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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00555-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00555-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MOFICAR la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa frente a las pretensiones elevadas porque la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar i) no acogió el valor señalado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, dentro los 5 días posteriores a la presentación de dicho dictamen; ii) permitió que se ocultaran, sustrajeran o destruyera las piezas documentales referentes a la fijación de indemnización; iii) mediante oficio del 2 de agosto de 2013, acogió el peritaje presentado por la sociedad CM& Abogados e Inmobiliaria; iv) en auto del 23 de octubre de 2014, concedió de forma errada el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 2 de agosto de 2013 ante el Consejo de Justicia de Bogotá; v) la solicitud de amparo administrativo se encontraba prescrita; vi) el perito que actuó en el proceso de amparo administrativo debía ser designado por instructor del proceso y no por una de las partes; vii) profirió dos decisiones sobre el mismo trámite, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Alexander Rodríguez Higuita y Diana Yesenia Rodríguez Higuita. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo 177 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 80 Radicación: 25000233600020190055501 (70089) Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso”. SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00555-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS Y OTROS
Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE
GOBIERNO – ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Tema: Decisiones proferidas en el trámite de procesos policivos
establecidos en el Código de Minas. Naturaleza judicial y no
administrativa. Error jurisdiccional. Defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia. Caducidad del medio de control.
Proceso de servidumbre minera. Pérdida de oportunidad no
acreditada. Mora en procesos policivos establecidos en el
Código de Minas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Gildardo Rodríguez Vargas, Alexander Rodríguez Higuita, Diana Yesenia
Rodríguez Higuita, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas, Nathalia Rodríguez Higuita y
Constriturar S.A.S. pretenden que se declare la responsabilidad del Distrito Capital
de Bogotá – Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y las “irregularidades”
que se configuraron en el desarrollo de los procesos de servidumbre minera y de
amparo administrativo identificados con los radicados 2012190880100016E,
20151920078422, 20151920078432 y 2014190880100062E, respectivamente, así
como la pérdida de la oportunidad en “obtener oportunamente el valor de la
indemnización por servidumbre minera”.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 29 de julio de 20191, Gildardo Rodríguez Vargas, Alexander Rodríguez Higuita,
Diana Yesenia Rodríguez Higuita, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas, Nathalia
Rodríguez Higuita y Constriturar S.A.S., mediante apoderado judicial y en ejercicio
del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra el Distrito
Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, para
que se le declarara patrimonialmente responsable por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia y las “irregularidades” que se configuraron en el
desarrollo de los procesos de servidumbre minera y de amparo administrativo
identificados con los radicados 2012190880100016E, 20151920078422,
20151920078432 y 2014190880100062E, respectivamente, así como por la pérdida
de la oportunidad en “obtener oportunamente el valor de la indemnización por
servidumbre minera”.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la
accionada a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a Nathalia Rodríguez
Higuita, 100 SMLMV a Gildardo Rodríguez Vargas, Alexander Rodríguez Higuita,
Diana Yesenia Rodríguez Higuita y Manuel Alfredo Rodríguez Vargas; por daño a
la vida de relación, 200 SMLMV a Nathalia Rodríguez Higuita, Gildardo Rodríguez
Vargas, Alexander Rodríguez Higuita y Diana Yesenia Rodríguez Higuita; por daño
emergente, las sumas de $121.481.674 a Gildardo Rodríguez Vargas y
$951.208.771 a Constriturar S.A.S., y por “pérdida de oportunidad por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que (…) impide obtener
oportunamente el valor de la indemnización por servidumbre minera”, las sumas de
$410.046.138. a Nathalia Rodríguez Higuita, $4.047.302428 a Gildardo Rodríguez
Vargas y $5.132.316.555 a Constriturar S.A.S.

1 Fl. 1 a 75, C. 1.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante refirió las actuaciones
adelantadas en el trámite de los procesos de servidumbre minera identificados con
los radicados 2012190880100016E, 20151920078422 y 20151920078432; y en el
proceso de amparo administrativo con radicado 2014190880100062E, así:

Proceso de Servidumbre Minera (Radicado 2012190880100016E)

Afirma que, mediante providencia del 7 de abril de 2011, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar dio apertura al proceso de servidumbre minera identificado con el radicado
2012190880100016E, en el que fungió como querellante la sociedad Miner Group
S.A.S. y como querellado Gildardo Rodríguez Vargas. Asimismo, se ordenó notificar
dicha decisión al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que designara
un perito que estimara el monto de la indemnización de perjuicios.

Indica que, mediante Oficio No. 201111930024821 del 2 de mayo de 2011, el IGAC
señaló que no era posible acceder a nuevas solicitudes de avalúos, por cuanto no
contaba con el personal suficiente para atenderlas.

Sostiene que el 12 de mayo de 2011, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar solicitó a
la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá la designación de un perito para estimar la
indemnización de perjuicios correspondiente al título minero 16432.

Señala que el 2 de agosto de 2011, Gildardo Rodríguez Vargas solicitó suspender
el proceso de servidumbre minera por cuanto se estaban presentando diversas
irregularidades en su trámite.

Manifiesta que el 24 de agosto de 2011, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó
a Rodríguez Vargas que “el trámite que se está adelantando en este momento por
parte de este Despacho es el que está contemplado en el artículo 22 de la Ley 1382
de 2010”.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Afirma que, mediante Oficio No. LPRB-DT 000929 del 26 de septiembre de 2011, la
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá rindió el dictamen pericial previamente
solicitado.

Indica que el 20 de junio de 2012, Miner Group S.A.S. presentó un nuevo avalúo
elaborado por la sociedad CM& Abogados e Inmobiliaria Ltda.

Sostiene que, en Oficio No. 20131930071911 del 2 de agosto de 2013, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar fijó el monto de la indemnización con base en el avalúo
elaborado por la sociedad CM& Abogados e Inmobiliaria Ltda.

Señala que el 12 de febrero de 2014, Miner Group S.A.S. presentó a la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar el recibo de pago de la caución por concepto de
servidumbre minera por el monto de $5.924.400 y, a su vez, solicitó definir fecha
para iniciar la explotación minera.

Manifiesta que el 19 de septiembre de 2014, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
notificó a Gildardo Rodríguez Vargas del Oficio No. 20131930071911 del 2 de
agosto de 2013 que fijó el monto de la indemnización con base en el avalúo
elaborado por la sociedad CM& Abogados e Inmobiliaria Ltda.

Afirma que el 24 de septiembre de 2014, Rodríguez Vargas presentó recurso de
apelación contra el referido oficio.

Indica que el 23 de octubre de 2014, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concedió
el recurso de apelación ante el Consejo de Justicia de Bogotá.

Sostiene que el 16 de diciembre de 2015, un grupo asesor adscrito a la Secretaria
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá identificó irregularidades en el proceso de
servidumbre minera.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Señala que, mediante el “acto administrativo” No. 408 del 30 de junio de 2015, el
Consejo de Justicia de Bogotá rechazó por improcedente el recurso de apelación
interpuesto por el señor Rodríguez Vargas.

Manifiesta que el 5 de julio de 2016, Gildardo Rodríguez Vargas solicitó a la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar la revocatoria directa del Oficio No. 20131930071911 del 2
de agosto de 2013.

Afirma que el 7 de octubre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar dio inicio a
la audiencia de reconstrucción del expediente No. 2012190880100016E.

Indica que el 17 de marzo de 2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar declaró
reconstruido el expediente.

Sostiene que, mediante providencia del 23 de marzo de 2017, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió el conflicto de competencias suscitado
entre el Consejo de Justicia de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca,
señalando que esta última entidad era la competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra el Oficio No. 20131930071911 del 2 de agosto de 2013.

Manifiesta que, mediante Resolución No. 24 del 31 de julio de 2017, la Gobernación
de Cundinamarca declaró la nulidad del Oficio No. 20131930071911 del 2 de agosto
de 2013.

Afirma que, mediante Resolución No. 681 del 26 de septiembre de 2017, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar dio cumplimiento a lo ordenado por la Gobernación de
Cundinamarca.

Indica que, mediante Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar acogió el dictamen rendido por la Lonja de Propiedad Raíz
de Bogotá y, como consecuencia, ordenó a la sociedad Miner Group S.A.S. pagar
la suma de $1.363.574.400. a Gildardo Rodríguez Vargas, por concepto de la
servidumbre minera del predio Villa Paula.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Sostiene que el 31 de octubre de 2017, el señor Rodríguez Vargas solicitó la
aclaración de la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017, dado que no se
incluyó la estimación de las mejoras y la actualización del monto reconocido en
dicho dictamen, el cual se elaboró en el 2011.

Señala que, mediante Resolución No. 13 del 4 de enero de 2018, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar rechazó la solicitud de aclaración presentada por Gildardo
Rodríguez Vargas.

Manifiesta que, mediante Resolución No. 14 del 4 de enero de 2018, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar rechazó el recurso de apelación interpuesto por la sociedad
Miner Group S.A.S. contra la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017.

Afirma que el 12 de febrero de 2018, Gildardo Rodríguez Vargas solicitó a la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar la expedición de la constancia de ejecutoria de la
Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017.

Indica que el 9 de marzo de 2018, la sociedad Miner Group S.A.S. presentó recurso
de queja contra la Resolución No. 14 del 4 de enero de 2018.

Sostiene que el 26 de abril de 2018, la sociedad Miner Group S.A.S. recusó al
Alcalde Local de Ciudad Bolívar, alegando que violó el régimen de impedimentos y
recusaciones.

Señala que el 18 de mayo de 2018, la Gobernación de Cundinamarca certificó que
la sociedad Miner Group S.A.S. no había presentado recurso de queja contra la
“Resolución No. 14 de 2018”.

Manifiesta que el 1° de junio de 2018, Gildardo Rodríguez Vargas solicitó a la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar la expedición de la constancia de ejecutoria de la
Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Afirma que, mediante Resolución No. 558 del 16 de julio de 2018, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar no aceptó la recusación formulada por la sociedad Miner Group
S.A.S., razón por la cual remitió el expediente a la Gobernación de Cundinamarca
para lo pertinente.

Indica que, mediante Resolución No. 26 del 24 de agosto de 2018, la Gobernación
de Cundinamarca declaró infundada la recusación formulada por la sociedad Miner
Group S.A.S.

Sostiene que, en fecha indeterminada, Gildardo Rodríguez Vargas presentó
demanda de tutela en contra de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, con el propósito
que expidiera la constancia de ejecutoria de la Resolución No. 721 del 17 de octubre
de 2017 (la que acogió el dictamen rendido por la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá y ordenó a la sociedad Miner Group S.A.S. pagarle la suma de
$1.363.574.400 al señor Rodríguez Vargas).

Señala que el 5 de diciembre de 2018, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar señaló
que no se ha expedido la referida constancia por cuanto se encuentra pendiente el
trámite del recurso de queja interpuesto por la sociedad Miner Group S.A.S. En ese
sentido, solicitó a la Gobernación de Cundinamarca que informara sobre el trámite
de dicho recurso.

Finalmente manifiesta que, a la fecha de presentación de la demanda, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar no ha expedido la ejecutoria de la Resolución No. 721 de
2017.

Proceso de Amparo Administrativo (Radicado 2014190880100062E)

La parte demandante afirma que el 27 de octubre de 2014, Miner Group S.A.S.,
titular del contrato de concesión minera No. 16432, presentó ante la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar una solicitud de amparo administrativo por presunta perturbación
atribuida a Gildardo Rodríguez Vargas y/o Constriturar Ltda.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Indica que mediante proveído No. 941 del 4 de noviembre de 2014, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar admitió la solicitud de amparo y programó diligencia de
reconocimiento del área para el 25 de noviembre de 2014.

Sostiene que el 25 de noviembre de 2014, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
reprogramó la diligencia para el 22 de diciembre de 2014 y posesionó como perito
al geólogo Alberto Mauricio Néstor Loboguerrero Uscátegui.

Señala que el 22 de diciembre de 2014, se realizó un recorrido por el área del
contrato minero con funcionarios de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Policía
Nacional y el perito Loboguerrero Uscátegui.

Manifiesta que el 20 de enero de 2015, el perito presentó el informe sobre la
presunta perturbación en el título minero No. 16432.

Afirma que, mediante Resolución No. 11 del 23 de enero de 2015, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar concedió el amparo administrativo solicitado por la sociedad
Miner Group S.A.S. y, como consecuencia de lo anterior, ordenó la suspensión de
la perturbación ocasionada por Gildardo Rodríguez Vargas y/o Constriturar Ltda.

Indica que el 30 de enero de 2015, Gildardo Rodríguez Vargas interpuso recurso de
apelación contra la Resolución No. 11 del 23 de enero de 2015.

Sostiene que, en fecha indeterminada, funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá
advirtieron la configuración de irregularidades en el trámite del proceso de amparo
administrativo, razón por la cual sugirieron “reorientar” el proceso.

Señala que, mediante Resolución No. 181 del 17 de julio de 2015, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar concedió el amparo administrativo solicitado por la sociedad
Miner Group S.A.S. y, como consecuencia de lo anterior, ordenó la suspensión de
la perturbación ocasionada por Gildardo Rodríguez Vargas y/o Constriturar Ltda.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Manifiesta que el 18 de agosto de 2015, Gildardo Rodríguez Vargas interpuso
recurso de apelación contra la Resolución No. 181 del 17 de julio de 2015.

Afirma que, mediante auto No. 223 del 1° de septiembre de 2015, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar fijo fecha para el 14 de septiembre de 2015 con el fin de realizar
la diligencia de desalojo del propietario del predio Villa Paula.

Indica que el 14 de septiembre de 2015, la diligencia de desalojo no se realizó por
la inasistencia del Alcalde Local de Ciudad Bolívar.

Sostiene que el 7 de octubre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar expidió
los autos Nos. 334 y 335, mediante los cuales concedió los recursos de apelación
interpuestos por Gildardo Rodríguez Vargas contra las Resoluciones Nos. 11 y 181
de 2015, respectivamente y ordenó remitir el expediente al Consejo de Justicia de
Bogotá.

Señala que el 29 de abril de 2016, el Consejo de Justicia de Bogotá rechazó por
improcedente el recurso de apelación.

Manifiesta que el 13 de septiembre de 2018, el señor Rodríguez Vargas presentó
demanda de tutela contra la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, con el propósito que
se garantizara el derecho a la doble instancia en el trámite del proceso de amparo
administrativo.

Afirma que el 18 de septiembre de 2018, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
manifestó al Juzgado 22 de Pequeñas Causas de Bogotá que había remitido a la
Gobernación de Cundinamarca los recursos de apelación interpuestos por Gildardo
Rodríguez Vargas, razón por la cual solicitó negar la solicitud de amparo por
configurarse un hecho superado.

Indica que, mediante Resolución No. 34 del 3 de octubre de 2018, la Gobernación
de Cundinamarca revocó las Resoluciones Nos. 11 y 181 de 2015 y, a su vez,
precisó que para hacer uso eficiente de la servidumbre minera impuesta sobre el

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

predio “Villa Paula” debía acreditarse anticipadamente el pago efectivo de la
indemnización fijada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante Resolución
721 del 17 de octubre de 2017.

Sostiene que, a la fecha de presentación de la demanda, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar no ha acatado lo dispuesto en la Resolución Departamental No. 34 de 2018.

Proceso de Servidumbre Minera (Radicado 20151920078422)

Señala la parte demandante que el 14 de agosto de 2015, Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas presentó ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar una solicitud para iniciar
el trámite de fijación de indemnización por servidumbre minera sobre el predio
“Bellavista”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50S-00668188.

Manifiesta que el 26 de agosto de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar solicitó
a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas el certificado de tradición y libertad del predio e
informó sobre la existencia de un proceso relacionado con el título minero 16432
ante el Consejo de Justicia de Bogotá.

Afirma que el 2 de septiembre de 2015, el señor Rodríguez Vargas aportó el
certificado de tradición del predio “Bellavista” y reiteró su solicitud de fijación de
caución.

Indica que el 22 de octubre de 2015, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas insistió a la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en la solicitud para iniciar el trámite de fijación de
indemnización por servidumbre minera.

Sostiene que el 29 de octubre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó
que había elevado consulta ante la Agencia Nacional de Minería para determinar si
tenía competencia para fijar la indemnización.

