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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00413-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00413-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia anticipada del 3 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad formulada por la entidad demandada, pero por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP. Sin reconocimiento alguno por agencias en derecho. TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00413-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00413-01 (68245)
Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: DAÑO - Es el primer elemento que debe observarse en el análisis de la responsabilidad
patrimonial del Estado, dado que se constituye en el eje central de la obligación resarcitoria y
en presupuesto necesario del juicio de imputación, al que solo se avanza si aquel se encuentra
debidamente acreditado. CADUCIDAD – Es una figura jurídica que constituye un límite y una
garantía establecida en interés general y para brindar seguridad jurídica, sobre la base del
cumplimiento de plazos perentorios, improrrogables e irrenunciables para ejercer los medios de
control judicial. TÉRMINO PRECLUSIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA – El término preclusivo se cuenta desde cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del daño. CÓMPUTO EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE SE DISCUTE LA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DECISIONES ADMINISTRATIVAS
ENCAMINADAS A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE – Corresponde a la fecha en que el
propietario conoce la limitación impuesta al bien inmueble.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia anticipada del 3 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada la excepción
de caducidad del medio de control.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En noviembre de 2008, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
declaró como área protegida el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables de la Cuchilla de San Antonio, ubicado en el municipio de
Puerto Salgar, Cundinamarca. Posteriormente, en junio de 2009, amplió esa área a
los terrenos de la Laguna del Coco, el Peñón de La Barrigona y parte de la
microcuenca de la quebrada Arenales, situados en el mismo municipio.

En agosto de 2009, Luis Humberto Bernal Rúa adquirió los predios denominados
“San Ciprián”, “Mata de Caña II” y “La Unión II”, ubicados en Puerto Salgar. En
octubre de ese mismo año, dichos inmuebles fueron englobados, lo que dio lugar a
la apertura del folio de matrícula inmobiliaria No. 162-30918 y a la conformación del
predio denominado “Manantiales de Vista Hermosa”. Luego, en marzo de 2010, se
inscribió en ese folio la afectación ambiental derivada de la incorporación del
inmueble al Distrito de Manejo Integrado y, en agosto del mismo año, el propietario

Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

constituyó una hipoteca sobre el predio en favor del Banco Agrario de Colombia
S.A. Años después, en 2017, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
le informó al señor Bernal Rúa que la totalidad del predio se encontraba ubicado
dentro del área protegida. Ese mismo año, el propietario suscribió un acta de
acuerdo voluntario para la instalación de mojones de concreto, como parte de las
actividades de delimitación física del Distrito de Manejo Integrado.

El demandante sostiene que la CAR es patrimonialmente responsable (i) por la
restricción de su derecho de dominio y (ii) por la desvalorización del inmueble,
daños que atribuye a la incorporación del predio al área ambiental protegida del
Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de la Cuchilla de
San Antonio y la Laguna del Coco.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control, al constatar que el derecho de acción se ejerció por
fuera del término procesal previsto por el legislador, comoquiera que transcurrieron
más de dos (2) años entre la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del
daño y aquella en que presentó la demanda. Dicha decisión fue apelada por la parte
accionante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 6 de junio de 20191-2, Luis Humberto Bernal Rúa, mediante apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR) para que
fuera declarada patrimonialmente responsable por los daños que le fueron
irrogados como consecuencia de la incorporación de un bien de su propiedad al
área ambiental protegida del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales
Renovables Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco.

En su escrito, la parte accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):

1 Fl. 3 a 9, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_01 DEMANDA - CON PODER(.pdf)

NroActua 11.
2 Mediante auto del 14 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca requirió a la

parte actora para que formulara con claridad y precisión las pretensiones de la demanda, “de manera
separada”. (Fl. 1 a 2, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_04 OTROS AUTOS-
REQUIERE PARTE ACTORA PARA QUE DE CLARIDAD A LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA (.pdf) NroActua 11.). El libelo introductorio fue oportunamente subsanado por la parte
actora el 2 de julio de esa anualidad, (Fl. 1 a 7, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_05
OTROS-SUBSANACIÓN DEMANDA(.pdf) NroActua 11), tras lo cual, por auto del 15 de julio de
2019, el mismo Tribunal dispuso su admisión (Fl. 1 a 6, Samai, índice 10. Archivo denominado
ED_C01_07 AUTO ADMISORIO(.pdf) NroActua 11).

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Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

“PRETENSIONES

1. Que se declare la responsabilidad administrativa de la entidad demandada,
respecto de los perjuicios ocasionados a la parte actora, como consecuencia de la
efectiva restricción de uso y goce del 100% del inmueble de su propiedad, y se
fulminen las siguientes condenas a título de indemnización:

2. PERJUICIOS INMATERIALES

2.1. DAÑO MORAL. Por el equivalente en dinero de CINCUENTA SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para el señor LUIS HUMBERTO
BERNAL RÚA, causado por la disminución en el valor de su inmueble y la restricción
a la destinación agrícola para la que lo había adquirido.

2.2. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN: Por el equivalente en dinero de CIEN
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para el señor LUIS
HUMBERTO BERNAL RÚA, por la grave afectación de su estilo de vida como
consecuencia del cambio de actividad económica a la que se debe dedicar y a la
mengua ostensible de su patrimonio.

3. PERJUICIOS MATERIALES.

3.1. DAÑO EMERGENTE: Se indemnice la disminución del valor del inmueble
mencionado, en un importe de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($849.915.500,00) M/cte.

3.2. LUCRO CESANTE: Se indemnice el lucro cesante consolidado y futuro
ocasionado al actor con la restricción al uso impuesta por la entidad convocada, así:
A razón de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000,oo) M/cte.
Mensuales, desde octubre de 2017 -fecha en que se materializó la afectación del uso
del 100% del inmueble- y hasta el momento en que se indemnicen los perjuicios
integralmente, suma que a la presentación de esta solicitud asciende a TREINTA Y
SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000,oo) M/cte.”

