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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00207-01

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00207-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de abril de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO. DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez se encuentre en firme esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00207-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01 (70.563)
Demandante: Jorge Eliécer Manrique Rodríguez
Demandado: Nación - Superintendencia de Sociedades
Referencia: Reparación Directa - Ley 1437 de 2011

Temas: DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES -
Cuando ejerce funciones jurisdiccionales sus decisiones pueden comprometer la responsabilidad patrimonial
del Estado por error judicial / CAUSA PARA PEDIR - Todos los reproches recaen directamente en la decisión
que puso fin a la controversia.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 26 de abril de 2023, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

2. Se confirmará la sentencia apelada. La Superintendencia de Sociedades no
incurrió en error judicial al declarar la falta de legitimación de un socio comanditario
que reclamó indemnización de perjuicios a título personal y no en favor de la
sociedad a través de la acción social de responsabilidad.

ANTECEDENTES

Demanda

3. El 14 de marzo de 2019, el señor Jorge Eliécer Manrique Rodríguez presentó
demanda de reparación directa contra la Nación - Superintendencia de Sociedades
para que le indemnicen los perjuicios causados por el error judicial y el defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia ocurridos en el proceso verbal
sumario con radicado 2015-800-0331.

4. Las pretensiones de la demanda corresponden a2:

“1. Que, con fundamento en el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, y en el artículo
90 de la Constitución Política, se declare la responsabilidad patrimonial de la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por los perjuicios causados a mi
representado, con ocasión del error judicial y defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia ocurrido en el proceso verbal sumario No. 2015-800-
033 de Jorge Eliécer Manrique Rodríguez contra Luz Amparo Manrique
Rodríguez y contra la sociedad Luis Ángel Manrique e Hijos S. EN C. (…).

2. Que se reconozcan los perjuicios causados al accionante y se ordene la
reparación directa en favor del mismo, condenándose a la demandada a pagar
a favor de Jorge Eliécer Manrique Rodríguez la suma de $1.342.296.134”.

1 Fl. 1 del c.1.
2 Fls. 1 - 24 del c.1.

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Hechos

5. El demandante es socio comanditario de la sociedad Luis Ángel Manrique e Hijos
S. en C. que, en 2001, entró en liquidación voluntaria. Para ese fin, la sociedad
designó como liquidadora a la señora Luz Amparo Manrique Rodríguez, quien no
adelantó el respectivo proceso y continuó con el desarrollo del objeto social. Esto
impidió al actor recibir su parte de los remanentes sociales.

6. El señor Jorge Eliécer Manrique Rodríguez presentó ante la Superintendencia
de Sociedades una demanda de responsabilidad civil contra la sociedad y su
liquidadora. Solicitó el reconocimiento y pago de los perjuicios generados por los
actos de la última. Como medidas cautelares, pidió el embargo de las 350 cuotas
sociales y de las cuentas bancarias de aquella, además del embargo y secuestro
de los inmuebles de la empresa.

7. La Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de
Sociedades admitió la demanda y dio curso al proceso verbal sumario con radicado
2015-800-033. Decretó el embargo de las cuotas sociales de la señora Luz Amparo
Manrique Rodríguez y la inscripción de la demanda en los folios inmobiliarios de los
predios de la sociedad.

8. El demandante insistió en el decreto de todas las medidas cautelares pedidas,
pero el 28 de abril de 2015, la Superintendencia señaló que lo concedido era
suficiente para garantizar las resultas de la controversia, “reconociendo que, de
prosperar las pretensiones, la señora Luz Amparo (...) podría ser condenada a pagar
una indemnización”.

9. Interpuso recurso de reposición contra esa decisión, “haciéndole ver al Despacho
que las medidas cautelares se solicitaban para proteger (…) el derecho a recibir el
remanente de activos sociales (…), para disponer y explotar los bienes que le
corresponderían en la liquidación de la sociedad”. En auto del 24 de septiembre de
2015, la Superintendencia confirmó su negativa.

10. En ese proceso se practicó un dictamen pericial para establecer el valor de los
inmuebles de la sociedad y los perjuicios por pérdida de oportunidad. La
Superintendencia amplió de oficio el alcance de la prueba al exigir también la
estimación del lucro cesante. Ello obedeció a que reconoció una lesión patrimonial
en el socio comanditario y la legitimación para reclamar la indemnización.

11. Según la experticia rendida, los perjuicios derivados de las irregularidades
cometidas por la liquidadora sumaban $1.342’296.134.

12. En sentencia de única instancia del 21 de diciembre de 2016, la
Superintendencia de Sociedades declaró que la señora Luz Amparo Manrique
Rodríguez incumplió sus deberes como liquidadora de la sociedad familiar. Sin
embargo, “desestimó las demás pretensiones de la demanda (…) porque las
conductas cuestionadas solo tuvieron la virtualidad de lesionar de forma directa el
patrimonio social y apenas indirectamente el de los asociados”.

13. Le asiste responsabilidad patrimonial a la entidad demandada por los
desaciertos que se agrupan así:

2

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

(i) Concluyó que la liquidadora desconoció algunos deberes, pero no se
pronunció sobre la responsabilidad de la sociedad Luis Ángel Manrique e
Hijos S. en C. “por los actos y omisiones” de ella.

(ii) Aunque reconoció que el actor sufrió perjuicios a título personal debido a
las acciones y omisiones de la liquidadora y que se probaron los
elementos de la responsabilidad civil, no le otorgó una indemnización con
el argumento de que las situaciones reprochadas solo afectaron el
patrimonio social. Esta decisión carece de sustento fáctico y jurídico y
desconoce los artículos 200, 222 y 255 del Código de Comercio; 230 de
la Constitución Política; y 28 de la Ley 1429 de 2010.

(iii) Se apartó de los hechos, de las pretensiones y del precedente de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado plasmados en la demanda
civil, “violando el principio de congruencia”.

(iv) Omitió valorar el peritaje practicado que estimó los perjuicios del socio
comanditario e ignoró que las medidas cautelares fueron decretadas para
respaldar el resultado del asunto.

(v) No concedió la apelación contra la sentencia por tratarse de un asunto de
única instancia. A su vez, al resolver las solicitudes de aclaración y
adición, repitió los razonamientos de la decisión final3.

Contestación de la demanda

14. La Superintendencia de Sociedades dijo que la inconformidad del actor radica
en que declaró el incumplimiento de las funciones de la señora Luz Amparo
Manrique Rodríguez, pero no le reconoció la indemnización de perjuicios. Tal
determinación no fue arbitraria, estuvo motivada y sustentada en las pruebas, la ley,
la doctrina y la jurisprudencia aplicable.