Señala que el 23 de noviembre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar solicitó
a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas aportar el “certificado de cámara de comercio”
de la sociedad que tiene a su cargo la concesión minera 16432, copia autenticada

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

del contrato de concesión minera 16432 y copia autenticada de la escritura pública
del predio “Bellavista”.

Manifiesta que el 19 de enero de 2016, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas allegó a
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar los documentos requeridos por esa autoridad.

Afirma que el 24 de febrero de 2016, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas reiteró a la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar la solicitud de iniciar el trámite de fijación de
indemnización por servidumbre minera.

Indica que, mediante proveído del 4 de abril de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar profirió el acto de inicio del trámite para la fijación de caución y, a su vez,
comisionó al IGAC para que estimara el monto de la indemnización de perjuicios en
un plazo de 30 días.

Sostiene que los días 23 de mayo y 21 de septiembre de 2016, Manuel Alfredo
Rodríguez Vargas solicitó información a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar respecto
del trámite de fijación de indemnización por servidumbre minera.

Señala que el 24 de noviembre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó
a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas que todas las actuaciones relacionadas con
Miner Group S.A.S. estaban suspendidas debido a un trámite de reconstrucción de
expediente.

Manifiesta que el 6 de diciembre de 2016, el señor Rodríguez Vargas solicitó al
IGAC copia del peritaje solicitado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Afirma que el 13 de diciembre de 2016, el IGAC informó a Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas que la solicitud había sido trasladada a la Unidad Administrativa de Catastro
Distrital.

Indica que el 13 de marzo de 2018, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas presentó una
constitución en renuencia por la falta de avance en el trámite de fijación de caución
de servidumbre minera.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Sostiene que el 13 de julio de 2018, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas solicitó a la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar vincular a Ricardo Alfonso Matallana Andrade al
proceso.

Señala que, a la fecha de presentación de la demanda, el proceso de fijación de
caución por servidumbre minera sobre el predio “Bellavista” no ha sido tramitado ni
resuelto por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Proceso de Servidumbre Minera (Radicado 20151920078432)

Manifiesta la parte actora que el 14 de agosto de 2015, Nathalia Rodríguez Higuita
presentó ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar una solicitud para iniciar el trámite
de fijación de indemnización por servidumbre minera sobre el predio “Lote 3 de la
División Hacienda La María”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50S-
1119401.

Afirma que el 26 de agosto de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar solicitó a
Nathalia Rodríguez Higuita el certificado de tradición y libertad del predio e informó
sobre la existencia de un proceso relacionado con el título minero 16432 ante el
Consejo de Justicia de Bogotá.

Indica que el 2 de septiembre de 2015, Nathalia Rodríguez Higuita aportó el
certificado de tradición del predio “Lote 3 de la División Hacienda La María” y reiteró
su solicitud de fijación de caución.

Sostiene que el 1° de octubre de 2015, Nathalia Rodríguez Higuita insistió a la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en la solicitud para iniciar el trámite de fijación de
indemnización por servidumbre minera.

Señala que el 29 de octubre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó
que había elevado consulta ante la Agencia Nacional de Minería para determinar si
tenía competencia para fijar la indemnización.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Manifiesta que el 23 de noviembre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
solicitó a la señora Rodríguez Higuita aportar copia del “certificado de cámara de
comercio” de la concesión minera 16432, copia autenticada del contrato de
concesión y de la escritura pública del predio “Lote 3 de la División Hacienda La
María”.

Afirma que el 19 de enero de 2016, Nathalia Rodríguez Higuita allegó a la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar los documentos requeridos por esa misma autoridad.

Indica que el 24 de febrero de 2016, la señora Rodríguez Higuita reiteró a la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar la solicitud de iniciar el trámite de fijación de indemnización
por servidumbre minera.

Sostiene que, mediante proveído del 27 de abril de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar profirió el acto de inicio del trámite para la fijación de caución y, a su vez,
solicitó a la Agencia Nacional de Minería designar un perito idóneo para determinar
el monto de la caución en un plazo de 30 días.

Señala que los días 24 de agosto y 15 de septiembre de 2016, Nathalia Rodríguez
Higuita solicitó información a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar respecto del trámite
de fijación de indemnización por servidumbre minera.

Manifiesta que el 24 de noviembre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
informó a Nathalia Rodríguez Higuita que todas las actuaciones relacionadas con
Miner Group S.A.S. estaban suspendidas debido a un trámite de reconstrucción de
expediente.

Afirma que el 13 de junio de 2017, Nathalia Rodríguez Higuita reiteró la solicitud de
información a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar respecto del trámite de fijación de
indemnización por servidumbre minera.

Indica que el 31 de agosto de 2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó a
Nathalia Rodríguez Higuita que el expediente se encontraba en estudio jurídico.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Sostiene que el 13 de marzo de 2018, la señora Rodríguez Higuita presentó una
constitución en renuencia por la falta de avance en el trámite de fijación de caución
de servidumbre minera.

Señala que el 13 de julio de 2018, Nathalia Rodríguez Higuita solicitó a la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar vincular a Ricardo Alfonso Matallana Andrade al proceso.

Finalmente, manifiesta que, a la fecha de presentación de la demanda, el proceso
de fijación de caución por servidumbre minera sobre el predio “Lote 3 de la División
Hacienda La María” no ha sido tramitado ni resuelto por la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar.

En apoyo de sus súplicas, el extremo activo adujo que las actuaciones de la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar, autoridad administrativa investida de funciones
jurisdiccionales, en el curso de los procesos de servidumbre minera privó de la
oportunidad de percibir de manera individual y oportuna la correspondiente
indemnización a que tienen derecho Gildardo Rodríguez Vargas, Manuel Alfredo
Rodríguez Vargas y Nathalia Rodríguez Higuita, en su calidad de propietarios de los
predios objeto de dichos procesos. Asimismo, en cuanto al trámite del proceso de
amparo administrativo minero, se alegó que la sociedad Constriturar no ha podido
desarrollar su actividad comercial.

Sobre el particular, adujo la parte actora que en el proceso de servidumbre minera
identificado con el radicado 2012190880100016E, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar incurrió en las siguientes irregularidades:

i) No acogió el valor señalado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá el 29 de
septiembre de 2011, dentro de los 5 días posteriores a la presentación de dicho
dictamen; ii) permitió que se ocultaran, sustrajeran o destruyeran las piezas
documentales referentes a la fijación de indemnización, los cuales fueron
incorporados de nuevo en el año 2017; iii) mediante oficio del 2 de agosto de 2013,
acogió el peritaje presentado por la sociedad CM& Abogados e Inmobiliaria, la cual
no estaba legalmente autorizada para rendir este tipo de avalúos; iv incumplió los

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

términos legales para notificar el precitado oficio; v) en auto del 23 de octubre de
2014, concedió de forma errada el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión del 2 de agosto de 2013 ante el Consejo de Justicia de Bogotá; vi) mediante
Resolución 721 del 17 de octubre de 2017, acogió el peritaje emitido por la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá, el cual no estaba vigente, pues había sido rendido el 3
de octubre de 2011; vii) a la fecha de presentación de la demanda no ha emitido la
constancia de ejecutoria de la Resolución 721 del 17 de octubre de 2017; y viii) el
procedimiento para la fijación de servidumbre minera sobrepasó de forma
injustificada y desproporcionada el término establecido en la ley para este tipo de
procedimientos.

Ahora bien, frente al proceso de amparo administrativo, adelantado bajo el radicado
No. 2014190880100062E, la parte actora alegó que la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar cometió las siguientes irregularidades: i) la solicitud de amparo
administrativo se encontraba prescrita y debió ser rechazada; ii) el perito que actuó
en el proceso debía ser designado por el instructor del proceso y no por una de las
partes; iii) profirió dos decisiones sobre el mismo trámite; iv) mediante los autos Nos.
334 y 335 del 7 de octubre de 2015, concedió de forma errada los recursos de
apelación interpuestos ante el Consejo de Justicia de Bogotá; y, iv) a la fecha, no
ha acatado la orden impartida por la Gobernación de Cundinamarca, mediante al
Resolución No. 34 de 2018.

Finalmente, frente a los procesos de servidumbre minera identificados con los
radicados Nos. 20151920078422 y 20151920078432 se señaló que la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar ha incurrido en mora injustificada para decidir lo pertinente
en cada uno de ellos.

2. Contestación

El 10 de septiembre de 20192, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2 Fl. 84, C. 1.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

2.1. El Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que
respetó íntegramente el derecho de defensa y contradicción de las partes en los
procesos de servidumbre minera, atendió las peticiones de cada una de ellas,
decidió sobre lo que le fue solicitado, concedió los recursos de ley y acató lo resuelto
por su superior.

Asimismo, adujo que no le asistía responsabilidad frente a “los tiempos procesales
relacionados con las segundas instancias concedidas en las diligencias que originan
esta acción. El recurso de queja, el conflicto de competencias, que son ajenos
totalmente a la voluntad y trámite que pudiera realizar mi poderdante”.

Señaló que los demandantes carecen de legitimación en la causa por activa porque
ninguno posee un título minero sobre los bienes inmuebles de su propiedad, los
cuales fueron objeto de servidumbre minera. Precisó que el título minero le fue
concedido por la autoridad competente a la sociedad Miner Group S.A.S., quien es
la única facultada por la ley para realizar actividades de ese tipo.

Frente a los procesos de servidumbre minera promovidos por Manuel Alfredo
Rodríguez Vargas y Nathalia Rodríguez Higuita, sostuvo que estos se encuentran
en curso, razón por la cual resulta improcedente calificar las actuaciones allí
desplegadas como defectuosas, cuando dichos trámites siguen vigentes y los
solicitantes han podido ejercer el derecho de defensa y contradicción.

Finalmente, afirmó que no están acreditados los presupuestos requeridos para la
declaración de responsabilidad del Estado, ya que los mentados procesos han
transcurrido con observancia plena de la Constitución Política y de la ley; además,
el tiempo empleado ha sido razonable en vista de que han sobrevenido distintas
situaciones, interposición de recursos, conflictos de competencia, entre otras.

3 Fl. 113 a 124, C. 1.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

3. Audiencia inicial

El 23 de agosto de 20214 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó
el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar: “i) Si la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar incurrió en las omisiones
endilgadas por la parte demandante en el trámite de los procesos de servidumbre
minera y amparo administrativo, relacionados con el Titulo Minero No. 16432 cuyo
titular es la Sociedad Miner Group S.A.S. ii) Si el hecho de que tres de esas
actuaciones aun no hubiesen concluido impide declarar la responsabilidad de la
demandada. iii) En caso de declarar la responsabilidad de Bogotá D.C.- Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar, se determinará si se produjeron los daños alegados por la
parte demandante, y si se demostró la indemnización del perjuicio pretendido”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 23 de noviembre de 20215 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora6 y el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno –
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar7, reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda y en sus contestaciones, respectivamente.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

4 Samai, índice 32 de primera instancia.
5 Samai, índice 42 de primera instancia.
6 Samai, índice 47 de primera instancia.
7 Samai, índice 46 de primera instancia.

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Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de marzo de 20238 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. En sustento, señaló que “en
las actuaciones que se alega fueron irregulares [en el trámite de los procesos de
servidumbre minera Nos. 2012190880100016E, 2015-192-007842-2 y 2015-192-
007843-2] siempre se tuvieron en cuenta la participación de los interesados en el
resultado del proceso”.

Sostuvo que en el presente asunto se configuró el eximente de responsabilidad del
hecho de un tercero, dado que, de conformidad con lo previsto en la Ley 685 de
2001, para que se reconozca el derecho a la servidumbre minera debe mediar el
pago de la indemnización y caución por parte del titular minero, situación que estaba
a cargo de la sociedad Miner Group S.A.S. y, por tanto, la causa eficiente del daño
fue el actuar de dicha sociedad, que no cumplió con la obligación derivada del
proceso de servidumbre minera. Asimismo, afirmó que el daño resultaba imputable
a la propia parte actora, pues “no ha ejecutado las acciones propias para que Miner
Group cumpla sus obligaciones, las que llevaron a que se presentara la situación
que se alega configuró la falla del servicio”.

6. Recurso de apelación

El 18 de abril de 20239, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 30 de mayo de 202310 y admitido el 8 de septiembre de 202311.

6.1. La parte demandante señaló que el Tribunal a quo efectuó una valoración
deficiente del material probatorio allegado al proceso. En ese sentido, alegó que no se
pronunció sobre cada una de las irregularidades ocurridas en el proceso de
servidumbre minera No 2012190880100016E, las cuales fueron señaladas en la
demanda de reparación directa y reiteradas en el recurso de apelación.

8 Samai, índice 54 de primera instancia.
9 Samai, índice 58 de primera instancia.
10 Samai, índice 67 de primera instancia.
11 Samai, índice 12.

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Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Asimismo, sostuvo que omitió realizar un pronunciamiento respecto de las súplicas
elevadas por Constriturar S.A.S., Nathalia Rodríguez Higuita y Manuel Alfredo
Rodríguez Vargas.

Indicó que en el presente asunto no se configuraron los requisitos necesarios para que
procediera el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero. Toda vez que: i)
la sociedad Miner Group S.A.S. no fue la única causante de las actuaciones
irregulares y de las omisiones injustificadas que acaecieron en los procesos de
servidumbre y de amparo minero; ii) Miner Group S.A.S. fue parte procesal en los
referidos procesos, situación que “además de vincularlo con las actuaciones y
omisiones de la entidad demandada, lo convirtió en coobligado de las diligencias
adelantadas”; y iii) el medio de control no fue motivado por la falta de pago por parte
de un titular minero sino por el deficiente funcionamiento de administración de
justicia ya que la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar realizó actuaciones irregulares y
omisiones injustificadas que generaron daños a los demandantes.

Finalmente, precisó que “la discusión planteada en el medio de control, no obedece
a la falta de pago por parte de un titular minero respecto del terreno Villa Paula, sino
al Deficiente Funcionamiento de Administración de Justicia donde la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar en cada proceso jurisdiccional realizó actuaciones irregulares y
omisiones injustificadas que generaron daños a los aquí demandantes consistente
en la perdida de oportunidad para obtener la debida y correcta indemnización en
tiempo, sumado al impedimento para el desarrollo de las actividades industriales de
la sociedad Constriturar S.A.S., situaciones que los demandantes no están
obligados a soportar ni se pueden atribuir a la parte procesal Miner Group S.A.S.”.

7. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA12, modificado por el artículo 67 de la Ley

12 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una

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Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

A través de la demanda que aquí nos ocupa, la parte actora pretende la declaratoria
de responsabilidad del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno –
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y las “irregularidades” que se configuraron en el desarrollo
de los procesos de servidumbre minera y de amparo administrativo identificados
con los radicados 2012190880100016E, 20151920078422, 20151920078432 y
2014190880100062E, respectivamente.

Sobre el particular, se advierte que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional13 y de esta corporación14, las decisiones adoptadas en dichos
trámites tienen naturaleza judicial y no administrativa. En ese sentido, se precisa que
se está ante unas actuaciones de naturaleza judicial, adelantadas por una autoridad
revestida transitoriamente de funciones jurisdiccionales encaminadas a resolver

vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá
un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El
secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”.
13 La Corte Constitucional, en sentencia C-063 de 2005, al estudiar la constitucionalidad del artículo

285 de la Ley 685 de 2001, se pronunció respecto de la naturaleza del procedimiento administrativo
para fijar caución por motivo del ejercicio de servidumbres mineras. Sobre el particular, se indicó:
“las normas acusadas asignan al alcalde municipal y al gobernador de departamento
correspondiente la función de resolver en forma provisional, en primera y en segunda instancia
respectivamente, conflictos jurídicos entre particulares, relativos al ejercicio de las
servidumbres mineras y a la perturbación y despojo en la exploración y explotación mineras,
por lo cual las decisiones que adopten dichas autoridades administrativas tienen por
excepción naturaleza judicial, y no administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 82
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Art. 30 de la Ley 446 de 1998, y con la
jurisprudencia constitucional y administrativa citadas en el numeral anterior” (se destaca).
14 Frente a la naturaleza de las decisiones proferidas en el marco del procedimiento de amparo

administrativo previsto en el Código de Minas, esta Subsección, en auto del 8 de abril de 2024 (exp.
68312), precisó: “las decisiones proferidas por la autoridad minera mediante las cuales se resuelve
una solicitud de amparo administrativo, tienen naturaleza jurisdiccional, dado que a través de las
mismas se dirimen controversias entre particulares con pretensiones contrapuestas, de conformidad
con las reglas especiales previstas en el Código de Minas”.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

controversias entre particulares en unos procesos policivos15, conforme a lo previsto
en el artículo 116 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1316 de
la Ley 270 de 1996.

