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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00257-01

Fecha
26 de marzo de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00257-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO, por el daño antijurídico sufrido por mi poderdante ante la omisión de funciones constitucionales y reglamentarias como garante de la inspección, vigilancia y control, que llevo a la liquidación de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS, intervenida y liquidada por insolvencia que llevó al daño antijurídico a la IPS AVIDANTI S.A.S., por la sustracción de pagos correspondientes a la atención en salud. TERCERA. Condenar, en consecuencia, a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, a pagar solidariamente a la AVIDANTI S.A.S., con NIT 800185449-9 y domicilio en la ciudad de Bogotá, una indemnización por el daño antijurídico sufrido por mi poderdante ante la omisión de funciones constitucionales y reglamentarias en calidad de garantes de dirección, inspección, vigilancia y control; indemnización equivalente a los montos reconocidos y dejados de pagar por la PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS, Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), intervenida y liquidada que corresponde a lo dejado de pagar por la prestación del servicio público de salud a cargo de los usuarios de la Empresa Promotora de Salud delegada por el Estado para cumplir con la función de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social. Discriminados de la siguiente forma: 1. Que se condene a los aquí demandados al pago de la suma de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C (3.380.289.974), como indemnización a la IPS AVIDANTI S.A.S., por los montos dejados de pagar por la prestación de servicios de salud a los afiliados de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS Liquidada. 2. Que se condene a los aquí demandados al pago solidario de la suma que se fije como indemnización total del monto dejado de pagar, debidamente indexada a la fecha de dictar sentencia. 3. Que se condene a los aquí demandados al pago solidario de los intereses moratorios liquidados desde la sentencia hasta el momento real y efectivo del pago de la obligación. CUARTA: Que en subsidio se declare el ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00257-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01(69570)
Demandante: IPS Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Reparación directa – Liquidación de Entidad Promotora de Salud (EPS)-
Responsabilidad del Estado por omisión en la inspección, vigilancia y control - No pago
de deudas a Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS).

Síntesis del caso: la IPS demandante reclama la responsabilidad del Estado porque la
EPS a quien prestó sus servicios fue liquidada por decisión de la Superintendencia
Nacional de Salud y en el proceso no se le pagaron los créditos que le fueron
reconocidos.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante
en contra de la Sentencia de 1 de diciembre de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 14 de febrero de 2019, Avidanti S.A.S. presentó demanda1, en
ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de

1 Folios 1 al 39 (demanda) y 151 al 193 (reforma a la demanda) del cuaderno único.

Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
__________________________________________________________________________________________________________

Salud, con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones (se
trascribe):

“PRIMERA. Declarar a la NACIÓN- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
administrativamente y patrimonialmente responsables por la falla del servicio,
por el daño antijurídico sufrido por mi poderdante ante la omisión de funciones
constitucionales y reglamentarias en calidad de garante, que llevó a la
liquidación de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS, intervenida
y liquidada por insolvencia que llevó al daño antijuridico a la IPS AVIDANTI S.A.S.,
por la sustracción de pagos correspondientes a la atención en salud.
SEGUNDA. Declarar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD,
administrativamente y patrimonialmente responsables por FALLA DEL SERVICIO,
por el daño antijurídico sufrido por mi poderdante ante la omisión de funciones
constitucionales y reglamentarias como garante de la inspección, vigilancia y
control, que llevo a la liquidación de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
CAPRECOM EPS, intervenida y liquidada por insolvencia que llevó al daño
antijurídico a la IPS AVIDANTI S.A.S., por la sustracción de pagos
correspondientes a la atención en salud.
TERCERA. Condenar, en consecuencia, a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, a pagar
solidariamente a la AVIDANTI S.A.S., con NIT 800185449-9 y domicilio en la ciudad
de Bogotá, una indemnización por el daño antijurídico sufrido por mi
poderdante ante la omisión de funciones constitucionales y reglamentarias en
calidad de garantes de dirección, inspección, vigilancia y control;
indemnización equivalente a los montos reconocidos y dejados de pagar por
la PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS, Caja de Previsión Social de
Comunicaciones (Caprecom), intervenida y liquidada que corresponde a lo
dejado de pagar por la prestación del servicio público de salud a cargo de los
usuarios de la Empresa Promotora de Salud delegada por el Estado para cumplir
con la función de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social.
Discriminados de la siguiente forma:
1. Que se condene a los aquí demandados al pago de la suma de TRES
MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C (3.380.289.974), como
indemnización a la IPS AVIDANTI S.A.S., por los montos dejados de pagar por la
prestación de servicios de salud a los afiliados de la EMPRESA PROMOTORA DE
SALUD CAPRECOM EPS Liquidada.
2. Que se condene a los aquí demandados al pago solidario de la suma
que se fije como indemnización total del monto dejado de pagar,
debidamente indexada a la fecha de dictar sentencia.
3. Que se condene a los aquí demandados al pago solidario de los
intereses moratorios liquidados desde la sentencia hasta el momento real y
efectivo del pago de la obligación.
CUARTA: Que en subsidio se declare el ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA de
la NACIÓN- MINISTERIO DE SALUD, por el no pago de los montos dejados de
pagar correspondientes a las atenciones a los afiliados cotizantes y
beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud a cargo del
Estado como servicio público

2

Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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QUINTA: Que se condene a los aquí demandados al pago solidario de los
gastos, costas y agencias en derecho que se llegaren a causar en el presente
proceso.”