En sustento de sus pretensiones, el extremo activo narró que la CAR expidió el
Acuerdo No. 23 del 18 de noviembre de 2008, mediante el cual declaró como Distrito
de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables el sector conformado
por los terrenos de la Cuchilla de San Antonio en el municipio de Puerto Salgar
(Cundinamarca).

Señaló que, posteriormente, por el Acuerdo No. 11 del 9 de junio de 2009, la citada
autoridad ambiental amplió dicha área protegida a los terrenos que conforman la
Laguna del Coco, el Peñón de La Barrigona y parte de la microcuenca de la
quebrada Arenales, situados en el mismo ente territorial.

Indicó que, el 18 de agosto de 2009, Luis Humberto Bernal Rúa adquirió los predios
denominados “San Ciprián”, “Mata de Caña II” y “La Unión II”, ubicados en el
municipio de Puerto Salgar, identificados con los folios de matrícula No. 162 – 9050,
162 – 20258 y 162 – 20259, respectivamente, los cuales, para ese momento, se
encontraban libres de gravámenes y afectaciones.

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Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

Refirió que el 5 de octubre siguiente el señor Bernal Rúa realizó el englobe de los
referidos predios y que, al registrar dicho acto, se abrió el folio de matrícula No. 162
– 30918, en el que se identificó el bien con el nombre de “Manantiales de Vista
Hermosa”.

Advirtió que el 3 de marzo de 2010, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Guaduas (Cundinamarca) inscribió en el folio de matrícula No. 162 – 30918 la
afectación ambiental derivada del Acuerdo No. 23 del 18 de noviembre de 2008.
Dicha anotación precisó que “[…] cualquier trámite o desarrollo de actividades
requería consulta previa a la CAR”.

Subrayó que el 11 de agosto de 2010, el señor Bernal Rúa constituyó sobre su
inmueble – Manantiales de Vista Hermosa – una hipoteca de cuantía indeterminada
en favor del Banco Agrario de Colombia S.A., gravamen que fue inscrito, el 19 de
agosto siguiente, en el respectivo folio de matrícula.

Afirmó que en abril de 2017 fue informado de una intervención que la CAR
proyectaba realizar en diferentes inmuebles de la región para la delimitación física
del área del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables de
la Cuchilla de San Antonio y la Laguna del Coco.

Agregó que, a raíz de dicha información, Luis Humberto Bernal Rúa, en fecha
indeterminada, solicitó a la CAR que certificara el porcentaje de afectación del
predio identificado con el folio de matrícula No. 162-30918, ubicado en el municipio
de Puerto Salgar, “descubriendo” que en el mes de marzo de 2010 se había inscrito
una afectación derivada de la declaratoria del distrito de manejo integrado.

Relató que, en fecha indeterminada, Luis Humberto Bernal Rúa presentó diversas
peticiones a la CAR con el propósito de conocer las “afectaciones prácticas” que
recaían sobre su inmueble.

Manifestó que, mediante oficios expedidos en abril y julio de 2017, la CAR informó
al señor Bernal Rúa que, en virtud de lo dispuesto en los Acuerdos Nos. 23 de 2008
y 11 de 2009, la afectación de su predio correspondía al 100% y que, pese a ello,
desde la adquisición del inmueble hasta esa fecha había ejercido plenamente las
facultades derivadas de su derecho de dominio, realizando mejoras y desarrollando
actividades agrícolas, ganaderas y turísticas que le generaban rendimientos
económicos.

Concluyó que, en octubre de 2017, el señor Bernal Rúa autorizó la instalación de
unos mojones de concreto en su fundio, como parte de las actividades de
delimitación física del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables de la Cuchilla de San Antonio y la Laguna del Coco.

El actor estima que la autoridad ambiental demandada es patrimonialmente
responsable por (i) la restricción de su derecho de dominio y (ii) la desvalorización
del predio, ambas derivadas de la incorporación del inmueble al área ambiental

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Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

protegida del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables
Cuchilla de San Antonio y Laguna del Coco.

2. Contestación

2.1. La CAR3 se opuso a las pretensiones de la demanda. En sustento, afirmó que
el daño reclamado no le era imputable, dado que la declaración del Distrito de
Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables no afectó su derecho de
propiedad sobre el inmueble. Como excepción formuló la de caducidad del medio
de control, pues adujo que transcurrieron más de dos (2) años entre la fecha en que
el demandante tuvo conocimiento del registro de la afectación en el folio de
matrícula y aquella en que se radicó la solicitud de conciliación prejudicial.

3. Anuncio de sentencia anticipada

3.1. Mediante providencia del 10 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca estimó procedente dictar sentencia anticipada, toda vez que halló
satisfechos los requisitos previstos en el numeral 3º del artículo 182A4 del CPACA,
adicionado por el artículo 425 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

4.1. El demandante6 afirmó que las anotaciones realizadas en el folio de matrícula
no materializaron la restricción de su derecho de dominio, pues esta solo se
concretó en octubre de 2017, cuando funcionarios y contratistas de la autoridad
ambiental instalaron unos mojones de concreto en su predio, limitando con ello la
explotación económica del fundio. Al efecto, precisó que la pretensión de reparación
directa fue formulada oportunamente, dado que las limitaciones al uso y goce del
predio derivadas de la instalación de mojones persistían en el tiempo, configurando
un daño continuado que impedía el inicio del cómputo del fenómeno preclusivo,
como “mutatis mutandis (sic) sucede en las ocupaciones de hecho desplegadas por
parte de agentes estatales”.

4.2. La CAR7 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la
demanda.

3 Fl. 1 a 50, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_12 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

• CON PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 11.
4 CPACA. “Artículo 182A. Se podrá dictar sentencia anticipada: […] 3. En cualquier estado del

proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la
conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […]”.
5 Ibid.
6 Fl. 3 a 4, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_17 ALEGATOS-PARTE

DEMANDANTE(.pdf) NroActua 11.
7 Fl. 4 a 13, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_18 ALEGATOS-PARTE

DEMANDADA(.pdf) NroActua 11.
5

Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia anticipada del 3 de diciembre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca8 declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control formulada por la entidad demandada, al constatar que entre el
registro de la afectación en el folio de matrícula – ocurrido el 3 de marzo de 2010 –
y la presentación de la demanda – 6 de junio de 2019 – transcurrieron más de dos
(2) años.

