Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00363-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00363-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00363-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00363-01 (72500)
Demandante: Consorcio Vial Usaquén 2015
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría Distrital de
Gobierno – Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
Referencia: Controversias contractuales
Temas: controversias contractuales – incumplimiento de contrato – obligación contractual
de devolver la suma correspondiente a la retención en garantía – liquidación bilateral del
contrato – autonomía de la voluntad – límites y cargas derivadas de la autonomía de la
voluntad – atribución legal de liquidar unilateralmente el contrato – liquidación judicial del
contrato – actualización de las sumas líquidas de dinero reconocidas en la liquidación
judicial del contrato – componente inflacionario del interés moratorio
Síntesis del caso: el demandante pretendió que se declarara que el demandado incumplió
un contrato de obra al no pagar la retención en garantía ni liquidar el contrato, y que se
ordenara la reparación de los daños que dicho incumplimiento habría causado.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 27 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en
la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 16 de mayo de 2019, el Consorcio Vial Usaquén 20152 presentó una
demanda3 de controversias contractuales en contra de Bogotá Distrito
Capital – Secretaría Distrital de Gobierno – Fondo de Desarrollo Local de
Usaquén4, con las siguientes pretensiones (se trascribe):
1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Integrado por Luis Orlando Pulido García y Promotora Puga Ltda.
3 Samai del Tribunal, índice 52, enlace contenido en el archivo pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE” y archivo pdf “01.
Demanda escaneada (fls. 1-13 cp)”.
4 En el Auto admisorio de la demanda, de 10 de junio de 2019, se determinó lo siguiente: “teniendo en cuenta
que la demandada es el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° del
Decreto 212 de 2018 la representación judicial y extrajudicial de estos recae en el Secretario de Gobierno Distrital
de Bogotá DC, por ende se tendrá como demandado”. Samai del Tribunal, índice 52, enlace contenido en el
archivo pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE” y archivo pdf “02. Cuaderno principal escaneado”, páginas 3 y 4.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00363-01 (72500)
Demandante: Consorcio Vial Usaquén 2015
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría Distrital de
Gobierno – Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar y modificar la sentencia recurrida
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“PRIMERA: Declarar que el [demandado] en calidad de contratante dentro del
contrato de obra No. 105 de 2015 ha incumplido las obligaciones relacionadas
con el pago y la liquidación del contrato.
SEGUNDA: Ordenar al [demandado] pagar el valor final (retención en garantía)
del contrato al contratista;
TERCERO: Condene al [demandado] a pagar la totalidad de los perjuicios que
se le han ocasionado al contratista […] dentro del contrato de obra No. 105 de
2015;
CUARTO: Liquidar el contrato de obra No. 105 de 2015, declarando a paz y salvo
a las partes.
QUINTA: Se condene en costas al [demandado] a favor del demandante”.
2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:
3. 1) El 12 de noviembre de 2015, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
y el Consorcio Vial Usaquén 2015 suscribieron el contrato de obra 105, cuyo
objeto fue el siguiente (se trascribe): “contratar a monto agotable, por el
sistema de precios unitarios fijos, sin formula de ajuste, el diagnóstico, los
estudios y diseños, conservación, el mantenimiento preventivo y rutinario, la
rehabilitación y construcción de los segmentos de malla vial local en la
localidad de Usaquén de Bogotá D.C.”.
4. 2) El plazo inicial del contrato fue de 6 meses contados a partir del acta
de inicio; sin embargo, el 4 de agosto, el 2 de septiembre y el 5 de noviembre
de 2016, las partes suscribieron prórrogas al plazo del contrato, por 30, 75 y
15 días, respectivamente. El contrato terminó el 5 de diciembre de 2016.
5. 3) En virtud de las cláusulas tercera y decimotercera del contrato, el
Fondo estaba obligado a “pagar el valor del contrato en las condiciones
pactadas. Para estos efectos realizará las deducciones a que haya lugar” y
a “liquidar el contrato en los términos establecidos en el artículo 60 de [l]a
Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”, respectivamente.
6. 4) Durante el contrato “se produjeron 9 actas parciales de obra, por la
suma de $4.448.039.701. Valor al que se le aplicó un[a] retención del 10%
equivalente a $443.790.635 la cual en virtud de la cláusula sexta del contrato
[…] ser[ía] pagada al contratista contra el acta de liquidación del contrato”.
