Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00272-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00272-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00272-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: HERNÁN LOMBARDI MORALES PARADA Y OTRA
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: CARGA ARGUMENTATIVA EN EL RECURSO DE APELACIÓN – No se satisface la
carga argumentativa con la formulación de cargos que no controvierten las razones de la decisión
de primera instancia – Ámbito competencial del ad quem / REGLA DE LA CONGRUENCIA – Las
partes no pueden modificar la causa petendi en el recurso de apelación / INTERPRETACIÓN DE
LOS CONTRATOS – Artículo 1622 del Código Civil. Las cláusulas de un contrato se interpretarán
por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con
aprobación de la otra parte / FORMATOS BÁSICOS MINEROS – Se deben presentar en todas
las etapas del contrato de concesión minera, de acuerdo con las normas imperativas que rigen
los contratos de concesión minera / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA MINERA –
No se demostró su transgresión.
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la
sentencia del 12 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negó la anulación de los actos administrativos
que impusieron una multa a los titulares del contrato de concesión minera KDR-
11111.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 28 de mayo de 20181, el señor Hernán Lombardi
Morales Parada formuló demanda de controversias contractuales en contra de la
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La demanda fue inicialmente radicada ante el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá,
quien mediante auto del 11 de febrero de 2019 lo remitió por competencia -asunto minero
contractual- al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fl. 41 c. ppal.).
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM) con el fin de que se efectuaran las
siguientes declaraciones (fl. 8 c. ppal.):
1. Que se declare nula La RESOLUCIÓN No. VSC-000519 de 05 de agosto de
2015, que impone una multa en la ejecución del contrato de concesión minera
KDR-11111, y (sic)
2.Que se declare Nula La RESOLUCIÓN No VSC-000047del 18 de enero del
2016, por medio del (sic) cual decide recurso de reposición.
3. Que como consecuencia de lo anterior mi poderdante no está obligada a
pagar la sanción impuesta de MULTA DE 13.5 SMLV.
4. Se condene a la Agencia Nacional de Minería al pago del valor de los costos
en que deba incurrir por el otorgamiento de caución para evitar el eventual
recaudo forzoso de la multa. Estima la cuantía por un valor de (sic) equivalente
a la suma de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES (10
SMLV).
5. Se condene a la Agencia Nacional de Minería al pago de PERJUICIOS
MATERIALES E INMATERIALES.
6. Se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.
Como fundamento de sus pretensiones, el actor adujo que es cotitular del contrato
de concesión minera KDR-11111, cuyo objeto es la exploración y explotación de un
yacimiento de materiales de construcción y demás concesibles, que fue inscrito en
el Registro Minero Nacional el 6 de diciembre de 2012.
Cuando el contrato se encontraba en la etapa de exploración, la autoridad minera
requirió a los titulares la presentación del formato básico minero (en adelante FBM)
anual de 2012. Sin embargo, ante el incumplimiento de ese requerimiento, mediante
la Resolución VSC 000519 del 5 de agosto de 2015 se impuso multa por valor de
13.5 SMLMV, decisión que fue confirmada en la Resolución VSC 000047 del 18 de
enero de 2016.
1.1. Causales de nulidad invocadas
En la demanda se adujo que las Resoluciones VSC 000519 del 5 de agosto de 2015
y VSC 000047 del 18 de enero de 2016 adolecen de “desviación de poder”, en tanto
fueron expedidas (i) con desconocimiento del principio de favorabilidad, (ii) violación
del debido proceso e (iii) inobservancia de la cláusula 6.12 del contrato.
En relación con el desconocimiento del principio de favorabilidad, se sostuvo
que en la imposición de la multa debía aplicarse el artículo 115 de la Ley 685 de
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
2001 -Código de Minas-, por ser una norma más favorable frente a la Resolución
91544 del 24 de diciembre de 2014.
En lo atinente a la violación del debido proceso, se adujo que la autoridad minera
omitió citar a Seguros del Estado S.A. en el procedimiento previo a la imposición de
la multa, a pesar de que el artículo 7° de la Resolución 388 de 2014 establecía que
debía hacerlo.
Finalmente, en la demanda se sostuvo que se desconoció lo pactado por las
partes en la cláusula 6.12 del contrato de concesión minera KDR-11111, por
cuanto allí se establece que la obligación de presentar formatos básicos mineros
(FBM) es exigible únicamente en la etapa de explotación y no en la etapa de
exploración. Además, señaló que, debido a que el contrato minero se perfeccionó
el 6 de diciembre de 2012, no le era exigible la mencionada obligación para el año
2012, toda vez que solo transcurrieron algunos días desde su perfeccionamiento y
la culminación de esa anualidad.
