Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00446-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00446-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00446-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de marzo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
Actor: COLOMBIA MÓVIL SA ESP
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO
DE ACTOS ADMINISTRATIVOS – INDEBIDA
ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL
Síntesis del caso: la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la sociedad Colombia
Móvil SA ESP SA ESP al pago de una multa en virtud de una investigación administrativa cuyo
cobro coactivo constituyó una operación administrativa, debido a que los actos administrativos
que sirvieron de fundamento fueron expedidos sin competencia por haber caducado la facultad
sancionatoria; la parte demandante considera que ello le ocasionó un daño antijurídico que debe
ser resarcido.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que resolvió
lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de CADUCIDAD del
medio de control de reparación directa, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con
los argumentos esgrimidos en la presente sentencia.
TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte
actora, incluyendo como agencias en derecho el equivalente al 3% del
valor solicitado en las pretensiones de la demanda, suma que deberá
ser liquidada por la Secretaría de la Sección, en los términos del artículo
366 del Código General del Proceso.
(…)” (índice 39 SAMAI expediente primera instancia).
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 18 de junio de 2019 (fl. 1 cdno. ppal.), la sociedad
Colombia Móvil SA ESP promovió una demanda de reparación directa en contra
de la Superintendencia de Industria y Comercio con las siguientes súplicas:
“1. Que se declare a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO patrimonial y extracontractualmente responsable por
haber realizado una operación administrativa al iniciar y culminar el
proceso de cobro coactivo no. 17-393498 por valor MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
($1.345.324.650), en ejecución de las Resoluciones nos. 15458 del 31
de marzo de 2016, 6586 del 23 de febrero de 2017 y 18343 del 17 de
abril de 2017 que fueron expedidas por la misma autoridad sin
competencia.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO al pago a favor
de COLOMBIA MÓVIL SA ESP de la suma equivalente a MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
($1.345.324.650), a título de indemnización de perjuicios causados a
la demandante en la modalidad de daño emergente, a raíz de la
irregular operación administrativa realizada.
(…)” (fls. 1 a 2 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto original).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) Mediante la Resolución no. 81710 del 24 de diciembre de 2014, la
Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación administrativa
en contra de Colombia Móvil SA ESP por transgresión de los artículos 4, 10, 15,
56 y 102 de la Resolución CRC 3066 de 2011 y, a través de la Resolución no.
15458 del 31 de marzo de 2016 declaró el incumplimiento de dichas normas por
el hecho de facturar y cobrar servicios adicionales de contenido y aplicaciones
sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, motivo por el cual le
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Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
impuso una multa de mil setecientos salarios mínimos mensuales legales
vigentes (1700 SMLMV).
2) La Superintendencia de Industria y Comercio elaboró una citación para
notificación personal de esa última resolución con fecha de 6 de abril de 2016,
pero, no la entregó en la dirección de notificación dispuesta por Colombia Móvil
SA ESP, por tal razón se encuentra sin constancia de radicación; el 15 de abril
siguiente, la sociedad recibió notificación por aviso.
3) El 2 de mayo de 2016, Colombia Móvil SA ESP interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución no. 15458 del
31 de marzo de 2016, en cuyo escrito dio a conocer los correos electrónicos
notificaciones@tigo.com.co y jcm@etp.com.co para recibir notificaciones.
4) El 12 de diciembre siguiente, la sociedad radicó un documento en la entidad,
en el cual informó que el nuevo correo electrónico para notificaciones sería
notificacionesjudiciales@tigoune.com.
5) En Resolución no. 6586 del 23 de febrero de 2017, la Superintendencia de
Industria y Comercio confirmó la sanción y concedió el recurso de apelación,
decisión que fue enviada al correo electrónico jcm@etp.com.co el día siguiente,
sin embargo, la notificación no se pudo efectuar porque ese correo ya no lo tenía
dispuesto para tal fin; el 6 de marzo siguiente se intentó notificar por aviso en la
misma dirección de correo electrónico, pero, fue rechazado.
6) A pesar de no habérsele notificado correctamente los actos administrativos,
la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución no. 18343 del
17 de abril de 2017 mediante la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido
de confirmar integralmente la sanción impuesta; la entidad intentó notificar esta
última decisión al día siguiente en los correos notificaciones@tigo.com.co y
jcm@etp.com.co, pero, el mensaje de datos fue rechazado.
