Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00381-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Contrato estatal: torna procedente la activación de la garantía de seriedad de la oferta a
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00381-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00381-02
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00381-02 (69292)
Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
Demandado: Instituto Nacional de Vías — Invías
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
TEMAS: INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL
CONTRATO ESTATAL – torna procedente la activación de la garantía de seriedad de la oferta a
título de sanción y la aplicación de la inhabilidad para participar procesos y celebrar contratos con el
Estado. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - constituye un mecanismo de caución exigido
dentro del procedimiento de selección, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los oferentes durante la etapa de formación del negocio jurídico estatal. GARANTÍA
DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL – tiene una naturaleza dual:
sancionatoria e indemnizatoria. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – la garantía de seriedad de
la oferta debe hacerse efectiva previo agotamiento de un procedimiento administrativo sumario en el
que se respeten garantías mínimas del debido proceso. IRREGULARIDADES OCURRIDAS AL
INTERIOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – no toda irregularidad en el trámite de una
actuación administrativa comporta por sí sola la ilegalidad del acto administrativo que le pone fin al
mismo. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – impone al juez del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos cuya legalidad sea
cuestionada, sin que le esté permitido pronunciarse sobre aspectos que no fueron pretendidos en la
demanda o que no hayan sido expuestos en los hechos. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA – Su
aplicación no autoriza agregar pretensiones no aducidas en el libelo introductorio. EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD – es un mecanismo que otorga al operador judicial la facultad de
inaplicar una norma válida en defensa de la supremacía de la Constitución Política, cuando aparezca
de bulto que su aplicación en un caso concreto comporta la lesión de garantías y derechos
fundamentales. No suplanta o desplaza los demás medios de control previstos para el juzgamiento
de los actos administrativos. VALIDEZ DE LAS GRABACIONES DE VOZ COMO PRUEBA
DOCUMENTAL – por regla general las grabaciones no autorizadas resultan inadmisibles como
medio probatorio dentro del proceso judicial, porque comportan una violación del derecho a la
intimidad que ostenta toda persona a la luz de lo prescrito en el artículo 15 de la Constitución Política
de 1991. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO – se impone condena en costas de segunda
instancia a la parte demandante, en atención a que el recurso de apelación fue decidido de manera
desfavorable; la liquidación corresponderá a la Secretaría del tribunal de origen y las agencias en
derecho se fijan en un (1) SMMLV, de conformidad con las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de junio de 2022, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Como resultado del procedimiento de selección abreviada No. SA-MC-DO-SMF-
012-201, el Instituto Nacional de Vías —en adelante, INVÍAS— adjudicó al señor
Auli Fernando Velandia Medina un contrato para llevar a cabo el mantenimiento,
administración, organización y operación del muelle La Esmeralda, ubicado en el
Radicado: 25000-23-36-000-2019-00381-02 (69292)
Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo. Pese a ser requerido en
múltiples ocasiones para allegar la documentación necesaria para el
perfeccionamiento del contrato estatal, el señor Velandia Medina incumplió lo
solicitado en los anteriores términos.
Por tal motivo, la entidad lo convocó a un procedimiento administrativo para discutir
las razones de su incumplimiento, así como para analizar la posible ocurrencia del
siniestro amparado por la póliza de seguro que respaldó la seriedad del
ofrecimiento que presentó en el marco del proceso de selección, y la posibilidad de
declarar la inhabilidad para participar en procesos de selección y celebrar contratos
con el Estado. Agotado el procedimiento administrativo, la entidad estableció que
su incumplimiento fue injustificado, razón por la cual hizo efectiva la garantía de
seriedad de la oferta que respaldó su propuesta y lo inhabilitó para participar en
procesos de selección y para contratar con el Estado por el término de 5 años. Aun
cuando el demandante recurrió el acto administrativo, la entidad lo confirmó en
todas sus partes.
La parte accionante considera que los actos administrativos expedidos por el
INVÍAS son ilegales porque (i) fueron expedidos por el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica a partir del ejercicio de una función delegada de manera ilegal; (ii)
desconocieron el debido proceso porque para su expedición se acudió a un
procedimiento administrativo inaplicable y porque, en cualquier caso, al interior del
procedimiento administrativo adelantado la entidad vulneró su derecho de defensa
y contradicción; y (iii) no tuvieron en cuenta que el incumplimiento en que incurrió
al sustraerse de su obligación de suscribir el contrato estatal estuvo justificado en la
falta de garantías para ejecutar el contrato estatal, circunstancia que, a su vez, tuvo
origen en irregularidades que ocurrieron al interior del procedimiento de selección.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 6 de septiembre de 20181, el señor Auli Fernando Velandia Medina, mediante
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra La Nación — Ministerio de Transporte —
Instituto Nacional de Vías — INVÍAS, la cual fue rechazada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 19 de junio de 20192, al haber
considerado que fue presentada por fuera del término de 4 meses previsto en el
literal c) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. La parte accionante interpuso
recurso de apelación contra el auto del 19 de junio de 2019, el cual fue desatado
por esta Corporación mediante proveído del 25 de enero de 20213 en el sentido de
revocar lo decidido por el a quo, en la medida en que la contabilización del término
de caducidad adelantada por aquel desconoció que la demanda fue presentada el
6 de septiembre de 2018.
1 Fls 166 a 222, Cuaderno No. 1.
2 Fls 231 a 234, Cuaderno Principal.
3 Fls 254 a 2256, Cuaderno Principal.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
1.2. Fue así como el Tribunal profirió auto el 204 de septiembre de 2021 en el que
resolvió obedecer y cumplir lo resuelto por esta Corporación, al paso que dispuso
inadmitir la demanda para que la parte accionante (i) precisara las entidades
estatales contra las cuales dirigía la demanda, dado que, pese a que en el
encabezado del libelo introductorio se señaló como demandado a La Nación —
Ministerio de Transporte, no se hizo imputación alguna en su contra en el texto de
la demanda; (ii) especificara los cargos de nulidad formulados contra los actos
administrativos demandados; y (iii) cumpliera la carga impuesta en el numeral 8 del
artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo —en adelante, CPACA—.
1.3. Mediante escrito5 presentado vía correo electrónico el 28 de septiembre de
2021, el apoderado del demandante precisó que el ente estatal accionado era el
Instituto Nacional de Vías — INVÍAS y no La Nación — Ministerio de Transporte, así
como también indicó que acogía las observaciones realizadas en punto a la
identificación de los cargos de nulidad formulados contra los actos impugnados. En
tal sentido, el apoderado de la parte accionante presentó un nuevo escrito de
demanda6 en el que formuló las siguientes pretensiones, transcritas de forma
literal, incluso con posibles errores:
“PRIMERA. - Que se declare la Nulidad de la resolución No. 08517 del dos (2) de
noviembre de Dos Mil Diez y Siete (2.017) expedida por la Nación – Instituto Nacional
de Vías –INVÍAS– Oficina Asesora Jurídica, por medio de la cual se declara el
siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta presentada por el señor AULI
FERNANDO VELANDIA MEDINA, en el proceso de selección abrevada de menor
cuantía SA-MC-DO-SMF-012-2017.-
SEGUNDA. - Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 01817 de veintiocho
(28) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2.018) expedida por la Nación – Instituto
Nacional de Vías –INVÍAS– Oficina Asesora Jurídica, por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 08517 de dos (2) de
Noviembre de dos mil diez y siete (2017) en el proceso de selección abreviada de
menor cuantía SA-MC-DO-SMF-012-2017.-
TERCERA. - Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a título
de indemnización de perjuicios materiales, los siguientes:
• Por Daño Emergente soportado por el ingeniero FERNANDO: La cantidad de Treinta
y Tres Millones de pesos M.I. Cte ($33.000.000)
• Por Lucro Cesante, en su actividad como profesional de la ingeniería civil al señor
FERNANDO VELANDIA MEDINA y por el efecto de la inhabilidad para poder
presentar propuestas y celebrar contratos con entidades estatales, por el término de
cinco años, la cantidad de mil novecientos noventa y seis salarios mínimos mensuales
legales vigentes, que equivalente a MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
[sic] SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS M.LCTE
($1.495.611.503); cantidad que resulta del promedio de contratación con entidades
4 CD – fl 248 del Cuaderno Principal, archivo denominado “002 2019-
00381AutoObedezcaseyCumplase.InadmiteDemanda.pdf”.
5 CD – fl 248 del Cuaderno Principal, archivo denominado “005
20210928SubsanacionDemandaApoderadoActora.pdf”.
6 CD – fl 248 del Cuaderno Principal, archivo denominado “005
20210928SubsanacionDemandaApoderadoActora.pdf”.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
estatales efectuados mediante la proyección de la facturación de los últimos cinco
años, teniendo como fundamento el ITEM de administración y utilidad pagada en los
contratos estatales celebrados en el último lustro.-
Perjuicios Materiales: Mil Quinientos Veintiocho Millones Seiscientos Once Mil
Quinientos Tres Pesos ($1.528.661.503.oo) [sic]
CUARTA. - Que se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS–, al pago
de perjuicios por el daño moral causado a mi cliente en razón a la inhabilidad por
cinco años para licitar y contratar con entidades estatales por 250 salarios mínimos
legales vigentes la suma de Ciento Noventa y Cinco Millones, trescientos diez mil
quinientos pesos ($195.310.500).
QUINTA. - Las anteriores condenas deben ser indexadas al día efectivo de su pago.
SEXTA. - Que se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS– al pago de
costas del proceso”.
1.4. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos7:
1.4.1. Mediante Resolución No. 03634 del 19 de mayo de 2017, el INVÍAS ordenó
la apertura del proceso de selección abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-201, el
cual tuvo por objeto contratar el mantenimiento, administración, organización y
operación del muelle La Esmeralda, ubicado en el municipio de Puerto Asís,
departamento del Putumayo. En el proceso de selección se presentaron 9 oferentes,
figurando entre ellos Auli Fernando Velandia Medina.
1.4.2. Luego de surtidas las etapas del proceso de selección el INVÍAS llevó a cabo
la diligencia de adjudicación, en cuyo desarrollo el comité evaluador recomendó la
adjudicación del contrato al señor Velandia Medina por haber resultado ubicado en
el primer lugar del orden de elegibilidad. Pese a lo anterior, una vez finalizada la
diligencia la coordinadora del Grupo Fluvial de la Subdirección Marítima y Fluvial
del INVÍAS afirmó que revisaría “[…] al detalle la propuesta presentada por el
ingeniero VELANDIA MEDINA para evitar que se celebrara contrato [sic] con la
Entidad”.
1.4.3. Por medio de Resolución No. 05450 del 21 de julio de 2017, el INVÍAS
formalizó la adjudicación del contrato al oferente Auli Fernando Velandia Medina.
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, ese mismo día el señor Juan Camilo
Silva Rodríguez —oferente vencido en el proceso de selección abreviada No. SA-
MC-DO-SMF-012-2017— solicitó la revocatoria directa del acto de adjudicación con
fundamento en que el ofrecimiento del hoy demandante (i) incumplió los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones, y (ii) contenía información inexacta.
1.4.4. En el mismo sentido, el señor Carlos Andrés Sánchez Hidalgo —persona
ajena al proceso de selección— presentó ante el INVÍAS un documento en el que
denunció irregularidades respecto de la propuesta presentada por el hoy
demandante, al igual que circunstancias que se predicaban de la ejecución de
contratos que el señor Velandia Medina había celebrado anteriormente con el
7 La Sala precisa que los fundamentos fácticos y jurídicos a los que hará referencia en esta
providencia judicial, son los contenidos en el escrito por medio del cual la parte accionante subsanó
las falencias anotadas en el auto inadmisorio de la demanda.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
INVÍAS, lo que correspondía a información de carácter sensible que reposaba bajo
la guarda de la entidad demandada y a la que solo tenían acceso sus funcionarios.
1.4.5. Ante la gravedad de las acusaciones formuladas por el señor Carlos Andrés
Sánchez Hidalgo, el hoy demandante interpuso denuncia en su contra por la posible
comisión de los delitos de injuria y calumnia, lo cual dio lugar al inicio de un proceso
de indagación en el que el señor Sánchez Hidalgo, bajo la gravedad de juramento,
afirmó haber sido objeto de suplantación en tanto no suscribió ni mucho menos
presentó el documento que contenía imputaciones deshonrosas en contra del señor
Velandia Medina.
1.4.6. Por tal motivo, mediante oficios del 27, 28 y 31 de julio de 2017 el hoy
demandante puso en conocimiento del INVÍAS las irregularidades que
comprometían la transparencia del proceso de selección, las cuales concretó en la
conducta intimidante desplegada por la coordinadora del Grupo Fluvial de la
Subdirección Marítima y Fluvial del INVÍAS, al igual que en la filtración de
información sensible referente a la ejecución de otros contratos con el fin de
perseguirlo. Pese a lo anterior, el INVÍAS se abstuvo de adelantar las
investigaciones o actuaciones de tipo administrativo dirigidas a esclarecer los
hechos denunciados. En lugar de ello, la entidad profirió la Resolución No. 06969
del 12 de septiembre de 2017, por medio de la cual revocó el acto administrativo de
adjudicación contenido en la Resolución No. 05450 del 21 de julio de 2017, y
adjudicó el contrato al señor Juan Camilo Silva Rodríguez, quien ocupó el segundo
lugar del orden de elegibilidad.
1.4.7. Seguidamente, el INVÍAS requirió al demandante para que compareciera a la
audiencia de que habla el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la cual fue agotada
en dos sesiones que se tramitaron sin su presencia ni la de su apoderado y/o
curador ad litem. Así pues, una vez agotado el procedimiento administrativo, la
entidad profirió la Resolución No. 08517 del 2 de noviembre de 2017, por medio de
la cual (i) declaró “[…] la ocurrencia del siniestro de la seriedad de la ofertada
presentada por el proponente AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA […]”, (ii) hizo
efectivo el amparo de seriedad cubierto por la compañía aseguradora Suramericana
S.A. y, (iii) declaró que el señor Velandia Medina quedaba inhabilitado por el término
de 5 años para participar en licitaciones y para celebrar contratos, de acuerdo con
lo establecido en el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
1.4.8. El demandante presentó recurso de reposición contra el acto administrativo
que declaró la ocurrencia del siniestro amparado por la garantía de seriedad del
ofrecimiento que acompañó junto con su propuesta, y que lo inhabilitó para
participar en procesos de selección y celebrar contratos con el Estado. Fue así
como, el 28 de marzo de 2018, el INVÍAS llevó a cabo una audiencia para resolver
el recurso impetrado por el señor Velandia Medina, en cuyo desarrollo el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del INVÍAS dio lectura a la Resolución No. 01817 del 28 de
marzo de 2018 por medio de la cual se confirmó en todas sus partes el acto
administrativo recurrido, sin permitir la intervención del apoderado del hoy
demandante, quien insistió en su derecho a participar en la diligencia para presentar
una solicitud de aclaración respecto del acto administrativo que allí fue comunicado.
1.4.9. Es así que la Resolución No. 01817 del 28 de marzo de 2018 quedó notificada
en estrados al cierre de la diligencia celebrada en la misma fecha. De ahí que la
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
compañía aseguradora pagara el valor por el cual fue afectada la póliza otorgada
en favor del INVÍAS; valor que, posteriormente, descontó al señor Auli Fernando
Velandia Medina.
1.5. Como fundamento jurídico, la parte accionante refirió como normas violadas
los artículos 2, 6, 13, 29, 83, 122, 209 y 211 de la Constitución Política de 1991; los
artículos 3, 8 y 28 de la Ley 80 de 1993; los artículos 137 y 306 del CPACA; y el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Lo reproches de ilegalidad realizados por la
parte accionante están edificados sobre la base de cuatro ejes fundamentales: (i) la
violación del derecho al debido proceso del señor Velandia Medina durante el
trámite del procedimiento administrativo; (ii) la falta de competencia del jefe de la
Oficina Asesora Jurídica para proferir los actos demandados; (iii) el
desconocimiento de los actos intimidatorios de los fue víctima el señor Velandia
Medina al interior del procedimiento de selección, los que constituían una causa
justificante para abstenerse de suscribir el contrato estatal; y (iv) la falsa motivación
de los actos administrativos demandados.
1.5.1. En lo que refiere a la violación al debido proceso, el señor Velandia Medina
sostiene que la efectividad de la garantía que ampara la seriedad de las propuestas
como consecuencia del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato
estatal, así como la declaratoria de la inhabilidad para participar en procesos de
selección y celebrar contratos con el Estado, no constituyen sanciones que exijan
el agotamiento de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionatoria. De
ahí que resultara improcedente acudir al procedimiento administrativo reglado en el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para adoptar tales determinaciones, a lo que
agregó que aquel estaba reservado para aquellos eventos que comportan el
incumplimiento de un contrato estatal, lo que distaba de las particulares
circunstancias que rodearon el caso concreto, en el que la conducta atribuida al
demandante consistió precisamente en abstenerse de firmar el contrato estatal. En
estos términos, la entidad procedió con desconocimiento del artículo 29 de la
Constitución Política en tanto “[…] decidió proceso sancionatorio administrativo sin
que tenga esa calidad y calificó al ingeniero VELANDIA MEDINA como contratista
incumplido sin haber celebrado el contrato”.
1.5.2. El demandante afirma que, además de la anterior irregularidad, en el marco
del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la entidad se
desconoció su derecho de defensa y contradicción en tanto varias de las audiencias
convocadas fueron desarrolladas sin su presencia ni la de su apoderado. Pese a
que el demandante se encontraba por fuera del país en el momento en que las
diligencias fueron llevadas a cabo, pudo habérsele otorgado la oportunidad de
comparecer a través de medios tecnológicos, tal y como le fue permitido al
apoderado de la compañía aseguradora en el marco de la audiencia que el INVÍAS
convocó para resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acto que hizo
efectiva la póliza que amparó la seriedad de su propuesta, y que lo inhabilitó para
participar en procesos de selección y celebrar contratos con el Estado. En criterio
del demandante, dicha diferencia de trato resultó discriminatoria y terminó por
impedirle ejercer su derecho de defensa, al frustrar la posibilidad de exponer sus
argumentos y solicitar la práctica de pruebas orientadas a respaldar su posición.
En el mismo sentido, la parte accionante alegó que era violatorio de su derecho al
debido proceso el hecho de que a su apoderado no se le hubiere permitido participar
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
en la diligencia que el INVÍAS convocó para resolver el recurso de reposición
interpuesto contra el acto que hizo efectiva la póliza que amparó la seriedad de su
propuesta y que lo inhabilitó para contratar con el Estado. Según lo expuesto por el
accionante, dicha conducta cercenó su derecho de defensa y de contradicción, en
la medida en que impidió presentar una solicitud de aclaración respecto del acto
que resolvió el recurso de reposición, posibilidad que a su juicio resultaba
procedente en virtud de la remisión normativa efectuada por el artículo 306 del
CPACA a las disposiciones del Código General del Proceso —en adelante, CGP—
Adicionalmente, el señor Velandia Medina afirmó que en igual medida resultaba
lesivo de su derecho al debido proceso el hecho de que al expedir los actos
administrativos demandados, el INVÍAS no hubiere analizado las circunstancias
anormales que, en su criterio, le impidieron comparecer al perfeccionamiento del
contrato estatal, pese a que su análisis habría modificado sustancialmente la
decisión adoptada en su contra.
1.5.2. De otra parte, en lo que respecta a la falta de competencia, la parte
demandante alega que los actos administrativos demandados fueron expedidos por
el jefe de la Oficina Asesora Jurídica bajo el ejercicio de una función delegada de
manera ilegal, esto es, con violación del ordenamiento jurídico superior, lo que en
su criterio comportaba la nulidad de los actos administrativos demandados. En ese
orden, el señor Velandia Medina alega la invalidez de los actos administrativos
demandados bajo el argumento de que fueron expedidos en ejercicio de funciones
delegadas en contravía del ordenamiento jurídico superior.
Para brindar sustento a este reproche de ilegalidad, la parte accionante explica que
el jefe de la Oficina Asesora Jurídica profirió los actos administrativos con
fundamento en el ejercicio de funciones que le fueron delegadas por el director
general del INVÍAS, pese a que este no tenía a su cargo funciones que estuvieran
relacionadas con la actividad precontractual de la entidad. Sobre este particular la
parte accionante precisa que el director de contratación de la entidad era quien tenía
facultades expresas para adelantar el proceso de contratación en su etapa
precontractual, así como también suscribir los actos administrativos y los
documentos que se predican de esa etapa, por lo que el director general de la
entidad desconoció el ordenamiento jurídico superior al delegar facultades
específicas que no estaban dentro de la órbita de sus funciones. De allí que el señor
Velandia Medina concluya que era al director de contratación de la entidad a quien
le correspondía expedir los actos administrativos demandados, por tratarse de
decisiones vinculadas con la actividad precontractual de la entidad.
1.5.3. Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los actos intimidatorios de los
que fue víctima el señor Velandia Medina, la parte actora recordó que durante el
curso del procedimiento de selección el hoy demandante fue víctima de una
persecución por parte de funcionarios del INVÍAS, lo cual se vio reflejado en las
manifestaciones que hizo la coordinadora del Grupo Fluvial de la Subdirección
Marítima y Fluvial de la entidad al finalizar la audiencia de adjudicación, al igual que
en las denuncias que se presentaron en su contra con base en información que
reposaba en las instalaciones de la entidad, lo que evidenciaba la filtración de
información sensible con el propósito específico de perseguirlo.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
En desarrollo de lo anterior, refirió que lo acontecido en el proceso de selección no
solo resultó lesivo de los principios de la contratación estatal —principios de
moralidad administrativa, transparencia y buena fe—, sino también contrario a los
fines esenciales del Estado, los cuales, vistos desde la óptica del precepto contenido
en el artículo 2 de la Constitución Política, imponen a las entidades estatales la
obligación de proteger los derechos e intereses de los administrados, lo que
contrarió el INVÍAS a través de sus funcionarios al haber desplegado maniobras
indebidas e indecorosas para “sacarlo” del procedimiento de selección. En criterio
del demandante, estas maniobras suscitaban dudas sobre la imparcialidad y
objetividad de la entidad demandada en el procedimiento de selección, al paso que
comportaban serias faltas disciplinarias que, pese a ser denunciadas por el señor
Velandia Medina, no fueron investigadas por la entidad.
Así pues, contrario a lo considerado por la entidad demandada, en el particular
medió una justa causa que impidió la suscripción del contrato estatal, la cual no fue
desvirtuada por el INVÍAS. Al respecto, el demandante agregó que actuó de buena
fe en el marco del procedimiento de selección, pues en todo momento estuvo
motivado por el convencimiento de que podía contratar con el INVÍAS, lo que no
solo se vio reflejado en la inversión realizada para la confección de la propuesta que
presentó en el marco del proceso de selección, sino también en su conducta activa
durante todas las etapas del procedimiento administrativo. Es claro entonces que
su participación estuvo motivada por la posibilidad de ganar; cosa distinta es que en
el marco del procedimiento de selección se presentaran circunstancias anormales
que evidenciaban la falta de transparencia de los funcionarios de la demandada, lo
que naturalmente conllevaba un escenario en el que no existían garantías para la
ejecución del contrato estatal.
