RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2019-00682-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00682-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00682-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE 161 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]”. 162 ACUERDO PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016. El artículo 5 numeral 1 establece que, para los procesos declarativos en general, la tarifa en primera instancia para procesos de mayor cuantía será “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido” y en segunda instancia será “entre 1 y 6 S.M.M.L.V.” 163 Si bien es cierto el apoderado de la demandante presentó escrito en el trámite de la segunda instancia (SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 9), lo cierto es que el mismo tuvo por objeto recordar a esta Corporación la imperiosa necesidad de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de pruebas en segunda instancia que había impetrado por medio de escrito presentado dentro del término de ejecutoria del auto que concedió el recurso de apelación. En el anterior orden, el escrito presentado no comportó una nueva actuación, sino un recordatorio sobre la necesidad de decidir una solicitud de pruena impetrada cuando no había iniciado el trámite de segunda instancia. 164 ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. […]”. 88 Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010) Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia judicial. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución No. CNSC – 20191400021505 del 3 de abril de 2019, por medio de la cual la Comisión Nacional […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00682-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

TEMAS: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –
Su actividad contractual está sujeta a las normas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. RÉGIMEN PROBATORIO APLICABLE EN MATERIA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA – Está edificado sobre los postulados de libertad probatoria y el libre raciocinio
judicial. PRUEBA DOCUMENTAL SIN FIRMA – No necesariamente le resta autenticidad ni valor
probatorio a la prueba documental. HECHO NOTORIO – Es aquel conocido por personas de
mediana cultura, dentro de un conglomerado social, en el tiempo en que se produce la decisión.
DICTAMEN PERICIAL – Su credibilidad está edificada sobre la idoneidad del perito, la
fundamentación de la prueba y la imparcialidad del perito. CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA –
La sentencia debe estar en consonancia con los elementos esenciales que distinguen la controversia
puesta en conocimiento del juez. DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA – la entidad a cargo del
procedimiento de selección debe escoger al contratista con base en los factores de selección
previamente definidos en el pliego de condiciones y de acuerdo con los criterios ponderables
establecidos para el efecto. PRINCIPIO DE BUENA FE PRECONTRACTUAL – Exige participar
activamente en el proceso de selección y, en concreto, poner de presente las irregularidades que se
adviertan, para que la entidad corrija su actuación. ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN –
exige demostrar irregularidades que desvirtúen la selección realizada por la entidad estatal.
PERJUICIO INDEMNIZABLE – Como consecuencia de la nulidad del acto de adjudicación, el
perjuicio indemnizable corresponde, en principio a la utilidad dejada de percibir por cuenta de la
privación injustificada de celebrar y ejecutar el contrato estatal. PRUEBA DEL PERJUICIO
INDEMNIZABLE – El demandante tiene la carga de demostrar que la ejecución del contrato estatal
le habría reportado utilidad. Si el ofrecimiento económico incluye la estimación de la utilidad
esperada, puede acudirse a dicha estimación a efectos de demostrar el quantum indemnizatorio, sin
perjuicio de prueba en contrario y siempre que no resulte manifiestamente irrazonable y
desproporcionada. NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL – su declaratoria procede de
oficio y se estructura cuando se declare la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación que le
brindó fundamento jurídico a su celebración.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Como resultado del proceso de licitación pública No. CNSC-LP-001, la Comisión
Nacional del Servicio Civil adjudicó a la Universidad Libre el contrato para la
realización del concurso de méritos destinado a la provisión de empleos vacantes
del sistema general de carrera administrativa de algunas entidades de los
departamentos de Bolívar, Atlántico, La Guajira y Norte de Santander –
Convocatoria Territorial Norte.

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

La Fundación Universitaria del Área Andina, oferente vencida en el proceso
licitatorio mencionado, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener: (i) la
declaratoria de nulidad del acto administrativo de adjudicación; y (ii) la condena a la
entidad demandada al pago de los perjuicios materiales que, en su criterio, le fueron
irrogados por la indebida adjudicación del contrato, a título de restablecimiento del
derecho.

La controversia gira en torno a la evaluación de los ofrecimientos presentados en el
curso del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001 y, en concreto, a la asignación del
puntaje correspondiente al factor económico, el cual fue incluido en el pliego de
condiciones como uno de los elementos a partir de los cuales se debía adelantar el
análisis de comparación de las propuestas. En criterio de la parte accionante, la
CNSC incurrió en error en la aplicación de la fórmula relativa al método escogido
para la comparación de las propuestas en el componente económico, circunstancia
que dio lugar a considerar la existencia de un empate que, a la postre, condujo a la
adjudicación del contrato a la Universidad Libre, tras la aplicación de los criterios de
desempate establecidos en el pliego de condiciones.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 20 de septiembre de 20191, la Fundación Universitaria del Área Andina,
mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Comisión Nacional del Servicio
Civil, con las siguientes pretensiones, transcritas de forma literal, incluso con
posibles errores:

“PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN número
CNSC 2019140021505 DEL 03-04-2019, “Por la cual se materializa una decisión de
la Sala Plena de Comisionados para adjudicar el proceso de Licitación Pública No.
CNSC-LP-001 DE 2019” expedida por el ASESOR JURÍDICO de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en su condición de delegado para presidir la audiencia de
adjudicación y tomar la decisión de adjudicar.

SEGUNDA PRINCIPAL: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la
resolución CNSC 2019140021505 DEL 03-04-2019, “Por la cual se materializa una
decisión de la Sala Plena de Comisionados para adjudicar el proceso de Licitación
Pública No. CNSC-LP-001 DE 2019” expedida por el Asesor Jurídico de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en su condición de delegado para presidir la audiencia de
adjudicación y tomar la decisión de adjudicar el proceso de licitación pública No.
CNSC-LP-001 DE 2019 a la Universidad Libre, se condene a la Comisión Nacional
del Servicio Civil al restablecimiento de los derechos a la Fundación Universitaria del
Área Andina y por consiguiente a la adjudicación del contrato derivado de la licitación
pública CNSC-LP-001 DE 2019, o en su defecto por imposibilidad material de
ejecución del contrato porque ya pudo haber sido ejecutado al resolverse la presente
controversia, se ordene el pago de la utilidad esperada según la estimación razonada
de la cuantía determinada en la oferta de la licitación.

1 Fl 1 a 15, C.1.

2

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Que se condene a la Comisión nacional del
servicio civil al reconocimiento económico y pago de los gastos en que la Fundación
Universitaria del Área Andina incurrió en la elaboración de la oferta para participar en
el proceso de la Licitación Pública No. CNSC-LP-‘001 DE 2019.

PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Que se condene a la Comisión Nacional del
Servicio Civil al pago actualizado de las sumas reconocidas a favor de la Fundación
Universitaria del Área Andina de acuerdo con las pretensiones de carácter económico
que hacen parte de la demanda, hasta el momento del pago efectivo.

PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Que se ordene a la Comisión Nacional del
servicio civil a expedir una certificación a nombre de la Fundación Universitaria del
Área Andina en la cual se acredite que en el proceso de licitación pública CNSC-LP-
001 DE 2019, ocupó el primer puesto de elegibilidad de acuerdo con la evaluación.

PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Que se condene a la Comisión Nacional del
Servicio Civil al reconocimiento y pago de los honorarios de asesoría jurídica en que
ha debido incurrir la Fundación Universitaria del Área Andina, con el fin de obtener la
asesoría y representación jurídica necesarias para que le sean resarcidos los daños
y perjuicios causados por cuenta de las omisiones de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, del comité evaluador y funcionario que adjudicó la licitación pública
CNSC-LP-001 DE 2019 al no aplicar en debida forma la fórmula económica
determinada para la adjudicación del proceso.

PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL: Que se condene a la Comisión Nacional del
Servicio Civil al pago de las costas del juicio y las agencias en derecho”.

1.2. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

1.2.1. Mediante Resolución No. CNSC-2019000011675 del 27 de febrero de 2019,
la Comisión Nacional del Servicio Civil –en adelante, CNSC– dio inicio al proceso
de licitación pública No. CNSC-LP-001, el cual tenía por objeto escoger a la
institución universitaria que adelantaría el concurso de méritos para la provisión de
empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de algunas
entidades de los departamentos de Bolívar, Atlántico, La Guajira y Norte de
Santander – Convocatoria Territorial Norte.

1.2.2. El pliego de condiciones de la licitación pública estableció los requisitos
habilitantes para participar en el procedimiento de selección, así como también los
factores ponderables conforme con los cuales debía escogerse a la institución
educativa que adelantaría el concurso. Entre los factores de selección figuraba el
relativo al ofrecimiento económico, el cual reconocía una calificación máxima de 390
puntos de acuerdo con el método de ponderación que resultara escogido entre tres
opciones: (i) el método de media aritmética, (ii) el método de media geométrica con
presupuesto oficial o (iii) el método del menor valor. Para la determinación del
método de ponderación a aplicar de cara al análisis de comparación de los
ofrecimientos, el pliego de condiciones identificó cada una de las opciones con un
rango de decimales, al tiempo que estableció que el método debía ser escogido en
función de la tasa representativa de mercado – TRM que rigiera al día siguiente del
vencimiento del término de traslado del informe de evaluación de las propuestas.

1.2.3. El 13 de marzo de 2019 la CNSC llevó a cabo la audiencia de cierre del
procedimiento de selección, cuya acta demuestra que en el periodo dispuesto para

3

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

el efecto presentaron propuestas la Fundación Universitaria del Área Andina, la
Universidad Libre y la Universidad de Medellín. El 19 de marzo siguiente la entidad
accionada publicó el informe preliminar de evaluación de las propuestas, en el cual
se estableció que la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad Libre
eran los únicos proponentes que resultaron habilitados.

1.2.4. El 28 de marzo de 2019 la CNSC publicó el acta de determinación del método
de ponderación del componente económico de los ofrecimientos, en donde consta
que el método de media geométrica con presupuesto oficial fue el escogido para
adelantar el análisis de comparación de las propuestas. De este modo, el puntaje
por concepto del factor económico debía ser asignado de acuerdo con la adecuada
aplicación de las fórmulas establecidas en el pliego de condiciones para el efecto.

1.2.5. El 3 de abril de 2019 la CNSC dio inicio a la audiencia de adjudicación, en
cuyo desarrollo la Fundación Universitaria del Área Andina presentó poder especial
otorgado en debida forma para que Jorge Andrés Castañeda Correal la representara
en esa diligencia. No obstante, la entidad accionada se abstuvo de tenerlo en cuenta
aduciendo para el efecto que carecía de la nota de presentación personal, pese a
que tal exigencia no contaba con respaldo alguno en la ley ni en el pliego de
condiciones del proceso licitatorio. Para la Fundación Universitaria del Área Andina,
esta determinación impidió su participación en la audiencia de adjudicación y, en
concreto, la formulación de objeciones a las decisiones que se socializaron en el
curso de esa diligencia, particularmente en lo relacionado con la evaluación del
componente económico de las propuestas en aplicación de las fórmulas
establecidas en el pliego de condiciones.

1.2.6. En desarrollo de lo anterior, la parte accionante afirmó que en el trámite de la
audiencia de adjudicación la CNSC dio a conocer el documento de respuesta a las
observaciones formuladas contra el informe de evaluación de los ofrecimientos y el
informe final de evaluación, los cuales, inicialmente, dieron como ganador a la
Fundación Universitaria del Área Andina al obtener el mayor puntaje. Con todo, la
entidad realizó una nueva evaluación en la que la Fundación Universitaria del Área
Andina y la Universidad Libre resultaron “extrañamente empatadas”. Para la
accionante, “[…] el mencionado empate determinado por el comité evaluador partió
de un error matemático en la aplicación de la MEDIA GEOMÉTRICA CON
PRESUPUESTO OFICIAL, con lo cual se violó lo definido en el Pliego de
Condiciones, el cual se manifestó en la audiencia por mi poderdante […], pero le fue
negado también de manera inexplicable su derecho a participar y observar”.

1.2.7. Ante la ilegítima conducta desplegada por la CNSC en el sentido de impedir
la participación del apoderado de la Fundación Universitaria del Área Andina, los
representantes de la institución educativa intentaron intervenir en calidad de
veedores ciudadanos, lo que igualmente fue negado por la entidad al señalar que la
audiencia no era pública. Posteriormente, al margen de que se hubieren puesto de
presente las irregularidades anotadas en el análisis de comparación de las
propuestas, la entidad continuó el trámite de la diligencia acudiendo a las reglas de
desempate para la adjudicación del contrato estatal, punto en cual “[…] decidió
continuar con un sorteo [por balotas] en el que se otorgó la representación de la
Fundación Universitaria del Área Andina a la Jefe de Control Interno, no obstante
contar con apoderado debidamente constituido y cuyo resultado fue la adjudicación
a la Universidad Libre, oferente que no había obtenido el mayor puntaje en la
4

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

evaluación y haciendo uso de un trámite que legalmente no debió realizarse, habida
consideración de la inexistencia de empate”.

1.2.8. Mediante escrito del 4 de abril de 2019, la Fundación Universitaria del Área
Andina solicitó la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación, al
considerar que el mismo estaba viciado de nulidad al haberse fundado la decisión
de adjudicación en un error evidente en la aplicación de la fórmula para cotejar los
ofrecimientos económicos. Sin embargo, la CNSC negó la solicitud de revocatoria
directa por razones que no se compadecían con la realidad, pese a haber
reconocido expresamente el error en la aplicación de la fórmula matemática
establecida para el método de media geométrica con presupuesto oficial.

1.3. Como fundamento jurídico, la parte accionante señaló que el acto de
adjudicación desconoció el deber de selección objetiva y el principio de
transparencia, al tiempo que alegó que estaba falsamente motivado.

Como primer punto, en lo que respecta al deber de selección objetiva, la
demandante refirió que la CNSC vulneró diferentes normas establecidas en el pliego
de condiciones en punto a la evaluación del componente económico de los
ofrecimientos, lo que, en su criterio, provocó una indebida evaluación de las
propuestas. En este particular explicó que, para efectos de asignar el puntaje por
concepto del factor económico, la entidad accionada aplicó de manera indebida la
fórmula matemática establecida para el método de media geométrica con
presupuesto oficial, motivo por el cual concluyó que el puntaje reconocido a la
Universidad Libre “[…]se basó en la errada e ilegítima aplicación de las condiciones
objetivas definidas en el pliego, error flagrante que la misma administración ha
reconocido en acto administrativo, elemento que se configura en causa objetiva para
determinar la responsabilidad de la administración en el caso que nos ocupa”.

Sumado a lo anterior, la demandante reprochó que la CNSC hubiere interpretado
de manera equivocada el aparte del pliego de condiciones que fijó las reglas para
comparecer a la audiencia de adjudicación mediante apoderado. Al respecto,
cuestionó que no se le hubiere permitido participar en el curso de la audiencia de
adjudicación ni si quiera bajo la figura de veedor ciudadano, a propósito de lo cual
señaló que (i) la nota de presentación personal solo era requerida para el
apoderamiento en procesos judiciales; y (ii) el pliego de condiciones del proceso
licitatorio no estableció que debiera cumplirse tal exigencia para la admisión del
poder especial. De hecho, refirió que la Agencia Nacional de Contratación Pública
“Colombia Compra Eficiente” había emitido varios pronunciamientos, en el sentido
de aclarar que, para la participación de apoderados en el curso de la audiencia de
adjudicación, no era necesario adelantar el trámite de presentación personal, al
destacar la naturaleza administrativa de esa diligencia.

En el mismo sentido, indicó que, en procesos de selección con idénticas
connotaciones adelantados por la CNSC, ésta había permitido la participación de
apoderados que radicaron poderes especiales sin nota de presentación personal.

De otra parte, en lo que tiene que ver con la motivación del acto cuestionado, la
demandante alegó que la misma era falsa porque la elección de la Universidad Libre
fue edificada sobre un hecho ajeno a la realidad, como lo era aquel según el cual
en el proceso licitatorio se presentó un empate en el puntaje asignado a los
5

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

oferentes, que hizo necesario acudir a los criterios de desempate establecidos en el
pliego de condiciones. Según la accionante, en el caso concreto no se presentó un
empate, sino una indebida aplicación de las reglas del pliego de condiciones
relativas al factor económico; situación que fue reconocida, inclusive, por la misma
entidad accionada al proferir el acto administrativo que resolvió la solicitud de
revocatoria directa presentada por la Fundación Universitaria del Área Andina.

2. Contestación de la demanda

2.1. La CNSC2 se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en los
siguientes argumentos:

2.1.1. Contrario a lo manifestado por la demandante, la CNSC garantizó el derecho de
participación de todos los oferentes en el trámite de la audiencia de adjudicación. En
el caso de la Fundación Universitaria del Área Andina, la entidad aclaró que quienes
comparecieron a la diligencia de adjudicación para representarla radicaron un poder
que no tenía nota de presentación personal como lo exigían el aparte 3.1.2. del pliego
de condiciones y el artículo 5 del Decreto 19 de 2012, motivo por el cual la entidad
concluyó que no se encontraban legalmente autorizados para actuar en su nombre.
Pese a lo anterior, la CNSC brindó la posibilidad de presentar un nuevo poder especial
otorgado en debida forma, al tiempo que sugirió como alternativa la comparecencia
del representante legal de la institución educativa; opciones que no fueron acogidas
pese a que se brindó el tiempo suficiente para corregir el yerro advertido.

2.1.2. No era cierto que en el marco del proceso licitatorio la entidad hubiere publicado
un informe definitivo de evaluación de las propuestas que diera como ganadora a la
Fundación Universitaria del Área Andina. En este particular la entidad explicó que el
19 de marzo de 2019 publicó el informe preliminar de evaluación de las propuestas,
en el que el comité evaluador concluyó que el único oferente habilitado era la
demandante. Posteriormente, dentro del traslado del informe preliminar, la
Universidad Libre y la Universidad de Medellín subsanaron sus propuestas, lo que dio
lugar a que la primera de las instituciones mencionadas resultara habilitada. De ahí
que la entidad procediera a efectuar el análisis de comparación de las propuestas
presentadas por la Universidad Libre y la Fundación Universitaria del Área Andina,
ejercicio partir del cual concluyó que existió un empate en el puntaje que hizo
necesario acudir a los criterios de desempate establecidos en el pliego de condiciones.

2.1.3. Ahora bien, en lo que respecta al error matemático alegado por la accionante,
la CNSC precisó que “[…] como resultado de la sumatoria de los valores de la
evaluación jurídica, financiera, técnica e informática y económica, resultó en empate
entre la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad Libre, previo ajuste
por un error en la sumatoria de los valores contenidos en el consolidado, razón por la
cual fue necesario ajustarlo, sin que jamás se advirtiera que se derivaba de un error
matemático en la aplicación de la fórmula, es más, no se advirtió si era un error de
agrupación, aplicación, sustracción o concordancia dentro de la misma. Es así que el
soporte del consolidado siempre evidenció el empate entre los oferentes habilitados,
pues el mismo ya había sido consignado en los informes de evaluación entregados”.

2 Fl 35 a 46, C.1.

6

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

2.1.4. En cualquier caso, lo cierto era que quienes asistieron a la audiencia de
adjudicación en representación de la Fundación Universitaria del Área Andina no
advirtieron el error que alegaron en esta instancia judicial, ni mucho menos lo hicieron
cuando presentaron la solicitud de revocatoria directa del acto de adjudicación. De
hecho, los representantes de los demás participantes en el proceso licitatorio tampoco
lo hicieron en el desarrollo de la audiencia de adjudicación. Fue un representante de
la Universidad de Medellín quien identificó el error, y lo hizo luego de la finalización de
la diligencia de adjudicación. Al margen de lo anterior, la demandante no demostró
que, de haber aplicado la fórmula matemática de manera adecuada, habría resultado
ubicada en el primer lugar del orden de elegibilidad, por lo que en todo caso no habría
lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

2.1.5. De otra parte, la CNSC llamó la atención sobre el hecho de que la Fundación
Universitaria del Área Andina solicitara el reconocimiento de la utilidad esperada, pese
a que su naturaleza era la de una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro. En
criterio de la CNSC, el hecho de que la demandante solicitara el reconocimiento y pago
de la utilidad esperada y, en general, el pago de sus pretensiones económicas, llevaba
a considerar que sus pretensiones iban en contravía de su realidad; “[…] en otras
palabras, prima su interés económico a su ánimo real”. En cualquier caso, la entidad
accionada advirtió que la Fundación Universitaria del Área Andina no allegó pruebas
para demostrar la utilidad esperada, ni mucho menos los elementos probatorios que
acreditaran los gastos de confección del ofrecimiento y de representación judicial. De
ahí que la accionante estimara que las pretensiones de restablecimiento del derecho
debían ser desestimadas.

2.1.6. Por último, la CNSC formuló como excepciones de mérito las siguientes: (i)
legalidad del acto de adjudicación, la cual sustentó en el hecho de que la demandante
había resultado vencida en el proceso licitatorio por su propia culpa en tanto no previó
lo necesario para su representación en la diligencia de adjudicación, al paso que no
advirtió oportunamente el error endilgado a la entidad; y (ii) cobro de lo no debido, en
tanto la parte accionante solicita el reconocimiento de los gastos de confección del
ofrecimiento, pese a que éstos constituyen costos de oportunidad que debían ser
asumidos para participar en el proceso de licitación, sin que garantizaran de manera
alguna la adjudicación del contrato estatal.

2.2. La Universidad Libre3, quien fue vinculada al proceso en calidad de
litisconsorte necesario por pasiva, se opuso a las pretensiones de la demanda, con
sustento en los siguientes argumentos:

2.2.1. No era cierto que la CNSC hubiere desconocido el derecho que le asistía a la
demandante a participar en el trámite de la audiencia de adjudicación. El poder
presentado por la Fundación Universitaria del Área Andina no contaba con la nota
de presentación personal exigida en la ley, por lo que la CNSC se abstuvo de
reconocer personería jurídica al apoderado que compareció a la diligencia en
representación de la institución educativa. Aun cuando los asistentes a la audiencia
por parte de la demandante tuvieron la oportunidad de presentar un nuevo poder, lo
cierto es que no actuaron con la debida diligencia para lograr su intervención en la

3 CD – fl 66, Cuaderno Principal, archivo denominado
“10_250002336000201900682007RECIBEMEMORIAL20210414074252_TCDescargaTotalItem133
076437319426686.PDF”.
7

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

audiencia de adjudicación, razón por la cual su participación en la referida diligencia
se vio frustrada por su propia culpa.

2.2.2. Tampoco era cierto que el documento de respuestas a las observaciones y
el informe final de evaluación de las propuestas hubieren dado como ganador a la
Fundación Universitaria del Área Andina, ni mucho menos que el informe de
evaluación final hubiere sido reemplazado en la diligencia de adjudicación. Al punto,
la Universidad Libre explicó que inicialmente el único oferente habilitado fue la
Fundación Universitaria del Área Andina, motivo por el cual apareció en el informe
preliminar de evaluación de las propuestas como el único oferente que resultó
calificado en el componente técnico. Posteriormente, la Universidad Libre subsanó
su propuesta, lo que condujo a que la CNSC la habilitara y adelantara el análisis
integral de comparación de los ofrecimientos en el informe final de evaluación de
las propuestas. A partir de este ejercicio comparativo, la CNSC determinó que
existió un empate entre la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad
Libre, lo que hizo necesario acudir a los criterios de desempate definidos en el pliego
de condiciones, cuya aplicación dio como ganador a la Universidad Libre.

2.2.3. Es así que desde un principio el informe final de evaluación de los
ofrecimientos estableció un empate en el puntaje asignado frente a cada uno de los
factores de selección, sin que pueda llegar a corroborarse lo sostenido por la
accionante en el sentido de indicar que la entidad reemplazó el informe de
evaluación que lo dio como ganador. En este particular la Universidad Libre destacó
que “[…] el informe de evaluación entregado corresponde a lo realizado por el
Comité Asesor y Evaluador después del análisis de las observaciones presentadas
por los oferentes y de acuerdo con lo respondido a cada una de ellas, informe en el
que se consignaron los puntajes para las dos universidades habilitadas […]
arrojando un resultado de 600 puntos cada una, en el criterio técnico, y 389.98
puntos cada una, en el criterio económico, lo que generó empate entre las dos
ofertas, con un puntaje de 989.98 igual para las dos ofertas”.

2.2.4. Por otra parte, la Universidad Libre destacó que tampoco era cierto que en el
análisis de comparación de los ofrecimientos hubiere mediado un error en la
aplicación de la fórmula del método de media geométrica con presupuesto oficial.
En cualquier caso, lo cierto era que durante el curso de la audiencia de adjudicación
ninguno de los participantes en el proceso licitatorio puso de presente un error de la
anotada envergadura, pese a que la CNSC brindó un espacio para que los
participantes se pronunciaran sobre el informe final de evaluación de las propuestas.
En este punto la demandada destacó que la Fundación Universitaria del Área
Andina no pudo aprovechar esta oportunidad por no haber presentado un poder
otorgado en debida forma. De ahí que la demandante dejara fenecer la oportunidad
que le fue conferida para ejercer su derecho de defensa y contradicción, lo que
evidenció su falta de diligencia en el trámite del proceso licitatorio.

2.2.5. En línea con todo lo expuesto, la Universidad Libre refirió que el acto
administrativo proferido por la CNSC no desconoció el deber de selección objetiva.
En su criterio, la evaluación adelantada por la entidad demandada se ciñó
estrictamente a las reglas establecidas en el pliego de condiciones, siendo falso que
el puntaje asignado en su favor se hubiere basado en la errada e ilegítima aplicación
de las condiciones objetivas definidas en el pliego de condiciones. A lo anterior
agregó que su propuesta no solo atendió en su integridad los requisitos exigidos
8

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

para participar en el proceso licitatorio, sino también representó condiciones
técnicas y económicas sólidas que llevaron a considerarla como la más favorable
para la entidad junto con la propuesta presentada por la Fundación Universitaria del
Área Andina. Es por este motivo que se hizo necesario acudir a los factores de
desempate establecidos en el pliego de condiciones, los cuales definieron la
adjudicación por la vía del sorteo por balota en favor de la Universidad Libre.

2.2.6. De otra parte, en lo que respecta a la falsa motivación del acto de
adjudicación, la institución educativa accionada rechazó de plano lo alegado en ese
sentido en la medida en que el acto administrativo daba cuenta rigurosa de los
hechos en que se fundamentó, al tiempo que se enmarcaba en todo a los postulados
constitucionales y legales que rigen la materia, y a los principios de transparencia y
selección objetiva inherentes a los procesos de selección. De este modo, concluyó
que no era aceptable ningún cuestionamiento sobre la legalidad del acto que dio por
terminado el proceso licitatorio No. CNSC-LP-001.

2.2.7. Vistas así las cosas, con fundamento en lo expuesto, la Universidad Libre
formuló como excepciones de mérito las que denominó: (i) inexistencia de
expedición irregular del acto demandado, por haberse cumplido con la totalidad de
los trámites del proceso de adjudicación; (ii) inexistencia de la violación del principio
de selección objetiva; y (iii) inexistencia de la falsa motivación de la Resolución
20191400021505 mediante la cual se adjudicó la licitación pública No. CNSC-LP-
001 DE 2019.

3. Alegatos de conclusión

3.1. La Fundación Universitaria del Área Andina4 solicitó acceder a las
pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que a continuación se
resumen:

3.1.1. En el proceso quedó demostrado que la CNSC erró en la aplicación de la
fórmula matemática referente al método de media geométrica con presupuesto
oficial, de cara al análisis de comparación de las propuestas en el componente
económico. De ello no solo daba cuenta el material documental arrimado al proceso
judicial, como la Resolución No. CNSC 20191400023225 del 10 de abril de 2019
por medio de la cual la entidad resolvió la solicitud de revocatoria directa impetrada
por la demandante; sino también los testimonios de Olga Yurani Rodríguez Otero
—integrante del comité evaluador financiero de la CNSC— y de Byron Adolfo
Valdivieso Valdivieso —jefe de la oficina asesora jurídica de la CNSC—, quienes
reconocieron (i) que la entidad incurrió en un error al aplicar la fórmula matemática,
(ii) que el error alteró el resultado final de la evaluación del componente económico
en perjuicio de la demandante, y (iii) que como consecuencia de lo anterior,
solicitaron a la Universidad Libre su consentimiento para revocar el acto de
adjudicación, lo cual no fue autorizado por la institución educativa.