7) Sin tener en cuenta que no hubo notificación personal, la Superintendencia de
Industria y Comercio procedió a notificarla por aviso el 27 de abril de 2017 en el
correo notificacionesjudiciales@tigoune.com, lo cual implicó que el acto no fue
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
debidamente notificado, pues, la entidad pretermitió el proceso que establece la
Ley 1437 de 2011 para efectuar la notificación por aviso, esto es, luego de los
cinco días de recibida la citación de notificación personal (artículo 69).
8) El 10 de mayo de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio envió el
aviso para notificar la Resolución no. 6586 del 23 de febrero de 2017 al correo
notificacionesjudiciales@tigoune.com, es decir, pretendió notificar primero la
resolución que decidió el recurso de apelación y luego la que desató el recurso
de reposición, irregularidad que atenta contra el derecho fundamental al debido
proceso.
9) El 2 de mayo de 2017, Colombia Móvil SA ESP presentó una solicitud de
nulidad de los actos administrativo 6586 y 18343 de 2017 por indebidas
notificaciones, situación que a la luz del artículo 52 genera la caducidad de la
facultad sancionatoria por haber transcurrido más de un año sin que se hubiese
surtido la notificación de dichos actos; hasta la fecha de presentación de la
demanda, esa petición no ha sido resuelta por la entidad.
10) A pesar de todo lo anterior, la entidad remitió un aviso de cobro de la sanción
impuesta a Colombia Móvil SA ESP, más los intereses moratorios, frente a lo
cual la sociedad presentó un escrito en el que expuso que el título no era exigible
debido a que estaba pendiente resolver la solicitud de nulidad y que la facultad
sancionatoria que soportaba la resolución de sanción ya había caducado.
11) Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio continuó con el
cobro administrativo de la sanción y la sociedad tuvo que pagar mil ciento setenta
y dos millones setenta y tres mil quinientos pesos ($1’172.073.500) más los
intereses moratorios, “situación que configura una operación administrativa que
da lugar a la declaratoria de responsabilidad y por consiguiente, a la
indemnización de los perjuicios causados” (fl. 6 cdno. ppal.).
Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad patrimonial:
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
1) La Superintendencia de Industria y Comercio realizó una operación
administrativa consistente en iniciar y culminar el proceso de cobro coactivo en
contra de Colombia Móvil SA ESP mediante el cual obtuvo el pago de mil
trescientos cuarenta y cinco millones trescientos veinticuatro mil seiscientos
cincuenta pesos ($1.345’324.650), debido a que los recursos interpuestos por la
actora en contra de la sanción fueron resueltos y notificados por fuera del término
legalmente establecido, esto es, más de un año desde la fecha de su
interposición.
2) Según el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, si los recursos no se deciden en
dicho término la entidad pierde competencia para resolverlos y se entienden
resueltos en favor del recurrente, en ese orden de ideas, las resoluciones
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio lo fueron sin
competencia y su ejecución mediante el proceso de cobro coactivo constituye
una vía de hecho, esto es, una operación administrativa que le causó perjuicios
a la ahora demandante.
3) Haber iniciado el cobro de una sanción impuesta sin competencia le causó un
daño antijurídico a Colombia Móvil SA ESP.
2. Posición de la parte demandada
La Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 119 a 127 cdno. ppal.) se
opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción que denominó
“inepta demanda por indebida escogencia del medio de control”, con fundamento
en que los argumentos de hecho y de derecho dan cuenta de una afectación a
los intereses de la demandante en virtud de la expedición de las Resoluciones
números 15458 de 2016 y 6586 y 18343 de 2017 por parte de la entidad, por lo
que el medio de control judicial idóneo es el de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Además, dichos actos administrativos ya fueron demandados ante la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde cursa el proceso
con radiación número 250002341000201800796001; aunque en primera
instancia se rechazó la demanda por considerarse que el medio de control
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Actor: Colombia Móvil SA ESP
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judicial de nulidad y restablecimiento del derecho estaba caducado, en segunda
instancia la Sección Primera del Consejo de Estado revocó esa decisión y
ordenó la admisión de la demanda.