15. El análisis del caso se realizó en el marco de actos de liquidación voluntaria, lo
que situaba a la sociedad en un escenario jurídico distinto a la liquidación judicial.
En todo caso, las falencias atribuidas a la persona referida no afectaban de forma
directa al demandante, sino a la sociedad, por tal motivo, no tenía legitimación para
reclamar perjuicios sociales mediante la acción individual de responsabilidad. Debió
exigirlos para la sociedad a través de la acción social.

16. El demandante alegó un defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia, pero no identificó qué trámite del asunto se omitió o en qué etapa se vulneró
el debido proceso. Al margen de ello, los elementos de convicción que reposaban

3 Al respecto, se lee: “La Superintendencia tenía razones por las cuales debía reconocer la responsabilidad civil

en cabeza de la liquidadora de Luis Ángel Manrique e Hijos S. en C., en liquidación, de manera solidaria con
esta compañía, y debía condenarse a pagar perjuicios a favor de Jorge Eliécer Manrique Rodríguez en la cuantía
determinada en el dictamen pericial. (…) La Superintendencia (…) en lugar de pronunciarse sobre los perjuicios
que se le pudieron causar al accionante en los términos de las pretensiones y los hechos de la demanda, se
limitó a decir, sin una verdadera motivación y sin que fuera lo que se solicitara en la demanda, que las conductas
de la liquidadora tuvieron la virtualidad de ocasionar perjuicios a la sociedad y que por tanto Jorge Eliécer no
podía reclamar perjuicios para él. A pesar de que la propia Superintendencia durante el proceso (…) reconoció
que sí tenía legitimación para demandar perjuicios a su favor y para que los mismos fueren pagados a él por
las demandadas, dejó de aplicar en su fallo los Artículos 200, 222 y 255 del Código de Comercio (…), pasando
por alto que consagran la legitimación en cabeza de los socios (…) para reclamar de forma directa y en su
propio nombre los perjuicios causados por los administradores, concretamente por el liquidador, perjuicios
consistentes en no poder haber recibido el remanente de activos sociales ni haber podido disponer y explotar
de los bienes que debió recibir a título de remanente”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

en el expediente daban cuenta de que las actuaciones propias de este tipo de
procesos, reguladas en el artículo 390 y siguientes del CGP, se surtieron a
cabalidad4.

Sentencia de primera instancia5

17. Mediante sentencia del 26 de abril de 2023, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda.

18. No estudió el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia porque
la demanda no identificó qué etapa del proceso verbal sumario se omitió ni explicó
de qué manera se vulneró el debido proceso.

19. Circunscribió el estudio del caso a determinar si se configuró un error judicial
por no conceder una indemnización a favor del demandante y por no abordar “la
responsabilidad que le cabía a la sociedad Luis Ángel Manrique e Hijos S. en C. por
los actos y omisiones de su liquidadora”.

20. Después de citar las normas referidas en la demanda y apartes de la sentencia
atacada, estimó que las pretensiones indemnizatorias no fracasaron por errores en
la valoración de las pruebas ni por inaplicación de la ley, sino porque la
Superintendencia no podía reconocer una compensación a título individual, en vista
de que las omisiones de la liquidadora afectaron el patrimonio social en conjunto y
no el del actor. En consecuencia, lo adecuado era que la persona jurídica ejerciera
la acción social por medio de sus representantes legales, sin que se advirtiera que
el demandante contara con autorización para ello.

21. De este modo, la providencia enjuiciada “contenía apreciaciones, valoraciones
y consideraciones plausibles y razonadas [sobre] las irregularidades evidenciadas
frente a la liquidación de la sociedad (…) y sobre la improcedencia de acceder a las
pretensiones indemnizatorias reclamadas a título individual”, de ahí que no se causó
un daño susceptible de reparación.

22. No impuso condena en costas, pues no advirtió temeridad o abuso del derecho
de la parte demandante6.

Recurso de apelación

23. La parte actora apeló por la falta de análisis del defectuoso funcionamiento de
la Administración de Justicia que se configuró porque: (i) no hubo congruencia entre
los hechos, las pretensiones del proceso verbal sumario y lo resuelto en la sentencia
de única instancia; (ii) la Superintendencia no se pronunció sobre las medidas
cautelares que decretó ante el reconocimiento de su interés económico legítimo y
el derecho al remanente de los activos sociales; y (iii) desatendió el artículo 230 de
la Constitución que exige al juez sujetarse a la ley antes de acudir a fuentes
auxiliares de interpretación como la jurisprudencia7.

4 Fls. 44 - 48 del c.1.
5 El 16 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que no existían excepciones previas

por resolver ni pruebas por recaudar, por tal motivo, dictaría sentencia anticipada, previa fijación del litigio y
disposición del término a las partes para alegar de conclusión por escrito (Fls. 90 - 93 del c.1).
6 Fls. 110 - 123 del c.1.
7 “(…) En lugar de dar aplicación a (…) los artículos 200, 222, 255 del Código de Comercio, y el artículo 28 de

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

24. Reiteró que los artículos 200, 222 y 255 del Código de Comercio y 28 de la Ley
1429 de 2010 le permitían a la entidad demandada reconocer los perjuicios exigidos,
al no recibir el remanente de activos sociales. Esta cuestión, de paso, encontraba
respaldo en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, pero el juez de primera instancia
no los estudió, únicamente los citó.

25. La Superintendencia de Sociedades incurrió en una contradicción y arribó a una
conclusión sin fundamento constitutivo de error judicial. Durante el trámite de la
demanda, esa autoridad tomó decisiones que demostraban que el daño patrimonial
recaía en el demandante, por ejemplo, decretar la medida cautelar y fijar una
caución para garantizar la condena. Sin embargo, en la sentencia desconoció la
postura inicial y sorpresivamente concluyó que el daño patrimonial lo sufrió la
sociedad.

26. El juez de primera instancia se dedicó a transcribir apartes de la sentencia
reprochada para justificar la inexistencia del error judicial, pero no analizó el
desconocimiento del derecho del demandante a reclamar indemnización de
perjuicios por los actos de la liquidadora a partir de los cargos de la demanda.

27. Las conductas irregulares de la señora Luz Amparo impidieron que el proceso
de liquidación avanzara hasta la distribución del remanente social, lo que constituyó
la pretensión principal de la demanda. Carece de lógica jurídica que la sociedad
retuviera recursos cuyo destino final era su entrega a los socios que tenían derecho
a recibirlos, por tal razón, estaba legitimado para demandar vía acción individual.