Así mismo, como no existen decisiones jurisdiccionales respecto de las cuales no
pueda predicarse la responsabilidad patrimonial del Estado, es posible que
mediante el medio de control de reparación directa la parte demandante alegue la
responsabilidad del Estado por la administración de justicia y pretenda la reparación
de daños y perjuicios derivados del proceso policivo o de sus decisiones, en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, bajo la óptica del error jurisdiccional o del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tal y como lo expuso
esta Subsección en sentencia del 24 de enero de 202417.

15 Al respecto la jurisprudencia de las diferentes Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado ha reconocido el carácter judicial de los juicios civiles de
policía, toda vez que están dirigidos a resolver controversias jurídicas inter partes, en las que están
comprometidos intereses particulares e individuales de los asociados. Ver sentencia de 13 de
septiembre de 2001, con radicado No. 12915, de la Sección Tercera del Consejo de Estado;
sentencia de 1º de noviembre de 2007, con radicado No. 08001-23-31-000-2006-00905-01(ACU),
de la Sección Quinta del Consejo de Estado; sentencia de 3 de mayo de 2019, con radicado No.
70001-23-33-000-2017-00201-01, la Sección Primera; Corte Constitucional, sentencia T-048 de 14
de febrero de 1995, reiterada en sentencias T-289/95, T-149/98; T-127/99 y T-629/99.
16 “Artículo 13. Del Ejercicio de la Función Jurisdiccional por otras Autoridades y por Particulares.

<Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Ejercen
función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política: […] 2. Las
autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas
sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún
caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal”.
17 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 24 de enero de 2024, Rad.:

60429. En este pronunciamiento, se abordó y estudió la jurisdicción y la competencia del Juez en el
ámbito de la reparación directa para abordar las pretensiones que puedan surgir a raíz del
funcionamiento defectuoso o del error judicial en el contexto de un proceso policivo, pues sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 105 del CPACA, según el cual “la jurisdicción de lo contencioso
administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por
la ley”, la exclusión de la mencionada norma alude a la posibilidad de efectuar el control judicial
mediante un análisis de legalidad de la decisión adoptada en el juicio de policía en sede de acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual, además, descarta la posibilidad de que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo funja como superior funcional de la autoridad de policía
y conozca en segunda instancia del asunto en cuestión, en cuyo efecto es importante diferenciar los
actos judiciales de los actos administrativos propiamente dichos, ya que contra los primeros no
procede el juicio de validez, por las razones que se acaban de reseñar. En ese sentido, se advierte
que la acción de reparación directa dirigida contra las decisiones proferidas en juicios de policía no
pretende desvirtuar la legalidad o validez de tales decisiones, sino verificar la existencia del daño
antijurídico alegado en la demanda y de su imputación a la acción u omisión de la administración
pública, pues la responsabilidad del Estado también se predica de los errores en que incurren
agentes del Estado que sin pertenecer a la rama jurisdiccional cumplen la función de administrar
justicia. Ello es así, por cuanto los inspectores de policía y alcaldes en el cumplimiento de su función
jurisdiccional se encuentran sometidos al imperio de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y sus decisiones, así como las demás actuaciones surtidas para adelantar el proceso o la
ejecución de sus providencias, configuran hechos o actos judiciales que no escapan al ámbito de la
responsabilidad estatal, pues ello significaría admitir que los daños antijurídicos cometidos por las

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Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Finalmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor
de la demanda, supera los 500 SMLMV para la fecha de su presentación18, exigidos
para que el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 6, 157 y 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de los daños provenientes por los hechos y omisiones del
Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar, en ejercicio de funciones de naturaleza jurisdiccional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno

autoridades de policía investidas de función jurisdiccional no son objeto de reparación, lo cual resulta
inadmisible dentro del ordenamiento constitucional colombiano y en el marco del Estado Social de
Derecho.
18 La pretensión mayor es de $5.132.316.555, lo cual es mayor a $414.058.000, que corresponden

a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda (2021).

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por cuanto se trata de un presupuesto procesal19.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general20, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

19 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure22 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 23,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

25

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el presente asunto, la parte actora solicitó declarar patrimonialmente
responsable al Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
y las “irregularidades” que se configuraron en el desarrollo de los procesos de
servidumbre minera y de amparo administrativo identificados con los radicados
2012190880100016E, 20151920078422, 20151920078432 y
2014190880100062E, respectivamente. Asimismo, se solicitó la indemnización por
el daño derivado de la pérdida de oportunidad de obtener el valor de la
indemnización pretendida en los referidos procesos de servidumbre minera.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro24.

Asimismo, se ha precisado que, tratándose de la declaración de responsabilidad del
Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el
término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho
u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte
demandante25.

Pues bien, descendiendo al caso concreto, se precisa que la parte actora alegó
tanto en la demanda como en el recurso de apelación la configuración de diversas
irregularidades en los precitados procesos de servidumbre minera y de amparo

24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 4 de abril de 2018, Rad: 48089.

26

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

administrativo. En ese sentido, la Sala procederá a efectuar el estudio del término
de caducidad frente a cada uno de dichos aspectos.

Proceso de Servidumbre Minera - Radicado No. 2012190880100016E

Así, se tiene que frente al proceso de servidumbre minera identificado con el
radicado No. 2012190880100016E se alegó que la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
incurrió en las siguientes irregularidades:

i) No acogió el valor señalado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, dentro los
5 días posteriores a la presentación de dicho dictamen. Al respecto, se advierte que
mediante Oficio No. LPRB-DT 000929 del 26 de septiembre de 2011, la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá rindió el avalúo corporativo No. 115-11 de los lotes “Villa
Paula, Canteras, Bella Vista, Lote 3 La María, El Purgatorio I, El Purgatorio II, La
María y Mochuelo Bajo III”26. En ese sentido, la parte actora tuvo conocimiento del
daño alegado una vez finalizó el plazo de 5 días previsto en el artículo 285 de la Ley
685 de 2001, esto es, el 3 de octubre de 2011.

Respecto de este cargo en concreto se observa que el término de caducidad corrió
del 4 de octubre de 2011 hasta el 4 de octubre de 2013, y que la solicitud de
conciliación se presentó el 28 de marzo de 201927, cuando ya había vencido el
término para ejercer el medio de control de reparación directa.

ii) Permitió que se ocultaran, sustrajeran o destruyera las piezas documentales
referentes a la fijación de indemnización, los cuales fueron incorporados de nuevo
en el año 2017. Sobre este punto, se tiene que la parte actora debió tener
conocimiento de dicho daño, al menos, desde el 7 de octubre de 2016, día en que
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar dio inicio a la audiencia de reconstrucción del
expediente28.

Frente a lo anterior, se advierte que el término de caducidad corrió del 8 de octubre
de 2016 hasta el 8 de octubre de 2018, mientras que la solicitud de conciliación se

26 Fl. 42 a 72, C. 2.
27 Fl. 1 a 3, C. 2.
28 Fl. 117 a 119, C. 2.

27

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

presentó el 28 de marzo de 201929, cuando ya había vencido el término para ejercer
el medio de control de reparación directa.

iii) Mediante oficio del 2 de agosto de 2013, la autoridad local no acogió el peritaje
presentado por la sociedad CM& Abogados e Inmobiliaria, la cual, se alega, no
estaba legalmente autorizada para rendir este tipo de avalúos. Sobre el particular,
se advierte que la parte actora tuvo conocimiento de dicho aspecto una vez fue
notificada del referido oficio, lo cual ocurrió el 19 de septiembre de 201430.

Respecto de este cargo en concreto se observa que el término de caducidad corrió
del 20 de septiembre de 2014 hasta el 20 de septiembre de 2016, y que la solicitud
de conciliación se presentó el 28 de marzo de 201931, cuando ya había vencido el
término para ejercer el medio de control de reparación directa.

iv) la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar incumplió los términos legales para notificar
el oficio del 2 de agosto de 2013. Al efecto, se estima que la parte actora también
tuvo conocimiento de dicho aspecto una vez fue notificada del referido oficio, lo cual
ocurrió el 19 de septiembre de 201432.

De conformidad con lo anterior, frente a dicha inconformidad, se advierte que el
término de caducidad corrió del 20 de septiembre de 2014 hasta el 20 de septiembre
de 2016, y que la solicitud de conciliación se presentó el 28 de marzo de 201933,
cuando ya había vencido el término para ejercer el medio de control de reparación
directa.

v) En auto del 23 de octubre de 2014, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concedió
de forma errada el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 2 de
agosto de 2013 ante el Consejo de Justicia de Bogotá. Al respecto, se precisa que
no obra constancia de notificación, ni de ejecutoría de dicha decisión; no obstante,
lo anterior, la parte actora tuvo conocimiento de dicho auto, a más tardar, el 10 de
septiembre de 2015, fecha en la que Gildardo Rodríguez Vargas presentó queja

29 Fl. 1 a 3, C. 2.
30 Fl. 90, C. 2.
31 Fl. 1 a 3, C. 2.
32 Fl. 90, C. 2.
33 Fl. 1 a 3, C. 2.

28

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

ante la Secretaría General de Bogotá por las presuntas irregularidades cometidas
en el trámite del proceso de servidumbre minera34.

En efecto, se advierte que el término de caducidad corrió del 11 de septiembre de
2015 hasta el 11 de septiembre de 2017, mientras que la solicitud de conciliación
se presentó el 28 de marzo de 201935, cuando ya había vencido el término para
ejercer el medio de control de reparación directa.

vi) Mediante Resolución 721 del 17 de octubre de 2017, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar acogió el peritaje emitido por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, el cual
no estaba vigente, pues había sido rendido el 3 de octubre de 2011. Sobre el
particular, se tiene que si bien no obra en el expediente constancia de la fecha en
la que quedó notificada y/o ejecutoriada la Resolución 721 del 17 de octubre de
2017, los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de
marzo de 2019 ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida
el 18 de junio de 201936; y la demanda se presentó el 29 de julio de 201937, por lo
que resulta evidente que entre la fecha de la referida resolución y aquella en la que
se presentó la demanda, no transcurrieron más de dos años.

vii) A la fecha de presentación de la demanda, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
no ha emitido la constancia de ejecutoria de la Resolución 721 del 17 de octubre de
2017. Al respecto, se considera que sobre este aspecto el medio de control de
reparación directa se ejerció en tiempo, había cuenta que entre la fecha de la
referida resolución –17 de octubre de 2017– y aquella en la que se presentó la
demanda -29 de julio de 2019-, no transcurrieron más de dos años.

viii) El procedimiento para la fijación de servidumbre minera sobrepasó de forma
injustificada y desproporcionada el término establecido en la ley para este tipo de
trámite. Frente a esta irregularidad, se estima que el derecho de accionar se ejerció
en tiempo, dentro del término de dos (2) años que estipula la ley, teniendo en cuenta
que, aunque no hay constancia de la fecha en la que quedó notificada y/o

34 Fl. 140 a 143, C. 2.
35 Fl. 1 a 3, C. 2.
36 Fl. 1 a 3, C. 2.
37 Fl. 1, C. 1.

29

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

ejecutoriada la Resolución 721 del 17 de octubre de 2017, los demandantes
presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de marzo de 2019 ante la
Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 18 de junio de 201938;
y la demanda se presentó el 29 de julio de 201939, por lo que resulta evidente que
entre la fecha de la referida resolución y aquella en la que se presentó la demanda,
no transcurrieron más de dos años.

ix) La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar privó a Gildardo Rodríguez Vargas de la
oportunidad de percibir de manera oportuna la correspondiente indemnización por
concepto de servidumbre minera del predio “Villa Paula”. Sobre el particular, se
considera que frente a dicho daño el medio de control de reparación directa se
ejerció en tiempo, toda vez que si bien en el proceso no obra constancia de la fecha
en la que quedó notificada y/o ejecutoriada la Resolución 721 del 17 de octubre de
2017 -mediante la cual la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ordenó a la sociedad
Miner Group el pago de la suma de $1.363.574.400 a Gildardo Rodríguez Vargas
por concepto de servidumbre minera del predio “Villa Paula”-, los demandantes
presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de marzo de 2019 ante la
Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 18 de junio de 201940;
y la demanda se presentó el 29 de julio de 201941, por lo que resulta evidente que
entre la fecha de la referida resolución y aquella en la que se presentó la demanda,
no transcurrieron más de dos años.

Proceso de Amparo Administrativo - Radicado No. 2014190880100062E

De otro lado, en cuanto al proceso de amparo administrativo, adelantado bajo el
radicado No. 2014190880100062E, alegó la parte actora que la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar cometió las siguientes irregularidades:

x) La solicitud de amparo administrativo se encontraba prescrita y debió ser
rechazada. Al respecto, se advierte que mediante proveído No. 941 del 4 de
noviembre de 2014, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar admitió la solicitud de

38 Fl. 1 a 3, C. 2.
39 Fl. 1, C. 1.
40 Fl. 1 a 3, C. 2.
41 Fl. 1, C. 1.

30

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

amparo administrativo en contra de Gildardo Rodríguez Vargas y/o Constriturar
Ltda.42 y si bien en el proceso no obra constancia de notificación de dicha decisión,
lo cierto es que el apoderado del señor Rodríguez Vargas asistió a la diligencia
adelantada en dicho procedimiento el 17 de diciembre de 201443, momento para el
cual la parte actora ya tenía conocimiento del daño alegado.

De hecho, se advierte que el término de caducidad corrió del 18 de diciembre de
2014 hasta el 18 de diciembre de 2016, y que la solicitud de conciliación se presentó
el 28 de marzo de 201944, cuando ya había vencido el término para ejercer el medio
de control de reparación directa.

xi) El perito que actuó en el proceso de amparo administrativo debía ser designado
por el instructor del proceso y no por una de las partes. Sobre el particular, se
precisa que el 17 de diciembre de 2014 la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar llevó a
cabo la diligencia de reconocimiento45, en la cual designó como perito a Alberto
Mauricio Néstor Lobo-Guerrero Uscátegui, actuación en la cual se encontraba
presente el apoderado del señor Gildardo Rodríguez Vargas y, por tanto, resulta
claro que la parte actora tuvo conocimiento del daño alegado desde ese momento.

En ese sentido, respecto de este cargo en concreto se observa que el término de
caducidad corrió del 18 de diciembre de 2014 hasta el 18 de diciembre de 2016, y
que la solicitud de conciliación se presentó el 28 de marzo de 201946, cuando ya
había vencido el término para ejercer el medio de control de reparación directa.

xii) Se profirieron dos decisiones sobre el mismo proceso de amparo administrativo.
Al respecto, se advierte que mediante las resoluciones Nos. 11 del 23 de enero de
2015 y 181 del 17 de julio de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concedió el
amparo administrativo solicitado por la sociedad Miner Group S.A.S., decisiones
frente a las cuales Gildardo Rodríguez Vargas interpuso recurso de apelación el 30
de enero de 2015 y el 18 de agosto de 2015, respectivamente. De conformidad con

42 Fl. 170 a 171, C. 2.
43 Fl. 175, C. 2.
44 Fl. 1 a 3, C. 2.
45 Fl. 175, C. 2.
46 Fl. 1 a 3, C. 2.

31

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

lo anterior, al menos, desde el 18 de agosto de 2015 la parte actora tuvo
conocimiento del daño alegado por dicho aspecto.

En efecto, se advierte que el término de caducidad corrió del 19 de agosto de 2015
hasta el 19 de agosto de 2017, y que la solicitud de conciliación se presentó el 28
de marzo de 201947, cuando ya había vencido el término para ejercer el medio de
control de reparación directa.

xiii) La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, mediante los autos Nos. 334 y 335 del 7
de octubre de 2015, concedió de forma errada los recursos de apelación
interpuestos ante el Consejo de Justicia de Bogotá. Al respecto, se precisa que no
obran el expediente la constancia de notificación o de ejecutoria de dichas
providencias para determinar el conteo del término de caducidad, no obstante, la
Sala, en aplicación de los principios pro actione y pro damnato48 y, para garantizar
el acceso a la administración de justicia, estudiará el fondo del asunto frente a ese
hecho.

xiv) La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no ha acatado la orden impartida por la
Gobernación de Cundinamarca mediante Resolución No. 34 de 2018. Frente a dicho
punto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término
de dos (2) años que estipula la ley, teniendo en cuenta que, aunque no hay
constancia de la fecha en la que quedó notificada y/o ejecutoriada la Resolución No.
34 de 2018, los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el
28 de marzo de 2019 ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró
fallida el 18 de junio de 201949; y la demanda se presentó el 29 de julio de 201950,
por lo que resulta evidente que entre la fecha de la referida resolución y aquella en
la que se presentó la demanda, no transcurrieron más de dos años.