En todo caso, las notificaciones de los actos administrativos se hicieron
correctamente y, en gracia de discusión, si existieran yerros en la notificación, el
acto que dio fin a la actuación administrativa fue la Resolución no. 18343 de 2017
fue notificado por conducta concluyente el 29 de agosto de 2018, de manera que
los argumentos de la demanda no tienen cabida en ninguno de los medios de
control judicial previstos para declarar la nulidad de los actos; es claro que la
empresa demandante conocía el contenido de la decisión porque procedió a
pagar la sanción y es igualmente evidente que el medio de control judicial de
nulidad y restablecimiento del derecho está caducado porque la solicitud de
conciliación se presentó el 26 de abril de 2019.
3. Alegatos de conclusión de primera instancia
1) La parte actora (índice 37 SAMAI expediente primera instancia) insistió en que
en este caso sí ocurrió una operación administrativa, por cuanto la
Superintendencia de Industria y Comercio le impuso el deber de soportar el
cobro de una sanción que deriva de un acto administrativo irregular proferido sin
competencia, por ser extemporáneo, de modo que no se busca atacar los actos
administrativos sino el cobro coactivo.
2) La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B en sentencia del 4 de febrero de 2022 (índice 39 SAMAI expediente primera
instancia) declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control
judicial de reparación directa y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la
demanda.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
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En esa dirección estimó que, debido a que las súplicas de la demanda están
dirigidas a declarar patrimonialmente responsable a la entidad demandada por
la operación administrativa que se concretó cuando dio trámite a un proceso de
cobro coactivo pese a que la resoluciones por las cuales se había impuesto una
multa a la sociedad demandante y se habían resuelto los recursos interpuestos
contra esta, habían sido expedidos de manera irregular por indebida notificación
y falta de competencia por caducidad de la facultad sancionatoria, las
pretensiones de reparación directa no pueden analizarse de manera aislada a
las de nulidad y restablecimiento del derecho pues, conforme lo determina el
artículo 138 del CPACA, cuando se declara la nulidad del acto administrativo,
también podrá solicitarse la reparación de un daño, en cuyo caso será
competente el juez de la nulidad y necesariamente las reglas de caducidad serán
las que operen respecto del medio de control judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho como pretensión principal.
La remisión de un aviso de cobro persuasivo el 30 de noviembre de 2017 por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad Colombia
Móvil SA ESP no pudo constituir en sí mismo un acto de ejecución de los actos
administrativos cuestionados por la demandante, sino una invitación al pago de
la obligación a su cargo, acompañada de una advertencia de iniciarse el trámite
de cobro coactivo, con expedición de mandamiento de pago y decreto de
medidas cautelares si a ello hubiere lugar, motivo por el cual resulta desacertado
referirse al aviso de cobro como una operación administrativa, pues, el pago de
la multa a cargo de Colombia Móvil SA ESP impuesta mediante Resolución no.
15458 de 31 de marzo de 2016 devino de la voluntad de pago de la sociedad
demandante, mas no fue consecuencia del inicio de un trámite de cobro coactivo
que hubiere culminado con una orden unilateral de ejecución.
En consecuencia, como la fuente del daño no es la existencia de una operación
administrativa, sino la supuesta expedición irregular de los actos administrativos
aducidos, la caducidad que se debe analizar es la del medio de control judicial
de nulidad y restablecimiento del derecho; asimismo, debe tenerse en cuenta
que la suma que se solicita como monto a indemnizar es el mismo que se
deprecó en el proceso iniciado ante la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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Actor: Colombia Móvil SA ESP
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Como en el documento a través del cual la apoderada de Colombia Móvil SA
ESP solicitó la suspensión del cobro coactivo por estar pendiente que se
resolviera la solicitud de nulidad de los actos, aseguró que el 28 de abril de 2017
recibió notificación por aviso de la Resolución No. 18343 de la Superintendencia
de Industria y Comercio, desde esa fecha tenía conocimiento de la expedición
de dicho acto y, en consecuencia, el término de los cuatro (4) meses previstos
para incoar el medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho
se encuentra caducado.