6. Apelación

6.1. La parte demandante9 afirmó que tanto la solicitud de conciliación extrajudicial
como la demanda fueron presentadas de forma oportuna, pues la restricción
derivada de la constitución del área protegida no se concretó con las anotaciones
en el folio de matrícula, sino con la operación administrativa ocurrida en 2017,
cuando funcionarios y contratistas de la CAR instalaron unos mojones de concreto
en su predio, imponiéndole una restricción absoluta al ejercicio de su derecho de
dominio.

Por ello, sostuvo que el término de caducidad debía computarse a partir de la
instalación de los mojones, por ser esa actuación la que materializó la afectación
del inmueble, como ocurre en los eventos de ocupación de hecho por parte del
Estado.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

7.1. Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria
del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 24710 del CPACA, modificado por el artículo 6711 de la Ley
2080 de 202112, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia.

8 Fl. 2 a 18, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C02_01 FALLO-PRIMERA INSTANCIA(.pdf)

NroActua 11.
9 Fl 3 a 4, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C02_02 RECURSO APELACIÓN-CON

INFORME PASO AL DESPACHO(.pdf) NroActua 11.
10 CPACA. “Artículo 247.5 Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior

autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10)
días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente
al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para
alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
11 Ibidem.
12 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
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Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

III. CONSIDERACIONES

La Sala anticipa que confirmará la sentencia del 3 de diciembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró
probada la excepción de caducidad formulada por la autoridad accionada, al
constatar que la demanda fue presentada con posterioridad al vencimiento del
término previsto legalmente para el ejercicio del medio de control de reparación
directa, lo que impide efectuar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) análisis
de la caducidad del medio de control, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, según lo previsto en el artículo 10413 del CPACA, estatuto procesal
vigente cuando se presentó la demanda y que, por tanto, resulta aplicable al
presente caso, porque se demanda la responsabilidad extracontractual de la CAR14.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 3 de diciembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia
del proceso, debido a que la cuantía excedió los 50015 SMLMV, en concordancia

13 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a
la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen
aplicable […]”.
14 Ley 99 de 1993. “Artículo 23. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos

de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente. Exceptúese del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el
artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley”.
15 La pretensión mayor de la demanda se estima en $849.915.500 por concepto de daño emergente,

lo que es superior a 500 SMLMV de la fecha en que esta fue presentada, esto es, del año 2019, en
el que el salario mínimo correspondía a la suma de $828.116.
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Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

con los artículos 15016 y 15217 del CPACA.

1.2. Esta Sección18 ha sostenido de manera reiterada que la elección de la acción
o del medio de control judicial no obedece a la mera discrecionalidad del
demandante, sino que está determinada por el origen del daño cuya reparación se
pretende. En ese sentido, al tenor de los artículos 13819 y 14020 del CPACA, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo cuando
las pretensiones de restablecimiento o de reparación de perjuicios se derivan de un
acto administrativo ilegal, mientras que el medio de control de reparación directa
resulta procedente para examinar daños cuya fuente sea un hecho, una omisión o
una operación administrativa. Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que,
excepcionalmente, el medio de control de reparación directa procede para obtener
la indemnización de los perjuicios causados por un acto administrativo legal, cuando
el daño se deriva de la ruptura del equilibrio en la distribución de las cargas
públicas21.

En el caso concreto, el medio de control de reparación directa ejercido por la parte
demandante es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado, comoquiera que no está encaminado a
discutir la legalidad de las decisiones adoptadas por la Corporación Autónoma
Regional, sino a obtener la reparación de los perjuicios que, según el actor, le fueron
causados por la incorporación de su inmueble dentro del área ambiental protegida
del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de la Cuchilla
de San Antonio y la Laguna del Coco.

16 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación […]”.
17 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. […]”.
18 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 30 de marzo de 2022,

Rad.: 54977. Asimismo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de
noviembre de 2015, Rad.: 34254 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 3 de abril de 2013, Rad.: 26437.
19 “Artículo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una

norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. […]”.
20 “Artículo 140. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada

podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras,
cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción
de la misma”.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de marzo de 2022, Rad.:

54977.
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Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

1.3. El ejercicio oportuno del medio de control constituye un presupuesto
indispensable para habilitar la competencia del juez contencioso administrativo22 y,
por tanto, para abrir paso al examen de la responsabilidad que se atribuye a las
entidades demandadas. En esa medida, cuando se advierte que la demanda fue
presentada una vez vencido el término legal de caducidad, se impone un
pronunciamiento previo, autónomo y excluyente sobre ese presupuesto procesal,
dado que la caducidad, como regla de orden público, extingue la posibilidad de
promover válidamente el medio de control e impide cualquier decisión de fondo
sobre el litigio.

La jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, al analizar el marco de competencia del juez de segunda instancia frente al
recurso de apelación, ha reconocido expresamente la potestad que tiene el juzgador
de pronunciarse “sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir
una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa
y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”23.
Por esta razón, a continuación, el problema jurídico no se formulará en torno a la
existencia del daño ni a su imputación, sino a establecer si el medio de control fue
promovido dentro del término legal, habida de que el accionante presentó la
demanda de manera extemporánea y el recurso de apelación controvierte,
precisamente, esa conclusión.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa se
ejerció oportunamente o si, por el contrario, al momento de la presentación de la
demanda, el fenómeno preclusivo ya había acaecido.

