubre de 2014 dictada por la Fiscalía Cincuenta y Tres Delegada
ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados – Dirección Nacional de Análisis
y Contextos Violencia contra miembros de la UP (fls. 18 a 66 cdno. pruebas).
12 Las pruebas en el expediente se limitan a 1) certificación de la Secretaría General del Concejo Municipal
de Remedios (Antioquia) (fl. 1 cdno. pruebas); 2) registro civil de defunción del señor Alfredo Ignacio Gómez
Doria (fl. 3 cdno. pruebas); 3) acta de levantamiento de cadáver (fl. 4 cdno. pruebas); 4) diligencia de
necropsia (fl. 5 cdno. pruebas); 5) sentencia del 19 de abril de 2012 dictada por el Juzgado Promiscuo del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Segovia – Antioquia (fls. 6 a 17 cdno. pruebas); 6) Resolución
del 27 de octubre de 2014 dictada por la Fiscalía Cincuenta y Tres Delegada ante los Juzgados Penales
del Circuito Especializados – Dirección Nacional de Análisis y Contextos (fls. 18 a 66 cdno. pruebas); 7)
informe del Centro Nacional de Memoria Histórica denominado Silenciar la Democracia, las masacres de
Remedios y Segovia 1982 a 1997 (disco compacto fl. 66a cdno. pruebas); 8) documental titulado El Baile
Rojo Memoria de los Silenciados (disco compacto fl. 66b cdno, pruebas) y 9) sentencia del 15 de mayo de
2013 dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y mediante la cual se condenó
al señor César Augusto Pérez García a 30 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y
homicidio agravado (fl. 66c cdno. pruebas).
13 Es pertinente poner de presente que en el expediente reposa una copia de recorte del periódico El
Colombiano del 23 de agosto de 1987, el cual solo acredita la existencia de la noticia o de la información,
de manera que no tiene fuerza probatoria para derivar con certeza lo allí publicado; en efecto, En relación
con los recortes y publicaciones de prensa, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha sostenido
de manera reiterada que son prueba de la noticia publicada, pero, que por sí mismos no tienen la
potencialidad de probar la ocurrencia del hecho que fue registrado, de modo que “su eficacia como plena
prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el
expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento
de la decisión del juez” Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 29
de mayo de 2012, Radicado 11001-03-15-000-2011-01378-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de junio de 2019, Radicado
11001-03-15-000-2018-02615-00 (Acumulado); Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 4 de abril
de 2017, Radicado 47950 y Subsección A, Sentencia de 5 de marzo de 2021; Sección Tercera, Subsección
B, Sentencia del 13 de julio de 2022, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
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b) El 17 de septiembre de 1988, aproximadamente a las 2:30 pm, el señor Alfredo Ignacio
Gómez Doria falleció víctima de heridas por arma de fuego en el sector denominado
“Mulatería” del municipio de Remedios (Antioquia), según consta en su registro civil de
defunción (fl. 3 cdno. pruebas), acta de levantamiento de cadáver (fl. 4 cdno. pruebas,
necropsia (fl. 5 cdno. pruebas) y Resolución del 27 de octubre de 2014 dictada por la
Fiscalía Cincuenta y Tres Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializados – Dirección Nacional de Análisis y Contextos Violencia contra miembros
de la UP (fls. 18 a 66 cdno. pruebas).
c) El 19 de abril de 2012, el Juzgado Promiscuo con Funciones de Conocimiento de
Segovia en el expediente penal número 05736-31-89-001-2012-00040-00 condenó,
mediante sentencia anticipada, al señor Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Negro
Vladimir” a la pena principal de quince años de prisión como coautor impropio del delito
de homicidio agravado de Alfredo Ignacio Gómez Doria; respecto de los móviles del
crimen y como este fue desarrollado, se adujo lo siguiente:
“SITUACIÓN FÁCTICA
Los hechos que dieron origen a este proceso tuvieron ocurrencia el día 17
de septiembre de 1988, cuando varios hombres armados, que se
identificaron como miembros de la guerrilla del ELN, asesinaron a Alfredo
Gómez Doria en la comunidad de Mulatería en jurisdicción del municipio
de Remedios, Antioquia, quien había pertenecido al Concejo de dicha
municipalidad por el partido de la Unión Patriótica.