1.5.4. Por último, el accionante refiere que los actos administrativos demandados
estaban viciados de falsa motivación. Al punto, explica que en ellos se indicó que el
hoy demandante no allegó la información requerida para firmar el contrato ni realizó
manifestación alguna pese a la adjudicación del contrato que fue realizada en su
favor, afirmación que era ajena a la realidad pues estaba probado que denunció en
múltiples ocasiones las irregularidades que lo llevaron a abstenerse de suscribir el
contrato. En el anterior orden, para la parte accionante “[…] la conducta de la
administración deja entrever, que existió una decisión subjetiva al interior de INVÍAS
a efecto de imponer inhabilidad y siniestro de póliza sin consideración precisamente
a las razones de derecho, para lograrlo […] imponiendo sin fórmula de juicio el retiro
de la actividad contractual con la administración pública de mi prohijado VELANDIA
MEDINA [...]”.
2. Contestación de la demanda
2.1. El INVÍAS8 se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en la
formulación de las siguientes excepciones:
2.1.1. Legalidad de las Resoluciones demandadas, la cual sustentó en el hecho de
que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos en cumplimiento de lo
preceptuado en las Leyes 80 de 1993 y 1437 de 2011, así como también teniendo en
8 CD – fl 248 del Cuaderno Principal, archivo denominado “012
20220203ContestaDemandaApoderadoInvias.pdf”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00381-02 (69292)
Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
cuenta la información técnica y documental obrante en el expediente administrativo
del proceso de selección abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-2017.
Para fundamentar su posición, el INVÍAS explicó que, una vez adjudicado el contrato
al señor Velandia Medina, éste fue requerido para allegar la documentación
necesaria para la suscripción y perfeccionamiento del contrato estatal. Sin embargo,
el adjudicatario se abstuvo de cumplir el requerimiento que le fue realizado para el
perfeccionamiento del negocio jurídico en tanto “[…] se dedicó a atender
comentarios de pasillo y atender otro tipo de actuaciones […]”. Por tal motivo, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993,
la entidad estimó procedente la revocatoria del acto administrativo de adjudicación,
decisión que adoptó el INVÍAS a través de la Resolución No. 06969 del 12 de
septiembre de 2017; acto administrativo cuya legalidad y demás atributos
permanecían incólumes, en la medida en que no fue cuestionado en el proceso de
la referencia ni en ningún otro proceso judicial.
Así las cosas, ante la revocatoria del acto administrativo de adjudicación por cuenta
de la renuencia del adjudicatario de presentar los documentos necesarios para la
firma del contrato estatal, la entidad estaba en la obligación de iniciar el
procedimiento sancionatorio para efectos de hacer efectiva la póliza que amparó la
seriedad de la oferta que presentó por el hoy demandante y para declarar su
inhabilidad para celebrar contratos con el Estado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8 y 30 de la Ley 80 de 1993; a lo cual agregó que “[…] se tenía
competencia funcional y temporal para actuar según el régimen jurídico vigente, en
relación con las funciones asignadas legalmente por el Decreto de creación de la
entidad, así como también por el manual de funciones, y en aquéllos casos en que no
actuó directamente el titular de las funciones, se cumplió bajo los presupuestos legales
de delegación tal como lo permite la Ley 489 de 1998. (art. 9)”.
En este particular el INVÍAS puntualizó que el señor Velandia Medina no renunció al
proceso de selección abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-2017, y que además
conocía el deber que le asistía como adjudicatario en el sentido de atender los
requerimientos que hiciere la entidad estatal para el perfeccionamiento del contrato.
En el mismo orden, destacó que el hoy demandante conocía la consecuencia que
acarreaba su falta de diligencia en la etapa establecida para firmar el contrato estatal,
que no era otra distinta a la revocatoria de la adjudicación y la inhabilidad para celebrar
contratos estatales luego del agotamiento de un procedimiento sancionatorio.
Por último, en lo que respecta a esta excepción, la entidad afirmó que era el
demandante quien tenía la carga de demostrar la ilegalidad de los actos
administrativos impugnados, punto en el cual refirió que la parte accionante pretendió
agotar esa carga bajo el señalamiento del desconocimiento de varias normas
constitucionales, lo que asemejeba más la acción impetrada a una acción de nulidad
por inconstitucionalidad, que a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para el INVÍAS, los actos cuestionados se sujetaron a las normas legales y
reglamentarias que regulaban la materia, por lo que, en su concepto, los cargos de
violación fundados en la vulneración de normas constitucionales no podían prosperar
en tanto éstas se erigían en normas de rango superior que no regulaban, como tal,
todo lo relativo al perfeccionamiento del contrato estatal.
9
Radicado: 25000-23-36-000-2019-00381-02 (69292)
Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
2.1.2. Inexistencia de daño antijurídico, la cual fundamentó en el hecho de que la
inhabilidad para celebrar contratos que devino para el señor Velandia Medina no podía
tenerse como un daño antijurídico. Al respecto, el INVÍAS explicó que esa era la
consecuencia jurídica que el ordenamiento jurídico asignaba a la conducta omisiva en
que incurrió el demandante al incumplir con los requisitos para suscribir el contrato
estatal, por lo que no era posible afirmar que se le causó un daño antijurídico cuando
lo ocurrido evidenciaba que tal consecuencia era imputable a su propia culpa.
3. Trámite relevante de la primera instancia
3.1. Mediante auto del 25 de abril de 20229, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adecuó el proceso para emitir sentencia anticipada por tratarse de un
asunto de puro derecho, al igual que por no haber pruebas pendientes por practicar.
En el anterior orden, el Tribunal decretó como pruebas las aportadas con la demanda
y su contestación, al paso que fijó el litigio en torno a la legalidad de las Resoluciones
Nos. 0517 del 2 de noviembre de 2017 y 01817 del 28 de marzo de 2018, así como
también sobre el restablecimiento del derecho deprecado por el señor Velandia
Medina. Finalmente, corrió traslado a los sujetos procesales y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y rendir concepto, respectivamente, por el término de 10
días.
4. Alegatos de conclusión
4.1. La parte accionante presentó oportunamente escrito10 de alegatos de
conclusión, por medio del cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
4.2. El INVÍAS, por su parte, presentó oportunamente escrito11 de alegatos de
conclusión, en el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda impetrada en su contra.
4.3. El Ministerio Público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
5.1. En sentencia del 23 de junio de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Para adoptar estas decisiones, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:
5.1.1. Como punto de partida, hizo alusión a la necesidad de interpretar la demanda
habida cuenta de que el señor Velandia Medina no señaló expresamente cuales
eran los cargos de nulidad con base en los cuales deprecó la anulación de los actos
administrativos demandados. Pese a ser requerido en el auto inadmisorio con dicho
propósito, el demandante se limitó a referir que, al haber hecho referencia a las
normas vulneradas en el libelo introductorio, correspondía al juez realizar una
interpretación amplia de lo sostenido en la demanda y estudiar la legalidad de los
9 CD – fl 248 del Cuaderno Principal, archivo denominado “015 2019-
00381AutoFijaLitigioDecretaPruebasCorreTrasladoAlegatos.SentenciaAnticipada.pdf”.
10 CD – fl 248 del Cuaderno Principal, archivo denominado “019
20220512AlegatosConclusionApoderadoParteActora.pdf”.
11 CD – fl 248 del Cuaderno Principal, archivo denominado “018
20220505AlegatosConclusionApoderadoInvias.pdf”.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
actos cuestionados. Fue así como, el Tribunal desplegó un ejercicio hermenéutico
a partir de la cual concretó los reproches de ilegalidad en el desconocimiento del
ordenamiento jurídico superior, en la falta de competencia para la expedición de los
actos administrativos, en la violación del derecho al debido proceso del demandante
y en la falsa motivación de los actos demandados.
5.1.2. De este modo, el Tribunal se ocupó del cargo de nulidad formulado sobre
la base del desconocimiento del ordenamiento jurídico superior, punto en el
cual explicó que el mismo fue concretado en la vulneración de los artículos 2 de la
Constitución Política y 3 de la Ley 80 de 1993. En efecto, el señor Velandia Medina
alegó el desconocimiento de las normas antes referidas en tanto estimó que la
actuación desplegada por los funcionarios al interior del procedimiento de selección
resultó contraria a los fines del Estado, al haber desplegado maniobras indebidas e
indecorosas que terminaron por obstaculizar la suscripción del contrato estatal.
Bajo este contexto, el Tribunal abordó el estudio de las pruebas obrantes en el
expediente y estableció que las razones por las cuales el señor Velandia Medina se
abstuvo de firmar el contrato estaban debidamente probadas a partir de Resolución
No. 06969 del 12 de septiembre de 2017, por medio de la cual el INVÍAS revocó el
acto de adjudicación en favor del hoy demandante y adjudicó el contrato al señor
Juan Camilo Silva Rodríguez. En efecto, allí se determinó que el hoy demandante
no presentó la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato
estatal pese a los múltiples requerimientos realizados por la entidad, lo que reflejaba
que no quiso comparecer a su celebración. De ahí que el a quo concluyera que los
motivos que condujeron a hacer efectiva la póliza de seriedad de la propuesta
estaban acreditados a partir de un acto administrativo cuya legalidad permanecía
incólume al no haber sido demandado en el proceso de la referencia ni en ningún
otro proceso judicial, por lo que estimó que no le asistía razón al demandante al
invocar razones diferentes para justificar su conducta omisiva.
Al margen de lo anterior, el Tribunal advirtió que “[…] los argumentos sobre la
existencia de conductas subjetivas y con intereses hasta el momento ocultos que
motivaron la expedición de los actos administrativos no se encuentran probados
dentro del expediente. Tampoco, que hayan sido funcionarios públicos los que
presuntamente hayan entregado información privada sobre la actividad contractual
del señor Velandia Medina y que hayan sido éstas las motivaciones de las
resoluciones atacadas”. En desarrollo de lo anterior, señaló que el accionante no
demostró que la coordinadora del Grupo Fluvial de la Subdirección Marítima y
Fluvial del INVÍAS hubiere desplegado una conducta contraria a sus funciones en
el marco del proceso de abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-2017, ni mucho menos
que otros funcionarios lo hubieren perseguido con el objeto de excluirlo del
procedimiento administrativo.
El demandante tampoco probó que Carlos Andrés Sánchez Hidalgo hubiere sido
suplantado por funcionarios de la entidad para realizar imputaciones deshonrosas
en su contra, ni que las afirmaciones realizadas en su contra hubiesen sido
formuladas a partir de información filtrada por funcionarios de la entidad. Aun
cuando sí se acreditó que el señor Sánchez Hidalgo no había solicitado información
alguna al INVÍAS sobre los contratos que había ejecutado el hoy demandante, para
el Tribunal tal circunstancia era irrelevante porque la información sobre la actividad
contractual del Estado era pública. De hecho, las pruebas obrantes en el expediente
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
demostraban que otras personas habían solicitado información sobre los contratos
que habían sido ejecutados por el señor Velandia Medina, por lo que el a quo
concluyó que la información sobre la cual se construyó el oficio cuestionado por el
demandante era de público conocimiento.
5.1.2. Ahora bien, en lo que respecta al cargo de nulidad fundado en la falta de
competencia del jefe de la Oficina Asesora Jurídica para expedir los actos
administrativos demandados, el Tribunal consideró, en igual medida, que dicho
cargo no tenía vocación de prosperidad. Para arribar a esta conclusión, explicó que
la expedición de los actos administrativos por parte del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica estuvo sustentada en el ejercicio de las funciones que le fueron delegadas
por el director general de la entidad, mediante la Resolución No. 07017 del 13 de
septiembre de 2017. De ahí que el a quo estimara que el referido funcionario público
era competente para adelantar el proceso administrativo sancionatorio y para
expedir los actos administrativos cuestionados, pues tenía facultades expresas para
estudiar y decidir lo relativo a la efectividad de la garantía que amparó la seriedad
de la propuesta presentada por Auli Fernando Velandia Medina ante su renuencia
a suscribir el contrato estatal, así como también para inhabilitarlo para participar en
procesos de selección y para celebrar contratos con el Estado.
A lo anterior agregó que lo pretendido por la parte accionante —con el cargo de
nulidad formulado sobre la base de la falta de competencia— era cuestionar la
validez del acto de delegación de funciones en cabeza del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, para adelantar y decidir los procesos administrativos sancionatorios a que
se refieren el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el literal e) del
numeral 1 del artículo 8 ejusdem. Empero, el Tribunal consideró que el estudio de
la legalidad de ese acto administrativo no resultaba procedente en el proceso de la
referencia, en la medida en que la parte accionante no demandó su nulidad en el
libelo genitor. Así pues, como quiera que el acto administrativo de delegación de
funciones no había sido anulado en sede judicial ni mucho menos cuestionado en
este proceso, el mismo se encontraba revestido de presunción de legalidad y, en
ese orden, producía efectos jurídicos vinculantes.
5.1.3. De otra parte, en lo que refiere al cargo de nulidad propuesto con sustento
en la violación del derecho al debido proceso del demandante, el Tribunal
estimó que tampoco tenía vocación de prosperidad por las razones que pasan a
exponerse a continuación.
Como punto de partida, el a quo explicó que por expresa disposición legal la garantía
de seriedad de la oferta tiene una naturaleza sancionatoria cuando se verifica el
incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el contrato estatal. En este
sentido, al contrario de lo sostenido por la parte demandante, la garantía otorgada
por el señor Velandia Medina debía hacerse efectiva conforme al procedimiento
administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Para
el Tribunal, dicho procedimiento administrativo fue instituido para declarar el
incumplimiento y la efectividad de las sanciones sin referirse expresamente a
eventos relacionados con la ejecución del contrato estatal, motivo por el cual
resultaba desacertado pretender excluir de dicho trámite los eventos sancionables
que se predican de la etapa de formación del negocio jurídico estatal.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
En este contexto, el Tribunal abordó el estudio de las demás irregularidades
procedimentales alegadas por el señor Velandia Medina de cara a las pruebas
obrantes en el expediente, bajo lo cual estimó que resultaba inadmisible considerar
que el INVÍAS desconoció el derecho al debido proceso del demandante por el
hecho de que hubiese adelantado algunas de las audiencias sin su presencia ni la
de su apoderado. Al respecto, el a quo advirtió que lo probado en el proceso daba
cuenta de que el señor Velandia Medina fue citado en debida forma para que
asistiera a las diligencias con el objeto de ejercer su derecho de defensa; sin
embargo, “[…] no emitió pronunciamiento alguno respecto de su comparecencia o
de la intención de asistir a las audiencias del 27 de octubre y del 2 de noviembre de
2017 de forma virtual o, por lo menos, ello no se encuentra probado dentro del
expediente, ni fue demostrado por la parte actora”.
Para el Tribunal, tampoco resultaba admisible considerar que el INVÍAS hubiere
desatendido los argumentos de defensa del señor Velandia Medina, a partir de los
cuales refirió que se abstuvo de comparecer al perfeccionamiento del contrato
estatal por cuenta de la ocurrencia de un evento constitutivo de fuerza mayor.
Contrario a lo sostenido por la parte accionante en este particular, el a quo consideró
que los actos administrativos demandados demuestran que el INVÍAS desató en su
integridad los argumentos expuestos por el señor Velandia Medina, al paso que
refirió que tampoco estaba demostrado que la entidad hubiere dejado de practicar
pruebas necesarias para adoptar la decisión final. Al efecto, indicó que el expediente
del proceso de selección era suficiente para verificar si acontecieron los eventos a
partir de los cuales se predica la efectividad de la póliza otorgada para garantizar la
oferta, al igual que resaltó que la prueba de estos eventos no requería
conocimientos especiales que ameritaran el decreto de una prueba pericial.
En igual medida, el Tribunal advirtió que resultaba inadmisible considerar que en el
marco de la audiencia convocada por el INVÍAS para resolver el recurso de
reposición se hubiere impedido la participación del apoderado del señor Velandia
Medina. Aun cuando la parte accionante allegó al proceso grabaciones de voz para
demostrar que no le permitieron presentar una solicitud de aclaración respecto del
acto administrativo allí notificado12, surgían dudas “[…] respecto de la veracidad del
momento en que se recaudó la grabación de voz aportada por la parte actora y de
la presunta interposición oportuna de la solicitud de aclaración contra al acto
administrativo […] como quiera que también obra copia del expediente contractual
y de la grabación de la audiencia de resolución del recurso de reposición realizada
por el INVÍAS (1.22), donde se evidencia que, una vez se resolvió el recurso, la
audiencia concluyó sin algún tipo de manifestación del apoderado judicial y sin
solicitud de la palabra, aún cuando se explicó que contra la resolución No. 01817
de 2018 no procedía recurso alguno”.
12 Estas grabaciones de voz fueron validadas por el Tribunal a partir del siguiente razonamiento: “La
jurisprudencia contencioso administrativa ha señalado que el resultado de la recolección de la
imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita
de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto. No obstante, teniendo
en cuenta que las grabaciones allegadas por la actora no se recaudaron en un ámbito privado, sino
en el procedimiento administrativo sancionatorio de naturaleza pública y que, la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica es una funcionaria pública que actuaba en ejercicio de sus atribuciones legales y
constitucionales, para la Sala dichas grabaciones deben presumirse auténticas y ser valoradas en el
ámbito judicial. Máxime cuando, las mismas no fueron tachadas de falsas por la contraparte (Art. 244
del CGP)”.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
A lo anterior agregó que la parte actora no arrimó al expediente otros medios
probatorios para respaldar el contenido de las grabaciones de voz que aportó junto
con la demanda, como lo pudo ser el testimonio del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, o de algún otro funcionario o apoderado que hubiere participado en la
audiencia convocada para resolver el recurso de reposición impetrado por el hoy
demandante.
Al margen de lo anterior, aun si en gracia de discusión se admitía que el INVÍAS
negó el uso de la palabra al apoderado del señor Velandia Medina en la etapa final
de la diligencia, lo cierto es que, incluso bajo ese supuesto, no podría predicarse el
desconocimiento de su derecho de defensa y contradicción. Ello, en la medida en
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las
oportunidades procesales para el ejercicio de dicho derecho dentro del
procedimiento administrativo sancionatorio se circunscriben a (i) las etapas propias
de la audiencia inicial, a la cual no asistió el demandante, y (ii) la interposición del
recurso de reposición contra el acto administrativo sancionatorio, actuación que fue
ejercida oportunamente por el actor y decidida de manera integral por el INVÍAS.
Adicionalmente, el Tribunal estimó que no había lugar a acudir a la remisión
normativa establecida en el artículo 306 del CPACA, en tanto no habían vacíos
legales en la regulación del procedimiento administrativo sancionatorio que
debieran ser suplidos a partir de las normas contenidas en el CGP.
5.1.4. Por último, el Tribunal desestimó en igual medida el cargo de nulidad por
falsa motivación, al considerar que las pruebas obrantes en el expediente daban
cuenta de que el señor Velandia Medina fue requerido en varias oportunidades para
que allegara la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato
estatal, sin que atendiera los llamados efectuados por la entidad. En tal sentido, el
a quo concluyó que el acto no estaba motivado en hechos ajenos a la realidad en
tanto “[…] los hechos determinantes que la administración tuvo en cuenta para
adoptar la decisión allí contenida se encuentran debidamente acreditados en el
expediente contractual y se refieren, exclusivamente, a la ausencia de
pronunciamiento o manifestación del señor Velandia Medina cuando fue requerido
en reiteradas oportunidades y por correo electrónico para suscribir el acuerdo de
voluntades”.
6. El recurso de apelación
6.1. En su apelación la parte demandante13 solicita la revocatoria de la sentencia de
primera instancia para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda. En sustento, expone los siguientes planteamientos:
6.1.1. Insiste en que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica carecía de competencia
para expedir los actos administrativos demandados, como quiera que la delegación
que realizó en su favor el director general del INVÍAS era contraria a la Constitución
Política y a la ley. En desarrollo de lo anterior, reiteró que el director general del
INVÍAS no tenía a su cargo la dirección y manejo de la actividad precontractual de
la entidad estatal, punto en el cual destacó que tales competencias estaban en
cabeza del director de contratación de la entidad, quien tenía facultades expresas
13 CD – fl 248 del Cuaderno Principal, archivo denominado “023
20220725RecursoDeApelacionApoderadoParteActora.pdf”.
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para dirigir el proceso de contratación en su etapa precontractual, así como también
suscribir los actos administrativos y los documentos que se predican de esa etapa.
En el mismo sentido, refiere que era sumamente llamativo que en el año 2014 el
director general del INVÍAS expidiera un acto administrativo en el que delegó la
potestad sancionatoria contractual en el jefe de la Oficina Asesora Jurídica sin hacer
referencia a la etapa precontractual, y que en el año 2017 se profiriera otro acto
administrativo para adicionar esa delegación de funciones en el sentido de transferir
el ejercicio de la potestad sancionatoria en la etapa precontractual. Para la parte
accionante, “[…] lo obvio y lógico es que la delegación sancionatoria, en la
contratación en INVÍAS, hubiese sido primigeniamente íntegra, pero por ser
contraria a la Ley obviamente no se realizó en el año 2014. […] Inentendible que en
2014, se proceda conforme a derecho íntegramente y en 2017, se adicione
delegación que debió otorgarse en 2014 en principio de unidad funcional; pero como
esta función adicionada es indelegable se finca en la argucia de adición, para
aparentar legalidad […]”.
Sumado a todo lo anterior, para el recurrente no era de recibo que el Tribunal negara
las pretensiones de la demanda argumentando para el efecto que el acto
administrativo de delegación de funciones se encontraba revestido de presunción
de legalidad, pues ello desconocía que en ningún caso los actos administrativos
pueden contrariar la Constitución Política o a la Ley por virtud de lo previsto en el
artículo 4 de la Constitución Política. En igual sentido, el demandante refirió que no
resultaba procedente “[…] colocar paraguas jurídico [sic] para dar visos de
competencia a la delegada en contravía de este instituto jurídico, so pretexto de la
legalidad presunta de los actos administrativos que se predica el [sic] artículo 88 de
la Ley 1437”.
A lo anterior agregó que era imposible desde el punto de vista procesal lograr la
anulación del acto administrativo de delegación de funciones, antes del vencimiento
del término de caducidad para impetrar la anulación de los actos administrativos por
medio de los cuales se hizo efectiva la garantía que amparó la seriedad de su oferta
y que lo inhabilitó para celebrar contratos con el Estado14. En cualquier caso, lo
cierto es que “[…] existen mecanismos a disposición del dispensador de justicia,
que logran superar la argucia en comento, por cuanto existen principios como el de
la “iura novit curia” y de manera puntual, el de excepción de inconstitucionalidad; en
la que Colombia es pionera universal, en el mundo del derecho, en razón a que
desde 1910 se estableció el instituto jurídico, el control de constitucionalidad por vía
de acción y de excepción, principios de aplicación para el caso que nos ocupa”.
6.1.2. De otra parte, el recurrente insiste en la vulneración de su derecho al debido
proceso, punto en el cual refiere, como primer aspecto, que ante el incumplimiento
de la obligación de suscribir el contrato estatal resultaba innecesario adelantar el
procedimiento administrativo reglado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así
como acudir al debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007,
14 En este punto el recurrente señaló expresamente lo siguiente: “[…] se torna en imposible normativo
que previo a la instauración del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
caducidad de cuatro meses, se imponga la obligación de lograr dentro de ese angustioso término
procesal, la nulidad o suspensión de los actos ilegales que otorgan la delegación por el funcionario
incompetente, lo cual, de contera, lograría situación de riesgo superlativo a la seguridad jurídica, por
cuanto se tornaría en imposible jurídico la administración de justicia”.