Aunado a lo anterior, como la demandante procedió al pago de la multa impuesta
mediante Resolución No. 15458 de 2016, necesariamente debía conocer su
contenido, así como también el de las Resoluciones números 6586 y 18343 de
2017 que resolvieron los recursos de reposición y apelación contra la primera,
que la confirmaron en su integridad.
De igual manera, se debe sanear el presente trámite, denegar las pretensiones
de la demanda y darlo por terminado, pues, carece de objeto continuar el proceso
cuando ante la Sección Primera del Consejo de Estado se tramita un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con fecha de radicación anterior a la del
presente asunto y en el que se formularon súplicas con igual objeto, esto es,
obtener la restitución de lo pagado como consecuencia de la multa impuesta en
la Resolución no. 15458 de 31 de marzo de 2016, hecho que permite tener por
agotada la jurisdicción.
En ese orden de ideas, como la parte actora impetró la demanda por fuera del
plazo previsto en la ley, esta Sala procederá a declarar la caducidad del medio
de control de reparación directa y, consecuencialmente, a denegar las
pretensiones de la demanda.
5. El recurso de apelación
La parte demandante (índice 43 SAMAI expediente primera instancia) impugnó
el fallo de primera instancia sobre la base de aducir que el origen del daño no
son los actos administrativos contenidos en las Resoluciones No. 15458 del 2016
y 6586 y 18343 del 2017, sino la operación administrativa generada al iniciar y
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culminar el proceso de cobro coactivo y, aunque efectivamente hubo
irregularidades en la expedición de dichos actos administrativos estas se
debaten en el otro proceso, al que tanto el tribunal y como la contraparte hicieron
referencia, sin embargo, son dos casos distintos, porque, mientras que en aquel
el fundamento de la demanda son dichos actos, en este es la decisión autónoma
e independiente de la demandada de iniciar un cobro o ejecutar una obligación,
sin que existiera seguridad sobre la legalidad de su fundamento, esta decisión
de iniciar y ejecutar el cobro es la que se cuestiona, razón por la cual, aunque
está ligada a los actos administrativos iniciales, no es el objeto de debate en el
presente proceso.
De otro lado, solicitó que se revoque la condena en costas, pues, condenar en
costas inhibe el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes se
sientan perjudicados por las sanciones impuestas y solo aquellas personas que
se encontraren 100% seguros de cómo decidiría el caso, tendrían la posibilidad
de acudir a la justicia.
6. El concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público (índice 10 SAMAI) solicitó la confirmación del fallo apelado
por considerar que el fundamento de la sociedad para demandar fue la sanción
que se vio obligada a pagar y cuyo monto reclama a título de indemnización de
perjuicios, por estimar que le fueron ocasionados con la expedición y notificación
irregular de unos actos administrativos, de manera que se comparte el
argumento del tribunal de primera instancia en el sentido que, pese a que la parte
actora presentó la demanda en ejercicio del medio de control judicial de
reparación directa por una supuesta operación administrativa por indebida
notificación de los actos administrativos que le impusieron la sanción y que por
razón de ello tal obligación no le era exigible, lo cierto es que, el verdadero
sentido y alcance de los fundamentos de la demanda están encaminados a
cuestionar la legalidad de los referidos actos administrativos, presuntamente
viciados de nulidad por falta de competencia temporal para su expedición y
desconocimiento del derecho de defensa por indebida notificación.
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Por consiguiente, el medio de control judicial idóneo y procedente para obtener
el reconocimiento y pago de los alegados perjuicios sufridos por la demandante
no era el de reparación directa sino el de nulidad y restablecimiento del derecho,
respecto del cual operó el fenómeno de la caducidad, pues, Colombia Móvil SA
ESP tuvo conocimiento de los actos administrativos a partir del 28 de abril de
2017, según comunicación suscrita por la apoderada judicial de Colombia Móvil
SA ESP, de modo que el término de los cuatro (4) meses con el que contaba
para presentar la demanda vencían el 29 de agosto de 2017 pero, la solicitud de
conciliación prejudicial la presentó el 26 de abril de 2019, y la demanda el 18 de
junio siguiente.