2. El trámite en primera instancia
2.1. La demanda fue admitida mediante auto del 21 de mayo de 2019 (fl. 46 c. ppal.).
En esa decisión se ordenó vincular como litisconsorte necesario de la parte
demandante a la señora Miryam Cecilia Neisa, cotitular del contrato de concesión
minera KDR-11111. Este auto fue debidamente notificado a las partes y al Ministerio
Público (fls. 48 a 57 y 63 c. ppal.).
2.2. La ANM contestó la demanda extemporáneamente2. Así se precisó en el auto
del 15 de diciembre de 2020, decisión frente a la cual no se interpuso recurso alguno
(Samai, índice 15 Tribunal).
2.3. Mediante auto del 15 de abril de 2021 se adecuó el trámite procesal para dictar
sentencia anticipada y se corrió traslado para alegar de conclusión (Samai, índice
21 Tribunal).
Oportunamente, el señor Hernán Lombardi Morales Parada presentó alegatos, en
los que reiteró los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y solicitó que se
acceda a sus pretensiones.
2
La última notificación electrónica se realizó el 27 de junio de 2019. De este modo, los 25 días para
el traslado físico de la demanda finalizó el 02 de agosto de 2019 y el de los 30 días del traslado para
la contestación corrió desde el 03 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2019. Sin embargo, como
la contestación se presentó el 13 de febrero de 2020 (fl. 73 c. ppal.), se entiende que fue
extemporánea.
3
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
En su escrito de alegatos, la ANM solicitó que se negaran las pretensiones, al
considerar que la presentación de los FBM sí es una obligación exigible a los
titulares mineros en todas las etapas del contrato de concesión minera y su
incumplimiento da lugar a la imposición de la multa correspondiente.
En relación con las normas aplicables, sostuvo que los actos enjuiciados fueron
expedidos con sujeción a lo previsto en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, el
cual fue modificado por el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 y reglamentado
mediante la Resolución 91544 del 24 de diciembre de 2014. De acuerdo con esas
normas, la no presentación del formato básico minero es una falta leve cuya multa
corresponde a 13.5 SMLMV, suma que no excede el tope de 30 SMLMV previsto
en la cláusula 15 del contrato, alusiva a la imposición de multas.
Además, conforme a lo estipulado en la cláusula 20 del contrato, así como lo
previsto en el artículo 46 del Código de Minas, “al contrato de concesión minera le
serán aplicables durante el término de su ejecución y durante sus prórrogas, las
leyes mineras vigentes al momento de su perfeccionamiento, sin excepción o
salvedad alguna”, por lo que era plenamente aplicable lo previsto en la Ley 1450 de
2011, anterior al perfeccionamiento del contrato -6 de diciembre de 2012-.
Los demás sujetos procesales guardaron silencio en esta oportunidad.
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 12 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones, por considerar que a los titulares del contrato
de concesión minera KDR-11111 sí les era exigible la presentación del FBM anual
de 2012.
Al respecto, precisó que, conforme a lo previsto en la Resolución 181602 de 2006 -
modificatoria de la Resolución 181756 de 2004- los FBM anuales “se deben
presentar dentro de los primeros 15 días de enero con la información
correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre del año anterior,
sin que se establezca algún tipo de condiciones especial (sic) respecto a la fecha
de suscripción y/o inscripción del contrato” (fl. 95 c. ppal.).
Añadió que en la cláusula 16.2 del contrato no se pactó que los FBM se deban
presentar únicamente en la etapa de explotación, sino que deben presentarse en
todas las etapas del contrato de concesión minera.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Por otra parte, estableció que, a partir de lo consagrado en el artículo 287 del Código
de Minas y lo estipulado por las partes en la cláusula 15 del contrato minero, la
vinculación de la aseguradora al procedimiento para la imposición de la multa era
facultativa para la autoridad minera. Además, la parte demandante no alegó esta
situación al momento en que se le efectuó el requerimiento previo a multa, ni cuando
interpuso el recurso de reposición en sede administrativa, pues correspondía al
titular minero, en su condición de tomador, llamar a la aseguradora para que se
subrogara en la asunción del pago de la multa.
Finalmente, precisó que en los actos enjuiciados sí se aplicaron los artículos 115 y
287 del Código de Minas, alusivos a las causales de multa, su monto máximo y el
procedimiento para su imposición. Sin embargo, como en esas normas legales no
se establecieron los criterios para la graduación de tales multas, la autoridad minera
dio aplicación a lo previsto en la Resolución 91544 de 2014, únicamente para tasarla
bajo una regla, según la cual, la no presentación de los FBM correspondía a una
falta leve, cuya multa correspondía a 13.5 SMLMV.