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en la medida en que su aplicación está reservada para determinados eventos
sancionables que se predican de la ejecución del contrato estatal. De hecho, en
criterio del demandante no existe procedimiento administrativo sancionatorio que
deba ser adelantado ante la verificación del incumplimiento de las obligaciones que
se predican de la etapa de formación del negocio jurídico estatal, frente a lo cual
señala que la entidad contratante debe limitarse a expedir el acto administrativo que
declara el incumplimiento de la oferta y que haga efectiva la póliza de seriedad, lo
que conlleva la inhabilidad para contratar con el Estado.
En tal sentido, el recurrente considera que para hacer efectiva la póliza de seriedad
de la oferta en este particular no era necesario agotar un procedimiento
administrativo previo “[…] porque la consecuencia de la actuación es única e
inequívoca la de declarar simple y llanamente el incumplimiento en la seriedad de
la oferta sin más elucubraciones administrativas o jurídicas por tratarse de un hecho
objetivo, que únicamente es de recibo para su exoneración (siniestro de póliza), la
justa causa y la consecuencia de este incumplimiento conlleva directamente sin más
consideración ni procedimiento alguno a inhabilidad, también objetiva para licitar
con entidades de la administración pública. En suma, no existen cargos, como
tampoco descargos, ni pruebas, ni defensor de oficio elementos que componen un
procedimiento administrativo”.
En estos términos, la parte recurrente estima que en el caso concreto el INVÍAS
acudió a un marco jurídico inaplicable para efectos de expedir los actos
administrativos demandados. En el mismo sentido, refiere que el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda con sustento en un marco jurídico ajeno al caso objeto
de estudio, lo que concretó en el hecho de que lo decidido hubiere encontrado
sustento jurídico en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en el
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
Al margen de lo anterior, el demandante afirma haber intervenido en el
procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la entidad demandada,
en cuyo desarrollo, según indicó, se desconocieron las garantías propias del debido
proceso. En sustento de lo anterior, señala que varias de las audiencias convocadas
dentro del trámite se adelantaron sin su presencia ni la de su abogado, y sin que se
le hubiera designado un defensor de oficio que lo representara en dichas diligencias.
En este último aspecto precisa que en el marco de un procedimiento administrativo
sancionatorio resulta indispensable aplicar de manera analógica las garantías
previstas en materia penal y disciplinaria para los eventos en que el investigado no
comparece al proceso —particularmente la designación de un defensor de oficio—,
en atención a que las decisiones adoptadas en este tipo de actuaciones pueden
afectar de manera grave sus derechos, lo que precisamente ocurrió en el caso
concreto, en la medida en que el señor Velandia Medina fue inhabilitado para
contratar con el Estado como consecuencia de la actuación administrativa
adelantada por la entidad.
Fue así que su participación en el curso del procedimiento administrativo
sancionatorio se limitó a la interposición de un recurso de reposición contra el acto
administrativo que hizo efectiva la garantía de seriedad de la oferta y lo inhabilitó
para contratar con el Estado, punto en el cual recordó que, durante el trámite de la
audiencia convocada para resolver el recurso interpuesto, no le fue concedió el uso
de la palabra a su apoderado, pese a que insistió en ello con el propósito de solicitar
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la aclaración del acto administrativo que fue comunicado en esa diligencia. Aunque
el Tribunal estimó como ajustada al ordenamiento jurídico esta actuación, lo cierto
es que en el expediente obraban pruebas documentales que daban cuenta de la
violación del derecho que le asistía al señor Velandia Medina
6.1.3. Por último, la parte recurrente insiste en que en el marco del procedimiento
administrativo existieron intereses subjetivos de funcionarios del INVÍAS. En
desarrollo de lo anterior, el señor Velandia Medina recordó que durante el curso del
procedimiento de selección fue víctima de persecución por parte de funcionarios del
INVÍAS, lo cual se vio reflejado en las manifestaciones que hizo la coordinadora del
Grupo Fluvial de la Subdirección Marítima y Fluvial del INVÍAS luego de la
finalización de la audiencia de adjudicación, al igual que en las denuncias que se
presentaron en su contra con base en información sensible que reposaba en las
instalaciones de la entidad.
Sobre este particular la parte recurrente se refirió específicamente a lo acontecido
al interior del procedimiento de selección con ocasión de la oposición presentada
por el señor Carlos Andrés Sánchez Hidalgo. Al respecto, recordó que éste último
se opuso a la adjudicación hecha en su favor a partir de contundentes afirmaciones,
que posteriormente fueron desconocidas por el mismo opositor en el marco de una
diligencia adelantada ante la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la
denuncia que el señor Velandia Medina presentó en su contra por la posible
comisión de los delitos de injuria y calumnia. De hecho, según lo planteado en la
alzada, en el marco de esa diligencia el señor Sánchez Hidalgo “[…] se retracta
íntegramente ante el ente investigador judicial, incluso manifestando ignorancia total
sobre los temas, de las actuaciones, de su presencia en la entidad, inclusive la
organización de la administración pública, declarándose íntegramente ajena a esos
escenarios mencionados en sus misivas […]”.
De este modo, para el recurrente el señor Sánchez Hidalgo fue “[…] un sujeto pasivo
utilizado por personas con intereses pérfidos en esa precisa contratación estatal
indirectamente enseñados contra el ingeniero VELANDIA, no puede existir
explicación diferente, en donde se denota actuación ilícita que no fue ni si quiera
mínimamente atendida por la Entidad. [...] lo escrito deja entrever con claridad
meridiana que si había o le asistió un interés particular y por el contrato, que lo
informado oportunamente por el demandado INVÍAS no era un simple comentario,
sino que tenía entereza judicial y disciplinaria […]”. Es más, según lo afirmado en la
alzada la coordinadora del Grupo Fluvial de la Subdirección Marítima y Fluvial del
INVÍAS terminó fungiendo como supervisora de la ejecución del contrato en
representación de la entidad demandada, lo que reforzaba aún más la tesis según
la cual existieron intereses subjetivos de funcionarios del INVÍAS en el
procedimiento de selección.
En el anterior orden de ideas, el señor Velandia Medina sostiene que existió una
organización criminal que ejerció actos de persecución en su contra, logrando
alterar su seguridad profesional y personal. De ahí que el hoy demandante se
abstuviera de suscribir el contrato estatal ante una seria desconfianza que derivaba
de las circunstancias anormales bajo las cuales se tramitó el procedimiento de
selección, situación que, a su juicio, fue ignorada por el INVÍAS pese a las múltiples
denuncias presentadas, así como por el Tribunal al proferir la sentencia de primera
instancia.
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Por último, el demandante reitera que su participación en el procedimiento de
selección estuvo motivada por el hecho de resultar adjudicatario y ejecutar el
contrato estatal que le reportaría provecho económico, de modo que no tendría
sentido haber renunciado a la suscripción del contrato estatal sin que mediara una
causa justificante. En tal virtud, afirma que tuvo que haber existido una causa seria
que lo llevara a renunciar a la ejecución del contrato estatal, lo que concretó en las
actuaciones indecorosas, extrañas y corruptas desplegadas por los funcionarios de
la entidad demandada al interior del procedimiento de selección.
7. Trámite de segunda instancia
7.1. El recurso de apelación presentado por la parte demandante fue admitido
mediante auto del 6 de febrero de 202315. De conformidad con el numeral 4 del
artículo 24716 del CPACA, los sujetos procesales tenían hasta la ejecutoria del auto
admisorio del recurso de apelación para pronunciarse sobre el mismo, oportunidad
que fue aprovechada por el INVÍAS17 para oponerse a la prosperidad del recurso de
apelación con sustento en los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda. Por su parte, el Ministerio Público, de acuerdo con el numeral 6 del citado
artículo 24718 del CPACA, podía presentar concepto hasta el momento en que el
proceso ingresó al despacho para fallo de segunda instancia, término que se
cumplió sin pronunciamiento alguno.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) objeto del
recurso y problema jurídico a resolver; (3) hechos probados; (4) caso concreto; y (5)
costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. Con fundamento en lo previsto en el artículo 10419 del CPACA, a la jurisdicción
15 SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 3.
16 “ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la
ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en
relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. […]”.
17 SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 18.
18 “ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento: […] 6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el
recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.”
19 “ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto
en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. […]”.
18
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto20,
porque el objeto del litigio gira en torno a la legalidad de unos actos administrativos
expedidos por una entidad estatal, como lo es el INVÍAS. Igualmente, el Consejo
de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 23 de junio de 2022, de conformidad con lo previsto en los artículos
15021 y 15222 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, y
teniendo en cuenta que la cuantía estimada en la demanda excedió los 300 SMLMV
que corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 23.
1.2. El medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA24, porque el señor Velandia Medina
cuestiona la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el INVÍAS
hizo efectiva la garantía que amparó la seriedad de su ofrecimiento y lo inhabilitó
para contratar con el Estado, así como también persigue el restablecimiento de su
derecho afectado por cuenta de la expedición de aquellos.
1.3. En el mismo orden, cabe referir que el señor Velandia Medina está legitimado
en la causa por activa porque fue el sujeto que resultó afectado con la expedición
de los actos administrativos cuya legalidad es impugnada. Por su parte, el INVÍAS
está legitimado en la causa por pasiva porque fue la entidad que adelantó el
procedimiento administrativo y que profirió los actos administrativos que afectaron
al demandante.
20 Al presente asunto le son aplicables la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-,
en virtud de lo previsto en el artículo 306 del primer estatuto mencionado.
21 “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El
nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de
los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]”.
22 “ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en
ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,
diferentes al Procurador General de la Nación”.
23 En vigencia del CPACA la cuantía se determina con la pretensión mayor, pues el artículo 157
ibidem consagra: “Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias
pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor”; Bajo este contexto, se
advierte que en el sub examine la pretensión económica de mayor valor fue formulada por
$1.495.611.503, monto que, para el año de radicación de la demanda (2018), excedía los 300
SMLMV que corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
($234.372.600).
24 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior”.
19
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
1.4. Por último, es del caso señalar que la demanda fue presentada dentro del
término prescrito en el literal c) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA25. En
efecto: (i) la Resolución No. 01817 del 28 de marzo de 2018 por medio de la cual
se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 08517 del 2 de noviembre de
2017, fue notificada en estrados en audiencia llevada a cabo el 28 de marzo de
2018, por lo que la demanda, en principio, debía ser radicada el 29 de julio de
201826; (ii) la parte accionante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 18
de julio de 2018, esto es, faltando 12 días para que operara el fenómeno de
caducidad; (iii) el término de caducidad estuvo suspendido hasta el 29 de agosto
de 2018, día en que fue proferida la constancia 27 que refleja la ausencia de ánimo
conciliatorio, razón por la cual la demanda debía ser radicada a más tardar el 10 de
septiembre de 2018; y (iv) la demanda fue presentada de manera oportuna el 6 de
septiembre de 2018.
2. Objeto del recurso de apelación y problema jurídico a resolver
2.1. En este caso la controversia gira en torno a la validez de las Resoluciones Nos.
08517 del 2 de noviembre de 2017 y 01817 del 28 de marzo de 2018, por medio de
los cuales el INVÍAS (i) declaró la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de
seguro No. 1863907-1 expedida por Seguros Generales Suramericana S.A., la cual
respaldó la seriedad del ofrecimiento que el señor Velandia Medina presentó en el
marco del procedimiento de selección abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-2017; (ii)
hizo efectiva la póliza de seguro No. 1863907-1 expedida por la referida compañía
aseguradora; y (iii) declaró la inhabilidad del señor Velandia Medina para participar
en procesos de selección y celebrar contratos estatales por el término de 5 años.
De conformidad con lo expuesto en la alzada, la parte accionante estima que los
actos administrativos deben ser anulados en la medida en que (i) fueron expedidos
por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica a partir del ejercicio de una función
delegada de manera ilegal; (ii) desconocieron el debido proceso porque para su
expedición se acudió a procedimiento administrativo inaplicable y porque, en
cualquier caso, al interior del procedimiento administrativo adelantado la entidad
vulneró su derecho de defensa y contradicción; y (iii) omitieron que el
incumplimiento en que incurrió al sustraerse de su obligación de suscribir el contrato
estatal estuvo justificado en la falta de garantías para ejecutar el contrato estatal,
circunstancia que, a su vez, tuvo origen en las irregularidades que ocurrieron al
interior del procedimiento de selección.
25 “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser
presentada: […] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] c) Cuando
se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la
celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su
comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso; […]”
26 Sobre este punto la Sala precisa el 29 y 30 de marzo de 2018 fueron días inhábiles por vacancia
judicial de semana santa. Con todo, el término de caducidad debía computarse desde el 29 de marzo
de 2018 pues, tal y como lo consideró el despacho conductor del proceso en el auto del 25 de enero
de 2021 proferido en el marco de este proceso judicial, “[…] el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 y el
artículo 118 del Código General del Proceso establecen que los plazos de meses y años se computan
según el calendario, sin que se supriman del conteo los días feriados y de vacantes, a menos que el
último día del plazo fuere feriado o de vacancia, caso único en el que el conteo se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente. Esta excepción no se aplica al momento de inicio del conteo del término
de caducidad, y así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación”.
27 Fls 163 a 164, Cuaderno No. 1.
20
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2.2. Así pues, de acuerdo con los cargos de la apelación formulados por la parte
accionante, los cuales constituyen el marco fundamental de competencia del juez
de segunda instancia conforme lo dispuesto por los artículos 32028 y 32829 del CGP,
corresponderá a la Sala determinar si en el caso concreto los actos administrativos
están viciados de nulidad (i) por haber sido expedidos por un funcionario que no
tenía competencia para el efecto; (ii) por haber desconocido las garantías que se
predican del debido proceso; y (iii) por haber omitido que en el proceso de selección
abreviada se presentaron circunstancias anormales que impidieron la suscripción
del contrato estatal para el mantenimiento, administración, organización y operación
del muelle La Esmeralda, ubicado en el municipio de Puerto Asís, departamento del
Putumayo.
3. Hechos probados
De conformidad con los medios probatorios arrimados al proceso30, la Sala
encuentra establecidos los siguientes hechos probados relevantes para la
decisión del presente asunto:
3.1. El procedimiento de selección abreviada de menor cuantía No. SA-MC-
DO-SMF-012-2017
3.1.1. Mediante Resolución No. 03634 del 19 de mayo de 201731, el INVÍAS ordenó
la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SA-MC-DO-
SMF-012-2017, el cual tuvo por objeto contratar el mantenimiento, administración,
organización y operación del muelle La Esmeralda, ubicado en el municipio de
Puerto Asís, departamento del Putumayo.
3.1.2. En el expediente obra el pliego de condiciones32 del proceso de selección
abreviada de menor cuantía No. SA-MC-DO-SMF-012-2017, el cual estableció los
requisitos habilitantes para participar en el procedimiento de selección, así como
también los factores de selección conforme con los cuales se debía escoger al
proponente que ejecutaría el contrato para el mantenimiento, administración,
organización y operación del muelle La Esmeralda. De igual forma, cabe indicar que
el pliego de condiciones definió algunos aspectos relativos al contrato estatal,
28 “ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”.
29 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […]. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella [...]”.
30 En cuanto a la prueba documental, la Sala otorga valor a las copias simples en virtud de lo
dispuesto en el artículo 246 del CGP, a saber: “Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el
mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación
del original o de una determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte
contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de
este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición
dentro de la audiencia correspondiente”.
31 Link aportado por el INVÍAS con la contestación de la demanda, documento denominado
“Resolución No. 03634 del 19-05-2017.pdf” / Fls 163 a 164, Cuaderno No. 1.
32 Link aportado por el INVÍAS con la contestación de la demanda, documento denominado “Pliego
de Condiciones.pdf”.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
incluyendo las circunstancias que debían preceder el perfeccionamiento del
contrato que el INVÍAS habría de celebrar con el oferente que resultara adjudicatario
dentro del marco del proceso de selección.
En lo que respecta a los requisitos habilitantes, el aparte 4.8 del pliego de
condiciones estableció que todas las propuestas debían ser acompañadas de una
garantía de seriedad destinada a amparar al INVÍAS frente a los perjuicios que
sufriera por cuenta de la ocurrencia de los eventos enlistados en el 2.2.1.2.3.1.6.
del Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con lo establecido en los apartes 4.8.1. y
siguientes del pliego de condiciones, dicha garantía debía ser otorgada en favor del
INVÍAS mediante una póliza de seguro, la constitución de una garantía bancaria o
la constitución de un patrimonio autónomo. Asimismo, el pliego estableció que el
valor asegurado de la garantía de seriedad debía ser fijado en el 10% del valor del
presupuesto oficial del procedimiento de selección, y que su vigencia debía
extenderse por 4 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso
administrativo.
De otra parte, en lo que refiere al perfeccionamiento del contrato que habría de
celebrarse para el mantenimiento, administración, organización y operación del
muelle La Esmeralda, el aparte 6.10 del pliego de condiciones estableció que el
oferente adjudicatario debía radicar la documentación necesaria para la suscripción
del contrato estatal dentro de los 3 días siguientes a la notificación del acto
administrativo de adjudicación, so pena de que el INVÍAS hiciera efectiva la garantía
que amparaba la seriedad de la oferta otorgada. En la misma línea, el pliego de
condiciones indicó que, si el oferente adjudicatario se abstenía de comparecer a la
suscripción del contrato estatal, la entidad igualmente podría hacer efectiva la póliza
de seriedad del ofrecimiento, evento en el cual el oferente quedaría inhabilitado por
el término de 5 años para contratar con el Estado siempre que no hubiere mediado
una causa que justificara su conducta.
3.1.3. En el proceso está acreditado que el 5 de junio de 2017 se llevó a cabo la
diligencia de cierre del procedimiento de selección abreviada No. SA-MC-DO-SMF-
012-2017, cuya acta33 acredita que, dentro del periodo dispuesto para la radicación
de propuestas, se presentaron 9 ofrecimientos para ejecutar el contrato destinado
al mantenimiento, administración, organización y operación del muelle La
Esmeralda. Esta prueba documental también demuestra que el señor Auli Fernando
Velandia Medina participó en el procedimiento de selección mediante la
presentación de una propuesta para prestar los servicios requeridos por el INVÍAS.
3.1.4. En el expediente obra la propuesta34 presentada por el señor Velandia Medina
para llevar a cabo el mantenimiento, administración, organización y operación del
muelle La Esmeralda. De conformidad con el contenido de esta prueba documental,
la Sala advierte que el hoy demandante no presentó la garantía de seriedad
requerida en el pliego de condiciones, por lo que el INVÍAS35 lo requirió para que
subsanara su ofrecimiento en los términos antes indicados. También está
33 Link aportado por el INVÍAS con la contestación de la demanda, documento denominado “Acta de
Cierre del 05 de junio de 2017.pdf”.
34 CD denominado “Pruebas Auli Fernando Velandia” – fl 223 del Cuaderno No. 1, archivo
denominado “propuesta AFVM.pdf”.
35 Link aportado por el INVÍAS con la contestación de la demanda, documento denominado “Solicitud
de Subsanabilidad.pdf”.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
demostrado que el señor Velandia Medina allegó la garantía de seriedad de su
ofrecimiento dentro del plazo concedido para el efecto, razón por la cual resultó
habilitado para participar en el procedimiento de selección, según consta en el
informe36 de evaluación de las propuestas de fecha 29 de junio de 2017.
3.1.5. Está probado que el 10 de julio de 2017 el INVÍAS llevó a cabo la audiencia37
de adjudicación, en cuyo desarrollo el comité evaluador procedió a la evaluación
integral de los ofrecimientos presentados por los participantes en el proceso de
selección. Una vez finalizado el proceso de evaluación de las propuestas, la entidad
demandada dio a conocer las conclusiones del análisis comparativo, a partir de lo
cual se desprendió que el señor Velandia Medina resultó ubicado en el primer lugar
del orden de elegibilidad. De ahí que el comité evaluador recomendara al director
de contratación del INVÍAS adjudicar el contrato estatal al hoy demandante por un
valor de $323.526.374; recomendación que fue acogida mediante la expedición de
la Resolución No. 5450 del 21 de julio de 201738 por medio de la cual se le adjudicó
el contrato para el mantenimiento, administración, organización y operación del
muelle La Esmeralda, ubicado en el municipio de Puerto Asís, departamento del
Putumayo.
3.1.6. Ahora bien, en el proceso está demostrado que, mediante oficio identificado
con radicado No. 185094 del 21 de julio de 201739, el señor Juan Camilo Silva
Rodríguez —quien ocupó el segundo lugar del orden de elegibilidad— solicitó al
INVÍAS la revocatoria directa de la Resolución No. 5450 del 21 de julio de 2017. En
su criterio, dicha decisión resultaba procedente habida consideración de que el
oferente adjudicatario relacionó en su propuesta información imprecisa e inexacta
sobre la ejecución de contratos estatales, al igual que información falsa sobre el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.
3.1.7. También está probado que, por medio de oficio identificado con radicado No.
185574 del 24 de julio de 201740, el señor Carlos Andrés Sánchez Hidalgo —
persona ajena al procedimiento de selección— se pronunció sobre el escrito
presentado por Juan Camilo Silva Rodríguez, con el propósito de desestimar los
argumentos con base en los cuales solicitó la revocatoria directa del acto
administrativo de adjudicación. En su criterio, el oferente Velandia Medina cumplía
en su integridad los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, lo que motivó
su escogencia como contratista para la ejecución de los trabajos de mantenimiento,
administración, organización y operación del muelle La Esmeralda.
De acuerdo con lo expuesto por el señor Sánchez Hidalgo, lo que en realidad ocurría
era que el hoy demandante no quería firmar el contrato estatal porque (i) estaba
afectado con varias medidas de embargo cuya cuantía superaba los
$2.000.000.000, por lo que los recursos para su ejecución serían embargados; (ii)
tenía una gran cantidad de deudas en la zona y sus equipos de maquinaria le habían
36 Link aportado por el INVÍAS con la contestación de la demanda, documento denominado “Informe
de Evaluación Proceso SA-MC-DO-SMF-012-2017.pdf”.
37 Link aportado por el INVÍAS con la contestación de la demanda, documento denominado “Acta de
Orden de Elegibilidad.pdf”.
38 Link aportado por el INVÍAS con la contestación de la demanda, documento denominado
“Resolucion de Adjudicacion No. 05450.pdf” / Fls 45 a 47, Cuaderno No. 1.
39 Fls 48 a 49, Cuaderno No. 1.
40 Fls 50 a 52, Cuaderno No. 1.
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sido retenidos; y (iii) había incumplido y dejado inconclusos los contratos Nos. 1992
de 2012 y 3378 de 2007 suscritos con el INVÍAS. En ese sentido, el señor Sánchez
Hidalgo refirió que el hoy demandante estaba buscando todas las salidas posibles
para abstenerse de firmar el contrato sin que la entidad hiciera efectiva la garantía
de seriedad de la oferta, frente a lo cual planteó la posibilidad de que se hubiere
confabulado con Juan Camilo Silva Rodríguez —quien era “su socio fiel”— con el
propósito de solicitar la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación
que lo benefició.