3. Hechos probados

Dado que el problema jurídico consiste en determinar si el medio de control de
reparación directa se ejerció oportunamente, el certificado de registro sanitario de

22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021,

Rad.: 51648. “Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que, para garantizar la seguridad
jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción,
en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En
este sentido, los interesados tienen la carga procesal de acudir a la jurisdicción dentro del plazo
fijado por la ley, por cuanto, al exceder el término preclusivo para promover el litigio, se pierde la
facultad de accionar y así hacer efectivo su derecho”. Asimismo, ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Rad.: 51788. “[…] la caducidad se
entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en
marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección
de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar”.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 6 de abril de 2018, Rad.:

46005.
9

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Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

predio pecuario y las declaraciones de renta24 aportadas al expediente solo serán
valorados si ese presupuesto procesal queda satisfecho. Lo anterior, porque dichos
elementos únicamente resultarían relevantes para el análisis de los presupuestos
de la responsabilidad del Estado y la acreditación de los perjuicios derivados de su
declaratoria, mas no para establecer el momento en que tales daños fueron
conocidos o pudieron serlo por la parte actora.

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:

3.1. Mediante el Acuerdo No. 23 del 18 de noviembre de 2008, la CAR declaró
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables el sector
conformado por los terrenos de la Cuchilla de San Antonio en el municipio de Puerto
Salgar. Asimismo, ordenó comunicar dicha decisión a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos correspondiente, con el fin de que se realizaran las
inscripciones - en los folios de matrícula - relacionadas con los predios afectados
por la declaratoria25.

3.2. A través del Acuerdo No. 11 del 9 de junio de 2009, la citada autoridad
ambiental amplió dicha área protegida a los terrenos de la Laguna del Coco, el
Peñón de La Barrigona y parte de la microcuenca de la quebrada Arenales,
ubicados en el municipio de Puerto Salgar26.

3.3. Mediante escritura pública 1444 del 18 de agosto de 2009, otorgada en la
Notaría Única del Círculo de La Dorada, Luis Humberto Bernal Rúa adquirió, en
mayor extensión, los predios denominados “San Ciprian”, “Mata de Caña II” y “La
Unión II”. Dichos inmuebles ubicados en la vereda La Ceiba, del municipio de Puerto
Salgar, fueron identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 162-9050,
162-20258 y 162-20259, respectivamente27.

3.4. A través de escritura pública 1730 del 5 de octubre de 2009, otorgada en la
Notaría Única del Círculo de La Dorada, Luis Humberto Bernal Rúa efectuó el
englobe de los referidos inmuebles28.

24 Fl. 18 a 36, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip)

NroActua 11.
25 Acuerdo No. 23 del 18 de noviembre de 2008 expedido por la CAR. Fl. 19 a 27, Samai, índice 11.

Archivo denominado ED_C01_12 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - CON PODER Y
ANEXOS(.pdf) NroActua 11.
26 Acuerdo No. 11 del 9 de junio de 2009 expedido por la CAR. Fl. 28 a 35, Samai, índice 11. Archivo

denominado ED_C01_12 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - CON PODER Y ANEXOS(.pdf)
NroActua 11.
27 Así se desprende del certificado de tradición expedido el 24 de octubre de 2009 por la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Guaduas (Cundinamarca). Fl. 10, Samai, índice 11. Archivo
denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
28 Así se desprende del certificado de tradición expedido el 24 de octubre de 2009 por la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Guaduas (Cundinamarca). Fl. 10, Samai, índice 11. Archivo
denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
10

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3.5. El 7 de octubre de 2009, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Guaduas abrió el folio de matrícula inmobiliaria No. 162-30918, en el que inscribió
el englobe de los lotes de terreno que habían sido adquiridos por el señor Bernal
Rúa. Este inmueble resultante adquirió la denominación de “Manantiales de Vista
Hermosa”29.

3.6. El 3 de marzo de 2010, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Guaduas inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria No. 162-30918 la afectación
ambiental derivada del Acuerdo No. 23 del 18 de noviembre de 2008. Dicha
anotación precisó que, “cualquier trámite o desarrollo de actividades sobre el mismo
reque[ría] consulta previa a la CAR”30.

3.7. Mediante escritura pública 257 del 11 de agosto de 2010, otorgada en la Notaría
Única del Círculo de Puerto Salgar, Luis Humberto Bernal Rúa constituyó sobre su
inmueble – Manantiales de Vista Hermosa –, identificado con el folio de matrícula
No. 162-30918, una hipoteca de cuantía indeterminada en favor del Banco Agrario
de Colombia S.A. Dicho gravamen fue inscrito el 19 de agosto siguiente en el
respectivo folio de matrícula31.

3.8. Mediante Resolución No. 2432 del 22 de septiembre de 2011, la CAR adoptó
el Plan de Manejo para el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales
Renovables de la Cuchilla de San Antonio y la Laguna del Coco, localizado en el
municipio de Puerto Salgar. Este instrumento dividió el área en cuatro zonas: (i)
zona de preservación; (ii) zona de restauración; (iii) zona de uso sostenible y; (iv)
zona general de uso público, e incorporó programas de conservación de
ecosistemas estratégicos, dentro de los cuales se contempló el amojonamiento de
los límites del área protegida.

Asimismo, la Resolución indicó que el predio denominado “Manantiales de Vista
Hermosa”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 162-30918, se
encontraba ubicado dentro del área declarada por esa corporación como Distrito de
Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de la Cuchilla de San Antonio
y la Laguna del Coco e incluido en zonas de preservación y de restauración32.

29 Así se desprende del certificado de tradición expedido el 24 de octubre de 2009 por la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Guaduas (Cundinamarca). Fl. 10, Samai, índice 11. Archivo
denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
30 Así se desprende del certificado de tradición expedido el 7 de febrero de 2019 por la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Guaduas (Cundinamarca). Fl. 7 a 9, Samai, índice 11. Archivo
denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
31 Así se desprende del certificado de tradición expedido el 7 de febrero de 2019 por la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de Guaduas (Cundinamarca). Fl. 7 a 9, Samai, índice 11. Archivo
denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
32 Resolución No. 2432 del 22 de septiembre de 2011 expedida por la CAR. Fl. 36 a 49, Samai, índice

11. Archivo denominado ED_C01_12 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - CON PODER Y
ANEXOS(.pdf) NroActua 11.
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3.9. El 12 de abril de 2017, Luis Humberto Bernal Rúa solicitó a la CAR que
certificara el porcentaje de afectación del predio identificado con el folio de matrícula
No. 162-30918, ubicado en el municipio de Puerto Salgar33.