2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

3. La empresa promotora de salud Caprecom (en adelante Caprecom
EPS) fue delegada por el Estado para la prestación del servicio público
de seguridad social, mediante Resolución 845 de 1995, emitida por la
Superintendencia de Salud, de conformidad con lo previsto en la Ley 314
de 1996.

4. Avidanti S.A.S institución prestadora de servicios de salud (en
adelante Avidanti IPS) tiene por objeto “la prestación al público de
servicios médicos y quirúrgicos, así como la hospitalización en todas las
áreas de la medicina”. En virtud de los dispuesto en el artículo 49 de la
C.P., en la Ley 100 de 1993, en la Ley 1438 de 2011 y en la Ley 1751 de
2015, la entidad debía prestar servicios de salud a los afiliados al sistema
de seguridad social. Caprecom EPS contrató a Avidanti IPS con el fin de
que prestara los servicios de salud de sus afiliados y beneficiarios.

5. El 28 de diciembre de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social,
mediante Decreto 2519, suprimió y ordenó la liquidación de Caprecom
EPS, por causa de iliquidez y quiebra. El 18 de septiembre de 2017, la
Superintendencia de Salud, mediante Resolución 3153, revocó la
habilitación para la administración de recursos del sistema general de
seguridad social en salud a Caprecom EPS. El 27 de enero de 2017,
mediante Resolución 35, el agente liquidador se pronunció sobre el
pasivo cierto no reclamado dentro del proceso y finalizó definitivamente
con la liquidación de la entidad.

6. Caprecom EPS incumplió sus obligaciones de pagar a Avidanti IPS las
sumas correspondientes a la prestación del servicio de salud, conforme a
la asignación que el Ministerio giró al Fosyga por cada usuario asignado.
Dicha suma ascendió a $3.380.289.974.

7. La parte actora adujo que el Ministerio de Salud y Protección Social
incurrió en una falla en el servicio, pues “omitieron su obligación legal de
vigilar y controlar el pago -flujo de dinero- de las atenciones brindadas a
los pacientes, usuarios y beneficiarios del sistema de seguridad social a

3

Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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cargo de Caprecom EPS”. Asimismo, la Superintendencia de Salud
incumplió sus funciones de inspección, vigilancia y control de las EPS, y
no veló “por el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas
por parte de las EPS o del empleador”. Ambas entidades estaban
obligadas a velar por la adecuada administración de los recursos de
destinación específica del sistema de seguridad y no lo hicieron, pues
permitieron que Caprecom EPS incurriera en irregularidades que la
llevaron a su liquidación, lo que, a su vez, ocasionó que no le fueran
pagados las sumas correspondientes a los servicios que había prestado.

1.2. Posición de la parte demandada

8. El Ministerio de Salud y Protección Social2 señaló que no tenía entre
sus funciones vigilar, controlar o intervenir a entidades en liquidación,
tampoco hizo parte de la relación contractual entre la demandante y
Caprecom EPS, ni participó en las actuaciones previas o posteriores a la
liquidación. Explicó que la Superintendencia era quien tenía la
competencia para determinar la procedencia de la medida de
intervención forzada de entidades que conforman el sistema de
seguridad social en salud, y dicha entidad tenía autonomía
administrativa y financiera. Asimismo, indicó que Caprecom EPS era una
entidad vinculada al Ministerio, pero también tenía independencia
administrativa y patrimonial. Precisó que, si bien el artículo 3 del Decreto
140 de 2017 dispuso que el Ministerio debía subrogarse en algunas
obligaciones a cargo de Caprecom EPS, la subrogación aplicaba solo
para acreencias referentes a indemnizaciones, asuntos laborales y gastos
del proceso liquidatorio, cuando no existiere activos suficientes para su
pago. En definitiva, propuso las excepciones de falta de legitimación en
la causa y “ausencia de responsabilidad”, porque ninguna de las
omisiones señaladas en la demanda corresponde con las funciones del
Ministerio.