3.1.2. También quedó acreditado que, pese a que la CNSC advirtió el error en que
incurrió en la evaluación del componente económico de las propuestas y su incidencia
en la irregular adjudicación a la Universidad Libre, decidió continuar el proceso
4 CD – fl 66, cuaderno principal, archivo denominado
“74_250002336000201900682002RECIBEMEMORIAL20211118083501_TCDescargaTotalItem133
076433491846993.PDF”.
9

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

licitatorio, suscribiendo el contrato No. 247 de 2019 con la institución educativa que
resultó adjudicataria. Lo anterior, aunque contaba con medios para corregir su
equivocación, como lo era la revocatoria directa del acto administrativo por haber sido
obtenido por medios ilegales, al igual que la posibilidad de demandar su propio acto
de adjudicación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3.1.3. Sumado a lo anterior, resultó demostrado que la CNSC desconoció el derecho
de la Fundación Universitaria del Área Andina a ser representada y a participar en la
audiencia de adjudicación, al no haberle reconocido personería jurídica a su abogado
aduciendo el incumplimiento de requisitos que no contaban con respaldo en la ley ni
en el pliego de condiciones. Inclusive, en el proceso judicial de la referencia la CNSC
trató de justificar su error en el hecho de que la Fundación Universitaria del Área
Andina no hubiese tenido participación en la audiencia de adjudicación y, en dicho
orden, no hubiese puesto de presente la errónea aplicación de la fórmula matemática
establecida para la ponderación de los ofrecimientos económicos, lo que, contrario a
lo indicado por la entidad accionada, sí ocurrió como se acreditó con el testimonio de
Juan Carlos Sarmiento y de Jorge Andrés Castañeda Correal.

3.1.4. En cualquier caso, aun en el hipotético escenario en que la Fundación
Universitaria del Área Andina hubiere guardado silencio, lo cierto es que ello no podía
interpretarse como señal de aceptación, anuencia o conformidad con lo decidido por
la CNSC. En este particular agregó que “[…] ello no es fundamento para validar un
error en la aplicación de la fórmula cometido por el grupo técnico de la entidad, pues,
es su obligación cumplir con el Pliego de Condiciones y adelantar los trámites en
debida manera, por tanto, no es válido que pretenda soportar una adjudicación que se
realizó vulnerando los elementos, trámites del proceso y aplicación de las fórmulas de
calificación en que para la demandada es tan solo un “error humano” que no llevaba
a la ilegalidad de la Resolución No. CNSC 20191400021505 del 3 de abril de 2019, a
sabiendas que, como se evidenció con el testimonio de la señora Olga Yurani, de no
haber existido dicho error los resultados de la adjudicación hubiesen sido totalmente
adversos”.

3.1.5. Para la demandante, el acto administrativo de adjudicación se edificó sobre la
base de un hecho falso, como lo era el empate en el puntaje asignado por concepto
del factor económico a la Fundación Universitaria del Área Andina y a la Universidad
Libre. En su criterio, el empate no era posible en la medida en que el valor de los
ofrecimientos económicos era diferente, lo que hacía improbable que el ejercicio
matemático que debía desplegarse para el cotejo de tales ofrecimientos arrojara como
resultado el mismo puntaje para los participantes en el proceso licitatorio.

De otra parte, no debía perderse de vista que el acta de consolidación final de la
evaluación de los ofrecimientos, que fue entregada a los interesados en la parte inicial
de la audiencia de adjudicación, reflejaba que a la Fundación Universitaria del Área
Andina le fue asignado un puntaje de 389.99 por concepto del factor económico, al
paso que a la Universidad Libre le fue asignado un puntaje de 389.98 por ese mismo
concepto, lo que daba como ganador a la Fundación Universitaria del Área Andina.
No obstante, tal y como lo corroboraron los testimonios de Juan Carlos Sarmiento
Núñez y Jorge Andrés Castañeda Correal, el acta de evaluación final fue retirada sin
justificación alguna y reemplazada por otra que arrojó como resultado un empate en
la evaluación económica de los ofrecimientos.

10

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

3.1.6. De este modo, de cara a los argumentos que fueron expuestos, la demandante
concluyó que el acto de adjudicación adolecía de nulidad por falsa motivación y por el
desconocimiento del deber de selección objetiva. A lo anterior agregó que la decisión
de la CNSC la privó de percibir las utilidades que habría reportado la ejecución del
contrato, al tiempo que destacó que su participación en el proceso licitatorio comportó
gastos que también debían ser indemnizados. De acuerdo con lo expuesto por la
demandante, los perjuicios estaban probados con su propuesta —la cual discriminó
la utilidad que habría reportado la ejecución del contrato— y con el dictamen pericial
allegado con la demanda para demostrar los gastos de confección de su propuesta,
el cual, destacó, cumplía con los requisitos de ley y gozaba de plena validez.

3.1.7. Por último, refirió que con motivo de la expedición del acto administrativo de
adjudicación la Fundación Universitaria del Área Andina se vio obligada a contratar
un equipo jurídico y a cancelar sus honorarios para obtener acompañamiento
judicial y defender sus intereses. Estos gastos, cuyo reconocimiento fue solicitado
en las pretensiones de la demanda, igualmente se encontraban acreditados a partir
del dictamen pericial que presentó con su demanda.

3.2. La CNSC5 solicitó declarar probadas las excepciones propuestas con la
contestación de la demanda, negar las pretensiones que fueron formuladas en el libelo
genitor y condenar en costas a la Fundación Universitaria del Área Andina. Para
sustentar sus peticiones, expuso los siguientes argumentos:

3.2.1. El proceso de evaluación final adelantado por la CNSC no tenía la virtualidad de
generar la anulación del acto administrativo de adjudicación. Ello, porque la
demandante no aprovechó la oportunidad prevista en el ordenamiento jurídico para
ventilar el error en que incurrió la CNSC, al aplicar la fórmula matemática establecida
en el pliego de condiciones para el método de media geométrica con presupuesto
oficial.

3.2.2. Aun cuando no se hubiere permitido la participación de la Fundación
Universitaria del Área Andina en el desarrollo de la audiencia de adjudicación, lo cierto
es que ello obedeció a que incumplió el deber específico de acudir a esa diligencia
con un apoderado especial para que la representara. Al respecto, explicó que el
otorgamiento de poder especial en las actuaciones administrativas “[…] no se escapa
del deber específico de contar con la correspondiente nota de presentación personal,
pues, solo de esa manera, es posible establecer la calidad de quienes actúan en
nombre y representación de un tercero”. De este modo, concluyó que la carencia de
poder especial se constituyó en un error de la parte demandante que no podía
aprovechar en su favor, como pretendía hacerlo en este proceso.

3.2.3. Desde esta perspectiva, la CNSC concluyó que la desidia de la demandante al
no objetar en el momento oportuno el yerro aritmético que ahora alega, sumado al
hecho de que no enmendó el error en que incurrió al presentar un poder especial que
carecía de la nota de presentación personal, debían llevar a concluir que los cargos
formulados contra el acto de adjudicación no tenían vocación de prosperidad. Sobre
este particular agregó que pretender objetar de manera indefinida un informe de
evaluación vulneraba la seguridad jurídica, así como también comportaba el
5 CD – fl 66, cuaderno principal, archivo denominado
“69_250002336000201900682002RECIBEMEMORIAL20211117154957_TCDescargaTotalItem133
076433685049735.PDF”.
11

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

desconocimiento del carácter preclusivo y perentorio de las etapas procesales que
integran el procedimiento de selección.

3.2.4. A todo lo anterior agregó que la Fundación Universitaria del Área Andina no
probó que habría resultado adjudicataria. Al punto, explicó que “el hecho de que se
haya cometido un error que no fue saneado a tiempo por quien ahora alega su propia
desidia, no puede ser tenido en cuenta como una inferencia razonable y definitiva para
llegar al grado de convicción necesaria, que la aquí demandante hubiere resultado la
ganadora. […]”. De ahí que refiriera que las pretensiones de la demanda descansaban
sobre meras suposiciones de la demandante, que no contaban con respaldo
probatorio alguno.

3.2.5. Por último, la entidad sostuvo que, aun en el hipotético escenario en que se
declarara la nulidad del acto administrativo de adjudicación, la demandante no acreditó
la existencia de daños y perjuicios reales. Si bien allegó un dictamen pericial con ese
propósito, lo cierto es que (i) el perito no demostró su idoneidad para elaborar el
dictamen pericial; (ii) el dictamen pericial no fue acompañado de los documentos
técnicos, financieros y jurídicos que permitieran determinar la fuente de las
reclamaciones, y (iii) la sustentación de las conclusiones de la pericia fue deficiente.

3.3. La Universidad Libre6 solicitó rechazar las pretensiones de la demanda, con
sustento en los mismos argumentos que esbozó al momento de contestar la demanda.

4. Sentencia de primera instancia

4.1. En sentencia del 6 de mayo de 20227, la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
y, en consecuencia, condenó en costas a la parte accionante. Para adoptar estas
decisiones, expuso los siguientes argumentos:

4.1.1. Los cargos de nulidad formulados contra el acto de adjudicación no tenían
vocación de prosperidad, porque la demandante no demostró en qué consistió el
error que frustró su escogencia dentro del proceso licitatorio o, lo que es lo mismo,
no acreditó cuál fue la equivocación que comportó la indebida aplicación de la
fórmula matemática establecida en el pliego de condiciones para el método de
ponderación de media geométrica con presupuesto oficial, de cara al análisis de
comparación de las propuestas en el componente económico.

4.1.2. En desarrollo de lo anterior, el Tribunal destacó que en el proceso no obraba
“[…] prueba de un experto en finanzas o en matemáticas que explicara en qué
consistió el error y de qué manera se aplicó y el error en que supuestamente incurrió
la CNSC, por lo que el cargo alegado no tiene vocación de prosperar”. En este
particular agregó que a la Sala de Decisión no correspondía efectuar el análisis de
una fórmula matemática que contenía diferentes variables o conceptos, lo que, en
su criterio, debió ser abordado por un especialista en la materia.

6 CD – fl 66, cuaderno principal, archivo denominado
“71_250002336000201900682002RECIBEMEMORIAL20211117170358_TCDescargaTotalItem133
076433594930421.PDF”.
7 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 53.

12

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

4.1.3. Aun cuando en el libelo genitor la demandante hubiere aplicado la fórmula
matemática y determinado con ello que su propuesta era la más favorable, lo cierto
es que dicho ejercicio no era indicativo de la ilegalidad del acto de adjudicación en
tanto no detalló el procedimiento que empleó para llegar a esa conclusión. Al
respecto, el Tribunal explicó que no resultaba suficiente que en la demanda se
hubiere ilustrado la forma en que, para el extremo activo, debió aplicarse la fórmula
matemática, pues se requería que “[…] que la misma hubiera sido explicada en
forma detallada y sucinta la aplicación de cada uno de los valores, variables y
operaciones que llevan a la certeza de cómo se obtienen [sic] la media geométrica
con el presupuesto oficial”.

4.1.4. Por último, en lo que respecta a lo alegado en punto a que la CNSC no hubiere
permitido la participación de la demandante en el desarrollo de la audiencia de
adjudicación, el Tribunal consideró que en el caso concreto la entidad no desconoció
el derecho al debido proceso de la demandante. Al punto, precisó que los delegados
de la Fundación Universitaria del Área Andina estuvieron presentes durante el
desarrollo de la audiencia de adjudicación, al paso que resaltó que para adelantar
el proceso de desempate por sorteo de balotas la CNSC designó a un funcionario
de la entidad para que representara a la demandante en ese trámite. De ahí que el
Tribunal concluyera que la entidad garantizó el derecho de participación de la
demandante en el proceso de desempate adelantado para realizar la adjudicación.

4.1.5. En estas condiciones, el Tribunal concluyó que el acto administrativo
demandado guardaba conformidad con el ordenamiento jurídico superior, por lo que
las pretensiones de la demanda debían ser negadas. En el anterior orden, el
Tribunal condenó en costas a la Fundación Universitaria del Área Andina, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —en adelante, CPACA—, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso —
—en adelante, CGP—. Adicionalmente, fijó agencias en derecho en un porcentaje
equivalente al 3% de las pretensiones económicas de la demanda, esto es, por la
suma de $18.294.337.

5. El recurso de apelación

5.1. En su apelación la parte demandante8 solicita la revocatoria de la sentencia de
primera instancia para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda. En sustento, expone los siguientes planteamientos:

5.1.1. El fallo proferido por el Tribunal desbordó el objeto del litigio, el cual estaba
limitado al estudio de las repercusiones que para el proceso licitatorio comportó el
error en que incurrió la CNSC al aplicar indebidamente la fórmula matemática
establecida para el método de media geométrica con presupuesto oficial. En el
anterior orden de ideas, para la demandante el debate no debió haberse centrado
en determinar si estaba probado el error en la aplicación de la fórmula matemática,
pues ello fue reconocido expresamente por la CNSC, inclusive, antes del inicio del
proceso judicial y, en todo caso, contaba con suficiente respaldo en las pruebas
documentales allegadas al proceso y en los testimonios de Olga Yurani Rodríguez
Otero, Juan Carlos Sarmiento, Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso y Jorge Andrés

8 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 57.
13

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Castañeda Correal.

5.1.2. En desarrollo de lo anterior, la parte recurrente sostiene que las pruebas
documentales que obran en el expediente acreditaban: (i) el error en que incurrió la
CNSC al aplicar la fórmula matemática establecida en el pliego de condiciones para
el método de comparación de las propuestas en el componente económico, (ii) las
repercusiones negativas que dicho error comportó en el proceso de selección, las
cuales fueron concretadas en la indebida adjudicación del contrato estatal a la
Universidad Libre; y (iii) la circunstancia de que, de haberse aplicado la fórmula
matemática en debida forma, la Fundación Universitaria del Área Andina habría
resultado adjudicataria en el marco del proceso de selección.

5.1.3. En igual medida, las pruebas testimoniales practicadas dentro del proceso
demostraban las circunstancias que frustraron la escogencia del proponente que
ofreció las condiciones más favorables para la CNSC. Al efecto, la recurrente
advierte que: (i) el testimonio de Olga Yurani Rodríguez Otero da cuenta del error
en que incurrió la entidad demandada y de las repercusiones que ese error tuvo en
el proceso licitatorio; (ii) el testimonio de Juan Carlos Sarmiento igualmente prueba
la equivocación de la entidad demandada al adelantar el análisis de comparación
de las propuestas, al tiempo que acredita que el error no solo fue advertido por la
demandante, sino también por otros participantes en el proceso licitatorio; (iii) el
testimonio de Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso ilustra que el error de la entidad
consistió en haber aplicado u omitido un paréntesis a la fórmula matemática, lo que
a la postre frustró la escogencia de la Fundación Universitaria del Área Andina; y
(iv) el testimonio de Jorge Andrés Castañeda Correal confirma que el error consistió
en haber omitido un paréntesis de la fórmula matemática, lo cual alteró la jerarquía
de la operación aritmética.

5.1.4. Pese a que los medios probatorios aportados, decretados y practicados
dentro del proceso dan cuenta de las irregularidades que se presentaron en el
proceso licitatorio, el Tribunal desconoció los preceptos que regulan los medios de
prueba en el proceso contencioso administrativo, al tiempo que “[…] no tuvo en
cuenta integralmente los medios probatorios que hacen parte dentro del presente
proceso, pues de haberlo hecho sin lugar a duda lógica habría evidenciado el error
cometido y confesado por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y que
trajo consigo una indebida adjudicación del proceso licitatorio, configurándose con
ello una indebida valoración probatoria, que da lugar a que prospere el presente
reparo a la Sentencia que es objeto de apelación”.

5.1.6. Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera que no estaba probado que
la CNSC erró al adelantar el análisis de comparación de los ofrecimientos, lo cierto
es que aun en ese hipotético escenario el Tribunal debió decretar de oficio las
pruebas que estimara necesarias para el esclarecimiento de la verdad. En efecto,
ante la duda o incertidumbre en relación con el procedimiento matemático, debió
decretar pruebas de oficio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 213 del
CPACA, o por lo menos procurar la aclaración de los puntos dudosos, como
auténticamente lo era el hecho de que dos ofrecimientos económicos diferentes
hubiesen obtenido el mismo puntaje en el análisis de ponderación adelantado en
función de la fórmula establecida en el pliego de condiciones.

5.1.7. Al margen de lo expuesto en los anteriores términos, la parte recurrente
14

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

estima que tanto el error en el que incurrió la CNSC en el marco del trámite de
evaluación de las propuestas, como las repercusiones que dicho error comportó
para el proceso licitatorio, son hechos notorios que no requerían prueba, en los
términos del artículo 167 del CGP. En este punto explicó que en el proceso de la
referencia las partes aceptaron y reconocieron las irregularidades que se
presentaron en el marco del proceso de selección, por lo que resultaba
manifiestamente innecesario que el Tribunal hubiere echado de menos un dictamen
pericial en el que se diera constancia de una situación que ya estaba probada,
confesada y que, además, era notoria a simple vista.

5.1.8. Por otra parte, la Fundación Universitaria del Área Andina considera que el
fallo de primera instancia desconoce precedentes jurisprudenciales que destacan la
trascendencia que tiene el testimonio, como medio probatorio que permite llevar al
Juez al convencimiento sobre los hechos que son objeto de controversia. En el
mismo sentido, la recurrente estima que el Tribunal desconoció un precedente
jurisprudencial que delimita el deber de decretar pruebas de oficio, lo que se hace
imperativo en aquellos casos en que surja la necesidad de esclarecer asuntos
indefinidos en el proceso judicial. En el anterior sentido, “la decisión infundada,
apartada del ordenamiento jurídico y de criterios jurisprudenciales, evidentemente
salta y desconoce el derecho constitucional a la igualdad, ya que al presentarse
casos análogos lo que corresponde es que el juzgador adopte una decisión
congruente con el precedente jurisprudencial”.

5.1.9. En todo caso, la recurrente indica que no descarta la posibilidad de solicitar
el decreto de pruebas en segunda instancia, habida cuenta de que el Tribunal negó
las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que no fue allegado al proceso
un dictamen pericial que acreditara el error en que incurrió la CNSC. En este punto
la demandante plantea que el argumento expuesto por el Tribunal debía tenerse
como un hecho nuevo, de ahí que se reservaba su derecho a pedir las pruebas que
estimara pertinente, a propósito de lo cual insistió en que, en cualquier caso, el juez
de segunda instancia podía decretar pruebas de oficio en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 213 del CPACA. Lo anterior, sin perjuicio de considerar que al proceso
fueron allegados los medios probatorios que acreditaban plenamente que la CNSC
aplicó erróneamente la fórmula matemática escogida para la ponderación de los
ofrecimientos en el componente económico.

5.1.8. Por último, la Fundación Universitaria del Área Andina cuestionó la condena
en costas impuesta en su contra en la sentencia de primera instancia. En su criterio,
esa determinación resultaba improcedente y, por demás, exagerada, en tanto no
existió mala fe de su parte ni mucho menos temeridad. Por el contrario, la
demandante obró de manera diligente en el sentido de proveer al debate los
elementos necesarios para adoptar una decisión de fondo, al tiempo que destacó
que sus actuaciones estuvieron dirigidas a dinamizar el debate y, además, siempre
estuvieron fundadas en derecho.

6. Trámite posterior a la notificación de la sentencia de primera instancia

6.1. Mediante auto del 19 de julio de 20229, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación impetrado

9 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 59.

15

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

por la Fundación Universitaria del Área Andina.

6.2. Por medio de escrito presentado el 25 de julio de 202210, la Fundación
Universitaria del Área Andina, con sustento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
212 del CPACA11, solicitó el decreto y práctica de un dictamen pericial por parte de un
experto, para que diera cuenta de la forma en que debió aplicarse la fórmula
matemática escogida para ponderar el componente económico de los ofrecimientos,
así como también para que explicara su contenido y brindara constancia sobre el
mismo. Para la accionante, la solicitud probatoria tenía vocación de prosperidad en la
medida en que recaía sobre un hecho acaecido con posterioridad al vencimiento de la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, como lo era aquel según el cual
el Tribunal hubiere negado las pretensiones de la demanda porque la accionante no
demostró el error en que incurrió la entidad a través de un dictamen pericial.

7. Trámite de segunda instancia

7.1. Por medio de auto del 8 de noviembre de 202212, el Consejo de Estado admitió
el recurso de apelación impetrado por la parte accionante.

7.2. De conformidad con el numeral 4 del artículo 24713 del CPACA, los sujetos
procesales tenían hasta la ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación
para pronunciarse sobre el mismo, término que se cumplió sin manifestación alguna
por parte de la Universidad Libre.

7.3. En el término dispuesto en el numeral 4 del citado artículo 247 14, la CNSC se
pronunció sobre el recurso de apelación presentado por la Fundación Universitaria
del Área Andina, en el sentido de indicar que los reparos formulados no tenían
vocación de prosperidad.

7.3.1. Para la CNSC, el Tribunal no incurrió en un yerro de orden probatorio en la
medida en que, contrario a lo alegado por la Fundación Universitaria del Área
Andina, sí valoró en su integridad el material probatorio obrante en el expediente.
Cosa distinta es que hubiere echado de menos un dictamen pericial que demostrara

10 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 63.
11 “ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las

pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados en este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o
solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta;
la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los
incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. […] En
segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto
que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los
siguientes casos: […] 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar
estos hechos”.
12 SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 3.
13 “ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo

modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la
ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en
relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. […]”.
14 SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice No. 64.

16

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

el error en que incurrió la entidad, lo que obedeció al margen de apreciación de la
prueba que ostentaba el Tribunal como juez de la controversia.

7.3.2. En línea con lo anterior, indicó que “[…] El dictamen técnico que echo de
menos el Tribunal para no acceder a las súplicas de la demanda se funda en el
principio de la necesidad de la prueba, entre otras consideraciones, porque
resultaba indispensable para la demostración de los hechos en el proceso”. En el
anterior orden, la falta de una prueba pericial impidió realizar un análisis probatorio
integral, que permitiera confirmar la tesis planteada en el libelo genitor.

7.3.3. De otra parte, la CNSC sostuvo que lo alegado en punto al hecho notorio no
tenía asidero alguno, pues insistió en que en el caso concreto no se presentó un
dictamen pericial que permitiera corroborar la hipótesis planteada por la accionante.
Tampoco tenía vocación de prosperidad lo planteado en relación con el
desconocimiento de varios precedentes jurisprudenciales, pues los mismos no eran
aplicables al caso concreto.

7.3.4. Por último, la entidad accionada sostuvo que la condena en costas en sede
de primera instancia si resultaba procedente, porque se reunían los presupuestos
establecidos para el efecto en el artículo 188 del CPACA.

7.4. En el término dispuesto en el numeral 6 del referido artículo 24715 del CPACA,
el Ministerio Público rindió concepto16 en el sentido de sugerir que se revocara la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Para el Ministerio público, los motivos que justifican
adoptar la decisión sugerida son los siguientes:

7.4.1. Contrario a lo planteado por la recurrente, el objeto del litigio exigía
determinar, como primer punto, si estaba demostrado que la CNSC incurrió en un
error al aplicar la fórmula matemática para la ponderación del componente
económico de los ofrecimientos, pues ese fue el fundamento para cuestionar la
legalidad del acto administrativo de adjudicación.

7.4.2. Desde esta perspectiva, el Ministerio Público abordó el análisis de las pruebas
obrantes en el expediente, punto en el cual destacó la operación matemática
desplegada por la parte accionante para aplicar la fórmula de la media geométrica
con presupuesto oficial y, así, concluir que su ofrecimiento económico era el más
favorable para la entidad. En este contexto, el Ministerio Público detalló paso a paso
la forma en que la demandante realizó la operación aritmética, y concluyó que su
propuesta económica se ajustaba en mayor medida a la media geométrica porque
solo se distanciaba de su valor en cerca de $23.000.000, mientras que el
ofrecimiento económico de la Universidad Libre se distanciaba del mismo en cerca
de $64.000.000. De este modo, era lógico deducir que no pudo existir un empate en
el factor de evaluación económico, situación que bien pudo ser advertida por el
Tribunal porque las pruebas que fueron referenciadas en la sentencia de primera

15 “ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo

modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento: […] 6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el
recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.”
16 SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 9.

17

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

instancia daban cuenta de la diferencia que existía entre el ofrecimiento económico
de los participantes y el valor de la media geométrica.

7.4.3. Sumado a lo anterior, el Ministerio público hizo énfasis en lo relatado por los
testigos Olga Yurani Rodríguez Otero —integrante del comité evaluador financiero
de la CNSC— y de Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso —jefe de la oficina asesora
jurídica de la CNSC—, quienes reconocieron que el comité evaluador erró en la
aplicación de la fórmula matemática escogida para adelantar el análisis de
comparación en el componente económico de los ofrecimientos, así como también
que ese error alteró el resultado final de la operación. De hecho, destacó que el
testigo Valdivieso Valdivieso reconoció que la CNSC solicitó a la Universidad Libre
su consentimiento para revocar el acto de adjudicación, frente a lo cual la entidad
obtuvo una respuesta negativa. De ahí que la entidad diera cumplimiento al acto
administrativo de adjudicación, como efectivamente lo hizo firmando el contrato con
la Universidad Libre.

7.4.4. En estas condiciones, de cara a los anteriores planteamientos, el Ministerio
Público estimó que le asistía razón a la parte recurrente al afirmar que el Tribunal
incurrió en una indebida valoración probatoria, lo que, en su criterio, afloraba a partir
del hecho de que el a quo hubiere (i) ignorado la prueba testimonial que daba cuenta
del error en que incurrió la entidad al adelantar el análisis de comparación de las
propuestas, (ii) omitido que las pruebas que referenció en la sentencia daban cuenta
de la imposibilidad de que se presentara un empate en el proceso licitatorio; y (iii)
prescindido de adelantar una operación matemática para aplicar la fórmula de la
media geométrica con presupuesto oficial, con el propósito de corroborar la
hipótesis planteada en el libelo introductorio.

7.4.5. En este particular agregó que, de haber apreciado en su integridad las
pruebas que obraban en el expediente, el Tribunal habría concluido que,
efectivamente, la CNSC aplicó de manera errada la fórmula establecida en el pliego
de condiciones para la ponderación económica de los ofrecimientos, y que ese error
llevó a considerar la existencia de un empate que, a la postre, dio lugar a la
escogencia de la Universidad Libre. De ahí que el Ministerio Público concluyera que
el acto administrativo demandado estaba viciado de falsa motivación, en tanto la
adjudicación estuvo edificada sobre la base de un error matemático que dio lugar a
un hecho falso, como lo era el empate en el puntaje asignado a la Fundación
Universitaria del Área Andina y la Universidad Libre.

7.5. En auto del 30 de marzo de 202317, el Consejo de Estado negó la solicitud
probatoria presentada por la Fundación Universitaria del Área Andina. Ello, como
quiera que el fundamento de la sentencia de primera instancia no podía
considerarse como un hecho nuevo que abriera paso a la posibilidad de solicitar el
decreto de pruebas en segunda instancia. De hecho, el defecto en la actividad
probatoria advertido por el Tribunal, que lo llevó a negar las pretensiones de la
demanda, acaeció antes de que se profiriera la sentencia impugnada y era atribuible
a la demandante al no honrar la carga probatoria que le asistía por expresa
disposición legal. De allí que se concluyera que la solicitud de pruebas no tenía
vocación de prosperidad, pues en realidad pretendía corregir la falta de diligencia
probatoria de la demandante en el trámite de la primera instancia.

17 SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 13.

18

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) régimen de contratación aplicable a la CNSC
y régimen jurídico del proceso de licitación pública No. CNSC-LP-001; (2)
presupuestos procesales, (3) objeto del recurso y problema jurídico a resolver; (4)
hechos probados; (5) caso concreto; y (6) costas.

1. Régimen de contratación aplicable a la CNSC y régimen jurídico del proceso
de licitación pública No. CNSC-LP-001

1.1. Previo a abordar el estudio de los presupuestos procesales, la Sala estima
necesario establecer el régimen de contratación de la CNSC y, por contera, el
régimen jurídico al cual estuvo sometido el proceso de licitación pública No. CNSC-
LP-001, porque dichos aspectos determinan la naturaleza jurídica del acto
precontractual objeto de reproche, el medio de control procedente para perseguir la
indemnización del daño que alega la parte accionante, y la forma en que habrá de
resolverse el asunto sometido a consideración de la Sala18.

Sobre este particular no debe perderse de vista que el régimen de contratación de
una entidad estatal no solo tiene incidencia en el ámbito de la celebración y
ejecución del contrato, sino también en la etapa de formación del negocio jurídico19.
A su vez, cabe resaltar que el régimen jurídico del procedimiento de selección
determina la naturaleza jurídica del acto de adjudicación, lo que válidamente permite
considerar que en el proceso administrativo que se rige bajo las normas del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública —en adelante, EGCAP—, el
acto de adjudicación tendrá la naturaleza de un acto administrativo, al paso que en
el proceso de selección que se gobierna por las normas del derecho privado, la
adjudicación tendrá la naturaleza de un acto de gestión contractual, porque, tal y
como lo ha considerado esta Subsección en anteriores oportunidades, la aplicación
del derecho privado en la etapa de formación del contrato estatal supone igualdad
de condiciones, y no una posición de supremacía que le permita a la Administración
Pública imponer sus decisiones en contra de la voluntad de los particulares 20.