3.1.8. Consta en el expediente que, a través de oficio identificado con radicado No.
187098 del 27 de julio de 201741, el hoy demandante se pronunció sobre el oficio
presentado por el señor Carlos Andrés Sánchez Hidalgo. En tal sentido, aclaró que
las medidas de embargo que pudieran llegar a recaer sobre un contratista solo
afectaban las utilidades que reportara la ejecución del contrato estatal, más no los
recursos públicos que garantizaban su ejecución; al paso que refirió que no era
cierto que hubiere incumplido y dejado inconclusos los trabajos relacionados con el
contrato No. 1992 de 2012, ni mucho menos los trabajos relativos al contrato 3378
de 2007, a propósito de lo cual refirió que éste se encontraba debidamente
ejecutado y en proceso de liquidación.
Por otra parte, el señor Velandia Medina aseguró que mantenía una relación
profesional y comercial desde hacía unos años con Juan Camilo Silva Rodríguez,
con quien se había asociado en anteriores oportunidades para presentar propuestas
ante diferentes entidades estatales. Pese a lo anterior, tal circunstancia no podía
“[…] generar suspicacias ni afirmaciones de doble sentido que generen un hostil y
una innegable mal [sic] intención de quien hace y registra de manera escrita estos
comentarios debido a que este tipo de relaciones se dan dentro del marco legal”; a
lo que agregó que, si el señor Silva Rodríguez hizo observaciones en su contra en
el marco del procedimiento de selección abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-2017,
no por ello debía considerarse la existencia de un entramado o confabulación; por
el contrario, debía entenderse como una circunstancia propia del proceso
administrativo que debía ser estudiada y resuelta por el INVÍAS.
En estos términos, el señor Velandia Medina calificó como injuriosas y calumniosas
las afirmaciones formuladas por Carlos Andrés Sánchez Hidalgo, por lo que anunció
acciones legales en su contra.
3.1.9. En el proceso está acreditado que, luego de emitido el pronunciamiento en
los términos antes expuestos, el hoy demandante presentó el oficio identificado con
radicado No. 187595 del 28 de julio de 201742, por medio del cual comunicó al
INVÍAS que logró contactar al señor Carlos Andrés Sánchez Hidalgo, así como
también que éste le manifestó no haber diligenciado el oficio identificado con
radicado No. 185574 del 24 de julio de 2017 —hecho probado 3.1.7.—, por lo que
adelantaría las acciones legales pertinentes debido a que fue suplantado en su
identidad con la radicación de ese documento. En atención a lo anterior, el señor
Velandia Medina manifestó su preocupación sobre las circunstancias que estaban
ocurriendo al interior del procedimiento de selección abreviada de mínima cuantía, las
cuales, en su criterio, no solo daban cuenta de la comisión de un delito por cuenta de
41 Fls 53 a 55, Cuaderno No. 1.
42 Fl 56 a 57, Cuaderno No. 1.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
la suplantación del señor Sánchez Hidalgo, sino también de una clara persecución en
su contra por parte de funcionarios del INVÍAS.
Para el hoy demandante, no de otra forma podía entenderse el hecho de que parte de
lo señalado en el oficio con radicado No. 185574 del 24 de julio de 2017 versara
sobre información que estuviera en poder de la entidad demandada. De ahí que
considerara que “[…] hay una gran probabilidad que dicho pasquín [se refiere al
oficio identificado con radicado No. 185574 del 24 de julio de 2017] pudo provenir
de algún empleado del Instituto o algún allegado a él que tiene acceso a la
información del Instituto, y así mismo buscaré por todos los medios legales al
responsable de esta campaña de desprestigio, para lo cual interpondré las
demandas necesarias que serán radicadas próximamente ante el Instituto Nacional
de Vías una vez se realicen ante la autoridad competente”.
Como último punto, el señor Velandia Medina manifestó no contar con garantías
para la ejecución del contrato estatal, al tiempo que sostuvo que lo ocurrido al
interior del proceso de selección podía configurarse como un evento constitutivo de
fuerza mayor que le impedía suscribir el contrato. Para el hoy demandante, el hecho
de que en el INVÍAS permanecieran vinculadas las personas que habrían atentado
contra su honra, resultaba particularmente perjudicial para la ejecución del contrato,
en la medida en que estas estarían atentas a cualquier descuido para interferir u
obstaculizar su normal desarrollo.
3.1.10. Consta en el expediente que, mediante oficio identificado con número de
radicado 187906 del 31 de julio de 201743, el señor Velandia Medina allegó ante el
INVÍAS copia de la denuncia que presentó contra Carlos Andrés Sánchez Hidalgo
ante la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de la posible comisión de los
delitos de injuria y calumnia. En este particular es del caso señalar que al proceso
fue allegada copia de la denuncia44 radicada por el hoy demandante, la cual fue
sustentada en las circunstancias ocurridas al interior del proceso de selección
abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-2017. En concreto, la denuncia se centró en
las afirmaciones contenidas en el oficio identificado con radicado No. 185574 del 24
de julio de 2017, las cuales, en criterio del hoy demandante, constituían actos de
difamación e imputaciones deshonrosas que afectaban su honra y buen nombre.
3.1.11. Pese a que en el expediente obran documentos que dan cuenta de la
comparecencia de Auli Fernando Velandia Medina y Carlos Andrés Sánchez
Hidalgo a una audiencia de conciliación citada por la Fiscalía 56 de Bogotá D.C., la
diligencia fue suspendida para que las partes revisaran temas relacionados con el
procedimiento de selección en aras de buscar un acercamiento. Si bien la
continuación de la diligencia fue programada para el 28 de septiembre de 2017, lo
cierto es que llegada esa fecha el señor Sánchez Hidalgo no se hizo presente, por
lo que se dispuso la remisión de las diligencias para su reparto e inicio de la acción
penal45. En este punto, es preciso señalar que los documentos allegados al proceso
no dan cuenta de que el señor Sánchez Hidalgo hubiere realizado afirmaciones
sobre la autoría del oficio identificado con radicado No. 185574 del 24 de julio de
2017 —hecho probado 3.1.7.—, ni mucho menos en relación con alguna
suplantación de su identidad.
43 Fl 58, Cuaderno No. 1.
44 Fls 59 a 61, Cuaderno No. 1.
45 Fls. 62 a 64, Cuaderno No. 1.
25
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3.1.12. Ahora bien, en el proceso está demostrado que, mediante Resolución No.
06969 del 12 de septiembre de 201746, el director de contratación del INVÍAS (i)
revocó el acto administrativo de adjudicación contenido en la Resolución No. 5450
del 21 de julio de 2017, y (ii) adjudicó el contrato estatal a Juan Camilo Silva
Rodríguez, quien era el oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de
elegibilidad. La decisión adoptada en los anteriores términos obedeció a que el
señor Velandia Medina se abstuvo de radicar la documentación necesaria para el
perfeccionamiento del contrato estatal pese a ser requerido en múltiples
oportunidades para el efecto, lo que, a juicio de la entidad, reflejó su negativa a
suscribir el contrato estatal. Sobre este particular, el acto administrativo contiene las
siguientes consideraciones:
“Que mediante Resolución No. 5450 del 21 de julio de 2017 la entidad adjudicó la
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-DO-SMF-012-2017 cuyo objeto
es MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL
MUELLE LA ESMERALDA MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO al PROPONENTE No. 8 AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA […]
por un valor total de la propuesta de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
($323.526.374) IVA incluido.
Que una vez adjudicada la Sección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-DO-
SMF-012-2017, la entidad remitió mediante correos electrónicos los días 8, 9 y 10 de
agosto de 2017 para que allegara la documentación requerida para la suscripción del
contrato, sin que dicho proponente manifestara o allegara dicha documentación
requerida.
Que en vista de lo anterior la entidad a través de oficio INVÍAS No. DC 99597 del 10
de agosto de 2017, le manifestó de manera expresa, que de no allegar la
documentación requerida, se continuaría el trámite de conformidad con el artículo 8
de la ley 80 de 1993.
Que a la fecha el PROPONENTE No. 8 AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA […]
no ha efectuado manifestación alguna, ni ha allegado la documentación requerida,
para la suscripción del contrato por resultar adjudicatario del SA-MC-DO-SMF-012-
2017 [sic].
[…]
Que ante la negativa del proponente AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA […] se
dan los supuestos para revocar el acto administrativo de adjudicación de la Sección
Abreviada de Menor Cuantía SA-MC-DO-SMF-012-2017, toda vez que quien resultó
adjudicatario no quiere suscribir el presente contrato”.
3.1.13. En el proceso está demostrado que, luego de la notificación de la Resolución
No. 06969 del 12 de septiembre de 2017, el hoy demandante adelantó gestiones
ante el INVÍAS con el propósito de solicitar información para esclarecer las
circunstancias que ocurrieron al interior del procedimiento de selección. En efecto,
consta en el expediente que el demandante solicitó al INVÍAS información sobre:
46Link aportado por el INVÍAS con la contestación de la demanda, documento denominado
“Resolucion 06969 - Revocatoria Adjudicacion.pdf” / fls 66 a 69, Cuaderno No. 1.
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(i) El ingreso de Carlos Alberto Sánchez Hidalgo a las instalaciones de la
entidad en el periodo en que se adelantó el procedimiento de selección
abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-201747, ante lo cual la entidad informó
que no evidenció el ingreso de aquel durante el periodo de tiempo señalado 48;
(ii) La identificación de la persona que solicitó información sobre la ejecución
de los contratos Nos. 3378 de 200749 y 1992 de 201250, frente a lo cual el
INVÍAS respondió que la persona que solicitó la información sobre la
ejecución del contrato 3378 de 2007 fue Diego Mauricio Ortiz Rujana51, al
paso que precisó que no contaba con información que diera cuenta de la
persona que solicitó la información respecto de la ejecución del contrato No.
1992 de 201252;
(iii) La vinculación laboral de la señora María Clara Mejía Umaña con el
INVÍAS53, punto en el cual la entidad remitió certificación laboral expedida por
el Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano, la cual da cuenta
de que la señora Mejía Umaña desempeñaba el cargo de Profesional
Universitario Código 2044 Grado 04 en la Subdirección Marítima y Fluvial,
así como también que fungía como coordinadora del grupo fluvial54;
(iv) La identificación de la persona que radicó el oficio No. 185574 del 24 de
julio de 201755, ante lo cual el INVÍAS que no contaba con los datos de las
personas que se acercaban a la entidad a radicar documentos56; y,
(v) La identificación de la persona que solicitó información sobre el estado de
cuenta del señor Velandia Medina y sobre embargos decretados en su
contra57, frente a lo cual el INVÍAS señaló que la persona que solicitó
información sobre los embargos fue Juan Galvis García.
3.2. El procedimiento administrativo adelantado para declarar la efectividad de
la garantía de seriedad de la oferta
3.2.1. En el proceso está demostrado que, mediante Resolución No. 222 del 17 de
enero de 201458, el director general del INVÍAS delegó en el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica la función de adelantar los procesos administrativos sancionatorios
que tuvieran origen en el incumplimiento de contratos y convenios suscritos en la
sede central de la entidad, así como también la facultad de expedir y suscribir los
actos administrativos producto de los procesos administrativos sancionatorios y
aquellos que resolvieran los recursos que se interpusieran en su contra.
47 Fl 127, Cuaderno No. 1.
48 Fl 125, Cuaderno No. 1.
49 Fl 131, Cuaderno No. 1.
50 Fl 142, Cuaderno No. 1.
51 Fl 132, Cuaderno No. 1.
52 Fl 144, Cuaderno No. 1.
53 Fl 133, Cuaderno No. 1.
54 Fls 135 a 136, Cuaderno No. 1.
55 Fl 140, Cuaderno No. 1.
56 Fl 148, Cuaderno No. 1.
57 Fl 149, Cuaderno No. 1.
58 Fls 71 a 72, Cuaderno No. 1.
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3.2.2. En el proceso también está probado que, por medio de la Resolución No.
07017 del 13 de septiembre de 201759, el director general del INVÍAS adicionó la
Resolución No. 222 del 17 de enero de 2014, en el sentido de delegar en el jefe de
la Oficina Asesora Jurídica la función de adelantar el procedimiento administrativo
sancionatorio para hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y para
declarar la inhabilidad para participar en procesos de selección y celebrar contratos
con el Estado, en aquellos casos en que el oferente adjudicatario se abstiene de
suscribir el contrato estatal sin justa causa. Para este efecto, el director general de la
entidad delegó en igual medida la facultad específica de expedir y suscribir los actos
administrativos producto del proceso administrativo sancionatorio, así como
también la facultad de expedir los actos que resolvieran los recursos que se
interpusieran en contra de aquel.
3.2.3. En el expediente obra la Resolución No. 08517 del 2 de noviembre de 201760,
por medio de la cual el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INVÍAS (i) declaró la
ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de seguro No. 1863907-1 expedida
por Seguros Generales Suramericana S.A., la cual fue presentada junto con la
propuesta del señor Velandia Medina para garantizar la seriedad de su ofrecimiento;
(ii) hizo efectiva la póliza de seguro No. 1863907-1 expedida por la referida
compañía aseguradora; y (iii) declaró la inhabilidad del señor Velandia Medina para
participar en procesos de selección y celebrar contratos estatales por el término de
5 años.
El contenido del acto administrativo en mención demuestra que el INVÍAS sustentó
las decisiones anunciadas en el hecho de que el señor Velandia Medina se hubiere
abstenido de firmar el contrato estatal sin que mediara una justa causa que le
permitiera obrar de ese modo; lo que, en los términos de lo normado en los artículos
8 y 30 de la Ley 80 de 1993, no solo habilitaba a la entidad para hacer efectiva la
póliza de seguro No. 1863907-1 expedida por Seguros Generales Suramericana
S.A. ante la ocurrencia del siniestro amparado en el contrato de seguro, sino
también para declarar la inhabilidad que recaía en el señor Velandia Medina para
participar en procesos licitatorios y celebrar contratos con el Estado, por el término
de 5 años.
En igual medida, la referida prueba documental acredita que las decisiones
adoptadas por el INVÍAS estuvieron precedidas de un procedimiento administrativo
sumario en el que tanto al señor Velandia Medina, como a la compañía aseguradora
que respaldó la seriedad de su ofrecimiento, les fue reconocida la oportunidad de
presentar descargos ante la verificación del incumplimiento de la obligación de
suscribir el contrato estatal, así como también de presentar las pruebas que
estimaran como pertinentes con el propósito de sustentar su defensa. En efecto, no
de otra forma podría entenderse el hecho de que, mediante oficio No. OAJ111142
del 20 de octubre de 2017, el INVÍAS los hubiere citado a una audiencia para efectos
de verificar las razones del incumplimiento en que incurrió el señor Velandia Medina,
así como para analizar (i) la posible ocurrencia del siniestro amparado por la póliza
de seguros que respaldó la seriedad del ofrecimiento que el demandante presentó
en el marco del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SA-MC-DO-
59 Fls 86 a 87, Cuaderno No. 1.
60 Fls 92 a 98, Cuaderno No. 1.
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SMF-012-2017; y (ii) la eventual aplicación de la inhabilidad para participar en
procesos de selección y para celebrar contratos con el Estado.
En este particular es del caso señalar que, conforme se desprende de la lectura de
la Resolución No. 08517 del 2 de noviembre de 2017, el hoy demandante no
compareció a la audiencia que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2017, ante lo cual
el jefe de la Oficina Asesora Jurídica dejó expresa constancia de que “[…] fue
requerido para asistir a esta audiencia […] citándolo para el efecto, pero por las
comunicaciones y por lo registrado simplemente vamos a indicar que se dejará y se
incorporará en el expediente administrativo sancionatorio tres oficios que por
diferentes vías se le enviaron para la citación, a través de entrega con un funcionario
de la entidad personalmente, a través de SERVIENTREGA y a través de 472 con la
guía respectiva, reitero, esta documentación hace parte del expediente
administrativo sancionatorio. No obstante, por información allegada a esta
dependencia, nos han indicado que el ingeniero Auli Fernando Velandia Medina se
encuentra fuera del país y no reporta forma de comunicación alguna”.
Fue así que la audiencia convocada para el 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo
con la comparecencia del apoderado de la compañía aseguradora que expidió la
póliza de seguros No. 1863907-1, quien, en defensa de su representada, se limitó
a solicitar al INVÍAS verificar si existía alguna obligación a favor del señor Velandia
Medina, para efectos compensar eventuales obligaciones recíprocas en caso de
que hubiere lugar a ello. En estos términos, la compañía aseguradora no formuló
argumentos dirigidos a justificar el incumplimiento en que incurrió el señor Velandia
Medina, sino que se limitó a solicitar la compensación de las obligaciones recíprocas
que existieran entre el INVÍAS y el señor Velandia Medina, ante la sanción que
pudiera imponerse por cuenta de la no suscripción del contrato estatal. De ahí que
el jefe de la Oficina Asesora Jurídica adelantara las gestiones internas para verificar
la existencia de obligaciones a favor de Auli Fernando Velandia Medina, a partir de
lo cual el coordinador del Grupo de Tesorería del INVÍAS certificó que no existían
obligaciones en favor de aquel.
Ahora bien, la audiencia fue suspendida y posteriormente reanudada el 2 de
noviembre de 2017, sin que el señor Velandia Medina ni su apoderado
comparecieran en ningún momento. Una vez reiniciada la diligencia, el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica se limitó a dar lectura parcial al contenido de la Resolución
No. 08517 del 2 de noviembre de 2017, respecto de la cual cabe precisar que el
acto administrativo quedó notificado en estrados frente a la compañía aseguradora,
cuyo apoderado manifestó que no presentaría impugnación por no tener reparos
frente a las decisiones adoptadas. Por otra parte, en relación con el señor Velandia
Medina, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica advirtió que la notificación se surtiría
conforme con las reglas del CPACA, en atención a su inasistencia a la diligencia
convocada para verificar las razones del incumplimiento en que incurrió el señor
Velandia Medina, así como para analizar las posibles consecuencias de su
incumplimiento.
3.2.4. Consta en el expediente la Resolución No. 01817 del 28 de marzo de 201861,
por medio del cual el INVÍAS resolvió el recurso de reposición interpuesto por el hoy
61 Fls 92 a 98, Cuaderno No. 1.
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demandante, contra la Resolución No. 08517 del 2 de noviembre de 2017. De
acuerdo con el contenido de la prueba documental a la que se ha hecho referencia,
los reparos formulados contra el acto administrativo impugnado se centraron en el
cuestionamiento de varios de los aspectos procedimentales y sustanciales sobre los
cuales giró lo decidido por la entidad. En concreto, para el señor Velandia medina
el acto administrativo impugnado debía ser revocado por los motivos de orden
sustancial y procesal que a continuación se discriminan:
(i) Existieron eventos constitutivos de una fuerza mayor invencible que le
impidieron suscribir el contrato estatal, los cuales fueron concretados en los
actos intimidatorios de los que fue víctima por parte de funcionarios de la
entidad en el curso del procedimiento de selección;
(ii) El procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el INVÍAS
correspondió al reglado en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la
Ley 1474 de 2011, pese a que aquel se predica, única y exclusivamente, de
aquellos eventos constitutivos de incumplimiento del contrato estatal;
(iii) El jefe de la Oficina Asesora Jurídica expidió el acto administrativo en
ejercicio de una función delegada de manera ilegal por el director general del
INVÍAS, puesto que aquel no tenía funciones relacionadas con la actividad
precontractual de la entidad;
(iv) La competencia para expedir los actos administrativos estaba radicada
en cabeza del director de contratación de la entidad estatal, pues aquel tenía
a su cargo todo lo relativo a la actividad precontractual del INVÍAS.
En el anterior orden, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica abordó el análisis de cada
uno de los reparos formulados por Auli Fernando Velandia Medina de cara a las
normas que rigen el perfeccionamiento del contrato estatal, así como también a los
pronunciamientos judiciales que en la materia ha realizado esta Corporación. Bajo
este contexto, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica concluyó que los argumentos
expuestos por el hoy demandante no tenían vocación de prosperidad, teniendo en
consideración los siguientes razonamientos:
(i) No era cierto que en el particular mediaran eventos constitutivos de fuerza
mayor que impidieran la suscripción del contrato estatal. Aun cuando el señor
Velandia Medina demostró la ocurrencia de circunstancias imprevisibles
durante el curso del proceso de selección, no acreditó que éstas fueran
irresistibles, a tal punto, de impedirle suscribir el contrato estatal. De allí que
hubiere resultado procedente declarar la ocurrencia del siniestro amparado
por la garantía de seriedad de la oferta y la inhabilidad del señor Velandia
Medina para celebrar contratos con el Estado;
(ii) Tampoco era cierto que se hubiere adelantado un procedimiento
administrativo inadecuado para hacer efectiva la garantía que amparó la
seriedad de la oferta. Bajo el amparo del artículo 29 de la Constitución
Política, la entidad dio inicio al procedimiento administrativo establecido en el
ordenamiento jurídico para garantizar el derecho al debido proceso del señor
Velandia Medina y de la compañía aseguradora que respaldó la seriedad de
su ofrecimiento; y
(iii) No era cierto que el director general del INVÍAS no tuviera a su cargo
funciones relacionadas con la actividad precontractual de la entidad. De
acuerdo con el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, dicho funcionario
tenía a su cargo la función de dirigir y ejercer la actividad contractual del
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
INVÍAS, lo que implicaba el ejercicio de facultades en las etapas
precontractual, contractual y post-contractual. Al mismo tiempo, la entidad
precisó que estas funciones podían ser delegadas de conformidad con los
criterios establecidos en la Ley.
De este modo, de cara al estudio abordado en los anteriores términos, el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No.
08517 del 2 de noviembre de 2017.
3.2.5. En este punto es del caso señalar que el acto administrativo que resolvió el
recurso de reposición impetrado por el hoy demandante fue resuelto en el marco de
una audiencia que fue llevada a cabo el 28 de marzo de 2018, cuyo registro de audio
y video reposa en el expediente62. Así pues, una vez analizado su contenido, la Sala
advierte que durante el desarrollo de la diligencia convocada por el INVÍAS (i) se
hizo presente el apoderado del hoy demandante, así como también el apoderado
de la compañía aseguradora, quien, tal y como fue referido en el libelo genitor,
compareció vía medios tecnológicos; (ii) el jefe de la Oficina Asesora Jurídica se
limitó a leer parte del contenido del acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición presentado por el hoy demandante; y (iii) el acto administrativo fue
notificado en estrados tanto al apoderado del señor Velandia Medina, como al
apoderado de la compañía aseguradora, sin que ninguno de los apoderados
presentara solicitud alguna.
3.2.6. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que la parte accionante allegó al
expediente un CD que contiene varias grabaciones de voz tomadas al finalizar la
audiencia convocada para el 28 de marzo de 201863, a partir de las cuales se
advierte que, con posterioridad a la terminación de la diligencia, se suscitó una
discusión en punto a la aplicación de la figura de la aclaración de providencias
judiciales reglada en el artículo 285 del CGP, respecto de los actos que se expiden
en el marco del procedimiento administrativo. En criterio del apoderado que actuó
en representación del señor Velandia Medina, la figura de la aclaración resultaba
aplicable respecto de los actos administrativos por la remisión normativa que el
artículo 306 del CPACA hizo al CGP. Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica estimó esa afirmación resultaba equivocada en tanto la remisión normativa
estaba contemplada como una herramienta que revestía de utilidad para suplir los
vacíos que dejó la parte segunda del CPACA, esto es, aquella que se ocupó de
regular el proceso contencioso administrativo, y no la parte primera del CPACA que
regló lo atinente al procedimiento administrativo.