7. 5) El 4 de enero y el 14 de febrero de 2018, el contratista solicitó a la
Alcaldía Local de Usaquén la devolución de la retención en garantía y la
suscripción del “acta de liquidación” que previamente había sido suscrita
por el contratista y el interventor, respectivamente; sin embargo, “[l]a
entidad […] decidi[ó] guardar silencio frente a las diferentes peticiones”.
8. Bajo el título de “fundamentos de derecho de las pretensiones”, se alegó
una trasgresión al principio de buena fe, con base en que “[r]esulta
indignante para un colabora[do]r del Estado […], que transcurridos m[á]s de
dos años después de entregadas las obras contratadas, la entidad pretenda
[…] indicar que existe incertidumbre en relación al cumplimiento del objeto,
trasladando la carga al contratista de demostrar la ejecución de las
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Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría Distrital de
Gobierno – Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar y modificar la sentencia recurrida
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actividades, cuando sobre las mismas la entidad realiz[ó el] pago y […] la
interventoría dio fe del cumplimiento de las obligaciones al punto que
proyectó el acta de liquidación la cual no fue objetada por la entidad”.
9. Asimismo, se afirmó que “el FDLUSA ha incumplido su obligación principal
que es pagar (desembolsar) los aportes a los que se ha comprometido”, y
que “era del resorte de la entidad contratante proceder a promover la
liquidación bilateral o en su defecto y solo con ocasión a las causales
establecidas en las normas citadas, elaborar la liquidación unilateral”.
1.2. Posición de la parte demandada
10. El demandado contestó la demanda5 y llamó en garantía a Seguros del
Estado SA y al Consorcio Interventoría Vial Usaquén 20156-7. Se opuso a las
pretensiones primera, segunda, tercera y quinta de la demanda, mas no a
la pretensión cuarta dirigida a que se liquidara judicialmente el contrato.
Propuso como excepciones la “inexistencia de incumplimiento a cargo del
FDLUSA”, con base en que la Alcaldía Local de Usaquén “desplegó todas
las gestiones pertinentes en aras de obtener la documentación y/o
información faltante […] con el fin de proceder a la liquidación del contrato
de obra 105 de 2015. Documentación que pese a las reiteradas solicitudes
[…] no fue posible obtenerla, dadas las constantes evasivas por parte […]
del contratista [y] de la misma interventoría. La Alcaldía […] no podía
proceder con la liquidación del contrato, ni [con] el consecuente
desembolso, hasta tanto no se verificara la correcta inversión de los recursos
públicos comprometidos”; la “inexistencia del daño”; y la genérica.
11. Seguros del Estado SA contestó la demanda y el llamamiento en
garantía8. En relación con la demanda, se opuso a las pretensiones primera,
tercera y quinta por carecer de “fundamentos probatorios, jurídicos y de
hecho”; no se opuso a la pretensión cuarta relativa a la liquidación judicial;
y se atuvo a lo que se demostrara respecto de la pretensión segunda. Sobre
esta última, aclaró que la entidad contratante “e[ra la] obligad[a] a realizar
los pagos que se hayan pactado en el contrato [de obra 105 de 2015]”.
Asimismo, formuló la excepción que denominó “cobro de lo no debido:
inexistencia de perjuicios, no hay prueba de los perjuicios reclamados”.
5 Samai del Tribunal, índice 52, enlace contenido en el archivo pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE” y archivo pdf “02.
Cuaderno principal escaneado”, páginas 40 a la 58.
6 Samai del Tribunal, índice 52, enlace contenido en el archivo pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE” y archivo pdf “06.
Cuaderno llamamiento garantía escaneado”.
7 En el Auto de 11 de diciembre de 2019 se admitieron ambos llamamientos en garantía; sin embargo, en el Auto
de 28 de septiembre de 2023, se decidió “desvincular al Consorcio Interventoría Vial Usaquén 2015 del proceso”
por “la falta de interés de la parte demandada para que se efectuara y notificara en debida forma el
llamamiento en garantía”. Samai del Tribunal, índice 52, enlace contenido en el archivo pdf
“23_ED_2019363EXPEDIENTE” y archivo pdf “02. Cuaderno principal escaneado”, páginas 77 a la 80; e índice 55.