Bajo este panorama, para efectos de establecer el régimen de contratación de la
CNSC, la Sala debe empezar por recordar que la Ley 80 de 1993 fue expedida bajo
la idea de crear un estatuto universal de la contratación estatal, que estableciera
“[…] un marco normativo general, homogéneo y uniforme para la actividad estatal
en materia de contratación pública, atendiendo a lo ordenado por el artículo 150 de
la Constitución Política”21. De allí que el EGCAP extendiera su aplicación no solo a
las entidades estatales que de manera expresa aparecen enlistadas en el numeral

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 66688.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 66688.

Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de
2020, exp. 31628.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, exp.

31628.
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de mayo de 2021, exp.

2456.
19

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

1 de su artículo 222, sino también a todos los organismos y dependencias del Estado
a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

Desde esta perspectiva, el EGCAP se erige como la regla general aplicable a la
contratación de las entidades estatales, salvo norma especial que indique la
aplicación de un régimen de contratación especial23. Al punto, resulta de vital
importancia destacar que toda excepción a la regla general debe ser de creación
constitucional o legal, habida consideración de la especial naturaleza que ostenta el
EGCAP 24. En efecto, “[…] si el Estatuto de contratación, acorde con las normas
constitucional [sic], es de carácter legal, es claro que debe existir una norma del
mismo rango o de origen constitucional que permita sustentar un régimen jurídico
especial de contratación”25. Es así que no cualquier disposición normativa tenga la
virtualidad de alterar la regla general según la cual el EGCAP resulta aplicable a la
actividad contractual de las entidades estatales.

1.2. Pues bien, descendiendo al caso concreto la Sala advierte que la CNSC
encuentra su génesis en la Constitución Política de 1991, cuyo artículo 130 dispuso
que “Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción
hecha de las que tengan carácter especial”. Posteriormente, la Ley 909 de 2004, al
regular el sistema de empleo público y los principios básicos que deben normar el
ejercicio de la gerencia pública, se ocupó de definir la naturaleza jurídica de la CNSC
y de establecer sus funciones, al tiempo que determinó su organización, estructura
y composición.

En lo que tiene que ver con su naturaleza jurídica, el artículo 7 26 de la Ley 909 de

22“ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS
PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley:

1o. Se denominan entidades estatales:

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles.

b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías
departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias,
las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a
los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. […]”.
23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de noviembre de 2005, exp.

1691.
24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de diciembre de 2022, exp.

2488.
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de diciembre de 2022, exp.

2488.
26 “ARTÍCULO 7o. NATURALEZA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. La Comisión

Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la
administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de
garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la
20

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

2004 establece que la CNSC es un órgano de carácter permanente a nivel nacional
independiente de las ramas y órganos del poder público, que está dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. De acuerdo con
la citada norma, su razón de ser está dada por la necesidad de contar con un órgano
de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, lo que
naturalmente le otorga la competencia para adelantar las funciones necesarias para
lograr su misión institucional, entre las cuales destaca aquella según la cual debe
realizar los concursos de mérito para el ingreso al empleo público a través de las
universidades públicas o privadas o instituciones educativas que contrate para tal
fin (literal i del artículo 1127 ejusdem).

A lo anterior cabe agregar que el artículo 1328 ejusdem otorgó libertad a la CNSN
para adoptar su reglamento de organización y funcionamiento, lo que la entidad
materializó, inicialmente, a través de Acuerdo No. 1 de 2004. Posteriormente, la
CNSC profirió el Acuerdo No. CNSC - 20181000000016 de 201829, en el que,
además de reproducir lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 en punto a la naturaleza
jurídica de la entidad, estableció en su artículo 23 que “[…] Los contratos que
celebre la Comisión Nacional del Servicio Civil se someterán a los principios,
formalidades y trámites de celebración, ejecución y liquidación previstos en la
Ley 80 de 1993 y normas que le complementen, sustituyan o adicionen”.

En estas condiciones, lo expuesto permite a la Sala concluir que la actividad
contractual de la CNSC está sometida al EGCAP, motivo por el cual el proceso de
licitación pública No. CNSC-LP-001 se sujetó a las normas que integran dicho
estatuto y, específicamente, a aquellas que disciplinan la etapa de formación del
contrato estatal. Cabe destacar que esta subsección arriba a la anterior conclusión
a partir del hecho comprobado de que la CNSC es un órgano estatal al que la ley le
otorgó capacidad para contratar al reconocerle personería jurídica, por lo que en los
términos de los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993 quedó incluida en el ámbito de
aplicación del EGCAP 30.

Con lo anterior se pretende aclarar que el Acuerdo No. CNSC - 20181000000016
de 2018 no fijó el régimen de contratación de la entidad demandada, pues, conforme
fue precisado anteriormente, la regla general de aplicación del EGCAP solo puede
verse exceptuada a partir de una norma de orden legal o constitucional, a propósito
de lo cual viene bien anotar que “[…] en el articulado de la Ley 909 del 2004 no obra
precepto alguno atinente al régimen de la actividad contractual de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, por lo cual ha de entenderse que el legislador no

presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del
poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. […]”.
27 “ARTÍCULO 11. FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

RELACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA. En ejercicio de las atribuciones relacionadas con la responsabilidad de la
administración de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercerá las
siguientes funciones: […] i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a
través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate
para tal fin; […]”.
28 “ARTÍCULO 13. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL

SERVICIO CIVIL. 1. La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará su reglamento de organización
y funcionamiento, que será publicado en el Diario Oficial. […]”
29 Vigente en el momento en que se adelantó el proceso de licitación pública No. CNSC-LP-001.
30 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de noviembre de 2005, exp.

1691.
21

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

consideró exceptuarla del régimen general de contratación estatal […]”31.De este
modo, el acto administrativo que reglamentó la organización y funcionamiento de la
CNSC solo refrendó el régimen de contratación que, por virtud de lo establecido en
la Ley 80 de 1993, le correspondió a ese órgano.

Ahora bien, la Sala no pasa por alto que el proceso de selección que tiene por objeto
contratar al colaborador que adelantará el concurso de méritos para el ingreso al
empleo público, está sometido a unas reglas especiales que lo distinguen entre los
otros procesos de selección que normalmente son adelantados por las entidades
estatales para la satisfacción de los fines esenciales del Estado. En efecto, el
artículo 3032 de la Ley 909 de 2004, leído en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 333 del Decreto Ley 760 de 2005, permite advertir los siguientes criterios
básicos que distinguen al proceso de selección en comento, conforme se expone a

31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de noviembre de 2005, exp.

1691.
32“ARTÍCULO 30. COMPETENCIA PARA ADELANTAR LOS CONCURSOS. Los concursos o

procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de
contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o
instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la
realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la
provisión de cargos.

Los convenios o contratos se suscribirán preferencialmente, con las entidades acreditadas que
tengan jurisdicción en el departamento o municipio en el cual esté ubicada la entidad para la cual se
realiza el concurso.

La Comisión acreditará como entidades idóneas para adelantar los concursos a las universidades
públicas y privadas y a las instituciones de educación superior que lo soliciten y demuestren su
competencia técnica en procesos de selección, experiencia en el área de selección de personal, así
como capacidad logística para el desarrollo de concursos. El procedimiento de acreditación será
definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Las entidades que utilicen las listas de elegibles resultado de los concursos adelantados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil deberán sufragar los costos determinados por la citada
Comisión”.
33 “ARTÍCULO 3o. <Artículo modificado por el artículo 134 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es

el siguiente:> <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los concursos o procesos de selección serán
adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través de contratos o convenios
interadministrativos suscritos con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)
o en su defecto con universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de
educación superior acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional para tal fin. Dentro de los
criterios de acreditación se privilegiará la experiencia e idoneidad del recurso humano que vaya a
realizar los concursos.

La CNSC, las universidades públicas o privadas, instituciones universitarias y las instituciones de
educación superior que adelanten los concursos, podrán apoyarse en entidades oficiales
especializadas en la materia, como el Icfes, para las inscripciones, el diseño, la aplicación y la
evaluación de las pruebas; el Icfes podrá brindar su apoyo a uno o más concursos de manera
simultánea.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los costos asociados a los concursos o procesos de
selección deberán ser determinados a través de Acuerdos Marco de Precios establecidos, diseñados
y adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Hasta tanto Colombia Compra Eficiente adopte los acuerdos Marco
de Precios, los bienes o servicios que requiera la Comisión serán adquiridos a través de la modalidad
de contratación que legalmente corresponda”.
22

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

continuación:

(i) Los sujetos que pueden participar en el proceso de selección son las
universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e
instituciones educativas, así como también el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación – ICFES.
(ii) Las universidades, instituciones universitarias e instituciones educativas
que pueden participar en el procedimiento de selección son aquellas que
hayan sido acreditadas para tal fin por la CNSC, de acuerdo con su
competencia técnica en procesos de selección, experiencia en el área de
selección de personal, así como su capacidad logística para el desarrollo
de concursos.
(iii) Los costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a
los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de cargos.
(iv) Los convenios o contratos se suscribirán preferencialmente, con las
entidades acreditadas que tengan jurisdicción en el departamento o
municipio en el cual esté ubicada la entidad para la cual se realiza el
concurso.

En ese contexto normativo, la Sala estima que el hecho de que el proceso de
selección destinado a contratar a la institución encargada de adelantar el concurso
de méritos para el ingreso al empleo público se encuentre rodeado de reglas
especiales no comporta, en modo alguno, la configuración de un régimen
contractual autónomo o especial. Tales previsiones, contenidas en el artículo 30 de
la Ley 909 de 2004 y en el artículo 3 del Decreto Ley 760 de 2005, introducen
particularidades orientadas a garantizar la idoneidad técnica del colaborador, la
pertinencia territorial de su intervención y la adecuada financiación del proceso,
elementos que se explican por la naturaleza del objeto contractual y por la misión
constitucional que cumple la CNSC. Sin embargo, dichas particularidades inciden
exclusivamente en la forma como debe estructurarse y desarrollarse el
procedimiento administrativo de selección, mas no en la determinación del régimen
jurídico que gobierna la actividad contractual. En otras palabras, estas reglas
imponen una modulación procedimental dentro del marco general del EGCAP, sin
que puedan entenderse como una habilitación para sustraer el proceso de selección
del ámbito normativo previsto en la Ley 80 de 1993.

Esta comprensión coincide con lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado en el Concepto del 9 de diciembre de 2005, Radicación No.
170134, en el que se precisó que la CNSC, en razón de su naturaleza jurídica y de
la personería que la ley le reconoce, se encuentra sometida al EGCAP, y que las
reglas especiales previstas para la contratación de universidades e instituciones
educativas con el fin de adelantar concursos de mérito no configuran un régimen
autónomo, sino que constituyen singularidades procedimentales que deben
articularse con las disposiciones de la Ley 80 de 1993.

Así las cosas, para esta Subsección resulta claro que el examen del acto acusado
debe adelantarse bajo la premisa de que se trata de un acto administrativo expedido
en desarrollo de un procedimiento contractual regido por el EGCAP, con las

34 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 9 de noviembre de 2005, exp.

1691.
23

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

particularidades procedimentales derivadas de la Ley 909 de 2004 y del Decreto
Ley 760 de 2005. En consecuencia, tanto el análisis procesal como el sustancial de
la controversia debe efectuarse a la luz de las reglas que gobiernan la formación de
la voluntad contractual del Estado, sin perder de vista las particularidades que el
legislador introdujo para este específico tipo de procesos de selección.

2. Presupuestos procesales

2.1. Con fundamento en lo previsto en el artículo 10435 del CPACA, a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto 36,
porque el objeto del litigio gira en torno a la legalidad de un acto administrativo
proferido por un órgano del Estado, como lo es la CNSC. Igualmente, el Consejo de
Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 6 de mayo de 2022, de conformidad con lo previsto en los artículos
15037 y 15238 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, dada la
vocación de doble instancia del proceso, y teniendo en cuenta que la cuantía
estimada en la demanda excedió los 300 SMLMV que corresponden al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho39.

2.2. De acuerdo con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 141 del CPACA,
en concordancia con el artículo 138 del mismo estatuto40, el medio de control de

35 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […]”.
36 Al presente asunto le son aplicables la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-,

en virtud de lo previsto en el artículo 306 del primer estatuto mencionado.
37 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. [modificado por el

artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos […]”.
38 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
39 Es cierto que en vigencia del CPACA la cuantía se determina con la pretensión mayor, pues el

artículo 157 ibidem consagra: «Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor»; no
obstante, lo cierto es que en el acápite de pretensiones la parte accionante no indicó el monto de la
condena o el restablecimiento pretendido, de ahí que, para efectos de determinar la competencia en
este asunto, se acuda a la estimación razonada en la cuantía plasmada en la demanda. Bajo este
contexto, la Sala precisa que en el sub examine la cuantía fue estimada en $757.929.604, así como
también que dicho valor estaba integrado por varios conceptos, entre los cuales destaca la utilidad
dejada de percibir por $609.811.239, como el concepto que representó el mayor valor. Así, como
quiera que estos valores excedían los 300 SMLMV que correspondían al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho ($248.434.800) para el año de radicación de la demanda (2020), se
concluye que el asunto era de conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera
instancia, y de conocimiento de esta Corporación en segunda instancia.
40 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato

del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
24

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

nulidad y restablecimiento del derecho es el instrumento idóneo para demandar la
anulación de los actos administrativos proferidos antes de la celebración del
contrato. Así, el referido medio de control resulta procedente en este caso porque
la Fundación Universitaria del Área Andina cuestiona la legalidad del acto
administrativo de adjudicación proferido por la CNSC en el marco del proceso de
licitación pública No. CNSC-LP-001, así como también persigue el restablecimiento
del derecho afectado por cuenta de la expedición de aquel.

2.3. La demanda fue presentada dentro del término prescrito en el literal c) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA41. En efecto: (i) el acta42 de la audiencia de
adjudicación evidencia que el acto administrativo demandado fue notificado en
estrados el mismo día en que se llevó a cabo la diligencia, esto es, el 3 de abril de
201943, por lo que la demanda, en principio, debía ser radicada a más tardar el 5 de
agosto de 201944, es decir, dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación; (ii) la parte accionante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 9 de julio de 2019, faltando 28 días para que operara el fenómeno de
caducidad; (iii) el término de caducidad estuvo suspendido hasta el 27 de agosto
de 2019, día en que fue proferida la constancia45 que refleja la ausencia de ánimo
conciliatorio, por lo que la demanda debía ser radicada a más tardar el 24 de
septiembre de 2019; y (iv) en consecuencia, la demanda fue radicada de manera
oportuna el 20 de septiembre de 2019.

2.4. La Fundación Universitaria del Área Andina está legitimada en la causa por
activa para solicitar la declaratoria de nulidad del acto administrativo de adjudicación

de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.[…]”.
“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior”.
41 “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser

presentada: […] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] c) Cuando
se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la
celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su
comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso; […]”
42 Fls 931 a 935, C. 6.
43 En el mismo sentido, la Sala estima pertinente tener en cuenta que la parte resolutiva del acto

administrativo de adjudicación advierte lo siguiente: “[…] ARTÍCULO TERCERO: De conformidad
con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, la presente resolución
se entiende notificada por estrados en audiencia pública de adjudicación”.
44 Si bien los 4 meses de que habla el CPACA vencían, en principio, el 4 de agosto de 2019, lo cierto

es que día fue inhábil, por lo que, en los términos del artículo 118 del CGP, el vencimiento del término
debe extenderse en este caso hasta el 5 de abril de 2019, esto es, el primer día hábil siguiente.
45 Fl 980, C. 2.

Al respecto, se recuerda que el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, dispone: “Suspensión de la
prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en
derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta
que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los
casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se
refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será
improrrogable”.
25

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

y el restablecimiento del derecho, porque participó en el proceso de licitación pública
No. CNSC-LP-001 y resultó afectada con la adjudicación del contrato. Por su parte,
la CNSC está legitimada en la causa por pasiva porque fue el órgano estatal que
adelantó el procedimiento de selección y, en dicho orden, adoptó la decisión cuya
legalidad cuestiona la parte accionante. En el mismo sentido, la Universidad Libre,
quien fue vinculada al proceso en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, está
legitimada en la causa puesto que resultó adjudicataria en el trámite del proceso
licitatorio.

3. Objeto del recurso de apelación y problema jurídico a resolver

3.1. En este caso la controversia gira en torno a la evaluación de los ofrecimientos
presentados en el curso del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001 y, en concreto, a
la asignación del puntaje por concepto del factor económico que fue incluido en el
pliego de condiciones como uno de los elementos a partir de los cuales se debía
adelantar el análisis de comparación de las propuestas. En criterio de la parte
accionante, la CNSC erró en la aplicación de la fórmula relativa al método escogido
para la comparación de las propuestas en el componente económico, lo que dio
lugar a considerar la existencia de un empate que, a fin de cuentas, llevó a adjudicar
el contrato a la Universidad Libre a partir de la aplicación de los criterios de
desempate establecidos en el pliego de condiciones.

En contraposición a lo argumentado por la Fundación Universitaria del Área Andina,
la CNSC alegó que no incurrió en yerro alguno en el proceso de evaluación de los
ofrecimientos, al tiempo que refirió que, en cualquier caso, la Fundación
Universitaria del Área Andina no ventiló equivocación alguna en el trámite del
procedimiento administrativo. Posteriormente, en el escrito de alegatos de
conclusión que presentó en sede de primera instancia la entidad accionada centró
su defensa en el hecho de que la Fundación Universitaria del Área Andina no
hubiere puesto de presente el error en que incurrió en la evaluación económica de
los ofrecimientos, punto en el cual agregó que pretender objetar de manera indefinida
un informe de evaluación vulneraba la seguridad jurídica, así como también
comportaba el desconocimiento del carácter preclusivo y perentorio de las etapas
procesales que integran el procedimiento de selección.

La Universidad Libre, por su parte, refirió que el acto administrativo proferido por la
CNSC no desconoció el deber de selección objetiva, al considerar que la evaluación
adelantada por la entidad demandada se ciñó estrictamente a las reglas
establecidas en el pliego de condiciones, siendo falso que el puntaje asignado en
su favor se hubiere basado en la errada e ilegítima aplicación de las condiciones
objetivas definidas en el pliego de condiciones. Al mismo tiempo, señaló que el acto
administrativo daba cuenta rigurosa de los hechos en que se fundamentó, al paso
que refirió que se enmarcaba en todo a los postulados constitucionales y legales
que rigen la materia, y a los principios de transparencia y selección objetiva
inherentes a los procesos de selección

En sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que la Fundación Universitaria del Área
Andina no demostró en qué consistió el error que frustró su escogencia como
adjudicatario en el curso del proceso licitatorio. En desarrollo del anterior
planteamiento, el Tribunal echó de menos un dictamen pericial que explicara en qué
26

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

consistió el error en la evaluación de los ofrecimientos y de qué manera incidió en el
resultado final del proceso licitatorio, a propósito de lo cual agregó que no le
correspondía efectuar el análisis de una fórmula matemática que contenía diferentes
variables o conceptos, lo que, en su criterio, debió ser abordado por un especialista
en la materia.

El recurso de apelación estuvo dirigido a cuestionar la sentencia de primera
instancia desde un ámbito netamente procesal. En efecto, la parte demandante
reprocha que el a quo hubiere desbordado el objeto del litigio, el cual, según indicó,
estaba limitado a estudiar las consecuencias que para la adjudicación comportó el
error en el que incurrió la CNSC al aplicar la fórmula matemática escogida para la
comparación de los ofrecimientos en el componente económico. Al punto, conviene
recordar que, para la parte accionante, en el caso concreto la prueba de este error
resultaba innecesaria en la medida en que tal circunstancia ya había sido
expresamente reconocida por la CNSC, inclusive, antes del inicio del proceso
judicial y, en todo caso, contaba con suficiente respaldo en las pruebas
documentales y testimoniales practicadas dentro del proceso.

En el mismo sentido, la Fundación Universitaria del Área Andina alega que el
Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, habida cuenta de que no
tuvo en cuenta en su integridad los medios probatorios practicados en el proceso,
los cuales acreditaban tanto el error cometido por la CNSC al adelantar el análisis
de comparación de las propuestas en el componente económico, como la
consecuencia que comportó ese error en el proceso licitatorio, lo que fue concretado
en una indebida adjudicación del contrato estatal. De hecho, en criterio de la
recurrente, las irregularidades que se materializaron en el proceso licitatorio debían
tenerse como un hecho notorio que, en los términos del artículo 167 del CGP, no
requería prueba, motivo por el cual resultaba manifiestamente innecesario que el
Tribunal hubiere echado de menos la opinión de un experto sobre una situación que
había sido confesada, probada y que, además, era notoria a simple vista.

3.2. Así, de acuerdo con los cargos de la apelación formulados por la parte
accionante, los cuales constituyen el marco fundamental de competencia del juez
de segunda instancia conforme lo dispuesto por los artículos 32046 y 32847 del CGP
—sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio—, corresponde a la Sala
determinar si en el caso concreto (i) el Tribunal desbordó el objeto del litigio al
emprender un análisis probatorio dirigido a determinar si la accionante demostró el
error en que incurrió la entidad demandada, y (ii) se configura la nulidad del acto
administrativo de adjudicación proferido en el marco del proceso de licitación pública
No. CNSC-LP-001, al estar demostrado que la entidad demandada incurrió en un
error en la aplicación de la fórmula matemática escogida para adelantar el análisis
de comparación de las propuestas en el componente económico, que frustró la
escogencia de la Fundación Universitaria del Área Andina como adjudicataria en el

46 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión […]”.
47 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley […]. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella [...]”.
27

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

marco del proceso licitatorio.

Ahora bien, dependiendo de la respuesta que la Sala otorgue a los problemas
jurídicos que deben ser objeto de pronunciamiento, se establecerá, adicionalmente,
si la condena en costas impuesta en sede de primera instancia debe mantenerse o
si, por el contrario, debe ser revocada como lo planteó la parte recurrente en la
alzada.

4. Hechos probados

De conformidad con los medios probatorios arrimados al proceso48, la Sala
encuentra establecidos los siguientes hechos probados relevantes para la
decisión del presente asunto:

4.1. Mediante Resolución No. CNSC – 20191000011675 del 27 de febrero de
201949, la CNSC ordenó la apertura del proceso de licitación pública No. CNSC-LP-
001, el cual tenía por objeto contratar la realización del concurso de méritos para la
provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa, de
algunas entidades en los departamentos de Bolívar, Atlántico, La Guajira y Norte de
Santander, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos, hasta la
consolidación de la información para la conformación de la lista de elegibles.

4.2. En el expediente obra el pliego de condiciones definitivo del proceso licitatorio
No. CNSC-LP-00150, el cual definió algunos aspectos relativos al contrato que la
CNSC habría de celebrar con el oferente adjudicatario, así como también estableció
los requisitos habilitantes para participar en el procedimiento de selección, y los
factores de selección conforme con los cuales se debía escoger al proponente que
adelantaría el concurso de méritos para la provisión de empleos vacantes del
sistema general de carrera administrativa.

4.2.1. En lo que concierne a los aspectos relativos al contrato que habría de
suscribirse, el pliego de condiciones detalló el objeto a contratar, su régimen jurídico,
las obligaciones a cargo de la CNSC y del contratista, el plazo de ejecución
contractual y el valor estimado del contrato. En relación con este último aspecto, el
aparte 1.6 del pliego de condiciones estableció que el valor del contrato ascendía a
$3.677.254.210, al tiempo que destacó que aquel era un valor estimado, pues
durante la ejecución del contrato la CNSC pagaría la suma de dinero que resultara
de multiplicar el valor unitario ofrecido para cada una de las actividades que debían
ser adelantadas en las etapas del concurso de méritos, por el número de candidatos
que participaran en cada una de esas actividades.

En el anterior orden de ideas, el ofrecimiento económico de los proponentes debía
discriminar los siguientes elementos: (i) el valor unitario ofrecido para la realización
48 En cuanto a la prueba documental, la Sala otorga valor a las copias simples en virtud de lo

dispuesto en el artículo 246 del CGP, a saber: “Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el
mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación
del original o de una determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte
contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de
este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición
dentro de la audiencia correspondiente”.
49 Fls 22 a 26, Cuaderno de Pruebas No. 2.
50 Fls 28 a 92, Cuaderno de Pruebas No. 2.

28

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

de cada una de las actividades que integraban el concurso de méritos, esto es, la
verificación de requisitos mínimos; el diseño, construcción, diagramación y
ensamblaje de pruebas escritas básicas, funcionales y comportamentales; la
aplicación de pruebas escritas básicas, funcionales y comportamentales; el acceso
a pruebas escritas; y la prueba de valoración de antecedentes; (ii) la cantidad
estimada de aspirantes que participarían en cada una de las actividades, lo
cual debía ser fijado en función de las proyecciones realizadas por la entidad, las
cuales se encontraban especificadas en el pliego de condiciones; y (iii) el valor
total propuesto respecto de cada una de las actividades que integraban las etapas
del concurso de méritos, el cual resultaba de multiplicar el valor unitario establecido
para cada una ellas por el número estimado de aspirantes que habrían de participar
en cada una de las etapas del concurso de méritos.

En este punto conviene agregar que, de acuerdo con lo consignado en el pliego de
condiciones, el ofrecimiento económico de los participantes en el proceso licitatorio
también debía discriminar los costos indirectos de administración y utilidad. De allí
que el total de la propuesta económica debía ser determinado a partir de la
sumatoria del valor de los costos directos del contrato, esto es, el valor total de las
actividades que habrían de adelantarse en el desarrollo del concurso de méritos,
más el valor de los costos indirectos que correspondían a administración y utilidad.

4.2.2. Por otra parte, en cuanto a los requisitos habilitantes, el capítulo 3 del pliego
de condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley 909
de 2004 y 3 del Decreto Ley 760 de 2005, estableció que en el proceso licitatorio
solo podrían participar el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –
ICFES y las instituciones de educación superior que estuvieran acreditadas por la
CNSC, como idóneas para adelantar concursos o procesos de selección de ingreso
o ascenso a los empleados públicos de carrera administrativa. Bajo este contexto,
la CNSC exigió a los interesados en participar en el procedimiento de selección:

(i) El cumplimiento de requisitos de orden jurídico, los cuales fueron
concretados en la obligación de presentar con toda propuesta, entre
otros documentos, la póliza que garantizara la seriedad del
ofrecimiento, el certificado de existencia y representación legal que
demostrara la capacidad jurídica del oferente y las certificaciones que
dieran cuenta de que no estaba incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad alguna, así como también aquellas que demostraran
que no era responsable disciplinario o fiscal.

En lo que respecta a la acreditación de las instituciones de educación
superior para adelantar concursos de mérito o procesos de selección,
el pliego de condiciones determinó que la CNSC verificaría
directamente esta exigencia, por lo que los interesados en participar
en el proceso de selección, en principio, no estaban obligados a
presentar con su ofrecimiento el acto administrativo que demostrara
su acreditación.

(ii) El cumplimiento de requisitos de orden financiero y organizacional,
punto en el cual el pliego de condiciones estableció la obligación de
presentar con toda propuesta, entre otros documentos, los estados
financieros y el certificado de inscripción en el registro único de
29

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

proponentes con el propósito de verificar el cumplimiento de los
indicadores mínimos exigidos en materia de liquidez, endeudamiento,
cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del
activo, capital de trabajo y razón de efectivo.

(iii) El cumplimiento de requisitos de orden técnico, de acuerdo con los
cuales se hizo imperativo para los proponentes presentar con su
ofrecimiento el equipo de trabajo que se destinaría a la ejecución del
contrato, el cual debía cumplir con la formación académica,
experiencia, el tiempo de vinculación y la dedicación exigida por la
CNSC.

Aunado a lo anterior, en este mismo punto la CNSC exigió a los
oferentes acompañar sus propuestas con el plan de trabajo y
cronograma de ejecución, el documento de aceptación de las
especificaciones y requerimientos técnicos exigidos por la entidad, y
el documento de acuerdo de niveles de servicios de tecnologías de la
información, comunicaciones, seguridad física y logística de salas, el
cual garantizaba que el proponente contara con la infraestructura
tecnológica adecuada para la automatización de la información del
concurso de méritos.

4.2.2. Por último, en lo que respecta a los criterios conforme con los cuales debía
escogerse al contratista, el capítulo 6 del pliego de condiciones estableció que la
selección del oferente adjudicatario se haría mediante la ponderación de elementos
asociados a la calidad y el precio de las propuestas. En el anterior orden, su aparte
6.5.1. definió los elementos que habrían de tenerse en cuenta para efectos de la
escogencia del proponente que ofreciera las condiciones más favorables, de
acuerdo con los factores de selección que a continuación se discriminan:

(i) Factor técnico, el cual otorgaba una calificación de 500 puntos al
proponente que ofreciera profesionales adicionales a los requeridos en el
acápite de requisitos de orden técnico del pliego de condiciones (200
puntos); experiencia adicional a la exigida en el pliego de condiciones
respecto del equipo de trabajo que se destinaría a la ejecución del
contrato (200 puntos); y realizar simultáneamente las actividades de
verificación de requisitos mínimos y de valoración de antecedentes (100
puntos).