4. El recurso de apelación y su trámite
4.1. En su recurso de apelación, la parte demandante esgrimió cuatro razones de
disenso frente a la decisión de primera instancia. En primer lugar, adujo que el a
quo incurrió en un defecto en la interpretación de la cláusula 6.12 del contrato, al
establecer que la obligación de presentar los FBM también era exigible en la etapa
de exploración, cuando en realidad las partes únicamente la pactaron para la etapa
de explotación.
En segundo lugar, adujo que el Tribunal erró al considerar que, de acuerdo con la
cláusula 15 del contrato, no era obligatoria la constitución de una póliza de
cumplimiento, puesto que la Resolución 388 de 2014 establece que sí era una
obligación exigible al titular minero. Además, la autoridad minera debía convocar a
la aseguradora al procedimiento previo a la multa, “toda vez que existe normatividad
especial que así lo dice. Razón por la cual la póliza de cumplimiento para el presente
caso no puede ser facultativa, tal como lo quiere hacer entender el ad (sic) quo en
la sentencia. Como quiera que existe un mandato legal” (fl. 105 c. ppal.).
El tercer reparo se fundó en que el a quo erró al considerar que las normas
empleadas por la autoridad minera en el procedimiento para la imposición de la
multa fueron correctas, puesto que la cláusula 15 del contrato alude a la aplicación
del artículo 115 del Código de Minas y no a la Resolución 91544 del 24 de diciembre
de 2014, norma posterior que tipifica la no presentación de los FBM como causal de
multa y cuantifica su sanción.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Finalmente, cuestionó que en el fallo de primer grado no se tuvieron en cuenta las
pruebas aportadas con la demanda, con las que se demostró que para otros títulos
mineros la misma conducta fue sancionada con multa de 3 SMLMV, mientras que
en este caso la multa fue de 13.5 SMLMV, con lo que se vulneró el derecho a la
igualdad de los demandantes.
4.2. En auto del 8 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concedió el recurso de apelación (fl. 108 c. ppal.). Luego, en
proveído del 8 de marzo de 2022, dicho recurso fue admitido por esta Corporación
(fl. 115 c. ppal.), con la precisión de que por no haberse pedido la práctica de
pruebas en segunda instancia no era necesario alegar de conclusión ante el
Consejo de Estado -art. 247 CPACA-.
II.- CONSIDERACIONES
1. Competencia
De Acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en la medida en que se resuelve un
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en un proceso que tiene vocación de doble
instancia.
2. Ejercicio oportuno de la acción
Según lo prescrito en el artículo 164 numeral 2, literal j) del CPACA, en las
demandas “relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que
se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento”.
En el presente asunto se demanda la nulidad de la Resolución VSC 000519 del 5
de agosto de 2015, mediante la cual se impuso una multa a los titulares del contrato
de concesión minera KDR-11111, y de la Resolución VCS 000047 del 18 de enero
de 2016, confirmatoria de la anterior.
Dado que la resolución VSC 000047 del 18 de enero de 2016 se notificó
personalmente a sus destinatarios los días 5 de febrero y 1° de marzo de 2016, se
entiende que cobró ejecutoria el 2 de marzo siguiente (fl. 29 c. ppal.). De este modo,
el término para demandar corría hasta el 2 de marzo de 2018. Sin embargo, como
la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 2 de febrero de 2018
y la respectiva constancia de no acuerdo se expidió el 2 de mayo de esa misma
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
anualidad (fl. 34 c. ppal.), el término de caducidad se extendió hasta el 1° de junio
siguiente. Y como la demanda fue presentada el 28 de mayo de 2018, se entiende
que el derecho de acción fue ejercido oportunamente.
3. Legitimación en la causa
Los señores Hernán Lombardi Morales Parada y Miryam Cecilia Neisa se
encuentran legitimados en la causa por activa, en la medida en que son los titulares
del contrato de concesión minera NKR-11111 y fue frente a ellos que se expidieron
los actos administrativos cuestionados.
Por su parte, la Agencia Nacional de Minería se encuentra legitimada en la causa
por pasiva, toda vez que fue la autoridad que profirió las resoluciones cuya legalidad
se estudia en el presente asunto.
4. Objeto de la impugnación y alcance del estudio de segunda instancia
Previo a formular el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia, la Sala
precisa que dos de los cuatro fundamentos del recurso de apelación no podrán ser
evaluados por la Corporación. Esto, por cuanto uno de ellos comporta una variación
de la causa petendi -violación del derecho a la igualdad-, y porque el otro en realidad
no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por
el a quo en la primea instancia -la constitución de la póliza minero ambiental era
obligatoria y no facultativa-.