8 Samai del Tribunal, índice 52, enlace contenido en el archivo pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE” y archivo pdf “02.
Cuaderno principal escaneado”, páginas 93 a la 111.
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Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría Distrital de
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Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar y modificar la sentencia recurrida
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1.3. Sentencia de primera instancia
12. El 27 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal de Cundinamarca profirió la Sentencia de primera instancia9, en la
que decidió “negar las pretensiones de la demanda relacionadas con el
incumplimiento” y “liquidar judicialmente el contrato de obra”.
13. El incumplimiento alegado por el hecho de que la entidad no liquidara
el contrato fue desestimado por 3 razones: primera, “es la ley la que
contempla la posibilidad de que la entidad estatal liquide unilateralmente
el contrato, atribuyendo a la [A]dministración la competencia para adoptar
mediante acto administrativo [tal decisión] de donde emerge […] que la
falta de ejercicio de dicha facultad no comporta incumplimiento
contractual”; segunda, la entidad demandada solo perdió la competencia
para liquidar unilateralmente el contrato en el momento en que se solicitó
la liquidación judicial del mismo; y, tercera, no se probó que el demandado
“hubiera incurrido en una dilación injustificada en la etapa de liquidación
del negocio jurídico […], así como tampoco exist[ía] prueba que d[iera]
cuenta de la existencia de solicitudes caprichosas o infundadas”.
14. Por su parte, frente al supuesto incumplimiento de la obligación de
pagar la retención en garantía, el Tribunal puso de presente que la cláusula
sexta del contrato indicaba que dicho concepto sería pagado al contratista
“contra la liquidación del contrato”; “sin embargo, en atención a que el
contrato de obra no fue liquidado, […] es claro que la entidad contratante
no tenía la obligación de devolver la retención en garantía al contratista”.
15. Por último, el Tribunal liquidó judicialmente el contrato con base en 9
actas parciales de obra, de las cuales extrajo que “la diferencia entre el
valor final del contrato […] y el monto pagado al contratista” era de
$443.790.635 y correspondía a la retención en garantía, por lo que esta era
la suma de dinero que la entidad debía pagar al contratista. Al respecto,
agregó que la entidad contratante, si bien tenía “una inconformidad […]
respecto de la ejecución total de la obra”, “no aportó un balance financiero
final del contrato […] que le permit[iera] a la Sala realizar un cotejo con el
balance financiero efectuado por el contratista y el interventor”.
1.4. Recurso de apelación
16. La parte demandante presentó un recurso de apelación10 en el que
solicitó, por un lado, “revocar el numeral primero del fallo de primera
instancia, y en su lugar [declarar] que la entidad sí incumplió con su deber
9 Samai del Tribunal, índice 102. Se trascribe la parte resolutiva: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones a cargo del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
– FDLUSA […]. SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el Contrato de Obra No. 105 de 2015 en el sentido que el
Fondo de Desarrollo Local de Usaquén – FDLUSA debe al Consocio Vial Usaquén la suma de […] ($443.790.635)
M/CTE, por concepto de retención en garantía. TERCERO: Sin condena en costa en esta instancia. […]”.
10 Samai del Tribunal, índice 105.
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de liquidar el contrato bilateralmente en tiempo, pues gozaba [de] la
información y documentación necesaria para ello”.
17. Como sustento de ello, indicó que debían desestimarse “los argumentos
conforme a los cuales se pretend[ía] justificar la entidad demandada en la
dilación del pago por liquidación del contrato, pues estando probado que
el contratista cumplió sus obligaciones, el pago de su liquidación no se
generó en el término en el que razonablemente y con la información en su
poder, la entidad podía realizar [la liquidación]”. Tales “argumentos”,
precisó, se referían a un “presunto incumplimiento del contratista
interventor” y a “supuestas inconsistencias en la obra advertidas por […] la
Contraloría [General] de la República”; sin embargo, estas circunstancias,
“que fueron admitidas […] por el a quo, no [eran] del resorte del contratista
y no tendría[n] por qué convertirse en una [justificación] de pago tardío”.