(ii) Factor económico, a partir del cual se reconocía una calificación máxima
de 390 puntos de acuerdo con el método de ponderación que resultara
escogido entre tres opciones: el método de media aritmética, el de media
geométrica con presupuesto oficial o del menor valor. Para la escogencia
del método de ponderación a aplicar de cara al análisis de comparación
de los ofrecimientos, el pliego de condiciones identificó cada una de las
opciones con un rango de decimales, al tiempo que estableció que el
método debía ser escogido en función de la tasa representativa de
mercado – TRM que rigiera al día siguiente del vencimiento del término
de traslado de la evaluación de las propuestas.

30

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

(iii) Apoyo a la industria nacional, con ocasión del cual se reconocía una
calificación de 100 puntos al proponente que ofreciera realizar el concurso
de méritos con un equipo de trabajo que fuera de nacionalidad
colombiana en su integridad.

(iv) Vinculación de personas en situación de discapacidad, factor que
otorgaba una calificación de 10 puntos a los oferentes que demostraran
el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el Decreto 392 de
2018, esto es, la vinculación de un número mínimo de trabajadores en
condición de discapacidad teniendo en consideración el número total de
la planta de personal.

4.3. En el proceso está acreditado que el 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo la
diligencia de cierre del procedimiento de licitación pública No. CNSC-LP-001, cuya
acta51 acredita que, dentro del periodo dispuesto para la radicación de propuestas,
se presentaron 3 ofrecimientos para llevar a cabo el concurso de méritos para la
provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa, de
algunas entidades en los departamentos de Bolívar, Atlántico, La Guajira y Norte de
Santander. Esta prueba documental, igualmente, demuestra que los oferentes que
participaron en el procedimiento de selección fueron la Fundación Universitaria del
Área Andina —demandante en este proceso—, la Universidad Libre y la Universidad
de Medellín.

4.4. Al proceso fue allegada la propuesta52 presentada por la Fundación
Universitaria del Área Andina. El contenido de esta prueba documental demuestra
que la demandante se comprometió a realizar el concurso de méritos por un valor
de $3.658.867.432, suma de dinero que incluía los siguientes conceptos:

COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD DE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Verificación de requisitos 49.971 Aspirante $12.277 $613.493.967
mínimos
Diseño, construcción,
diagramación y 3.925 Ítem $118.578 $465.418.650
ensamblaje de pruebas
escritas básicas,
funcionales y
comportamentales
Aplicación de pruebas
escritas básicas, 34.980 Aspirante $24.729 $865.020.420
funcionales y
comportamentales
Acceso a pruebas escritas 5.247 Aspirante $15.232 $79.922.304
Prueba de valoración de 8.745 Aspirante $10.326 $90.300.870
antecedentes
SUBTOTAL ETAPAS $2.114.156.211
Administración $934.899.982
Utilidad 20% % $609.811.239

51 Fls 914 a 915, Cuaderno de Pruebas No. 6.
52 Fls 98 a 182, Cuaderno de Pruebas No. 2 / Fls 184 a 382, Cuaderno de Pruebas No. 3 / Fls 383 a

382, Cuaderno No. 4 /Fls 583 a 782, Cuaderno de Pruebas No. 5 / Fls 783 a 912, Cuaderno de
Pruebas No. 6.
31

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN Y $1.544.711.221
UTILIDAD
TOTAL PROPUESTA $3.658.867.432
ECONÓMICA

4.5. Al expediente también fue arrimada la propuesta53 presentada por la
Universidad Libre en el marco del proceso de licitación pública No. CNSC-LP-001.
Este medio probatorio documental demuestra que la Universidad Libre se
comprometió a realizar el concurso de méritos por un valor de $3.571.340.552,
suma de dinero que estaba integrada por los siguientes conceptos:

COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD DE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Verificación de requisitos 49.971 Aspirante $12.587 $628.984.977
mínimos
Diseño, construcción,
diagramación y 3.925 Ítem $136.688 $536.500.400
ensamblaje de pruebas
escritas básicas,
funcionales y
comportamentales
Aplicación de pruebas
escritas básicas, 34.980 Aspirante $22.756 $796.004.880
funcionales y
comportamentales
Acceso a pruebas escritas 5.247 Aspirante $15.000 $78.705.000
Prueba de valoración de 8.745 Aspirante $12.190 $106.601.550
antecedentes
SUBTOTAL ETAPAS $2.146.796.807
Administración $1.160.000.000
Utilidad 20% % $264.543.745
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN Y $1.424.543.745
UTILIDAD
TOTAL PROPUESTA $3.571.340.552
ECONÓMICA

4.6. En el proceso obra el informe preliminar de evaluación de las propuestas54
elaborado por el comité asesor y evaluador designado por la CSNC, el cual fue
publicado por la entidad el 19 de marzo de 2019. Este informe demuestra que el
único oferente que resultó habilitado en el marco de la evaluación preliminar de las
propuestas fue la Fundación Universitaria del Área Andina, motivo por el cual fue
calificado con 600 puntos en los factores de selección diferentes al económico. En
lo que concierne a los otros participantes en el proceso licitatorio, se advierte que la
Universidad Libre resultó inhabilitada con ocasión del incumplimiento de requisitos
de orden jurídico e informático, al paso que la Universidad de Medellín resultó
inhabilitada con ocasión de la desatención de requisitos de orden técnico e
informático.

53 CD – fl 64A, Cuaderno Principal, archivo denominado “PROPUESTA UNIVERSIDAD LIBRE.pdf”.
54CD – fl 64A, Cuaderno Principal, carpeta que responde al nombre de “Evaluación”, carpeta
denominada “PRELIMINAR”, archivo que responde al nombre “CONSOLIDADO REQUISITOS
HABILITANTES Y FACTORES DE CALIFICACION.xls”.
32

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

4.7. Las pruebas que obran en el expediente demuestran que el 28 de marzo de
2019, con posterioridad a la publicación del informe preliminar de evaluación de las
propuestas y de su correspondiente traslado, la CNSC procedió a la verificación de
la tasa representativa de mercado en la página web del Banco de la República, para
efectos de seleccionar el método de comparación de los ofrecimientos económicos
formulados por los participantes en el proceso licitatorio. En desarrollo de este
ejercicio, la CNSC seleccionó el método de media geométrica con presupuesto
oficial como parámetro para adelantar el ejercicio de comparación de los
ofrecimientos, en atención a que los decimales de la tasa representativa de mercado
para el día de la consulta coincidían con el rango de decimales con el que aquel fue
identificado en el pliego de condiciones55.

De allí que el comité asesor y evaluador, para efectos de adelantar el ejercicio de
comparación de los ofrecimientos en el componente económico, quedara sometido
a las reglas que fueron establecidas en el pliego de condiciones en punto al método
de media geométrica con presupuesto oficial, las cuales fueron concretadas bajo
los siguientes parámetros:

“6.5.1.2.2. Media Geométrica con Presupuesto Oficial

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta
el número de propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de
acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 12

Número de veces en las
Número de
que se incluye el
propuestas (n)
presupuesto oficial
[número]
(nv) [veces]
1–3 1
4–6 2
7–9 3
10 – 12 4
13 – 15 5
… …

Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el
presupuesto oficial del módulo.

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente
fórmula:

55 Fl 919, Cuaderno de Pruebas No. 6 / CD – fl 64A, Cuaderno Principal, archivo denominado “Acta

selección método evaluación económica.pdf”.
33

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
Nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
N = Número de propuestas válidas.
PO = Presupuesto oficial
Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente.

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada
proponente mediante el siguiente procedimiento:

Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con
Presupuesto Oficial.

Obtenida la media geométrica se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo
con la siguiente fórmula.

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.
i = Número de propuestas.
PM = Puntaje máximo de evaluación económica.

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica
con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en
la fórmula de ponderación”.

4.8. En el expediente reposa el informe final de evaluación de las propuestas56
realizado por el comité asesor y evaluador designado por la CNSC, el cual fue
publicado el 3 de abril de 2019. Esta prueba acredita que los proponentes que
resultaron habilitados en el proceso licitatorio fueron la Fundación Universitaria del
Área Andina y la Universidad Libre, por lo que el comité asesor y evaluador procedió
a la evaluación de sus ofrecimientos de acuerdo con los factores de ponderación
establecidos en el pliego de condiciones, obteniendo el siguiente resultado en
relación con aquellos diferentes al económico:

56 Fls 921 a 929, Cuaderno de Pruebas No. 6 / CD – fl 64A, Cuaderno Principal, carpeta que responde

al nombre de “Evaluación”, carpeta denominada “DEFINITIVA”, archivos identificados con los
nombres “CONSOLIDADO REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE CALIFICACION.xls” y
“EVALUACIONES JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA.PDF”.
34

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Ahora bien, en el marco de la etapa de evaluación final de las propuestas la CNSC
también adelantó la evaluación del componente económico de los ofrecimientos. Al
respecto, es del caso señalar que sobre el particular obran en el expediente (i) el
memorando del 1 de abril de 201957 por medio del cual el comité asesor y evaluador
financiero comunicó a la Oficina Jurídica de la CNSC el resultado de la evaluación
económica realizada, el cual arrojó un empate en el factor económico entre la
Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad Libre; y (ii) el documento58
en el que consta el resultado de la evaluación económica elaborada por el comité
asesor y evaluador financiero, el cual especificó el valor de la media geométrica con
presupuesto oficial, el valor de los ofrecimientos realizados por los proponentes
habilitados, la diferencia que cada ofrecimiento económico representó respecto de
la media geométrica, y la calificación asignada a cada uno de los oferentes, la cual
ascendió a 389.98 puntos.

Al efecto, vale la pena destacar que los documentos que fueron allegados al
expediente no demuestran la forma en que el comité asesor y evaluador financiero
dio aplicación a la fórmula establecida en el pliego de condiciones para determinar
la media geométrica con presupuesto oficial, ni mucho menos la forma en que aplicó
la fórmula establecida para asignar el puntaje por concepto del factor de selección
económico. Tal y como se desprende de lo indicado en el párrafo inmediatamente
anterior, los documentos que se refieren a la evaluación económica de los
ofrecimientos solo dan cuenta del resultado del ejercicio comparativo, más no del
proceso adelantado por el comité asesor y evaluador financiero para arribar al
resultado que dio lugar al empate entre la Fundación Universitaria del Área Andina
y la Universidad Libre.

4.9. En el proceso está probado que el 3 de abril de 2019 la entidad demandada
llevó a cabo la audiencia de adjudicación en el marco del proceso licitatorio No.

57 Fl 926, Cuaderno de Pruebas No. 6 / CD – fl 64A, cuaderno principal, carpeta que responde al

nombre de “Evaluación”, carpeta denominada “DEFINITIVA”, archivo identificado con el nombre
“EVALUACIONES JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA.PDF”.
58 Fl 927, Cuaderno de Pruebas No. 6 / CD – fl 64A, cuaderno principal, carpeta que responde al

nombre de “Evaluación”, carpeta denominada “DEFINITIVA”, archivo identificado con el nombre
“EVALUACIONES JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA.PDF”.
35

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

CNSC-LP-001, cuya acta59 y archivo60 que contiene el registro de audio y video
reposan en el expediente.

Estas pruebas documentales demuestran que en la parte inicial de la diligencia la
CNSC abordó el estudio relativo al reconocimiento de personería jurídica de los
voceros que intervendrían en representación de los oferentes, punto en el cual el
director de la audiencia resolvió negar el reconocimiento de personería jurídica al
apoderado de la Fundación Universitaria del Área Andina, habida consideración de
que el poder especial radicado para el efecto no contaba con la nota de presentación
personal, lo que desconocía lo establecido en el artículo 5 del Decreto 19 de 2012.
En este punto vale la pena agregar que, en cualquier caso, el director de la diligencia
de adjudicación señaló que podría reconocer personería jurídica al apoderado de la
institución educativa en caso de que se hiciera presente el funcionario que tuviera
la capacidad para otorgar poder especial.

Posteriormente, agotado todo lo referente a las etapas iniciales de la diligencia, el
comité asesor y evaluador de la CSNC presentó el informe final de evaluación de
las propuestas, a propósito de lo cual el director de la audiencia dispuso su
suspensión por un espacio de diez minutos para que los participantes en el proceso
licitatorio analizaran el contenido de este documento. El archivo que contiene el
registro de audio y video de esta diligencia demuestra que durante el término en
que la audiencia estuvo suspendida uno de los representantes de la Fundación
Universitaria del Área Andina puso de presente que la fórmula matemática “no le
estaba cuadrando” (minuto 35:08), al paso que indicó que “los puntos de la oferta
económica no nos cuadran” (minuto 35:14)

Una vez reanudada la diligencia, la CNSC concedió el uso de la palabra a la
Universidad Libre —cuyo apoderado sí presentó el poder especial en debida forma y,
por ello, le fue reconocida personería jurídica—, quien manifestó no tener objeciones
en relación con el informe definitivo de evaluación de las propuestas, por lo que solicitó
continuar el trámite del proceso licitatorio. En este estado de diligencia el mismo
representante de la Fundación Universitaria del Área Andina consultó sobre la
posibilidad de participar como veedor ciudadano, ante lo cual la entidad accionada
respondió de manera negativa en tanto la diligencia no era de intervención pública o
debate público, al tiempo que reiteró que el poder especial fue presentado de manera
indebida.

Bajo el anterior contexto, el comité asesor y evaluador confirmó el informe final de
evaluación de las propuestas, el cual estableció un empate en el puntaje asignado
a los participantes que resultaron habilitados en el proceso licitatorio. De este modo,
se hizo necesario acudir a los criterios de desempate establecidos en el pliego de
condiciones, cuya aplicación arrojó como adjudicatario a la Universidad Libre en
virtud de un sorteo por balotas, luego de intentar aplicar sin éxito los demás criterios
de desempate establecidos en el pliego de condiciones.

59 Fls 931 a 935, Cuaderno de Pruebas No. 6 / CD – fl 64A, cuaderno principal, carpeta que responde

al nombre de “AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN”, archivo identificado con el nombre “Acta de
Audiencia de Adjudicación LP 001 de 2019 Norte.pdf”.
60 CD – Fl 65, Cuaderno Principal.

36

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

4.10. De acuerdo con lo anterior, la CSNC profirió la Resolución No. CNSC –
2019140002150561 del 3 de abril de 2019, por medio de la cual adjudicó a la
Universidad Libre el contrato para la realización del concurso de méritos. En este
punto cabe anotar que el acto administrativo fue leído en su integridad en el curso
de la diligencia de adjudicación.

4.11. Ahora bien, en el proceso está demostrado que, mediante escrito del 4 de abril
de 201962, la Fundación Universitaria del Área Andina presentó ante la CNSC
solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. CNSC – 20191400021505 del
3 de abril de 2019, por medio de la cual se adjudicó el contrato a la Universidad
Libre. Para justificar su petición, la institución educativa sostuvo que la entidad
accionada incurrió en un error en la aplicación de la fórmula matemática establecida
para la comparación de los ofrecimientos en el componente económico, lo que puso
de presente al comité asesor y evaluador en el trámite de la audiencia de
adjudicación, aunque no se le hubiere reconocido personería jurídica a su
apoderado. Pese a lo anterior, el comité asesor y evaluador guardó silencio frente
a esta circunstancia, al paso que consideró la existencia de un empate que hizo
necesario acudir a los criterios de desempate establecidos en el pliego de
condiciones, cuya aplicación dio como ganador a la Universidad Libre.

Para la Fundación Universitaria del Área Andina, de haberse aplicado la fórmula
matemática en debida forma habría resultado adjudicataria en el marco del proceso
licitatorio, en la medida en que habría obtenido un puntaje de 384.99 por concepto
del factor económico, mientras que la Universidad Libre una calificación de 383.11
por concepto del mismo factor. De ahí que considerara que el acto de adjudicación
se encontraba viciado de nulidad por resultar contrario al ordenamiento jurídico
superior, lo que, en su criterio, hacía procedente su revocatoria directa en los
términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, leído en
concordancia con lo establecido en el artículo 93 del CPACA.

4.12. En el expediente obra la ficha técnica de presentación de casos para estudio
de la Sala Plena de Comisionados de la CSNC, de fecha 4 de abril de 201963. Por
medio de este documento, Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso, en su calidad de
asesor jurídico de la entidad y miembro del comité asesor y evaluador, solicitó
autorización para iniciar las gestiones tendientes a la revocatoria directa del acto de
adjudicación proferido dentro del marco del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001, o
para iniciar un proceso de nulidad en el que se solicitaran medidas cautelares de
urgencia con el propósito de retrotraer la actuación a la audiencia de adjudicación.

Para sustentar esta solicitud, el señor Valdivieso Valdivieso expuso que en el marco
del proceso de evaluación de las propuestas el comité asesor y evaluador incurrió
en una inconsistencia al momento de establecer el puntaje por concepto del factor
económico, así como también que de haber adelantado el análisis de comparación
de las propuestas en debida forma la Fundación Universitaria del Área Andina

61 Fls 954 a 958, Cuaderno de Pruebas No. 6 / CD – fl 66, cuaderno principal, archivo denominado

“8_250002336000201900682005RECIBEMEMORIAL20210414074252_TCDescargaTotalItem1330
76436873894762.PDF”.
62 Fls 940 a 951, Cuaderno de Pruebas No. 6.
63 CD – fl 64A, Cuaderno Principal, carpeta que responde al nombre de “SALA”, archivo identificado

con el nombre “2. Ficha Técnica LP-001 de 2019 Norte FUAA.docx”.
37

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

habría resultado adjudicataria. En efecto, así quedó consignado en la ficha técnica
que obra en el expediente:

“[…] DÉCIMO QUINTO: El 4 de abril de 2019 el Comité Asesor y Evaluador encontró
una inconsistencia en la hoja de cálculo utilizada para determinar el puntaje de la
evaluación económica, en consecuencia, el resultado de la evaluación quedaría de
la siguiente manera:

DÉCIMO SÉPTIMO: Teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación modifica
el proponente adjudicatario, los miembros del Comité Asesor y Evaluador,
recomiendan a la Sala Plena de la COMISIÓN, autorizar los trámites pertinentes
para: 1) la revocatoria del acto administrativo de adjudicación contenido en la
Resolución No. 20191400021505 del 3 de abril de 2019, siempre que la Universidad
Libre otorgue su consentimiento en los términos previstos por el artículo 97 de la
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), o 2) proceder en caso contrario con el medio de control de
nulidad con solicitud de medidas cautelares de urgencia, para regresar la actuación
a la audiencia de adjudicación”.

Si bien el documento fue allegado al proceso sin la firma del señor Valdivieso
Valdivieso, lo cierto es que esa sola circunstancia no le resta mérito probatorio. Al
respecto, cabe recordar que en providencia del 10 de marzo de 2025 esta
Subsección64 estableció con sustento en lo dispuesto en el artículo 24465 del CGP,
así como también en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia66 y de la Corte

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 10 de marzo de 2025, exp. 70182.
65 “ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza

sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la
persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”.
66 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-6557 del 11 de mayo de 2016.

38

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Constitucional67, que un documento no deja de ser auténtico, ni mucho menos válido
para efectos probatorios, por el simple hecho de que no se encuentre firmado, pues
su autenticidad puede derivarse de otros medios tales como marcas, improntas o
cualquier otra señal física y/o electrónica.
Sumado a lo anterior, esta Subsección estableció que las partes no están
habilitadas para cuestionar la autenticidad de las pruebas documentales en
cualquier momento del proceso. Sobre este particular se precisó que la oportunidad
para presentar un cargo relativo a la autenticidad de un documento encuentra como
límite temporal el momento de la contestación de la demanda en caso de que el
documento se hubiere allegado en esa etapa, y en los demás casos la audiencia en
la que aquel se decrete como prueba. De ahí que en la providencia judicial a la que
se ha hecho referencia se concluyera que el trámite de la segunda instancia no es
la oportunidad para reabrir debates en punto a la autenticidad de las pruebas
documentales que fueron allegadas al proceso.
Bajo el anterior contexto, la Sala advierte que la ficha técnica a la que se hizo
referencia tiene la marca de la CNSC en el encabezado de todas sus páginas, lo
que refiere una auténtica señal que da cuenta de su origen y procedencia.
Adicionalmente, no debe dejarse de lado que (i) el documento fue allegado en medio
magnético por la CNSC al contestar la demanda, lo que en los términos del citado
artículo 244 del CGP implica que la entidad accionada reconoce su autenticidad; y
(ii) el documento fue elaborado por Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso, quien era el
jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la CNSC e integró el comité asesor y
evaluador designado en el proceso licitatorio No. CNSC-LP-001. Todo lo anterior,
sumado al hecho de que ninguna de las partes del proceso de la referencia hubiere
puesto en tela de juicio la autenticidad de la ficha técnica, permiten a la Sala tener
dicho documento como auténtico, así como también brindarle valor probatorio en
los términos artículo 17668 del CGP.
4.13. Mediante Resolución No. CNSC – 20191400023225 del 10 de abril de 201969,
la entidad accionada rechazó la solicitud de revocatoria directa impetrada por la
Fundación Universitaria del Área Andina.
4.13.1. Para adoptar esta decisión, la CNSC empezó por advertir que el comité
asesor y evaluador de las propuestas reconoció el error en que incurrió al aplicar la
fórmula relativa al método de media geométrica con presupuesto oficial, al paso que
precisó que dicho error consistió en la omisión de un paréntesis que afectó la
jerarquía de las operaciones.

4.13.2. Pese a lo anterior, la entidad accionada explicó que la revocatoria directa
del acto de adjudicación solo procedía en caso de inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente, o en caso de que se comprobara que el acto se obtuvo por medios
ilegales. De ahí que estimara que la solicitud impetrada por la Fundación
Universitaria del Área Andina no tuviera vocación de prosperidad, porque en el caso
concreto no operó una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, ni mucho menos

67 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-268 de 2010, expediente T-2483488.
68 “ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
69 Fls 971 a 975, Cuaderno de Pruebas No. 6.

39

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

podía considerarse que el acto se obtuvo por medios ilegales. En este particular la
CNSC explicó que la última de las causales de revocatoria referidas operaba cuando
estuviere demostrado que el adjudicatario presentó información o documentos
falsos, inexactos o incompletos, lo que distaba de lo ocurrido en el proceso
licitatorio, en cuyo desarrollo se presentó un error humano por parte del comité
asesor y evaluador.

4.13.3. De otra parte, para la CNSC tampoco podía estimarse que hubiere operado
alguna de las causales de revocatoria directa previstas en el artículo 93 del CPACA.
Al punto, la entidad accionada refirió que “[…] un error —que, dicho sea de paso, la
misma Fundación universitaria del Área Andina dejó pasar, como se referirá más
adelante—, no constituye manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley;
tampoco vulnera el interés público o social, o atenta contra él; y menos implica agravio
injustificado a una persona, más si se tiene en cuenta que la misma que la misma
solicitante no advirtió el error oportunamente”. En todo caso, la CNSC aclaró que el
acto administrativo de adjudicación solo podía ser revocado con el consentimiento del
proponente adjudicatario.

4.13.4. Por último, la entidad accionada aclaró que no era cierto que hubiere impedido
la participación del apoderado de la Fundación Universitaria del Área Andina en el
trámite de la audiencia de adjudicación. Al respecto, precisó que el representante de
la institución educativa radicó un poder que no contaba con nota de presentación
personal, por lo que no resultaba procedente reconocerle personería jurídica por
incumplir lo exigido por el artículo 5 del Decreto 19 de 2012. Aun cuando la entidad
advirtió que otorgó alternativas para subsanar el yerro, la Fundación Universitaria del
Área Andina hizo caso omiso a lo sugerido, motivo por el cual concluyó que no podría
evidenciarse el desconocimiento del derecho al debido proceso de la institución
educativa, sino la negligencia de la misma demandante que impidió su participación
en el trámite de la diligencia de adjudicación.

4.14. Vistas así las cosas, el 12 de abril de 2014 la CNSC y la Universidad Libre
suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 24770, cuyo objeto consistió en
desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema
general de carrera administrativa de algunas entidades de los departamentos de
Bolívar, Atlántico, La Guajira y Norte de Santander – Convocatoria Territorial Norte,
desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la
información para la conformación de lista de elegibles.

4.15. Pruebas adicionales

Además de los documentos que dan cuenta de los hechos probados previamente
indicados, en el proceso se practicaron las siguientes pruebas adicionales71:

70 CD – fl 64A, Cuaderno Principal, archivo que responde al nombre de “CONTRATO 247 DE 2019

UNIVERSIDAD LIBRE LP 001 DE 2019.pdf”
71 La Sala otorgará valor probatorio a los testimonios practicados en el proceso, conforme a lo

previsto en el artículo 167 del CGP. Aunque los declarantes que comparecieron a solicitud de la
Fundación Universitaria del Área Andina y de la Comisión Nacional del Servicio Civil tuvieron vínculos
laborales o contractuales con dichos sujetos procesales —y en algunos casos aún conservan esos
vínculos—, lo cierto es que tal circunstancia no conduce a la exclusión automática de estos
testimonios, sino que impone una valoración más rigurosa de lo declarado por los testigos. En los
términos del artículo 211 del Código General del Proceso, se trata de testigos que se encuentran en
circunstancias que pueden afectar su credibilidad o imparcialidad y, por lo tal motivo, su declaración
40

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

4.15.1 Testimonio de Juan Carlos Sarmiento Núñez

En el proceso se practicó el testimonio de Juan Carlos Sarmiento Núñez72 por
petición de la parte accionante, quien, en su condición de empleado de la Fundación
Universitaria del Área Andina, participó en la confección del ofrecimiento que la
institución educativa presentó en el curso del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001,
como director del equipo a cargo de esa tarea. En este contexto, tuvo conocimiento
del proceso licitatorio desde su convocatoria hasta la audiencia de adjudicación, a
propósito de lo cual destacó que compareció a la diligencia de adjudicación junto
con el equipo que tuvo a su cargo la participación en el proceso licitatorio.

En el anterior orden, el relato del señor Sarmiento Núñez se concentró en los
distintos acontecimientos que ocurrieron en el curso de la diligencia de adjudicación,
particularmente en lo relacionado con las irregularidades que fueron expuestas en
el libelo introductorio. En efecto, ante las preguntas que le fueron formuladas por el
apoderado de la parte accionante, el testigo Sarmiento Núñez se pronunció sobre
la participación de la Fundación Universitaria del Área Andina en el curso de la
audiencia de adjudicación, en los siguientes y precisos términos (minuto 13:22 y
siguientes):

“[…] Ese día asistí en compañía de un grupo de personas que me acompañan en
la construcción de la propuesta. Presentamos el poder que nos dio el representante
legal de la universidad, sin embargo, pues este poder no, no fue aceptado
aduciendo, pues, que no tiene presentación personal, y pues, digamos que, en el
transcurso de la audiencia, tratamos de intervenir fallidamente. Esto fue digamos
que lo que logramos como revisar. Solamente presentaba el poder, y pues, no nos
fue dada representación. […] Lo que me dijeron en su momento fue que el poder no
tenía presentación personal, que no estaba autenticado, y que por esa razón, de
acuerdo a lo presupuestado no podíamos participar. Entonces, pues digamos que
nosotros tratamos de intervenir, o yo traté de intervenir, incluso, plantié [sic] como
veedor, no sé, y pues tampoco se me dio la palabra en ningún momento”.

De otra parte, en cuanto a las inconsistencias o irregularidades que se
materializaron en punto a la evaluación del componente económico de los
ofrecimientos, el testigo relató que en el curso de la audiencia de adjudicación
advirtió dos inconsistencias que incidieron en el resultado del proceso licitatorio.
Sobre este particular, el señor Sarmiento Núñez afirmó lo siguiente (minuto 15:04 y
siguientes):

“[…] Sí, digamos que ahí hubo como dos temas. Lo primero es que nos entregaron
unos documentos al inicio de la audiencia, donde había un puntaje que determinaba
que Area Andina estaba ganando, digamos que la adjudicación del proceso, la cual
fue después retirada y reemplazada por un documento que indicaba que había un
empate. Cuando revisamos los documentos o cuando yo los revisé, encontré que la

será valorada con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale reiterar que conforme lo
ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse
de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás
pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto
litigioso.
72 Audiencia de Pruebas celebrada el 7 de octubre de 2021. El registro de audio y video de la

audiencia se encuentra en el link referenciado en el acta de la diligencia. A su vez, el acta de la
diligencia reposa en el CD – que obra a folio 66 del Cuaderno Principal.

41

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

fórmula, como estaba aplicada, no era de forma correcta. En algún momento
manifesté a la comisión que la fórmula no me estaba dando. Pero pues, como no
nos habían dado, digamos que la palabra, pues digamos que no se prestó atención
a lo que comenté. Pero en la audiencia yo manifesté que la fórmula no me daba”.