28. Ignoró que la Superintendencia no valoró el dictamen pericial ni su ampliación
oficiosa, prueba que demuestra la procedencia de la indemnización de perjuicios8.

Trámite en segunda instancia

29. En auto del 27 de noviembre de 2023, esta Corporación admitió la apelación 9.
Los sujetos procesales no intervinieron.

CONSIDERACIONES

30. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia porque no se configura causal de nulidad que invalide lo
actuado. Además, se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción10,
competencia11, conciliación prejudicial12, caducidad13 y legitimación en la causa por

la Ley 1429 de 2010, los que consagran que los administradores sociales, incluido el liquidador, responden por
los perjuicios que le ocasionen no solo a la sociedad, sino a sus socios y a terceros; se basó (…) en una
sentencia de junio de 2016 de la propia Superintendencia de Sociedades, la que obedecía a unos supuestos
de hecho totalmente distintos a los planteados en la demanda (…)”.
8 Fls. 126 - 140 del c.1.
9 Archivo 3 del expediente digital del Consejo de Estado.
10 Según el numeral 1 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 la jurisdicción de lo contencioso administrativo

conoce de los procesos sobre “la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que
sea el régimen aplicable”.
11 De acuerdo con los artículos 150 y 152.6 de la Ley 1437 de 2011 se trata de la apelación de una sentencia

dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso de doble instancia debido a la cuantía.
La única pretensión de contenido económico asciende a la suma de $1.342’296.134 y para la fecha de
presentación de la demanda superaba el monto exigido de $414’058.000.
12 El trámite se agotó ante la Procuraduría, en atención al numeral 1 del artículo 161 del CPACA y la Ley 640

de 2001.
13 Se demandó a la Superintendencia de Sociedades como consecuencia del error judicial contenido en la

sentencia del 21 de diciembre de 2016. El plazo de dos años para presentar la demanda (literal i del numeral 2
del artículo 164 del CPACA) empezó a correr a partir del día siguiente, fecha en la que quedó en firme esa
5

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Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

activa y por pasiva14.

Alcance de la apelación

31. La competencia para pronunciarse como juez de segunda instancia no es plena,
está limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas por el
accionante en su recurso contra la decisión impugnada15.

32. El juez de primera instancia no estudió el defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia en que incurrió la Superintendencia porque el actor no
señaló qué etapa procesal omitió ni acreditó una vulneración del debido proceso en
el asunto verbal sumario. El apelante insiste en ese título jurídico de atribución por
la incongruencia entre lo pedido y lo resuelto por la entidad demandada, la
desatención del fin de las medidas cautelares y la indebida aplicación de la ley.

33. Tales cargos de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia no
se refieren al trámite procesal en la Superintendencia, sino al contenido de la
sentencia de única instancia que culminó esa controversia porque aluden a su
fundamentación probatoria y jurídica.

34. Dichos cuestionamientos ameritan un estudio bajo la óptica del error judicial.
Además, como fueron planteados en la demanda, el Tribunal de instancia no los
abordó y se debatieron en la apelación, la Sala16 abordará estos puntos.

35. Asimismo, con apego a la apelación, corresponde analizar si surgieron yerros
de derecho y de apreciación probatoria, derivados de la indebida aplicación de las
normas indicadas en la demanda que permitían a la Superintendencia reconocer la
indemnización exigida con la acción individual y de las falencias en la valoración del
dictamen pericial.

36. Por la omisión del Tribunal de analizar de fondo los argumentos planteados en
la demanda, en particular aquellos que son objeto de inconformidad por el apelante,
la Sala debe abordar el asunto como si se tratara de un análisis de primera instancia.
En consecuencia, formulará los problemas jurídicos correspondientes y el desarrollo
argumentativo.

37. No se examinará lo relacionado con la responsabilidad de la sociedad por los
actos de la liquidadora; la no concesión de la apelación contra la sentencia de única
instancia; y la carencia de respuesta de las solicitudes de aclaración y adición de
esa decisión. Aunque el Tribunal de instancia no se pronunció sobre esos puntos
de la demanda, el actor no los cuestionó en su recurso, lo que deja en firme la
sentencia en estos aspectos.

decisión (Fl. 111 del c.1) y vencía el 23 de diciembre de 2018. El 7 de diciembre de ese año se radicó solicitud
de conciliación prejudicial y el plazo se suspendió hasta el 28 de febrero de 2019, día en el que se expidió la
constancia de no acuerdo (Fls. 124 - 125 del c.1). A partir del día siguiente se reanudó el término restante y se
extendió al 18 de marzo siguiente. La demanda se promovió en tiempo el 14 de marzo de 2019.
14 El señor Jorge Eliécer Manrique Rodríguez fue demandante en el proceso verbal sumario con radicado 2015-

800-033 que terminó con la sentencia que se cuestiona en este proceso, de ahí que le asiste legitimación en la
causa por activa.
La legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Sociedades se configura tras la imputación
formulada en la demanda y porque expidió la sentencia que se cuestiona.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6

de abril de 2018, expediente 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
16 En línea con el principio de congruencia estructurado en los artículos 187 del CPACA y 281 del CGP.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Problemas jurídicos

38. ¿La entidad demandada incurrió en errores de hecho por (i) la falta de valoración
del dictamen pericial; y (ii) el desconocimiento de la finalidad de las medidas
cautelares decretadas?

39. ¿Existen errores de derecho por (i) la omisión en el análisis de las normas que
legitiman al actor a reclamar la indemnización de perjuicios por las fallas de la
liquidadora; y (ii) la no aplicación del principio de congruencia y del artículo 230 de
la Constitución Política?

40. En caso de comprobarse un error de hecho o de derecho, ¿procede la
indemnización de perjuicios?

Tesis

41. Se confirmará la sentencia de primera instancia. La providencia atacada no
contiene los errores fácticos ni jurídicos que discute el apelante. No constituye error
judicial que la Superintendencia declarara la falta de legitimación de un socio
comanditario que reclamó indemnización de perjuicios a título personal y no para de
la sociedad a través de la acción social de responsabilidad.

42. La tesis se desarrollará en los siguientes capítulos: (i) consideraciones sobre el
título de atribución; (ii) presupuestos del error judicial; (iii) antecedentes y sentencia
enjuiciada; (iv) errores de hecho y de derecho objeto de revisión; y (v) condena en
costas en segunda instancia.