De lo anterior se sigue que la parte accionante pretende hacer uso de unas
grabaciones tomadas sin el consentimiento de los funcionarios del INVÍAS para
probar un hecho objeto de litigio, como lo es aquel según el cual al apoderado del
señor Velandia Medina no se le permitió presentar una solicitud de aclaración
respecto del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición que impetró
contra la Resolución No. 08517 del 2 de noviembre de 2017. Al punto, es del caso
62 CD denominado “Audiencias 2/11/17 y 23/03/18 Auli Fernando Velandia Medina” – fl 223 del
Cuaderno No. 1, carpeta “AUDIENCIA 28 DE MARZO DE 2018”, archivos “M2U01178.mp4” y
“M2U01179.mp4”.
63 CD denominado “Grabación Posterior Audiencia 180318” – fl 223 del Cuaderno No. 1, carpeta
“audios”, archivos denominados “2018-03-28-AUDIO-00000235.opus”, “2018-03-28-AUDIO-
00000236.opus” y “2018-03-28-AUDIO-00000237.m4a”.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
agregar que la validez de las grabaciones como medio probatorio fue avalada por
el Tribunal al considerar que “[…] las grabaciones allegadas por la actora no se
recaudaron en un ámbito privado, sino en el procedimiento administrativo
sancionatorio de naturaleza pública y que, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica es
una funcionaria pública que actuaba en ejercicio de sus atribuciones legales y
constitucionales, para la Sala dichas grabaciones deben presumirse auténticas y
ser valoradas en el ámbito judicial. Máxime cuando, las mismas no fueron tachadas
de falsas por la contraparte (Art. 244 del CGP).”
En este contexto, la Sala recuerda que, por regla general, las grabaciones obtenidas
o realizadas sin autorización64 resultan inadmisibles como medio probatorio dentro
del proceso judicial, habida consideración de que comportan una violación del
derecho fundamental a la intimidad que ostenta toda persona a la luz de lo prescrito
en el artículo 15 de la Constitución Política de 1991. En efecto, dicho mandato
superior garantiza a toda persona la protección de su esfera privada y la
inviolabilidad de sus comunicaciones, de manera que la obtención subrepticia de
registros de voz o conversaciones, sin consentimiento de sus titulares o sin
habilitación legal o judicial que la autorice, desconoce las garantías mínimas que
informan el debido proceso. En ese orden, este tipo de elementos probatorios deben
ser excluidos del debate probatorio a partir de la regla de exclusión prevista en el
último inciso del artículo 29 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s nula,
de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
Sobre este particular conviene precisar que el derecho a la intimidad protege el
ámbito de desarrollo personal de todo individuo, esto es, aquellos datos,
comportamientos, situaciones y actividades que incumben al entorno personal y
familiar de una persona, y que escapan del conocimiento de extraños. En el mismo
orden, cabe señalar que el derecho a la intimidad se proyecta en diversos ámbitos
del individuo —entre ellos, su ámbito familiar y laboral—, así como también que
encuentra distintos niveles de protección dependiendo del espacio en el que se
despliegue determinada conducta65. En tal sentido, se ha reconocido que “[…] la
existencia de espacios privados66, públicos67, e intermedios68, de acuerdo con los
cuales varía el nivel de protección del derecho a la intimidad: “[d]ependiendo del lugar,
se permitirá una mayor o menor injerencia por parte de particulares o autoridades del
Estado””69.
En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado
que “[…] de acuerdo a la ubicación espacial que tienen ciertos elementos y conductas,
64 Entiéndase por grabaciones no autorizadas por su interlocutor o realizadas sin que medie orden
judicial expedida por autoridad competente.
65 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-881 del 19 de noviembre de 2014, exp. D-10273.
66 Entendido como el lugar en el que la persona desarrolla libremente su intimidad y su personalidad
y en el que la limitación a la intimidad es excepcional al tratarse de un ámbito reservado e inalienable.
67 Corresponde al lugar en el que se ejercen múltiples derechos, y se caracteriza por ser un espacio
de “socialización, interacción, intercambio, integración y de encuentro para los ciudadanos”, razón
por la cual el derecho a la intimidad podrá limitarse.
68 Espacios que cuentan con características tanto privadas como públicas, dentro de los que se han
identificado los semi-privados y los semi-públicos.
Los primeros son espacios cerrados en los que el acceso al público es restringido (v.gr.,
establecimientos educativos, oficinas, lugar de trabajo), por lo tanto, las “injerencias a la intimidad y
demás libertades que se ejercen en tales contextos, son limitados”.
69 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
13, auto del 3 de noviembre de 2023, radicado No. 8577.
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estos reciben una mayor o menor protección en términos de derecho a la intimidad.
En el espacio público, por ejemplo, al ser un lugar de libre acceso y donde se concretan
múltiples garantías individuales, la intimidad personal puede ser limitada. Por el
contrario, en espacios de naturaleza privada, que son aquellos donde la persona
desarrolla su vida privada y personalidad, solo de forma excepcional puede limitarse
el mencionado interés. En medio de los espacios públicos y privados, se he aceptado
la existencia de zonas que pueden considerarse como semi-privadas, que incluirían
lugares como las oficinas, centros de enseñanza y entidades con atención al público,
donde el derecho a la intimidad resulta protegible en distinta medida, atendiendo a las
circunstancias específicas de cada caso”70.
Como es natural, el derecho a la intimidad encuentra una de sus mayores expresiones
en la prohibición de grabar y divulgar las conversaciones privadas, así como también
en la expectativa legítima de que su contenido sea conocido por quienes participaron
en ellas. No en vano el artículo 15 de la Constitución Política establece que “[…] [l]a
correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las
formalidades que establezca la ley […]”, mandato a partir del cual la Corte
Constitucional ha considerado que el derecho a la intimidad “[…] fuera de garantizar
a las personas el derecho de no ser constreñidas a enterarse de lo que no les interesa,
así como la garantía de no ser escuchadas o vistas si no lo quieren, impide también
que las conversaciones íntimas puedan ser grabadas subrepticiamente, a espaldas
de todos o algunos de los partícipes, especialmente si lo que se pretende es
divulgarlas o convertirlas en pruebas judiciales”71.
Es en este contexto, entonces, que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado
que las grabaciones no autorizadas deben ser excluidas del debate probatorio en la
medida en que comportan una intromisión injustificada en la esfera privada de las
personas. Con todo, la Sala advierte que la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado ha reconocido excepciones
a dicha regla general de exclusión probatoria, particularmente en aquellos escenarios
en los que la víctima de una conducta sancionable —ya sea penal o
disciplinariamente— recurre a la obtención de este tipo de registros con el propósito
de preservar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En ese sentido, se ha
entendido que existe una limitación legítima al derecho a la intimidad cuando la víctima
realiza una grabación sin autorización con el propósito de constituir prueba sobre la
comisión de un delito o de una falta disciplinaria, evento en el cual dicho elemento
probatorio adquiere validez, y por ello puede ser valorado72.
Dicho esto, cabe indicar que para la Sala no resulta de recibo lo señalado por el
Tribunal en el sentido de considerar válida esta prueba documental por el solo hecho
de haber sido recaudada en el marco de un procedimiento administrativo de
naturaleza pública. En este punto, es preciso advertir que la grabación fue realizada
con posterioridad a la finalización de la audiencia pública convocada para el 28 de
marzo de 2018, esto es, cuando ya se había agotado el objeto de la diligencia, en la
70 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-276 del 12 de mayo de 2015, exp.
T4287770.
71 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-003 del 21 de enero de 1997, exp. T-
106489.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 2264-2021.
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medida en que se había notificado en estrados el acto administrativo que resolvió el
recurso de reposición interpuesto por el señor Velandia Medina contra la decisión que
hizo efectiva la garantía de seriedad de su oferta y que lo inhabilitó para participar en
procesos de selección y celebrar contratos con el Estado. De hecho, así lo reconoció
la propia parte actora al identificar el CD aportado al expediente con el rótulo
“GRABACIÓN POSTERIOR AUDIENCIA”.
De este modo, lo grabado correspondió a una conversación que ocurrió por fuera de
una audiencia pública y en un espacio semi-privado en el que cobraban plenos efectos
las garantías que derivan del derecho a la intimidad que tenían los funcionarios del
INVÍAS, a propósito de lo cual viene bien anotar que “[…] si bien los funcionarios
públicos tienen un ámbito de protección más limitado en términos de derecho a la
intimidad, ello no significa que los mismos estén expuestos a cualquier tipo de
intromisión en su vida privada o en los espacios en los que desenvuelven sus
actividades públicas”73. Es así que al apoderado del demandante le estaba prohibido
grabar una conversación ocurrida por fuera de audiencia pública, pues al no contar
con autorización para el efecto tal circunstancia resultaba lesiva de la expectativa
legítima que tenían los funcionarios del INVÍAS de que lo comentado en ese contexto
se mantuviera bajo el conocimiento de quienes participaron en la conversación.
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política
la prueba documental presentada por la parte accionante debe ser excluida del debate
probatorio, al constituir una prueba inconstitucional por haber sido obtenida en
contravención del derecho a la intimidad de los funcionarios del INVÍAS. Al efecto,
cabe agregar que al particular no resultan aplicables las excepciones que han sido
desarrolladas frente a la inviolabilidad del derecho de la intimidad, habida
consideración de que dichas excepciones han sido admitidas para determinados
supuestos en los que la víctima de un delito o de una falta disciplinaria busque
constituir pruebas frente a la comisión de la conducta sancionable. En el anterior
orden, como dicho supuesto difiere de lo ocurrido en el caso objeto de estudio, no
habría lugar a acudir a dichas excepciones para validar las grabaciones de voz
aportadas por la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Esta decisión se adopta porque la parte accionante no
demostró que los actos administrativos demandados hubieran sido expedidos por
un funcionario incompetente, ni tampoco que el INVÍAS hubiera adelantado un
procedimiento administrativo equivocado. Por el contrario, en el proceso está
acreditado que, ante el incumplimiento en que incurrió el señor Velandia Medina al
sustraerse de su obligación de suscribir el contrato estatal, el INVÍAS adelantó un
procedimiento administrativo sumario en el que se garantizaron los derechos que
integran el debido proceso. De ello da cuenta el hecho de que la entidad convocara
al señor Velandia Medina y a la compañía aseguradora que respaldó su ofrecimiento
a una audiencia en la que se discutiría el incumplimiento en que incurrió aquel, así
como también las posibles consecuencias de ese incumplimiento, con el propósito
73 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-276 del 12 de mayo de 2015, exp.
T4287770.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
específico de que presentaran las razones de su defensa y aportaran las pruebas
que estimaran como necesarias para su defensa.
Si bien es cierto el señor Velandia Medina ni su apoderado comparecieron a las
sesiones en las que se agotó el objeto de la audiencia citada por la entidad, no por
ello podría predicarse el desconocimiento de su derecho al debido proceso. Al
punto, es del caso referir que las pruebas que obran en el expediente demuestran
que al oferente Velandia Medina le fueron remitidas varias citaciones, sin que en
ningún momento manifestara que no las recibió ni mucho menos que le permitieran
asistir de manera virtual. De allí que no sea de recibo sostener que su inasistencia
a la diligencia en mención fuera imputable a la entidad demandada, pues, se insiste,
ésta cumplió con la carga de convocatoria que le asistía para efectos de garantizar
el derecho de defensa y contradicción del señor Velandia Medina, ante la imperiosa
necesidad de estudiar el incumplimiento en que aquel incurrió al interior del proceso
de selección, así como las consecuencias que en este caso se predicaban de su
conducta omisiva.
En el mismo orden, cabe señalar que en el expediente está demostrado que al
interior del procedimiento administrativo adelantado la entidad desvirtuó los
argumentos a partir de los cuales el señor Velandia Medina justificó su conducta
omisiva, los cuales fueron consignados en el acto administrativo que resolvió el
recurso de reposición que el hoy demandante interpuso contra aquel que hizo
efectiva la garantía de seriedad que respaldó su propuesta y que lo inhabilitó para
participar en procesos de selección y para contratar con el Estado. En este particular
vale la pena agregar que el recurso de reposición interpuesto por el hoy demandante
fue resuelto en el marco de una audiencia celebrada el 28 de marzo de 2018, sin
que en el expediente esté demostrado que al interior de esa diligencia el INVÍAS
hubiere desconocido su derecho de defensa y contradicción. Aun cuando en el
recurso de apelación se hubiese insistido en que la entidad vulneró su derecho al
debido proceso en tanto no le permitió presentar una solicitud de aclaración en el
marco de esa diligencia, lo cierto es que las pruebas que fueron arrimadas al
proceso para demostrar tal irregularidad fueron excluidas del debate probatorio por
resultar lesivas del derecho de intimidad.
De otro lado, la Sala advierte que en el expediente no obran medios probatorios que
demuestren que el señor Velandia Medina se hubiere abstenido de suscribir el
contrato estatal como consecuencia de la falta de garantías para su ejecución. Al
respecto, cabe referir que en el proceso no está probado que la coordinadora del
Grupo Fluvial de la Subdirección Marítima y Fluvial del INVÍAS hubiere afirmado al
final de la diligencia de adjudicación “[…] que revisaría la propuesta al detalle para
buscar sacar al Ingeniero VELANDIA MEDINA del proceso licitatorio [sic]”. Tampoco
está demostrado que otros funcionarios del INVÍAS hubiesen desplegado conductas
indebidas e indecorosas para excluirlo del procedimiento de selección, ni mucho
menos que el señor Carlos Andrés Sánchez Hidalgo hubiere sido suplantado o
utilizado para perseguir e intimidar al demandante. De ahí que no pueda concluirse
que en este preciso caso se hubieren presentado circunstancias que justificaran la
conducta omisiva del hoy demandante.
Para mayor organización y claridad, a efectos del examen de validez de los actos
acusados de cara a los cargos del recurso de apelación, la Sala expondrá su análisis
abordando separadamente los siguientes aspectos, en su orden, a saber: (i) la
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garantía de seriedad de la oferta en la contratación estatal: naturaleza dual entre
sanción e indemnización de perjuicios; (ii) la gestión que debe ser adelantada para
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta; (iii) la violación al debido proceso
alegada por la parte accionante; (iv) la competencia para proferir los actos
administrativos demandados; y (v) la calificación del incumplimiento del demandante.
4.2.1. La garantía de seriedad de la oferta en la contratación estatal: naturaleza
dual entre sanción e indemnización de perjuicios.
El proceso de formación del contrato estatal, a diferencia de lo que ocurre en la
contratación entre particulares, supone el agotamiento de un procedimiento
administrativo eminentemente reglado, en cuyo marco la entidad estatal debe
escoger al contratista que colaborará en el cumplimiento de sus fines con sustento
en las reglas previamente definidas en el pliego de condiciones. Como es natural,
el adelantamiento de un procedimiento administrativo de esta envergadura conlleva
para la entidad contratante riesgos que derivan del eventual incumplimiento de las
ofertas que se presenten en el marco del procedimiento administrativo, por lo que
el Legislador se vio compelido a proteger el interés colectivo y el patrimonio de las
entidades estatales ante la ocurrencia de eventualidades que tuvieran la virtualidad
de afectarlos. En ese sentido, impuso a los interesados en participar en el
procedimiento de selección la obligación de acompañar su ofrecimiento con una
garantía que lo respaldara, con el específico propósito de dejar a salvo a la entidad
ante el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato estatal.
En tal virtud, el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establecía que “[…]
los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos […]”,
al tiempo que el numeral 12 del artículo 30 ejusdem determinaba que “[…] Si el
adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya
señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor
del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta
[…]”. De este modo, lo pretendido era asegurar la suscripción del contrato estatal y
proteger el patrimonio del Estado mediante la exigencia de una garantía que
promovía la seriedad de los ofrecimientos, medida que la Corte Constitucional
consideró ajustada a la Constitución Política al sostener que no solo perseguía una
finalidad legítima y útil, sino también proporcional74.
Ahora, el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 fue derogado con ocasión
de la expedición de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introdujeron
medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación pública. Pese a lo
anterior, el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 reiteró la obligación a cargo de los
proponentes de prestar garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos, al paso
que determinó que la garantía exigida podía consistir en pólizas expedidas por
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en
garantías bancarias o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo
autorizado para el efecto. Aun cuando el Legislador no se ocupó de señalar las
condiciones generales que debían ser incluidas en las garantías, los criterios que
debían seguir las entidades para la exigencia de las garantías, ni la clase y niveles
de amparo de los riesgos, lo cierto es que en el citado artículo 7 ejusdem dispuso
74 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-452 del 10 de junio de 1999, Expediente D-2276.
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que el Gobierno Nacional sería el encargado de reglamentar dichos aspectos
específicos.
Fue así que el Gobierno Nacional expidió los Decretos 4828 de 2008, 734 de 2012,
1510 de 2013 y 1082 de 2015, siendo este último el que estaba vigente al momento
en que se adelantó el procedimiento de selección. De hecho, el Decreto 1082 de
2015, que compiló la reglamentación contenida en el Decreto 1510 de 2013 en punto
a las garantías exigidas en materia de contratación estatal, es el acto reglamentario
que aun en la actualidad establece las condiciones bajo las cuales debe ser otorgada
la garantía de seriedad del ofrecimiento, al igual que los riesgos que deben ser
amparados por esta garantía. Sobre este último aspecto, conviene recordar que
dichos riesgos fueron ampliados a escenarios distintos al de la no suscripción del
contrato estatal a partir de la expedición del Decreto 4828 de 200875.
En el anterior sentido, cabe señalar que el artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082
de 2015 establece que la garantía de seriedad del ofrecimiento cubre la sanción
derivada del incumplimiento de la oferta en varios escenarios, a saber: (i) la no
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado; (ii) el retiro de la
oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas; (iii) la
no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario; y (iv) la falta
de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de
cumplimiento del contrato estatal. Por su parte, el artículo 2.2.1.2.3.1.9 ejusdem
establece las condiciones bajo las cuales debe ser otorgada la garantía de seriedad
del ofrecimiento al disponer que debe ser constituida desde la presentación de la
oferta por un valor que ningún caso será inferior al 10% de la oferta, así como
también que debe mantenerse vigente hasta la aprobación de la garantía de
cumplimiento del negocio jurídico estatal.
Desde esta perspectiva, la Sala considera que la garantía de seriedad de la oferta
constituye un mecanismo de caución exigido dentro del procedimiento de selección,
cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
oferentes durante la etapa de formación del negocio jurídico estatal. Entre tales
obligaciones destaca, de manera principal, la de suscribir el contrato una vez este
ha sido adjudicado, punto en el cual conviene precisar que dicha obligación tiene su
fuente en el acto administrativo de adjudicación, el cual, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, reviste de un carácter irrevocable
y genera efectos vinculantes tanto para la entidad contratante como para el oferente
adjudicatario. En consecuencia, una vez producida la adjudicación, ambas partes
deben concurrir al perfeccionamiento del contrato dentro del término previsto en el
pliego de condiciones, salvo que sobrevenga una circunstancia que lo impida, caso
en el cual corresponderá a la entidad contratante analizar si dicha circunstancia
constituye una causa legítima y suficiente que justifique el incumplimiento del deber
de comparecer a la celebración del negocio jurídico estatal76.
75 NARVÁEZ BONNET, JORGE EDUARDO. El Seguro de Cumplimiento De Contratos y
Obligaciones. Grupo Editorial Ibáñez – Pontificia Universidad Javeriana. Colección de Profesores
No. 52. Bogotá D.C. 2011, Pags 313 a 314.
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de mayo de 2025, exp. 70067.
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Ahora bien, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80
de 1993, el incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el contrato
estatal da lugar a que la entidad estatal contratante, en calidad de sanción, se quede
con el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta,
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados y no cubiertos por el valor de la garantía. En tal sentido, el incumplimiento
injustificado de la obligación de suscribir el contrato estatal comporta una
contingencia que tiene la virtualidad de justificar la activación de la garantía de
seriedad de la oferta con un doble propósito: (i) de un lado, sancionar al oferente
adjudicatario por haber incurrido en una conducta prohibida como lo es la no
suscripción del contrato estatal pese haberle sido adjudicado, lo que le otorga un
matiz punitivo a la activación de esta garantía; y (ii) de otro lado, obtener la
indemnización de los perjuicios sufridos por la entidad contratante como
consecuencia del incumplimiento del oferente adjudicatario, lo que al mismo tiempo
le imprime un matiz indemnizatorio a la efectividad de la garantía.
De lo primero da cuenta con nitidez la estructura de la norma a la que se ha hecho
referencia, la cual encierra las nociones medulares del derecho sancionador al
contemplar un mecanismo de coacción para el cumplimiento de las obligaciones
que se predican de la etapa de formación del contrato estatal. En efecto, para la
Sala resulta meridiano que el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993
establece una pena o sanción —que se identifica con el valor por el cual fue
constituida la garantía de seriedad de la propuesta— por la no suscripción del
contrato estatal con el propósito específico presionar al adjudicatario al
cumplimiento de la principal obligación que asume con ocasión de la formulación
del ofrecimiento en un determinado proceso de selección. Es así que la activación
de la garantía de seriedad por el valor afianzado se reporta como la consecuencia
jurídica que el ordenamiento jurídico prevé ante la comisión de la conducta que es
reprochada, al margen de que la entidad contratante efectivamente haya sufrido
perjuicios o éstos sean inferiores al valor de la garantía.
En este particular conviene mencionar que este mismo razonamiento ha sido
expuesto por esta Corporación al estudiar el alcance del numeral 12 del artículo 30
de la Ley 80 de 1993. En efecto, en concepto del 30 de marzo de 2006 la Sala de
Consulta y Servicio Civil planteó que el incumplimiento del oferente adjudicatario
permite a la entidad contratante quedarse con el valor de la garantía de seriedad
del ofrecimiento a título de sanción, lo que releva a la entidad estatal de demostrar
que sufrió perjuicios por cuenta de la conducta antijurídica de aquel. Sobre este
punto, la Corporación se pronunció en el siguiente sentido:
“La norma en cita menciona que el oferente debe constituir un depósito o garantía en
respaldo se su ofrecimiento, indicando que se trata de una suma determinada, cuyo
valor está señalada en el pliego de condiciones, de acuerdo con los montos
establecidos en los reglamentos. La norma ordena que el valor de esta garantía quede
en favor de la entidad licitante, a manera de sanción por el incumplimiento, que como
se dijo consiste en la no suscripción y legalización del contrato, significando que el
legislador, en vez de exigir la prueba de los perjuicios causados a la entidad pública,
estableció un valor único a manera de sanción, de suerte que el licitador no pudiere
entrar a discutir el monto de los perjuicios, pues la administración se queda con la
garantía por el simple hecho del incumplimiento. Agrega la norma, que la
administración puede, ella sí, reclamarle al particular los perjuicios que le causó su
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incumplimiento cuando fueren superiores al valor de la garantía con la que,
lícitamente se quedó.
La función de la compañía de seguros, en este caso es la de pagar el valor asegurado
que debe coincidir con el valor de la garantía o depósito, de manera que basta con el
simple incumplimiento del oferente para que esté obligada al pago del seguro. Se
hace notar que en este caso, por expreso mandato legal y para el derecho público,
se cambia la regla de la demostración del perjuicio por la del pago automático de una
sanción, cuyo valor ha sido preestablecido en los pliegos de condiciones, y que la
aseguradora ha aceptado libremente al suscribir su contrato de seguro”77.