Posteriormente, al ser consultado sobre las razones por las cuales afirmó que la
fórmula “no le daba”, el testigo precisó lo siguiente (minuto 16:37 y siguientes):

“Sí, la fórmula fue media geométrica con presupuesto oficial. Toda vez que
habíamos [sic] dos universidades que estábamos acreditadas para continuar el
proceso, se aplicaba al presupuesto oficial una vez, más la propuesta de la Libre y
la propuesta de nosotros. No podía dar empate toda vez que los valores ofertados
por cada una de las universidades eran diferentes. […] En nuestro caso, la oferta
era por un valor superior, como en 20 y pico de millones, y en la de la libre era por
menos, contra la media geométrica de menos 60 millones, algo así. Entonces, pues
digamos que, a todas luces, en fórmulas matemáticas, salvo que tuviéramos el
mismo valor económico las dos universidades, podría haber un empate. En caso
contrario, no podía haber ningún empate. Eso es, digamos que, a grandes rasgos,
lo que sucedía, hay una diferencia marcada en las propuestas, lo cual no permite
que haya empate ni con décimas, ni en la parte entera ni en las decimales de la
fórmula aplicada, en este caso, pues, medida geométrica con presupuesto oficial”.

Por último, al ser interrogado sobre si algún otro proponente hizo manifestaciones
frente al análisis de comparación de las propuestas en el componente económico,
el testigo sostuvo que la Universidad de Medellín también advirtió el error en que
incurrió la entidad accionada, conforme se expone a continuación:

“Sí, una vez salimos de la audiencia se acercó el representante de la Universidad
de Medellín y me dijo que lo que había sucedido era un tema bastante complejo.
Que se iban a manifestar al respecto porque se veía, pues, que, a todas luces había
sido mal aplicada la formula. Entiendo yo que la Universidad de Medellín llamó
después de la audiencia y, no estoy seguro si les pidieron algo a la comisión, pero
manifestaron que la fórmula había sido mal aplicada. Nosotros solicitamos la
revocatoria directa y pues digamos que dentro de las cosas que recuerdo en la
respuesta a la revocatoria estaba que la Universidad de Medellín había manifestado
esto. Y pues también entiendo y recuerdo que se hablaba que la comisión aceptaba
que la fórmula había sido mal aplicada. Pero para responder puntualmente, sí, la
Universidad de Medellín se manifestó también sobre el tema”.

4.15.2 Testimonio de Jorge Andrés Castañeda Correal

En el proceso se practicó el testimonio de Jorge Andrés Castañeda Correal73 por
petición de la parte accionante, quien, en su condición de asesor jurídico de
proyectos de la Fundación Universitaria del Área Andina, participó en la confección
del ofrecimiento que la institución educativa presentó en el curso del proceso
licitatorio No. CNSC-LP-001. En este contexto, manifestó tener conocimiento de las
irregularidades que ocurrieron en el curso del proceso licitatorio, las cuales expuso,
según se aprecia a continuación (minuto 11:01 y siguientes):

73 Audiencia de Pruebas celebrada el 3 de noviembre de 2021. El registro de audio y video de la

audiencia se encuentra en el link referenciado en el acta de la diligencia. A su vez, el acta de la
diligencia reposa en el CD – que obra a folio 66 del Cuaderno Principal.
42

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

“En esta licitación […] nos presentamos con una expectativa obviamente de ganarla.
Allí no encontramos con algunas situaciones que realmente no fueron muy acordes
a lo que es el proceso general que lleva la Comisión Nacional del Servicio Civil. De
hecho, pues hay que decir, hay que resaltar, que he participado en bastantes
procesos con ellos y que en un tramo de procesos licitatorios, especialmente los de
ese año [2019], se presentaron situaciones bastante diversas, incluso varios
proponentes presentaron sus quejas en esos momentos. Entre esos, […] ese
proceso LP 01 de 2019 presentó varios inconvenientes en el desarrollo de la
audiencia, y varios inconvenientes pues obviamente en la presentación de los
resultados. Nosotros no se nos dejó participar en la audiencia, ni como ciudadanos,
ni como Fundación Universitaria de la Área Andina, ni se tuvieron en cuenta, pues,
nuestras molestias a la hora de la audiencia que se presentaba. Se nos entregaron
unos documentos en donde la Fundación Universitaria del Área Andina salía
ganando inicialmente. Esos documentos se subieron a SECOP, posteriormente
fueron borrados y fueron eliminados de una forma extraña. […] Yo afortunadamente
pues alcancé en su momento a sacar una copia de lo que se había cargado, donde
se entregaba a la Fundación Universitaria del Área Andina como ganador. Y luego,
dentro de la misma audiencia, nos entregan una versión impresa, después de unos
dos o tres minutos, nos la retiran de una forma un poco abrupta y se cambia por una
evaluación de empate, siendo que ya estaba publicada en SECOP, ya con la
Fundación Universitaria del Área Andina ganadora y se retira se baja de SECOP
inmediatamente, allí se baja de SECOP esa evaluación, y se presenta una que
presentaba empate. Allí en ese momento, creo que la grabación debe dar cuenta de
ello, la audiencia se desarrolla de una forma muy muy rápida, muy muy rápida,
rapidísima, y pues termina saliendo un empate por balotas, balotas que no dejaron
sacar a la Fundación Universitaria del Área Andina, y balotas que dieron, pues,
ganador a la Universidad Libre. Básicamente eso es lo que sucedió allí, luego pues
evidenciamos dentro de la audiencia que había un error en la fórmula aplicada, en
la fórmula matemática aplicada para la evaluación económica, cosa que
evidentemente era, pues, un error gravísimo, toda vez que yo creo que en el derecho
y en la matemática hay algo que es la lógica y es que si hay dos valores diferentes
y se les aplica una misma fórmula, no puede dar igual. Eso yo creo que es lógico.
Entonces, se aplica esa fórmula y sale un empate, que realmente no se sabe de
dónde se obtuvo. Al tratar de avisar ello, la persona que dirigía la audiencia por parte
de la Comisión Nacional del Servicio Civil […] no dejó hacer uso de la palabra, ni
siquiera tuvo en cuenta las observaciones que se le hacían de una manera educada
[…] y siguió adelante con el error […]”.

Luego de esta exposición general, el testigo reiteró que en la parte inicial de la
diligencia de adjudicación la entidad accionada entregó un informe de evaluación
que daba como ganador a la Fundación Universitaria del Área Andina, al paso que
refirió que ese documento fue retirado pese a haber sido publicado en el SECOP
(minuto 18:40 y siguientes). En este punto de la audiencia de pruebas el apoderado
de la parte accionante exhibió el aludido documento de evaluación que fue
entregado en la parte inicial de la diligencia de adjudicación, ante lo cual el testigo
reconoció el contenido del mismo (minuto 24:50 y siguientes).

De otra parte, en lo que respecta al informe de evaluación que reemplazó aquel que
daba como ganador a la demandante y a las observaciones que se hicieron sobre
el particular en el curso de la audiencia de adjudicación, el testigo refirió lo siguiente
(minuto 25:40 y siguientes):

“[…] hay varias cosas ahí que hay que decir. Primero, se entrega un tiempo
absolutamente mínimo para usted evaluar todas las formulaciones matemáticas que

43

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

presenta una licitación de este tipo. Al nosotros hacer esa comprobación matemática
en una fórmula que en el pliego puede demostrarse que es bastante compleja,
evidenciamos que con la nueva evaluación, evidentemente, jamás había un empate.
Reitero el tema de la lógica matemática, ante números diferentes aplicada la misma
fórmula jamás va a dar igual. Eso creo que es lógico y creo que todos los que
estamos acá lo sabemos. Nosotros al comprobar la formula y reitero ante la rapidez
que quería llevarse el manejo de la licitación, de la audiencia de licitación, nosotros
manifestamos que la fórmula no daba. En ese momento, Juan Carlos Sarmiento,
quien se encontraba en la audiencia, manifiesta la fórmula no está dando. Lo que
hace esta persona que dirigía el proceso es ignorar totalmente y continuar con la
audiencia. De hecho, la sala se empieza a conmocionar porque, pues, se observa
que hay un error en el nuevo documento, que el empate no daba por ningún lado.
Y no, esa fue la única manifestación que se hizo allí. Que no daba la fórmula
matemática, y que el valor estaba mal mal publicado en ese nuevo informe que se
entregó […]”.

4.15.3. Testimonio de Olga Yurani Rodríguez Otero

En el proceso se practicó el testimonio de Olga Yurani Rodríguez Otero74 por
petición de la CNSC, quien, como empleada de planta de dicho órgano, integró el
comité asesor y evaluador financiero, por lo que participó en la realización de la
evaluación económica de las propuestas. En su relato detalló los pormenores bajo
los cuales se adelantó el análisis de comparación de las propuestas en el
componente económico, así (Minuto 1:13:20):

“Bueno, nosotros organizamos el proceso de la evaluación economica, de acuerdo
a cómo están los pliegos de condiciones. El proceso que se realiza es una vez la
oficina asesora nos informa cuáles son las propuestas habilitadas, se hace el
proceso de la evaluación económica teniendo en cuenta que en los pliegos está
establecido que se realizará por tres métodos posibles, los cuales son sorteados de
acuerdo a la TRM del día que se establecen los pliegos de condiciones. Para este
caso de esta licitación, el método que se obtuvo fue el de media geométrica con
presupuesto oficial. Efectivamente se realizó la revisión de las propuestas que
estaban en ese momento, y una vez nos informaron que las habilitadas eran la
Universidad Libre y el área andina, se procedió a revisar la propuesta económica
para poder establecer la fórmula. Se realizó con base en el archivo de Excel, de la
aplicación Excel, el cual pues siempre da una seguridad. Y se empezó con el tema
de cálculo de la media geométrica, en el cual, tal como lo menciona la fórmula,
dependiendo de la cantidad de propuestas, se debe incluir el presupuesto oficial.
Para este caso, sería el presupuesto oficial una vez, teniendo en cuenta que las
propuestas habilitadas eran dos. Se procedió a realizar la fórmula de radicación
estableciendo pues el valor del radicando, el valor del índice, lo cual nos nos generó
el dato de la media geométrica. Una vez obtenida esta fórmula se procedió a realizar
la ponderación de las propuestas. Esta ponderación se realiza y, pues, se desglosa
toda la fórmula que se menciona en los pliegos de condiciones en la cual se realiza
la verificación de todas las agrupaciones, y se procedió a realizar la fórmula y la
verificación con mi compañero Mauricio y también se le pasó a los demás miembros
del comité evaluador económico. Posteriormente, después del día de la audiencia,
pues se presentaron los resultados. En la audiencia, pues, yo no escuché que
mencionaran absolutamente nada. Al día siguiente, la oficina jurídica nos informa
que llegó una solicitud de verificación, sobre la aplicación de la fórmula, sin embargo,

74 Audiencia de Pruebas celebrada el 7 de octubre de 2021. El registro de audio y video de la

audiencia se encuentra en el link referenciado en el acta de la diligencia. A su vez, el acta de la
diligencia reposa en el CD – que obra a folio 66 del Cuaderno Principal.
44

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

una vez se revisó, pues la solicitud, nunca se evidenció […] depronto algún error.
Efectivamente, volvíamos a revisar y no encontrábamos. Lo que optamos, pues, ya
como comité fue entrar a verificar uno a uno todos los pasos, para toda la
determinación. Obviamente también se realizó la verificación de la propuesta
económica de cada una de las ofertas para verificar si había algún error también
desde ese documento, que era un anexo a la licitación. Y se procedió a verificar una
a una las fórmulas que se debían establecer. Se revisó, se volvió a revisar. Lo que
optamos también fue por entrar a generarla paso a paso para verificar todas las
agrupaciones. En ese momento, pues, nos dimos cuenta que se presentó un
percance con un paréntesis. La verdad, pues, en este momento no sabría decir
en qué momento se pudo presentar alguna condición con el paréntesis. Pero
posteriormente, una vez se realizó el detalle de toda la fórmula, una vez se
realizó paso a paso, todo por separado, pues se pudo identificar”.

Posteriormente, al ser consultada sobre las implicaciones que el error advertido tuvo
en el resultado de la evaluación de los ofrecimientos, la testigo respondió lo
siguiente (minuto 1:23:55 y siguientes):

“Afectaba la jerarquía de las operaciones matemáticas. […] Modificaba el resultado,
cambiaba el resultado de la fórmula matemática. […] En el tema de la evaluación
económica como tal, cambiaba el resultado. Ya pues recordemos que el puntaje de
la licitación es una sumatoria de varios puntajes que se dan también por otros
comités. En este caso, para la evaluación económica específicamente cambiaba el
resultado”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre el oferente que habría obtenido el mayor
puntaje en el factor económico en caso de que la fórmula matemática hubiere sido
aplicada en debida forma, la testigo respondió que la Fundación Universitaria del
Área Andina habría obtenido el mayor puntaje en ese hipotético escenario (minuto
1:25:04).

4.15.4 Testimonio de Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso

En el proceso se practicó el testimonio de Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso 75 por
petición de la CNSC, quien, como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de esa entidad,
tuvo a su cargo el proceso de licitación pública No. CNSC-LP-001. El testigo
describió los pormenores que ocurrieron en la audiencia de adjudicación del proceso
licitatorio, al paso que reconoció el error en que incurrió la entidad accionada en la
aplicación de la fórmula establecida para el método escogido para la comparación
de los ofrecimientos en el componente económico. Sobre este último punto, el
testigo destacó que en el curso de la audiencia de adjudicación ninguno de los
oferentes advirtió el error en la aplicación de la fórmula matemática, y que solo con
posterioridad a su finalización ello fue advertido por la Universidad de Medellín, por
lo que la entidad abordó el estudio de la situación, a tal punto de solicitar
autorización a la Universidad Libre para la revocatoria del acto de adjudicación. Lo
anterior fue expuesto por el testigo Valdivieso Valdivieso, así (minuto 1:34:22 y
siguientes):

75 Audiencia de Pruebas celebrada el 7 de octubre de 2021. El registro de audio y video de la

audiencia se encuentra en el link referenciado en el acta de la diligencia. A su vez, el acta de la
diligencia reposa en el CD – que obra a folio 66 del Cuaderno Principal.
45

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

“[…]Se lee el acto de adjudicación en la audiencia, leímos del acto de adjudicación
en la audiencia, y no pasó nada, nadie dijo nada. Por la noche de ese día [día en
que se llevó a cabo la audiencia de adjudicación], uno de los trabajadores de la
Universidad de Medellín, si mal no recuerdo, llamó a una de las asesoras del
despacho del doctor Jorge Ortega, porque nadie se había dado cuenta hasta ese
entonces, y le dijo que supuestamente se había cometido un error en la fórmula
aritmética de evaluación. El error finalmente fue que el equipo técnico que hizo la
evaluación económica había puesto o un doble paréntesis o había quitado un
paréntesis, pero la cuestión es de un paréntesis. Eso sucedió en la noche de ese
día después de haber adjudicado. Al día siguiente me fue informada de esa
situación, analizamos la situación, puse de presente a los comisionados, en la sala
de comisionados. Escuchamos al equipo técnico, el equipo técnico explicó en qué
consistió el error, y pues nosotros de todos modos fuimos y nos comunicamos con
la Universidad Libre para pedirle el consentimiento para la revocatoria del acto de
adjudicación. La Universidad Libre nos dijo con total contundencia que el acto de
adjudicación es irrevocable, y además no están dados los presupuestos del artículo
9 de la ley 1150 del 2007. No se pudo revocar porque no tenía el consentimiento del
beneficiario del acto de adjudicación, y entonces pues lo procedente fue ejecutar el
contrato. Tiempo después llegó una solicitud de revocatoria de la Fundación
Universitaria del Área Andina, donde, y hay que decirlo también su señoría, porque
ellos ni siquiera en la solicitud de revocatoria sabían qué era lo que había sucedido.
El error que fue y seguramente los técnicos podrán explicárselo, fue un paréntesis
al correr la fórmula económica, pero ni siquiera la Fundación Universitaria del Área
Andina, cuando pidió la revocatoria, lo pidió”.

4.15.5 Testimonio de Johanna Patricia Benítez Páez

En el proceso se practicó el testimonio de Johanna Patricia Benítez Páez 76 por
petición de la CNSC, quien, en su condición de integrante del comité asesor y
evaluador técnico, asistió a la audiencia de adjudicación que se adelantó dentro del
marco del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001. De acuerdo con lo anterior, la
señora Benítez Páez rindió testimonio en relación con las circunstancias que
impidieron la participación del apoderado de la Fundación Universitaria del Área
Andina en el curso de la audiencia de adjudicación, conforme se expone a
continuación:

“[…] El doctor Jorge, que era quien fungía como asesor jurídico, creo, en ese
momento de la Universidad del Área Andina, llevaba un poder que no tenía
presentación personal. Entonces, pues, por esa razón, digamos, no se le permitió la
intervención dentro de la audiencia. Se le permitió que se quedara como asistente,
pero pues obviamente no pudo intervenir porque su poder no tenía presentación
personal y, pues, esa es una exigencia porque es un poder especial”.

Luego de precisar lo anterior, la testigo relató que la CNSC permitió a la institución
educativa presentar el poder en debida firma (minuto 01:26:58 y siguientes) y
manifestó no recordar que el apoderado de la Fundación Universitaria del Área
Andina hubiere actuado como veedor ciudadano (minuto 01:27:25 y siguientes). Al
ser consultada sobre si los participantes en el proceso licitatorio formularon
observaciones en punto a la evaluación económica adelantada por la entidad, la
señora Benítez Páez afirmó que no se hicieron observaciones o comentarios en

76 Audiencia de Pruebas celebrada el 3 de noviembre de 2021. El registro de audio y video de la

audiencia se encuentra en el link referenciado en el acta de la diligencia. A su vez, el acta de la
diligencia reposa en el CD – que obra a folio 66 del Cuaderno Principal.
46

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

relación con la evaluación adelantada por la CNSC (minuto 01:27:48 y siguientes).
Y en concreto, frente a los representantes de la Fundación Universitaria del Área
Andina, la testigo aseguró que ninguno de ellos intervino con el propósito de poner
de presente el error en la evaluación económica (minuto 01:29:35 y siguientes).

4.15.6 Interrogatorio de parte de María Angélica Pacheco Chica

En este proceso se practicó el interrogatorio de parte de María Angélica Pacheco
Chica77, quien fungía como representante legal de la Fundación Universitaria del
Área Andina en el momento en que se adelantó el proceso de selección. Ante las
preguntas efectuadas por el apoderado de la CNSC, la señora Pacheco Chica
manifestó lo siguiente:

(i) La Fundación Universitaria del Área Andina otorgó poder especial
amplio y suficiente al señor Juan Carlos Sarmiento Núñez para que
representara a la institución educativa en el trámite de la audiencia de
adjudicación que se llevó a cabo en el proceso licitatorio No. CNSC-
LP-001 (minuto 01:04:20 y siguientes).
(ii) El poder especial otorgado para tales efectos no contaba con
presentación personal, pues ello resultaba innecesario conforme lo
había indicado un concepto de la Agencia Nacional de Contratación
Pública “Colombia Compra Eficiente (minuto 01:06:13 y siguientes).
(iii) Aunque le fue otorgada la oportunidad para presentar el poder
especial conforme a las exigencias de la CNSC, era físicamente
imposible cumplir lo solicitado habida consideración de las especiales
dificultades que acarreaba una ciudad como Bogotá (minuto 01:09:31
y siguientes).
(iv) En cualquier caso, los representantes de la institución educativa
formularon observaciones frente a la evaluación económica de los
ofrecimientos, haciendo uso de la figura de veedor ciudadano (minuto
01:07:54 y siguientes).
(v) La Universidad de Medellín también hizo llegar a la CNSC
observaciones en punto al error en que se incurrió en el análisis de
comparación de las propuestas en el componente económico (minuto
01:09:57 y siguientes).
(vi) Pese al error que fue advertido por parte de los participantes en el
proceso licitatorio y por veedores ciudadanos, la CSNC continuó con
el proceso licitatorio hasta su terminación y, posteriormente, celebró
el contrato con la Universidad Libre (minuto 01:14:52 y siguientes).

4.15.7 Dictamen pericial

El extremo activo allegó junto con el libelo genitor el dictamen pericial78 rendido por
el perito Esgar Medina Rojas, que fue oportunamente decretado como prueba en el
proceso y cuya contradicción se surtió en audiencia llevada a cabo el 7 de octubre
de 2021.

77 Audiencia de Pruebas celebrada el 3 de noviembre de 2021. El registro de audio y video de la

audiencia se encuentra en el link referenciado en el acta de la diligencia. A su vez, el acta de la
diligencia reposa en el CD – que obra a folio 66 del Cuaderno Principal.
78 Fls 1010 a 1015, Cuaderno de Pruebas No. 7.

47

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

La experticia tuvo por objeto establecer el valor de: (i) los costos en que incurrió la
Fundación Universitaria del Área Andina para estructurar, consolidar y presentar su
propuesta; (ii) la utilidad esperada como consecuencia de la ejecución del contrato
estatal; y (iii) los costos asumidos por cuenta de honorarios de abogados y asesoría
jurídica especializada, lo cual se hizo necesario para reclamar la indemnización de
los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la irregular adjudicación
realizada en el marco del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001

Para la elaboración del dictamen pericial, el señor Medina Rojas señaló que solicitó
a la Fundación Universitaria del Área Andina “[…] los registros contables asociados,
la propuesta presentada, contratos de asesoría jurídica y los soportes […] de los
gastos y pagos realizados con ocasión de la presentación de la licitación No. CNSC-
001 DE 2019”. Al mismo tiempo, aclaró que el peritaje se llevó a cabo con base en
la información contable correspondiente al primer cuatrimestre del año 2019, a
propósito de lo cual destacó que “el análisis se realizó con base en la normatividad
contable vigente, sobre los libros de contabilidad y estados financieros (balance gen
eral y estado de resultados), de la Fundación Universitaria del Área Andina, detalle
de auxiliares relacionados y detalle general de las cuentas auxiliares, suministrados
por la Fundación; igualmente se verificó la oferta económica presentada por la
Fundación dentro del proceso licitatorio CNSC-00 DE 2019 [sic] y adicionalmente
dentro de los documentos de trabajo, se tuvieron en cuenta los contratos de
asesoría jurídica especializada celebrados por la Fundación”.

Bajo este panorama, el perito advirtió que (i) el costo de personal para la
preparación y presentación de la propuesta ascendió a $34.500.640, suma de
dinero que estaba comprendida por los valores de la remuneración mensual del
personal destinado a la confección del ofrecimiento; (ii) el costo de papelería
ascendió a $200.000; (iii) el costo de la póliza de seriedad del ofrecimiento ascendió
a $367.725; (iv) la utilidad esperada ascendía a $609.811.239; y (v) los gastos de
representación judicial ascendieron a $113.050.000. De acuerdo con lo anterior,
como resultado del peritaje contable, el señor Medina Rojas concluyó que el valor
total de los perjuicios sufridos por la Fundación Universitaria del Área Andina como
consecuencia de la adjudicación irregular en el proceso licitatorio, ascendió a
$757.929.604.

Ahora bien, el perito Medina Rojas compareció a la audiencia de pruebas celebrada
el 7 de octubre de 202179, a efectos de explicar los fundamentos de su experticia y
de surtir su contradicción de acuerdo con lo ordenado en el artículo 228 del CGP.
En el desarrollo de esta diligencia, a la que también asistieron los apoderados de
las partes, el perito señaló que era contador público con una especialización en
revisoría fiscal y auditoria internacional, así como también que contaba con más de
25 años de experiencia profesional (minuto 32:57 y siguientes).

Bajo el anterior contexto, refirió que la Fundación Universitaria del Área Andina le
solicitó realizar un informe financiero correspondiente a la Licitación Pública No.
CNSC-LP-001, punto en el cual destacó que para su realización tuvo en cuenta los
documentos suministrados para el efecto, los cuales le sirvieron de sustento a la
79 Audiencia de Pruebas celebrada el 7 de octubre de 2021. El registro de audio y video de la

audiencia se encuentra en el link referenciado en el acta de la diligencia. A su vez, el acta de la
diligencia reposa en el CD – que obra a folio 66 del Cuaderno Principal.
48

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

demandante para la confección de su ofrecimiento (minuto 34:37 y siguientes). A
partir de los documentos suministrados, el señor Medina Rojas afirmó que verificó
los siguientes datos para efectos de arribar a las conclusiones que fueron expuestas
en el texto del dictamen pericial (minuto 35:30 y siguientes): (i) las constancias de
los salarios de los funcionarios que participaron en la confección de ofrecimiento;
(ii) los gastos de papelería; (iii) los gastos asociados a la póliza de seriedad del
ofrecimiento; (iv) el presupuesto para la ejecución del contrato estatal en caso de
que resultara adjudicatario, y (v) el contrato de asesoría jurídica que la actora
suscribió con los profesionales que habrían de proteger sus derechos, con ocasión
de la irregular adjudicación en el marco del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001.

Durante el curso de la audiencia de pruebas los apoderados de la Fundación
Universitaria del Área Andina y de la CNSC interrogaron al perito (minuto 44:11 y
siguientes). De un lado, el apoderado de la demandante consultó al perito, única y
exclusivamente, sobre el valor total de los perjuicios sufridos como consecuencia
de la expedición irregular del acto administrativo demandado, frente a lo cual el
señor Medina Rojas se limitó a reiterar el valor total referido en la prueba pericial.
De otra parte, el apoderado de la CNSC formuló varias preguntas al perito en
relación con su idoneidad y la fundamentación del dictamen pericial (minuto 47:13
y siguientes). En efecto, el apoderado de la entidad accionada le preguntó sobre: (i)
su experiencia como perito de la Rama Judicial del Poder Público, punto en el cual
el señor Medina Rojas afirmó que era su primera experiencia; (ii) los estudios que
le permitieran realizar la tasación de perjuicios, ante lo cual el perito manifestó tener
una especialización en revisoría fiscal; y (iii) los documentos que sustentaron el
dictamen pericial, frente a lo cual manifestó no haberlos presentado junto con el
peritaje porque no le fue indicado.

En el trámite de la audiencia de pruebas la representante del Ministerio Público
también interrogó al perito en relación con los fundamentos de la experticia (minuto
59:00 y siguientes). En esta oportunidad procesal, le preguntó sobre la vinculación
de las personas que participaron en la confección del ofrecimiento de la Fundación
Universitaria del Área Andina, ante lo cual perito respondió que eran empleados de
la institución educativa. La representante del Ministerio Público también consultó
sobre la antigüedad de los empleados que participaron en la elaboración de la
propuesta de la Fundación Universitaria del Área Andina, punto en el cual manifestó
no tener el dato exacto en ese preciso momento. Adicionalmente, preguntó sobre la
forma en que calculó el costo de personal para la preparación y presentación de la
propuesta, ante lo cual el perito afirmó que tuvo en cuenta el salario mensual de
cada uno de los funcionarios de la institución educativa destinados a tal labor, sin
confirmar si éstos tuvieron dedicación exclusiva a ese proyecto.

La prueba pericial se encuentra regulada en los artículos 218 a 222 del CPACA y,
en lo supletorio, en el capítulo VI del CGP. De conformidad con lo establecido en el
primer inciso del artículo 22680 del CGP, este medio de prueba resulta procedente
para la verificación de hechos que interesen al proceso y que requieran especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Es así que, el principal objetivo de
la prueba pericial consiste en dotar al juez de información sobre hechos que le
resultan extraños a su conocimiento por ser ajenos a su campo profesional, por lo

80 “ARTÍCULO 226. PROCEDENCIA. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que

interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
49

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

que cobra especial importancia la credibilidad que la prueba pericial pueda llegar a
generar en el operador judicial81.

En este punto viene bien anotar que “[…] la fiabilidad de ese trabajo comporta un
aspecto que no se suscita por el simple rótulo del experto, sino más bien, por la
satisfacción de un conjunto de parámetros que permiten construir, de manera
objetiva, la confianza sobre las opiniones especializadas”82. En este sentido, el
Estatuto Procesal Civil —aplicable por la remisión expresa establecida en el inciso
primero del artículo 21883 del CPACA— edificó la credibilidad o verosimilitud de la
prueba pericial a partir de tres elementos objetivos, como lo son: (i) los fundamentos
de la prueba pericial; (ii) la imparcialidad del perito; y (iii) la idoneidad del perito84. Es
por este motivo que el artículo 226 del CGP establece que el dictamen pericial deberá
acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que
acrediten la idoneidad y la experiencia del perito, al paso que dispone que el dictamen
pericial deberá explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones
efectuadas, así como también los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus
conclusiones.

En igual medida, el precitado artículo 226 ejusdem establece que el dictamen pericial
deberá indicar, entre otros, la siguiente información: (i) la profesión, oficio, arte o
actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su
elaboración, a propósito de lo cual precisa que se deberán anexar los documentos que
lo habilitan para su ejercicio y los títulos académicos y demás documentos que
certifiquen la experiencia profesional, técnica o artística; (ii) la lista de casos en los que
el experto ha sido designado como perito en los últimos 4 años; (iii) si el experto ha
sido designado por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, como perito
en procesos anteriores o en curso; y (iv) si los exámenes, métodos o experimentos e
investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el
ejercicio regular de su profesión u oficio.