DE LA PRUEBA
Este proceso termina de manera anticipada teniendo en cuenta la aceptación
de cargos contemplada en el ACTA DE FORMULACIÓN Y ACEPTACIÓN DE
CARGOS PARA SENTENCIA ANTICIPADA, por parte del señor BAQUERO
AGUDELO, diligencia llevada a cabo el día 23 de febrero de 2012 ante el
delegado de la Fiscalía 90 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín, y en consecuencia
ha de proferirse sentencia condenatoria de conformidad con el art. 40 de la Ley
600 de 2000, sin embargo, conviene recordar que ALONSO DE JESÚS
BAQUERO AGUDELO, tuvo participación directa en el delito de homicidio
agravado en la persona de ALFREDO GÓMEZ DORIA, bajo la modalidad de
participación denominada Coautoría Impropia, pues si bien es cierto que el
autor o autores materiales no se han identificado o individualizado, en la
diligencia de indagatoria el acusado advierte y acepta que en los municipios
de Segovia, Remedios, Vegachí, entre otros, tenía bajo su mando un grupo
de personas dedicados a exterminar personas pertenecientes a la UP o a
milicianos o colaboradores de las guerrillas y así lo adujo la Fiscalía a
través del acervo probatorio con el que sustentó el pliego de cargos (…).
(…) como quiera que en esta instancia y acogiendo la jurisprudencia en
tratándose de una forma anticipada de la terminación del proceso, es decir, la
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
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sentencia ha de proferirse por los cargos aceptados, pues esta aceptación es
libre y voluntaria por parte del procesado y la cual fue sustentada de manera
clara e inequívoca por la señora Fiscal en prueba legal y oportunamente allega
al expediente. Es la razón por la cual habrá de proferirse sentencia condenatoria
por el punible de HOMICIDIO AGRAVADO, tal como lo calificó el ente instructor
en la referida acta (…).
DOSIFICACIÓN DE LA PENA
(…).
Pese a la modalidad en que fue realizada la conducta, a que se trató de un
atentado contra el bien más preciado para una sociedad, que de hecho causó
gran conmoción en la población y en toda la región del Nordeste Antioqueño,
pues incluso se puso la muerte del señor ALFREDO GÓMEZ DORIA, como
ejemplo frente a una gran población campesina, el estado se ubica en el
extremo mínimo del cuarto máximo, para una pena a imponer de
TRESCIENTOS DIECIOCHO (318) MESES, pues a sabiendo de la forma en
que se llevó a cabo el homicidio, donde la víctima fue citada a un paraje
distante de la cabecera municipal, apartada del grupo que lo acompaña y
posteriormente asesinada en pleno estado de indefensión, para luego
anunciarse muerte ante cientos de campesinos, en términos de justa
retribución y justicia, esa gravedad ya ha sido sancionada por el legislador, pena
a la que se le rebajará por ser más favorable (…).” (fls. 6 a 17 cdno. pruebas –
mayúsculas del origina y negrillas de la Sala).
d) Mediante Resolución del 27 de octubre de 2014, la Fiscalía Cincuenta y Tres Delegada
ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados – Dirección Nacional de Análisis
y Contextos Violencia contra Miembros de la Unión Patriótica, declaró que el homicidio
de Alfredo Gómez Doria “en su entonces condición de Presidente del Consejo del
municipio de Remedios – Nordeste Antioqueño – para el periodo de 1988, en hechos
ocurridos el 17 de septiembre, la cual hace parte de la temática priorizada – violencia
contra miembros de la Unión Patriótica, se enmarca en aquella categoría de crímenes de
sistema, representados en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra (…) la acción
penal por la conducta penal de homicidio (…) se torna imprescriptible” (fl. 66 cdno.
pruebas).
e) Los demandantes de este proceso de reparación directa presentaron la petición de
conciliación extrajudicial el 14 de septiembre de 2018, la constancia de no conciliación
fue expedida el 18 de diciembre de 2018 (fls. 102 a 104 cdno. pruebas) y, finalmente,
interpusieron el medio de control de la referencia el 19 de febrero de 2019 (fl. 28 cdno.
ppal.).