47 Fl. 1 a 3, C. 2.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133.
49 Fl. 1 a 3, C. 2.
50 Fl. 1, C. 1.

32

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Proceso de Servidumbre Minera - Radicado No. 20151920078422

xv) La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ha incurrido en una mora injustificada en el
trámite del procedimiento de servidumbre minera No. 20151920078422, pues a la
fecha de presentación de la demanda no ha fijado la caución correspondiente por
concepto de la servidumbre minera del predio “Bellavista”. Frente a este punto, se
estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, inclusive antes de iniciar a
contabilizar el término de dos (2) años previstos para el vencimiento del medio de
control de reparación directa, teniendo en cuenta que al momento de la presentación
de la demanda no se había proferido la decisión que resolviera el procedimiento de
servidumbre minera51.

xvi) La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar privó a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas
de la oportunidad de percibir de manera oportuna la correspondiente indemnización
por concepto de servidumbre minera. Sobre el particular, se considera que el medio
de control de reparación directa se ejerció en tiempo teniendo en cuenta que al
momento de la presentación de la demanda no se había proferido la decisión que
resolviera el procedimiento de servidumbre minera.

Proceso de Servidumbre Minera - Radicado No. 20151920078432

xvii) La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ha incurrido en una mora injustificada en
el trámite del procedimiento de servidumbre minera No. 20151920078422, pues a
la fecha de presentación de la demanda no ha fijado la caución correspondiente por
concepto de la servidumbre minera del predio “Lote 3 de la División Hacienda La
María”. Frente a este punto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, inclusive antes de que comenzara a contarse el término de dos (2) años
previstos para el vencimiento del medio de control de reparación directa, teniendo

51 Se precisa que este criterio fue adoptado por esta Subsección en un caso similar. Al respecto, se

puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de
2025. Rad.: 70980.

33

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

en cuenta que al momento de la presentación de la demanda no se había proferido
la decisión que resolviera el procedimiento de servidumbre minera52.

xviii) La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar privó a Nathalia Rodríguez Higuita de la
oportunidad de percibir de manera oportuna la correspondiente indemnización por
concepto de servidumbre minera. Sobre el particular, se considera que frente a
dicho daño el medio de control de reparación directa se ejerció en tiempo teniendo
en cuenta que al momento de la presentación de la demanda no se había proferido
la decisión que resolviera el procedimiento de servidumbre minera.

En suma, se tiene que frente a los siguientes cargos la demanda se presentó cuando
ya había operado la caducidad del medio de control de reparación directa:

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: i) no acogió el valor señalado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá dentro los 5 días posteriores a la presentación de dicho
dictamen; ii) permitió que se ocultaran, sustrajeran o destruyera las piezas
documentales referentes a la fijación de indemnización; iii) mediante oficio del 2 de
agosto de 2013, acogió el peritaje presentado por la sociedad CM& Abogados e
Inmobiliaria; iv) incumplió los términos legales para notificar el oficio del 2 de agosto
de 2013; v) en auto del 23 de octubre de 2014, concedió de forma errada el recurso
de apelación interpuesto contra la decisión del 2 de agosto de 2013 ante el Consejo
de Justicia de Bogotá; vi) la solicitud de amparo administrativo se encontraba
prescrita y debió ser rechazada; vii) el perito que actuó en el proceso de amparo
administrativo debía ser designado por el instructor del proceso y no por una de las
partes; y viii) profirió dos decisiones sobre el mismo proceso de amparo
administrativo.

De otro lado, se estima que frente a los siguientes cargos el derecho de accionar se
ejerció en tiempo:

i) mediante Resolución 721 del 17 de octubre de 2017, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar acogió el peritaje emitido por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, el cual

52 Se precisa que este criterio fue adoptado por esta Subsección en un caso similar. Al respecto, se

puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de
2025. Rad.: 70980.

34

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

no estaba vigente; ii) a la fecha de presentación de la demanda, la autoridad local
no ha emitido la constancia de ejecutoria de la Resolución 721 del 17 de octubre de
2017; iii) el procedimiento para la fijación de servidumbre minera sobrepasó de
forma injustificada y desproporcionada el término establecido en la ley para este tipo
de trámite; iv) la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar privó a Gildardo Rodríguez Vargas
de la oportunidad de percibir de manera oportuna la correspondiente indemnización
por concepto de servidumbre minera del predio “Villa Paula”; v) mediante los autos
Nos. 334 y 335 del 7 de octubre de 2015, concedió de forma errada los recursos de
apelación interpuestos ante el Consejo de Justicia de Bogotá; vi) no ha acatado la
orden impartida por la Gobernación de Cundinamarca mediante la Resolución No.
34 de 2018; vii) incurrió en una mora injustificada en el trámite del procedimiento de
servidumbre minera No. 20151920078422; viii) privó a Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas de la oportunidad de percibir de manera oportuna la correspondiente
indemnización por concepto de servidumbre minera del predio “Bellavista”; ix)
incurrió en una mora injustificada en el trámite del procedimiento de servidumbre
minera No. 20151920078422; y x) privó a Nathalia Rodríguez Higuita de la
oportunidad de percibir de manera oportuna la correspondiente indemnización por
concepto de servidumbre minera del predio “Lote 3 de la División Hacienda La
María”.

4. Legitimación en la causa

Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis53.

4.1. Gildardo Rodríguez Vargas, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas y Nathalia
Rodríguez Higuita están legitimados en la causa por activa, pues acreditaron ser los
propietarios de los predios “Villa Paula”, “Bellavista” y “Lote 3 de la División
Hacienda La María”, identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50S-

53 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.

35

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

40151954, 50S-475067 y 50S-1119401, respectivamente54. Asimismo, probaron
haber sido parte en los procesos de servidumbre minera identificados con los
radicados 2012190880100016E, 20151920078422 y 20151920078432, en los
cuales se aduce se incurrieron en varias irregularidades, así como en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia y la pérdida de oportunidad de
obtener el valor de la indemnización pretendida en los referidos procesos de
servidumbre minera.

4.2. La sociedad Constriturar S.A.S está legitimada en la causa por activa, toda vez
que probó haber sido parte en el proceso de amparo administrativo minero
identificado con el radicado 2014190880100062E, en el cual se alega se incurrió en
varias “irregularidades”, así como en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y la pérdida de oportunidad de obtener el valor de la
indemnización pretendida en los referidos procesos de servidumbre minera55.

4.3. Alexander Rodríguez Higuita y Diana Yesenia Rodríguez Higuita no están
legitimados en la causa por activa, puesto que no fueron parte en los precitados
procesos, ni acreditaron tener la calidad de terceros perjudicados por las resultas
de los mismos.

4.4. El Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar está legitimada en la causa por pasiva, pues adelantó los procesos
de servidumbre minera y de amparo administrativo identificados con los radicados
2012190880100016E, 20151920078422, 20151920078432 y
2014190880100062E, respectivamente.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar incurrió en
un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y/o en un error
jurisdiccional en el trámite de los procesos de servidumbre minera y de amparo
administrativo identificados con los radicados 2012190880100016E,

54 Según consta en los certificados de tradición y libertad de los referidos inmuebles (Fl. 18 a 21, 22

a 25 y 26 a 29, C. 2).
55 Fl. 26 a 29, C. 2.

36

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

20151920078422, 20151920078432 y 2014190880100062E, respectivamente, y si
se acreditó la configuración de la pérdida de oportunidad de obtener el valor de la
indemnización por la servidumbre minera pretendida en dichos procesos.

6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente
al régimen de responsabilidad por defectuoso funcionamiento de administración de
justicia, por error jurisdiccional y de la pérdida de la oportunidad.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199156 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de
responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o títulos de imputación que se han desarrollado
para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la

56 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, con el riesgo excepcional y con
el daño especial57.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de
administración de justicia

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el
artículo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos:

“Artículo 69. defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los
casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño
antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la
consiguiente reparación.

De acuerdo a lo anterior, el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de
carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de
tutela judicial efectiva58, producto de que el servicio público de administración de
justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía.59

Este título de atribución de responsabilidad se caracteriza por los siguientes
aspectos: (i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o
para la ejecución de providencias judiciales60; (ii) proviene de los funcionarios
judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes
o auxiliares de la justicia; (ii) se presenta un funcionamiento anormal de la
administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; (iii)
comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
58Cfr. Santofimio Gamboa. Jaime Orlando. Responsabilidad del Estado por la actividad judicial.

Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2016. P. 149.
59 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B.

Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999.
60 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22

de noviembre de 2001. Rad: 13164.

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plazo razonable61, cuando “no existen factores que ameriten sobrepasar los
términos fijados en la ley, dentro de los cuales se pueden encontrar la complejidad
del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el
caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los
estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan
en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se
demanda la mora;”62 (iv) es de carácter residual, puesto que únicamente se
configura cuando los hechos no se enmarquen en los títulos de error jurisdiccional
o privación injusta de la libertad63.

De igual forma, atendiendo a que el régimen de responsabilidad en los casos de
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es de carácter subjetivo,
la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Estado, el daño y el nexo causal para de esa forma poder
obtener una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias. Por su parte,
la demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del
defecto en el funcionamiento de la administración de justicia, una causa extraña que
rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que
constituyen el juicio de responsabilidad.

6.3. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

61 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B.

Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999.
62 Ibídem.
63 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.

Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 23769.

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Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad64.

En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo65 y que
causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado
conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría
causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de
responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”66. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”67

Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior

64 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

noviembre de 2001. Rad.: 13164.
66 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabiliad del Estado, Tratado de

Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Lñy Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
67 Ibídem

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se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios68 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima69 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.

Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.

Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso70, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y

68 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación

manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
69 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
70Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana

López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.

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probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.

De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación71, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejo de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada72 o; viii) actuó sin competencia.

71 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23

de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
72 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27

de abril de 2006. Rad.: 14837.

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Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

6.4. De la pérdida de la oportunidad

Sobre el concepto de la pérdida de la oportunidad, la Sección Tercera de esta
Corporación ha indicado lo siguiente:

“[L]a pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos
en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un
provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello
fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta éste
que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se
habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente
en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad
de ventaja patrimonial50; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un
interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho subjetivo,
sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio ─material o inmaterial─
para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del resultado que
deseaba51, razón por la cual la antijurídica frustración de esa probabilidad debe
generar para el afectado el derecho a alcanzar el correspondiente resarcimiento. La
pérdida de oportunidad constituye, entonces, una particular modalidad de daño
caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de
incertidumbre: la certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino el
damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia
o de evitar una pérdida para su patrimonio y la incertidumbre, definitiva ya, en torno
de si habiéndose mantenido la situación fáctica y/o jurídica que constituía
presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la
pérdida se hubiere evitado; expuesto de otro modo, a pesar de la situación de
incertidumbre, hay en este tipo de daño algo actual, cierto e indiscutible consistente
en la efectiva pérdida de la probabilidad de lograr un beneficio o de evitar un
detrimento (…)”73.

En esos términos, la pérdida de la oportunidad es un daño autónomo con identidad
propia, que se configura cuando la posibilidad real y concreta de obtener un

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad.: 18.593.

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beneficio o evitar un detrimento, es frustrada por la actuación de otro sujeto,
acontecer o conducta.

Atendiendo a la anterior definición, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
sostenido de forma reiterada y pacífica, que la configuración de la pérdida de
oportunidad como daño autónomo, debe reunir los siguientes requisitos:

“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque
la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad
de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la
entidad de un derecho subjetivo ─pues se trata de un mero interés legítimo, de la
frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño
puramente eventual─, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia
de “una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente”74 de que de no
haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de
obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes75; (ii) Imposibilidad
definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la
probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si
la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio
eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que
el porvenir podría convertir en indebida76; lo expuesto se antoja lógico en la medida
en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría
perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la
incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad
de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido
definitivamente del patrimonio ─material o inmaterial─ del individuo porque dichos
resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.

Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro
cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye
una pérdida de ganancia probable ─dado que, según se ha visto, por su virtud
habrán de indemnizarse las expectativas legítimas y fundadas de obtener unos

74 Idem, pp. 38-39.
75 A este respecto se ha sostenido que “… la chance u oportunidad, es una posibilidad concreta que

existe para obtener un beneficio. El incierto es el beneficio, pero la posibilidad de intervenir es
concreta, pues existe de forma indiscutible. Por eso sostenemos que existe daño jurídicamente
indemnizable cuando se impide esa oportunidad o esa chance: se presenta el daño… Las
dificultades pueden presentarse en la evaluación, porque lógicamente ésa no puede ser la del
beneficio que posiblemente se habría obtenido sino otra muy distinta” (énfasis añadido). Cfr.
MARTÍNEZ RAVÉ, Gilberto y MARTÍNEZ TAMAYO, Catalina, Responsabilidad civil extracontractual,
Temis, Bogotá, 2003, p. 260.
En similar sentido, Trigo Represas señala que “[E]n efecto, si la chance aparece no sólo como
posible, sino como de muy probable y de efectiva ocurrencia, de no darse el hecho dañoso, entonces
sí constituye un supuesto de daño resarcible, debiendo ser cuantificada en cuanto a la posibilidad
de su realización y no al monto total reclamado. La pérdida de chance es, pues, un daño cierto en
grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza (…) cuando
implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por el responsable,
pudiendo valorársela en sí misma con prescindencia del resultado final incierto, en su intrínseco valor
económico de probabilidad” (subrayas fuera del texto original). Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix
Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 263.
76 HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del

Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp.
159-160.

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beneficios o de evitar una pérdida que por razón del hecho dañoso nunca se sabrá
si habrían de conseguirse, o no─, el segundo implica una pérdida de ganancia cierta
─se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían77─; (iii) La víctima debe
encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la
consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado
realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el
cual propugnaba, posición jurídica que “no existe cuando quien se pretende
damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o
evitar la pérdida”78.

De lo anterior se desprende que en los casos donde se alega un daño antijurídico
por pérdida de la oportunidad, para que aquel tenga el carácter de cierto, debe estar
acreditada entonces (i) la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, (ii) la
imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el
detrimento, y (iii) encontrarse en una situación potencialmente apta para la
consecución de la indemnización que se predica del beneficio perdido.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 23 de marzo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones
de la demanda, el extremo activo sostuvo que se efectuó una valoración deficiente
del material probatorio allegado al proceso. Alegó que el a quo no se pronunció sobre
cada una de las irregularidades ocurridas en el proceso de servidumbre minera No
2012190880100016E, así como tampoco analizó las súplicas elevadas por
Constriturar S.A.S., Nathalia Rodríguez Higuita y Manuel Alfredo Rodríguez Vargas.
Precisó que los daños alegados en el presente asunto consisten en “el deficiente
funcionamiento de la administración de justicia” y por la “pérdida de oportunidad
para obtener la debida y correcta indemnización en tiempo”.

77 Al respecto la doctrina afirma que “en el lucro cesante está ‘la convicción digamos más o menos

absoluta de que determinada ganancia se produzca’, mientras que en la pérdida de chance hay ‘un
álea que disminuye las posibilidades de obtenerla’, diríase que en el lucro cesante el reclamo se
basa en una mayor intensidad en las probabilidades de haber obtenido esa ganancia que se da por
descontado que de no haberse producido el hecho frustrante se habría alcanzado. Desde el prisma
de lo cualitativo cabe señalar que el lucro cesante invariablemente habrá de consistir en una
ganancia dejada de percibir, en tanto que la pérdida de chance puede estar configurada por una
ganancia frustrada y además por la frustración de una posibilidad de evitar un perjuicio”. Cfr.
VERGARA, Leandro, Pérdida de chance. Noción conceptual. Algunas precisiones, LL, 1995-D-78,
N° 3, apud TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance, cit., p. 262.
78 ZANNONI, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, cit., pp. 110-111.