Error judicial como título de imputación

43. El error judicial tiene su génesis en una decisión contraria y/o violatoria de la ley,
puede acaecer por la configuración de dos supuestos, el error de hecho y el de
derecho, causales específicas que fundamentan este título de imputación.

44. Cuando se trate de un error de derecho se debe señalar las normas que se
consideran transgredidas y una explicación de la razón por la que fueron infringidas.
Por su parte, en lo que concierne al error de hecho, se debe explicar cuáles son las
pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello
se violó la ley.

45. La fundamentación de las causales para cimentar el error jurisdiccional exige
demostrar las equivocaciones cometidas por el juez en la providencia que pudieron
comprometer la legalidad de la decisión cuestionada tanto en la aplicación de las
normas de derecho sustancial (in judicando) como las relativas al derecho procesal
(in procedendo) y que, de todos modos, deben tener entidad suficiente para mutar
la decisión que adoptó.

46. Esta Subsección señala que17 respecto de este título de imputación el
interesado debe identificar su objeto, así como establecer un concepto de violación.
Con este propósito, le corresponde atender no solo las cargas de claridad, precisión

17 Se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 20 de noviembre de 2019, expediente 43.042, del 12 de

diciembre de 2019, expedientes 45.602 y 44852, y del 10 de septiembre 2020, expediente 55.004.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
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Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

y debida argumentación para demostrar que existe una imputación de tipo jurídico
a la demandada, sino también el respaldo probatorio suficiente18.

47. En definitiva, es imperioso que el juez administrativo se cerciore que la eventual
falencia en la decisión revisada, en el marco del título de imputación estudiado, sea
trascendente -tenga la vocación de modificar el sentido- y suficiente -destruya todos
los fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento- para su procedencia.

Presupuestos del error judicial

48. De acuerdo con los artículos 66, 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, se configura
con las providencias contrarias al ordenamiento jurídico, siempre que el afectado
interponga los recursos ordinarios de ley y que la decisión se encuentre en firme.

49. En esta oportunidad, se invoca como fuente del error judicial la sentencia del 21
de diciembre de 2016, proferida por la Superintendencia de Sociedades que quedó
debidamente ejecutoriada y no procedían recursos ordinarios en su contra por ser
de única instancia19. Por este motivo, se encuentran satisfechos los presupuestos
para el estudio del asunto.

50. De conformidad con lo previsto en el inciso 3°del artículo 116 de la Constitución
Política20, la Sala21 ha aceptado que la Superintendencia de Sociedades actúa como
juez cuando ejerce funciones jurisdiccionales y sus decisiones pueden comprometer
la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial.

18 La Sala ha señalado: “La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer comprensivas

las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error judicial, es decir, que el objeto y concepto de
violación esté determinado o sea determinable. La precisión implica que se deben identificar las razones que
sirvieron de base de la decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento central de la decisión que se estima
causó un daño, la reparación directa sería denegatoria, pues la providencia todavía se mantendría incólume y
no habría causado, entonces, un daño antijurídico. La debida argumentación tiene que ver con los aspectos
mínimos de suficiencia en las consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la claridad
y la precisión, para efectos de que opere el error jurisdiccional.
Para la Sala, es indispensable que la crítica de la providencia aparentemente contentiva del error judicial guarde
adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar. Valga decir, que se refiera
directamente a las bases decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la decisión. De ahí que,
si el ataque se hace bajo apreciaciones subjetivas del demandante y no a lo que objetivamente constituye el
fundamento de la providencia, se configura una carencia demostrativa de la imputación jurídica de la
demandada, lo que confluiría en un fallo denegatorio de pretensiones.
En ese orden, el interesado debe circunscribir sus argumentos fácticos y jurídicos a desvirtuar la presunción
de juridicidad y acierto que abriga la totalidad de la providencia judicial cuestionada o que conforman su ratio
decidendi (suficiencia), al tiempo que permita verificar que el resultado del pronunciamiento habría sido distinto
de no cometerse el yerro (trascendencia), no de manera imprevista, sino con sujeción a requisitos previamente
establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el
juez contencioso administrativo sin entrar a suplantar la esfera del juez natural.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha considerado que para romper con la presunción de
legalidad que ampara a las decisiones judiciales es necesario que la equivocación enrostrada al
pronunciamiento judicial sea trascendente; es decir, que tenga la suficiente relevancia como para cambiar el
sentido del proveído y, además, que se refiera a la totalidad de sus fundamentos, pues, de conservar al menos
uno de los sustratos, el fallo no podrá ser declarado como transgresor del ordenamiento” (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de junio de 2022,
expediente 51.407, M.P. María Adriana Marín).
19 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1429 de 2010 A cuyo tenor: “La Superintendencia de

Sociedades, en uso de funciones jurisdiccionales, conocerá de las acciones de responsabilidad contra socios y
liquidadores según las normas legales vigentes. Dichas acciones se adelantarán en única instancia a través del
procedimiento verbal sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil”.
20 “Artículo 116. (…) Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a

determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de
sumarios ni juzgar delitos”.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22

de mayo de 2020, expediente 57.989, M.P. María Adriana Marín.
8

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Antecedentes de la sentencia de única instancia de la Superintendencia de
Sociedades

51. El 5 de marzo de 2015, el señor Jorge Eliécer Manrique Rodríguez instauró
demanda de responsabilidad civil contra la Sociedad Luis Ángel Manrique e hijos S.
en C. y su liquidadora. Alegó que la última incumplió sus deberes, lo que le causó
perjuicios22.

52. Como fundamento de esas pretensiones, dijo que la sociedad se creó en 1980,
integrada por socios gestores y comanditarios. Su participación en la segunda
condición23. Tras la muerte de varios de sus miembros y como no adelantaron los
procesos sucesorales, los socios distribuyeron entre sí la administración de los
activos sociales.

53. En 2001, los socios acordaron la liquidación de la sociedad y para ese propósito
designaron a su hermana Luz Amparo Manrique Rodríguez como liquidadora, quien
continuó con el objeto social y omitió las gestiones necesarias para su culminación.
Ello le impidió recibir el porcentaje de remanentes sociales y ejercer actos de
explotación o disposición sobre los activos que le pudieran corresponder.

54. Pidió a la Superintendencia indemnización de perjuicios por concepto de
pérdida de oportunidad y lucro cesante24. A título de medidas cautelares, solicitó el
embargo de las 350 cuotas de interés social de la liquidadora en la sociedad y de
sus cuentas bancarias, así como el embargo y secuestro de los inmuebles de la
empresa familiar.