3.10. El 24 de abril de esa anualidad, la CAR expidió oficio mediante el cual informó
al señor Bernal Rúa que el inmueble identificado con el folio de matrícula No. 162-
30918 se hallaba localizado en su totalidad en el área del Distrito de Manejo
Integrado de Recursos Naturales Renovables de la Cuchilla de San Antonio y la
Laguna del Coco, por lo que la afectación de su predio era del 100%. En ese
documento se indicó al demandante que el Plan de Manejo del Distrito de Manejo
Integrado había sido socializado en las diferentes veredas ubicadas dentro del área
protegida34.

3.11. El 27 de junio de 2017, Luis Humberto Bernal Rúa solicitó a la CAR
información relacionada con el inmueble de su propiedad, ubicado en el municipio
de Puerto Salgar e identificado con el folio de matrícula No. 162-3091835.

3.12. El 5 de julio de dicha anualidad, la CAR le informó al señor Bernal Rúa que
aquel predio se encontraba ubicado dentro del área declarada por esa corporación
como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables de la
Cuchilla de San Antonio y la Laguna del Coco36.

3.13. El 12 de octubre de 2017, Luis Humberto Bernal Rúa suscribió un acta de
acuerdo voluntario para la instalación de mojones de concreto en el predio de su
propiedad denominado “Manantiales de Vista Hermosa”, como parte de las
actividades de delimitación física del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables de la Cuchilla de San Antonio y la Laguna del Coco previstas
en el Plan de Manejo de dicha área protegida37.

4. Análisis de la caducidad del medio de control

4.1. En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control formulada por la entidad demandada,
la parte actora afirmó que tanto la solicitud de conciliación extrajudicial como la
demanda fueron presentadas de forma oportuna, pues la restricción derivada de la
constitución del área protegida no se concretó con las anotaciones en el folio de
matrícula, sino con la operación administrativa ocurrida en 2017, cuando

33 Así se desprende del Oficio expedido por la CAR el 24 de abril de 2017. Fl. 11 a 12, Samai, índice

11. Archivo denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
34 Oficio expedido por la CAR el 24 de abril de 2017. Fl. 11 a 12, Samai, índice 11. Archivo

denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
35 Así se desprende del Oficio expedido por la CAR el 5 de julio de 2017. Fl. 13 a 14, Samai, índice

11. Archivo denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
36 Oficio expedido por la CAR el 5 de julio de 2017. Fl. 13 a 14, Samai, índice 11. Archivo denominado

ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua 11.
37 Fl. 15 a 17, Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip)

NroActua 11.
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funcionarios y contratistas de la CAR instalaron unos mojones de concreto en su
predio, imponiéndole una restricción absoluta al ejercicio de su derecho de dominio.

Por ello, sostuvo que el término de caducidad debía computarse a partir de la
instalación de los mojones, por ser esa actuación la que materializó la afectación
del inmueble, como ocurre en los eventos de ocupación de hecho por parte del
Estado.

Así pues, como sólo el extremo activo apeló la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en los términos del artículo 32838 del CGP, se analizará el caso
teniendo en cuenta únicamente los reparos concretos formulados por el recurrente.
Por ello, el análisis deberá centrarse en establecer si el medio de control de
reparación directa se ejerció de forma oportuna.

4.2. Para comenzar, es importante recordar que esta Corporación ha distinguido
dos clases de ocupación de bienes inmuebles: (i) la material y (ii) la jurídica, las
cuales pueden tener carácter permanente o transitorio. Igualmente, ha reconocido
la existencia de afectaciones a los atributos del derecho de propiedad – como la
posesión, el uso, el usufructo o la habitación - derivadas de la ejecución de obras
públicas, que no encajan estrictamente en ninguna de las anteriores categorías39.

Conforme lo ha explicado la Sección Tercera del Consejo de Estado40, la ocupación
permanente se configura cuando la administración se instala en un terreno, ya sea
mediante la construcción de una obra pública, su destinación como lugar de
asentamiento de un grupo humano, la ubicación de una unidad militar o cualquier
actuación semejante. En tales eventos, la administración toma posesión definitiva
del inmueble y lo asume, de facto, como propio para el cumplimiento de fines
estatales. La ocupación temporal, por su parte, ocurre cuando esa posesión o
instalación tiene carácter transitorio y responde a la atención de una necesidad
específica.

La ocupación jurídica, en palabras de esta Corporación41, se configura en virtud de
una restricción intangible, de orden legal, que priva al titular del ejercicio de los
derechos de dominio que le corresponden conforme al derecho civil.

Al efecto, el recurrente pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado por una ocupación material del inmueble de su propiedad, identificado con
el folio de matrícula No. 162-30918, pues asegura que las restricciones a su derecho

38 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
39 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 12 de julio de 2021,

Rad.: 61928.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de octubre de 2016, Rad.:

49973.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de agosto de 2024, Rad.:

62850.
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Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
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de dominio se concretaron con las actuaciones materiales desplegadas por la
administración en octubre de 2017, cuando la CAR instaló mojones de concreto en
el predio, actuación que asimila a una ocupación de hecho atribuible al Estado. En
línea con ese entendimiento, el cómputo del plazo para la presentación oportuna de
la demanda habría corrido desde el momento en que la obra finalizó, o desde aquel
en que el actor advirtió la cesación de la obra si es que no la pudo conocer en un
momento anterior42.

No obstante, una lectura integral de la demanda permite advertir que la instalación
de los mojones de concreto a la que alude el actor no aparece planteada como el
origen autónomo de la afectación alegada, porque tal actuación sobrevino con
motivo de una limitación jurídica impuesta a su predio con anterioridad, derivada de
la afectación del inmueble al Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables de la Cuchilla de San Antonio y la Laguna del Coco.