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Ahora bien, comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 320 del Código General del Proceso (en adelante CGP), se resolverán
aquellos reparos concretos formulados por el apelante en el recurso presentado 79.

En consecuencia, se procederá a analizar si la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
incurrió en un error jurisdiccional en la Resolución 721 del 17 de octubre de 2017 y
en los autos Nos. 334 del 7 de octubre de 2015 y 335 del 7 de octubre de 2015. Así
como en un defectuoso funcionamiento en el trámite de los procesos de
servidumbre minera y de amparo administrativo identificados con los radicados
2012190880100016E, 20151920078422, 20151920078432 y
2014190880100062E, respectivamente. De igual forma, se estudiará si se acreditó
la configuración de la pérdida de oportunidad de obtener el valor de la indemnización
por la servidumbre minera pretendida en dichos procesos.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados80

De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

Del proceso de Servidumbre Minera (Radicado 2012190880100016E)

79 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a
quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.
80 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,

conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.

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7.1.1. Se demostró que en diligencia del 7 de abril de 2011, la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar requirió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que
designara un perito con el propósito de estimar el monto de la indemnización de
perjuicios correspondiente a la servidumbre del título minero No. 16342. De esta
información da cuenta copia simple del acta de dicha diligencia81.

7.1.2. Se acreditó que, mediante Oficio del 2 de mayo de 2011, el IGAC señaló que
“debido al cúmulo de avalúos en los que el Instituto esta hoy comprometido … no
es posible por ahora acceder a nuevas solicitudes por no contar con personal
suficiente para atenderlas”. Está información consta en copia simple del referido
oficio82.

7.1.3. Consta que, mediante Oficio del 12 de mayo de 2011, la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar solicitó a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá la designación de
un perito para estimar la indemnización de perjuicios correspondiente al título
minero 16432, según da cuenta copia simple de dicho documento83.

7.1.4. Se probó que el 18 de mayo de 2011, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
solicitó a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar “informe el objeto, la fecha y el alcance
del estudio, el ancho y longitud de las servidumbres, el número de predios
afectados, junto con la tipología de los mismo, además de la ubicación especifica
de la zona”. De esta información da cuenta copia simple de dicho documento84.

7.1.5. Está probado que el 13 de junio de 2011, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
informó a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá que programó diligencia para el 20
de junio de 2011, con el propósito de realizar el trabajo de alinderamiento. De ello
da cuenta copia simple de la referida comunicación85.

7.1.6. Está acreditado que, mediante comunicación del 14 de junio de 2011, la Lonja
de Propiedad Raíz de Bogotá informó a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar que

81 Fl. 30 a 31, C. 2.
82 Fl. 33, C. 2.
83 Fl. 34, C. 2.
84 Fl. 35, C. 2.
85 Fl. 37, C. 2.

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previo a iniciar el trabajo de avalúo requería algunos documentos, así como el pago
de un anticipo de $3.000.000, según da cuenta copia simple de dicho documento86.

7.1.7. Se demostró que, mediante Oficio del 24 de agosto de 2011, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar informó a Gildardo Rodríguez Vargas que “el trámite que se está
adelantando [procedimiento administrativo para las servidumbres] en este momento
por parte de este Despacho es el que está contemplado en el artículo 22 de la Ley
1382 de 201087”. De esta información da cuenta copia simple de dicho oficio88.

7.1.8. Se acreditó que, mediante Oficio No. LPRB-DT 000929 del 26 de septiembre
de 2011, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá rindió el avalúo corporativo No. 115-
11 de los lotes “Villa Paula, Canteras, Bella Vista, Lote 3 La María, El Purgatorio I,
El Purgatorio II, La María y Mochuelo Bajo III”. Está información consta en copia
simple del referido documento89.

86 Fl. 38 a 39, C. 2.
87 “Artículo 22°. Modificase el artículo 285 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, el cual quedará

así: Procedimiento administrativo para las servidumbres. El ejercicio de la servidumbre estará
precedido del aviso formal al dueño, poseedor u ocupante del predio sirviente, dado por medio del
Alcalde. Este funcionario hará la notificación personal, o en su defecto por medio de un aviso que
fijará en un lugar visible del predio durante tres (3) días, de lo cual dejará constancia en la secretaría
de la alcaldía. Surtido este aviso, a falta de acuerdo entre las partes se dará aplicación al
procedimiento que se señala a continuación.
Para el ejercicio de las servidumbres mineras, el Alcalde ordenará que un perito designado por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o por la Lonja de Propiedad Raíz de la zona de ubicación del
predio sirviente, estime dentro de un término de treinta (30) días, el monto de la indemnización de
perjuicios correspondiente. Una vez rendido el dictamen, el Alcalde lo acogerá mediante providencia
que deberá dictar dentro de los cinco (5) días siguientes. Las costas de dicho peritaje serán a cargo
del titular minero.
Si el propietario, poseedor u ocupante del predio sirviente, o el titular minero, pide ante el Alcalde la
fijación de caución al minero, el Alcalde la fijará en la misma providencial en un monto equivalente
al de dicha indemnización. Esta caución se regirá en lo pertinente por las normas del Código de
Procedimiento Civil, particularmente aquellas señaladas en los artículos 678 y 679, y su devolución
se hará en un plazo máximo de treinta (30) días.
La decisión adoptada por el Alcalde será apelable ante el Gobernador en el efecto devolutivo y solo
se concederá si el interesado acredita la constitución de la caución o el pago de la indemnización.
Una vez en firme la cuantía de la caución o de la indemnización podrá ser revisada por el juez del
lugar de ubicación del predio, a solicitud de cualquiera de los interesados, mediante el proceso
abreviado señalado en los artículos 408 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo
con las reglas generales de competencia y trámite del mismo Código.
Prestada la caución o pagada la indemnización, el minero podrá, con el auxilio del Alcalde si fuere
necesario, ingresar al predio y ocupar las zonas necesarias para sus obras y trabajos.
El acuerdo entre las partes, o, en su defecto, la decisión del Alcalde, deberá registrarse en la Oficina
de Instrumentos Públicos competente”.
88 Fl. 40, C. 2.
89 Fl. 42 a 72, C. 2.

48

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

7.1.9. Consta que el 20 de junio de 2012, Miner Group S.A.S. presentó un nuevo
avalúo de los predios “Villa Paula” y “Bellavista” elaborado por la sociedad CM&
Abogados e Inmobiliaria Ltda., según da cuenta copia simple de dicho documento90.

7.1.10. Se probó que, mediante Oficio No. 20131930071911 del 2 de agosto de
2013, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar “fija una caución a cargo de Minergrooup
[SIC] por la suma definida en el avalúo para servidumbre minera No. C.F.G. 003
radicado con el No.2012-192-005478-2 de fecha 20/06/2012; por la cuantía de
($40.00) pesos por metro cuadrado para los predios propiedad del señor Gildardo
Rodríguez Vargas denominado Villa Paula con un área de 90.905 M2 y Bella Vista
con un área de 57.205 M2 respectivamente, pagaderos al señor Rodríguez Vargas
o en su defecto en depósitos judiciales en la Secretaria de Hacienda - Fondo de
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar”. De esta información da cuenta copia simple del
referido oficio91.

7.1.11. Está probado que el 12 de febrero de 2014, Miner Group S.A.S. presentó a
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar el recibo de pago de la caución por concepto de
servidumbre minera por el monto de $5.924.400 y, a su vez, solicitó definir fecha
para que se garantice el inicio de la explotación minera en el área del contrato No.
16432. Está información consta en copia simple de dicho documento92.

7.1.12. Está acreditado que el 19 de septiembre de 2014, la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar notificó a Gildardo Rodríguez Vargas del Oficio No.
20131930071911 del 2 de agosto de 2013, según da cuenta copia simple de la
constancia de notificación de dicho oficio93.

7.1.13. Se demostró que el 24 de septiembre de 2014, Gildardo Rodríguez Vargas
presentó recurso de apelación contra el referido oficio. De esta información da
cuenta copia simple de dicho recurso94.

90 Fl. 73 a 86, C. 2.
91 Fl. 89 a 90, C. 2.
92 Fl. 91, C. 2.
93 Fl. 90, C. 2.
94 Fl. 93 a 95, C. 2.

49

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

7.1.14. Se acreditó que, mediante auto del 23 de octubre de 2014, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar concedió el recurso de apelación interpuesto por Gildardo
Rodríguez Vargas ante el Consejo de Justicia de Bogotá. Está información consta
en copia simple de dicho proveído95.

7.1.15. Consta que el 10 de septiembre de 2015, Gildardo Rodríguez Vargas
presentó queja ante la Secretaría General de Bogotá por las presuntas
irregularidades cometidas en el trámite de servidumbre minera. De esta información
da cuenta el informe del 16 de diciembre de 2015, rendido por el equipo asesor de
la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, según da cuenta copia simple
del referido documento96.

7.1.16. Se probó que, mediante informe del 16 de diciembre de 2015, el equipo
asesor de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá señaló que “ante el
cúmulo de actuaciones irregulares, como aquella que fijó la caución a través de
oficio y no de un acto administrativo, es necesario que se realice la revisión
pormenorizada de la actuación y se soliciten las explicaciones del caso a aquellos
funcionarios que tuvieron conocimiento y tramite de la actuación administrativa en
comento”. De esta información da cuenta copia simple del referido informe97.

7.1.17. Está probado que, mediante “acto administrativo” No. 408 del 30 de junio de
2015, el Consejo de Justicia de Bogotá rechazó por improcedente el recurso de
apelación interpuesto por Gildardo Rodríguez Vargas. Está información consta en
copia simple de la mencionada decisión administrativa98.

7.1.18. Está acreditado que el 7 de octubre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar dio inicio a la audiencia de reconstrucción del expediente No.
2012190880100016E, según da cuenta copia simple del acta de dicha diligencia99.

95 Fl. 97, C. 2.
96 Fl. 98 a 102, C. 2.
97 Fl. 98 a 102, C. 2.
98 Fl. 103 a 110, C. 2.
99 Fl. 117 a 119, C. 2.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

7.1.19. Se demostró que, en diligencia del 17 de marzo de 2017, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar declaró reconstruido el expediente. De esta información da
cuenta copia simple del acta de dicha diligencia100.

7.1.20. Se acreditó que, en fecha indeterminada, la Gobernación de Cundinamarca
propuso conflicto negativo de competencias administrativas para conocer del
recurso de apelación presentado por Gildardo Rodríguez Vargas contra el Oficio No.
20131930071911 del 2 de agosto de 2013. Está información consta en copia simple
de la providencia del 23 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca101.

7.1.21. Consta que, mediante providencia del 23 de marzo de 2017, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dirimió el conflicto negativo de competencias
administrativas suscitado entre la Gobernación de Cundinamarca y el Consejo de
Justicia de Bogotá, declarando que la autoridad competente para conocer del
recurso de apelación presentado por Gildardo Rodríguez Vargas contra el oficio No.
20131930071911 del 2 de agosto de 2013 era la Gobernación de Cundinamarca,
según da cuenta copia simple de la referida providencia102.

7.1.22. Se probó que, mediante Resolución No. 24 del 31 de julio de 2017, la
Gobernación de Cundinamarca declaró la nulidad del Oficio No. 20131930071911
del 2 de agosto de 2013 de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y de todas las
actuaciones derivadas de este. Asimismo, ordenó a Miner Group S.A.S. abstenerse
de ejercer la servidumbre minera en el predio “Villa Paula” hasta tanto la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar acoja el monto de la indemnización de perjuicios para el
ejercicio de esta. De esta información da cuenta copia simple de dicha resolución103.

7.1.23. Está probado que, mediante Resolución No. 681 del 26 de septiembre de
2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar dispuso “rehacer todas la actuaciones
declaradas nulas, conforme lo dispuesto en el numeral cuarto (4) del fallo de la

100 Fl. 120, C. 2.
101 Fl. 121 a 130, C. 2.
102 Fl. 121 a 130, C. 2.
103 Fl. 131 a 136, C. 2.

51

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca”. Está información consta en copia simple
de la referida resolución104.

7.1.24. Está acreditado que, mediante Resolución No. 721 del 17 de octubre de
2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar acogió el dictamen rendido por la Lonja
de Propiedad Raíz de Bogotá y, como consecuencia, ordenó a la sociedad Miner
Group S.A.S. el pago de la suma de $1.363.574.400. a Gildardo Rodríguez Vargas,
por concepto de la servidumbre minera del predio Villa Paula, según da cuenta copia
simple de la mencionada resolución105.

7.1.25. Se demostró que el 31 de octubre de 2017, el señor Rodríguez Vargas
solicitó aclaración de la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017, dado que
no se incluyó la estimación de las mejoras y la actualización del monto reconocido
en dicho dictamen, el cual se elaboró en el 2011. De esta información da cuenta
copia simple de dicho documento106.

7.1.26. Se acreditó que, mediante Resolución No. 13 del 4 de enero de 2018, la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar rechazó la solicitud de aclaración presentada por
Gildardo Rodríguez Vargas. Está información consta en copia simple de la referida
resolución107.

7.1.27. Consta que, mediante Resolución No. 14 del 4 de enero de 2018, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar rechazó el recurso de apelación interpuesto por la sociedad
Miner Group S.A.S. contra la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017, toda
vez que no se acreditó que hubiese efectuado el pago de la indemnización o la
constitución de caución, según da cuenta copia simple de dicha resolución108.

7.1.28. Se probó que el 12 de febrero de 2018, Gildardo Rodríguez Vargas solicitó
a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar la expedición de la constancia de ejecutoria

104 Fl. 137 a 139, C. 2.
105 Fl. 140 a 143, C. 2.
106 Fl. 144 a 146, C. 2.
107 Fl. 147, C. 2.
108 Fl. 148, C. 2.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

de la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017. De esta información da cuenta
copia simple de la referida petición109.

7.1.29. Está probado que el 9 de marzo de 2018, la sociedad Miner Group S.A.S.
presentó recurso de queja contra la Resolución No. 14 del 4 de enero de 2018. Está
información consta en copia simple de dicho recurso110.

7.1.30. Está acreditado que el 26 de abril de 2018, la sociedad Miner Group S.A.S.
recusó al Alcalde Local de Ciudad Bolívar, con fundamento en los numerales 2 y 5
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, según da cuenta copia simple de dicho
documento111.

7.1.31. Se demostró que el 18 de mayo de 2018, la Gobernación de Cundinamarca
certificó que la sociedad Miner Group S.A.S. no había presentado recurso de queja
contra la Resolución No. 14 de 2018. De esta información da cuenta copia simple
de dicho documento112.

7.1.32. Se acreditó que el 1° de junio de 2018, Gildardo Rodríguez Vargas solicitó
a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar la expedición de la constancia de ejecutoria
de la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017. Está información consta en
copia simple de la mencionada petición113.

7.1.33. Consta que, mediante Resolución No. 558 del 16 de julio de 2018, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar no aceptó la recusación formulada por la sociedad Miner
Group S.A.S., razón por la cual remitió el expediente a la Gobernación de
Cundinamarca para lo pertinente, según da cuenta copia simple de la referida
resolución114.

7.1.34. Se probó que, mediante Resolución No. 26 del 24 de agosto de 2018 la
Gobernación de Cundinamarca declaró infundada la recusación formulada por la

109 Fl. 149, C. 2.
110 Fl. 150 a 152, C. 2.
111 Fl. 153 a 154, C. 2.
112 Fl. 155, C. 2.
113 Fl. 156, C. 2.
114 Fl. 157 a 159, C. 2.

53

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

sociedad Miner Group S.A.S. De esta información da cuenta copia simple de dicha
resolución115.

7.1.35. Está probado que el 5 de diciembre de 2018, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar informó a Gildardo Rodríguez Vargas que no se ha expedido la constancia
de ejecutoria de la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017 por cuanto se
encuentra pendiente el trámite del recurso de queja interpuesto por la sociedad
Miner Group S.A.S. En ese sentido, solicitó a la Gobernación de Cundinamarca que
informara sobre el trámite de dicho recurso. Está información consta en copia simple
de dicho documento116.

Del proceso de Amparo Administrativo (Radicado 2014190880100062E)

7.1.36. Está acreditado que el 27 de octubre de 2014, Miner Group S.A.S., titular
del contrato de concesión minera No. 16432, presentó ante la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar una solicitud de amparo administrativo por la presunta perturbación
atribuida a Gildardo Rodríguez Vargas y/o Constriturar Ltda., según da cuenta copia
simple de la mencionada petición117.