55. El 31 de marzo de 2015, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la
Superintendencia de Sociedades admitió la demanda y le impartió el trámite del
proceso verbal sumario con radicado 2015-800-033.

56. La liquidadora contestó la demanda y sostuvo que desde septiembre de 1986
los socios de común acuerdo hicieron la división material de hecho de los terrenos
y el ganado existente, “entrando cada uno en posesión y administración de sus
bienes, quedando ilíquida la sociedad”. No pudo ejercer su cargo porque se vio
obligada a salir del país por las amenazas de grupos paramilitares y, si el actor no
recibió los dividendos de la administración de los bienes que le correspondían,
devino del actuar de terceros o por su propia culpa25.

57. El 31 de marzo de 2015 se decretó como medida cautelar el embargo de las
350 cuotas sociales que detentaba la señora Luz Amparo Manrique Rodríguez en

22 Fls. 1 - 38 del c.1.
23 La sociedad en comandita simple (S. en C.) es una sociedad mercantil personalista de carácter mixto,
integrada por socios gestores y comanditarios, con regímenes de responsabilidad distintos. Los socios gestores
responden de manera solidaria e ilimitada y tienen facultades de administración, mientras que los comanditarios
responden únicamente hasta el monto de sus aportes y no intervienen en la gestión social (artículos 323, 326 y
327 del Código de Comercio).
La disolución y liquidación está fundamentada en los artículos 218, 333 y siguientes del Código de Comercio.
Hay lugar a extinguir la empresa debido a causales como el vencimiento de su término, el acuerdo de los socios
o la desaparición de alguna de sus categorías de asociados. Este trámite requiere la aprobación de la disolución
mediante acta de asamblea, su registro ante la Cámara de Comercio, el nombramiento de un liquidador para el
pago de pasivos y la realización de activos, y la posterior adjudicación del remanente. Culmina con la aprobación
del balance final y la cancelación definitiva del registro mercantil y del RUT ante la DIAN.
24 Ante la imposibilidad “de explotar y/o celebrar contratos de arrendamiento o de venta” sobre los bienes que

le han debido ser adjudicados en la liquidación voluntaria de la empresa familiar, así como por “la parte
proporcional de lo que la sociedad dejó de percibir por las servidumbres de hidrocarburos, eléctricas y de
telecomunicaciones (…), por dejar de recibir por aprovechamiento de las aguas del río Maracas”.
25 Fls. 40 - 47 del c.1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

la sociedad y la inscripción de la demanda en los folios inmobiliarios de los bienes
de la empresa. Los fundamentos de esa determinación fueron26:

“(…) El Despacho encuentra que la celebración de contratos para la explotación
conjunta de un inmueble de propiedad de la sociedad difícilmente encaja dentro
de las actividades que la ley les permite realizar a las compañías en estado de
liquidación. Por el contrario, se trata de actuaciones inherentes a la actividad
mercantil, que no parecen guardar mayor relación con la finalidad de liquidar el
patrimonio social. Las pruebas hasta ahora disponibles en el presente proceso
apuntan a que la liquidadora (…) podría no estar llevando a cabo actos
conducentes a la liquidación inmediata de Luis Ángel Manrique e Hijos S. en C.
Esta conclusión preliminar se debe, principalmente, a que la compañía se
encuentra en estado de liquidación desde hace más de 13 años, según parece
en el certificado de existencia y representación legal. En verdad, esta anómala
situación podría desbordar el alcance de las reglas comerciales que rigen los
procesos de liquidación privada (…).

(…) En esta etapa del proceso, se han (sic) acreditado las probabilidades de
éxito de las pretensiones. Por supuesto que la determinación final sobre los
asuntos debatidos en el presente litigio solo se producirá al (…) dictar sentencia,
una vez cuente con la totalidad de los elementos probatorios pertinentes. (…)
El demandante cuenta con un interés económico legítimo en el presente
proceso27. En verdad, cualquier conducta dilatoria por parte de la liquidadora
respecto del trámite de liquidación podría ocasionar graves perjuicios (…)”.

58. El 20 de marzo de 2015, el señor Jorge Eliécer Manrique Rodríguez solicitó el
decreto de las medidas cautelares restantes, sumado a la remoción de la liquidadora
y el nombramiento de uno nuevo28. En auto del 24 de septiembre de 2015 se negó
la petición, en consideración a que lo ordenado era suficiente para evitar la
explotación económica de los bienes de la empresa y que los dineros producto de
esas actividades ingresaran al patrimonio social29.

59. El actor recurrió esa decisión30. En determinación del 30 de noviembre de 2015
fue confirmada.

60. El 19 de agosto de 2015, en la audiencia de pruebas, a petición de la parte
actora, se decretó un dictamen pericial “para el avalúo de los bienes inmuebles de
la sociedad y de las mejoras de [dos] predios”31.

61. El 18 de agosto de 2016, la Firma Creciendo Ltda. aclaró y complementó la
prueba pericial que rindió32 frente al valor del lucro cesante y otros conceptos33.

Sentencia de única instancia de la Superintendencia de Sociedades

62. El 21 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades dictó sentencia
y: (i) declaró que la señora Luz Amparo Manrique Rodríguez incumplió con el deber
de diligencia como liquidadora de la sociedad Luis Ángel Manrique e Hijos S en C.;
(ii) desestimó las demás pretensiones formuladas en la demanda; (iii) condenó en
costas al demandante y fijó el equivalente a 2 SMLMV por agencias en derecho; y

26 Fls. 48 - 50 del c.1.
27 Cita del texto original “(…) el denominado interés económico conjuga varios elementos a que alude el artículo

590 del Código General del Proceso, incluido el interés para obrar y la necesidad de la medida”.
28 Fls. 61 - 64 del c.1.
29 Fls. 72 - 73 del c.1.
30 Fls. 74 - 76 del c.1.
31 Según el acta que obra a folio 79 del c.1.
32 La experticia no se aportó a este expediente.
33 Fls. 82 - 83 del c.1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

(iv) ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. La sentencia se
cimentó en cuatro puntos que se sintetizan así34:

63. “Acerca del pago del pasivo externo y el desarrollo del objeto social de Luis
Ángel Manrique e Hijos S. en. C.”: no se podía aceptar que la suscripción del
acuerdo privado que se efectuó entre socios sobre la distribución de los activos
productivos de la sociedad se invocara para pretermitir el cumplimiento de las
normas que rigen el trámite de la liquidación. Dado que no hubo transferencia del
dominio sobre los inmuebles de la sociedad familiar, estos aún formaban parte del
patrimonio social. Señalar lo contrario, vulneraría los artículos 144, 241, 247 y 248
del Código de Comercio.