18. En ese orden de ideas, concluyó que se dieron “dos circunstancias que
[eran] ajenas a la voluntad del contratista y que le afectaron […] la
expectativa legítima que tenía de esperar el pago por liquidación bilateral
del contrato, generando con ello un perjuicio antijurídico que no tendría que
soportar el contratista en el marco del principio general de responsabilidad
contenido en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia”.
19. Por otro lado, el recurrente solicitó “cond[enar] al pago de la liquidación
de manera indexada, corrigiendo con ello la pérdida del poder adquisitivo
que tuvo el valor del contrato, desde la fecha máxima de su liquidación
hasta la fecha de la sentencia y hasta el tiempo de su pago efectivo”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Condena en costas.
2.1. Análisis sustantivo
20. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones relacionadas
con el incumplimiento del contrato (a) y modificará el numeral segundo de
la parte resolutiva de la Sentencia de primera instancia con el fin de
actualizar la suma que resultó de la liquidación judicial del contrato (b).
21. (a) En relación con el incumplimiento por no liquidar el contrato de obra
105 de 2015, se advierte que, si bien este se atribuyó en la demanda por 2
supuestos distintos, esto es, por falta de liquidación unilateral y por falta de
liquidación bilateral del mencionado contrato, lo cierto es que el recurrente
centró la solicitud y los reparos formulados en el recurso de apelación en la
ausencia de liquidación bilateral –ver los párrafos 16 al 18–.
22. A juicio de la Sala, el hecho de que no se haya logrado llegar a un
acuerdo sobre la liquidación bilateral del contrato no da lugar a declarar la
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responsabilidad de la demandada. Como se pasa a ver, la decisión de no
celebrar tal liquidación fue adoptada por la entidad contratante en
ejercicio de la autonomía de su voluntad, y la Sala no advierte que se
hubieran desatendido las cargas que se derivan de dicho principio.
23. La liquidación bilateral corresponde a un negocio jurídico que los sujetos
contratantes celebran en ejercicio de la autonomía de su voluntad, por lo
que, así como pueden llegar a un acuerdo en relación con el balance final
del contrato, pueden no hacerlo, y ambas decisiones resultan, a priori,
legítimas, comoquiera que hacen parte de la libertad que en virtud del
mencionado principio tienen para disponer de los intereses propios, en
general, y para decidir cuáles negocios jurídicos celebrar, en particular.
24. En ese sentido, como lo sostuvo recientemente esta Subsección al
resolver un caso en el que las partes de un negocio jurídico tuvieron
diferencias que impidieron liquidarlo de común acuerdo (se trascribe):
“el solo hecho de que el convenio de asociación […] no hubiera sido liquidado
bilateralmente por las partes del negocio jurídico, no permite derivar de esta
circunstancia responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de
obligaciones a cargo del MADR, pues no puede perderse de vista que la
liquidación debía ser el resultado del ‘común acuerdo’ entre el MADR, la
Fundación Emssanar y el Departamento de Nariño, y dicho consenso no pudo
alcanzarse dadas las diferencias existentes entre el MADR y la Fundación
Emssanar en torno al balance definitivo de la ejecución del convenio”11.
25. Ahora bien, en este caso, el demandante no solo reprochó que la
entidad no haya dado su consentimiento para la liquidación bilateral –
decisión que, según las consideraciones previas, resulta, en principio,
legítima–, sino que también sostuvo que dicha actuación fue “injustificada”,
“ignor[ó] o violent[ó] el principio [de] buena fe” y afectó la “expectativa
legítima que tenía de esperar el pago por liquidación bilateral”.
26. En desarrollo de lo anterior, sostuvo que la entidad contratante se opuso
a la liquidación bilateral a pesar de que “gozaba [de] la información y
documentación necesaria para ello” y con base en 2 circunstancias que,
según la apelación, “no [eran] del resorte del contratista y no tendría[n] por
qué convertirse en una [justificación] de pago tardío”, a saber, el “presunto
incumplimiento del contratista interventor” y las “supuestas inconsistencias
en la obra advertidas por […] la Contraloría [General] de la República”.
27. La Sala reconoce que la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual
se puede decidir no celebrar la liquidación bilateral, no tiene un carácter
absoluto; por el contrario, está sujeta a límites y de ella se derivan distintas
cargas –entre ellas, la de lealtad y corrección– que deben ser atendidas por
los sujetos contratantes, quienes pretendan llegar a serlo y quienes hayan
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de
octubre de 2025 (70620).