5) Ahora bien, revisada la demanda, se tiene que la parte actora considera que existe
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional tanto por acción
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como por omisión, en este último caso, los demandantes afirman que los integrantes de
la Policía Nacional no protegieron la vida del señor Alfredo Gómez Doria, pues, se afirma
que, pese a que conocían de las amenazas existentes en su contra, no hicieron nada
para prevenir el crimen, el cual se materializó el 19 de septiembre de 1988.
6) De las pruebas obrantes en el expediente se tiene que el homicidio fue conocido por
la comunidad ese mismo 19 de septiembre de 1988 -así fue relatado por el Juzgado
Promiscuo del Circuito con Funciones de Conocimiento de Segovia (Antioquia) en la
decisión judicial del 19 de abril de 2012-, en consecuencia, los demandantes supieron,
puntual e inequívocamente de la muerte de su familiar, el mismo día de su ocurrencia.
7) En ese sentido, el cómputo de la caducidad se debe realizar a partir del siguiente día
en que ocurrió el punible y, como el medio de control de reparación directa fue radicado
el 19 de febrero de 2019 es evidente que fue promovido de manera extemporánea.
8) Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, aún se dijera que la caducidad se debe
contabilizar a partir del momento en que los actores conocieron que en el homicidio del
señor Alfredo Gómez Doria participaron agentes del Estado (en la demanda se afirma
que integrantes de la Policía Nacional participaron en la comisión del delito), el medio de
control de igual manera fue presentado por fuera del término legalmente preestablecido
para ese fin, si se tiene en cuenta lo siguiente:
a) En efecto, como quedó evidenciado en los hechos probados, se encuentra demostrado
que en la sentencia anticipada del 19 de abril de 2012 se condenó al señor Alfonso de
Jesús Baquero Agudelo por el homicidio de Alfredo Gómez Doria.
b) El señor Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Negro Vladimir”, aceptó los cargos
por el punible de homicidio, pues, admitió que tenía bajo su mando un grupo de personas
dedicadas a ultimar a los miembros del partido político Unión Patriótica, por lo cual, una
de cuyas víctimas fue el familiar de los aquí demandantes.
c) Aunque en el expediente de la referencia no se tiene la constancia de la fecha en la
cual cobró ejecutoria la decisión condenatoria, esto es, la dictada el 19 de abril de 2012
por el Juzgado Promiscuo con Funciones de Conocimiento de Segovia (Antioquia)
expediente no. 05736-31-89-001-2012-00040-00, una revisión del sistema de consulta
17
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de procesos por los apellidos del señor Baquero Agudelo, en concreto en los juzgados
de ejecución de penas y medidas de seguridad14, da cuenta que quedó ejecutoriada el
20 de junio de 2012.
c) Son los propios demandantes los que allegan la sentencia del penal seguido en contra
de Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “Negro Vladimir”, lo cual evidencia que
estaban al tanto de dicha investigación15, al punto que afirman en la demanda que
Alfonso de Jesús Baquero Agudelo “confesó” que en el delito participaron integrantes del
Ejército Nacional y la Policía Nacional (fl. 10 cdno. ppal.), aspecto este último que en
ningún momento es mencionado en la decisión condenatoria del 19 de abril de 2012.