64. La liquidación no representa un simple reparto de bienes entre los socios, sino
un procedimiento destinado a realizar y depurar los activos sociales para pagar
previamente todas las obligaciones de la sociedad. Solo después de cumplida esa
finalidad es posible distribuir el remanente social entre los asociados, por lo que la
liquidadora debía destinar los bienes, ante todo, al cumplimiento de las acreencias
sociales, conforme al artículo 241 del código citado.

65. No obstante, la señora Luz Amparo continuó con el desarrollo del objeto social
de la compañía, al adelantar trámites y celebrar contratos de explotación de los
bienes de la sociedad, aun cuando los artículos 222 y 223 del Código de Comercio
limitan estrictamente la capacidad de las sociedades en liquidación a los actos
necesarios para culminar dicho proceso.

66. “Acerca de la omisión en el cobro de créditos y el pago de pasivos”: no se logró
determinar la existencia de las servidumbres petroleras y eléctricas sobre varios
predios de la sociedad, pues no se halló prueba de su legalización ni de que se
hubieran iniciado las gestiones orientadas a reclamar los perjuicios que se le
causaron a esta, en los términos de las Leyes 1274 de 2009 y 142 de 1994.
Tampoco se soportó el pago de las obligaciones tributarias y fiscales a cargo de la
empresa familiar, eventos que indicaban que la liquidadora desconoció los deberes
legales consagrados en el artículo 238 del Código de Comercio.

67. “Acerca de la fuerza mayor invocada por Luz Amparo Manrique”: el argumento
de la señora Luz Amparo no era válido porque la situación de orden público en el
municipio donde residía ocurrió años después de iniciada la liquidación. Además,
se acreditó que ingresó al país en varias ocasiones, otorgó poderes y realizó
actuaciones en nombre de la sociedad, lo que evidenció que sí pudo actuar, pero
omitió adelantar las gestiones propias de la liquidación.

68. “Acerca de los perjuicios reclamados en la demanda”: pese al incumplimiento
de varios deberes legales de la liquidadora, las normas sobre la responsabilidad de
los administradores no permitían reconocer una indemnización a favor del actor,
dado que las conductas reprochadas afectaron de manera directa el patrimonio
social. Entonces, él no estaba legitimado para reclamar perjuicios “a título personal”
vía acción individual de responsabilidad.

69. Cuando el daño es al ente societario, solo procede la social, que corresponde
ejercer a la persona jurídica. Igualmente, el ente en liquidación conserva su

34 Fls. 105 - 111 del c.1.

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Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

personalidad jurídica hasta la protocolización y registro del acta final y, durante dicho
período, el patrimonio se destina prioritariamente al pago del pasivo.

70. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los socios
solo tienen una expectativa sobre el remanente, por lo que no pueden reclamar
indemnizaciones propias del ente jurídico. El asociado podría reclamar perjuicios
personales una vez extinguida la sociedad, mediante los mecanismos legales de
protección, como el previsto en el artículo 255 del Código de Comercio y los
instrumentos de defensa de los socios minoritarios.

Análisis de la apelación sobre los errores de hecho

Ausencia de valoración del peritaje practicado

71. Es cierto que la entidad demandada no valoró el dictamen pericial sobre los
perjuicios. Sin embargo, no se trató de un error de hecho.

72. El objetivo de la prueba pericial es verificar los hechos que interesan al asunto
y que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Para
otorgarle mérito probatorio se requiere una evaluación de factores como su solidez,
exhaustividad, precisión, calidad de los fundamentos y la confrontación con las
demás pruebas obrantes en el expediente35. Asimismo, el juez está facultado para
ordenar de oficio la complementación cuando lo estime necesario.

73. En criterio del apelante, el juez del proceso verbal sumario incurrió en una
incongruencia probatoria con incidencia en la sentencia. Aunque de oficio pidió la
ampliación del dictamen pericial sobre los perjuicios por las irregularidades de la
liquidadora, al final negó la indemnización.

74. Según los antecedentes, el actor solicitó la práctica de una prueba pericial ante
la dificultad de cuantificar los perjuicios reclamados y la Superintendencia la decretó.

75. El hecho de que la Superintendencia de Sociedades solicitara la ampliación de
la experticia no indicaba automáticamente que había lugar a reconocer perjuicios ni
que se encontrara definida la titularidad del crédito. La opinión experta constituye
solo un elemento de apoyo para la valoración de aspectos complejos del litigio, pero
no sustituye el análisis jurídico que corresponde al juez ni predetermina la decisión
de fondo. De hecho, el juzgador puede apartarse de las conclusiones periciales si
estas no cumplen con los requisitos exigidos para su valoración probatoria y con la
debida carga argumentativa.

76. La ausencia de una referencia expresa de la prueba pericial en la sentencia de
única instancia no constituyó una omisión con la suficiencia de modificar el sentido
de la decisión, sino a que dicha prueba estaba relacionada con el quantum de la
condena. Como el juez concluyó que no era procedente reconocerlos, este aspecto
era irrelevante para la decisión final.

Desconocimiento del propósito de las medidas cautelares decretadas

77. A juicio del demandante, la Superintendencia ignoró que decretó las medidas
cautelares relativas al embargo de las 350 cuotas sociales de la liquidadora y la
inscripción de la demanda en los folios inmobiliarios de la sociedad tras reconocer
35 De conformidad con los artículos 226 y 232 del CGP.

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

que ostentaba un interés económico legítimo para demandar y que “tenía derecho”
a recibir el remanente social por los actos de la liquidadora.

78. La apelación se refiere al decreto de las medidas cautelares como si fuera una
prueba que debió valorarse a favor del demandante sobre el derecho a recibir la
indemnización de perjuicios por los actos de la liquidadora.

79. No obstante, las medidas cautelares son un acto procesal preliminar y revocable
para proteger de manera provisional, durante el curso del proceso, la integridad de
un derecho frente a eventuales riesgos que puedan afectar a las personas o los
bienes, para asegurar la eficacia de la decisión judicial o evitar un perjuicio
irremediable36.

80. Las medidas cautelares están directamente ligadas al derecho de acceso a la
administración de justicia, en cuanto garantizan la efectividad de las obligaciones
que se reconozcan al finalizar el proceso37. Su decreto se funda en una valoración
preliminar, que no comporta un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones38.