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dejado de serlo12, pues de no ser así podrían causar un daño a su
contraparte y comprometer, por lo tanto, su responsabilidad patrimonial.
28. No obstante, en este caso no se advierte que la actuación de la entidad
contratante en torno a la liquidación bilateral del contrato constituya un
ejercicio indebido de la autonomía de la voluntad ni, en específico, una
desatención de las cargas que se derivan de dicho principio.
29. En primer lugar, para la Sala no es cierto que el demandante pudiera
tener la “expectativa legítima […] de esperar el pago por liquidación
bilateral”, comoquiera que nada le aseguraba que tal liquidación se fuera
a realizar, pues esta estaba sujeta al “mutuo acuerdo” que las partes, de
nuevo en ejercicio de su autonomía, podían o no alcanzar. En ese sentido,
en la formación de este negocio jurídico podían surgir diferencias entre las
partes que impidieran llegar a un acuerdo de voluntades en torno al
balance final del contrato, como en efecto ocurrió, y ello no puede
entenderse como la frustración de una expectativa legítima.
30. En segundo lugar, aunque el demandante reprochó que la contratante
se negó a suscribir el acta de liquidación bilateral de forma “injustificada” y
pese a tener “la información y documentación necesaria para ello”, lo cierto
es que las pruebas aportadas dan cuenta de que, en relación con la
liquidación bilateral del contrato, la entidad requirió tanto al contratista13
como al interventor14 para que aclararan algunos aspectos relacionados
con la ejecución de la obra y aportaran documentación que estimó
necesaria para realizar la liquidación del contrato; puso de presente
incongruencias de la documentación aportada por el contratista15; advirtió
deficiencias en la ejecución de las obligaciones de este último16; y reiteró
requerimientos en vista de que algunos de ellos no habían sido atendidos17.
12 Al respecto, la doctrina afirma (se trascribe): “Entendidas las cargas como aquellos deberes en los cuales la
persona, habiendo escogido entre varios intereses suyos uno determinado, ha de hacer esfuerzos y sacrificios
(actos necesarios) para alcanzarlo, en esta perspectiva, hablando de la autonomía privada y de su ejercicio, es
preciso tener en cuenta los cuidados y miramientos que incumben a cada sujeto negocial […] a quien aspira a
serlo o ya no lo es. Así, la carga de legalidad, la de lealtad y corrección, las cargas de claridad, de previsión, de
plenitud, de sagacidad y de advertencia. [D]entro de las cargas contractuales y precontractuales sobresalen,
quizá porque trascienden la esfera singular, las cargas de legalidad y de lealtad y corrección. […] en la segunda
hay un reenvío a la ‘cláusula general’; la buena fe (que en ella se vierten corrección y lealtad) […] Ese deber se
manifiesta variadamente y se concreta en cada fase de la relación contractual y, por supuesto, en cada
circunstancia”. Fernando Hinestrosa Forero, Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: el
negocio jurídico, vol. I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá DC, 2015, pp. 382, 385 y 386.
13 Oficio 20175121378781 de 18 de diciembre de 2017. Samai del Tribunal, índice 52, enlace contenido en el archivo
pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE”, carpeta “SAMAI ANOTACIÓN 00069”, carpeta “2019-263”, carpeta “RADICADOS
RTO 2023”, archivo pdf “120170031647861_00001d”.
14 Oficio 20185120197271 de 20 de marzo de 2018, con copia al contratista. Samai del Tribunal, índice 52, enlace
contenido en el archivo pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE”, carpeta “SAMAI ANOTACIÓN 00069”, carpeta “2019-
263”, carpeta “RADICADOS RTO 2023”, archivo pdf “20185120197271”.
15 Oficio 20185120197271 de 20 de marzo de 2018, con copia al contratista: “Con respecto a los documentos
radicados el 14 de febrero de 2018 por el contratista de obra, avalados por la interventoría, de las intervenciones
realizadas en cada uno de los CIVs, estos presentan inconsistencias en relación a lo referido en el informe final del
contratista, descripción de ejes viales, inicio y final, no coinciden con el valor ejecutado reportado”.