7.1.37. Se demostró que, mediante proveído No. 941 del 4 de noviembre de 2014,
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar admitió la solicitud de amparo administrativo en
contra de Gildardo Rodríguez Vargas y/o Constriturar Ltda. y programó diligencia
de reconocimiento del área para el 25 de noviembre de 2014. De esta información
da cuenta copia simple de dicha decisión118.

7.1.38. Se acreditó que el 25 de noviembre de 2014, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar suspendió la diligencia de reconocimiento y señaló fecha para su
continuación el 17 de diciembre de 2014. Está información consta en copia simple
del acta de dicha diligencia119.

115 Fl. 160 a 164, C. 2.
116 Fl. 165, C. 2.
117 Fl. 167 a 169, C. 2.
118 Fl. 170 a 171, C. 2.
119 Fl. 172 a 173, C. 2.

54

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

7.1.39. Consta que el 17 de diciembre de 2014, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
reanudó la diligencia de reconocimiento y efectuó el recorrido por el área del
contrato minero con funcionarios de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Policía
Nacional, el perito Alberto Mauricio Néstor Lobo-Guerrero Uscátegui y los
apoderados de la sociedad Miner Group y de Gildardo Rodríguez Vargas, según da
cuenta copia simple del acta de la mencionada diligencia120.

7.1.40. Se probó que el 20 de enero de 2015, el perito Lobo-Guerrero Uscátegui
rindió el dictamen, en el cual concluyó que “Gildardo Rodríguez Vargas y/o su
compañía Constriturar Ltda. han llevado a cabo múltiples perturbaciones y
obstaculaciones [SIC] a las labores de explotación de Miner Group S.SAS.”. De esta
información da cuenta copia simple del referido documento121.

7.1.41. Está probado que, mediante Resolución No. 11 del 23 de enero de 2015, la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concedió el amparo administrativo solicitado por la
sociedad Miner Group S.A.S. y, como consecuencia de lo anterior, ordenó la
suspensión de la perturbación ocasionada por Gildardo Rodríguez Vargas y/o
Constriturar Ltda. en los puntos 565, 579 y 581. Está información consta en copia
simple de dicha resolución122.

7.1.42. Está acreditado que el 30 de enero de 2015, Gildardo Rodríguez Vargas
interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 11 del 23 de enero de 2015,
según da cuenta copia simple del referido recurso123.

7.1.43. Se demostró que, mediante Resolución No. 181 del 17 de julio de 2015, la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concedió el amparo administrativo solicitado por la
sociedad Miner Group S.A.S. y, por lo anterior, ordenó la suspensión de la
perturbación ocasionada por Gildardo Rodríguez Vargas y/o Constriturar Ltda. en
los puntos 581, 589, 590 y 605. De esta información da cuenta copia simple de la
mencionada resolución124.

120 Fl. 175, C. 2.
121 Fl. 189 a 194, C. 2.
122 Fl. 196 a 199, C. 2.
123 Fl. 2 a 29, C. 3.
124 Fl. 32 a 36, C. 3.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

7.1.44. Se acreditó que el 18 de agosto de 2015, Gildardo Rodríguez Vargas
interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 181 del 17 de julio de 2015.
Está información consta en copia simple de dicho recurso125.

7.1.45. Consta que, mediante auto No. 223 del 1° de septiembre de 2015, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar fijó fecha para el 14 de septiembre de 2015 con el fin de
realizar la diligencia amparo administrativo, según da cuenta copia simple del
mencionado proveído126.

7.1.46. Se probó que, mediante auto No. 334 del 7 de octubre de 2015, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar concedió el recurso de apelación interpuesto por Gildardo
Rodríguez Vargas contra la Resolución No. 11 del 23 de enero de 2015 y ordenó
remitir el expediente al Consejo de Justicia de Bogotá. De esta información da
cuenta copia simple de la referida providencia127.

7.1.47. Está probado que, mediante auto No. 335 del 7 de octubre de 2015, la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concedió el recurso de apelación interpuesto por
Gildardo Rodríguez Vargas contra la Resolución No. 181 del 31 de julio de 2015 y
ordenó remitir el expediente al Consejo de Justicia de Bogotá. Está información
consta en copia simple de dicha decisión128.

7.1.48. Está acreditado que, mediante “acto administrativo” No. 201 del 29 de abril
de 2016, el Consejo de Justicia de Bogotá rechazó por “improcedente ante esta
corporación” el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 181 del
31 de julio de 2015, según da cuenta copia simple de dicho documento129.

7.1.49. Se demostró que el 29 de enero de 2018, Gildardo Rodríguez Vargas solicitó
declarar la terminación del proceso de amparo administrativo, toda vez que la
sociedad Miner Group no ha efectuado la indemnización correspondiente por

125 Fl. 37 a 49, C. 3.
126 Fl. 50, C. 3.

. 127 Fl. 75, C. 3.
128 Fl. 76, C. 3.
129 Fl. 78 a 82, C. 3.

56

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

concepto de servidumbre minera. De esta información da cuenta copia simple de
dicho documento130.

7.1.50. Se acreditó que, mediante Resolución No. 34 del 3 de octubre de 2018, la
Gobernación de Cundinamarca revocó las Resoluciones Nos. 11 y 181 de 2015 y,
a su vez, precisó que para hacer uso eficiente de la servidumbre minera impuesta
sobre el predio “Villa Paula” debe acreditarse anticipadamente el pago efectivo de
la indemnización fijada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante Resolución
721 del 17 de octubre de 2017. Está información consta en copia simple de la
referida resolución131. En la parte resolutiva de la decisión se dispuso:

“Artículo Primero: Revocar la decisión de amparo administrativo minero concedida
por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar del Distrito Capital de Bogotá, adoptada
mediante Resoluciones No. 011 del 23 de enero de 2015 y 00181 del 17 de julio de
2015 en favor de la empresa Miner Group S.A.S identificada con Nit. 900.200.056-5
en su calidad de titular del Contrato de Concesión Minera No. 16432 y en contra del
señor Gildardo Rodríguez Vargas identificado con la Cedula de Ciudadanía No.
3.020.892 y la empresa Constriturar Ltda. identificada con Nit. 830.089.377-5.

Articulo Segundo: Precisar a las partes procesales Miner Group S.A.S. y Gildardo
Rodríguez Vargas y la empresa Constriturar Ltda. que para hacer uso eficiente de
la servidumbre minera impuesta sobre el predio Villa Paula identificado con
matrícula inmobiliaria 50S - 40151954 de propiedad del señor Gildardo Rodríguez
Vargas, debe acreditarse anticipadamente el pago efectivo de la indemnización
fijada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante la Resolución 0721 del 17
de octubre de 2017 en concordancia con las razones anotadas.

Artículo Tercero: Precisar al señor Gildardo Rodríguez Vargas, que una vez perciba
anticipadamente el pago efectivo de la indemnización fijada por la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar mediante la Resolución 0721 del 17 de octubre de 2017, se
encuentra en la obligación de retirar los bienes existentes en su propiedad y
permitirle a Miner Group S.A.S. y/o sus representantes, operadores y contratistas el
acceso al predio Villa Paula, y por tanto abstenerse de realizar por sí mismo o a
través de terceros cualquier acto que pueda perturbar la actividad minera del titular”.

Del proceso de Servidumbre Minera (Radicado 20151920078422)

7.1.51. Consta que el 14 de agosto de 2015, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas
presentó ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar una solicitud para iniciar el trámite
de fijación de indemnización por servidumbre minera sobre el predio “Bellavista”,

130 Fl. 83 a 85, C. 3.
131 Fl. 93 a 111, C. 3.

57

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

identificado con matrícula inmobiliaria No. 50S-00668188, según da cuenta copia
simple de la referida petición132.

7.1.52. Se probó que el 26 de agosto de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
solicitó a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas el certificado de tradición y libertad del
predio e informó sobre la existencia de un proceso relacionado con el título minero
16432 ante el Consejo de Justicia de Bogotá y “hasta que no se resuelva no es
procedente tramitar lo solicitado por usted”. De esta información da cuenta copia
simple de dicho documento133.

7.1.53. Está probado que el 2 de septiembre de 2015, Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas aportó el certificado de tradición del predio “Bellavista” y reiteró su solicitud
de fijación de caución. Está información consta en copia simple de dicho
documento134.

7.1.54. Está acreditado que el 22 de octubre de 2015, Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas insistió a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en la solicitud de iniciar el
trámite de fijación de indemnización por servidumbre minera, según da cuenta copia
simple de la referida petición135.

7.1.55. Se demostró que el 29 de octubre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar informó a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas que había elevado consulta
ante la Agencia Nacional de Minería para determinar si tenía competencia para fijar
la indemnización. De esta información da cuenta copia simple de dicho
documento136.

7.1.56. Se acreditó que el 23 de noviembre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar solicitó a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas aportar el certificado de cámara
de comercio de la sociedad que tiene a su cargo la concesión minera 16432, copia
autenticada del contrato de concesión minera 16432 y copia autenticada de la

132 Fl. 112, C. 3.
133 Fl. 113, C. 3.
134 Fl. 114, C. 3.
135 Fl. 115, C. 3.
136 Fl. 117, C. 3.

58

Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

escritura pública del predio “Bellavista”. Está información consta en copia simple de
dicho documento137.

7.1.57. Consta que el 19 de enero de 2016, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas allegó
a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar los documentos requeridos el 23 de noviembre
de 2015, según da cuenta copia simple del memorial presentado138.

7.1.58. Se probó que el 24 de febrero de 2016, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas
reiteró a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar la solicitud de iniciar el trámite de fijación
de indemnización por servidumbre minera. De esta información da cuenta copia
simple de la referida petición139.

7.1.59. Está probado que, mediante proveído del 4 de abril de 2016, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar profirió el acto de inicio del trámite para la fijación de
caución y, a su vez, comisionó al IGAC para que estimara el monto de la
indemnización de perjuicios en un plazo de 30 días. Está información consta en
copia simple de dicha providencia140.

7.1.60. Está acreditado que el 20 de mayo de 2016, Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas solicitó información a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar respecto del trámite
de fijación de indemnización por servidumbre minera, según da cuenta copia simple
de dicha petición141.

7.1.61. Se demostró que el 21 de septiembre de 2016, Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas reiteró la solicitud información a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar respecto
del trámite de fijación de indemnización por servidumbre minera. De esta
información da cuenta copia simple de dicho documento142.

7.1.62. Se acreditó que el 24 de noviembre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar informó a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas que todas las actuaciones

137 Fl. 118, C. 3.
138 Fl. 119, C. 3.
139 Fl. 120, C. 3.
140 Fl. 124, C. 3.
141 Fl. 125, C. 3.
142 Fl. 127 a 130, C. 3.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

relacionadas con Miner Group S.A.S. estaban suspendidas debido a un trámite de
reconstrucción de expediente. Está información consta en copia simple de dicho
documento143.

7.1.63. Consta que el 6 de diciembre de 2016, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas
solicitó al IGAC copia del peritaje solicitado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar,
según da cuenta copia simple de la mencionada petición144.

7.1.64. Se probó que el 13 de diciembre de 2016, el IGAC informó a Manuel Alfredo
Rodríguez Vargas que la solicitud había sido trasladada a la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital. De esta información da cuenta copia simple de dicho
documento145.

7.1.65. Está probado que el 13 de marzo de 2018, Rodríguez Vargas presentó a la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar una constitución en renuencia por la falta de
avance en el trámite de fijación de caución de servidumbre minera. Está información
consta en copia simple de dicho documento146.

7.1.66. Está acreditado que el 13 de julio de 2018, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas
solicitó a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar vincular a Ricardo Alfonso Matallana
Andrade al proceso, en su calidad de beneficiario del contrato de concesión minera
16432, según da cuenta copia simple de dicha petición147.

Del proceso de Servidumbre Minera (Radicado 20151920078432)

7.1.67. Se demostró que el 14 de agosto de 2015, Nathalia Rodríguez Higuita
presentó ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar una solicitud para iniciar el trámite
de fijación de indemnización por servidumbre minera sobre el predio “Lote 3 de la
División Hacienda La María”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50S-
1119401. De esta información da cuenta copia simple de dicho documento148.

143 Fl. 131, C. 3.
144 Fl. 132, C. 3.
145 Fl. 133 a 134, C. 3.
146 Fl. 135 a 137, C. 3.
147 Fl. 138 a 139, C. 3.
148 Fl. 140, C. 3.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

7.1.68. Se acreditó que el 26 de agosto de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
solicitó a la señora Rodríguez Higuita el certificado de tradición y libertad del predio
e informó sobre la existencia de un proceso relacionado con el título minero 16432
ante el Consejo de Justicia de Bogotá y “hasta que no se resuelva no es procedente
tramitar lo solicitado por usted”. Está información consta en copia simple de dicho
documento149.

7.1.69. Consta que el 2 de septiembre de 2015, Nathalia Rodríguez Higuita aportó
el certificado de tradición del predio “Lote 3 de la División Hacienda La María” y
reiteró su solicitud de fijación de indemnización por servidumbre minera, según da
cuenta copia simple de dicho documento 150.

7.1.70. Se probó que el 1° de octubre de 2015, Nathalia Rodríguez Higuita insistió
a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en la solicitud para iniciar el trámite de fijación
de indemnización por servidumbre minera. De esta información da cuenta copia
simple de la referida petición151.

7.1.71. Está probado que el 29 de octubre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar informó a Nathalia Rodríguez Higuita que había elevado consulta ante la
Agencia Nacional de Minería para determinar si tenía competencia para fijar la
indemnización. Está información consta en copia simple de dicho documento152.

7.1.72. Está acreditado que el 23 de noviembre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar solicitó a Nathalia Rodríguez Higuita aportar el certificado de cámara de
comercio de la sociedad que tiene a su cargo la concesión minera 16432, copia
autenticada del contrato de concesión minera 16432 y copia autenticada de la
escritura pública del predio “Lote 3 de la División Hacienda La María”, según da
cuenta copia simple de dicho documento153.

149 Fl. 141, C. 3.
150 Fl. 142, C. 3.
151 Fl. 143, C. 3.
152 Fl. 144, C. 3.
153 Fl. 145, C. 3.

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Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

7.1.73. Se demostró que el 19 de enero de 2016, Nathalia Rodríguez Higuita allegó
a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar los documentos requeridos. De esta
información da cuenta copia simple de dicho memorial154.

7.1.74. Se acreditó que el 24 de febrero de 2016, Nathalia Rodríguez Higuita reiteró
a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar la solicitud de iniciar el trámite de fijación de
indemnización por servidumbre minera. Está información consta en copia simple de
dicha petición155.

7.1.75. Consta que, mediante auto del 27 de abril de 2016, la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar profirió el acto de inicio del trámite para la fijación de caución y, a su
vez, solicitó a la Agencia Nacional de Minería que designara un perito idóneo para
determinar el monto de la caución en un plazo de 30 días, según da cuenta copia
simple de la mencionada decisión156.

7.1.76. Se probó que el 24 de agosto de 2016, Nathalia Rodríguez Higuita solicitó
información a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar respecto del trámite de fijación de
indemnización por servidumbre minera De esta información da cuenta copia simple
de la referida petición157.

7.1.77. Está probado que el 15 de septiembre de 2016, Rodríguez Higuita reiteró la
solicitud información a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar respecto del trámite de
fijación de indemnización por servidumbre minera. Está información consta en copia
simple de dicha petición158.

7.1.78. Está acreditado que el 24 de noviembre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar informó a Nathalia Rodríguez Higuita que todas las actuaciones
relacionadas con Miner Group S.A.S. estaban suspendidas debido a un trámite de
reconstrucción de expediente, según da cuenta copia simple de dicho documento159.

154 Fl. 145, C. 3.
155 Fl. 148, C. 3.
156 Fl. 152 a 153, C. 3.
157 Fl. 154, C. 3.
158 Fl. 155 a 157, C. 3.
159 Fl. 158, C. 3.

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Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

7.1.79. Se demostró que el 13 de junio de 2017, Rodríguez Higuita reiteró la solicitud
de información a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar respecto del trámite de fijación
de indemnización por servidumbre minera. De esta información da cuenta copia
simple de dicha petición160.