Por último, sostuvo que se debe mantener la condena en costas impuesta a
Colombia Móvil SA ESP pues, precisamente en atención a lo dispuesto en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, nos encontramos frente a un proceso en el cual no se ventila un
interés público y, por ende, procede la condena en costas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido
con la demanda, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Superintendencia
de Industria y Comercio es patrimonialmente responsable del supuesto daño
antijurídico consistente en la multa impuesta a Colombia Móvil SA ESP en virtud
de un proceso de cobro coactivo, por considerar que los actos administrativos
que impusieron dicha multa fueron expedidos sin competencia, lo cual, en criterio
de esta última configuró una operación administrativa.
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2) Para el efecto, la Sala pone de presente que el tribunal de primera instancia
entendió de manera no correcta el problema jurídico planteado en la demanda
porque en este caso no hubo acumulación de pretensiones, sino que,
exclusivamente se fundamentó en una supuesta operación administrativa y por
ello el medio de control judicial empleado fue el de reparación directa; en todo
caso, si en gracia de discusión existiera tal acumulación de pretensiones esta
opera de manera subsidiaria mas no de súplicas principales por corresponder a
medios de control diferentes y son súplicas opuestas entre sí, es decir, si en
criterio del a quo lo que procedía era el medio de control judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho, debía ser el juez competente de dicho medio el
que debía definir la controversia y, así mismo, el término de caducidad a aplicar
debía ser el de dicho medio de control judicial y no el de reparación directa como
equivocadamente lo hizo.
3) En ese orden de ideas, la sentencia de primera instancia será revocada y, en
su lugar, se declarará probada la excepción de indebida escogencia del medio
de control judicial propuesta por la entidad demandada por ser evidente que el
origen de la imputación se encuentra en unos actos administrativos respecto de
los cuales hay reproches de nulidad, razón por la cual ha debido interponerse el
medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de
reparación directa.
2. Análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido con la
demanda
1) En la demanda se alega que la Superintendencia de Industria y Comercio
incurrió en una supuesta operación administrativa que le causó un daño
antijurídico a la sociedad actora por cobrarle una multa luego de haber perdido
la facultad sancionatoria, debido a que los recursos interpuestos por la actora en
contra de la sanción fueron resueltos y notificados por fuera del término
legalmente establecido, esto es, más de un año desde la fecha de su
interposición, según lo prevé el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011; de esta
manera, en criterio de Colombia Móvil SA ESP, la resoluciones expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio lo fueron sin competencia.
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2) En ese contexto, la Sala encuentra que en realidad el fundamento de la
demanda es la expedición irregular de los actos administrativos a través de los
cuales se le impuso la multa a la sociedad demandante, hecho sobre el cual se
insistió en el recurso de apelación, en consecuencia, la Sala encuentra
pertinente pronunciarse sobre la procedencia del medio de control judicial
ejercido con aquella.
3) El medio de control judicial de reparación directa consagrado en el artículo
140 del CPACA está concebido para demandar la reparación del daño derivado
de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal
o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos –o por cualquiera otra
causa–, siempre que esta última no consista en un acto administrativo porque
cuando este constituye la fuente de un daño, por regla general, la ley prevé como
medio de control generalmente pertinente el de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Sin embargo, existen casos excepcionales en los que el medio de control de
reparación directa es procedente cuando el daño proviene de actos
administrativos, los cuales esta Subsección ha precisado así:
“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este
momento se han identificado en la jurisprudencia y que permiten
afirmar que la acción de reparación directa es el cauce procesal idóneo
cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución
de actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en
los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio
de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios
causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal
que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la
propia administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo
del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la
configuración de un daño derivado de una manifestación de la
administración contra la cual no procede la acción de legalidad
pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de
trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación o
revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado
al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido
causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa.
Con relación a la primera de las excepciones, se debe distinguir si las
pretensiones cuestionan o no el acto administrativo; de suerte que si
no se discute la legalidad de aquél sino los efectos que produce y que
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ponen al afectado en una situación de desequilibrio frente a las cargas
públicas, la reparación directa se torna viable para encausar las
pretensiones así formuladas, bajo el título de imputación de daño
especial por provenir de una actividad lícita y legítima del Estado. A
contrario, si lo que en el fondo se produce es un ataque contra el acto
administrativo, así se invoque una acción diferente, la que procede es
la de nulidad y restablecimiento.”1.