9. La Superintendencia Nacional de Salud3 indicó que no tenía
responsabilidad por los hechos demandados, porque el daño no se
causó como consecuencia de una acción u omisión de sus funciones.
Explicó que la entidad no tenía facultades para coadministrar los recursos

2 Folios 198 al 216 del cuaderno único.
3 Folios 233 al 256 del cuaderno único.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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asignados a las EPS, por lo que no podía responder por las irregularidades
o fallas que se presentaran dentro de estas. Señaló que no existía ninguna
norma que previera una obligación solidaria en cabeza de la
Superintendencia como codeudora o garante de las obligaciones
contractuales de Caprecom EPS o cualquier otra entidad en liquidación.
Adujo que los hechos narrados en la demanda estaban relacionados con
las acciones desplegadas por el agente especial de la entidad
intervenida, quien no actuó ni en representación ni bajo la subordinación
de la Superintendencia, sino de la entidad en cuestión y bajo su exclusiva
responsabilidad. En definitiva, expuso que no estaba legitimada en la
causa, toda vez que el hecho que generó el daño no correspondió a una
acción u omisión de la entidad.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. El 1 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A profirió Sentencia de
primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda4. El
tribunal consideró que no se probó la acción u omisión de las
demandadas que dio lugar a la supresión y liquidación de Caprecom
EPS.

11. Refirió que el Ministerio de Salud y Protección Social tenía como
función crear las políticas públicas nacionales en materia de seguridad
social en salud, pero no tenía a su cargo la ejecución de esas medidas, y
la Superintendencia, en quien recaía el deber de inspección vigilancia y
control, cumplió sus funciones, pues advirtió el mal funcionamiento de la
EPS, condicionó la habilitación en la prestación del servicio hasta que
diera cumplimiento a un plan de actividades y al patrimonio mínimo
requerido, informó sobre el incumplimiento del margen de solvencia, y
adoptó medidas preventivas y medidas cautelares de vigilancia especial
con el fin de lograr el saneamiento de la situación financiera que
presentaba Caprecom EPS. Además, la entidad realizó auditorías, visitas,
recomendaciones, requerimientos, denuncias ante entes de control y, al
verificar que se presentaban deficiencias o inconsistencias en el
cumplimiento de las condiciones de operación, adoptó las medidas

4 SAMAI, índice consecutivo No. 77.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio de salud
de los usuarios.

12. Indicó que la parte actora como acreedora de la entidad intervenida
debió presentar sus solicitudes dentro del proceso de toma de posesión,
en el cual se graduaron los créditos con sujeción a la prelación definida
por el legislador. En caso de inconformidad, debió presentar la respectiva
reclamación y demandar el acto administrativo que determinó los
créditos. Explicó que el agente especial liquidador era el encargado de
la administración de los bienes de la entidad intervenida, pero se trataba
de un particular que no hace parte ni es subordinado de la
Superintendencia, y goza de autonomía en la toma de decisiones dado
que ejerce las funciones de representante legal de la entidad que fue
objeto de liquidación. Con todo, no se acreditó que dicho agente
incurriera en una omisión o incumplimiento de un deber legal.

13. Adujo que el no pago de la acreencia reconocida a favor de la
demandante, por no existir disponibilidad de recursos de la entidad
intervenida, no significó un incumplimiento de funciones por parte del
agente liquidador o de las demandadas. En todo caso, según el informe
rendido por el superintendente, Caprecom liquidada sí reconoció las
acreencias de la sociedad demandante, por valor de $3.242.634.757,40,
en prelación B, y mediante Decreto 141 de 2017, Decreto 414 de 2018 y
Decreto 1130 de 2019, el Estado canceló la totalidad de dicha acreencia.

1.4. Recurso de apelación

14. La parte actora presentó recurso de apelación5, en el que solicitó se
revocara la Sentencia de primera instancia. Refirió que la providencia
incurrió en una incongruencia, toda vez que analizó la responsabilidad
de las entidades demandadas en la liquidación de Caprecom EPS, no
obstante, en la demanda se alegó la omisión en la inspección, vigilancia
y control por parte de la Superintendencia y en la dirección y control por
parte del Ministerio “desde el inicio de funciones de EPS DE CAPRECOM
hasta la intervención para liquidación”, lo cual, en su criterio, dio lugar a
que la entidad quedara insolvente y fuera liquidada.

5 SAMAI, índice consecutivo No. 81.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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15. Adujo que la Superintendencia intervino cuando Caprecom EPS ya
presentaba falencias en su funcionamiento, sin embargo, previo a ese
estado, la entidad no vigiló, no custodió, ni garantizó la adecuada
“generación, recaudo, flujo, administración” de los recursos que eran de
destinación específica, tampoco controló que la EPS realizara los pagos
a las IPS. Alegó que las demandadas solo intervinieron cuando los
recursos habían sido desviados y cuando la sociedad estaba insolvente.
En ese sentido, aclaró que no pretendía que la Superintendencia fuera la
obligada o subrogada a pagar lo adeudado como acreencia
contractual por Caprecom EPS, y que la demanda no reclamaba el no
pago a la demandante, sino que pretendía una reparación “por la
omisión de funciones reglamentarias”.