d) Ciertamente, si bien en la sentencia penal condenatoria se hace referencia a como se
perpetró el delito, en ninguna parte de las consideraciones se menciona que en este
participaron agentes estatales; no obstante, la Sala toma en cuenta dicha decisión judicial
como el momento en el cual los demandantes tuvieron conocimiento del daño, pues, en
la demanda de manera clara se afirma que alias “Negro Vladimir” confesó que en el
punible participaron integrantes de la Policía y el Ejército Nacional y que por ello, fue
condenado, siendo este momento en el cual los actores tuvieron conocimiento de quienes
se vieron involucrados en el homicidio de su familiar.
f) En ese contexto fáctico y probatorio, a partir de la ejecutoria de la mencionada decisión
penal los demandantes tenían, en principio, hasta el 21 de junio de 2014 para presentar
la demanda de la referencia y, toda vez que esta fue radicada el 19 de febrero de 2019
14 El artículo 95 de la Ley 270 de 1996 dispone que “el Consejo Superior de la Judicatura debe propender
por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se
enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción
de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del
sistema de información. Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones. Los
documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y
eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales”, de igual manera el artículo 2, literal a) de
Ley 527 de 1999 define los “mensajes de datos” como “la información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”,
por su parte, en el literal j) del mismo artículo se establece que por “sistema de información” se
entenderá “todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma
mensajes de datos; en ese sentido, se tiene credibilidad sobre la información registrada en el sistema de
gestión judicial sobre el hecho de solo fue el Juzgado Promiscuo con Funciones de Conocimiento de
Segovia (Antioquia) el que conoció sobre la sentencia anticipada, asimismo, es especialmente relevante
anotar que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad no pueden conocer de la pena sino
hasta cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada.
15 Se debe tener en cuenta además que la demanda no se hace ninguna afirmación de que los
demandantes no pudieron conocer la decisión penal una vez esta fue dictada.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
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se configuró la caducidad del medio de control de reparación directa 16, máxime si se
considera que no existió suspensión de términos, pues, la solicitud de conciliación
prejudicial fue elevada el 14 de septiembre de 2018.
9) De otra parte, tampoco se demostró en el proceso que los actores se encontraban
imposibilitados materialmente para presentar en forma oportuna la demanda de
reparación directa, los demandantes siempre tuvieron la posibilidad de acudir a la
administración de justicia.
10) Debe igualmente observarse que este análisis compagina con los criterios
establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 29 de enero de
202017 para el análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa en el
cual se elevan pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de
lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado18, premisas que fueron
acogidas por la Corte Constitucional en sentencia SU-312 de 202019, con la aclaración
de que el juez contencioso administrativo debe analizar las particularidades de cada
asunto en concreto y que la desestimación del medio de control de reparación directa por
caducidad no le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño
causado por otras vías20.
11) La Corte reiteró esa postura en sentencia SU-167 de 202321 y agregó que “la
aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe
realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite para brindar
oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades procesales que
16 Incluso, aún en el supuesto de que se dijera que el conteo se debe realizar a partir de la ejecutoria de la
resolución del 27 de octubre de 2014 dictada por la Fiscalía Cincuenta y Tres (53) Delegada ante los
Juzgados Penales del Circuito Especializados – Dirección Nacional de Análisis y Contextos Violencia
contra miembros de la Unión Patriótica, pues, en el resumen de dicha decisión se dijo que en los delitos
perpetrados en contra de los integrantes de la UP participaron agentes del Estado, lo cierto es que la
demanda de igual manera es extemporánea.
17 Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, proceso no. 85001-33-33-002-2014-00144-
01(61033)A, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
18 Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador;
ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado
y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.
19 Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20 Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del
responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.