En el mismo sentido, la doctrina autorizada en la materia ha precisado que la
garantía de seriedad de la oferta “[…] se hace efectiva a título de sanción según
dispone el artículo 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad
de la oferta cubre la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento. Es decir,
la entidad pública no tiene que demostrar la causación de perjuicios para hacer
efectiva la respectiva garantía para lo cual basta con que demuestre la ocurrencia
de alguno de los riesgos arriba señalados. Lo anterior constituye una excepción al
principio indemnizatorio, el cual rige en materia de seguros de daños —artículo 1088
del Código de Comercio—. […]”78. En esta misma línea, el doctrinante Narváez
Bonnett se pronunció sobre el alcance de la garantía de seriedad del ofrecimiento
luego de la expedición de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 4828 de 2008, así:
“El amparo se refiere a la seriedad de la oferta y por lo tanto, cubre el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia
y dentro de ellas la firma del contrato, la revocatoria de la propuesta, el pago de
derechos, la constitución de garantía y en general, la observancia de las obligaciones
tendentes a la formalización del contrato, a diferencia de lo que disponía el Decreto
679 de 1994, donde la garantía única se limitaba la falta de firma del contrato.
[…]
Es preciso enfatizar que el carácter de pena de la garantía de seriedad de oferta se
mantiene, de tal forma que su naturaleza continúa siendo sancionatoria y ausente por
completo de carácter resarcitorio o indemnizatorio, pero, como ha quedado expuesto,
su espectro se amplía y de manera expresa a otras hipótesis, aunque, debe
formularse la salvedad que aquella relativa al a falta de otorgamiento de las garantías
exigidas para amparar los riesgos del contrato se entendía comprendida dentro de
este amparo de seriedad de la oferta o la propuesta presentada, por virtud de
exigencia expresa en los pliegos de condiciones y como un prerequisito para la firma
del respectivo contrato”79.
Pese a lo anterior, la Sala no pasa por alto que la lectura integral de la norma a la
que se ha hecho referencia igualmente permite inferir que la efectividad de la
garantía de seriedad del ofrecimiento comporta al mismo tiempo una naturaleza
indemnizatoria, en tanto allí se identifica el valor afianzado con el de los perjuicios
que sufre la entidad contratante con ocasión del incumplimiento del oferente
77 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 30 de marzo de 2006, exp.
1723.
78 PALACIOS SÁNCHEZ, FERNANDO. Seguros Temas Esenciales. Ecoe Ediciones – Universidad
de la Sabana. Cuarta Edición. Bogotá D.C. 2016, Pags. 408 a 409.
79 NARVÁEZ BONNET, JORGE EDUARDO. El Seguro de Cumplimiento De Contratos y
Obligaciones. Grupo Editorial Ibáñez – Pontificia Universidad Javeriana. Colección de Profesores
No. 52. Bogotá D.C. 2011, Pags 313 a 314.
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adjudicatario. En efecto, no de otra forma podría entenderse la última parte de la
disposición normativa varias veces citada, la que abre paso a la posibilidad de iniciar
las acciones legales para el reconocimiento de los perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantía. De este modo, no cabe duda de que tal
precepto no solo permite identificar el valor amparado por la garantía de seriedad
de la oferta con el monto de la sanción que habrá de ser impuesta al oferente que
se sustrajo de su obligación de suscribir el contrato, sino también con el valor de los
perjuicios sufridos por la entidad contratante, lo que le imprime un matiz
indemnizatorio a su activación.
En respaldo del anterior planteamiento cabe indicar que la jurisprudencia de esta
Sección ha precisado que “[l]a no suscripción o firma del contrato implica [con base
en el numeral 12 del artículo 30 y el 31 de la ley 80 de 1993] el deber de indemnizar
los perjuicios que haya podido padecer la entidad estatal, cuya cobertura se hace
efectiva, en principio, por medio de la garantía de seriedad tomada por el contratista
con la propuesta presentada […] y en caso de superarse la misma podrá exigirse
por acción judicial el mayor valor causado”80. En el mismo sentido, la Sala de
Consulta y Servicio Civil planteó en concepto del 3 de marzo de 1999 lo siguiente:
“La no suscripción del contrato estatal hace surgir una responsabilidad de los
proponentes frente a la entidad pública, que se traduce en la indemnización de los
perjuicios sufridos por ésta, que pueden consistir, por ejemplo, en el valor de los
estudios realizados para la licitación o concurso (análisis de la necesidad de los
bienes a adquirir o de la factibilidad de la obra o servicio requerido por la entidad,
pago de consultores o asesores, etc.), el costo de elaboración de los pliegos de
condiciones o términos de referencia, la publicidad y los costos del proceso licitatorio,
el mayor valor de los elementos o de la obra por la inflación o la pérdida de
oportunidad en las importaciones de bienes y servicios, dado el transcurso de tiempo
que necesariamente se presenta por la no firma oportuna del contrato, etc.
Este resarcimiento de perjuicios se hace efectivo por la entidad estatal, en primer
término, con la solicitud del valor del depósito o la reclamación de la indemnización
de la póliza de seguro de cumplimiento que constituía la garantía de la seriedad de la
propuesta, la cual no puede ser inferior al 10% del valor de la propuesta o del
presupuesto oficial estimado, de acuerdo con el parágrafo del artículo 16 del decreto
679 de 1994, y en segundo lugar, si el perjuicio sobrepasa tal garantía, con el ejercicio
de la acción judicial pertinente para exigir el mayor valor”81.
Es claro entonces que la efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento ha
sido concebida en el ordenamiento jurídico colombiano de manera polifuncional,
porque junto con su carácter sancionatorio converge al mismo tiempo una finalidad
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 18 de marzo de 2015, exp. 31618. En este mismo sentido, la Corte Constitucional
asignó a la garantía de seriedad de la oferta una naturaleza indemnizatoria al fijar que su objeto
consiste en “[…] en asegurar la suscripción del contrato estatal de que se trate luego de que la
entidad contratante ha adelantado un proceso de selección dispendioso y oneroso, así como la
reparación de los daños que cause el adjudicatario que se sustraiga a la obligación de suscribir el
contrato. Desde esta perspectiva, puede asegurarse que, de manera general, y como lo ha
manifestado la Corte en anterior oportunidad, las garantías establecidas en el régimen de
contratación estatal, se fundan en "el deber de preservar los derechos que para las entidades
públicas emergen con motivo de las operaciones contractuales, que se vinculan necesariamente con
la defensa del patrimonio público". Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-452 del 10 de junio
de 1999, Expediente D-2276.
81 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 1999, exp. 1172.
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indemnizatoria. Aun cuando la Sala reconoce que los conceptos de sanción y de
indemnización de perjuicios podrían llegar a ser antagónicos82, no pasa por alto que
el Legislador le impregnó esa naturaleza dual ante el incumplimiento de la obligación
de suscribir el contrato estatal, lo que impide circunscribir su efectividad con un
único propósito. En el anterior orden, visto desde la perspectiva del oferente
adjudicatario el valor de la garantía de seriedad de la oferta constituye la sanción
que debe asumir con ocasión de la comisión de la conducta punible que se concreta
en la desatención de las obligaciones que emergen en la etapa de formación del
contrato estatal, al tiempo que desde la perspectiva de la entidad contratante
constituye la estimación anticipada de los perjuicios que aquella sufre por cuenta
del incumplimiento en que incurre el oferente al no suscribir el contrato estatal pese
a haberle sido adjudicado.
En definitiva, la garantía de seriedad de la oferta constituye una institución cardinal
dentro del régimen de contratación estatal colombiano, en la medida en que
materializa los principios de responsabilidad, buena fe y seguridad jurídica que
orientan la etapa precontractual. Su exigencia no responde únicamente a la
necesidad de asegurar la formalización del contrato estatal, sino también a la
protección efectiva del interés general y del patrimonio público frente a
comportamientos que comprometan la confianza legítima depositada por la
administración en los oferentes que participan en el procedimiento de selección.
Desde esta perspectiva, resulta claro que la configuración normativa de esta
garantía revela una naturaleza compleja y concurrente, pues, junto con su evidente
dimensión sancionatoria, dirigida a reprochar el incumplimiento injustificado del
adjudicatario, converge igualmente una finalidad resarcitoria orientada a
compensar, al menos de manera anticipada, los perjuicios ocasionados a la entidad
estatal. Tal dualidad funcional no resulta contradictoria, sino que responde a la
especial lógica del derecho administrativo sancionador y de la contratación pública,
ámbitos en los cuales la legislación ha procurado fortalecer los mecanismos de
protección del interés colectivo mediante instrumentos que, de manera simultánea,
desincentiven conductas contrarias a la seriedad de las ofertas y preserven la
estabilidad y eficacia de la actividad contractual del Estado.
En consecuencia, reducir la efectividad de la garantía de seriedad a una concepción
exclusivamente sancionatoria o estrictamente indemnizatoria implicaría desconocer
el diseño integral previsto por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, su
entendimiento debe partir de reconocer que constituye un mecanismo destinado a
proteger la regularidad y credibilidad del procedimiento de selección, asegurando
que la contratación estatal se desarrolle bajo parámetros de confianza,
transparencia y estabilidad, en armonía con los principios que orientan la función
administrativa.
4.2.2. La gestión que debe ser adelantada para hacer efectiva la garantía de
seriedad de la oferta
82 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 18 de diciembre de
2009, Exp. 68001 3103 001 2001 00389 01.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
Establecido, como está, que la garantía de seriedad del ofrecimiento cumple una
finalidad polifuncional —sancionatoria e indemnizatoria—, la Sala debe ocuparse de
precisar la forma en que debe aquella hacerse efectiva ante el incumplimiento de la
obligación de suscribir el contrato estatal. Con este propósito, es pertinente señalar
que artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece que “[e]l acaecimiento del siniestro
que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo
asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare”. Por
su parte, en consonancia con ello, el artículo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015
prevé que las garantías exigidas en la contratación estatal se hacen efectivas
mediante la expedición de un acto administrativo debidamente motivado.
En estos términos, para la Sala no ofrece duda el hecho de que la garantía de seriedad
de la oferta debe hacerse efectiva mediante la expedición de un acto administrativo
que califique como injustificado el incumplimiento de la obligación de suscribir el
contrato estatal, sin que el ordenamiento jurídico exija para ello el agotamiento de un
procedimiento administrativo específico. Sin embargo, no puede perderse de vista que
la efectividad de esta garantía reviste una connotación sancionatoria frente al oferente
adjudicatario, así como tampoco que el debido proceso ocupa un lugar central dentro
del derecho administrativo sancionador, en consideración a las eventuales
afectaciones que pueden derivarse de la imposición de una sanción contractual83.
Precisamente por ello el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 prevé el debido proceso
como principio rector de las actuaciones sancionatorias en materia contractual, ámbito
dentro del cual, sin lugar a duda, deben comprenderse también aquellas actuaciones
que se desarrollan durante la etapa de formación del negocio jurídico estatal.
Sobre este punto, conviene recordar que la jurisprudencia de esta Sección ha
precisado que la primera parte del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 —que consagra
el debido proceso como principio rector en materia sancionatoria contractual— no se
circunscribe exclusivamente a la imposición de multas y a la efectividad de la cláusula
penal, pese a ser las sanciones expresamente reguladas en dicha disposición. Por el
contrario, su alcance se extiende a todas las actuaciones administrativas de naturaleza
sancionatoria en materia contractual, dentro de las cuales se encuentran, entre otras,
“[…]la declaración de caducidad, […] la declaración de que un oferente se niega a
suscribir el contrato estatal adjudicado, entre otras decisiones de similar naturaleza
sancionadora”84.
En el anterior sentido, aun cuando la Ley no establezca un procedimiento
administrativo que deba ser surtido para efectos de activar la garantía de seriedad del
ofrecimiento ante el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato estatal, ello
no significa que la sanción que tal decisión comporta pueda ser impuesta de plano o,
lo que es lo mismo, sin que previamente se adelante un procedimiento administrativo
en el que se respeten las garantías del debido proceso. La necesidad de agotar un
procedimiento administrativo previo en este particular cobra aún mayor relevancia si
se tiene en cuenta que, en los términos del literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la
Ley 80 de 1993, el incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el
contrato estatal también comporta para el oferente adjudicatario una inhabilidad
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Susbección A,
sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 53479.
84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 16367.
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para participar en procesos de selección y para suscribir contratos por el término de
5 años, contados desde el vencimiento del plazo dispuesto para el efecto85.
De este modo, la efectividad de la garantía de seriedad del ofrecimiento debe estar
precedida de un procedimiento sumario que respete el derecho al debido proceso del
oferente adjudicatario, lo que se traduce en el adelantamiento de un trámite
administrativo en el que se reconozcan, como mínimo, las siguientes garantías: (i) ser
escuchado antes de que la entidad adopte una decisión definitiva; (ii) participar de
manera efectiva en el procedimiento desde su inicio hasta su culminación; (iii) tener
la oportunidad de presentar, solicitar y controvertir pruebas; (iv) obtener decisiones
debidamente motivadas por parte del funcionario competente; (v) recibir
notificaciones oportunas y practicadas según los requisitos legales; (vi) acceder a
la información y documentación relacionada con la actuación; (vii) recibir asesoría
jurídica; y (viii) interponer los recursos y demás mecanismos de defensa
procedentes en contra de las decisiones administrativas que se profieran en su
contra86.
En las circunstancias antes anotadas, el procedimiento administrativo previsto en el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no resulta aplicable para efectos de hacer efectiva
la garantía de seriedad de la oferta, aun cuando dicha actuación comporte una
finalidad sancionatoria derivada del incumplimiento de la obligación de suscribir el
contrato estatal. Si bien el aparte central de la disposición en comento establece que
las entidades estatales deben observar el procedimiento allí regulado para declarar el
85 Recuérdese que el inciso segundo del literal i) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993
establece que la inhabilidad que deviene de la no suscripción del contrato estatal sin justa causa es
de 5 años contados desde la expiración del plazo para firmarlo. De ahí que la jurisprudencia haya
considerado que es una inhabilidad que opera de pleno derecho: “Ahora bien, alegó la parte apelante
que la inhabilidad no se configuró por cuanto no fue declarada de manera expresa por el
Departamento Administrativo del Medio Ambiente; argumento que no puede ser de recibo, toda vez
que de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de
1993, la nulidad a la que se refiere el literal e) no requiere declaración expresa. […] En concordancia
con lo anterior, es posible concluir que en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala la
declaratoria de la inhabilidad no se requería para entender configurada su existencia, toda vez que
dicha exigencia no se encuentra consagrada en la norma, por tanto bastaba el hecho de que la
sociedad no hubiera suscrito el contrato, aunado a la falta de causa justificativa para ello, la cual
debía ser calificada por la entidad que lo adjudicó, en este caso, por el Departamento Administrativo
del Medio Ambiente, que, como viene de verse, en efecto lo hizo a través de las consideraciones
que expuso en las resoluciones 1889 de 1999 y 0872 de 2000, como fundamento para hacer efectiva
la garantía de seriedad de la oferta, lo cual, como antes se explicó, de suyo suponía que a juicio de
dicha entidad, no había mediado una justa causa para la no celebración del contrato”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de
marzo de 2015, exp. 28752.
86 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 18 de marzo de 2015, exp 31618. “[…] En fin, se trata de una suma no taxativa de
elementos que, como lo anotábamos, buscan en su interrelación obtener una actuación
administrativa coherente con las necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales en
juego, proporcionando las garantías que sean necesarias para la protección de los derechos
fundamentales dentro de la relación procesal, en procura de decisiones verdaderamente justas y
materiales. En otras palabras, se busca equilibrio permanente en las relaciones urgidas del proceso
y procedimiento administrativo, frente al derecho sustancial y a los derechos fundamentales de las
personas y la comunidad en general. Esta concepción formal e igualmente material de ofrecimiento
de garantías de manera amplia, donde se crea una especie de carga garantística para la
administración frente a los sujetos involucrados en toda actuación administrativa, se observa en el
derecho colombiano en la relación normativa conformada por los artículos 29 constitucional y 35
inciso 1º del CCA”.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
incumplimiento, sin aludir expresamente a supuestos vinculados con la etapa de
ejecución contractual, una interpretación integral de la norma permite concluir que
dicho trámite fue concebido exclusivamente para la imposición de multas
contractuales, así como para la declaratoria de incumplimiento contractual con miras
a hacer efectiva la cláusula penal y la declaratoria de caducidad del contrato estatal.
Así lo evidencia el hecho de que el inicio del procedimiento administrativo esté
condicionado a la verificación del incumplimiento del contratista soportado en informes
de interventoría o supervisión, figuras propias de la fase de ejecución del contrato
estatal y, por ende, ajenas a la etapa precontractual en la que se enmarca la
efectividad de la garantía de seriedad de la oferta.
De este modo, extender la aplicación del citado procedimiento a escenarios propios
de la etapa precontractual implicaría desnaturalizar el ámbito material de aplicación
de la disposición, así como desconocer las diferencias sustanciales existentes entre
el incumplimiento contractual que se presenta durante la ejecución del negocio
jurídico estatal y el incumplimiento de los deberes que surgen para el adjudicatario
desde el momento mismo de la adjudicación. En el presente asunto, la obligación
incumplida no deriva de un contrato estatal perfeccionado y en ejecución, sino de
los compromisos asumidos por el oferente dentro del procedimiento de selección y
de los efectos vinculantes que produce el acto administrativo de adjudicación, de
modo que para activar la garantía de seriedad de la oferta no resulta admisible
acudir a un procedimiento reservado para determinados eventos que se predican
de la ejecución del contrato estatal.
Tampoco resulta procedente acudir al procedimiento administrativo general ni al
procedimiento administrativo sancionatorio que están regulados en la primera parte
del CPACA, en tanto las normas que reglamentan la efectividad de las garantías
contractuales no contemplan la necesidad de agotar un procedimiento administrativo
previo, ni mucho menos la necesidad de remitirse a dicha codificación para efectos de
adelantar alguno de los procedimientos administrativos allí reglados. En este contexto,
el respeto del debido proceso no necesariamente se identifica con el adelantamiento
de alguno de los procedimientos administrativos regulados en la primera parte del
CPACA, pues además ello resultaría desproporcionado e innecesario frente al objeto
específico de lo que debe ser resuelto para efectos de hacer efectiva la garantía, lo
cual se concreta en el análisis de la circunstancia que frustró el perfeccionamiento del
contrato estatal con el objeto de determinar si constituye un evento legítimo y
suficiente que justifique el incumplimiento del deber de comparecer a la celebración
del negocio jurídico estatal.
En este particular es preciso resaltar que esta Sala de Decisión no desconoce que el
artículo 47 del CPACA establece que los procedimientos administrativos de carácter
sancionatorio no regulados por leyes especiales se sujetarán a la disposiciones
contenidas en la primera parte de esa codificación, esto es, las relativas al
procedimiento administrativo general —artículos 34 y siguientes del CPACA— y al
procedimiento administrativo sancionatorio general —artículos 47 y siguientes del
CPACA—. Con todo, esta Subsección estima que el desarrollo de tales
procedimientos en este particular resulta innecesario en la medida en que están
dotados de un ritualismo que resulta incompatible no solo con la agilidad y eficacia
con la que deben adelantarse las actuaciones contractuales, sino también con el
objeto específico de lo que debe ser resuelto para efectos de hacer efectiva la garantía.
Al respecto, no debe perderse de vista que en materia contractual las garantías del
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debido proceso deben ser matizadas de cara a la finalidad de la actuación
administrativa87.
Vistas así las cosas, la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, en cuanto
reviste naturaleza sancionatoria, exige que la entidad estatal adelante un
procedimiento administrativo previo. Sin embargo, dicho trámite no necesariamente
debe corresponder a los procedimientos previstos en la primera parte del CPACA ni
al regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El procedimiento administrativo
sumario que debe ser adelantado debe respetar las garantías que se predican del
derecho al debido proceso del oferente adjudicatario, entre ellas, aquellas que se
concretan en los derechos a ser escuchado dentro del procedimiento administrativo
y a obtener decisiones debidamente motivadas por parte del funcionario
competente, lo que justamente reprocha la parte accionante de cara a la actuación
administrativa que adelantó el INVÍAS al momento de hacer efectiva la garantía de
seriedad de su oferta. De ahí que el estudio que en lo sucesivo abordará la Sala
estará encaminado a analizar los reproches planteados por el demandante de cara
al procedimiento administrativo adelantado por la entidad accionada.
4.2.3. La violación al debido proceso alegada por la parte accionante
En el proceso quedó demostrado que el INVÍAS adelantó el proceso de selección
abreviada de menor cuantía No. SA-MC-DO-SMF-012-2017, el cual tuvo por objeto
contratar el mantenimiento, administración, organización y operación del muelle La
Esmeralda, ubicado en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo.
También quedó demostrado que el señor Velandia Medina presentó una propuesta
para prestar los servicios requeridos por la entidad demandada, la cual resultó
seleccionada por el INVÍAS al considerar que ofreció las condiciones más favorables
para satisfacer la necesidad que motivó la apertura del procedimiento de selección.
Así pues, una vez notificado el acto administrativo de adjudicación, el señor
Velandia Medina quedó obligado a radicar la documentación requerida para el
perfeccionamiento del contrato estatal dentro de los 3 días siguientes, así como a
comparecer a su suscripción una vez cumplido dicho requisito, conforme con lo
previsto en el pliego de condiciones. No obstante lo anterior, en lugar de atender
dichas obligaciones, el señor Velandia Medina informó al INVÍAS que no contaba
con garantías para la ejecución del contrato, al considerar que había sido víctima
de una persecución por parte de funcionarios de la entidad, quienes, según afirmó,
habrían llegado incluso a suplantar a una persona con el fin de realizar imputaciones
injuriosas y calumniosas en su contra, lo que, en su criterio, claramente constituía
un evento de fuerza mayor que le impedía comparecer al perfeccionamiento del
contrato estatal.
Pese a lo expuesto en los anteriores términos, el INVÍAS requirió al oferente
adjudicatario para que presentara la documentación necesaria para el
perfeccionamiento del negocio jurídico estatal. Así lo acredita los actos
administrativos que obran en el expediente, los que evidencian que la entidad
accionada requirió el oferente adjudicatario para que allegara la documentación
necesaria para la suscripción del contrato mediante correos electrónicos del 8, 9 y
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de
marzo de 2010, exp. 18394.
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10 de agosto de 2017, así como también por medio de oficio del 10 de agosto de
2017. No obstante, el señor Velandia Medina se abstuvo de radicar la
documentación necesaria para el efecto, lo que, en criterio del INVÍAS, daba cuenta
de su negativa a comparecer al perfeccionamiento del contrato estatal.
Fue así como la entidad expidió la Resolución No. 06969 del 12 de septiembre de
2017, por medio de la cual (i) revocó el acto administrativo de adjudicación
contenido en la Resolución No. 5450 del 21 de julio de 2017, y (ii) adjudicó el
contrato estatal a Juan Camilo Silva Rodríguez, quien era el oferente que quedó
ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad. En este particular la Sala
destaca que la validez de la Resolución No. 06969 del 12 de septiembre de 2017
no fue cuestionada en el libelo genitor, por lo que el estudio de legalidad que en esta
oportunidad abordará la Sala no comprenderá el análisis del acto administrativo al
que se hace mención, al margen de que deba ser referido en este recuento para
efectos del correcto entendimiento del caso objeto de estudio.