16. Expuso que la providencia no tuvo en cuenta lo previsto en las normas
relativas las obligaciones reglamentarias de la Superintendencia, esto es,
la Constitución Política, art. 2, 48, 49, 189, y 211; la Ley 100 de 1993, art.
154, 180, 181, 212, 215, 225, 230; la Ley 715 de 2001, art. 68; la Ley 1122 de
2007 art 36 al 39; la Ley 1438 de 2011 y la Ley 1259 de 1994 art. 18; el
Decreto 2150 de 1995, el Decreto 1485 de 1994, el Decreto 1609 de 1995.
Además, el tribunal no valoró adecuadamente los documentos
aportados al proceso que demuestran que la demandante prestó
debidamente el servicio médico, Caprecom EPS no le realizó los pagos
correspondientes por esa actividad, y la Superintendencia no cumplió su
deber de vigilancia.

17. En todo caso, refirió que según lo previsto en el artículo 90 de la CP y
la jurisprudencia de la Corte Constitucional6, “la fuente de la
responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser
antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho,
sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el
perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”. De manera que, en
este caso, aquello relevante para determinar la responsabilidad del
estado era el daño sufrido por la demandante, quien no tenía el deber
jurídico de soportarlo, porque no le fueron pagados los créditos
correspondientes a la prestación del servicio de salud, a lo cual no podía

6 Al respecto señaló las sentencias C- 561 de 1999 y C-038 de 2006.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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negarse en virtud de las obligaciones que le imponía la Constitución y la
Ley.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3.
Condena en costas.

2.1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

18. La Sala decidirá de fondo el asunto, porque se encuentran reunidos
los presupuestos procesales para fallar. La reparación directa es la acción
procedente para solicitar la declaratoria de la responsabilidad del Estado
por las omisiones administrativas en el ejercicio de funciones de
inspección, vigilancia y control7, además, la demanda fue presentada
oportunamente8.

19. La parte actora sostuvo que el daño fue causado por las omisiones
de las entidades públicas demandadas que incumplieron sus funciones
de vigilancia y control respecto de los recursos de destinación específica
de la seguridad social y permitieron que Caprecom EPS incurriera en
insolvencia y fuera objeto de liquidación. En ese sentido, el problema a
resolver consiste en determinar si las demandadas estaban en la

7 En las pretensiones y hechos de la demanda, la parte actora reclama el no pago de los créditos reconocidos

en el proceso liquidatorio y refiere que ese daño se debió a la falla en el servicio en que incurrieron las
demandadas al omitir el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de
Caprecom EPS. No obstante, en el hecho No. 26, la demandante refirió que “La Empresa Promotora de Salud
Caprecom EPS utilizó mecanismos dilatorios para el no pago de las obligaciones, dentro de los que se
encuentran la formulación de objeciones y glosas infundadas, la falta de respuesta a las objeciones
contestadas y la dilatación injustificada en la recepción de cuentas por parte de las auditorias contratadas”.
Pese a que ese hecho parece indicar que se reclama por la dilación y obstaculización en el reclamo de los
créditos, lo cierto es que una lectura integral de la demanda permite inferir que ese no es el objeto de la
reclamación, ya que en los mismo hechos la parte actora afirma que su crédito fue reconocido en su totalidad
y su reproche lo limita a las actuaciones de las demandadas previas a la decisión que ordenó la liquidación
de Caprecom.
8 Avidanti IPS reclama el daño consistente en el no pago de los servicios prestados a Caprecom EPS. Dicho

daño se habría consolidado con el acta final del proceso liquidatario expedida el 27 de enero de 2017, por
medio de la cual el agente liquidador terminó el proceso y declaró la extinción de la persona jurídica de
Caprecom EPS. Pese a que en la demanda y en el recurso de apelación se adujo que la omisión se produjo
en el periodo comprendido entre “el inicio de funciones de EPS DE CAPRECOM hasta la intervención para
liquidación”, lo cierto es que Avidanti IPS mantuvo la expectativa de que le realizara el pago de las acreencias
reconocidas hasta la culminación del proceso de liquidación, es decir, solo en este momento se consolidó y
se tuvo certeza del daño. En ese sentido, el término para la presentación oportuna de la demanda se extendía
desde el 28 de enero de 2017 hasta el 28 de enero de 2019. El 5 de diciembre de 2018 la parte actora presentó
solicitud de conciliación extrajudicial, es decir, faltando 1 mes y 23 días para que se configurara la caducidad.
La diligencia de conciliación se declaró fallida el 5 de febrero de 2019 (constancia de no conciliación que
obra en los folios 41 y 42 del cuaderno único), razón por la cual la demanda presentada el 14 de febrero de
2019 fue oportuna.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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obligación normativa de evitar el daño padecido por Avidanti IPS, si
material y jurídicamente lo podían evitar y si, pese a ello, por su omisión,
el daño se provocó. En otros términos, si existe relación de causalidad
entre el daño y las presuntas omisiones de las entidades públicas.