Justamente, una vez valorado el acervo probatorio que reposa en el expediente, de
cara al problema jurídico planteado, se advierte que está demostrado lo siguiente:
(i) que mediante Acuerdo No. 23 del 18 de noviembre de 2008, la CAR declaró como
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables el sector
conformado por los terrenos de la Cuchilla de San Antonio en el municipio de Puerto
Salgar y, por Acuerdo No. 11 del 9 de junio de 2009, amplió dicha área a los terrenos
de la Laguna del Coco, el Peñón de La Barrigona y parte de la microcuenca de la
quebrada Arenales, ubicados en dicho ente territorial (hechos probados 3.1. y 3.2.);
(ii) que el 18 de agosto de 2009, Luis Humberto Bernal Rúa adquirió los predios
denominados “San Ciprián”, “Mata de Caña II” y “La Unión II”, ubicados en la vereda
La Ceiba del municipio de Puerto Salgar, los cuales, tras su englobe, dieron lugar a
la apertura del folio de matrícula inmobiliaria No. 162-30918 y a la conformación del
inmueble denominado “Manantiales de Vista Hermosa” (hechos probados 3.3., 3.4.
y 3.5.).

Asimismo, (iiii) que el 3 de marzo de 2010, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Guaduas inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria No. 162-30918 la
afectación ambiental derivada del Acuerdo No. 23 del 18 de noviembre de 2008,
mediante el cual la CAR declaró el Distrito de Manejo Integrado de Recursos
Naturales (hecho probado 3.6.); (iv) que, posteriormente, la CAR adoptó el Plan de
Manejo para el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de
la Cuchilla de San Antonio y la Laguna del Coco e incorporó programas de
conservación de ecosistemas estratégicos, dentro de los cuales contempló el
amojonamiento de los límites del área protegida y; (v) que, finalmente, el 12 de
octubre de 2017, Luis Humberto Bernal Rúa suscribió un acta de acuerdo voluntario
para la instalación de mojones de concreto en el predio de su propiedad
denominado “Manantiales de Vista Hermosa”, como parte de las actividades de
delimitación física del área protegida previstas por la CAR en el referido plan de
manejo (hecho probado 3.13.).

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Auto del 9 de febrero de 2011, Rad.: 38271.

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De acuerdo con lo expuesto, la Sala estima que el inmueble identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 162-30918, de propiedad de Luis Humberto Bernal
Rúa, fue objeto de una restricción derivada de su afectación al área protegida del
Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de la Cuchilla de
San Antonio y la Laguna del Coco y que, la obra pública consistente en la instalación
de mojones de concreto encontró sustento en las actividades de delimitación física
del área protegida previstas por la CAR en el plan de manejo del distrito de manejo
integrado.

Bajo esa perspectiva, el amojonamiento de los límites del área protegida no
constituyó la fuente de la restricción alegada por el demandante, sino una medida
incorporada por la autoridad ambiental demandada dentro de los programas de
conservación de ecosistemas estratégicos contemplados en el plan de manejo del
distrito de manejo integrado.

En consecuencia, contrario a lo señalado por el actor, el término de caducidad de la
pretensión no debe contarse desde la instalación de los mojones de concreto por
parte de funcionarios y contratistas de la CAR, sino desde la afectación del inmueble
al Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables de la Cuchilla
de San Antonio y la Laguna del Coco. En esa medida, el análisis debe adelantarse
a la luz de las reglas aplicables a los eventos en que un bien resulta afectado por
una decisión legal o administrativa43.

4.3. En este contexto, conviene resaltar que la caducidad es una institución jurídica
de orden público, consagrada por el legislador en procura del interés general y de
la seguridad jurídica, que se fundamenta en el establecimiento de plazos
perentorios, improrrogables e irrenunciables para el ejercicio de los medios de
control judicial44. Tales plazos delimitan el marco temporal dentro del cual los
particulares pueden reclamar del Estado un determinado derecho. Precisamente
por su naturaleza de orden público —que explica su carácter irrenunciable—, el juez
tiene el deber de declararla de oficio cuando verifica que el derecho de acción no
ha sido ejercido dentro del término legal.

En ese sentido, la caducidad debe entenderse como un fenómeno procesal de doble
naturaleza —límite y garantía—, en cuanto constituye un instrumento orientado a
racionalizar el uso del aparato judicial, asegurar la eficiencia del proceso y brindar
estabilidad a las relaciones jurídicas, al impedir su discusión indefinida en el tiempo.
A su vez, opera como una consecuencia jurídica automática que, frente a la
inactividad procesal del interesado, comporta la extinción del derecho de acción en
beneficio de la seguridad jurídica y de la parte demandada45.

43Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencias del 22 de mayo de 2024, Rad.:

60077 y del 23 de agosto de 2024, Rad.: 62850. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.: 39256.
44 Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1998.
45 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de agosto

de 2025, Rad.: 71322; Subsección C. Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.: 67960; Subsección
C. Sentencia del 10 de marzo de 2025, Rad.: 67661; Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2025,
Rad.: 69000.
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Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
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Tal como lo ha resaltado la Corte Constitucional, “[l]a justificación de la aplicación
de la figura de la caducidad en las acciones contencioso-administrativas, tiene como
fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual
anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado
de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así,
en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de
estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá
reclamarse en consideración del interés general”46.

Frente a la oportunidad para ejercer el medio de control de reparación directa, el
artículo 164 del CPACA señala que la “demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Ahora bien, la Sección Tercera de la Corporación ha adoptado diferentes posturas
en lo que concierne al cómputo del término de caducidad del medio de control de
reparación directa en aquellos eventos en los que un bien resulta afectado por una
decisión legal o administrativa –ocupación jurídica–.