Ahora bien, con ocasión de la revocatoria del acto administrativo de adjudicación, el
jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, en ejercicio de las funciones
delegadas por el director general mediante la Resolución No. 07017 del 13 de
septiembre de 2017, inició un procedimiento administrativo para verificar las razones
que motivaron el incumplimiento del señor Velandia Medina, así como también para
analizar (i) la posible ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de seguro que
respaldó la seriedad del ofrecimiento que el demandante presentó en el marco del
proceso de selección; y (ii) la declaratoria de inhabilidad del señor Velandia Medina
para contratar con el Estado. En este sentido, consta en el expediente que,
mediante oficio No. OAJ111142 del 20 de octubre de 2017, el INVÍAS citó al señor
Velandia Medina y a la compañía aseguradora que amparó su propuesta a una
audiencia, con el fin de debatir el incumplimiento y la eventual configuración del
siniestro cubierto por la póliza de seguro No. 1863907-1. En dicha comunicación, la
entidad precisó los supuestos fácticos y jurídicos que sustentaban el inicio de la
actuación administrativa, así como las posibles consecuencias jurídicas derivadas
de la conducta atribuida al hoy demandante.
Está probado que el 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la audiencia convocada
por la entidad accionada, sin la comparecencia del hoy demandante ni la de su
apoderado. Ante esta circunstancia, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica dejó
expresa constancia de que el señor Velandia Medina “[…] fue requerido para asistir
a esta audiencia […] citándolo para el efecto, pero por las comunicaciones y por lo
registrado simplemente vamos a indicar que se dejará y se incorporará en el
expediente administrativo sancionatorio tres oficios que por diferentes vías se le
enviaron para la citación, a través de entrega con un funcionario de la entidad
personalmente, a través de SERVIENTREGA y a través de 472 con la guía
respectiva, reitero, esta documentación hace parte del expediente administrativo
sancionatorio. No obstante, por información allegada a esta dependencia, nos han
indicado que el ingeniero Auli Fernando Velandia Medina se encuentra fuera del
país y no reporta forma de comunicación alguna”.
Así pues, la audiencia convocada para el 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo con
la comparecencia del apoderado de la compañía aseguradora que expidió la póliza
de seguros No. 1863907-1, quien, en defensa de su representada, se limitó a
solicitar al INVÍAS verificar si existía alguna obligación a favor del señor Velandia
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Medina, para efectos compensar eventuales obligaciones recíprocas en caso de
que hubiere lugar a ello. En tal sentido, la compañía aseguradora no formuló
argumentos dirigidos a justificar el incumplimiento en que incurrió el hoy
demandante, sino que se limitó a solicitar la compensación de las obligaciones
recíprocas que existieran entre el INVÍAS y el señor Velandia Medina, ante la
sanción que pudiera imponerse por cuenta de la no suscripción del contrato estatal.
De ahí que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica adelantara las gestiones internas
para verificar la existencia de obligaciones a favor de Auli Fernando Velandia
Medina, a partir de lo cual el coordinador del Grupo de Tesorería del INVÍAS certificó
que no existían obligaciones en favor de aquel.
Ahora, la audiencia fue suspendida y reiniciada el 2 de noviembre de 2017, sin que
el señor Velandia Medina o su apoderado comparecieran en ningún momento. Una
vez reanudada la diligencia, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica se limitó a leer
parte del contenido de la Resolución No. 08517 del 2 de noviembre de 2017, por
medio de la cual (i) declaró la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de
seguro No. 1863907-1 expedida por Seguros Generales Suramericana S.A., la cual
fue presentada junto con la propuesta del señor Velandia Medina para garantizar la
seriedad de su ofrecimiento; (ii) hizo efectiva la póliza de seguro No. 1863907-1
expedida por la referida compañía aseguradora; y (iii) declaró la inhabilidad del
señor Velandia Medina para participar en procesos de selección y celebrar contratos
estatales por el término de 5 años.
Consta en el expediente que el señor Velandia Medina interpuso recurso de
reposición contra la Resolución No. 08517 del 2 de noviembre de 2017, el cual fue
resuelto mediante la Resolución No. 01817 del 28 de marzo de 2018 en el sentido
de confirmar en su integridad el acto administrativo impugnado. Al efecto, vale la
pena recordar que los reparos formulados contra el acto administrativo impugnado
se centraron en el cuestionamiento de varios de los aspectos procedimentales y
sustanciales sobre los cuales giró lo decidido por la entidad. En el anterior orden, el
jefe de la Oficina Asesora Jurídica abordó el análisis de cada uno de los reparos
formulados por el señor Velandia Medina de cara a las normas que regulan el
perfeccionamiento del contrato estatal, así como también a los pronunciamientos
judiciales que en la materia ha realizado esta Corporación, y a partir de ello concluyó
que lo decidido se ajustó al ordenamiento jurídico superior.
Al respecto, es del caso agregar que el recurso de reposición impetrado por el hoy
demandante fue resuelto en el marco de una audiencia que fue llevada a cabo el 28
de marzo de 2018, cuyo registro de audio y video reposa en el expediente. Así pues,
una vez analizado el contenido de esta prueba documental a la que se ha hecho
referencia, la Sala advirtió que durante el desarrollo de la diligencia convocada por
el INVÍAS (i) se hizo presente el apoderado del hoy demandante, así como también
el apoderado de la compañía aseguradora, quien, tal y como fue referido en el libelo
genitor, compareció vía medios tecnológicos; (ii) el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica se limitó a leer parte del contenido del acto administrativo que resolvió el
recurso de reposición presentado por el hoy demandante; y (iii) el acto
administrativo fue notificado en estrados tanto al apoderado del señor Velandia
Medina, como al apoderado de la compañía aseguradora, sin que ninguno de ellos
presentara solicitud alguna.
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En este último punto, conviene recordar que, si bien el demandante allegó al
proceso varias grabaciones de voz con el propósito de acreditar que a su apoderado
no se le habría permitido presentar una solicitud de aclaración frente a la Resolución
No. 01817 del 28 de marzo de 2018, dichas pruebas fueron excluidas del debate
probatorio por resultar lesivas del derecho a la intimidad de los funcionarios del
INVÍAS. En efecto, el material aportado corresponde a una conversación sostenida
por fuera de la audiencia formalmente convocada, en un espacio de carácter semi-
privado en el cual resultan plenamente aplicables las garantías del derecho
fundamental a la intimidad de los servidores públicos involucrados. A este respecto,
resulta pertinente reiterar que los funcionarios públicos, aun en ejercicio de sus
funciones, conservan un ámbito de protección de sus comunicaciones, el cual los
ampara frente a injerencias indebidas, incluso cuando estas se producen en
contextos vinculados con el desarrollo de actividades institucionales.
Vistas así las cosas, de cara a las circunstancias que han sido anotadas, la Sala
advierte que el INVÍAS adelantó un procedimiento administrativo previo a la adopción
de los actos administrativos demandados, en el que se respetaron las garantías del
debido proceso. A diferencia de lo planteado en el libelo introductorio, el procedimiento
administrativo adelantado por el INVÍAS no correspondió al reglado en el artículo 86
de la Ley 1474 de 2011, sino a una actuación administrativa sumaria que se adelantó
con el objetivo de que el oferente Velandia Medina expresara las razones por las
cuales no compareció a la firma del contrato estatal y presentara las pruebas que
estimara pertinentes para respaldar su defensa. En efecto, así lo demuestran los actos
administrativos demandados, cuyo contenido evidencia que el INVÍAS adelantó un
procedimiento administrativo sumario antes de calificar el incumplimiento del oferente
adjudicatario como injustificado, sin que en ningún aparte de los actos se refiriera al
procedimiento administrativo reglado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
De hecho, la entidad demandada aclaró la naturaleza del procedimiento administrativo
tramitado al expedir la Resolución No. 01817 del 28 de marzo de 2018, por medio
de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el hoy demandante contra
el acto administrativo en el que hizo efectiva la garantía de seriedad que respaldó
su ofrecimiento y que declaró su inhabilidad para participar en procesos de
selección y celebrar contratos con el Estado. En efecto, allí precisó que, ante el
incumplimiento del oferente adjudicatario, adelantó un procedimiento administrativo
al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política para garantizar
su derecho al debido proceso, según se aprecia a continuación:
“[…] el incumplimiento de la obligación de mantener la oferta por el licitador se define
por la administración mediante un acto administrativo, el cual es constitutivo del
siniestro de incumplimiento de la misma, es así que esta Oficina Asesora Jurídica, si
bien emitió el acto administrativo por el cual se declaró la ocurrencia del siniestro de
seriedad de la oferta y, en consecuencia, la inhabilidad establecida en el literal e) del
numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993; no solo se limitó a la expedición de un
mero acto administrativo, sino que, amparada en los postulados del artículo 29 de la
Constitución Política buscó garantizar el derecho al debido proceso tanto del oferente
como de la compañía garante a presentar pruebas y a controvertir las que se
allegaron en su contra, a impugnar y en general a realizar las manifestaciones que
consideraran necesarias para su defensa”.
Al margen de lo anterior, aun en el hipotético escenario de que estuviera
demostrado que el INVÍAS adelantó un procedimiento administrativo distinto, lo
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cierto es que esa sola circunstancia no habría tenido la virtualidad de provocar la
anulación de los actos demandados. Al respecto, es del caso señalar que la
jurisprudencia de esta Corporación88 ha precisado que no toda irregularidad en el
trámite de una actuación administrativa comporta por sí sola la ilegalidad del acto
administrativo que le pone fin al mismo. En tal entendido, esta Sección ha indicado
que “[…] [l]as irregularidades que generan la nulidad son aquellas que inciden en la
decisión porque tienen la potencialidad de cambiarla o aquellas que disminuyen,
cercenan o coartan el ejercicio de las garantías fundamentales de quien pueda
resultar afectado con la decisión. De esta manera, en virtud del carácter instrumental
de las formas o de los procedimientos -principio constitucional de instrumentalidad
de las formas, que da prevalencia a lo sustancial (art. 228 CP)- las irregularidades
formales deben examinarse no por un valor intrínseco, como si se tratara de ritos,
sino por el efecto concreto que acarrea dicha irregularidad”89.
Traídas las anteriores consideraciones al caso concreto, la Sala advierte que si lo
pretendido era para probar la ilegalidad de los actos administrativos impugnados a
partir del hecho de haberse adelantado un procedimiento administrativo errado, la
parte accionante no solo tenía la carga de demostrar la irregularidad aludida, sino
también debía acreditar que el procedimiento administrativo adelantado coartó o
cercenó las garantías que se predican de su derecho al debido proceso, o si se
quiere, las consecuencias adversas que el adelantamiento de un trámite errado tuvo
de cara a sus garantías. De ahí que en el caso particular no haya lugar a predicar
la vulneración del derecho al debido proceso aun en el escenario de que se hubiera
demostrado la utilización de un procedimiento administrativo equivocado, en tanto
la parte accionante ni siquiera precisó cuáles habrían sido las consecuencias
concretas que tal irregularidad pudo generar en relación con sus garantías, sino que
se limitó a sostener que tal circunstancia revelaba que el INVÍAS acudió a un marco
jurídico inaplicable, lo que, como ya se vio, resulta insuficiente para alegar la
invalidez de los actos demandados.
En el mismo sentido, tampoco puede predicarse vulneración del derecho al debido
proceso a partir del hecho de que el demandante y su apoderado no hubieran
comparecido a las sesiones en las que se agotó el objeto de la audiencia convocada
para estudiar el alcance del incumplimiento atribuido al señor Velandia Medina y las
posibles consecuencias de ese incumplimiento. Sobre el particular, basta señalar
que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de que el INVÍAS convocó al
señor Velandia Medina mediante tres citaciones distintas, sin que en ningún
momento este hubiera manifestado no haber recibido tales comunicaciones, ni
solicitado autorización para asistir virtualmente a la diligencia. De este modo, mal
podría considerarse que su inasistencia a la diligencia convocada sea imputable a
la entidad demandada, en la medida en que está visto que aquella satisfizo su carga
en el sentido de citarlo para que participara desde el inicio del procedimiento
88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de mayo de 2019, exp. 48377. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de abril de 2022, exp.
49561. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de abril de 2025, exp. 71268.
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de abril de 2025, exp. 71268.
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administrativo con el objeto de exponer las razones de su defensa y presentar las
pruebas que estimara pertinentes90.
Tampoco podría considerarse que se desconoció su derecho al debido proceso por
el hecho de que al demandante no se le hubiere nombrado defensor de oficio en el
curso del procedimiento administrativo. Por más de que este argumento no hubiere
sido invocado en el libelo genitor —lo que resulta suficiente para desestimarlo—, en
esta oportunidad resulta imperioso recordar lo ya dicho antes en el sentido de que
en materia sancionatoria contractual el derecho al debido proceso exige el respeto
de varias garantías que, a grandes rasgos, apuntan a la necesidad de asegurar la
participación efectiva del administrado antes de que se adopte la decisión definitiva.
Entre estas garantías destaca aquella conforme a la cual al administrado debe
permitírsele exponer sus razones de defensa frente a las imputaciones formuladas
en su contra. No obstante, el debido proceso en materia sancionatoria contractual
no contempla, como una de sus garantías, la designación de un defensor de oficio,
en atención a la agilidad y eficiencia con que deben desarrollarse las actuaciones
propias de la actividad contractual del Estado.
De hecho, la misma parte accionante reconoce lo anterior al solicitar la aplicación
analógica de las normas que en materia penal y disciplinaria establecen la
obligación de nombrar un defensor o abogado de oficio ante la inasistencia del
sujeto investigado. Con todo, aun de admitir la aplicación de las previsiones legales
que en materia disciplinaria regulan la figura del abogado de oficio —al ser las más
cercanas al procedimiento administrativo sancionatorio—, la Sala advierte que no
habría lugar a considerar la violación del derecho al debido proceso del
demandante. Al punto, es del caso señalar —tal como lo ha considerado la
jurisprudencia de esta Corporación91 con fundamento en el artículo 17 de la Ley 734
de 2002, vigente para la época en que se adelantó el procedimiento de selección—
que la designación de abogado de oficio en la actuación disciplinaria procede
únicamente en dos supuestos, a saber: (i) cuando el disciplinado lo solicite
expresamente, y (ii) cuando el sujeto disciplinable sea declarado persona ausente,
supuesto a partir del cual el demandante solicita la aplicación analógica de la figura
del defensor de oficio al caso concreto.
Dicho esto, cabe advertir que esta Corporación ha precisado el alcance del concepto
de persona ausente92, señalando que este no puede entenderse en sentido literal
ni configurarse automáticamente por la sola inasistencia del interesado a la
actuación administrativa. En tal sentido, se ha explicado que en materia disciplinaria
90 En este punto, la Sala advierte que la parte actora no controvirtió la forma en que fue convocada
a la audiencia, ni alegó haber dejado de recibir la respectiva citación. Su reproche se centró en que
no se le hubiera permitido asistir a la diligencia mediante medios tecnológicos, posibilidad que —
según afirma— sí se otorgó al apoderado de la compañía aseguradora que respaldó la seriedad su
oferta, en el marco de otra de las actuaciones adelantadas dentro del mismo procedimiento
administrativo. Sin embargo, la Sala precisa que en el expediente no obra prueba alguna que acredite
que el señor Velandia Medina hubiere solicitado comparecer de manera virtual a la audiencia
correspondiente. En consecuencia, no es posible concluir que haya sido objeto de un trato
discriminatorio, como lo predica a partir de la circunstancia de que al apoderado de la aseguradora
sí se le hubiere permitido intervenir por medios tecnológicos en otra diligencia dentro del mismo
trámite administrativo.
91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 9 de julio de 2020, exp. 2425-16.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 2 de julio de 2020, exp. 2008-18.
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Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
este concepto se concreta en la imposibilidad de notificar personalmente el pliego
de cargos o el auto de citación a audiencia, circunstancias que, trasladadas al caso
concreto, no permitirían concluir que el señor Velandia Medina hubiera sido juzgado
en condición de persona ausente. En efecto, como ya fue referido antes, el hoy
demandante fue citado en varias ocasiones a la audiencia en la que se discutió la
posible ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de seriedad de la oferta, sin
que en este proceso judicial cuestionara esas citaciones o manifestara no haberlas
recibido. De ahí que, al haber conocido de la convocatoria a la diligencia en la que
sería estudiado su incumplimiento, no sea de recibo tenerlo como una persona
ausente respecto de la cual habría de designarse un abogado de oficio.
De otro lado, la Sala debe advertir que en el expediente está demostrado que, al
interior del procedimiento administrativo, la entidad desvirtuó los argumentos a partir
de los cuales el señor Velandia Medina pretendió justificar su conducta omisiva al
sustraerse de su obligación de comparecer al perfeccionamiento del contrato
estatal. De ello da cuenta el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición
que el hoy demandante interpuso contra aquel que hizo efectiva la garantía de
seriedad que respaldó su propuesta y que lo inhabilitó para participar en procesos
de selección y para contratar con el Estado. En efecto, allí se ocupó de desvirtuar
que el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato estatal hubiere
obedecido a un evento constitutivo de fuerza mayor, según se aprecia a
continuación:
“[…] De manera previa al análisis del argumento del recurrente respecto al
acaecimiento de un hecho que pueda configurarse como fuerza mayor, conviene
analizar lo que dispone el Estatuto General de Contratación en cuanto a la no
suscripción del contrato […]. Ahora bien, si analizamos los argumentos del apoderado
a la luz de lo preceptuado por la Corte para la concreción del fenómeno de fuerza
mayor al caso particular, debemos proceder a verificar la aplicabilidad de cada uno
de los requisitos; para ello, en primera instancia, se habla de la imprevisibilidad como
aquel acontecimiento que no podía contemplarse su ocurrencia de manera
anticipada, ante lo cual se podría afirmar que efectivamente la comunicación radicada
por el señor Carlos Andrés Sánchez Hidalgo ante el Instituto Nacional de Vías –
INVÍAS con el número 185574 del 24 de julio de 2017 no era fácilmente previsible por
el ingeniero Velandia Medina, escapando ésta de la esfera de su dominio.
Por otra parte, refiriéndonos a la irresistibilidad, quien en esta oportunidad alega la
fuerza mayor como eximente de responsabilidad debe probar, aparte de que no pudo
evitar la ocurrencia del hecho, que fue para él imposible superar sus consecuencias.
Es así, que al observar la comunicación a la que en distintas oportunidades ha hecho
referencia el apoderado del ingeniero Auli Fernando Velandia Medina, sin llegar a
realizar una valoración de su contenido por no ser competencia de esta dependencia,
más aun cuando la misma es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General
de la Nación, se observa en uno de sus apartados la siguiente afirmación
“Lo anterior solamente demuestra una cosa y es que el señor Velandia
cumple con todos los requisitos por lo cual le fue adjudicado el proceso en
comento y tiene el INVÍAS la obligación de suscribir el contrato con el señor
Velandia (sic), pero este ultimo no quiere firmar el contrato y está buscando
todas las salidas posibles para no firmarlo sin que le sea aplicable la garantía
de seriedad de la oferta, por varios motivos (…)”.
Por lo que ya que ni el ingeniero Velandia Medina ni su apoderado indican cuales son
las consecuencias de la referida comunicación que fueron inevitables de resistir y que
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conllevó a que no se suscribiera el contrato adjudicado por parte del Instituto, no se
puede afirmar que se cumple con este requisito para que se configure la fuerza mayor
incoada.
Por último, en cuanto a la exterioridad de la figura, la cual exige que para su ocurrencia
el afectado se vea imposibilitado para cumplir con su deber u obligación, en este caso,
la suscripción del contrato, no se logra demostrar ni si quiera palmariamente, que con
ocasión de la comunicación radicada en el Instituto, el ingeniero Velandia haya
recibido tal afectación que no pudo tener control sobre la situación y le fue
materialmente imposible que se acercara a la Entidad a la firma del contrato.
En los términos antes expuestos y dejando en claro que lo dicho por el recurrente no
se constituye en un eximente de responsabilidad, ya que la no suscripción del contrato
que le fuera adjudicado mediante licitación pública es solo una situación de
conveniencia del contratista. Por tal motivo se concluye que el argumento del
recurrente no está llamado a prosperar”.
Bajo estas condiciones, no puede afirmarse que el INVÍAS hubiera vulnerado el
derecho al debido proceso del hoy demandante por el hecho de haber omitido un
pronunciamiento sobre los argumentos mediante los cuales pretendió justificar su
conducta omisiva, consistente en sustraerse de la obligación de comparecer al
perfeccionamiento del contrato estatal. Por el contrario, las pruebas obrantes en el
expediente demuestran con suficiencia que la entidad desvirtuó integralmente los
planteamientos formulados con tal propósito, circunstancia que se refleja en la
decisión de descartar que el hecho alegado por el señor Velandia Medina pudiera
constituir un evento de fuerza mayor. En consecuencia, lejos de evidenciarse una
conducta omisiva por parte de la entidad demandada, se advierte que esta atendió
y valoró en su integridad los argumentos expuestos por aquel, lo que impide concluir
que se hubiese lesionado su derecho de defensa y contradicción.
Por último, al menos en lo que respecta a la primera parte de los cargos de nulidad
formulados con sustento en la violación del derecho al debido proceso, la Sala
precisa que, aun en el hipotético escenario en que se hubieren admitido como
válidas las grabaciones de voz allegadas al proceso por la parte accionante,
tampoco habría lugar a concluir la existencia de una vulneración del derecho al
debido proceso del hoy demandante. Recuérdese que esas pruebas documentales
fueron allegadas al proceso con el propósito específico de demostrar que al
apoderado del señor Velandia Medina no le fue permitido presentar una solicitud de
aclaración respecto de uno de los actos administrativos que se expidieron al interior
del procedimiento administrativo, lo que en su criterio resultaba lesivo del debido
proceso. En efecto, para la parte actora la figura de la aclaración de providencias
judiciales resultaba plenamente aplicable a los actos administrativos en virtud de la
remisión normativa prevista en el artículo 30693 del CPACA, razón por la cual el
rechazo de plano de dicha solicitud habría supuesto una vulneración de su derecho
al debido proceso.
Frente al anterior planteamiento, la Sala advierte que si bien la norma en cuestión
remite, en lo no previsto por el CPACA, al Código de Procedimiento Civil —hoy
CGP—, dicha remisión debe entenderse circunscrita a los vacíos normativos de la
93 “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
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segunda parte dicha codificación, esto es, aquella que regula el proceso
contencioso administrativo. En efecto, no de otra forma podría entenderse la última
parte de la norma a la que se hace referencia, la cual establece que se acudirá al
CGP en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bajo este
entendimiento, aun cuando en el proceso se hubiera acreditado que el INVÍAS
rechazó de plano la solicitud de aclaración presentada por el apoderado del hoy
demandante, ello no comportaría, por sí solo, la configuración de una vulneración
del derecho al debido proceso del señor Velandia Medina. Por el contrario, en ese
escenario la actuación de la entidad demandada se habría ajustado al ordenamiento
jurídico, toda vez que la figura de la aclaración de providencias judiciales no resulta
aplicable a los actos administrativos expedidos en el marco de las actuaciones
administrativas regidas por la primera parte del CPACA.