81. Ahora bien, es cierto que la medida cautelar que decretó la Superintendencia
reconoció que las omisiones de la señora Luz Amparo podían eventualmente
perjudicar el proceso de liquidación de la sociedad. Se trató de una decisión
preliminar susceptible de cambiar y que no se mantuvo hasta la sentencia porque
se demostró que el actor no estaba legitimado para pedir indemnización a su favor
ni en representación de la sociedad, a partir del carácter del daño. En conclusión,
no prospera este punto de la apelación.

Análisis de la apelación sobre los errores de derecho

Inaplicación de los artículos 144, 200, 222, 247, 248 y 255 del Código de
Comercio; y 28 de la Ley 1429 de 2010

82. Para resolver este punto de la apelación es necesario precisar la diferencia
entre la acción social e individual de responsabilidad de los administradores.

83. El legislador estableció un régimen de responsabilidad civil especial contra el
administrador para que este repare solidaria e ilimitadamente los perjuicios que
hubiera podido causar a la sociedad, a los socios o a terceros, en desarrollo de sus
funciones por culpa o dolo.

84. La acción social de responsabilidad recae exclusivamente en la compañía,
previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, conforme al artículo
25 de la Ley 222 de 199539; mientras que la acción individual corresponde al

36 Corte Constitucional, sentencia T-172 del 11 de abril de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos y sentencia C-379 del

27 de abril de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
37 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
38 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 23 de junio de 2020, expediente STC3917-2020, M.P. Luis Armando

Tolosa Villabona.
39 “Artículo 25. Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad contra los administradores

corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser
adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número
de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que
se halle dividido el capital social. La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes
de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador. Sin embargo, cuando adoptada
la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres
meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los
socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por
ciento del pasivo externo de la sociedad podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la
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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

asociado cuando pretende el resarcimiento de un daño a su patrimonio propio, de
acuerdo con el artículo 200 del Código de Comercio, subrogado por el artículo 24
de dicha ley40.

85. Bajo esta lógica, el criterio determinante no radica en la calidad de socio del
actor, sino en la naturaleza del daño alegado, esto es, si se trata de un perjuicio
directo o de un menoscabo sufrido por la sociedad.

86. Sobre la diferencia de ambas acciones, la Corte Suprema de Justicia 41 dijo:

“(…) En el régimen especial que estatuye la Ley 222 de 1995, se conciben dos
acciones indemnizatorias, a saber: La acción individual de responsabilidad que
busca el resarcimiento del patrimonio individual del demandante (acreedor o
socio, v.g.), y la acción social de responsabilidad que tiene por objeto el
resarcimiento del patrimonio social. Esta última, en otros términos, opera
cuando el obrar ilícito del administrador ha perjudicado de manera directa a la
sociedad, produciendo un quebranto en su patrimonio.

Los presupuestos de una y otra, en líneas generales, son los mismos, y lo que
las distingue es la finalidad que se persigue con cada una de las acciones, y los
sujetos legitimados para proponerlas”.

87. Ahora bien, la apelación insiste que los artículos 144, 200, 222, 247, 248 y 255
del Código de Comercio; y 28 de la Ley 1429 de 2010 daban al demandante el
derecho a recibir una indemnización y que la Superintendencia los inaplicó. Estos
artículos se refieren a la acción individual y a los siguientes puntos: (i) la sociedad
disuelta conserva capacidad jurídica para los actos tendientes a su liquidación; (ii)
el pasivo externo debe pagarse previo a distribuir el remanente entre los socios; (iii)
los liquidadores deben convocar a la asamblea o junta de socios para la aprobación
de sus cuentas; y (iv) las acciones contra liquidadores en asuntos de liquidación
voluntaria son de competencia de la Superintendencia de Sociedades, en única
instancia42.

sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio
de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros”.
40 “Artículo 200. Responsabilidad de Administradores. Los administradores responderán solidaria e

ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o
hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de
sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera
se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución
de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre
la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en
exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad
respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Se tendrán por no escritas las cláusulas
del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a
limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos”.
41 Se puede revisar, entre otras, Sala de Casación Civil y Agraria, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 7

de junio de 2021, expediente SC2749-2021, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo, sentencia del 14 de mayo
de 2021, expediente STC5419-2021, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
42 “Código de Comercio

Artículo 144. Reembolso total o parcial de acciones, cuotas o partes de interés. Los asociados tampoco podrán
pedir el reembolso total o parcial de sus acciones, cuotas o partes de interés antes de que, disuelta la sociedad,
se haya cancelado su pasivo externo. El reembolso se hará entonces en proporción al valor nominal del interés
de cada asociado, si en el contrato no se ha estipulado cosa distinta.
(…) Artículo 222. Efectos posteriores a la liquidación de la sociedad. Disuelta la sociedad se procederá de
inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y
conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier
operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la Ley, hará responsables frente a la
sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se
hubiere opuesto. El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión “en
liquidación”. Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha
omisión.
(…) Artículo 247. Distribución de remanente entre socios - procedimiento. Pagado el pasivo externo de la
sociedad, se distribuirá el remanente de los activos sociales entre los asociados, conforme a lo estipulado en
el contrato o a lo que ellos acuerden. La distribución se hará constar en acta en que se exprese el nombre de
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Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

88. La entidad demandada no incurrió en un yerro de derecho por inaplicar tales
disposiciones normativas porque la acción individual no era procedente para
reclamar, a título personal, la indemnización de los perjuicios generados por la
liquidadora por el incumplimiento de sus deberes durante el proceso de liquidación
voluntaria.

89. Aunque la Superintendencia identificó irregularidades en la actuación de la
liquidadora, la afectación se proyectó sobre el patrimonio social, dado que los bienes
nunca dejaron de ser de la persona jurídica, al no haberse transferido su dominio a
los socios, pese al acuerdo de distribución. En consecuencia, cualquier intervención
sobre ellos incidía directamente en la sociedad, que estaba vigente. De este modo,
la lesión tuvo naturaleza social, mas no individual, pues la liquidadora obraba en
representación de Luis Ángel Manrique e Hijos S. en C.; por ello, la vía procesal
adecuada para reclamar era la acción social.

90. El socio puede ejercer la acción individual cuando acredite un daño personal,
directo y cierto, pero, en este asunto, la entrega del remanente estaba condicionado
a la culminación del proceso liquidatorio, al pago íntegro de las obligaciones sociales
con los bienes existentes y a su posterior distribución entre los asociados, por lo
que constituía una mera expectativa -no solo para él, sino para los demás socios-.
Por tanto, no prospera este punto de la apelación.