7.1.80. Se acreditó que el 31 de agosto de 2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
informó a Nathalia Rodríguez Higuita que “está realizando el estudio jurídico de la
documentación que se encuentra en el expediente relacionado con la servidumbre
minera en el predio Lote 3 de la Hacienda La María, con el fin de proceder a la
fijación de la indemnización por concepto de servidumbre minera”. Está información
consta en copia simple de dicho documento161.

7.1.81. Consta que el 13 de marzo de 2018, Nathalia Rodríguez Higuita presentó
una constitución en renuencia por la falta de avance en el trámite de fijación de
caución de servidumbre minera, según da cuenta copia simple de dicho
documento162.

7.1.82. Se probó que el 13 de julio de 2018, Nathalia Rodríguez Higuita solicitó a la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar vincular a Ricardo Alfonso Matallana Andrade al
proceso, en su calidad de beneficiario del contrato de concesión minera 16432. De
esta información da cuenta copia simple de dicha petición163.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los problemas jurídicos que se debaten en el proceso, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y; ii) posteriormente su imputación frente al Estado.

160 Fl. 159 a 161, C. 3.
161 Fl. 162, C. 3.
162 Fl. 163 a 165, C. 3.
163 Fl. 166 a 167, C. 3.

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Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración164-165.
7.2.1. Los daños antijurídicos

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho166, que contraría el orden legal167 o que
está desprovista de una causa que la justifique168, resultado que se produce sin
derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar
una situación reconocida o protegida169, violando de manera directa el principio
alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro
sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice
que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

164 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
165 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
166 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
167 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
168 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
169 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
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En el caso sub examine, se tiene que los daños alegados consisten en: i) la pérdida
de oportunidad “que impide obtener oportunamente el valor de la indemnización por
servidumbre minera”; ii) la lesión injustificada al derecho constitucional al debido
proceso, producto de los errores jurisdiccionales contendidos en la Resolución 721
del 17 de octubre de 2017 y en los autos Nos. 334 del 7 de octubre de 2015 y 335
del 7 de octubre de 2015; y, iii) la lesión injustificada al derecho constitucional al
debido proceso, derivada de la mora en resolver los procesos de servidumbre
minera identificados con los radicados 2012190880100016E, 20151920078422 y
20151920078432, respectivamente. Así como por la afectación al derecho
constitucional al debido proceso porque la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no ha
acatado la orden impartida por la Gobernación de Cundinamarca, mediante
Resolución No. 34 de 2018, en el trámite del proceso de amparo administrativo No.
2014190880100062E.

7.2.1.1. La pérdida de oportunidad “que impide obtener oportunamente el
valor de la indemnización por servidumbre minera”

Pues bien, frente al daño consistente en la pérdida de oportunidad de obtener el
valor de la indemnización por la servidumbre minera, la Sala estima que no se
encuentra acreditado, pues no se cumplen los requisitos fijados
jurisprudencialmente para tenerlo probado, tal como se explicará a continuación.

Sobre el concepto de pérdida de la oportunidad, la Sección Tercera de esta
Corporación ha indicado que se refiere a un daño autónomo con identidad propia,
que se configura cuando la posibilidad real y concreta de obtener un beneficio o
evitar un detrimento es frustrada por la actuación de otro sujeto, acontecer o
conducta. Sumado a lo anterior, ha señalado que en los casos donde se alega un
daño antijurídico por pérdida de la oportunidad, está acreditado el carácter cierto del
daño si se prueba: i) la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, ii) la
imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el
detrimento, y iii) que la persona se encuentra en una situación potencialmente apta
para la consecución de la indemnización170.

170 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad.: 18.593.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
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En cuanto al primer requisito para acreditar el daño, esto es, la certeza de la
oportunidad que se reputa perdida, la Sala evidencia su demostración. En efecto,
quedó probado en el proceso que mediante Resolución No. 721 del 17 de octubre
de 2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ordenó a la sociedad Miner Group
S.A.S. el pago de la suma de $1.363.574.400. a Gildardo Rodríguez Vargas, por
concepto de la servidumbre minera del predio Villa Paula (hecho probado 7.1.24.);
asimismo, está acreditado que el 14 de agosto de 2015, Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas presentó ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar una solicitud para iniciar
el trámite de fijación de indemnización por servidumbre minera sobre el predio
“Bellavista” (hecho probado 7.1.51.) y que, mediante proveído del 4 de abril de 2016,
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar profirió el acto de inicio del trámite para la fijación
de caución (hecho probado 7.1.59.). De igual forma, se probó que el 14 de agosto
de 2015, Nathalia Rodríguez Higuita presentó ante la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar una solicitud para iniciar el trámite de fijación de indemnización por
servidumbre minera sobre el predio “Lote 3 de la División Hacienda La María”
(hecho probado 7.1.67.) y, a través de auto del 27 de abril de 2016, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar profirió el acto de inicio del trámite para la fijación de caución
(hecho probado 7.1.75.).

Sobre el particular, conviene precisar que el trámite fijado en el artículo 285 del
Código de Minas, modificado por la Ley 1282 de 2010, disponía que “[p]ara el
ejercicio de las servidumbres mineras, el Alcalde ordenará que un perito designado
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o por la Lonja de Propiedad Raíz de la
zona de ubicación del predio sirviente, estime dentro de un término de treinta (30)
días, el monto de la indemnización de perjuicios correspondiente. Una vez rendido
el dictamen, el Alcalde lo acogerá mediante providencia que deberá dictar dentro de
los cinco (5) días siguientes. Las costas de dicho peritaje serán a cargo del titular
minero”.

En ese sentido, para la Sala se tiene acreditada la certeza de la oportunidad que se
reputa perdida pues los demandantes tenían la expectativa de obtener el monto de
la indemnización de perjuicios correspondiente a la servidumbre minera que afecta
a sus predios.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
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Por otro lado, frente al segundo de los requisitos, esto es, la imposibilidad
definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento,
observa la Sala que el mismo no se encuentra acreditado, toda vez que, conforme
a las pruebas aportadas en el sub examine, los procesos de servidumbre minera
identificados con los radicados Nos. 2012190880100016E, 20151920078422 y
20151920078432, al momento de la presentación de la demanda de reparación
directa aún se encontraban en trámite ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y, en
ese sentido, resulta claro que los aquí demandantes no han perdido de forma
definitiva la posibilidad de obtener el pago de la caución correspondiente a la
servidumbre minera que afecta a sus predios.

Así las cosas, ante la ausencia del segundo de los elementos del daño pérdida de
oportunidad, como lo es la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la
reparación del daño o evitar el detrimento, no hay lugar a estudiar su eventual
imputación frente a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, pues debe recordarse que
la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende
necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos
y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de
reparar.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso
y en referencia con el daño pérdida de la oportunidad, la parte actora no cumplió
con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”, de donde el daño que alega requiere de prueba, cuya omisión
por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia
de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin el cual, en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del daño,
junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la
obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de
contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su
prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende de los

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

artículos 1494171 y 1757172 del Código Civil. Por lo tanto, tratándose de la prueba del
nacimiento y existencia de una obligación indemnizatoria, es un deber insoslayable
del acreedor, que solo puede excepcionalmente suplirse por orden del juez o en
virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión
de la obligación misma pues, debe subrayarse que la responsabilidad estatal
plantea en esencia una cuestión obligacional entre acreedor (damnificado) - y
deudor (Estado); una obligación de reparar el daño. Es que la obligación
indemnizatoria derivada de la declaratoria de responsabilidad extracontractual para
que se halle configurada exige prueba de todos los elementos de la responsabilidad,
lo cual, por supuesto, entre otros, implica probar el daño, que en el caso de marras
se extraña.

7.2.1.2. Imposibilidad de estudiar los errores jurisdiccionales alegados

El artículo 66 de la Ley 270 de 1996173 dispone que el error jurisdiccional es aquel
cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en el curso de un
proceso, el cual se materializa a través de una providencia contraria a la ley.

Además, el artículo 67 ibídem señala que para que sea procedente la reclamación
de perjuicios por un error judicial, la parte afectada deberá haber interpuesto los
recursos de ley contra dicha providencia y ésta deberá encontrarse en firme. A
propósito de esta temática, la Sección Tercera de esta Corporación indicó en
sentencia del 26 de julio de 2012 que:

“[…] el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los ‘recursos de ley’
pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio
sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; ‘en estos eventos se
presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado’.
Y de otra parte, que los ‘recursos de ley’ deben entenderse como ‘los medios
ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo
permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de
toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción
a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente
requieren para su trámite la presentación de una demanda’.

171 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más

personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por
disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
172 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
173 Estatutaria de la Administración de Justicia.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una
providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal
o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser
impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no
supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que
demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente
grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo, ya
que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es
distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial.
Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque
surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de
aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación
de la misma (error de derecho)”174.

Bajo el anterior contexto, es preciso indicar que en el sub examine no se cumplen
los presupuestos para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional
en la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017, proferida por la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar (hecho probado 7.1.24.), toda vez que el proveído que se acusa
de contener un yerro judicial no fue recurrido por Gildardo Rodríguez Vargas, siendo
este uno de los presupuestos que exige el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para
que pueda reclamarse indemnización de perjuicios por este motivo.

Justamente, se advierte que contra dicha providencia procedía el recurso de
apelación, el cual únicamente fue interpuesto por la sociedad Miner Group S.A.S.
y, que, a su vez, fue rechazado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante
Resolución No. 13 del 4 de enero de 2018, toda vez que no se acreditó que hubiese
efectuado el pago de la indemnización o la constitución de caución (hecho probado
7.1.27.).

Ahora, frente los autos Nos. 334 y 335 del 7 de octubre de 2015, proferidos por la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en el trámite del proceso de amparo administrativo
No. 2014190880100062E, la parte actora alegó que se incurrió en un error porque
se concedieron ante el Consejo de Justicia de Bogotá los recursos de apelación
interpuestos por Gildardo Rodríguez Vargas (hechos probados 7.1.46. y 7.1.47).

174 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.

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Pues bien, la Sala precisa que dichas decisiones no adquirieron firmeza, toda vez
que el Consejo de Justicia de Bogotá rechazó por “improcedente” el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución No. 181 del 31 de julio de 2015 (hecho
probado 7.1.48.) y, finalmente, la Gobernación de Cundinamarca avocó el
conocimiento de dichos recursos, los cuales fueron resueltos mediante Resolución
No. 34 del 3 de octubre de 2018 de dicho ente territorial, por la cual se revocaron
las Resoluciones Nos. 11 y 181 de 2015 (hecho probado 7.1.50.).

Bajo el anterior contexto, la Sala precisa que no se cumplieron los presupuestos
para estudiar los presuntos errores jurisdiccionales alegados en la demanda, toda
vez que, se reitera, no se cumplieron los presupuestos previstos en el artículo 67 de
la Ley 270 de 1996. Dado que, en primer lugar, la parte actora no interpuso el
recurso de apelación contra la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017, y de
otro lado, los autos Nos. 334 y 335 del 7 de octubre de 2015, proferidos por la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar que ordenaron conceder los recursos de apelación
interpuestos por Gildardo Rodríguez Vargas ante el Consejo de Justicia de Bogotá
no están en firme, pues dichos recursos fueron resueltos por la Gobernación de
Cundinamarca.

7.2.1.3. Mora en resolver los procesos de servidumbre minera identificados
con los radicados 2012190880100016E, 20151920078422 y 20151920078432 y
la afectación al debido proceso porque no se ha acatado la orden impartida
por la Gobernación de Cundinamarca, mediante al Resolución No. 34 de 2018,
en el trámite del proceso de amparo administrativo No. 2014190880100062E.

En aras de resolver este cargo, es importante precisar que el trámite del
procedimiento para las servidumbres mineras está previsto en el artículo 285 del
Código de Minas, que dispone:

“Cuando por motivo del ejercicio de las servidumbres legales, necesarias para el
uso y beneficio de las obras y trabajos mineros, el propietario o poseedor de los
terrenos sirvientes pidiere ante el alcalde se fije una caución al minero en los
términos del artículo 184 de este Código, se ordenará que por un perito se estime
su monto dentro del término de treinta (30) días. Una vez rendido el dictamen, el
alcalde señalará dicha caución en los cinco (5) días siguientes. La decisión será
apelable ante el Gobernador en el efecto devolutivo y solo se concederá si el
interesado constituye provisionalmente tal garantía, en la cuantía fijada por el
alcalde.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

La cuantía de la caución, una vez en firme, podrá ser revisada por el juez del lugar
de ubicación de los predios de acuerdo con las reglas generales de competencia y
de trámite del Código de Procedimiento Civil”.

Bajo el anterior contexto, se advierte que en el trámite de los procesos de
servidumbre minera adelantados por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se
desconoció la garantía constitucional al debido proceso de los señores Gildardo
Rodríguez Vargas, Manuel Alfredo Rodríguez Vargas y Nathalia Rodríguez Higuita,
toda vez que quedó plenamente acreditado que la duración de los procesos de
servidumbre minera identificados con los radicados 2012190880100016E,
20151920078422 y 20151920078432, para el momento de la presentación de la
demanda de reparación directa, había tardado más de 8 años, en el caso del primer
proceso y aproximadamente 4 años respecto de los demás, sin que se hubiese
tenido una decisión de fondo y debidamente ejecutoriada, siendo que el plazo para
resolverlos era de aproximadamente 2 meses, de conformidad con la precitada
norma.

En efecto, se precisa que, de conformidad con el artículo 285 del Código de Minas,
en el procedimiento administrativo para servidumbres mineras la autoridad territorial
debe designar un perito para que en el término de 30 días estime el monto de la
caución. Una vez rendido el dictamen, la caución debe ser fijada por el alcalde en
los 5 días siguientes. No obstante, lo anterior, se tiene conforme con el material
probatorio allegado al presente asunto, que en el trámite de los procesos de
servidumbre minera identificados con los radicados 2012190880100016E,
20151920078422 y 20151920078432 se superó de forma significativa dicho
término, sin que se haya demostrado la culminación de dichos procesos.

En virtud de lo anterior, se advierte que frente a este aspecto se configuró un daño
antijurídico, pues se trata de la afectación al derecho al debido proceso, el cual es
un derecho protegido por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra
justificación legal.

Ahora bien, para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar, autoridad que adelantó los referidos procesos de
servidumbre minera, es menester establecer si éste le es atribuible fáctica y

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

jurídicamente.

Así pues, sea lo primero advertir que esta Corporación ha sostenido que “la mora
judicial vulnera los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, así como de las garantías legales y constitucionales del usuario en sedes
administrativa y judicial, cuando es injustificada, de modo que, si el incumplimiento
de los plazos no es imputable al juez o existe una justificación que explique el
retardo, no se entienden vulnerados tales derechos”175.

Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha manifestado que el solo paso
del tiempo no es suficiente para concluir que se presentó una tardanza y/o mora
judicial injustificada, de ahí que deban analizarse las condiciones particulares del
servicio de Administración de Justicia, en concreto, de la jurisdicción a cargo del
respectivo proceso, de los despachos encargados de su trámite, del tipo de proceso
que se invoca como fundamento del petitum y de la conducta de las partes, con el
fin de constatar si la tardanza constituye o no un defectuoso funcionamiento del
servicio176.

Bajo el anterior contexto, se advierte que, si bien el trámite de los radicados de
servidumbre minera Nos. 2012190880100016E, 20151920078422 y
20151920078432 se acreditó una tardanza, ello no significa que, de forma
automática, el Estado sea patrimonialmente responsable por la mora que existió al
adelantar dichos procesos.

De hecho, del recuento de las actuaciones procesales surtidas por la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar, se observa que esta autoridad actuó de conformidad con las
obligaciones a su cargo.

En efecto, respecto del proceso identificado con el radicado 2012190880100016E,
está probado que se surtieron las siguientes actuaciones: i) en diligencia del 7 de
abril de 2011, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar requirió al Instituto Geográfico

175 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, rad.