De conformidad con lo anterior, cuando se encuentra que la fuente u origen del
daño es un acto administrativo y que el medio de control ejercido es el de
reparación directa, es necesario examinar si el caso se ajusta a alguna de las
cuatro excepciones que jurisprudencialmente se han identificado, sin perjuicio
de que puedan presentarse otros eventos.
4) En el presente asunto, se trata de tres actos administrativos, pues, la fuente
del daño cuya reparación se solicita en la demanda está constituida por unas
decisiones tomadas en ejercicio de función administrativa por la administración
que creó una situación jurídica de contenido particular en cabeza de Colombia
Móvil SA ESP; dichos actos son los siguientes:
a) La Resolución no. 15458 del 31 de marzo de 2016, a través de la cual la
Superintendencia de Industria y Comercio impuso a la sociedad Colombia Móvil
SA ESP una sanción pecuniaria por haber incumplido los artículos 4, 10, 15, 56
y 102 de la Resolución CRC 3066 de 2011, cuando a unos usuarios les facturó
y cobró servicios adicionales de contenido y aplicaciones sin el cumplimiento de
requisitos legales, particularmente los relacionados con el consentimiento previo
y expreso de ellos, así como también con la información sobre la activación de
dichos servicios (fls. 10 a 33 cdno. 2).
b) Resolución no. 6586 del 23 de febrero de 2017, por la cual se resolvió el
recurso de reposición y en subsidio el de apelación interpuestos por la sociedad
Colombia Móvil SA ESP en contra de la anterior resolución, en el sentido de
confirmarla integralmente y conceder el recurso de apelación (fls. 34 a 63 cdno.
2).
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 24 de enero de 2019,
proceso No. 25000-23-26-000-2008-10182-01(46806), MP Ramiro Pazos Guerrero.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
c) La Resolución no. 18343 del 17 de abril de 2017, por la cual se decidió el
recurso de apelación en el sentido de confirmarla (fls. 64 a 84 cdno. 2).
5) Aunque la parte actora fundamenta la interposición de la demanda a través
del medio de control de reparación directa en el hecho de que se trató de una
operación administrativa que le ocasionó un daño antijurídico, por la ejecución
de dichos actos administrativos con el cobro coactivo de la multa, lo cierto es que
su argumentación se reduce a que esos actos fueron expedidos sin
competencia.
6) En esa perspectiva entonces, como en la demanda se alegó que los daños se
ocasionaron debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió
los actos que impusieron la sanción sin competencia porque con estos se
resolvieron los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la
resolución que impuso la sanción luego de vencido el término de un año
establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, lo que genera la caducidad
de la facultad sancionatoria, para la Sala es claro que se controvierte la legalidad
de dichos actos, pues, se efectuó una imputación de la que expresamente se
deriva tal cuestionamiento, imputación que fue reafirmada en los alegatos de
conclusión de primera instancia2, e incluso en el recurso de apelación cuando se
manifestó que hubo irregularidades en la expedición de los actos administrativos.
7) Los mencionados actos administrativos en cuestión, según las pruebas que
obran en el expediente, no han sido anulados ni han sido objeto de revocatoria
directa por la propia administración, tampoco se trata de unos actos
preparatorios o de trámite, es más, estos ya fueron objeto de cumplimiento por
la sociedad porque en el expediente obra la prueba de que Colombia Móvil SA
ESP ya efectuó el pago de la multa y el proceso se archivó3, de manera que el
presente asunto no está cubierto por ninguna de las excepciones previstas para
2 En esa oportunidad adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso el deber
de soportar el cobro de una sanción que deriva de un acto administrativo irregular proferido sin
competencia por ser extemporáneo.
3 Obra el auto no. 90875 del 5 de septiembre de 2018, a través del cual la coordinadora del grupo
de trabajo de cobro coactivo de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió dar por
terminado el proceso coactivo por pago total de la obligación y ordenó el archivo del expediente
(fl. 85 cdno. 2).
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
que proceda el medio de control judicial de reparación directa cuando el origen
del daño lo constituye un acto administrativo.