Omisión del principio de congruencia

91. En criterio de la Subsección, la decisión judicial atacada respetó el principio de
congruencia del artículo 281 del Código General del Proceso43. Este no exige que
la controversia deba resolverse exactamente en los términos en los que el
demandante los expone, sino que la sentencia sea coherente al resolver con lo que
se pide y lo que se prueba.

92. En línea con lo alegado en la demanda y las pruebas recaudadas en el proceso
verbal sumario, la autoridad judicial debía revisar si el demandante sufrió una lesión

los asociados, el valor de su correspondiente interés social y la suma de dinero o los bienes que reciba cada
uno a título de liquidación. Tal acta se protocolizará en una notaría del lugar del domicilio social, junto con las
diligencias de inventario de los bienes sociales y con la actuación judicial en su caso.
Parágrafo. Cuando se hagan adjudicaciones de bienes para cuya enajenación se exijan formalidades
especiales en la ley, deberán cumplirse éstas por los liquidadores. Si la formalidad consiste en el otorgamiento
de escritura pública, bastará que se eleve a escritura la parte pertinente del acta indicada.
Artículo 248. Distribución o prorrateo de remanente. La distribución o prorrateo del remanente de los activos
sociales entre los asociados se hará al tiempo para todos, si no se ha estipulado el reembolso preferencial de
sus partes de interés, cuotas o acciones para algunos de ellos, caso en el cual sólo se dispondrá del remanente
una vez hecho dicho reembolso. Hecha la liquidación de lo que a cada asociado corresponda en los activos
sociales, los liquidadores convocarán a la asamblea o a la junta de socios, para que aprueben las cuentas de
los liquidadores y el acta de que trata el artículo anterior. Estas decisiones podrán adoptarse con el voto
favorable de la mayoría de los asociados que concurran, cualquiera que sea el valor de las partes de interés,
cuotas o acciones que representen en la sociedad. Si hecha debidamente la convocatoria, no concurre ningún
asociado, los liquidadores convocarán en la misma forma a una segunda reunión, para dentro de los diez días
siguientes; si a dicha reunión tampoco concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de los
liquidadores, las cuales no podrán ser posteriormente impugnadas.
(…) Artículo 255. Responsabilidad del liquidador. Los liquidadores serán responsables ante los asociados y
ante terceros de los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.
Ley 1429 de 2010
Artículo 28. Acciones contra socios y liquidadores en la liquidación voluntaria. La Superintendencia de
Sociedades, en uso de funciones jurisdiccionales, conocerá de las acciones de responsabilidad contra socios
y liquidadores según las normas legales vigentes. Dichas acciones se adelantarán en única instancia a través
del procedimiento verbal sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil”.
43 “Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones

aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta
(…)”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

personal y directa por el incumplimiento de los deberes de la liquidadora, punto que
se alegó en su demanda de responsabilidad civil.

93. Así, necesariamente debía verificar no solo si tales actos irregulares golpearon
su patrimonio, sino si era el titular del derecho de acción, dado que de eso dependía
la prosperidad de sus pretensiones, lo que no sucedió. Analizó con detalle que la
situación fáctica acreditada permitía inferir que la lesión la soportó, de plano, la
sociedad familiar a la que él pertenecía, ente que no se encontraba liquidado.

94. La legitimación material en la causa por activa es un presupuesto indispensable
para una decisión favorable, por lo que no bastaba acreditar el comportamiento
irregular de la liquidadora. Aunque este se probó, no configuraba, por sí solo, la
responsabilidad civil, pues también debía demostrarse la legitimación del actor,
entendida como la aptitud jurídica para reclamar el derecho invocado44. En este
caso, al recaer la afectación patrimonial en la sociedad y no en el actor, este
requisito no se cumplió, lo que impedía acceder a las pretensiones.

95. Es equivocado asumir que el incumplimiento de los deberes de la liquidadora
generaba, por sí solo, el reconocimiento de una condena patrimonial a su favor.

96. La actuación analizada no desbordó la competencia de la demandada ni indica
que se “desvió del análisis planteado”. Por el contrario, era un punto de derecho
ligado a la contienda que no podía ignorar. El hecho de que se hubiera dado una
respuesta negativa a la tesis promovida por aquel no significa que la sentencia es
incongruente o violatoria del debido proceso.

Falta de aplicación del artículo 230 de la Carta Política

97. El apelante es de la tesis de que la Superintendencia se apartó del artículo 230
de la Constitución Política45, toda vez que la providencia censurada se fundó en la
jurisprudencia y no en la ley como fuente primaria del derecho.

98. Este punto de la apelación no prospera porque la sentencia de la
Superintendencia declaró la falta de legitimación del demandante con base en la
Ley 222 de 1995 sobre la acción social e individual de responsabilidad contra los
administradores y una interpretación normativa en línea con la jurisprudencia en la
materia.

99. La jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial y la Corte
Constitucional sostiene que el sistema normativo ha evolucionado hasta reconocer
la fuerza vinculante de ciertos precedentes judiciales46. Una interpretación conjunta
de los artículos 1, 13, 83 y 230 de la norma superior impone al juez el deber de
tenerlos en cuenta y explicar los motivos cuando decide apartarse.

100. Al aplicar la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades replicó el
razonamiento expuesto en la sentencia 800-52 del 9 de junio de 201647 y la línea
jurisprudencial que ha construido sobre estos asuntos en años posteriores, la que,

44 La legitimación material se refiere a la participación real de las personas en el hecho origina la demanda y/o

a la titularidad del derecho que se reclama, con independencia de que dichas personas hubieran demandado o
sido demandadas (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de agosto de 2018, expediente 40.369).
45 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la

jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.
46 Sentencia C-284 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
47 Sobre la imposibilidad de reconocer indemnizaciones a favor del actor como accionista de Gyptec S.A.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00207-01(70.563)
Demandante: JORGE ELIÉCER MANRIQUE RODRÍGUEZ
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

a su vez, es coherente con el precedente de la justicia ordinaria, como se citó en los
párrafos 85 y 88.

101. En definitiva, todo lo expresado desdibuja la configuración de un error judicial
que genere un daño antijurídico susceptible de reparación al demandante, lo que
impone confirmar la sentencia de primera instancia.

Costas en segunda instancia

102. El artículo 365 del CGP menciona que la condena en costas se impone a
“quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación [y que] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

103. No se condenará en costas porque, si bien se resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera
instancia, la entidad demandada no intervino en segunda instancia y no se demostró
que se causaron agencias en derecho a su favor en esta instancia.

104. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de abril de 2023, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO. DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez se encuentre en firme esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento parcial

VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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