De este modo, lo cierto es que al momento de valorar la prueba pericial el juez no solo
deba cotejar que haya sido sometido al principio de contradicción y que la
incorporación al proceso satisfaga las exigencias legales descritas en los artículos
218 a 220 del CPACA y 226 a 231 del CGP, sino que, a su vez, deba ponderar el
cumplimiento de elementos a partir de los cuales se predica su credibilidad, lo que
naturalmente otorga el poder de restar valor o eficacia probatoria a esta prueba, en
consideración de la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito – experto en la materia técnica analizada –, su

81 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC7722-2021 del 24 de junio de

2021, Radicación nº 11001-02-03-000-2021-01718-00.
82 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC7722-2021 del 24 de junio de

2021, Radicación nº 11001-02-03-000-2021-01718-00.
83 “ARTÍCULO 218. PRUEBA PERICIAL. <Artículo modificado por el artículo 54 de la Ley 2080 de

2021. El nuevo texto es el siguiente:> La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en
este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso”.
84 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC7722-2021 del 24 de junio de

2021, Radicación nº 11001-02-03-000-2021-01718-00.
50

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso,
conforme a los artículos 23285 y 23586 del CGP.

Al respecto, conviene agregar que la oportunidad procesal para apreciar o valorar el
dictamen pericial es el momento en que se dirime la controversia y no aquel en que
es decretado o practicado. Sobre este particular, la jurisprudencia de esta Corporación
ha precisado que: “[…] según el artículo 232 del CGP para la valoración del dictamen
pericial, el juez debe tener en cuenta la idoneidad del perito para que, en conjunto con
los demás criterios (solidez, exhaustividad, claridad, precisión y calidad del dictamen),
pueda asignarle valor demostrativo, ejercicio que se hace en la sentencia, como lo
prevé el artículo 187 del CPACA. De manera que, pese a haberse decretado y
practicado, solo será al momento de dictar sentencia cuando debe ser valorado bajo
las reglas de la sana crítica. […]”87. En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia ha indicado que “la sentencia el escenario propicio para
que el juez valore, de acuerdo a cada caso concreto, el apego del trabajo elaborado
por un experto a los requisitos mencionados, pues de su cumplimiento, en mayor o
menor medida, se edificará la fiabilidad y el mérito que será otorgado al medio suasorio
y su incidencia para la solución de cada causa en particular”88.

Bajo el anterior entendimiento, revisado el contenido del dictamen allegado por la
Fundación Universitaria del Área Andina, en conjunto con lo sustentado por el perito
en la audiencia de pruebas y los restantes medios de prueba que obran en el
proceso, la Sala advierte que carece de eficacia probatoria, porque no satisfizo los
presupuestos mínimos que debían reunirse para efectos de generar credibilidad en el
operador judicial. Al respecto, cabe indicar que el dictamen pericial no fue
acompañado con los documentos que demuestran la idoneidad del perito para realizar
el estudio financiero que le fue encomendado, ni mucho menos de aquellos que
acrediten su experiencia en la materia89.
85 “ARTÍCULO 232. APRECIACIÓN DEL DICTAMEN. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con

las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad
de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás
pruebas que obren en el proceso”.
86 “ARTÍCULO 235. IMPARCIALIDAD DEL PERITO. El perito desempeñará su labor con objetividad

e imparcialidad, y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Las partes se abstendrán de aportar
dictámenes rendidos por personas en quienes concurre alguna de las causales de recusación
establecidas para los jueces. La misma regla deberá observar el juez cuando deba designar perito.
El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiendo
incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su
credibilidad. En la audiencia las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias
o rezones que puedan comprometer su imparcialidad. Parágrafo. No se entenderá que el perito
designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una
retribución proporcional por la elaboración del dictamen. Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier
remuneración que penda del resultado del litigio”.
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 6 de

noviembre de 2025, exp. 29229.
88 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC7722-2021 del 24 de junio de

2021, Radicación nº 11001-02-03-000-2021-01718-00.
89 Sobre la falta de idoneidad del perito y su incidencia en la eficacia probatoria, esta Sección se

pronunció en el mismo sentido en sentencia del 21 de febrero de 2025, así: “[…] Tomando en cuenta
lo anterior, es de advertir que el dictamen no cumplió con la información mínima que determine, entre
otras, la profesión del perito, con los documentos que respalden su idoneidad, títulos académicos y
experiencia. Asimismo, se advierte que sus conclusiones no surgieron de la aplicación de un
procedimiento científico, y sus aseveraciones acerca de la inexactitud del inventario de controladores
de tráfico son subjetivas, toda vez que se fundamentaron en apreciaciones y experiencias personales
51

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Aun cuando en el curso de la audiencia de pruebas el señor Medina Rojas hubiere
afirmado que era contador público con una especialización en revisoría fiscal y
auditoria internacional, así como también que contaba con más de 25 años de
experiencia, lo cierto es que no allegó los títulos académicos y demás documentos
que demostraran que ostenta esa profesión y que estaba habilitado para ejercerla,
ni mucho menos los documentos que acreditaran que el perito contaba con la
experiencia profesional referida. Por lo demás, no sobra indicar que en audiencia
de pruebas el señor Medina Rojas reconoció que ésta era su primera experiencia
como perito de la Rama Judicial del Poder Público, lo que, en conjunto con lo
expuesto, impide a esta Sala otorgar credibilidad a la prueba pericial que fue
presentada junto con el libelo introductorio.

A todo lo expuesto en los anteriores términos debe agregarse que la prueba pericial
no da cuenta de las operaciones aritméticas o procedimientos realizados a partir de
la información suministrada por la entidad para arribar a las conclusiones que fueron
expuestas en la pericia, lo que se ve agravado por el hecho de que el señor Medina
Rojas no hubiere acompañado la prueba pericial con los documentos que le
sirvieron de sustento; aspecto que, inclusive, fue reconocido en el interrogatorio al
que fue sometido en el desarrollo de la audiencia de pruebas realizada el 7 de
octubre de 2021. Como es natural, esta circunstancia impide valorar o verificar la
solidez de los fundamentos de la prueba pericial, los cuales ya de por sí mismo son lo
suficientemente superficiales como para otorgarle credibilidad a este medio probatorio.

Vistas así las cosas, de cara a las consideraciones que han sido expuestas, la Sala
concluye que el dictamen pericial allegado al proceso no tiene eficacia probatoria, por
lo que al momento de analizar el caso concreto no se hará referencia a sus
conclusiones, ni a su desarrollo. Como se ha expuesto, las razones que llevan a esta
Subsección a adoptar esta determinación están dadas por el hecho de que la parte
accionante no demostró la idoneidad y experiencia del perito para rendir la experticia,
así como también por el hecho de que las conclusiones de la pericia no estén
edificadas sobre fundamentos sólidos y verificables por parte del operador judicial.

5. Caso concreto

5.1. La Sala anticipa la revocatoria de la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, declarar la nulidad del acto de adjudicación demandado, por cuanto está
acreditado que desconoció el deber de selección objetiva. Tal y como lo advierte la
parte demandante, las pruebas documentales y testimoniales practicadas dentro del
proceso acreditan que en el trámite del proceso licitatorio la CNSC erró en la
aplicación de la fórmula matemática establecida para el método de ponderación
económico de los ofrecimientos, lo que a llevó a considerar la existencia de un
empate que, a la postre, dio lugar a la irregular adjudicación del contrato estatal a la
Universidad Libre. De igual manera, las pruebas obrantes en el expediente
demuestran que, de haber sido aplicada la fórmula matemática en debida forma, la

no sustentadas en información objetiva y verificable. Es por ello que este dictamen no guarda el valor
probatorio suficiente para soportar las alegaciones de la apelante”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de febrero de 2025,
exp. 71583. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2024, exp. 66566.

52

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Fundación Universitaria del Área Andina habría resultado adjudicataria en el marco
del proceso licitatorio.

Es así como, la Fundación Universitaria del Área Andina vio frustrado su derecho a
celebrar y ejecutar el contrato para la realización del concurso de méritos para la
provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa, de
algunas entidades en los departamentos de Bolívar, Atlántico, La Guajira y Norte de
Santander. De allí que la Sala estime procedente acceder al reconocimiento de la
utilidad dejada de percibir como consecuencia de la irregular expedición del acto
administrativo demandado, la cual, dicho sea de paso, se encuentra demostrada a
partir de la propuesta que la institución educativa presentó en el marco del proceso
licitatorio No. CNSC-LP-001.

De otra parte, debe indicarse que la Sala no accederá al reconocimiento de los
gastos reclamados por concepto de la elaboración de la propuesta. Al efecto basta
recordar que, tal y como lo ha considerado de manera pacífica la jurisprudencia de
esta Sección, aquellos constituyen un costo de oportunidad que los oferentes deben
asumir por cuenta de su participación en el proceso licitatorio. Al margen de lo
anterior, lo cierto es que estos perjuicios no están acreditados en el expediente, por
lo que, en cualquier caso, no procedería su reconocimiento.

La Sala tampoco accederá al reconocimiento de los honorarios de asesoría jurídica
que fueron reclamados por la Fundación Universitaria del Área Andina, como
consecuencia de la asesoría y representación jurídica que se hizo necesaria para
reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos con ocasión de la
expedición del acto administrativo demandado. Esta decisión se adopta porque los
gastos reclamados no están probados en el expediente y porque, en todo caso, la
Sala resalta que en esta providencia judicial resolverá lo relativo a la condena en
costas, esto es, determinará el sujeto procesal que debe asumir la carga económica
que, para su contraparte, comportó la comparecencia al proceso judicial, punto en
el cual vale la pena destacar que entre las costas figuran las agencias en derecho
o gastos de apoderamiento o representación judicial.

En igual medida, la Sala se abstendrá de ordenar a la CNSC que expida una
certificación a nombre de la demandante en la que se acredite que ocupó el primer
lugar en el orden de elegibilidad en el proceso de licitación pública No. CNSC-LP-
001. Tal determinación resulta manifiestamente innecesaria, porque la providencia
judicial que en esta oportunidad profiere esta Subsección cumplirá el propósito
perseguido con la certificación, que no es otro distinto a establecer que la Fundación
Universitaria del Área Andina tenía derecho a la adjudicación del contrato estatal
por haber presentado la oferta más favorable para la CNSC.

Finalmente, la Sala declarará de oficio la nulidad absoluta del contrato de prestación
de servicios No. 247 suscrito entre la CNSC y la Universidad Libre, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, según el cual
son absolutamente nulos los contratos estatales cuando se decrete la ilegalidad de
los actos administrativos en que se fundamenten. Aun cuando la parte accionante
no hubiere formulado una pretensión en dicho sentido, lo cierto es que, en aras de
proteger el orden público que debe regir las relaciones jurídicas, “el juez no sólo
tiene la facultad sino el deber de declarar la nulidad absoluta total o parcial de un

53

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

contrato, aun sin petición de parte”90. De ahí que esta Subsección se vea en la
obligación de adoptar la decisión antes referida pues en este proceso judicial se
demostró la ilegalidad del acto de adjudicación de la licitación pública No. CNSC-
LP-001, esto es, el acto administrativo en que se fundamentó la suscripción del
contrato para la realización del concurso de méritos.

Para mayor organización y claridad, a efectos del examen de validez del acto
acusado de cara a los cargos del recurso de apelación, la Sala expondrá su análisis
abordando separadamente los siguientes aspectos, en su orden, a saber: (i) el
objeto del litigio en el presente caso y las razones por las cuales al Tribunal no lo
desbordó; (ii) el deber de selección objetiva en el ordenamiento jurídico colombiano;
(iii) la evaluación económica adelantada por la CSNC y su incidencia en el resultado
final del proceso licitatorio; (iv) la formulación de observaciones en el trámite del
proceso licitatorio; (v) el restablecimiento del derecho en el caso concreto y la
indemnización de perjuicios reclamados por la parte accionante; y (vi) la declaratoria
de nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios No. 247, suscrito entre
la CNSC y la Universidad Libre

5.1.1. El objeto del litigio en el presente caso y las razones por las cuales al
Tribunal no lo desbordó

De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política y en el
artículo 12 de la Ley 270 de 1996, los jueces y magistrados que integran la Rama
Judicial del Poder Público ejercen función jurisdiccional, la cual ha sido definida por
esta Corporación como “[…] la facultad de administrar justicia que corresponde en
abstracto a todos los jueces y que se concreta en uno de ellos en virtud de la
competencia que le otorga el poder de conocer un asunto a un juez determinado”91.
La importancia de la función jurisdiccional en el Estado Social de Derecho está dada
por el hecho de que funge como un mecanismo que permite conservar la paz y la
armonía social que se ve afectada como consecuencia del surgimiento de un
conflicto de intereses, lo que le imprime al desarrollo de esa función un papel
trascendental en la satisfacción del interés general.

Como es natural, el ejercicio de la función jurisdiccional confiere al juez el poder de
decidir con efectos vinculantes los conflictos que son puestos en su conocimiento,
con arreglo a las normas procesales que rigen la ritualidad de cada juicio. En ese
sentido, cabe indicar que el poder de decisión no es absoluto o ilimitado, pues “[e]l
ejercicio de la función de la jurisdicción debe realizarse en forma regulada de
antemano, con el objeto de que se tenga una base cierta sobre el trámite que se
debe seguir en cada caso concreto, evitando así las arbitrariedades y el
desconcierto social que supone su desarrollo sin reglas preestablecidas; por ello, el
instrumento de que se vale el Estado para ejercer su jurisdicción es el proceso, que
se encuentra minuciosamente reglado en las diferentes leyes procesales […]”92.

90 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de agosto de 2006, exp. 31354. Posición reiterada

en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp.
29742.
91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Susbección A, auto

del 27 de marzo de 2008, exp. 0099-2007.
92 LÓPEZ BLANCO, HERNÁN FABIO. Código General del Proceso. Parte Segunda. DUPRE

Editores. Segunda Edición. Bogotá D.C. 2019, P. 156.
54

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Ahora bien, los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo están sometidos en su ritualidad a las normas procesales contenidas
en el CPACA, y en lo no previsto en ellas a las normas procesales que integran el
CGP93. En lo que respecta al contenido de la sentencia, el 18794 del CPACA dispone
que aquella debe ser motivada y debe contener un breve resumen de la demanda
y de su contestación, así como también un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos que se estimen necesarios para fundamentar la decisión. Por su
parte, con mayor precisión el artículo 28195 del CGP dispone que la sentencia debe
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, al igual que
con las razones de defensa de la parte accionada; a propósito de lo cual esta norma
establece que no podrá condenarse al demandado por objeto distinto al pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

De este modo, resulta diáfano que al momento de decidir el juez está limitado en su
análisis a los aspectos esenciales que distinguen la controversia puesta en su
conocimiento, los que afloran a partir de la argumentación expuesta por la parte
activa en el libelo introductorio, así como también por la parte pasiva en la
contestación de la demanda. En línea con lo anterior, cabe agregar que “[…] estos
elementos delimitan el objeto alrededor del cual debe girar el debate del proceso y,
por tanto, los aspectos sobre los cuales ha de recaer el pronunciamiento judicial
final, es decir, constituyen pilares fundamentales que garantizan el ejercicio, entre
otros, del derecho de acción y, correlativamente, del de contradicción y, a su vez,
imponen al juez el deber de fallar de manera congruente con lo pretendido en la
demanda y su fundamento”96.

Por lo demás, no sobra señalar que el respeto de los límites que impone el principio
de congruencia cobra especial relevancia en el marco del proceso judicial que se
adelanta bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Ello,
habida cuenta de que este medio de control, conforme lo ha considerado la
jurisprudencia de esta Sección97, responde a la regla técnica de justicia rogada

93 “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de
los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
94 “ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella

se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y
de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar
las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas”.
95 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y

las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta […]”.

96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 27 de agosto de 2021, exp. 52434.
97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 2 de agosto de 2024, exp. 68965.
55

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

teniendo en consideración que: (i) por expresa disposición del artículo 8898 del
CPACA los actos administrativos están dotados de una presunción de legalidad, por
lo que corresponde a los particulares desvirtuar ese atributo a través de la
formulación de los cargos de nulidad de cara a las causales establecidas en el inciso
segundo del artículo 13799 del CPACA; y (ii) los jueces no son superiores jerárquicos
de las autoridades administrativas, y, por ello, no les corresponde adelantar un
control oficioso de legalidad de los actos que expiden las autoridades
administrativas.

Pues bien, en el caso concreto la controversia gira en torno a la evaluación de los
ofrecimientos presentados en el curso del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001 y,
en concreto, a la asignación del puntaje por concepto del factor económico que fue
incluido en el pliego de condiciones como una variable de selección. En criterio de
la parte accionante, la CNSC erró en la aplicación de la fórmula correspondiente al
método escogido para la comparación de las propuestas en el componente
económico, lo que dio lugar a considerar la existencia de un empate que, a la postre,
llevó a adjudicar el contrato a la Universidad Libre a partir de la aplicación de los
criterios de desempate establecidos en el pliego de condiciones. De este modo, la
demandante consideró que el acto administrativo estaba viciado de nulidad como
consecuencia del desconocimiento del deber de selección objetiva, así como
también por estar falsamente motivado.

En contraposición a lo planteado por la Fundación Universitaria del Área Andina, la
CNSC señaló que no incurrió en yerro alguno en el proceso de evaluación de los
ofrecimientos, al tiempo que refirió que, en cualquier caso, la demandante no alegó
en el marco del proceso licitatorio que la entidad hubiere incurrido en un error en la
evaluación de los ofrecimientos. La Universidad Libre, por su parte, sostuvo que el
acto administrativo demandado no estaba viciado de nulidad, al considerar que la
evaluación adelantada por la CNSC se ciñó estrictamente a las reglas establecidas
en el pliego de condiciones, punto en el cual resaltó que era falso que el puntaje
asignado en su favor se hubiere basado en la errada e ilegítima aplicación de las
condiciones objetivas definidas en el pliego de condiciones.

En estos términos, la Sala encuentra que la demandante centró su reproche de
ilegalidad en la indebida evaluación del componente económico de los ofrecimientos,
lo que fue refutado por las entidades accionadas al contestar la demanda. Es así que
el análisis de legalidad del acto administrativo de adjudicación demandaba la revisión
de la evaluación del componente económico de los ofrecimientos y, en ese contexto,
exigía determinar si la entidad incurrió en un error en la aplicación de la fórmula
establecida para la ponderación de los ofrecimientos en el componente económico, lo
que debía ser verificado de cara a las pruebas que fueron decretadas y practicadas
en el proceso judicial. De ahí que, en criterio de esta Subsección, el análisis

98 “ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se
resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar”.
99 “ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,

que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. […]” .

56

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

desarrollado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para negar las
pretensiones de la demanda guardara congruencia con los elementos esenciales de
la controversia que fue puesta en conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en esta oportunidad.

Para la Sala resulta entonces desatinado lo alegado en la alzada en el sentido de que
el debate debió haberse centrado en el estudio de las repercusiones que para el
proceso licitatorio comportó el error en que incurrió la CNSC. Por más de que la
Fundación Universitaria del Área Andina considerara que el error en que incurrió la
entidad accionada estaba suficientemente demostrado, inclusive, antes del inicio del
proceso judicial, lo cierto es que le asistía la carga de desvirtuar la legalidad del acto
administrativo demandado en el marco del proceso judicial de la referencia y, en ese
sentido, allegar al proceso los medios probatorios pertinentes para demostrar la
irregularidad sobre la cual centró su reproche de ilegalidad, esto es, el supuesto error
en que incurrió la entidad accionada al adelantar el análisis de comparación de las
propuestas en el componente económico.

A lo anterior debe añadirse que el objeto del litigio fijado en audiencia inicial de manera
alguna limitó los aspectos sobre los cuales habría de recaer el pronunciamiento
judicial. Al respecto, cabe señalar que, en el curso de esa diligencia, al fijar el objeto
del litigio, el Tribunal estableció que en la sentencia habría de determinarse si
resultaba procedente declarar la nulidad del acto administrativo demandado y si, como
consecuencia de ello, resultaba procedente adjudicarle el contrato a la Fundación
Universitaria del Área Andina o reconocerle la utilidad dejada de percibir y los gastos
de preparación de la propuesta100. En cualquier caso, la jurisprudencia de esta
Sección ha considerado que “[…] la fijación del litigio no constituye una camisa de
fuerza para el operador judicial, pues en aras de hacer efectivo el derecho de acceso
a la administración de justicia, el juez se encuentra facultado para determinar si la
decisión debe limitarse al problema jurídico planteado en la audiencia inicial o si debe
ser ampliado”101. De ahí que en todo caso el Tribunal habría tenido que pronunciarse
sobre la prueba de la irregularidad alegada, pues ello se constituyó como el eje central
del reparo de ilegalidad formulado contra el acto administrativo de adjudicación.

De otra parte, llama la atención el hecho de que la Fundación Universitaria del Área
Andina hubiere sostenido en su alzada que el error en que incurrió la entidad era un
hecho notorio que, a la luz del artículo 167 del CGP, no requería prueba. Sobre este
particular es del caso señalar que el hecho notorio ha sido definido por la doctrina
como “[…] aquel conocido por personas de mediana cultura, dentro de un determinado
conglomerado social, en el tiempo que se produce la decisión y que es conocido por

100 El objeto del litigio fue fijado en el trámite de la audiencia inicial, así: “Se deberá establecer si hay

lugar a que se declare la nulidad de la Resolución No. CNSC 20191400021505 del 3 de abril de
2019, “Por la cual se materializa una decisión de Sala Plena de Comisionados para adjudicar el
proceso de Licitación Pública No. CNSC-LP-001 de 2019”, expedida por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, con la cual se adjudicó el proceso de licitación pública No. CNSC-LP-001 de 2019 a la
Universidad Libre, y si resulta procedente como restablecimiento se adjudique la licitación a la
Fundación Universitaria del Área Andina o se reconozcan las utilidades dejadas de percibir por lo
dejado de percibir de haber sido el adjudicatario y los gastos generados al demandante en la
elaboración de la oferta”.
101 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 4 de diciembre de 2020, exp. 60307.
57

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

el juez”102. Por su parte, esta Corporación ha indicado que el hecho notorio es “[…]
una circunstancia fáctica de conocimiento general, «cuya existencia puede invocarse
sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se
halle en capacidad de observarlo». Aquel, además, puede ser actual o permanente,
no se requiere que el conocimiento sea universal y basta con que las personas de
mediana cultura y el juez lo conozcan”103.

Al efecto, vale la pena agregar que el hecho notorio debe ser alegado en la
oportunidad procesal pertinente para que la contraparte tenga la oportunidad de
controvertirlo, y para que el juez pueda estudiar la procedencia de reconocerlo como
tal en la sentencia104. Ello, pues “sostener que, aunque no se haya alegado el hecho
notorio, ni se haya dicho nada al respecto, durante el proceso, el juez pueda tenerlo
en cuenta en la sentencia, en forma sorpresiva, constituye una abierta pretermisión
del derecho de defensa”105.

Dicho lo anterior, la Sala considera que el error endilgado a la CNSC en este caso no
podía tenerse como un hecho notorio porque la parte demandante no elevó una
solicitud en ese sentido en el libelo genitor, oportunidad en la que debió hacerlo para
que la contraparte pudiera controvertir esa determinación, así como también para que
el Tribunal pudiera estudiar la procedencia de esa solicitud en la sentencia de primera
instancia. Sumado a lo anterior, vale la pena destacar que con el libelo introductorio la
parte accionante allegó un abundante material probatorio documental, al paso que
solicitó la práctica de varios testimonios con el propósito de demostrar los hechos
objeto del litigio. De ahí que la misma conducta procesal de la parte accionante
evidenciara que el error en que incurrió la entidad debía ser objeto de prueba, o lo que
es lo mismo, no podía tenerse como un hecho notorio.

En este mismo sentido, conviene señalar que la conducta desplegada por la entidad
accionada en el proceso licitatorio no resulta un hecho conocido de manera
generalizada por el conglomerado social. Por más de que el proceso licitatorio hubiere
cumplido con la publicación de sus actos en un registro público como lo es el sistema
electrónico para la contratación pública – SECOP, lo cierto es que las decisiones que
en el interior de dicho proceso se tomaron no fueron notorias para el conglomerado
social, o por lo menos esta Subsección no cuenta con elementos probatorios que
permitan determinarlo. Sobre este punto cabe distinguir, además, que una cosa es
que las pruebas que fueron arrimadas al proceso demuestren de manera contundente
un hecho objeto de discusión, mientras que otra muy distinta es que el hecho sea
conocido de manera generalizada en un determinado conglomerado social por su
difusión, publicidad, divulgación o notoriedad, lo que se insiste no ocurrió en este caso.

En estas condiciones, de cara a los argumentos que han sido expuestos, la Sala
concluye que la sentencia de primera instancia resultó congruente con los elementos
esenciales de la controversia que fue puesta en su conocimiento. En efecto, el análisis

102 PARRA QUIJANO, JAIRO. Manual de Derecho Probatorio. Librería Ediciones del Profesional

Ltda. Decima Séptima Edición. Bogotá D.C. 2009, P. 136.
103 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 1 de julio de 2025, radicado 11001-03-15-000-2025-02792-00.
104 LÓPEZ BLANCO, HERNÁN FABIO. Código General del Proceso. Pruebas. DUPRE Editores.

Bogotá D.C. 2019, P. 80 a 83.
105 PARRA QUIJANO, JAIRO. Manual de Derecho Probatorio. Librería Ediciones del Profesional

Ltda. Decima Séptima Edición. Bogotá D.C. 2009, P. 137.
58

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

de legalidad del acto administrativo de adjudicación exigía verificar si la entidad incurrió
en un error al adelantar el ejercicio de comparación de los ofrecimientos, puesto que
esa fue la irregularidad sobre la cual se centró el reproche de ilegalidad formulado en
su contra. Adicionalmente, cabe insistir en que el error endilgado a la CNSC no podía
tenerse como un hecho notorio, porque la parte accionante no lo solicitó en la
oportunidad procesal pertinente y porque, en cualquier caso, el error endilgado a la
entidad accionada no era un hecho conocido de manera generalizada por el
conglomerado social.

En el anterior orden, no prospera el primer cargo formulado contra la sentencia de
primera instancia, según el cual el Tribunal desbordó el objeto del litigio al centrar el
debate alrededor de la prueba del error en que incurrió la demandada en el ejercicio
de evaluación del componente económico de los ofrecimientos. Por el contrario, se
insiste en que esa fue una determinación que se ajustó a los elementos esenciales de
la controversia que fue delimitada por los sujetos procesales.

5.1.2. El deber de selección objetiva en el ordenamiento jurídico colombiano

De conformidad con lo prescrito en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación
estatal se erige como uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado
cumple sus fines esenciales. Para lograr la efectividad de los derechos e intereses
de los administrados, el Estado requiere de obras, bienes y servicios que obtiene a
partir de la colaboración de los particulares, quienes deben ser contratados a través
de los procedimientos de selección regulados en el EGCAP.

El proceso de formación de la voluntad de la Administración Pública, a diferencia de
lo que ocurre en la contratación entre particulares, supone el agotamiento de un
procedimiento eminentemente reglado. En efecto, el EGCAP establece: (i) los
procedimientos de selección que deben ser adelantados para la contratación de
obras, bienes y servicios; (ii) las características de cada uno de estos
procedimientos, con lo que define su procedencia en cada caso dependiendo de la
necesidad específica que tenga la Administración Pública; (iii) las etapas que deben
surtirse para efectos de la escogencia del contratista, así como también las reglas
y principios con base en los cuales debe adelantarse el respectivo procedimiento de
selección y adoptarse la decisión final; y (iv) los presupuestos bajo los cuales debe
suscribirse el contrato estatal.

En tal sentido, resulta razonable entender, como lo ha hecho la jurisprudencia de
esta Corporación, que la Administración Pública no se encuentra en una posición
de libertad absoluta para seleccionar a sus contratistas, en la medida en que “[…]
está sujeta a los procedimientos preestablecidos en las leyes y reglamentos,
inspirados en una doble finalidad: 1º asegurar la eficiencia en el cumplimiento del
contrato; y 2º evitar toda sospecha de inmoralidad en la respectiva negociación, de
lo cual se deduce que la decisión de contratar y la adjudicación de un contrato no
es una facultad enteramente discrecional de las entidades públicas que integran
aquella”106.

En este punto viene bien anotar que la Ley 80 de 1993, tal y como lo ha reconocido

106 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de

diciembre de 2007, exp. 24715.
59

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

la doctrina107 y la jurisprudencia108, es una ley eminentemente de principios que
deben guiar la actuación de la Administración Pública en el marco del procedimiento
de selección109, pero que también cuenta con reglas que prescriben parámetros de
conducta tendientes a permitir, mandar o prohibir. De ahí que la jurisprudencia de
esta Sección haya entendido que “[…] la Ley 80 de 1993 contiene en forma
sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la
realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado y, en rigor, a los
cuales se encuentran sujetos los procesos de selección que adelanten las entidades
públicas cuando deseen contratar bien bajo la modalidad de la licitación pública o
mediante la contratación directa”110.