Esta Subsección ha señalado que el marco fundamental para la competencia del
juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la
decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso
por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de
no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en
que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles
fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al
resolver la litis planteada3.
3
Al respecto se ha sostenido: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante;
sin embargo, constituye un requisito indispensable de ella que el apelante, en cumplimento de la
exigencia de sustentar el recurso, precise cuáles son los errores que merecen ser analizados por el
ad quem y por qué sus argumentaciones son la razón y la evidencia que permite corregir o variar la
decisión adoptada, pues, de lo contrario, la segunda instancia se queda sin herramientas o
elementos de juicio que le permitan revisar lo acertado o no de la providencia apelada, así como
saber con certeza en qué consiste la inconformidad del apelante con ella y, por lo mismo, se le deja
sin la orientación que requiere para revisar y decidir si tal providencia merece ser modificada o,
incluso, revocada (…) Como se puede observar, la recurrente no esgrime puntualmente ninguna
razón de inconformidad en relación con el fallo de primera instancia y, en esa medida, la Sala no
puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación (…) Así las cosas para el
despacho es claro que no se satisfacen las exigencias de las normas atrás citadas, en particular las
del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cuales (sic) confirmará la sentencia
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Por otra parte, debe recordarse que el juez de segunda instancia debe tomar la
decisión de forma congruente con la demanda, la sentencia y el recurso; en tal
sentido, no puede abordar materias que se señalan en la apelación y que
correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del
proceso, o sobre los cuales no se haya cumplido la carga procesal de sustentación
que permita cuestionar la sentencia impugnada, pues se vulneraría la garantía del
derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial.
En efecto, en la sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, esta
Corporación se pronunció sobre la improcedencia de la “variación en segunda
instancia de la causa petendi”, ya que el principio de congruencia que rige la función
del juez al proferir sentencias se constituye como una garantía del derecho
fundamental al debido proceso, por lo que, el pronunciamiento judicial únicamente
puede recaer sobre lo alegado, pedido y excepcionado oportunamente. En este
orden de ideas, explicó que no le era dable al juez ni a las partes modificar la causa
petendi mediante señalamientos alegados por fuera de las etapas procesales
previstas legalmente para ello, esto es, la demanda, su corrección o adición,
momentos que la ley dispuso para que se precise la extensión, contenido y alcance
de la controversia que se propone y frente a los cuales se garantiza la oportunidad
de la contraparte para pronunciarse4.
Para el caso concreto, el fundamento de la apelación alusivo a la violación del
derecho a la igualdad en que supuestamente incurrió la ANM y que no valoró el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca al decidir de fondo, corresponde a una
variación de la causa petendi, por cuanto en la demanda únicamente se formularon
los cargos de (i) desconocimiento del principio de favorabilidad, (ii) violación del
debido proceso e (iii) inobservancia de la cláusula 6.12 del contrato, pero nada se
dijo acerca de esa supuesta violación del derecho a la igualdad.
Por otra parte, cuando se advierte la ausencia de sustentación suficiente, adecuada
o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sea simplemente
afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la
providencia impugnada, al superior jerárquico le corresponde confirmar el proveído
apelada”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, auto del 14 de octubre de 2015, exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón.
4
Así se señaló: “[L]os elementos referidos a los hechos y las pretensiones de la demanda permiten
delimitar el objeto alrededor del cual debe girar el debate del proceso y, por tanto, los aspectos sobre
los cuales ha de recaer el pronunciamiento judicial final, es decir, constituyen pilares fundamentales
que garantizan el ejercicio, entre otros, del derecho de acción y, correlativamente, de contradicción
y, a su vez, imponen al juez el deber de fallar de manera congruente con lo pretendido en la demanda
y su fundamento y, por eso, no pueden ser modificados o adicionados por fuera de las oportunidades
legalmente previstas para ese propósito”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
apelado, al quedar relevado de evaluar de fondo tales consideraciones del
apelante5.
Esto es lo que precisamente ocurre en el presente asunto, por cuanto en la
sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones al considerar, entre
otras razones, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 del Código de Minas
y lo estipulado por las partes en la cláusula 15 del contrato minero KDR-11111, la
vinculación de la aseguradora al procedimiento para la imposición de la multa era
facultativa para la autoridad minera, dado que los llamados a convocar a su garante
eran los titulares mineros.
Sin embargo, frente a esa razón de la decisión no se formuló reparo alguno, por
cuanto en la apelación únicamente se señaló que el a quo erró al considerar que no
era obligatoria la constitución de una póliza de cumplimiento6. Es decir, se apeló
bajo la errónea convicción de que el a quo sostuvo que la póliza minero ambiental
no era obligatoria, cuando en ningún aparte de la decisión recurrida se hizo tal
afirmación.