8) En efecto, si el daño tiene origen en un acto administrativo de carácter
particular y concreto el medio de control judicial procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues, para obtener el resarcimiento del perjuicio
es indispensable el pronunciamiento y decisión preliminar acerca de la
anulabilidad del acto por violación de los preceptos superiores, para efectos de
desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad que revisten tales actos
jurídicos, que hacen obligatorio su cumplimiento y obedecimiento en los términos
del artículo 91 del CPACA.
9) Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, el medio de
control judicial de reparación directa, lo cierto es que, del contenido de los
hechos, de las pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma,
así como también del recurso de apelación, la Sala advierte, sin hesitación
alguna, que en este caso no hubo la alegada operación administrativa, sino que,
el fundamento de la demanda se encuentra en la expedición de unos actos
administrativos sin los requisitos de ley y, por ende, ello implicaba cuestionar su
legalidad.
10) En consecuencia, desde el punto de vista material, el medio de control
judicial que debió interponerse era el de nulidad y de restablecimiento del
derecho, razón por la cual la Sala encuentra que se incurrió en indebida
escogencia del medio de control judicial, situación que torna improcedente un
pronunciamiento de fondo por cuanto la adecuada escogencia del medio de
control constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha
sostenido esta Sección del Consejo de Estado4.
11) Además, es importante tener en cuenta que la sociedad actora interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, proceso
No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez.
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
Administrativo de Cundinamarca5 con el fin de que se declaren nulos los mismos
actos administrativos que sirvieron de fundamento para iniciar el presente asunto
y, aunque la demandante dice que se trata de procesos distintos porque en este
otro se cuestiona la ejecución del cobro coactivo, lo cierto es que lo hace con
base en que su fundamento no era legal, lo cual significa que el litigio se reduce
a reprochar la legalidad de los actos administrativos, pues, aunque dice no
atacarlos, sino que cuestiona el cobro coactivo, su fundamento es la ilegalidad
de aquellos.
Tanto es así que en aquella demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
se expusieron los mismos argumentos que se presentaron en este caso, según
consta en la sentencia de primera instancia que hace un recuento de ellos, en
los siguientes términos:
“Que frente a la Resolución No. 15458 del 31 de marzo de 2016, la
demandante presentó recurso de reposición y apelación, sin que en el
periodo de un año dispuesto en el artículo 52 del CPACA se hubiere
notificado los actos administrativos que resolvían los recursos.
Que al momento de interponer los recursos, los correos para recibir
notificaciones eran: notificaciones@tigo.com.co [y] jcm@etp.com.co
Pero que el 27 de julio de 2016, mediante radicado No. 16-193822,
Colombia Móvil SA ESP informó a la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO que para notificaciones electrónicas y
administrativas, la dirección de la sociedad sería Calle 26 #92-32
Módulo G1 y correo electrónico notificacionesjudiciales@tigoune.com,
aportando el certificado de existencia y representación legal de la
compañía.
Que pese a lo anterior, las notificaciones por aviso que resuelven los
recursos interpuestos fueron realizadas a direcciones equivocadas, sin
que exista prueba de que hayan sido entregadas, por lo que se entiende
que las comunicaciones de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO fueron realizadas en forma indebida, además quedó
demostrado que la entidad accionada tramitó notificaciones por aviso
sin antes agotar el procedimiento de notificación personal mediante
envío de citación.
Que la Resolución No. 6586 del 23 de febrero de 2017 no tiene
constancia de entrega y la Resolución No. 18343 del 17 de abril de 2017
fue reportada como rechazada, tal como consta en el documento de
4/72. Que dentro de la investigación no hay prueba de que la
5 En dicho proceso identificado con la radicación no. 25000234100020180079600, según se
observa en el aplicativo SAMAI, se profirió sentencia de primera instancia el 11 de julio de 2024,
frente a la cual la actora interpuso recurso de apelación, que se encuentra pendiente de
concederse (índice 47 SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por
Colombia Móvil SA ESP SA en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio).
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Expediente 25000-23-36-000-2019-00446-01 (70.129)
Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO haya entregado
las citaciones para que quede habilitada para elaborar los avisos.
Que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO no
cumplió con la entrega de las citaciones para surtir el trámite de
notificación personal y nunca se habilitó para notificar por aviso. Que la
notificación por aviso de la Resolución No. 18343 del 17 de abril fue
recepcionada el 28 de abril de 2017, pero no puede considerarse
notificada a la sociedad y se genera nulidad del proceso de notificación,
por lo que el acto administrativo es ineficaz, no genera efectos hasta
que se notifique adecuadamente.