20. En este caso, la Sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda será confirmada porque no existen pruebas
en el expediente que demuestren que las entidades demandadas
incumplieron sus deberes y, por lo tanto, no existe nexo causal entre el
daño padecido por la demandante y las presuntas omisiones de las
entidades públicas.

2.2. Análisis sustantivo

21. Según la demanda y el recurso de apelación, el hecho generador del
daño consistió en el incumplimiento de las funciones del Ministerio de
Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de
Caprecom EPS, omisiones que habrían permitido el funcionamiento
deficitario de la entidad y que, ante la imposibilidad de Avidanti IPS de
negarse a prestar el servicio, la habrían conducido a acumular
acreencias que nunca fueron canceladas.

22. El daño alegado en la demanda se encuentra parcialmente
acreditado. En el expediente obra la Resolución 13370 de 8 de noviembre
de 2016, en la cual el agente liquidador de Caprecom EPS revocó
parcialmente la Resolución 11830 de 2016 que rechazó la solicitud de
acreencia A31.00383 por la suma de $2.059.526.879 presentada por la
demandante, en su lugar, acepta la reclamación por el valor de
$1.388.656.540, como crédito de prelación B. Asimismo, obra la Resolución
14483 de 25 de noviembre de 2016, por medio de la cual el agente
liquidador revocó parcialmente la Resolución 1580 de 2016 que negó los
créditos de la demandante y, en su lugar, aceptó parcialmente la
reclamación A5200085 por valor de $985.196.795, también como crédito
de prelación B.9

9 En las resoluciones se reconoce el crédito a favor de DIACORSAS S.A.S., nombre que corresponde a la
demandante, la cual cambió de razón social a AVIDANTI S.A.S., según se advierte en el certificado de cámara
y comercio allegado al expediente.

9

Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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23. Así, aunque la parte actora reclamó la falta de pago de una suma
de $3.380.289.974, lo cierto es que al expediente se allegaron las
resoluciones por medio de las cuales se reconocieron créditos por la suma
de $2.373.853.335, por lo cual, la Sala considera que este valor configura
el daño efectivamente acreditado. En este caso el daño consiste en la
afectación patrimonial por los servicios prestados y no pagados por
Caprecom en liquidación, por lo que para su delimitación se debe tener
en cuenta los montos reconocidos como adeudados por esos servicios.
La parte actora no hizo consistir su daño en la omisión o falta de
reconocimiento de créditos, por lo cual el daño se limita al no pago de
las sumas efectivamente reconocidas.

24. En el expediente no obran elementos de prueba que permitan inferir
que las sumas anteriormente señaladas fueron canceladas. La
Superintendencia, en el informe rendido en este proceso en respuesta a
la prueba decretada el 13 de agosto de 2021, indicó que a Avidanti S.A.S
se le reconocieron créditos por la suma de $3.242.634.757, en prelación B,
los cuales fueron pagados en su totalidad, toda vez que “[d]e acuerdo
con el activo disponible, se adjudicaron a factor prorrata, porcentajes de
pago sobre los valores reconocidos en prelación B, otorgados mediante
Decreto 141 de 2017 (37,088681%), Decreto 414 de 2018 (35.990472% y
0.770240%), Recursos Fosyga (0,056944%) y Decreto 1130 de 2019 por el
saldo insoluto de los valores reconocidos”. Además, adjuntó cinco
documentos en los que consta: pago de factura 1569 de 7 de abril de
2017 por valor de $1.162.545.842,59; pago de factura 2125 de 7 de julio
de 2017 por valor de $16.051.608,67; pago de factura 6199 de 12 de marzo
de 2019 por valor de $26.286.115,21; pago de factura 7049 de 18 de julio
de 2019 por valor de $647.993.167,94; pago factura 3629 de 6 de abril de
2018 por valor de $1.143.698.751,62, todas a favor de Avidanti S.A.S.