4.2.4. La competencia para proferir los actos administrativos demandados
La parte accionante alega la falta de competencia del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica para proferir los actos administrativos demandados. Aun cuando reconoce
que dicho funcionario actuó en ejercicio de funciones delegadas para el efecto por
el director general del INVÍAS, sostiene que el acto de delegación es contrario al
ordenamiento jurídico superior porque el director general de la entidad no tenía a su
cargo la dirección y manejo de la actividad precontractual de la entidad estatal. En
este sentido, concluye que, al haber sido expedidos en ejercicio de funciones
delegadas de manera ilegal, los actos administrativos demandados están viciados
de nulidad por falta de competencia.
En sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desestimó el cargo de nulidad propuesto con sustento en la falta de competencia
del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, al considerar que expidió los actos
administrativos demandados en ejercicio de las funciones que le fueron delegadas
por el director general del INVÍAS. A ello añadió que lo realmente pretendido por la
parte accionante era cuestionar la validez del acto de delegación de funciones en
cabeza del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, lo que resultaba improcedente en la
medida en que su nulidad no fue demandada en el proceso de la referencia. En
consecuencia, al mantenerse incólume el acto administrativo de delegación, debía
concluirse que de su contenido se derivaba la competencia del funcionario que
expidió los actos administrativos demandados.
En el recurso de apelación, la parte actora insiste en la delegación ilegal de
funciones por parte del director general de la entidad, punto en el cual reprocha que
el Tribunal hubiese desestimado el cargo de nulidad por falta de competencia con
fundamento en la presunción de legalidad del acto administrativo de delegación.
Asimismo, cuestiona la posibilidad de obtener un pronunciamiento sobre la validez
de dicho acto antes del vencimiento del término de caducidad para demandar las
decisiones mediante las cuales el INVÍAS hizo efectiva la garantía que amparó la
seriedad de su oferta y declaró su inhabilidad para contratar con el Estado. En todo
caso, el demandante sostiene que existían mecanismos o instrumentos jurídicos
idóneos para superar la dificultad procesal que impidió un pronunciamiento
favorable a sus pretensiones, lo cual concreta en la aplicación del principio iura novit
curia y de la excepción de inconstitucionalidad.
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Ahora bien, tal y como lo consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
Sala estima que los argumentos que sustentaron el cargo de nulidad por falta de
competencia están dirigidos a cuestionar la legalidad de la Resolución No. 07017
del 13 de septiembre de 2017, por medio de la cual el director general del INVÍAS
delegó en el jefe de la Oficina Asesora Jurídica las funciones necesarias para
tramitar y decidir el procedimiento administrativo sancionatorio que debe ser
adelantado ante el incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el
contrato estatal. En efecto, lo planteado por el señor Velandia Medina parte de la
premisa según la cual el acto de delegación de funciones desconoció el ordenamiento
jurídico superior, en tanto el director general del INVÍAS transfirió el ejercicio de
competencias que no estaban dentro de su órbita funcional. De allí que considere que
los actos demandados están viciados de nulidad al haberse fundado en el ejercicio de
funciones delegadas de manera irregular.
Desde esta perspectiva, es evidente que la parte accionante pretende obtener un
pronunciamiento favorable a partir del cuestionamiento de un acto administrativo cuya
anulación no fue solicitada en el proceso de la referencia, lo que resulta
manifiestamente improcedente desde el punto de vista procesal. Sobre este particular
no debe perderse de vista que, en los términos del artículo 28194 del CGP —aplicable
al caso concreto por la remisión normativa dispuesta en el artículo 306 del CPACA—,
la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la
demanda, al igual que con las razones de defensa de la parte accionada. En
consecuencia, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el
juez debe circunscribir su pronunciamiento al análisis de la validez de los actos
administrativos expresamente demandados, sin que en ningún caso le esté permitido
reconocer lo que no se le ha pedido —fallo extra petita— ni más de lo pedido —fallo
ultra petita—.
En este particular la Sala agrega que el estudio de la validez del acto administrativo
de delegación de funciones no puede ser abordado bajo la aplicación al caso concreto
de los postulados del principio iura novit curia, como lo sugirió la parte actora en el
recurso de apelación. Al efecto, basta recordar que en aplicación de este principio el
juez está en la obligación definir el régimen jurídico aplicable al caso concreto a partir
de los hechos debidamente acreditados en el proceso, sin que le esté permitido
modificar la causa petendi y el petitum aducidos en el libelo genitor. En ese sentido,
esta Sección ha precisado su aplicación no autoriza al juez agregar pretensiones no
formuladas por la parte demandante, pues ello supondría desplazar a la parte en el
cumplimiento de sus cargas procesales95.
En igual medida, la Sala estima que en el caso concreto tampoco resulta procedente
acudir al control concreto de constitucionalidad por vía de excepción. Al punto, cabe
señalar que la excepción de inconstitucionalidad es un mecanismo que otorga al
operador judicial la facultad de inaplicar una norma válida en defensa de la supremacía
94 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta […]”.
95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 15 de julio de 2022, exp. 52856. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2025,
exp. 65349.
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de la Constitución Política96, cuando aparezca de bulto que su aplicación en un caso
concreto comporta la lesión de garantías y derechos fundamentales97. De este modo,
se ha considerado que el control por vía de excepción “[…] no suplanta o desplaza los
demás medios de control previstos para el juzgamiento de los actos administrativos,
pues no tiene por objeto un análisis de constitucionalidad o legalidad en abstracto de
la norma para que desaparezca del ordenamiento jurídico, sino que su efecto se
refiere, exclusivamente, a su inaplicación al caso concreto, sin cuestionar su validez”98.
Dicho esto, la Sala advierte que desde la génesis del proceso judicial el señor Velandia
Medina ha sustentado la nulidad de los actos administrativos demandados bajo el
argumento de que fueron expedidos en ejercicio de funciones delegadas de manera
ilegal. Tal y como fue precisado antes, su argumentación parte de la base de
considerar que el acto de delegación de funciones desconoció el ordenamiento jurídico
superior en tanto el director general del INVÍAS transfirió el ejercicio de competencias
que no estaban dentro de su órbita funcional, lo que comporta, sin lugar a equívocos,
un reproche de ilegalidad frente al acto administrativo de delegación. En este contexto,
mal podría considerarse que la parte accionante persiga la inaplicación al caso
concreto de dicho acto administrativo por resultar lesivo de sus garantías
constitucionales, pues lo que ha promovido desde el inicio es un juicio de validez
encaminado a exponer su ilegalidad, con el fin de desvirtuar la competencia del
funcionario que expidió los actos demandados.
En línea con lo anterior, conviene agregar que los acontecimientos que se desprenden
del trámite procesal permiten inferir que el demandante solicitó la aplicación del control
concreto por vía de excepción con el objeto específico de eludir las consecuencias
adversas que resultaron del incumplimiento de la carga procesal que le asistía en este
particular caso, consistente en desvirtuar la legalidad del acto administrativo de
delegación de funciones por virtud del cual se expidieron los actos cuestionados. En
efecto, no de otra forma podría interpretarse el hecho de que solo tras conocer la
sentencia de primera instancia —que evidenció consecuencias adversas que conllevó
el incumplimiento de su carga procesal—, la parte accionante haya solicitado la
inaplicación del acto administrativo de delegación de funciones bajo el amparo de la
excepción de inconstitucionalidad. En tal sentido, lo propuesto en el recurso de
apelación rompe con la arquitectura de los instrumentos de control fijados por el
Legislador y patrocina la posible suplantación entre unos y otros99.
Ahora bien, para la Sala tampoco es de recibo lo alegado en el recurso de apelación
en el sentido de que en el caso concreto resultaba imposible obtener un
pronunciamiento judicial oportuno sobre la validez del acto administrativo de
delegación de funciones. En criterio de esta Subsección, el anterior planteamiento
resulta desacertado en tanto desconoce que la parte accionante pudo haber
impugnado la legalidad del acto administrativo de delegación de funciones de manera
simultánea con la radicación de la demanda que dio origen al proceso de la referencia,
96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 26 de junio de 2024, radicación: 11001-03-15-000-2024-01641-01.
97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de marzo de 2022, exp. 65035.
98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de marzo de 2022, exp. 65035.
99 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de marzo de 2022, exp. 65035.
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por tratarse de un acto administrativo de carácter general que es susceptible de control
en cualquier tiempo. De hecho, para la Sala no cabe duda de que el señor Velandia
Medina pudo haber impugnado la legalidad del acto administrativo de delegación de
funciones desde el momento mismo en que lo conoció, sin perjuicio de que en ese
específico momento no hubieren sido expedidos los actos administrativos
demandados.
Desde luego que bajo el supuesto antes planteado la parte accionante habría estado
en la obligación de promover dos procesos judiciales diferentes: (i) uno en ejercicio
del medio de control de nulidad simple para rebatir la legalidad del acto administrativo
de delegación de funciones, cuyo conocimiento habría correspondido en única
instancia a esta Corporación en atención a lo dispuesto en el numeral 1100 del artículo
149 del CPACA; y (ii) otro bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para discutir la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio
de la función de delegada —como el proceso que ocupa la atención de la Sala—, cuyo
conocimiento en sede de primera instancia correspondería al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca por virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 152101 del
CPACA, y en segunda instancia a esta Corporación por virtud de lo dispuesto en el
artículo150102 ejusdem.
Con todo, lo cierto es que la carga de promover dos procesos judiciales tampoco
habría frustrado la posibilidad de obtener un pronunciamiento oportuno en punto a la
legalidad del acto administrativo de delegación de funciones. En efecto, basta señalar
que bajo el supuesto planteado en esta providencia judicial el demandante habría
contado con la posibilidad de solicitar la suspensión del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho hasta tanto se dictara sentencia en el proceso de nulidad
simple, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 161 del CGP, así:
“ARTÍCULO 161. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte,
formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes
casos:1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se
decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar
en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo
100 “ARTÍCULO 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:1. De los de
nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las
personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo
orden. […]”.
101 “ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en
ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,
diferentes al Procurador General de la Nación”.
102 “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El
nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de
los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]”.
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no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de
aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es
procedente alegar los mismos hechos como excepción".
En estas condiciones, para la Sala resulta evidente que el demandante contaba con
los instrumentos procesales necesarios para provocar un pronunciamiento judicial
oportuno frente a la validez al acto administrativo de delegación de funciones, punto
en el cual conviene agregar que, de acuerdo con lo dispuesto en el primer inciso del
artículo 189103 del CPACA, la sentencia que declara la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos de cosa juzgada erga omnes. En tal sentido, una eventual
sentencia anulatoria del acto administrativo de delegación de funciones habría
reportado sustento jurídico al cargo de nulidad propuesto con fundamento en la falta
de competencia del jefe de la Oficina Asesora Jurídica para expedir los actos
administrativos demandados.
De otro lado, la Sala no puede perder de vista que, de acuerdo con lo reglado en el
artículo 88104 del CPACA, los actos administrativos se presumen legales mientras que
no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese
orden, lo decidido en ellos produce plenos efectos jurídicos y resulta obligatorio
mientras su validez no sea desvirtuada en sede judicial, lo que naturalmente exige
como presupuesto un juicio de legalidad que debe responder a la regla técnica de
justicia rogada. Bajo este entendimiento, como quiera que la legalidad del acto
administrativo de delegación de funciones no ha sido desvirtuada en sede judicial, la
Sala considera que le asistió razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
concluir que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica sí contaba con competencia para
expedir los actos administrativos demandados.
En este punto viene bien anotar que el planteamiento expuesto en los anteriores
términos de manera alguna obedece al capricho del juzgador, ni mucho menos
conlleva “[…] colocar paraguas jurídico [sic] para dar visos de competencia a la
delegada en contravía de este instituto jurídico […]”, como lo sugirió la parte
accionante en el recurso de apelación. Por el contrario, la Sala precisa que lo
resuelto en este aspecto no solo resulta de la aplicación de normas que disciplinan
el proceso contencioso administrativo, las que imponen al juez el deber de respetar
el principio de congruencia en sus providencias; sino también de las disposiciones
sustanciales que regulan los atributos de los actos administrativos, conforme con
las cuales estos gozan de presunción de legalidad mientras no sean anulados por
la jurisdicción competente, produciendo plenos efectos jurídicos mientras
permanezcan vigentes. De ahí que lo decidido en esta providencia, lejos de
pretender otorgar apariencia de legalidad al acto administrativo de delegación de
funciones, obedezca a la consecuencia jurídica de la aplicación armónica de las
normas conforme con las cuales debía estudiarse el caso concreto.
103 “ARTÍCULO 189. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las
que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente
a las cuales se haga el examen”.
104 ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se
resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar”.
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4.2.5. La calificación del incumplimiento del demandante
Las partes no discuten que el señor Velandia Medina se sustrajo de su obligación de
suscribir el contrato estatal, una vez su propuesta fue seleccionada por resultar la más
favorable al interior del procedimiento de selección abreviada de menor cuantía No.
SA-MC-DO-SMF-012-2017. La discusión en este particular se concentra en la
calificación de ese incumplimiento propio de la etapa de formación del negocio
jurídico estatal, punto en el cual vale la pena recordar que en el recurso de apelación
el accionante insiste en que el incumplimiento en que incurrió al sustraerse de su
obligación de suscribir el contrato estatal estuvo justificado en la falta de garantías
para ejecutar el contrato estatal, circunstancia que, a su vez, tuvo origen en las
irregularidades que ocurrieron al interior del procedimiento de selección, las cuales
fueron concretadas puntualmente en dos hechos:
(i) En el hecho de que la coordinadora del Grupo Fluvial de la Subdirección
Marítima y Fluvial del INVÍAS hubiere hecho afirmaciones en contra del
demandante, luego de la finalización de la audiencia de adjudicación.
(ii) En el hecho que al interior del procedimiento de selección hubiere existido
una organización criminal que ejerció actos de persecución en su contra.
En lo que respecta al primero de los hechos expuestos, la Sala precisa que al proceso
no fueron allegadas pruebas que demuestren que María Clara Mejía Umaña, quien
fungía como coordinadora del Grupo Fluvial de la Subdirección Marítima y Fluvial del
INVÍAS al tiempo en que se tramitó el procedimiento de selección, hubiese afirmado
al interior del procedimiento administrativo, o por fuera de las diligencias que se
surtieron en él, que revisaría “[…] al detalle la propuesta presentada por el ingeniero
VELANDIA MEDINA para evitar que se celebrara contrato [sic] con la Entidad”. De
hecho, las pruebas documentales que fueron allegadas al proceso ni si quiera dan
cuenta de que la señora Mejía Umaña hubiere integrado el comité evaluador
designado para el análisis de las propuestas que se presentaran en el marco del
procedimiento de selección, ni mucho menos que tuviera influencia en la escogencia
del contratista que colaboraría en el mantenimiento, administración, organización y
operación del muelle La Esmeralda.
Aun cuando la parte accionante solicitó el decreto de los testimonios de Viviana
Bustamante y de Juliana Horrillo para demostrar la irregularidad a la que se ha
hecho referencia, lo cierto es que estas pruebas testimoniales fueron omitidas por
el Tribunal al momento adecuar el proceso para emitir sentencia anticipada, sin que
la parte accionante impugnara esa decisión con el objeto específico de insistir en
que estas fueran tenidas en cuenta. Si bien el Tribunal no negó de manera expresa
el decreto de dichas pruebas, el solo hecho de haber adecuado el proceso para
proferir sentencia anticipada evidencia que consideró innecesaria su práctica para
efectos de resolver la controversia puesta en su conocimiento. Al punto, no debe
perderse de vista que una de las razones por las que se adecuó el proceso para
proferir sentencia anticipada fue precisamente por tratarse de un asunto de puro
derecho, circunstancia que daba cuenta de la inutilidad de practicar pruebas en el
proceso, lo que el demandante no cuestionó pese a haber solicitado el decreto de
las pruebas testimoniales antes referidas.
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De otro lado, en lo que respecta a la presunta persecución de la que fue víctima el
señor Velandia Medina por parte de funcionarios interesados en el procedimiento
de selección, es del caso señalar que esta irregularidad fue estructurada a partir de
(i) el hecho de que el Carlos Andrés Sánchez Hidalgo hubiere presentado el oficio
185574 del 24 de julio de 2017, en el que, según el demandante, hizo imputaciones
injuriosas y calumniosas a partir de información sensible que reposaba al interior de
la entidad demandada, lo que motivó al señor Velandia Medina a presentar una
denuncia en su contra; (ii) el hecho de que en el marco de la investigación preliminar
adelantada por la Fiscalía General de la Nación el señor Sánchez Hidalgo hubiese
manifestado desconocer el contenido del oficio 185574 del 24 de julio de 2017; y
(iii) el hecho de que el señor Sánchez Hidalgo no hubiere comparecido al INVÍAS a
solicitar información sobre el procedimiento de selección y sobre los contratos que
el demandante había celebrado con el INVÍAS en anteriores oportunidades.
En este contexto, la Sala considera necesario recordar que en el proceso está
demostrado que, por medio de la Resolución No. 5450 del 21 de julio de 2017, el
INVÍAS adjudicó al señor Velandia Medina el contrato para el mantenimiento,
administración, organización y operación del muelle La Esmeralda, ubicado en el
municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo. También está acreditado
que, mediante oficio identificado con radicado No. 185094 del 21 de julio de 2017,
el señor Juan Camilo Silva Rodríguez —quien ocupó el segundo lugar del orden de
elegibilidad— solicitó al INVÍAS la revocatoria directa de la Resolución No. 5450 del
21 de julio de 2017, porque el oferente adjudicatario relacionó en su propuesta
información imprecisa e inexacta sobre la ejecución de contratos estatales, al igual
que información falsa sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social.
Consta en el expediente que, mediante oficio identificado con radicado No. 185574
del 24 de julio de 2017, el señor Carlos Andrés Sánchez Hidalgo —persona ajena
al procedimiento de selección— se pronunció sobre el escrito presentado por Juan
Camilo Silva Rodríguez, con el propósito de desestimar los argumentos con base
en los cuales solicitó la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación.
En su criterio, el oferente Velandia Medina cumplía en su integridad los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones, lo que motivó su escogencia como contratista
para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, administración, organización y
operación del muelle La Esmeralda.
De acuerdo con lo expuesto por el señor Sánchez Hidalgo, lo que en realidad ocurría
era que el hoy demandante no quería firmar el contrato estatal porque (i) estaba
afectado con varias medidas de embargo cuya cuantía superaba los
$2.000.000.000, por lo que los recursos para su ejecución serían embargados; (ii)
tenía una gran cantidad de deudas en la zona y sus equipos de maquinaria le habían
sido retenidos; y (iii) había incumplido y dejado inconclusos los contratos Nos. 1992
de 2012 y 3378 de 2007 suscritos con el INVÍAS. En ese sentido, el señor Sánchez
Hidalgo refirió que el hoy demandante estaba buscando todas las salidas posibles
para abstenerse de firmar el contrato sin que la entidad hiciera efectiva la garantía
de seriedad de la oferta, frente a lo cual planteó la posibilidad de que se hubiere
confabulado con Juan Camilo Silva Rodríguez —quien era “su socio fiel”— con el
propósito de solicitar la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación
que lo benefició.
59
Radicado: 25000-23-36-000-2019-00381-02 (69292)
Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
En el expediente está demostrado que, con ocasión de lo manifestado por el señor
Sánchez Hildalgo en los anteriores términos, el demandante presentó denuncia en
su contra por cuenta de la posible comisión de los delitos de injuria y calumnia. En
este particular es del caso señalar que al proceso fue allegada copia de la denuncia
radicada por el hoy demandante, documento que demuestra que esta fue
sustentada en las circunstancias ocurridas al interior del proceso de selección
abreviada No. SA-MC-DO-SMF-012-2017. En concreto, la denuncia se centró en
las afirmaciones contenidas en el oficio identificado con radicado No. 185574 del 24
de julio de 2017, las cuales, en criterio del hoy demandante, constituían actos de
difamación e imputaciones deshonrosas que afectaban su honra y buen nombre.
En igual medida, vale la pena indicar que al proceso fueron allegados los
documentos que dan cuenta de la comparecencia de Auli Fernando Velandia
Medina y de Carlos Andrés Sánchez Hidalgo a una audiencia de conciliación citada
por la Fiscalía 56 de Bogotá D.C., la que fue suspendida para que las partes
revisaran temas relacionados con el procedimiento de selección en aras de buscar
un acercamiento. Aun cuando dicha prueba documental demuestra la
comparecencia a la audiencia de conciliación antes referida por parte del señor
Sánchez Hidalgo, lo cierto es que no acredita que aquel hubiere realizado
afirmaciones sobre la autoría del oficio identificado con radicado No. 185574 del 24
de julio de 2017, ni mucho menos en relación con alguna suplantación de su
identidad. De este modo, no está demostrado lo afirmado por el recurrente en el
sentido de que el señor Sánchez Hidalgo hubiere manifestado total desconocimiento
sobre lo consignado en el oficio al que se ha hecho referencia y sobre lo ocurrido al
interior del procedimiento de selección.
Como es natural, la anterior circunstancia desmiente en igual medida lo alegado en
punto a que el señor Sánchez Hidalgo hubiese sido suplantado o utilizado por
funcionarios del INVÍAS con el objeto preciso de perseguir al demandante. De
hecho, al proceso no fueron allegados elementos probatorios que den cuenta del
interés de algún funcionario del INVÍAS en el proceso abreviada No. SA-MC-DO-
SMF-012-2017, ni mucho menos de la existencia de una organización criminal al
interior de la entidad que desplegara actos de persecución en contra del señor
Velandia Medina. De ahí que en el caso concreto la Sala no cuente con elementos
para concluir que el incumplimiento en que incurrió el demandante al sustraerse de
su obligación de suscribir el contrato estatal estuvo justificado en la falta de
garantías para ejecutar el contrato estatal, pues nada de lo sostenido en estos
términos en el libelo genitor está demostrado.
Ahora bien, la Sala no pasa por alto que en el expediente no obra prueba que
permita tener por demostrado que el señor Sánchez Hidalgo hubiere comparecido
a la entidad, para efectos de solicitar información que le permitiera confeccionar el
oficio con radicado No. 185574 del 24 de julio de 2017. Pese a ello, la Sala estima
que esa sola circunstancia no resulta suficiente, por sí misma, para concluir que al
interior del procedimiento administrativo funcionarios de la entidad hubieren
desplegado conductas indebidas e indecorosas para “sacarlo” del procedimiento de
selección. Es así que no podría predicarse del procedimiento administrativo
desplegado por la entidad irregularidad alguna que justificara la conducta omisiva
del señor Velandia Medina.
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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00381-02 (69292)
Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
5. Costas
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 365105 y 366106 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA107, establecen
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente
su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la secretaría
del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de
segunda instancia, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.
Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte
demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable. Para tal
efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas, debiendo
considerar que, en esta instancia y con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo
PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la
Judicatura108, se fijan agencias en derecho en un (1) SMMLV.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de junio de 2022, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en esta providencia judicial.
105 “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
106 ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”.
107 “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
108 ACUERDO PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016. El artículo 5 numeral 1 establece
que, para los procesos declarativos en general, la tarifa en segunda instancia será “entre 1 y 6
S.M.M.L.V.”
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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00381-02 (69292)
Demandante: Auli Fernando Velandia Medina
SEGUNDO: CONDENAR en costas al señor Auli Fernando Velandia Medina, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo, debiendo considerar que
en esta instancia se fijaron agencias en derecho en un (1) SMMLV.
TERCERO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Aclaración voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración voto
E2
62
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