Pues bien, en materia precontractual, el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 establece
las reglas conforme con las cuales debe adelantarse el procedimiento de licitación
pública. En dicho contexto, el numeral 2111 de la referida disposición normativa
determina la obligación a cargo de las entidades estatales de elaborar el pliego de
condiciones que debe gobernar el procedimiento administrativo, punto en el cual

107 “La Ley 80 de 1993 en su concepción inicial es una ley de principios, a diferencia del Decreto 222

de 1983, que era un cuerpo de reglas; […] Cuando se afirma que la Ley 80 es una ley de principios,
se está manifestando que se promulgó bajo la hipótesis de que ha de resultar aplicable tanto a
situaciones presentes como futuras y que, sin importar el caso concreto que se esté presentando, o
las circunstancias que lo rodeen, la norma debe proveer de los mecanismos necesarios para
afrontarlo, por cuanto indica los valores que deben prevalecer. Por consiguiente, no se trata de un
estatuto caracterizado por prohibiciones o por formalismos. Es, más bien, un conjunto de reglas
sobre la administración de un contrato.” DÁVILA VINUEZA, LUIS GUILLERMO. Régimen Jurídico de
la Contratación Estatal. Legis Editores S.A.Tercera Edición. Bogotá D.C. 2016, Pgs 26 – 27.
108 “2.2.1. La Ley 80 de 1993 es, entonces, una ley esencialmente de principios de estirpe

constitucional y desarrollo legal, por oposición al anterior estatuto de contratación (Decreto - ley 222
de 1983) que lo era absolutamente de reglas, lo cual constituye una diferencia sustancial en el
entendimiento del estudio del derecho que informa la contratación estatal. Como atrás se señaló, la
Ley 80 de 1993 contiene en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que
deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado y, en rigor, a los
cuales se encuentran sujetos los procesos de selección que adelanten las entidades públicas cuando
deseen contratar bien bajo la modalidad de la licitación pública o mediante la contratación directa.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de
diciembre de 2007, exp. 24715.
109 En este sentido, debe destacarse que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que “Las

actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que
rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios
generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” En la misma línea, el artículo
28 de la misma Ley establece que “En la interpretación de las normas sobre contratos
estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las
cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de
que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos
que caracteriza a los contratos conmutativos.”
110 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de

diciembre de 2007, exp. 24715.
111 “ARTÍCULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. <Aparte

tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> La licitación o concurso se efectuará
conforme a las siguientes reglas: […] 2o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150
de 2007> La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos
de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los
cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación
jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores
objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren
necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas.”
60

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

agrega que aquel debe detallar aspectos relativos al contrato tales como su objeto
y regulación jurídica, así como también las condiciones de escogencia y todas las
demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias, con
el propósito de adoptar una decisión que permita asegurar las condiciones más
favorables para satisfacer la necesidad específica que tenga la Administración
Pública.

Al mismo tiempo, la Ley 80 de 1993 establece que los pliegos de condiciones deben
estar integrados por reglas que reúnan unas características específicas, con el
propósito de permitir la participación en el procedimiento de selección en igualdad
de condiciones, al tiempo que asegurar la selección objetiva del contratista. En tal
sentido, el numeral 5 del artículo 24 ejusdem112, al sentar las bases del principio de
transparencia que debe ser observado en la etapa precontractual, dispone que en
el pliego de condiciones la entidad estatal debe (i) indicar los requisitos objetivos
necesarios para participar en el proceso de selección; (ii) definir reglas objetivas,
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma
índole y una escogencia objetiva; (iii) establecer con precisión las características de
los bienes, obras o servicios requeridos; (iv) incluir reglas que no induzcan a error
y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que
dependan de la voluntad exclusiva de la entidad; y (v) abstenerse de incluir
condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, así como también exenciones
de la responsabilidad derivada de los informes, datos y documentos suministrados.

Bajo este contexto normativo, el legislador impuso a las entidades estatales el deber
de escoger a sus contratistas en atención a los factores y criterios establecidos en
el pliego de condiciones, los cuales, en un primer momento, fueron asociados a
aspectos relativos tanto a la oferta como al proponente mismo. Al punto, viene bien
recordar que el deber de selección objetiva estuvo regulado en el artículo 29 de la
Ley 80 de 1993, cuyo tenor literal era el siguiente:

“ARTÍCULO 29. La selección de contratistas será objetiva.

112 “ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: […]

5o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> En los pliegos de
condiciones o términos de referencia: […]
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de
selección.
b) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley
1150 de 2007> Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección
de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de
desierta de la licitación o concurso.
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios
necesarios para la ejecución del objeto del contrato.
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la
entidad.
Jurisprudencia Vigencia
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta
su objeto, naturaleza y cuantía.
<Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Serán ineficaces de pleno
derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que
contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia
de los hechos aquí enunciados.[…]”
61

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de
escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo,
precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los
pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción
del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. El
menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos, no será objeto de
evaluación.

El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado
y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores
designados para ello. […]”

Esta norma fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, en atención a
las dificultades que en el campo práctico comportó para la escogencia objetiva del
contratista. Estas dificultades han sido abordadas y analizadas por la doctrina,
haciendo alusión al hecho de que, al regular los pormenores bajo los cuales debía
cumplirse el deber de selección objetiva, el artículo 29 de la Ley 80 de 1993
“confundía criterios predicables de la persona del oferente que en sí mismos nada
dicen de la oferta, con factores propios de la propuesta, lo que daba lugar a que
muchas veces se escogiera a la oferta que en realidad no era la mejor sino la que
era presentada por un proponente con condiciones personales sobresalientes pero
sin ningún valor agregado dado el objeto del contrato”113. De este modo, el legislador
optó por “[…] dividir las condiciones del ‘oferente’ e independizarlas de las
condiciones de la “oferta” para evitar las distorsiones ya citadas y lograr con ello que

113 DÁVILA VINUEZA, LUIS GUILLERMO. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. Legis
Editores. Bogotá D.C. 2016, Pgs 354 a 355. En el mismo sentido, María Teresa Palacio Jaramillo
expone que: “Si se observa con detenimiento la redacción del artículo 29 de la Ley 80/93, se puede
determinar que, en su segunda parte, precisamente la modificada, es fácil llegar a confundir dos
aspectos del proceso de selección que en la realidad son bien diferentes y que al mezclarlos estaban
produciendo efectos nocivos en la definición de lo que debería entenderse como oferta más
favorable. En efecto, la citada norma no establecía diferencia alguna entre la evaluación de un
"oferente" y la valoración de una "oferta", procediendo a dar puntaje de manera indiscriminada a los
dos, para obtener un resultado final. Con el propósito de ilustrar el punto se tenía, por ejemplo, que
en una propuesta para construir un puente peatonal donde se daba un significativo puntaje a la
experiencia en contratos anteriores o a las especializaciones obtenidas por su ingeniero residente o
al cumplimiento de contratos, recayendo la adjudicación, obviamente, en el oferente que más títulos
universitarios demostrara o más kilómetros de pavimento hubiere instalado, cuando lo
verdaderamente requerido para construir esa obra, en específico, era la participación efectiva y real
de un ingeniero civil idóneo y competente. Las distorsiones que esto causaba en el precio y en la
ejecución de la obra eran evidentes, por cuanto el Estado terminaba pagando un costoso Ingeniero
de altísimas especialidades y calificaciones y con una rica trayectoria en proyectos de infraestructura,
para terminar recibiendo un producto (puente peatonal) construido por un ingeniero civil con pocos
años de graduado y una experiencia razonable para este tipo de proyecto, adquiriendo un puente
excesivamente costoso, construido sin la participación de quien presentaba las credenciales
exigidas, pudiéndose concluir que, en muchos casos, se estaban comprando títulos y experiencia
propias del oferente y no se lograban ofertas idóneas, a buenos precios y condiciones, que es en
realidad lo que se busca y requiere.” PALACIO JARAMILLO, MARÍA TERESA. Contratos Estatales
Tomo I. Principio de Selección Objetiva. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá D.C. 2022 Pgs. 381 a 382.
62

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

la entidad pudiera conocer a su futuro contratista, valorando que su proyecto sea el
realmente requerido y le brinde una confianza razonable de cumplimiento”114.

Fue así que el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007115 identificó los requisitos
necesarios para participar en el procedimiento de selección bajo un linaje subjetivo
o, si se quiere, bajo criterios ligados a las condiciones del oferente, al determinar
que “La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y
de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no
otorgarán puntaje […]”, salvo en procesos de selección como el concurso de méritos
para la escogencia de consultores, en donde la experiencia debe ser tenida como
un factor ponderable. En contraste, la norma asoció los factores de selección con el
ofrecimiento mismo y no con las calidades o condiciones del proponente, al disponer
que el aspecto económico y técnico de los ofrecimientos son los elementos que
deben tenerse en cuenta para efectos de la asignación del puntaje, sin limitar la
posibilidad de que las entidades incluyan otro tipo de requisitos relativos al
ofrecimiento mismo.

Bajo este panorama, el artículo 5 ejusdem establece que “es objetiva la selección
en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en
general, cualquier clase de motivación subjetiva […]”, y al mismo tiempo dispone
que “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los
mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la
más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos […]”.

En estos precisos términos, la doctrina ha expuesto que el deber de selección
objetiva debe ser entendido bajo una doble acepción. De un lado, como un
parámetro de conducta que limita la discrecionalidad de los agentes estatales al
prohibir que la selección del contratista sea efectuada con sustento en factores
subjetivos, como lo sería, por ejemplo, una escogencia fundada en motivaciones de
orden político, cultural o racial. Y de otro lado, como una regla de conducta que
exige las entidades estatales escoger al contratista que represente las condiciones
más favorables, teniendo en consideración los factores de selección previamente
definidos en el pliego de condiciones, así como los criterios de ponderación allí
establecidos116.

De ahí que la jurisprudencia de esta Sección haya considerado que “[…] las
entidades estatales honrarán el principio de selección objetiva siempre que cumplan
el deber legal de aplicar rigurosamente los criterios de selección y su respectiva
ponderación, los cuales, a su vez, deben haber sido establecidos en forma clara,

114 PALACIO JARAMILLO, MARÍA TERESA. Contratos Estatales Tomo I. Principio de Selección

Objetiva. Grupo Editorial Ibáñez. Tomo I. Bogotá D.C. 2022 P. 382.
115 En este punto es del caso señalar que en el momento en que se adelantó el procedimiento de

selección ya había entrado en vigencia la Ley 1882 de 2018, cuyo artículo 5 modificó el parágrafo 1
del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 e incluyó los parágrafos 3, 4 y 5 a la citada disposición
normativa.
116 DÁVILA VINUEZA, LUIS GUILLERMO. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. Legis

Editores. Bogotá D.C. 2016, P. 351.
63

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

precisa y detallada en el pliego de condiciones; sólo de esta manera podrá elegirse
la propuesta que, atendidos los fines que ella busca y obtenido el mayor puntaje de
la aplicación estricta de tales factores, resulte ser la más favorable para la
entidad”117.

En el anterior sentido, la Sala precisa que el desconocimiento del deber de selección
objetiva no solo se materializa cuando la entidad a cargo del procedimiento de
selección se aparta de las reglas que incluyó en el pliego de condiciones para la
escogencia del proponente que represente las condiciones más favorables, sino
también cuando aplica en indebida forma las reglas que confeccionó con el anotado
propósito. Como es natural, en uno y otro caso habrá de estar demostrada una
consecuencia adversa al interés público, que no es otra distinta a que la desatención
en que incurra la entidad estatal —sea apartarse de las reglas del pliego de
condiciones o aplicarlas en forma indebida— debe tener como consecuencia la
selección de un oferente cuya propuesta no representó las condiciones más
favorables para la satisfacción de la necesidad que motivó la apertura del proceso
licitatorio.

Ahora bien, no puede dejarse de lado que la selección objetiva no es un deber que
se predique de manera exclusiva y excluyente de la etapa de adjudicación del
contrato. De hecho, su plena observancia implica adoptar medidas adecuadas
desde la etapa misma de confección del pliego de condiciones, en el cual deben
incorporarse requisitos razonables para la participación en el procedimiento de
selección en función de la naturaleza del contrato que se pretenda suscribir, así
como también factores de selección claros, justos, objetivos y completos que
permitan una escogencia de la propuesta más favorable. En estos términos, resulta
razonable entender que la observancia del deber de selección objetiva depende de
una adecuada estructuración del negocio jurídico que se pretende celebrar, y, por
supuesto, del sometimiento del procedimiento de selección a un conjunto de reglas
que permitan una escogencia objetiva.

Lo hasta aquí expuesto permite a la Sala concluir que el deber de selección objetiva
guarda estrecha relación con la satisfacción del interés general perseguido con la
contratación estatal, en tanto delimita el camino de la gestión precontractual y, en
dicho contexto, define la forma en que las entidades estatales deben escoger al
contratista, con el propósito de asegurar las condiciones más favorables para
satisfacer la necesidad específica que motiva la apertura del procedimiento de
selección. En el mismo orden, debe anotarse que la plena observancia del deber de
selección objetiva se erige como un instrumento o medio para la satisfacción de los
principios de igualdad, transparencia y legalidad que deben ser acatados en la etapa
precontractual, en la medida en que la observancia de los factores de selección
establecidos en el pliego de condiciones evita escenarios de desviación o abuso de
poder, al tiempo que asegura un tratamiento igualitario para los participantes en el
procedimiento de selección.

No en vano la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que “[…] el deber de
selección objetiva constituye uno de los principios más importantes de la
contratación pública, dada su virtualidad de asegurar el cumplimiento de los demás,

117Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 26967.
64

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

como que con él se persigue garantizar la elección de la oferta más favorable para
la entidad y el interés público implícito en esta actividad de la administración,
mediante la aplicación de precisos factores de escogencia, que impidan una
contratación fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa
o subjetiva, lo cual sólo se logra si en el respectivo proceso de selección se han
honrado los principios de igualdad, libre concurrencia, imparcialidad, buena fe,
transparencia, economía y responsabilidad”118.

5.1.3. La evaluación económica adelantada por la CSNC y su incidencia en el
resultado final del proceso licitatorio

En el proceso está demostrado que la CNSC abrió el procedimiento de licitación
pública No. CNSC-LP-001, con el objeto de contratar la realización del concurso de
méritos para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera
administrativa de algunas entidades en los departamentos de Bolívar, Atlántico, La
Guajira y Norte de Santander, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos,
hasta la consolidación de la información para la conformación de la lista de
elegibles.

El pliego de condiciones del proceso licitatorio estableció los requisitos habilitantes
para participar en el procedimiento de selección, así como también los factores
ponderables conforme con los cuales debía escogerse al oferente que adelantaría
el concurso de méritos para la provisión de las vacantes del sistema general de
carrera administrativa. Entre los factores de selección incluidos en el pliego de
condiciones figuraba el económico, el cual otorgaba una calificación máxima de 390
puntos al proponente que realizara el ofrecimiento más favorable de acuerdo con la
aplicación del método de media geométrica con presupuesto oficial.

Como se indicó en el acápite anterior, la observancia del deber de selección objetiva
en el contexto de la contratación estatal exige que la entidad a cargo del proceso de
selección escoja al oferente que represente las condiciones más favorables, de
acuerdo con la rigurosa aplicación de los criterios establecidos para factores de
selección definidos en el pliego de condiciones. En el anterior orden, la evaluación
del componente económico de los ofrecimientos en el caso objeto de estudio debía
ser realizada de cara a las reglas que fueron establecidas en punto al método de
media geométrica con presupuesto oficial, las cuales, como primera medida, exigían
determinar la media geométrica teniendo en consideración el valor de los
ofrecimientos económicos realizados por los proponentes que resultaron
habilitados, así como también el valor del presupuesto oficial fijado en el pliego de
condiciones.

De ahí que, en desarrollo de lo reglado, estos valores debían ser aplicados de cara
a los elementos que integraban la fórmula para la determinación de la media
geométrica, los cuales fueron detallados en el pliego de condiciones, así:

Donde,

118Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de mayo de 2012, exp. 21489.
65

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
Nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
N = Número de propuestas válidas.
PO = Presupuesto oficial
Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente.

Posteriormente, una vez establecida la media geométrica, la entidad debía proceder
al segundo y último paso que comprendía el método escogido para adelantar el
análisis de comparación de los ofrecimientos en el componente económico, el cual
consistía en asignar el puntaje a cada uno de los proponentes habilitados en función
de la siguiente fórmula:

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.
i = Número de propuestas.
PM = Puntaje máximo de evaluación económica.

En estos términos, resulta diáfano que la evaluación económica que debía realizar
el comité asesor y evaluador designado en el proceso licitatorio, consistía en una
operación aritmética que debía ser adelantada con rigurosa sujeción a cada uno de
los elementos que integraban las fórmulas establecidas para el efecto, así como
también con estricta fidelidad a la información que reportara cada una de las
propuestas presentadas por los oferentes que resultaron habilitados. Ello, pues
cualquier alteración en la aplicación de las reglas establecidas para el método de
ponderación al que se ha hecho referencia, tenía la virtualidad de variar el resultado
final del ejercicio de evaluación económica de los ofrecimientos y, con ello, el
resultado final del proceso licitatorio.

Ahora bien, en el expediente obra el informe final de evaluación de las propuestas
realizado por el comité asesor y evaluador designado por la CNSC, el cual fue
publicado el 3 de abril de 2019. Esta prueba documental acredita que la Fundación
Universitaria del Área Andina y la Universidad Libre fueron los oferentes que
resultaron habilitados en el proceso licitatorio, por lo que el comité asesor y
evaluador procedió a la calificación de sus ofrecimientos de acuerdo con los factores
de ponderación establecidos en el pliego de condiciones, obteniendo el siguiente
resultado en relación con aquellos factores de selección diferentes al económico:

66

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

En el marco de la etapa de evaluación final de las propuestas la CNSC también
adelantó la evaluación del componente económico de los ofrecimientos. Al respecto,
es del caso señalar que sobre este particular obran en el expediente (i) el
memorando del 1 de abril de 2019 por medio del cual el comité asesor y evaluador
financiero comunicó a la Oficina Jurídica de la CNSC el resultado de la evaluación
económica, el cual arrojó un empate entre la Fundación Universitaria del Área
Andina y la Universidad Libre; y (ii) el documento en el que consta el resultado de
la evaluación económica adelantada por el comité asesor y evaluador financiero, el
cual especificó el valor de la media geométrica con presupuesto oficial, el valor de
los ofrecimientos realizados por los proponentes habilitados, la diferencia que cada
ofrecimiento económico representó respecto de la media geométrica, y la
calificación asignada a cada uno de los oferentes, la cual ascendió a 389.98 puntos.

Al respecto, conviene advertir que los documentos que fueron allegados al
expediente no demuestran la forma en que el comité asesor y evaluador financiero
dio aplicación a la fórmula establecida en el pliego de condiciones para determinar
la media geométrica, ni mucho menos la forma en que aplicó la fórmula establecida
para asignar el puntaje por concepto del factor económico. Tal y como se desprende
de lo que viene de señalarse, los documentos que se refieren a la evaluación
económica de los ofrecimientos dan cuenta del resultado del ejercicio comparativo,
más no del proceso adelantado para arribar al resultado que dio lugar al empate
entre la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad Libre. De ahí que
el ejercicio probatorio en este caso se viera enfrentado a una dificultad mayor, en
tanto la información suministrada en el procedimiento licitatorio impedía detectar el
error específico en que incurrió la entidad demandada en el proceso de evaluación
del componente económico de las propuestas.

Pese a lo anterior, la Sala considera que los medios probatorios que obran en el
expediente demuestran que el resultado final del procedimiento licitatorio No.
CNSC-LP-001 se vio alterado como consecuencia de un error en la evaluación del
componente económico de los ofrecimientos. En efecto, en el proceso está probado
que el comité asesor y evaluador designado por la CNSC erró en la aplicación de la
fórmula establecida para la ponderación de los ofrecimientos de cara al método de
media geométrica con presupuesto oficial, así como también que esa irregularidad
incidió de manera particular y concreta en el resultado final del proceso licitatorio.
De hecho, está acreditado que, de haber aplicado de manera adecuada la fórmula

67

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

establecida para la ponderación de los ofrecimientos, la Fundación Universitaria del
Área Andina habría resultado adjudicataria en el marco del proceso licitatorio.

Como sustento de lo expuesto, la Sala debe empezar por indicar que al proceso fue
allegada la ficha técnica de presentación de casos para estudio de la Sala Plena de
Comisionados de la CSNC, por medio de la cual Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso,
en su calidad de miembro del comité asesor y evaluador designado dentro del
proceso licitatorio No. CNSC-LP-001, solicitó autorización para iniciar las gestiones
tendientes para la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación, o para
iniciar un proceso de nulidad en el que se solicitaran medidas cautelares de urgencia
con el propósito de retrotraer la actuación a la audiencia de adjudicación. Las
razones que justificaron esta solicitud, fueron las siguientes:

“[…] DÉCIMO QUINTO: El 4 de abril de 2019 el Comité Asesor y Evaluador encontró
una inconsistencia en la hoja de cálculo utilizada para determinar el puntaje de la
evaluación económica, en consecuencia, el resultado de la evaluación quedaría de
la siguiente manera:

DÉCIMO SÉPTIMO: Teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación modifica
el proponente adjudicatario, los miembros del Comité Asesor y Evaluador,
recomiendan a la Sala Plena de la COMISIÓN, autorizar los trámites pertinentes
para: 1) la revocatoria del acto administrativo de adjudicación contenido en la
Resolución No. 20191400021505 del 3 de abril de 2019, siempre que la Universidad
Libre otorgue su consentimiento en los términos previstos por el artículo 97 de la
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), o 2) proceder en caso contrario con el medio de control de
nulidad con solicitud de medidas cautelares de urgencia, para regresar la actuación
a la audiencia de adjudicación”.

En este punto la Sala destaca que el contenido de la prueba documental
anteriormente referenciada guarda congruencia con lo relatado por el testigo Byron
Adolfo Valdivieso Valdivieso, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la CNSC al
momento en que se adelantó el proceso licitatorio. Es así como, en su declaración
reconoció que el comité asesor y evaluador designado en el proceso licitatorio
incurrió en un error en el proceso de evaluación del componente económico de los
ofrecimientos, lo que, inclusive, condujo a la necesidad de solicitar a la Universidad
Libre su consentimiento para la revocatoria directa del acto administrativo de
adjudicación. Sobre este particular, el testigo relató lo siguiente:

“[…]El error finalmente fue que el equipo técnico que hizo la evaluación económica
había puesto o un doble paréntesis o había quitado un paréntesis, pero la cuestión

68

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

es de un paréntesis. […] Al día siguiente me fue informada de esa situación,
analizamos la situación, puse de presente a los comisionados, en la sala de
comisionados. Escuchamos al equipo técnico, el equipo técnico explicó en qué
consistió el error, y pues nosotros de todos modos fuimos y nos comunicamos con
la Universidad Libre para pedirle el consentimiento para la revocatoria del acto de
adjudicación. La Universidad Libre nos dijo con total contundencia que el acto de
adjudicación es irrevocable, y además no están dados los presupuestos del artículo
9 de la ley 1150 del 2007. No se pudo revocar porque no tenía el consentimiento del
beneficiario del acto de adjudicación, y entonces pues lo procedente fue ejecutar el
contrato. Tiempo después llegó una solicitud de revocatoria de la Fundación
Universitaria del Área Andina, donde, y hay que decirlo también su señoría, porque
ellos ni siquiera en la solicitud de revocatoria sabían qué era lo que había sucedido.
El error que fue y seguramente los técnicos podrán explicárselo, fue un paréntesis
al correr la fórmula económica, pero ni siquiera la Fundación Universitaria del Área
Andina, cuando pidió la revocatoria, lo pidió”.

En el mismo sentido, el contenido de la prueba documental a la que se ha hecho
referencia guarda coherencia con lo relatado por la testigo Olga Yurani Rodríguez
Otero, quien conoció los pormenores de la evaluación del componente económico
de los ofrecimientos porque integró el comité asesor y evaluador financiero
designado dentro del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001. Al punto, la testigo
Rodríguez Otero declaró que la fórmula matemática para la ponderación de los
ofrecimientos fue aplicada con la ayuda de un archivo de Excel, y que el resultado
de esa evaluación fue presentado en el trámite de la audiencia de adjudicación,
punto en el cual destacó que los participantes en el proceso licitatorio no formularon
observaciones en relación con el resultado de la operación. La señora Rodríguez
Otero agregó que solo después de la audiencia de adjudicación se alegó un error
en la evaluación económica, lo que corroboró la entidad luego de revisar
minuciosamente el proceso de aplicación de la fórmula por la vía del archivo de
Excel, según se aprecia a continuación:

“Al día siguiente, la oficina jurídica nos informa que llegó una solicitud de verificación,
sobre la aplicación de la fórmula, sin embargo, una vez se revisó, pues la solicitud,
nunca se evidenció […] depronto algún error. Efectivamente, volvíamos a revisar y
no encontrábamos. Lo que optamos, pues, ya como comité fue entrar a verificar uno
a uno todos los pasos, para toda la determinación. Obviamente también se realizó
la verificación de la propuesta económica de cada una de las ofertas para verificar
si había algún error también desde ese documento, que era un anexo a la licitación.
Y se procedió a verificar una a una las fórmulas que se debían establecer. Se revisó,
se volvió a revisar. Lo que optamos también fue por entrar a generarla paso a paso
para verificar todas las agrupaciones. En ese momento, pues, nos dimos cuenta
que se presentó un percance con un paréntesis. La verdad, pues, en este
momento no sabría decir en qué momento se pudo presentar alguna condición
con el paréntesis. Pero posteriormente, una vez se realizó el detalle de toda la
fórmula, una vez se realizó paso a paso, todo por separado, pues se pudo
identificar”.

Posteriormente, al ser consultada sobre las implicaciones que el error advertido tuvo
en el resultado de la evaluación de los ofrecimientos, la señora Rodríguez Otero
respondió que “afectaba la jerarquía de las operaciones matemáticas. […]
Modificaba el resultado, cambiaba el resultado de la fórmula matemática. […] En el
tema de la evaluación económica como tal, cambiaba el resultado. Ya pues
recordemos que el puntaje de la licitación es una sumatoria de varios puntajes que
se dan también por otros comités. En este caso, para la evaluación económica
69

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

específicamente cambiaba el resultado”. En el mismo orden, al ser cuestionada
sobre el oferente que habría obtenido el mayor puntaje en el factor económico en
caso de que la fórmula matemática hubiere sido aplicada en debida forma, la testigo
respondió que la Fundación Universitaria del Área Andina habría obtenido el mayor
puntaje en ese hipotético escenario.

En igual medida, cabe destacar que lo hasta aquí anotado resulta congruente con
el contenido de la Resolución No. CNSC – 20191400023225 del 10 de abril de 2019,
por medio de la cual la entidad accionada rechazó la solicitud de revocatoria directa
del acto administrativo de adjudicación impetrada por la Fundación Universitaria del
Área Andina. En efecto, en dicho acto administrativo la CNSC reconoció
expresamente que el error en que incurrió al aplicar la fórmula de ponderación de
los ofrecimientos relativa al método de media geométrica con presupuesto oficial, al
paso que precisó que dicho error consistió en la omisión de un paréntesis que afectó
la jerarquía de las operaciones. Si bien no accedió a la revocatoria directa del acto
administrativo demandado, lo cierto es que ello obedeció a que, en su criterio, el
error en la evaluación de los ofrecimientos no era causal de revocatoria directa
según lo previsto en los artículos 9 de la Ley 1150 de 2007 y 93 del CPACA, lo que
descartaba la posibilidad de revocar el acto administrativo de adjudicación.