En ese contexto, como esos dos fundamentos de la apelación no revelan razones
de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para negar las
pretensiones de la demanda, la Sala carece de competencia para efectuar un
pronunciamiento de fondo sobre ellos y quedan entonces excluidos del objeto de la
presente decisión.
5. Caso concreto
Hechas las anteriores precisiones sobre el objeto de la impugnación y la
competencia del Consejo de Estado para resolverla, corresponde a la Sala (i)
determinar si en el fallo de primera instancia se erró al estimar que, de acuerdo con
lo estipulado en la cláusula 6.12 del contrato minero KDR-11111, sus titulares
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de junio de 2020, exp. 49572, C.P. María Adriana Marín.
6
En la apelación se adujo: “No es de acogimiento lo expuesto en los fundamentos de la decisión de
la sentencia en el numeral 33 (Pág. 17 de la sentencia) respecto de que la CLÁUSULA DÉCIMO
QUINTA del contrato de concesión hace referencia a que la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO ES
OBLIGATORIA, cuando al momento de proferirse la RESOLUCIÓN No. VSC-000519 de 05 de
agosto de 2015, que impone una multa en la ejecución del contrato de concesión minera KDR-11111,
estaba en vigencia La Resolución No 338 del 30 de mayo del 2014, proferida por la Agencia Nacional
de Minería, como norma que hace parte del DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO que indica el
procedimiento al momento de imponer multas a los titulares mineros, por medio del cual se adoptan
las condiciones de las pólizas minero- ambientales y se dictan otras disposiciones (…). / Por lo
anterior era deber de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA en aras de garantizar EL DEBIDO
PROCESO, requerir a SEGUROS DEL ESTADO. / Osea no era deber del constituyente, toda vez
que existe NORMATIVIDAD ESPECIAL proferida por la misma accionada, que así lo dice. Razón
por la cual la póliza de cumplimiento para el presente caso NO PUEDE SER FACULTATIVA, tal
como lo quiere hacer entender el A QUO en la sentencia. Como quiera que existe un mandato legal”
(fl. 104 vto. c. ppal.).
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
estaban obligados a presentar el FBM anual de 2012. Además, (ii) deberá
establecerse si en la decisión impugnada se erró al considerar que las normas en
que se fundó la imposición de la multa fueron correctas, puesto que la cláusula 15
del contrato alude a la aplicación del artículo 115 del Código de Minas y no a la
Resolución 91544 del 24 de diciembre de 2014.
• De la obligatoriedad de presentar el FBM anual de 2012
El 27 de noviembre de 2012, se suscribió entre los señores Hernán Lombardi
Morales Parada, Miryam Cecilia Neisa y la ANM, el contrato de concesión minera
KDR-11111 cuyo objeto consistió en la ejecución, por parte de los concesionarios,
de un proyecto de exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de
materiales de construcción y demás minerales concesibles, para un área de 47,5522
ha, localizadas en los municipios de Alvarado e Ibagué, Tolima. Este contrato se
perfeccionó con su inscripción en el Registro Minero Nacional el 6 de diciembre de
2012 (fl. 207 exp. administrativo).
En la cláusula 16 del contrato se pactaron las obligaciones a cargo del concesionario
minero. Y en lo relevante para este asunto, en el numeral 12 de esa cláusula se
estipuló (fl. 15 c. ppal.):
6.12. Durante la explotación se deberán llevar registros e inventarios
actualizados de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio,
para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de
los entregados a las plantas de beneficio y, si fuere del caso, a las de
transformación. Estos registros e inventarios se suministrarán trimestralmente
al Sistema Nacional de Información Minera. Para el efecto, el concesionario
minero deberá diligenciar y suministrar a la autoridad minera con la
periodicidad que ésta indique, el Formato Básico Minero adoptado por el
Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 18 1208 de 2006 o
cualquier acto que lo modifique.
En la interpretación de esta cláusula, necesariamente deben observarse las normas
mineras imperativas que establecen la obligación de presentar los FBM para todos
los titulares de contratos de concesión minera, durante todas sus etapas.
Específicamente, en la propia cláusula 6.12 se estipuló una remisión expresa a la
Resolución No. 181208 de 2006 -modificada por la Resolución 18 1602 de 2006-,
que establece que todo titular minero debe cumplir con dicha prestación, sin
distinción de la etapa en que se encuentre su proyecto minero, así:
Los titulares mineros a que se refiere el artículo 14 de la Ley 685 de 2001,
deberán diligenciar y presentar ante la autoridad minera delegada que ejerza
competencia respecto del mineral y área de ubicación de su título minero, el
Formato Básico Minero, FBM, así:
10
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
a) Dentro de los quince (15) primeros días del mes de julio, el Formato Básico
Minero - I Semestre, con la información correspondiente al periodo enero -junio
del año en curso;
b) Dentro de los quince (15) primeros días del mes de enero, el Formato Básico
Minero - Anual, con la información correspondiente al periodo enero-diciembre
del año inmediatamente anterior.