25. Contrario a lo afirmado por el tribunal, con base en esos documentos,
la Sala no encuentra probado el pago de las acreencias A3100383 y
A5200085 reconocidas en las Resoluciones 13370 y 14483 de 8 y 25 de
noviembre de 2016, respectivamente. Por una parte, en los decretos
enunciados por la Superintendencia no se advierte una orden de pago
específica de las acreencias señaladas, sino que se ordena la emisión de
títulos para el pago general de las obligaciones de la entidad liquidada.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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26. El Decreto 141 de 2017 ordenó emitir “Títulos de Tesorería (TES) Clase
B” hasta por la suma de quinientos mil millones de pesos
($500.000.000.000)”, con el fin de atender las obligaciones de Caprecom
liquidada y condicionó la entrega de los títulos a que el liquidador
remitiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la certificación del
monto de las acreencias que serían pagadas atendidas con esos títulos.
En los mismos términos, el Decreto 414 de 2018 ordenó la emisión de títulos
de tesorería por el mismo monto. No obstante, en ninguna parte de los
decretos se menciona el valor total reconocido como créditos con
prelación B, así como tampoco el porcentaje que representa la suma a
pagar con respecto a la totalidad de lo adeudado, ni las obligaciones
concretas que se atenderían con los títulos, de modo que esta Sala no
encuentra razón en lo afirmado por la Superintendencia y el tribunal
respecto de la cancelación total del crédito a la demandante.

27. En el Decreto 1130 de 2019, considerando que el director general de
Caprecom liquidado había informado al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que “existen saldos insolutos para el pago de valores
reconocidos en el auto de graduación y calificación de créditos y
sentencias condenatorias reconocidas en el proceso (prelación A y B)
(…) por la suma de $514.247.386.139”, se resolvió reconocer ese monto
como deuda pública y se ordenó su pago. Al respecto, la Sala observa
que, si bien las acreencias de Avidanti IPS constituían créditos con
prelación B, por lo que estarían incluidos como saldo insoluto, lo cierto es
que dicho decreto no hizo más que reconocer como deuda pública unos
créditos que, previamente, en las resoluciones expedidas dentro del
proceso de liquidación, habían sido reconocidos como deudas de la EPS
liquidada, es decir, se trató de un reconocimiento de la deuda, lo cual
no acredita su efectivo pago.

28. Por otra parte, los documentos mencionados por la Superintendencia
como “comprobantes de pago” no pueden calificarse como tal: se trata
de documentos en los que se advierte sobre la realización de un pago,
pero carecen de información sobre quién lo realizó y por qué concepto
o acreencia, lo que impide tener certeza de que se trató de la
cancelación de una de las obligaciones adquiridas por la entidad
liquidada dentro del proceso de liquidación. Además, los documentos
refieren que se trata del pago de facturas con fecha posterior a la

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Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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terminación del trámite de liquidación, de modo que se infiere que no
tienen ninguna relación con las acreencias reclamadas. En todo caso, la
demandada no aportó otras pruebas (ej. los comprobantes de egreso)
que evidenciaran la correspondencia entre lo pagado y la acreencia
adeudada.

29. De esta manera, se concluye que no se probó el pago de las
acreencias adeudadas a Avidanti IPS reconocidas en las Resoluciones
13370 y 14483 de 8 y 25 de noviembre de 2016, por la suma de
$2.373.853.335, por lo que el daño reclamado se encuentra parcialmente
probado.

30. Pese a lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, no existe nexo causal entre el daño padecido
por Avidanti IPS y las funciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
En efecto, aunque la parte demandante indicó algunas funciones del
Ministerio, que, a su juicio, podrían tener relación con la crisis financiera
de la EPS, en realidad, se trata de competencias generales de la
dirección política del sector salud, destinadas, entre otras cosas, a
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de seguridad social
en salud, en particular, con la garantía de los recursos necesarios para su
adecuada financiación.

31. Sin embargo, ninguna de las funciones legales del Ministerio se refiere
a la policía concreta del funcionamiento de Caprecom EPS, que le
hubieran permitido tomar medidas específicas para su
redireccionamiento y estabilización financiera. Los razonamientos que
indicarían que el Ministerio es responsable de la insolvencia de la EPS
parten de una equivocada imputación de responsabilidad por el
resultado, pero no examinan, en concreto, la relación causal entre las
funciones, actuaciones y omisiones de la entidad respecto de la crisis
financiera de la EPS. Por lo anterior, desde un punto de vista normativo, el
Ministerio no pudo haber provocado el daño sufrido por la demandante.

32. En lo que concierne a la Superintendencia Nacional de Salud es cierto
que a esta entidad sí le competía ejercer la policía concreta respecto de
las EPS y, al menos teóricamente, sus omisiones podrían ser consideradas
como la causa de la crisis financiera de Caprecom EPS, que condujeron

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Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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al incumplimiento del pago de sus obligaciones con Avidanti IPS. Al
respecto, a la Superintendencia Nacional de Salud10 le correspondía
ejercer labores de inspección, vigilancia y control “del cumplimiento de
las normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del
mismo”11. Es decir que la Superintendencia debía ejercer la función de
policía administrativa respecto de las EPS, en pro de garantizar la
adecuada prestación del servicio y el correcto manejo de los recursos de
la salud12. Para este fin, la ley le asignó la facultad de intervenir las EPS, de
manera inicial con fines de salvamento o de corrección de
irregularidades y, ante la imposibilidad del salvamento, riesgo para el
sistema, incluido su estabilidad financiera y los derechos de los usuarios,
la habilitó para que la intervención tuviera fines de liquidación13.