11001-03-15-000-2020-04755-00.
176 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del

14 de septiembre de 2017, Rad.: 48.271.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Agustín Codazzi (IGAC) para que designara un perito con el propósito de estimar el
monto de la indemnización de perjuicios correspondiente a la servidumbre del título
minero No. 16342 (hecho probado 7.1.1.); ii) mediante Oficio No. 20131930071911
del 2 de agosto de 2013, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar “fija una caución a
cargo de Minergrooup [SIC] por la suma definida en el avalúo para servidumbre
minera No. C.F.G. 003 radicado con el No.2012-192-005478-2 de fecha 20/06/2012;
por la cuantía de ($40.00) pesos por metro cuadrado para los predios propiedad del
señor Gildardo Rodríguez Vargas” (hecho probado 7.1.10.); iii) mediante auto del
23 de octubre de 2014, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar concedió el recurso de
apelación interpuesto por Gildardo Rodríguez Vargas en contra del Oficio No.
20131930071911 del 2 de agosto de 2013 (hecho probado 7.1.14.); iv) el 7 de
octubre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar dio inicio a la audiencia de
reconstrucción del expediente No. 2012190880100016E (hecho probado 7.1.18.);
v) en diligencia del 17 de marzo de 2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar declaró
reconstruido el expediente (hecho probado 7.1.19.); vi) mediante Resolución No. 24
del 31 de julio de 2017, la Gobernación de Cundinamarca declaró la nulidad del
Oficio No. 20131930071911 del 2 de agosto de 2013 de la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar y de todas las actuaciones derivadas de este (hecho probado 7.1.22.); vii)
mediante Resolución No. 681 del 26 de septiembre de 2017, la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar dispuso “rehacer todas la actuaciones declaradas nulas, conforme
lo dispuesto en el numeral cuarto (4) del fallo de la Secretaría de Gobierno de
Cundinamarca” (hecho probado 7.1.23.).

Asimismo, se demostró que: viii) mediante Resolución No. 721 del 17 de octubre de
2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar acogió el dictamen rendido por la Lonja
de Propiedad Raíz de Bogotá y, como consecuencia, ordenó a la sociedad Miner
Group S.A.S. el pago de la suma de $1.363.574.400. a Gildardo Rodríguez Vargas,
por concepto de la servidumbre minera del predio Villa Paula (hecho probado
7.1.24.); ix) mediante Resolución No. 13 del 4 de enero de 2018, la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar rechazó la solicitud de aclaración presentada por Gildardo
Rodríguez Vargas (hecho probado 7.1.26.); x) mediante Resolución No. 14 del 4 de
enero de 2018, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar rechazó el recurso de apelación
interpuesto por la sociedad Miner Group S.A.S. contra la Resolución No. 721 del 17
de octubre de 2017 (hecho probado 7.1.27.); xi) mediante Resolución No. 558 del

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

16 de julio de 2018, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar no aceptó la recusación
formulada por la sociedad Miner Group S.A.S. (hecho probado 7.1.33.); xii)
mediante Resolución No. 26 del 24 de agosto de 2018 la Gobernación de
Cundinamarca declaró infundada la recusación formulada por la sociedad Miner
Group S.A.S. (hecho probado 7.1.34.); y xiii) el 5 de diciembre de 2018, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar informó a Gildardo Rodríguez Vargas que no se había
expedido la constancia de ejecutoria de la Resolución No. 721 del 17 de octubre de
2017 por cuanto estaba pendiente el trámite del recurso de queja interpuesto por la
sociedad Miner Group S.A.S. (hecho probado 7.1.35.).

De conformidad con lo anterior, la Subsección estima que la duración de dicho
proceso está justificada, de acuerdo con las precitadas actuaciones, las cuales
incidieron directamente en la duración del trámite.

Al respecto, vale la pena precisar que en un primer momento la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar, mediante Oficio No. 20131930071911 del 2 de agosto de 2013, fijó
una caución a cargo de Miner Group y a favor de Gildardo Rodríguez Vargas (hecho
probado 7.1.10.); decisión frente a la cual el señor Rodríguez Vargas presentó
recurso de apelación (hecho probado 7.1.13.); en auto del 23 de octubre de 2014 la
referida autoridad concedió el recurso interpuesto (hecho probado 7.1.14.); y,
mediante decisión del 30 de junio de 2015, el Consejo de Justicia de Bogotá,
rechazó por improcedente, el recurso de apelación interpuesto por Gildardo
Rodríguez Vargas.

Posteriormente, el 7 de octubre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar dio
inicio a la audiencia de reconstrucción del expediente No. 2012190880100016E
(hecho probado 7.1.18.); y en diligencia del 17 de marzo de 2017, declaró
reconstruido el referido expediente (hecho probado 7.1.19.).

Asimismo, se probó que se suscitó un conflicto de competencias administrativas
entre la Gobernación de Cundinamarca y el Consejo de Justicia de Bogotá, el cual
fue dirimido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia
del 23 de marzo de 2017, declarando que la autoridad competente para conocer del
recurso de apelación presentado por Gildardo Rodríguez Vargas contra el oficio No.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

20131930071911 del 2 de agosto de 2013 era la Gobernación de Cundinamarca
(hecho probado 7.1.21.).

De igual forma, se advierte que, mediante Resolución No. 24 del 31 de julio de 2017,
la Gobernación de Cundinamarca declaró la nulidad del Oficio No. 20131930071911
del 2 de agosto de 2013 de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y de todas las
actuaciones derivadas de este (hecho probado 7.1.22.); y, en virtud de lo anterior,
la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, mediante Resolución No. 681 del 26 de
septiembre de 2017, dispuso “rehacer todas la actuaciones declaradas nulas,
conforme lo dispuesto en el numeral cuarto (4) del fallo de la Secretaría de Gobierno
de Cundinamarca” (hecho probado 7.1.23.).

Adicionalmente, se acreditó que, mediante Resolución No. 721 del 17 de octubre de
2017, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar acogió el dictamen rendido por la Lonja
de Propiedad Raíz de Bogotá y, como consecuencia, ordenó a la sociedad Miner
Group S.A.S. pagar la suma de $1.363.574.400. a Gildardo Rodríguez Vargas, por
concepto de la servidumbre minera del predio Villa Paula (hecho probado 7.1.24.);
el 4 de enero de 2018, rechazó la solicitud de aclaración presentada por Gildardo
Rodríguez Vargas contra la precitada resolución (hecho probado 7.1.26.) y, ese
mismo día, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Miner Group
S.A.S. contra la Resolución No. 721 de 2017 (hecho probado 7.1.27.).

Se tiene que el 26 de abril de 2018, la sociedad Miner Group S.A.S. recusó al
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (hecho probado 7.1.30.); la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar, mediante Resolución No. 558 del 16 de julio de 2018, no aceptó la
referida recusación (hecho probado 7.1.33.); y la Gobernación de Cundinamarca,
mediante Resolución No. 26 del 24 de agosto de 2018, declaró infundada la
recusación formulada por la sociedad Miner Group S.A.S. (hecho probado 7.1.34.).

Finalmente, se probó que el 9 de marzo de 2018, la sociedad Miner Group S.A.S.
presentó recurso de queja contra la Resolución No. 14 del 4 de enero de 2018
(hecho probado 7.1.29.); y que el 5 de diciembre de 2018, la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar informó a Gildardo Rodríguez Vargas que no había expedido la
constancia de ejecutoria de la Resolución No. 721 del 17 de octubre de 2017 por

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

cuanto estaba pendiente el trámite del recurso de queja interpuesto por la sociedad
Miner Group S.A.S.

Ahora, frente al proceso de servidumbre minera identificado con el radicado No.
2015192007842 se estima que su duración se encuentra justificada, de conformidad
con las actuaciones surtidas dentro del referido trámite procesal, a saber: i) el 26 de
agosto de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar solicitó a Manuel Alfredo
Rodríguez Vargas el certificado de tradición y libertad del predio e informó sobre la
existencia de un proceso relacionado con el título minero 16432 ante el Consejo de
Justicia de Bogotá (hecho probado 7.1.52.); ii) el 29 de octubre de 2015, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar informó a Manuel Alfredo Rodríguez Vargas que había
elevado consulta ante la Agencia Nacional de Minería para determinar si tenía
competencia para fijar la indemnización (hecho probado 7.1.55.); iii) el 23 de
noviembre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar solicitó al señor Rodríguez
Vargas aportar el certificado de cámara de comercio de la sociedad que tiene a su
cargo la concesión minera 16432, copia autenticada del contrato de concesión
minera 16432 y copia autenticada de la escritura pública del predio “Bellavista”
(hecho probado 7.1.56.); iv) la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, mediante proveído
del 4 de abril de 2016, profirió el acto de inicio del trámite para la fijación de caución
y, a su vez, comisionó al IGAC para que estimara el monto de la indemnización de
perjuicios en un plazo de 30 días (hecho probado 7.1.59.); y, v) el 24 de noviembre
de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó a Manuel Alfredo Rodríguez
Vargas que todas las actuaciones relacionadas con Miner Group S.A.S. estaban
suspendidas debido a un trámite de reconstrucción de expediente (hecho probado
7.1.62.).

De igual forma, en el trámite del proceso de servidumbre minera identificado con el
radicado 20151920078432, está probado: i) que el 26 de agosto de 2015, la Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar solicitó a la señora Rodríguez Higuita el certificado de
tradición y libertad del predio e informó sobre la existencia de un proceso
relacionado con el título minero 16432 ante el Consejo de Justicia de Bogotá (hecho
probado 7.1.68.); ii) el 29 de octubre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
informó a Nathalia Rodríguez Higuita que había elevado consulta ante la Agencia
Nacional de Minería para determinar si tenía competencia para fijar la indemnización

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

(hecho probado 7.1.71.); iii) el 23 de noviembre de 2015, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar solicitó a la señora Rodríguez Higuita aportar el certificado de cámara de
comercio de la sociedad que tiene a su cargo la concesión minera 16432, copia
autenticada del contrato de concesión minera 16432 y copia autenticada de la
escritura pública del predio “Lote 3 de la División Hacienda La María” (hecho
probado 7.1.72.); iv) mediante auto del 27 de abril de 2016, la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar profirió el acto de inicio del trámite para la fijación de caución y, a su
vez, solicitó a la Agencia Nacional de Minería que designara un perito idóneo para
determinar el monto de la caución en un plazo de 30 días (hecho probado 7.1.75.);
v) el 24 de noviembre de 2016, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informó a
Nathalia Rodríguez Higuita que todas las actuaciones relacionadas con Miner Group
S.A.S. estaban suspendidas debido a un trámite de reconstrucción de expediente
(hecho probado 7.1.78.); y, vi) el 31 de agosto de 2017, la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar informó a Nathalia Rodríguez Higuita que “está realizando el estudio jurídico
de la documentación que se encuentra en el expediente relacionado con la
servidumbre minera en el predio Lote 3 de la Hacienda La María, con el fin de
proceder a la fijación de la indemnización por concepto de servidumbre minera”
(hecho probado 7.1.80.).

Así las cosas, se estima que la duración de los procesos de servidumbre minera
adelantados por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se encuentra justificada y no
fue caprichosa, en la medida que se acreditó que en el trámite de dichos procesos
se han surtido diferentes actuaciones, como lo han sido los requerimientos, la
declaratoria de nulidad de todo lo actuado, la interposición de recursos, solicitudes
de aclaración, recusación, el trámite de reconstrucción de expediente y el conflicto
de competencias planteado.

Por lo anterior, la Sala considera que las actuaciones de la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar vislumbran que la tardanza y/o mora alegada no devino de un actuar
caprichoso o negligente de la administración, ni de una dilación injustificada capaz
de activar el mecanismo resarcitorio, razón por la cual se confirmará la negativa de
las pretensiones de la demanda frente a este aspecto.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Finalmente, en cuanto la afectación alegada porque la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar no ha acatado la orden impartida por la Gobernación de Cundinamarca,
mediante Resolución No. 34 de 2018, en el trámite del proceso de amparo
administrativo No. 2014190880100062E, se tiene que en la parte resolutiva de la
referida resolución se dispuso:

“Artículo Primero: Revocar la decisión de amparo administrativo minero concedida
por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar del Distrito Capital de Bogotá, adoptada
mediante Resoluciones No. 011 del 23 de enero de 2015 y 00181 del 17 de julio de
2015 en favor de la empresa Miner Group S.A.S identificada con Nit. 900.200.056-5
en su calidad de titular del Contrato de Concesión Minera No. 16432 y en contra del
señor Gildardo Rodríguez Vargas identificado con la Cedula de Ciudadanía No.
3.020.892 y la empresa Constriturar Ltda. identificada con Nit. 830.089.377-5.

Articulo Segundo: Precisar a las partes procesales Miner Group S.A.S. y Gildardo
Rodríguez Vargas y la empresa Constriturar Ltda. que para hacer uso eficiente de
la servidumbre minera impuesta sobre el predio Villa Paula identificado con
matrícula inmobiliaria 50S - 40151954 de propiedad del señor Gildardo Rodríguez
Vargas, debe acreditarse anticipadamente el pago efectivo de la indemnización
fijada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar mediante la Resolución 0721 del 17
de octubre de 2017 en concordancia con las razones anotadas.

Artículo Tercero: Precisar al señor Gildardo Rodríguez Vargas, que una vez perciba
anticipadamente el pago efectivo de la indemnización fijada por la Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar mediante la Resolución 0721 del 17 de octubre de 2017, se
encuentra en la obligación de retirar los bienes existentes en su propiedad y
permitirle a Miner Group S.A.S. y/o sus representantes, operadores y contratistas el
acceso al predio Villa Paula, y por tanto abstenerse de realizar por sí mismo o a
través de terceros cualquier acto que pueda perturbar la actividad minera del titular”.

Sobre el particular, se advierte que en la referida decisión no se impuso orden
alguna que debiese cumplir la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y, por el contrario,
en dicho proveído se precisó a la sociedad Miner Group que para hacer uso de la
servidumbre minera impuesta sobre el predio Villa Paula debía efectuar el pago de
la indemnización fijada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. En ese sentido, la
Sala no encuentra acreditado el daño alegado frente a dicho aspecto.

De conformidad con lo expuesto, entonces, se impone en la parte resolutiva
modificar la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de declarar la caducidad del medio
de control de reparación directa frente a las pretensiones elevadas porque la
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar i) no acogió el valor señalado por la Lonja de

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

Propiedad Raíz de Bogotá, dentro los 5 días posteriores a la presentación de dicho
dictamen; ii) permitió que se ocultaran, sustrajeran o destruyera las piezas
documentales referentes a la fijación de indemnización; iii) mediante oficio del 2 de
agosto de 2013, acogió el peritaje presentado por la sociedad CM& Abogados e
Inmobiliaria; iv) en auto del 23 de octubre de 2014, concedió de forma errada el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 2 de agosto de 2013 ante el
Consejo de Justicia de Bogotá; v) la solicitud de amparo administrativo se
encontraba prescrita; vi) el perito que actuó en el proceso de amparo administrativo
debía ser designado por instructor del proceso y no por una de las partes; vii) profirió
dos decisiones sobre el mismo trámite; declarar probada de oficio la excepción de
falta de legitimación en la causa por activa de Alexander Rodríguez Higuita y Diana
Yesenia Rodríguez Higuita y negar las demás pretensiones de la demanda.

8. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.

Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, el artículo 365
de la norma procesal general establece que ésta procede en contra de la parte
vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y,
que “[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

En virtud de lo anterior, la Sala en la parte resolutiva condenará en costas en
segunda instancia a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando
en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas
en el proceso.

En lo relativo a las agencias en derecho177, entendidas como “la porción de las
costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se
evidencia que en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código
General del Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no
desplegó actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que
proceda su pago, pues, no existe una causación material que así las sustente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MOFICAR la sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa
frente a las pretensiones elevadas porque la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar i) no
acogió el valor señalado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, dentro los 5 días
posteriores a la presentación de dicho dictamen; ii) permitió que se ocultaran,
sustrajeran o destruyera las piezas documentales referentes a la fijación de
indemnización; iii) mediante oficio del 2 de agosto de 2013, acogió el peritaje
presentado por la sociedad CM& Abogados e Inmobiliaria; iv) en auto del 23 de
octubre de 2014, concedió de forma errada el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión del 2 de agosto de 2013 ante el Consejo de Justicia de Bogotá; v)
la solicitud de amparo administrativo se encontraba prescrita; vi) el perito que actuó
en el proceso de amparo administrativo debía ser designado por instructor del
proceso y no por una de las partes; vii) profirió dos decisiones sobre el mismo
trámite, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa de Alexander Rodríguez Higuita y Diana Yesenia Rodríguez
Higuita.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo

177 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.

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Radicación: 25000233600020190055501 (70089)
Demandante: Gildardo Rodríguez Vargas y otros

expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso”.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF

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