En efecto, algunas decisiones han sugerido que el término preclusivo transcurre
desde el momento en que el propietario tuvo conocimiento de la restricción
impuesta47; otras han considerado que su punto de partida corresponde a la
inscripción de la limitación administrativa en el folio de matrícula inmobiliaria del
bien48 y, al margen de estas posturas, también subsiste aquella según la cual la
caducidad debe contarse desde la publicación en el diario oficial del acto
administrativo general que impuso la restricción49.

Al respecto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
inclinado por la interpretación que atiende al momento en que el propietario conoció
de la limitación impuesta al bien inmueble50. De ahí que, en el presente asunto,
corresponde establecer cuándo el demandante tuvo conocimiento de la restricción
impuesta al predio de su propiedad por medio del Acuerdo No. 23 del 18 de
noviembre de 2008.

46 Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2012, Rad.:

19048; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de agosto de 2016.
Rad.: 38532; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 28 de junio de
2019, Rad.: 43892 y del 5 de agosto de 2020, Rad.: 49657.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 9 de mayo de 2012, Rad.:

21906; 27 de abril de 2016, Rad.: 34623; y del 26 de abril de 2017, Rad.: 39646. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021, Rad.: 44670.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 13 de agosto de 2021, Rad.:

58765 y del 27 de agosto de 2021, Rad.: 64150. Sobre el particular, véase también el salvamento
de voto del magistrado Alberto Montaña Plata al interior del proceso con radicado número 25000-23-
26-000-2007-00294-01.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencias del 22 de mayo de 2024, Rad.:

60077 y del 23 de agosto de 2024, Rad.: 62850.
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4.4. En ese orden de ideas, las pruebas obrantes en el expediente permiten
constatar que el 3 de marzo de 2010, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Guaduas inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria No. 162-30918 la
afectación ambiental derivada de la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de
Recursos Naturales realizada mediante Acuerdo No. 23 del 18 de noviembre de
2008 (hecho probado 3.6.). Además, que mediante escritura pública 257 del 11 de
agosto de 2010, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Puerto Salgar, Luis
Humberto Bernal Rúa constituyó sobre el inmueble identificado con dicho folio de
matrícula una hipoteca de cuantía indeterminada en favor del Banco Agrario de
Colombia S.A., gravamen que fue inscrito en ese mismo folio el 19 de agosto de
2010 (hecho probado 3.7.).

Así las cosas, se estima que, para el momento en que el demandante constituyó
sobre el inmueble de su propiedad una hipoteca de cuantía indeterminada en favor
del Banco Agrario de Colombia S.A. y esta fue inscrita en el folio de matrícula
inmobiliaria, se encontraba en condiciones objetivas de conocer la limitación jurídica
que recaía sobre el predio como consecuencia de la declaratoria del Distrito de
Manejo Integrado.

En efecto, la constitución de una garantía hipotecaria no corresponde a un acto
informal o ajeno al estado jurídico del inmueble, sino a un negocio solemne
mediante el cual el propio propietario afecta el bien en garantía de una obligación.
Esa actuación exige identificar el inmueble, acudir a escritura pública e inscribir el
gravamen en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria51, en el cual reposan los
actos, limitaciones, gravámenes y demás circunstancias jurídicas que recaen sobre
el predio52.

Por ello, aunque de la sola constitución de la hipoteca no se deriva necesariamente
la prueba de un conocimiento subjetivo o material de cada una de las anotaciones
registrales, sí permite afirmar que el propietario se encontraba en una posición
objetiva de conocer el estado jurídico del inmueble que voluntariamente gravaba.
En otras palabras, quien dispone jurídicamente de un bien mediante la constitución
de una hipoteca asume, cuando menos, la carga de verificar las condiciones
registrales del predio, precisamente porque de ellas depende el alcance, la eficacia
y la oponibilidad del derecho real que se constituye53.
Bajo este escenario se observa que, en consonancia con lo decidido por el a quo,
el derecho de accionar no se ejerció en tiempo, pues como acaba de exponerse la
51 Código Civil. “Artículo 2435. La hipoteca deberá además ser inscrita en el registro de instrumentos

públicos; sin este requisito no tendrá valor alguno; ni se contará su fecha sino desde la inscripción”.
52 Ley 1579 de 2012. “Artículo 8. Matrícula inmobiliaria. […] En la matrícula inmobiliaria constará la

naturaleza jurídica de cada uno de los actos sometidos a registro, así: tradición, gravámenes,
limitaciones y afectaciones, medidas cautelares, tenencia, falsa tradición, cancelaciones y otros”.
53 Hermenéutica que encuentra apoyo suplementario en la derogatoria del artículo 2663 del Código

Civil y su reemplazo por el canon 35 del decreto 1250 de 1970, a la postre sustituido por la ley 1579
de 2012, en el cual únicamente se impuso, para el registro de cualquier instrumento público, la previa
«comprobación de que reúne las exigencias de la ley para acceder al registro» (artículo 16),
eliminando la exigencia de que se identifiquen las obligaciones principales y el monto máximo de la
cobertura”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de octubre de 2022,
Rad.: 11001-31-03-032-2015-00070-01.
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Radicado: 25000233600020190041301 (68245)
Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

hipoteca que el actor constituyó sobre el predio de su propiedad fue inscrita el 19
de agosto de 2010 (hecho probado 3.7.) y la demanda se presentó sólo hasta el 6
de junio de 2019 esto es, cuando ya habían transcurrido ampliamente los dos (2)
años que otorga la ley procesal para ejercer oportunamente la pretensión de
reparación directa por los daños que el actor afirma haber sufrido por causa de la
afectación jurídica de su inmueble al área protegida.

Es más, aunque el 18 de febrero de 201954 el actor presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público, lo cierto es que para ese
momento no había término de caducidad susceptible de ser suspendido porque,
como se explicó anteriormente, ya había operado el fenómeno preclusivo que
extinguía la posibilidad de invocar el medio de control de reparación directa frente
al daño alegado por la parte demandante.