33. Sobre las actuaciones de la Superintendencia, en el proceso se probó
que:

34. - El 30 de enero de 2012, mediante Resolución 147, adoptó la
medida cautelar de vigilancia especial frente a Caprecom EPS
consistente en la remoción del revisor fiscal de la entidad y la designación
de contralor, y ordenó la presentación y cumplimiento de un plan de
acción por parte de la entidad promotora de salud del régimen
subsidiado que tuviera como fin mejorar su funcionamiento.

35. - El 15 de noviembre de 2013, mediante Resolución 2228, adoptó
medida preventiva consistente en “programa de recuperación” cuya
ejecución no podía superar el término de un año, con el fin de adoptar
medidas a corto y mediano plazo por parte de la administración del
programa que coadyuvaran a la superación de las deficiencias de la
entidad.

10 “La Superintendencia Nacional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”: art. 233 de la Ley 100 de 1993.
11 Inciso 1 del art. 68 de la Ley 715 de 2001.
12 Los objetivos de la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud se encuentran

en el art. 39 de la Ley 1122 de 2007.
13 “La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o

liquidar (…) Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así
como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la
ley y los reglamentos. // La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de
Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento”: incisos 5 y 6 del art. 68 de la Ley 715 de 2001.
Dicha función fue retomada por las sucesivas reformas a las funciones de la Superintendencia Nacional de
Salud, entre otros: art. 6 n. 26 del Decreto 1018 de 2007 y art. 6 n. 26 del Decreto 2462 de 2013.

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Referencia: Acción de reparación directa
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36. - El 23 de febrero de 2015, mediante Resolución 250, prorrogó la
medida preventiva “programa de recuperación”, por seis meses, en
razón a que en la evaluación del programa presentado por la EPS se
advirtió que no había mejoramiento en los estándares de suficiencia
patrimonial y margen de solvencia, y otros.

37. - El 21 de agosto de 2015, mediante Resolución 1574, con el fin de
prevenir la toma de posesión de la entidad, decidió no prorrogar la
medida de recuperación y, en su lugar, adoptar la medida preventiva de
vigilancia especial, habida cuenta que la Superintendencia Delegada
para Medidas Especiales, en documento del 18 de agosto de 2015,
presentó un informe de seguimiento al programa de recuperación de
Caprecom EPS, en el que se evidenció que “el programa de
recuperación no ha impactado los estados financieros de la entidad de
acuerdo con las expectativas previstas al inicio de la medida”;
“Caprecom EPS, presenta debilidades control interno que le permita
presentar información contable confiable, salvaguardar
adecuadamente los activos y cumplir con la normatividad exigida a este
tipo de instituciones”; en el dictamen del Revisor Fiscal a corte 31
diciembre de 2014 se refirió que había facturas y/o documentos
equivalentes sin reportar y se registraban gastos de periodos anteriores
por valor montos elevados; no se implementaba adecuadamente los
manuales y procedimientos para el registro de ingresos y egresos, y para
el pago de cuentas; había un incremento en la cuenta Embargos
Judiciales; asimismo, un aumento en las peticiones y reclamos por parte
de los usuarios, entre otras deficiencias. El 11 de noviembre de 2015,
mediante Resolución 2069, designó contralor para la vigilancia de esta
medida.

38. - El 10 de marzo de 2015, mediante Resolución 316, modificó la
cobertura de la entidad y autorizó el retiro de Caprecom EPS de los
departamentos de Chocó y Meta. Asimismo, el 10 de septiembre de 2015,
mediante la Resolución 1681, autorizó el retiro de Huila y Risaralda.

39. Con todo, el 28 de diciembre de 2015, mediante Decreto 2519, el
Ministerio de Salud y Protección Social suprimió a Caprecom EPS y ordenó
su liquidación, teniendo en cuenta que en el informe técnico presentado
por la Superintendencia se concluyó que la entidad “presenta graves

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Demandante: Avidanti S.A.S.
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Referencia: Acción de reparación directa
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incumplimientos en asuntos y financieros”. Asimismo, en el informe
técnico elaborado por el mismo Ministerio, a través de Dirección de
Operación del Aseguramiento en Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales, se recomendó “la supresión de la entidad en atención a la
gravedad de su situación financiera, operativa y prestacional”, en razón
a que se encontraba incursa en dos de las causales mencionadas del
artículo 52 de la Ley 489 de 1998.