16 Oficio 20185120197271 de 20 de marzo de 2018, con copia al contratista: “Como resultado de la visita de campo
a los tramos intervenidos por parte del apoyo a la supervisión delegada al contrato de obra, se evidencia que las
obras no cumplen con especificaciones de calidad contratadas por la entidad, algunas presentan deterioro
prematuro, fisuras, piel de cocodrilo, sumideros en mal estado y múltiple reparcheo en CIVs donde se realizó
rehabilitación de pavimento, por lo que se solicita a la interventoría la revisión inmediata de lo enunciado”.
17 Oficio 20185120729791 de 4 de octubre de 2018 dirigido al interventor con copia al contratista: “Mediante
comunicaciones remitidas por el FDLUSA con radicado No. 20185120197271 de fecha 20 de marzo de 2018 y
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31. En ese orden de ideas, la Sala no encuentra demostrado que la negativa
de la entidad contratante para suscribir el acta de liquidación haya sido
injustificada ni que estuviera sustentada en circunstancias que “no [fueran]
del resorte del contratista”, pues parte de los requerimientos realizados
guardaban relación con la ejecución de las obligaciones de este último.
32. En tercer lugar, la Sala no advierte que la conducta de la entidad
demandada pueda considerarse contraria al principio de buena fe. Las
actuaciones mencionadas anteriormente dan cuenta de que la entidad
contratante informó dentro de un plazo razonable al contratista y al
interventor las observaciones y los requerimientos que tenía en relación con
la liquidación bilateral del contrato, cuestiones que no consiguió que fueran
resueltas a su satisfacción. Aunado a ello, aunque propició una reunión con
dichos sujetos “con el propósito de determinar las causas que han impedido
dicha liquidación de los contratos del asunto”18 –entre ellos el número 105
de 2015–, en ella “no se lograron acuerdos con ánimo de lograr las
reparaciones de obra y documentación faltante para la liquidación”19.
33. Sin perjuicio de lo expuesto hasta este punto, se aclara que, incluso si
este incumplimiento se analizara desde el supuesto relativo a que la entidad
contratante no procedió a liquidar unilateralmente el contrato, no habría
lugar a acceder a las pretensiones, pues, como lo indicó el Tribunal y lo ha
señalado de forma reiterada la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
liquidación unilateral del contrato es una atribución legal de las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
y el hecho de no ejercerla no implica su responsabilidad contractual20.
34. En relación con el incumplimiento de la obligación contractual de
devolver la suma correspondiente a la retención en garantía, se pone de
presente que este fue desestimado por el Tribunal y en el recurso de
apelación no se formularon reparos concretos al respecto; en todo caso,
como se indicó en la Sentencia recurrida, en la cláusula sexta del contrato
20185120609971 de fecha 06-07-2018 se ha puesto en conocimiento los hechos constitutivos de un posible
incumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos de la referencia (deficiencia en la calidad de
las obras, fallas técnicas, inconsistencias en informes, valores y cantidades de obra ejecutadas, cierre del pin
ambiental, documentación faltante etc.) por parte de los respectivos contratistas de obra e interventoría y a la
fecha se evidencia que las observaciones hechas en las referidas comunicaciones a las cláusulas del contrato
fueron incumplidas por las partes requeridas so pena de los perjuicios causados a la entidad”. Samai del Tribunal,
índice 52, enlace contenido en el archivo pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE”, carpeta “SAMAI ANOTACIÓN 00069”,
carpeta “2019-263”, carpeta “RADICADOS RTO 2023”, archivo pdf “20185120729791”.
18 Oficios 20185120794291 y 20185120794311, remitidos el 21 de noviembre de 2018 al interventor y al contratista,
respectivamente. Samai del Tribunal, índice 52, enlace contenido en el archivo pdf “23_ED_2019363EXPEDIENTE”,
carpeta “SAMAI ANOTACIÓN 00069”, carpeta “2019-263”, carpeta “RADICADOS RTO 2023”, archivos pdf
“20185120794291” y “20185120794311”.
19 Así lo indicó la entidad en el informe de gestión de fase de liquidación del contrato de interventoría de 28 de
noviembre de 2018. Samai del Tribunal, índice 77, archivo zip “61RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE_1_19220241ZIP”,
carpeta “Cto 112-15 Carpetas 19-24”, archivo pdf “CPS-121-2015 CPTA 24”, página 173.