Además, no puede perderse de vista que en los artículos 336 a 342 del Código de
Minas se estableció el Sistema Nacional de Información Minera, como mecanismo
para “el conocimiento de la riqueza del subsuelo en el territorio nacional y los
espacios marítimos jurisdiccionales, y sobre la industria minera en general”. Ese
sistema de información se compone por los datos recabados directamente por las
autoridades y por la información aportada por los particulares de acuerdo con lo
señalado en los artículos 339 y 340 de esa codificación.
Específicamente, en el artículo 340 ibidem se establece que “los particulares
concesionarios o los propietarios de minas, deberán colaborar a actualizar el
Sistema de Información Minera anualmente, en los términos y condiciones que fije
la autoridad minera. La información a suministrar durante las fases de exploración
y explotación deberá orientarse a permitir el conocimiento de la riqueza del
subsuelo, el proyecto minero y su desarrollo”. A su vez, el artículo 339, prescribe
que “las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, que posean o procesen información relativa a la riqueza minera o la
industria extractiva deberán suministrarla a la autoridad minera”.
En virtud de estas previsiones legales, que constituyen criterios para la
interpretación de la cláusula 6.12 -conforme a lo previsto en la cláusula 217-, se
comprende que al ser el FBM un mecanismo que permite la recolección de
información relacionada con la actividad minera de las áreas entregadas en
concesión por el Estado, estos deben ser exigidos durante todas las etapas
contractuales, puesto que los datos recabados en la exploración minera, además
de alimentar el Sistema de Información Minero colombiano, permiten a las
autoridades tener una mejor identificación de los recursos naturales no renovables
del Estado.
Es por esto, que una interpretación de la cláusula que restrinja la presentación de
los FBM a la etapa de explotación, además de ser contraria a las normas mineras
imperativas que se acaban de aludir, desconocería que en ella no se establece
explícita, o implícitamente, que dicha obligación sería únicamente para esa etapa.
7
Cuyo tenor: “El contrato, su ejecución e interpretación, terminación y liquidación quedan sujetos a
la Constitución, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos o a cualquier otra disposición
emanada de las autoridades competentes colombianas, que en alguna forma tengan relación con el
objeto contractual”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Lo que indica la cláusula es que durante la explotación se reportarían los registros
e inventarios actualizados de la producción en boca o borde de mina y en sitios de
acopio que los demandantes debían llevar Sistema Nacional de Información Minera,
mediante el FBM, como parte de la información económica y estadística que busca
ser recopilada mediante ese formato.
En todo caso, no es jurídicamente plausible que los demandantes aleguen la
existencia de una interpretación errónea de la cláusula 6.12, cuando durante la
ejecución contractual ellos mismos le dieron la aplicación que ahora cuestionan -art.
1622 C. Civil-, al aportar los FBM anuales y semestrales de 2013, 2014 y 2015.
Debe destacarse que, mediante auto PAR-I N° 0267 del 31 de octubre de 2013, la
ANM requirió a los titulares mineros para que se pusieran al día con las obligaciones
inherentes al contrato de concesión minera KDR-111118. En ese acto, la autoridad
minera otorgó un plazo para que los concesionarios mineros cumplieran con lo
requerido o formularan su defensa. En ese término, ellos podían dirigirse a la
autoridad para especificar por qué estimaban que no estaban incursos en una
causal de multa, bajo la consideración de la no exigibilidad de los FBM para la etapa
de exploración. Sin embargo, además de no formular oposición o defensa alguna,
los hoy accionantes cumplieron ese requerimiento parcialmente, al aportar el FBM
semestral de 2013 (fl. 248 exp. administrativo) de forma incondicional y sin formular
objeciones sobre la exigibilidad de esa prestación.
De hecho, los titulares mineros cumplieron sucesivamente con la obligación de
presentar los FBM semestrales y anuales de 2013, 2014 y 2015 (fls. 248, 336, 337
y 355 exp. administrativo), sin que mediara requerimiento alguno de la ANM y sin
objetar la exigibilidad de tal prestación para la fase exploratoria del proyecto minero.
Es decir, bajo la convicción de que tal obligación sí era exigible para la etapa de
exploración.