4.5. Ahora, si bien podría plantearse que el término de caducidad debía computarse
desde la publicación de los actos que declararon y ampliaron el área protegida del
distrito de manejo integrado (hechos probados 3.1. y 3.2.), lo cierto es que no se
acreditó cuándo se produjo dicha publicación. Tampoco se demostró que, para la
fecha en que fueron expedidos esos actos administrativos –18 de noviembre de
2008 y 9 de junio de 2009 –, el accionante fuera propietario del bien objeto de
controversia.

Al efecto, es pertinente destacar que esta Subsección, en sentencia del 22 de mayo
de 2024, precisó que el término de caducidad no podría contabilizarse desde la
fecha de publicación del acto que determinó la afectación si, para ese momento, los
demandantes no eran titulares del derecho de dominio sobre el bien. Al efecto,
determinó que: “dado que en el certificado de libertad y tradición no consta[ba]
registro de limitación alguna, el momento a partir del cual pudo el aquí accionante
demandar en reparación directa el resarcimiento del daño que esa ocupación le
produjo coincid[ía] con el día siguiente a aquel en que entró en vigor la Resolución
1765 de 1993, pues fue a partir de su vigencia que el predio quedó jurídicamente
afectado. Sin embargo, en ese momento, no era él su propietario”55.

4.6. Pretender que este plazo se cuente a partir del oficio en el que la CAR le informó
al señor Bernal Rúa que la totalidad de su predio se encontraba comprendida dentro
del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de la Cuchilla
de San Antonio y la Laguna del Coco (hecho probado 3.10.), o de la comunicación
en la que tal entidad le reiteró al actor que el inmueble se hallaba ubicado dentro

54 Fl. 37. Samai, índice 11. Archivo denominado ED_C01_CD01 FOLIO 7-DEMANDA(.zip) NroActua

11.
55 “En armonía con esa línea de entendimiento de la preceptiva del numeral 8 del artículo 136 del

Código Contencioso Administrativo, en este caso, dado que en el certificado de libertad y tradición
no consta registro de limitación alguna, el momento a partir del cual pudo el aquí accionante
demandar en reparación directa el resarcimiento del daño que esa ocupación le produjo coincide con
el día siguiente a aquel en que entró en vigor la Resolución 1765 de 1993, pues fue a partir de su
vigencia que el predio quedó jurídicamente afectado. Sin embargo, en ese momento, no era él su
propietario”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de mayo de 2024,
Rad.: 60077.
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Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

del área protegida, como lo propone la parte demandante en el escrito de demanda,
implicaría atribuir a esas comunicaciones el efecto de diferir indefinidamente el inicio
del término de caducidad. Un entendimiento de tal naturaleza resulta incompatible
con el carácter perentorio de los plazos establecidos por la ley para acudir ante esta
jurisdicción56.

Incluso, extender el cómputo del término de caducidad de la pretensión reparatoria
a la fecha en que el demandante autorizó en su predio el amojonamiento de los
límites del área protegida conduciría a desplazar injustificadamente el inicio de la
caducidad a un momento posterior al conocimiento de la limitación jurídica que
afectaba el inmueble, al confundir dicho conocimiento con los efectos que esa
misma limitación produjo con posterioridad.

Dicha interpretación que plantea el recurrente resulta equivocada, pues parte de
considerar que, en el presente caso, se configura un daño continuado, en tanto la
restricción al uso y goce del inmueble habría permanecido en el tiempo y se habría
concretado con actuaciones posteriores de la administración. Sin embargo, el hecho
de que la limitación jurídica que afectaba el inmueble hubiera podido generar
consecuencias que se prolongaron en el tiempo no implica que el daño tuviera esa
naturaleza57. Por el contrario, el señor Bernal Rúa se encontraba en aptitud objetiva
de conocer dicha limitación desde el momento en que constituyó y registró la
hipoteca sobre el predio de su propiedad.

4.7. Este criterio ha sido sostenido recientemente por esta Sala de Subsección en
un caso en el que se analizó la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de
la decisión de la CAR de incluir un inmueble dentro del área ambiental protegida del
Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El
Chuscal”. En esa oportunidad se precisó que el término preclusivo debía
computarse desde el momento en que la parte actora conoció la inclusión de su
inmueble en el área protegida58.

Dicha premisa es plenamente aplicable al presente asunto, así como los
fundamentos jurídicos allí expuestos, por lo que se impone ahora, en la parte
resolutiva, confirmar la sentencia del 3 de diciembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada la
excepción de caducidad formulada por la entidad demandada59, circunstancia que

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.:

64000.
57 “Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la

ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo
el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se
extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad
comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente,
la acción no caducaría jamás”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de octubre de
2000, Rad.: 12228.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 27 de abril de 2026, Rad.:

67108.
59 En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el

fallador encuentre probada.
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Demandante: Luis Humberto Bernal Rúa

releva a la Sala de pronunciarse sobre el fondo del asunto, por las razones
expuestas en precedencia.

5. Conclusión

En el marco de los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia del 3 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se constató que la pretensión de reparación
directa fue ejercida de manera extemporánea, toda vez que entre el momento en
que el demandante se encontraba en aptitud objetiva de conocer la limitación
jurídica derivada de la incorporación de su predio al área protegida y la presentación
de la demanda transcurrió un lapso superior al término previsto por el legislador.

6. Costas en segunda instancia

El numeral 1° del artículo 365 del CGP60 dispone que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación61.

Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda instancia a la
parte demandante, toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del CGP62, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo
365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas
que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4° del artículo 366 del
CGP63, para lo cual deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión

60 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
61 CGP. “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a

aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además,
en los casos especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
62 CGP. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada

en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior […]”.
63 CGP. “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse

las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales.

En el sub-lite, la Sala, teniendo en cuenta que la demandada no desplegó actuación
en segunda instancia, se abstendrá de imponer una orden para que proceda el pago
de agencias en derecho, en la medida que no existe una causación material que así
las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia anticipada del 3 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
declaró probada la excepción de caducidad formulada por la entidad demandada,
pero por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP. Sin reconocimiento alguno por
agencias en derecho.

TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto

EJRC/JAR

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