20 “La falta de liquidación unilateral del contrato no denota una inobservancia del contenido obligacional al que
las partes se comprometen, puesto que al margen de la responsabilidad de los servidores estatales sobre su
realización en el marco de sus funciones, lo cierto es que el balance final del negocio jurídico a cargo de la
Administración, tratándose de negocios regidos por el estatuto de la contratación pública, comporta el ejercicio
de una atribución legal, por lo que su falta de ejercicio no significa un incumplimiento de las prestaciones
convenidas, sino la inobservancia de una prerrogativa fijada por el legislador, cuya desatención no compromete
su responsabilidad contractual”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, Sentencia de 8 de abril de 2024 (67446). En igual sentido y de la misma Sección: Subsección B,
Sentencia de 30 de noviembre de 2023 (54710); y Subsección C, Sentencia de 2 de marzo de 2022 (64165).
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00363-01 (72500)
Demandante: Consorcio Vial Usaquén 2015
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría Distrital de
Gobierno – Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar y modificar la sentencia recurrida
______________________________________________________________________________________________________________
105 de 2015 se dispuso que la retención en garantía “será pagada al
contratista por el Fondo, contra la liquidación del contrato”, y esta solo se
realizó en el presente proceso judicial, razón por la cual la entidad
demandada no estaba obligada a realizar la devolución con anterioridad.
35. (b) Por otra parte, al liquidar judicialmente el contrato, el Tribunal se limitó
a señalar que la entidad demandada debía al contratista $443.790.635 por
concepto de retención en garantía; sin embargo, omitió actualizar esa
suma, aspecto que el demandante cuestionó en su recurso de apelación.
36. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 187 del
CPACA, “las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de
dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al
Consumidor”. En ese orden de ideas, le asiste razón al recurrente al señalar
que el Tribunal debió actualizar la suma reconocida en la liquidación judicial
del contrato con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo.
37. En la medida en que el contratista tenía derecho a recibir lo
correspondiente a la retención en garantía “contra la liquidación del
contrato” y esta solo se realizó en la Sentencia de primera instancia, la Sala
actualizará el valor de $443.790.635 desde el 27 de septiembre de 2024,
fecha de la Sentencia de primera instancia, hasta abril de 2026, mes que
corresponde al último índice de precios al consumidor disponible a la fecha
en que se profiere esta providencia. La fórmula establecida por la
Corporación21 para tal efecto arroja un resultado de $487.393.172,7422.
38. En relación con la solicitud del recurso de apelación consistente en que
la suma reconocida en la liquidación judicial del contrato fuera actualizada
“hasta el tiempo de su pago efectivo”, la Sala aclara que, a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, se causarán intereses moratorios sobre dicha
suma a una tasa del DTF23, la cual incluye un componente inflacionario24 a
través del cual se compensa la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
39. Por lo expuesto, la Sala modificará el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia recurrida y confirmará las demás decisiones.
2.2. Condena en costas
40. Sin condena en costas, pues en el artículo 365 del CGP se dispuso que
“se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación […]” y, en este caso,
21 Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final/IPC inicial)].
22 Valor actualizado = [443.790.635* (158,17/144,02)].
23 Inciso tercero del artículo 192 del CPACA: “Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan
o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código”. Artículo 195.4 del CPACA: “4.
Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una
conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria”.
24 Corte Constitucional, Sentencia C – 604 de 1 de agosto de 2012: “la DTF no solamente tiene un componente
inflacionario, sino también un valor adicional que se reconoce en este caso como el elemento indemnizatorio”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00363-01 (72500)
Demandante: Consorcio Vial Usaquén 2015
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría Distrital de
Gobierno – Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar y modificar la sentencia recurrida
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prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda, así como el
recurso de apelación, lo cual dio lugar a modificar la sentencia recurrida.
3. DECISIÓN
41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la Sentencia proferida el 27 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, el cual quedará así (se resalta la modificación):
“SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el Contrato de Obra No. 105 de 2015 en
el sentido que el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén – FDLUSA debe al
Consocio Vial Usaquén $487.393.172,74 por concepto de retención en
garantía”.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en todo lo demás, la Sentencia proferida el 27 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B.
TERCERO: sin condena en costas.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
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