La información contenida en los FBM a que se acaba de hacer alusión corresponde
a los datos recabados por los titulares mineros durante la ejecución de las tareas de
exploración, pues de acuerdo con la cláusula 49 del contrato KDR-11111, esa etapa
transcurriría entre el 6 de diciembre de 2012 -fecha de perfeccionamiento del
8
Así: “REQUERIR a los titulares del contrato de concesión N° KDR-11111 Bajo Apremio de Multa
establecida en el artículo 115 de la ley 685 de 2001, para que alleguen el Formato Básico Minero
anual 2012 y semestral 2013; por lo tanto, se les otorga un término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación del presente proveído para que subsanen las faltas que se les imputan o
formulen su defensa, respaldada con las pruebas correspondientes”.
9
Las partes pactaron: “Duración del contrato y etapas. El presente contrato tendrá una duración total
de 30 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional, y para
cada etapa así: -a) Plazo para Exploración: 3 años contados a partir de su inscripción en el Registro
Minero para hacer la exploración técnica del área contratada (…)”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
contrato10- y el 6 de diciembre de 2015. O sea, tanto el FBM anual de 2012 -que no
fue aportado por los titulares mineros-, como los semestrales y anuales de 2013,
2014 y 2015, correspondían a la misma fase exploratoria del proyecto minero.
Aquí toma relevancia el reparo formulado por el recurrente, pues al pretender que
se interprete la cláusula 6.12 en el sentido de señalar que los FBM no eran exigibles
para la etapa de exploración11, desconoce que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 1622 del Código Civil12, las cláusulas de un contrato se interpretarán “por la
aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con
aprobación de la otra parte”.
En virtud de esa regla hermenéutica, la Sala constata que la discusión que, en sede
judicial, plantea la parte demandante en torno al alcance y efectos de la cláusula
6.12, encuentra su solución en la conducta desplegada por ella misma durante la
ejecución contractual, inequívocamente encaminada a reconocer que la obligación
de presentar FBM no estaba circunscrita a la etapa de explotación, sino que se
proyectaba hacia las demás etapas del contrato de concesión minera, en la medida
que así la cumplió durante toda la etapa de exploración, sin formular objeción o
salvedad alguna, y sin que mediara requerimiento por parte de la autoridad minera.
Por lo anterior, el primer reparo de la apelación, relativo a la exigibilidad de presentar
FBM en la etapa de exploración del contrato minero KDR-111, no se abre paso.
• De la aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio
de favorabilidad
Para resolver este reparo, la Sala precisa que, aunque en la cláusula 1513 del
contrato minero KDR-11111 no se estableció una remisión explícita al artículo 11514
10
De acuerdo con su inscripción en el Registro Minero Nacional (fl. 207 exp. administrativo).
11
Y con base en esa hermenéutica solicita que se anulen los actos que impusieron multa por el
incumplimiento de tal obligación.
12
Conforme a lo previsto en el artículo 3 del Código de Minas, esta normativa resulta aplicable en la
determinación de las reglas hermenéuticas para la interpretación del contrato de concesión minera,
en tanto esa codificación no contiene disposición alguna en ese sentido.
13
“Multas. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de EL
CONCESIONARIO, previo requerimiento, LA CONCEDENTE podrá imponer administrativamente
multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada vez y para
cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del presente contrato, siempre que no fueren
causal de caducidad o que LA CONCEDENTE, por razones de interés público expresamente
invocadas, se abstuviere de declararla. Cada multa deberá ser pagada por EL CONCESIONARIO
dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada
la providencia que la imponga. Si EL CONCESIONARIO no cancelare oportunamente las multas de
que trata esta cláusula, LA CONCEDENTE las hará efectivas con cargo a la póliza de cumplimiento,
sin perjuicio de que se declare la caducidad. En el caso de contravenciones de las disposiciones
ambientales, la autoridad ambiental aplicará las sanciones previstas en las normas ambientales
vigentes”.
14
“Artículo 115. Previo el procedimiento señalado en el artículo 287 de este Código, la autoridad
concedente o su delegada, podrán imponer al concesionario multas sucesivas de hasta treinta (30)
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
del Código de Minas -a efectos de regular lo concerniente a la imposición de multas-
, lo cierto es que por virtud de lo previsto en la cláusula 21 de ese contrato, así como
lo señalado en los artículos 46 del Código de Minas y 38 de la Ley 153 de 1887,
dicho precepto normativo orienta y regula las estipulaciones de ese negocio jurídico,
por estar vigente al momento de su perfeccionamiento.