Que frente a la Resolución No. 6586 del 23 de febrero de 2017, que
resuelve la reposición, se recibió oficio para notificarse personalmente
el 28 de abril de 2017, pero tampoco fue remitida al destinatario, Que el
10 de mayo de 2017 se envió comunicación para notificación por aviso
de la precitada Resolución No. 6586, demostrando la nulidad por
indebida notificación. Esto demuestra que la Resolución 182343 del 17
de abril de 2017, que resolvió el recurso de apelación, fue notificada
antes que la Resolución 6586 que resolvió la reposición, significando
que la apelación se resolvió antes de haber sido concedida. Por lo tanto,
la Superintendencia de Industria y Comercio no ha notificado aun las
decisiones proferidas, estando vigente la oportunidad para demandar.
Que con la notificación irregular, se presentó la caducidad de la facultad
sancionatoria, porque la Resolución No. 6586 de 2018 sólo se notificó
irregularmente el 10 de mayo de 2017, mientras que la Resolución No.
18343 de 2017 fue igualmente notificada irregularmente el 2 de mayo
de 2017, por tanto, como los recursos se presentaron el 2 de mayo de
2016, la Superintendencia de Industria y Comercio actuó por fuera del
término señalado en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, y por tanto
perdió competencia y se materializó el silencio administrativo positivo.
Que en el asunto operó el fenómeno de la caducidad al haberse
proferido la decisión de los recursos de manera extemporánea,
vulnerando el debido proceso de Colombia Móvil SA ESP” (índice 47
SAMAI proceso no. 25000234100020180079600).
Con base en ello, se reafirma que lo que pretende en uno y otro procesos es que
se indemnicen los perjuicios causados con ocasión de la expedición de unos
actos administrativos de manera irregular, al punto que en ambos casos solicitó
como reparación la devolución del valor de la multa cancelada por Colombia
Móvil SA ESP, de manera que la vía correcta para resolverse dicha situación
jurídica es la de la nulidad y restablecimiento del derecho que, de hecho, ya está
en curso.
12) Finalmente, la Sala advierte que el tribunal de primera instancia no debió
declarar la caducidad del medio de control judicial de reparación directa y mucho
menos denegar las pretensiones de la demanda, porque la acumulación de
pretensiones solo se puede ejercer de manera subsidiaria y, como consideró que
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Reparación directa - apelación de sentencia
en este caso el medio de control judicial procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, el asunto lo debía resolver de fondo el juez de la
nulidad y el término de caducidad que debía aplicarse era el de este último medio
de control judicial.
13) Por tal motivo, los ordinales primero y segundo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada serán revocados para declarar probada la excepción de
indebida escogencia del medio de control judicial ejercido por la parte actora del
proceso.
3. Conclusión
Por haberse interpuesto la demanda con indebida escogencia del medio de
control judicial legalmente procedente, se impone revocar los ordinales primero
y segundo de la sentencia apelada, para en su lugar declarar probada esa
excepción propuesta por la entidad demandada y, por lo tanto, inhibirse de
pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a juicio.
4. Condena en costas
La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP porque a la parte demandante se le resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación interpuesto, para lo cual el tribunal de origen liquidará la
condena en costas de manera concentrada, según lo previsto en los artículos
365 y 366 del CGP, con inclusión de las agencias en derecho.
La condena en costas proferida en primera instancia no será revocada, como se
pidió en el recurso de apelación, porque esta opera por virtud de la ley, en contra
de la parte vencida en el proceso, que en este caso fue precisamente la parte
actora, sin exigencia alguna de ningún requisito de valoración de la conducta
procesal de ese extremo del proceso.
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Actor: Colombia Móvil SA ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA:
1º) Revócanse los ordinales primero y segundo de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 4 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B y, en su lugar, declárase
probada la excepción de indebida escogencia del medio de control de reparación
directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la
demanda.
2°) Condénase a la parte demandante a pagar a la entidad demandada las
costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas
por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en derecho en
segunda instancia en favor de la entidad demandada, tásense de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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