21 Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo Rivera.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
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este contiene”; en el presente asunto esta Sala no encuentra necesario ni procedente
readecuar el trámite en el caso concreto debido a que las particularidades del mismo no
permiten avizorar que ello pueda dar lugar a un cambio en el sentido de esta decisión,
pues, de lo acreditado en el proceso y asegurado en la demanda hay absoluta certeza
de que desde el conocimiento del hecho dañoso y de la supuesta participación u omisión
del Estado operó la caducidad y no hay ningún elemento probatorio que permita inferir
que los demandantes estuvieron impedidos para ejercer el derecho de acción y, en todo
caso, la sentencia de primera instancia en el asunto de la referencia se profirió con
posterioridad a la expedición de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
razón por la cual en el recurso de apelación pudieron haber solicitado la aplicación de la
regla de unificación.
12) Sobre esto último, es pertinente poner de presente que, los actores consideraron que
por tratarse de un delito de lesa humanidad no es aplicable la caducidad del medio de
control22, sin embargo, una cosa es que el punible sea imprescriptible y, otra muy
diferente es el término legal para incoar el medio de control de reparación directa, el cual
no se ve afectado porque se trate de la comisión de un delito que no tiene prescripción
penal.
13) En efecto, mientras que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
define a la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos de lesa humanidad como
el deber de que tiene el Estado tiene de investigarlos sin límite en el tiempo23, la
caducidad del medio de control corresponde a una sanción ipso iure24 que opera por la
22 En concreto se afirmó lo siguiente “en el presente caso por la naturaleza de sus hechos se ha declarado
de lesa humanidad. Situación que conlleva que se trate como un hecho imprescriptible. Por ende, no se
puede aplicar al presente caso un término de caducidad normal” (fl. 16 cdno. ppal.).
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 28 de junio de 2023, expediente no.
AP1804-2033 radicación no. 63953, MP Diego Eugenio Corredor Beltrán, en esta decisión de igual manera
se explicó que “en criterio de la Corte, el que se asuma como imprescriptible una conducta penal, no
significa que esta pueda examinarse sin límites temporales, ad infinitum, pues, se entiende que la teleología
del fenómeno remite a la posibilidad de investigar sin límite temporal la ocurrencia del hecho y sus posibles
ejecutores, pero no avala que, determinado estos dos puntos, la justicia penal pueda dejar en indefinición
la suerte del vinculado al proceso. Tal criterio de la Corte Suprema de Justicia ha sido avalado por la Corte
Constitucional, en pronunciamientos C-422 de 2021 y SU-312 de 2020, C-620 de 2011 y C-580 de 2002. Así lo
decantó en la determinación más reciente, en la que estudió la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley 1719
de 2014, por medio del cual se modificó el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 599 de 2000”.
24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en
que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga
procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la
posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno
procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez
debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer
determinada acción judicial”.
20
Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún
reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia,
por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de
la facultad potestativa de accionar26; en otras palabras, mientras la prescripción de la
acción penal corresponde al ámbito de la investigación del delito, la caducidad es el
fenómeno jurídico procesal por el cual se pierde el derecho de acción.
14) Por consiguiente, esta Subsección revocará la sentencia apelada, para en su lugar
declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa.
3. Conclusión
Como la demanda se presentó cuando la acción de reparación directa ya había caducado
se impone revocar la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda
y declarar, de oficio, la caducidad del medio de control de reparación directa.
4. Condena en costas
La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo 365 del
CGP porque la parte demandante fue vencida en el proceso, para lo cual el tribunal de
origen liquidará la condena en costas de manera concentrada, según lo previsto en los
artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la
ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que
pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la
seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el
ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de
las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por
la ocurrencia del fenómeno indicado”.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de agosto de 2020, MP Nicolás
Yepes Corrales.
21
Expediente 25000-23-36-000-2019-00110-01 (68.385)
Actor: Alfonso Gómez Rivera y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
FALLA:
1º) Revócase la sentencia proferida el 24 de junio de 2021 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, declárase
de oficio la caducidad de la acción e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las
súplicas de la demanda.
2°) Condénase a la parte demandante a pagar las costas que se hubiesen causado en
segunda instancia, cuya liquidación hará de manera concentrada el a quo, según lo
dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas
las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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