Mediante la Resolución VSC 000519 del 5 de agosto de 2015, la ANM impuso multa
por valor de 13.5 SMLMV, debido a que los titulares mineros no presentaron el FBM
anual de 2012. Para adoptar esa decisión, la autoridad minera acudió a la aplicación
de los artículos 115 y 287 del Código de Minas, en lo atinente a la identificación de
la causal de multa y el procedimiento para su aplicación, así como a la Resolución
No. 91544 de 2014, en lo relativo a la graduación de su monto15. Estas
consideraciones fueron reiteradas en la Resolución VSC 000047 del 18 de enero de
2016, confirmatoria de la anterior.
En ese contexto, la Sala considera que el contenido mismo de los actos enjuiciados
da cuenta de que la ANM fundó la imposición de la multa en la aplicación del artículo
115 del Código de Minas, al determinar que la falta de presentación de los FBM
daba lugar a esa consecuencia jurídica, en la medida en que no estaba consagrada
como causal de caducidad por el artículo 112 ejusdem. Contrario a lo expresado en
la apelación, la tipificación del incumplimiento de esa obligación como causal de
multa, no estaba en la Resolución 91544 de 2014, sino en el Código de Minas y así
quedó especificado en las resoluciones demandadas.
Ahora bien, la sola aplicación de esa norma reglamentaria no puede ser considerada
como transgresora del principio de favorabilidad16, por cuanto el artículo 115 del
salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas
del contrato, siempre que no fuere causal de caducidad o que la autoridad concedente, por razones
de interés público expresamente invocadas, se abstuviere de declararla.
La cuantía de las multas será fijada valorando, en forma objetiva, la índole de la infracción y sus
efectos perjudiciales para el contrato.
La imposición de las multas estará precedida por el apercibimiento del concesionario mediante el
procedimiento señalado en el artículo 287 de este Código”.
15
Esto, se señaló en los siguientes términos (fl. 19 vto. c. ppal.): “Teniendo en cuenta que el plazo
otorgado para subsanar el requerimiento efectuado bajo apremio de multa venció el diecisiete (17)
de diciembre de 2013 para el Auto PAR-I N° 267 del treinta y uno (31) de octubre de 2013, notificado
por estado jurídico N° 101 del primero (01) de noviembre de 2013 y a la fecha ha transcurrido un
tiempo ampliamente superior al concedido en el precitado auto, sin que los titulares hayan dado
cumplimiento a lo requerido, se procederá a imponer multa de trece punto cinco (13.5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, por la
omisión en el cumplimiento del requerimiento realizado por la autoridad minera en el citado Auto, de
conformidad con lo normado en los artículos 115 y 287 de la Ley 685 de 2001 (…). / En lo referente
a la graduación del valor de la multa se atenderá a lo dispuesto en la Resolución No. 91544 de 24
de diciembre de 2014 "Por medio del cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales emanadas de los títulos mineros”.
16
Consagrado en el artículo 46 del Código de Minas, así: “Al contrato de concesión le serán
aplicables durante el término de su ejecución y durante sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al
tiempo de su perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas leyes fueren
modificadas o adicionadas con posterioridad, al concesionario le serán aplicables estas últimas en
cuanto amplíen, confirmen o mejoren sus prerrogativas exceptuando aquellas que prevean
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Código de Minas no estableció una metodología para tasar y graduar las multas
imponibles a los titulares mineros y, en todo caso, porque la parte actora no
argumentó, ni demostró por qué se vulneró el citado principio, a pesar de que la
multa se impuso respetando el tope de 30 SMLMV consagrado en la cláusula 15 del
contrato.
Por lo anterior, el reparo alusivo a la falta de aplicación del artículo 115 del Código
de Minas y la transgresión del principio de favorabilidad, tampoco se abre paso y,
en consecuencia, se confirmará la decisión recurrida.
6. Costas
El artículo 188 del CPACA establece que la liquidación y ejecución de la condena
en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden
de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del
CGP17, la Sala impondrá condena en costas a la parte demandante, por cuanto en
la presente decisión se confirma la sentencia apelada.
Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, se fijan agencias en
derecho en la suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, que se será
pagada así: medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente por el señor Hernán
Lombardi Morales Parada y (1/2) salario mínimo mensual legal vigente por la
señora Miryam Cecilia Neisa
La liquidación de las costas se efectuará de manera concentrada por conducto de
la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 366 del Código General del Proceso18.
modificaciones de las contraprestaciones económicas previstas en favor del Estado o de las de
Entidades Territoriales”.
17
En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas:
“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.”.
18
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00272-01 (67979)
Actor: Hernán Lombardi Morales Parada y otra
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
demandante, en favor de la parte demandada. Como agencias en derecho se fija la
suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, que se será pagada así: medio
(1/2) salario mínimo mensual legal vigente por el señor Hernán Lombardi Morales
Parada y (1/2) salario mínimo mensual legal vigente por la señora Miryam Cecilia
Neisa. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
16
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