40. Respecto de tales funciones de la Superintendencia, la demanda y el
recurso de apelación plantearon que las medidas adoptadas respecto
de Caprecom EPS fueron tardías y prorrogadas injustificadamente. No
obstante, la Sala observa que el proceder de la Superintendencia se
adecuó a la legalidad, porque, en ejercicio del monitoreo a la EPS en
cuestión, encontró irregularidades, tales como el incumplimiento de
órdenes impartidas por la misma entidad y el no pago de obligaciones
con los prestadores del servicio. Adicionalmente, ante tales
irregularidades, inició un proceso de vigilancia en el que adoptó distintas
medidas que tenían por objeto recuperar la entidad y permitir que la EPS
continuara funcionado en condiciones adecuadas, pues la normatividad
exigía que se agotara una primera fase con fines de salvamento, pero,
ante el fracaso de esta fase y el aumento de los riesgos financieros, se
adoptó la decisión de liquidarla.

41. Aunque la parte demandante consideró que tales actuaciones
fueron tardías o se prorrogaron innecesariamente, se resalta que las
normas aplicables no prevén términos para la duración de tales medidas
y, por el contrario, otorgan importantes márgenes de apreciación a la
Superintendencia14 por lo que, no existe un referente normativo que
permita concluir que existió falla del servicio. Por otra parte, las
afirmaciones de la demandante carecen de un sustento probatorio que
permita evidenciar, de manera objetiva, que las medidas adoptadas no
eran idóneas o que el momento de su adopción no era el correcto. Debe
considerarse, igualmente, que no existe evidencia que demuestre que si
las medidas en cuestión hubieran sido tomadas con mayor antelación se

14 El artículo 6 del Decreto 506 de 2005 dispuso que las medidas cautelares de toma de posesión de bienes,

haberes y negocios de la EPS debería tomarse “cuando esté en riesgo el manejo de los recursos públicos de
la seguridad social en salud o la prestación del servicio a sus afiliados”. El art. 1 del Decreto reglamentario 3023
de 2002 precisó que la intervención administrativa con fines de liquidación debería tomarse “de conformidad
con la evaluación previa, el grado y la causa de la falta, anomalía e ineficiencia en la prestación de los
servicios de salud”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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hubiera evitado el incumplimiento en el pago final de las obligaciones
contraídas con la demandante, por lo que, las afirmaciones de la parte
actora resultan ser conjeturas sin sustento objetivo.

42. En todo caso, se insiste, la normatividad no fija términos que supediten
la actuación de la Superintendencia y, tal como se refirió en los párrafos
anteriores, la entidad, al advertir las irregularidades en el funcionamiento
de la Caprecom EPS, adoptó la medida cautelar de vigilancia especial y
requirió al presentación y cumplimiento de un plan de acción (30 de
enero de 2012); adoptó una medida preventiva de recuperación por un
año (15 de noviembre de 2013); prorrogó dicha medida por seis meses
(23 de febrero de 2015); adoptó nuevamente la medida preventiva de
vigilancia especial (21 de agosto de 2015) y designó un contralor para la
vigilancia de esta medida (11 de noviembre de 2015); modificó la
cobertura de la entidad y autorizó el retiro en algunos departamentos en
los que era insostenible su actividad (10 de marzo de 2015 y 10 de
septiembre de 2015). De manera que la Sala concluye que el
procedimiento y los términos que implementó la Superintendencia fueron
razonables en atención a las circunstancias y la complejidad del caso.

43. En la demanda y en el recurso de apelación también se alegó que el
Estado debía responder por el daño causado a la demandante, a título
de daño especial. No obstante, la Sala encuentra que dicho
razonamiento es inadecuado, toda vez que la parte actora reclama un
daño derivado de una omisión de las entidades demandadas, por lo
cual, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, el caso se
debe analizar bajo un régimen subjetivo de falla en el servicio. En efecto,
ante una imputación por omisión, el juez debe precisar el alcance de las
obligaciones presuntamente incumplidas y analizar si la autoridad
demandada infringió o eludió aquello que le correspondía hacer. En este
caso, el hecho generador del daño (la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de las demandadas) conlleva implícitamente que la
responsabilidad se configure solo si se encuentra probada una falla que
en el presente asunto no se demostró.

44. La Sala concluye que el daño padecido por Avidanti IPS no es
atribuible a las entidades públicas demandadas y, por lo tanto, negará
las pretensiones de la demanda.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019–00257-01 (69570)
Demandante: Avidanti S.A.S.
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
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2.3. Condena en costas

45. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 (numerales 1 y 3)
del CGP, la parte demandante será condenada en costas en esta
instancia. El tribunal de origen liquidará la condena de manera
concentrada, según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 1 de diciembre de 2022, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas por esta instancia a la parte
demandante.

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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