De otra parte, la Sala destaca el testimonio de testigo Juan Carlos Sarmiento Núñez,
quien conoció los pormenores del proceso licitatorio desde otra óptica, al integrar el
grupo que elaboró la propuesta que la Fundación Universitaria del Área Andina
presentó en el marco del proceso licitatorio. Así pues, cabe señalar que el señor
Sarmiento Núñez se refirió a las inconsistencias o irregularidades que se
materializaron en punto a la evaluación del componente económico de los
ofrecimientos, frente a lo cual relató que en el trámite de la audiencia de adjudicación
advirtió que la fórmula “no le estaba dando”, así como también que no era posible
un empate en el componente económico en tanto el valor de los ofrecimientos
formulados eran diferentes. Sobre este particular, el testigo declaró lo siguiente:

“[…] Cuando revisamos los documentos o cuando yo los revisé, encontré que la
fórmula, como estaba aplicada, no era de forma correcta. En algún momento
manifesté a la comisión que la fórmula no me estaba dando. Pero pues, como no
nos habían dado, digamos que la palabra, pues digamos que no se prestó atención
a lo que comenté. Pero en la audiencia yo manifesté que la fórmula no me daba.
[…] Sí, la fórmula fue media geométrica con presupuesto oficial. Toda vez que
habíamos [sic] dos universidades que estábamos acreditadas para continuar el
proceso, se aplicaba al presupuesto oficial una vez, más la propuesta de la Libre y
la propuesta de nosotros. No podía dar empate toda vez que los valores ofertados
por cada una de las universidades eran diferentes. […] En nuestro caso, la oferta
era por un valor superior, como en 20 y pico de millones, y en la de la libre era por
menos, contra la media geométrica de menos 60 millones, algo así. Entonces, pues
digamos que, a todas luces, en fórmulas matemáticas, salvo que tuviéramos el
mismo valor económico las dos universidades, podría haber un empate. En caso
contrario, no podía haber ningún empate. Eso es, digamos que, a grandes rasgos,
lo que sucedía, hay una diferencia marcada en las propuestas, lo cual no permite
que haya empate ni con décimas, ni en la parte entera ni en las decimales de la
fórmula aplicada, en este caso, pues, medida geométrica con presupuesto oficial”.

En el mismo sentido, vale la pena resaltar que el señor Jorge Andrés Castañeda
Correal, quien, en su condición de asesor jurídico de proyectos de la Fundación
Universitaria del Área Andina participó en la confección del ofrecimiento que la
70

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

institución educativa presentó en el curso del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001,
afirmó que en el curso de la audiencia de adjudicación los representantes de la
institución educativa advirtieron el error en que incurrió la entidad accionada, el cual,
en su criterio, era perceptible a simple vista dado que era imposible que ofertas
económicas con valores diferentes resultaran empatadas en el puntaje asignado por
concepto del factor económico. Adicionalmente, refirió que el error fue puesto en
conocimiento del director de la audiencia de adjudicación, pese a lo cual la CNSC
decidió omitirlo y seguir adelante con la adjudicación. El testigo se refirió a las
circunstancias anotadas, en los siguientes términos:

“[…] evidenciamos dentro de la audiencia que había un error en la fórmula aplicada,
en la fórmula matemática aplicada para la evaluación económica, cosa que
evidentemente era, pues, un error gravísimo, toda vez que yo creo que en el derecho
y en la matemática hay algo que es la lógica y es que si hay dos valores diferentes
y se les aplica una misma fórmula, no puede dar igual. Eso yo creo que es lógico.
Entonces, se aplica esa fórmula y sale un empate, que realmente no se sabe de
dónde se obtuvo. Al tratar de avisar ello, la persona que dirigía la audiencia por parte
de la Comisión Nacional del Servicio Civil […] no dejó hacer uso de la palabra, ni
siquiera tuvo en cuenta las observaciones que se le hacían de una manera educada
[…] y siguió adelante con el error […] hay varias cosas ahí que hay que decir.
Primero, se entrega un tiempo absolutamente mínimo para usted evaluar todas las
formulaciones matemáticas que presenta una licitación de este tipo. Al nosotros
hacer esa comprobación matemática en una fórmula que en el pliego puede
demostrarse que es bastante compleja, evidenciamos que con la nueva evaluación,
evidentemente, jamás había un empate. Reitero el tema de la lógica matemática,
ante números diferentes aplicada la misma fórmula jamás va a dar igual. Eso creo
que es lógico y creo que todos los que estamos acá lo sabemos. Nosotros al
comprobar la formula y reitero ante la rapidez que quería llevarse el manejo de la
licitación, de la audiencia de licitación, nosotros manifestamos que la fórmula no
daba. En ese momento, Juan Carlos Sarmiento, quien se encontraba en la
audiencia, manifiesta la fórmula no está dando. Lo que hace esta persona que dirigía
el proceso es ignorar totalmente y continuar con la audiencia. […]”.

La Sala otorga credibilidad a los testigos mencionados, pues conocieron de primera
mano los pormenores del proceso licitatorio y sus declaraciones son consistentes y
coherentes con el material probatorio allegado al proceso de la referencia, en
relación con la evaluación del componente económico de los ofrecimientos y el yerro
en que incurrió el comité asesor y evaluador designado por la CNSC en la aplicación
la fórmula establecida para la ponderación de los ofrecimientos.

Vistas así las cosas, a partir de la valoración integral de las pruebas documentales
y testimoniales que fueron practicadas en el expediente, la Sala estima que en el
caso concreto está demostrado que la CNSC erró en la evaluación del componente
económico de los ofrecimientos, así como también que esa irregularidad repercutió
en el resultado final del proceso licitatorio en perjuicio de la Fundación Universitaria
del Área Andina. En lo que respecta a lo primero, las pruebas testimoniales y
documentales acreditan con contundencia que la CNSC erró al aplicar la fórmula
establecida para la ponderación de los ofrecimientos bajo el método de media
geométrica con presupuesto oficial, lo que aconteció por haber omitido uno de los
paréntesis que integraba esa fórmula en la hoja de cálculo que utilizó para adelantar
el proceso de evaluación de las propuestas. De ahí que resulte desatinado que el
Tribunal hubiere concluido que en el proceso no estaba demostrado en qué
consistió el error cometido por la entidad accionada, pues, tal y como acaba de ser
71

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

referido, los medios probatorios allegados al proceso, inclusive, por la misma
entidad demandada, lo acreditan con contundencia.

De otra parte, en lo que respecta a las repercusiones que el error comportó en el
procedimiento administrativo, está igualmente demostrado que la irregularidad
advertida en el proceso de evaluación económica de las propuestas frustró la
escogencia de la Fundación Universitaria del Área Andina como adjudicataria en el
marco del proceso licitatorio. En efecto, las pruebas documentales y testimoniales
que fueron practicadas en el proceso acreditan que la adecuada aplicación de la
fórmula de ponderación no solo habría reportado que el ofrecimiento de la
demandante era el más favorable desde el punto de vista económico, sino también
que la demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, lo
que le otorgaba el derecho a celebrar y ejecutar el contrato para la realización del
concurso de méritos para la provisión de vacantes del sistema general de carrera
administrativa.

Todo lo anterior está probado a tal punto, que el mismo comité asesor y evaluador
de las propuestas solicitó autorización a la Sala Plena de Comisionados para
revocar directamente el acto administrativo de adjudicación o para demandarlo ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual fue sustentado en el hecho
de que el error cometido en el proceso de evaluación de los ofrecimientos alteró el
orden de elegibilidad de los oferentes en detrimento de la Fundación Universitaria
del Área Andina. De hecho, la ficha técnica en la que se consignó esa solicitud da
cuenta del puntaje que habría resultado de la adecuada evaluación de los
ofrecimientos, según se aprecia a continuación:

En suma, la Sala concluye que de haberse desarrollado en debida forma el proceso
de evaluación del componente económico de los ofrecimientos la demandante
habría resultado adjudicataria dentro del marco del proceso licitatorio. Bajo este
contexto, en el caso objeto de estudio está demostrado que el error en el que incurrió
la entidad demandada alteró la comparación real de las ofertas, vulneró los

72

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

principios de transparencia119 y legalidad120 y, además, comportó el
desconocimiento del deber de selección objetiva que gobierna la etapa de la
formación del contrato estatal. Como es natural, el error en que incurrió la CNSC
también evidencia que el acto administrativo de adjudicación está viciado de nulidad
por falsa motivación, en tanto dicho acto tuvo fundamento en un empate en el
puntaje asignado a los proponentes habilitados que, según ha quedado acreditado,
era ajeno a la realidad.

De ahí que la Sala estime que la irregularidad advertida constituye una circunstancia
que invalida la Resolución No. CNSC – 20191400021505 del 3 de abril de 2019, por
medio de la cual adjudicó a la Universidad Libre el contrato para la realización del
concurso de méritos, pues la entidad llevó a cabo la escogencia del contratista sin
apego a las reglas y condiciones que estableció en el pliego de condiciones para
realizar, en igualdad de condiciones, la evaluación y comparación de las ofertas y,
con ello, la selección de la oferta más favorable a los fines de la contratación. No se
trató, por tanto, de una irregularidad meramente formal, insustancial o de poca
monta, sino de la inobservancia de un aspecto esencial, en la medida en que
materializaba la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofreciera las
condiciones más favorables para los fines que perseguía la Administración Pública.

119 “El artículo 24 del Estatuto General Contratación de la Administración Pública desarrolla el
principio de transparencia, el cual se manifiesta de varias formas: i) en el deber de publicidad de los
informes, conceptos y decisiones de la Administración; ii) en el derecho de contradicción que quienes
participan en el proceso de contratación; iii) en la obligación de la Administración de fijar de forma
clara los requisitos objetivos necesarios para participar, así como a definir reglas objetivas y, por
supuesto, darlos a conocer según las formas establecidas en la ley para ello; iv) así mismo, señalar
claramente las reglas de adjudicación del contrato; v) y finalmente, motivar los actos administrativos
que se expidan en la actividad contractual, salvo las excepciones legales […] En definitiva, el
principio de transparencia, actúa como garantía de otros principios de la contratación estatal, por ello
su finalidad es, entre otras, asegurar que se lleven a cabo procesos de selección objetivos, que la
Administración tome decisiones motivadas que se hagan públicas y que puedan ser controvertidas
por los interesados”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2013.
Rad.: 39005
120 Sobre el principio de legalidad esta Corporación se ha pronunciado en numerosas oportunidades

resaltando que tiene plena aplicación en materia de contratación estatal. Así, por ejemplo, en
sentencia del 3 de diciembre de 2007, esta Sección señaló: “El principio de legalidad fundante del
Estado Social de Derecho, tiene un mayúsculo valor normativo que irradia la convivencia dentro del
orden social, pues, a la vez que sujeta las situaciones y relaciones al imperio jurídico y a la obediencia
del derecho, define la órbita de responsabilidad de las personas y, por ende, tiene connotaciones
sustantivas para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad, habida cuenta que en tanto los
administrados pueden hacer todo aquello que no les está prohibido por el orden jurídico, las
autoridades únicamente pueden hacer lo que les está legalmente permitido y autorizado. Así, está
por fuera de discusión que las actuaciones del Estado –y la contratación lo es- se rige por el principio
de legalidad, según el cual, los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones asignadas
específicamente en la Constitución y en la ley y, en consecuencia, son responsables, entre otras
razones, por infringir tales disposiciones y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, 121 y 122 de la Constitución Política.
En efecto, la Corporación ha manifestado que dicho principio, regulador de la organización estatal y
garantía de control de poder público, implica que cada funcionario detenta, le hayan sido asignadas
previamente a su ejercicio por la misma Constitución, por la ley o el reglamento y, por lo mismo,
defiende al ciudadano contra los abusos del poder del Estado, para establecer condiciones
igualitarias y equitativas entre este y los particulares, salvo en lo que de manera excepcional y con
el fin de garantizar el orden público y la prevalencia de los intereses de los asociados, la Constitución
o la ley faculten en sentido contrario47, razones que tienen plena aplicación en materia de
contratación estatal […]”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de
2007, Rad.: 24715; 25206; 25409; 24524; 27834; 25410; 26105; 28244; 31447(acumulados). Cfr.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 20 de mayo de 2010, Rad.: 1992.
73

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

En este punto, la Sala llama la atención sobre el hecho de que el Tribunal hubiere
echado de menos un dictamen pericial que demostrara en qué consistió el error en
que incurrió la entidad demandada, pese al abundante material probatorio
documental, coincidente con la prueba testimonial, que demostraba tal
circunstancia. Aun cuando esta Subsección reconoce que en el caso concreto el
dictamen pericial es un medio probatorio que habría reportado innegable utilidad a
la hora de estudiar la evaluación económica realizada por la CNSC, lo cierto es que
en el expediente obran otras pruebas que contribuyeron con creces al
esclarecimiento de los hechos objeto de litigio, lo que hacía manifiestamente
innecesario echar de menos una prueba pericial en el caso concreto.

Sobre este particular no debe perderse de vista que, conforme a los artículos 165121
y 176122 del CGP – aplicables por remisión del artículo 306 del CPACA –, las partes
pueden hacer uso de todos los medios de prueba para acreditar la razón de su
dicho. El juez, por su parte, deberá apreciar las pruebas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica y exponer, de forma razonada, el mérito que le
otorga a cada medio de prueba en el que funda la decisión judicial. En desarrollo de
lo anterior, resulta de especial relevancia recordar que, tal y como lo ha considerado
la Corte Suprema de Justicia, “[…] el Código General del Proceso se rige por el
postulado del libre raciocinio judicial para la asignación del mérito de las probanzas
que se llevan a los juicios, lo que se concluye del tenor literal de su canon 176, cuya
redacción dispuso que «[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica». Dicho pilar significa, por una parte, que
el juzgador cuenta con plena autonomía para valorar las evidencias adosadas
dejando de lado la estimación anticipada que en otros tiempos impuso el legislador
(tarifa legal) y, por otra, que debe sopesar toda la información que las partes
aduzcan al proceso, en virtud del principio de libertad de la prueba materializado en
el artículo 165 ibidem, del cual se extrae la facultad de uso de los 9 medios
probatorios regulados y «cualesquiera otros (…) que sean útiles para la formación
del convencimiento del juez»”123.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en una indebida valoración probatoria, la cual se configura,
entre otros supuestos, cuando el juez se aparta de las pruebas obrantes en el
expediente y decide el asunto sometido a su conocimiento con prescindencia de
ellas124. En el caso concreto, esta conclusión se sustenta en que el Tribunal, sin
justificación razonable, se distanció del abundante material probatorio documental

121 “ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación
del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo
con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los
principios y garantías constitucionales”.
122 “ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
123 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC7722-2021 del 24 de junio de

2021, Radicación nº 11001-02-03-000-2021-01718-00.
124 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-190 de 2018, expedientes T-

6.288.636 y T-6.310.530 AC.
74

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

y testimonial que respaldaba la tesis planteada en la demanda y optó por considerar
que no estaba demostrado el error en que incurrió CNSC, para lo cual echó de
menos la práctica de un dictamen pericial. Particularmente, se advierte que la
valoración probatoria efectuada por el a quo no tuvo en cuenta el contenido de los
testimonios practicados en el proceso, los cuales, apreciados conjuntamente con
las pruebas documentales allegadas, conducían a la declaratoria de nulidad del acto
administrativo demandado por las razones expuestas.

Si bien no se desconoce que un dictamen pericial habría podido aportar elementos
técnicos adicionales al análisis de la evaluación económica, su ausencia no
desvirtúa la solidez del acervo probatorio recaudado, el cual, valorado en conjunto
conforme a las reglas de la sana crítica de acuerdo con lo normado en el artículo
167 del CGP, permite tener por plenamente demostrado tanto el error en la
evaluación del componente económico de los ofrecimientos como su incidencia
concreta en el resultado del proceso licitatorio, sin que la práctica de dicha prueba
resultara indispensable para arribar a esta conclusión. Aunque el juez cuenta con
un amplio margen para la apreciación de la prueba, ello no lo habilita para
desconocer los elementos probatorios determinantes que obran en el proceso,
especialmente cuando resultan decisivos para el esclarecimiento de los hechos
objeto de controversia.

Por último, la Sala no pasa por alto que en la demanda y en los alegatos de
conclusión, así como en algunos de los testimonios que se practicaron en el
proceso, se afirmó que en la parte inicial de la audiencia de adjudicación el comité
asesor y evaluador entregó un informe final de evaluación que daba como ganador
a la demandante, el cual fue retirado de forma abrupta. De hecho, en el desarrollo
de la audiencia de pruebas celebrada el 3 de noviembre de 2021 el apoderado de
la Fundación Universitaria del Área Andina exhibió el documento al que se ha hecho
referencia para que el testigo Jorge Andrés Castañeda Correal lo reconociera, lo
cual hizo de manera contundente.

Con todo, la Sala destaca que, aunque el documento al que se ha hecho referencia
obra en el expediente125, lo cierto es que el mismo no fue allegado dentro de las
oportunidades procesales establecidas en el artículo 212126 del CPACA, esto es,
con la demanda, su reforma o al descorrer el traslado de las excepciones 127, por lo
que no será valorado. Adicionalmente, el archivo que contiene el registro de audio
y video de la audiencia de adjudicación no da cuenta de la circunstancia descrita en
los anteriores términos, esto es, de la presentación o entrega de un primer informe

125 CD – fl 66, cuaderno principal, archivo denominado
“62_250002336000201900682003RECIBEMEMORIAL20211102165217_TCDescargaTotalItem133
076434051839377.PDF”.
126 “ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las

pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda
y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su
contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este
último evento circunscritas a la cuestión planteada. […]”.
127 En este punto la Sala destaca que el documento solo fue allegado al expediente mediante correo

electrónico del 2 de noviembre de 2021, esto es, un día antes de que se reanudara la audiencia de
pruebas.
75

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

de evaluación que luego hubiere sido retirado o sustituido por otro. Al margen de lo
expuesto, se advierte que en el recurso de apelación la parte accionante refirió la
circunstancia a la que se ha hecho referencia como un hecho indicador del error en
que incurrió la entidad accionada, lo que, en criterio de la Sala quedó demostrado
con contundencia a partir de las pruebas que han sido referenciadas en este
acápite.

5.1.4 La formulación de observaciones en el trámite del proceso licitatorio

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5128 y 28129 de la Ley 80 de 1993, los
oferentes que participan en un procedimiento de selección tienen la carga de ajustar
su comportamiento a los postulados de la buena fe que se predica de la etapa de
formación del contrato estatal. En desarrollo de este precepto, la jurisprudencia130
de esta Sección ha considerado que los participantes en el proceso de selección no
solo deben presentar información suficiente, verídica y confiable con su propuesta
y contribuir activamente en la construcción de los documentos que le sirven de
sustento al proceso de selección, sino también participar activamente en las
decisiones que se adopten durante el curso del procedimiento administrativo.

En desarrollo de lo anterior, se ha considerado que la materialización del deber de
buena fe en la etapa previa a la suscripción del contrato estatal supone, entre otros
aspectos, que quien se proyecta como futuro colaborador del Estado en la
consecución de sus fines advierta las imprecisiones e inconsistencias acaecidas
durante el agotamiento de las etapas del proceso de selección, con el fin de corregir
la actuación que es adelantada de manera indebida y, de este modo, evitar que la

128 ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización

de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas: […] 2o. Colaborarán con las
entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste
sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan
y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse”.
129 “ARTÍCULO 28. DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. En la

interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y
escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en
consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad
y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.
130 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 4 de julio de 2023, exp. 69280. En esta providencia, la Corporación sostuvo lo siguiente:
“La observancia de este principio en la fase prenegocial [se refiere al principio de la buena fe] que, a
su turno, desarrolla postulados de rectitud, probidad y lealtad, desde la perspectiva del aspirante a
presentar una propuesta que culmine con la celebración de un contrato con el Estado, se cristaliza,
no solo con la presentación de información suficiente, verídica y confiable en su propuesta o en la
colaboración, a partir de su expertise, en la corrección o advertencia sobre imprecisiones técnicas o
financieras en las que pudo haber incurrido la Administración al realizar los estudios previos en que
se fundamentó el procedimiento de selección, en la confección de los pliegos regentes de la
escogencia y que eventualmente podrían impactar negativamente la cabal y eficiente ejecución del
contrato proyectado.

Este principio también se materializa en la fase de comunicación que tiene lugar durante el
procedimiento de selección. Se concreta en la publicación que la entidad realiza de sus actuaciones
y decisiones precontractuales y en la conducta activa que los aspirantes observan frente a esa
dinámica, la que puede consistir en la formulación de inquietudes, observaciones, solicitudes de
aclaración o la manifestación de reparos que puedan surgir respecto del conjunto de documentos
que se suscriban o las decisiones que se adopten y sean dadas a conocer a lo largo de la etapa
previa a la formación del negocio jurídico”.
76

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

elección adolezca de vicios que puedan comprometer su validez131. De ahí que
resulte inadmisible que “[…] quien avizora la ocurrencia de una irregularidad en las
etapas de la licitación guarde silencio en la oportunidad procedente y solo venga a
alegarla cuando de allí surjan y se concreten consecuencias nocivas en desfavor
suyo, como por ejemplo lo sería la frustración de la expectativa de que su oferta
resulte seleccionada”132.

En el anterior orden, la Sala precisa que en los casos de responsabilidad
precontractual del Estado el juez habrá de desestimar las pretensiones formuladas
por el oferente vencido que, habiendo conocido una irregularidad en el curso del
procedimiento de selección, no la hubiere alegado oportunamente con el objeto de
que la Administración Pública pudiera corregir su actuación. Como es natural, para
que esta regla jurisprudencial tenga una adecuada aplicación práctica el juez habrá
de analizar la conducta del oferente vencido en cada caso, lo que necesariamente
impone considerar que no toda desatención a los deberes que derivan del principio
de buena fe imponga adoptar, de manera automática, una decisión desfavorable a
los intereses del oferente que acuda a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a reclamar los perjuicios sufridos como consecuencia de la indebida
adjudicación del contrato estatal.

Pues bien, en el caso concreto tanto la CSNC, como la Universidad Libre, afirmaron
que la Fundación Universitaria del Área Andina no formuló observaciones en
relación con la evaluación económica realizada en el marco del proceso licitatorio,
lo que, en su concepto, debía conducir a desestimar las pretensiones de la
demanda. En este punto la CNSC agregó que pretender objetar de manera indefinida
un informe de evaluación vulneraba la seguridad jurídica, así como también
comportaba el desconocimiento del carácter preclusivo y perentorio de las etapas
procesales que integran el procedimiento de selección.

Dicho lo anterior, para efectos de resolver este planteamiento, la Sala debe empezar
por recordar que en el proceso está demostrado que en el curso de la audiencia de
adjudicación el apoderado de la Fundación Universitaria del Área Andina radicó un
poder sin nota de presentación personal, lo que motivó la decisión de negarle el
reconocimiento de personería jurídica para representar a la institución educativa que
hoy funge como demandante. Como es obvio, esta circunstancia privó al apoderado
de la Fundación Universitaria del Área Andina de participar en el desarrollo de la
audiencia de adjudicación y, por contera, de presentar observaciones frente al
informe final de evaluación de las propuestas dentro de la oportunidad que fue
reconocida para el efecto en el desarrollo de la audiencia de adjudicación.

En el anterior orden, no cabe duda de que la Fundación Universitaria del Área
Andina no formuló observaciones en relación con la evaluación del componente
económico de los ofrecimientos, dentro de la oportunidad prevista para el efecto en
la audiencia de adjudicación. Con todo, lo cierto es que ello no obedeció al capricho
o desatención de la institución educativa demandante, sino a una decisión
administrativa de la CNSC que la privó de ejercer su derecho a observar. En ese
sentido, mal podría considerarse que la Fundación Universitaria del Área Andina

131 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de julio de 2023, exp. 69280.
132 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 4 de julio de 2023, exp. 69280.
77

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

hubiere faltado a los postulados del deber de buena fe que se predica de la etapa
precontractual, pues, si bien es cierto no denunció las irregularidades en punto a la
evaluación de los ofrecimientos en el marco del proceso licitatorio, tal conducta
pasiva se originó en una decisión de la propia entidad demandada que le impidió
ejercer su derecho a participar en el trámite de la diligencia de adjudicación.

En este punto vale la pena agregar que aun cuando esta decisión hubiere estado
fundada en derecho o no, la Sala estima que no pueden aplicarse los efectos
adversos que derivan de la regla jurisprudencial a la que se ha hecho referencia a
quien no pudo ventilar una inconformidad por un factor externo. Al efecto, vale la
pena reiterar que dicha regla reprocha la conducta del oferente que, habiendo
conocido la irregularidad o inconsistencia presentada en el curso del proceso de
selección, se abstuvo de ponerla de presente sin justificación alguna. De ahí que lo
ocurrido en el caso concreto difiera de aquellos casos en los que el desconocimiento
de los postulados del deber de buena fe en la etapa precontractual torna inadmisible
una reclamación judicial.

Al margen de todo lo anterior, en el expediente está demostrado que quienes
comparecieron a la audiencia de adjudicación en representación de la Fundación
Universitaria del Área Andina, formularon comentarios en relación con la aplicación
de la fórmula establecida para la ponderación de los ofrecimientos en el componente
económico. En efecto, el archivo que contiene el registro de audio y video de esta
diligencia demuestra que durante el espacio otorgado para que los participantes
analizaran el informe final de evaluación de las propuestas, uno de los
representantes de la demandante puso de presente que la fórmula matemática “no
le estaba cuadrando”, al tiempo que indicó que “los puntos de la oferta económica
no nos cuadran”.

Para esta Subsección, estas afirmaciones resultaban suficientes para alertar a la
CNSC sobre un posible error en el proceso de evaluación del componente
económico de los ofrecimientos, sin que fuera necesario que los representantes de
la demandante detallaran con precisión el error en que incurrió la entidad. Al punto,
cabe recordar que el informe final de evaluación de las propuestas, que fue
socializado en el desarrollo de la audiencia de adjudicación, no da cuenta de la
forma en que el comité asesor y evaluador financiero dio aplicación a la fórmula
establecida en el pliego de condiciones para determinar la media geométrica con
presupuesto oficial, ni mucho menos la forma en que aplicó la fórmula establecida
para asignar el puntaje por concepto del factor de selección económica. De ahí que
exigir una explicación detallada sobre el error en que incurrió la entidad hubiere
resultado a todas luces desproporcionado.

Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que aun cuando la observación sobre
este particular hubiere sido formulada por fuera de la oportunidad otorgada para
presentar observaciones al informe final, lo cierto es que en cualquier caso cumplió
su finalidad, que no era otra distinta a alertar a la entidad accionada sobre un posible
error en el proceso de evaluación del componente económico de los ofrecimientos.
De allí que en aplicación de los postulados de la buena fe que se predican de la
etapa de formación del contrato estatal, la entidad demandada debió haber
adelantado las revisiones pertinentes para efectos de descartar cualquier error en
la evaluación económica de los ofrecimientos, lo que además resultaba
considerable si se tiene en cuenta que era poco razonable, o por lo menos
78

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

sospechoso a simple vista, que la aplicación del método escogido para la
comparación de los ofrecimientos económicos arrojara un resultado de empate,
pese que los ofrecimientos económicos tenían un valor sustancialmente diferente.

De otra parte, la Sala no pasa por alto que, mediante escrito del 4 de abril de 2019,
la Fundación Universitaria del Área Andina presentó ante la CNSC solicitud de
revocatoria directa de la Resolución No. CNSC – 20191400021505 del 3 de abril de
2019, por medio de la cual se adjudicó el contrato a la Universidad Libre. Para
justificar esta solicitud, la institución educativa sostuvo que la entidad accionada
incurrió en un error en la aplicación de la fórmula matemática establecida para el
método escogido para la comparación de los ofrecimientos en el componente
económico, lo que puso de presente al comité asesor y evaluador en el trámite de
la audiencia de adjudicación, aunque no se le hubiere reconocido personería jurídica
a su apoderado.

Por consiguiente, la Sala concluye que la Fundación Universitaria del Área Andina
observó de manera diligente, transparente y leal el deber de buena fe que le asistía
en la etapa precontractual, en cuanto desplegó una conducta orientada a prevenir
la consolidación de vicios en el procedimiento de selección. En efecto: (i) puso de
presente, en el marco de la audiencia de adjudicación, que la ponderación del
componente económico arrojaba un resultado que “no cuadraba” y que el puntaje
asignado no se correspondía con los valores ofertados; y (ii) insistió en dicha
inconformidad mediante la solicitud de revocatoria directa formulada el 4 de abril de
2019. Tales actuaciones satisfacen la carga jurisprudencial de advertir
oportunamente las irregularidades advertidas, sin que resultara exigible una
explicación técnica detallada del yerro, máxime cuando el informe final de
evaluación no explicó el desarrollo matemático aplicado por el comité evaluador, de
manera que la demandante carecía de los elementos necesarios para individualizar
con precisión el punto exacto de la equivocación.

En contraste, la CNSC, como entidad responsable de conducir el procedimiento y
de garantizar la selección objetiva, no podía limitarse a mantener incólume el
resultado del informe final frente a una alerta que, además de provenir de un
proponente, se apoyaba en un indicio evidente: la aparente configuración de un
empate en el puntaje económico pese a que los ofrecimientos tenían valores
sustancialmente diferentes. Ese dato, apreciable prima facie, imponía a la entidad
el deber mínimo de verificación y control de consistencia del ejercicio de evaluación,
en especial por tratarse de un factor definitorio en la comparación de propuestas.
La inactividad de la CNSC, en ese escenario, no solo privó de eficacia al espacio de
observaciones propio de la etapa precontractual, sino que permitió que una eventual
inconsistencia técnica se tradujera en un resultado decisorio -la aplicación de
criterios de desempate- con aptitud para determinar el sentido de la adjudicación.

De este modo, la omisión de la entidad de adelantar las revisiones necesarias para
descartar el error advertido trasciende una simple cuestión instrumental y adquiere
relevancia jurídica directa, en la medida en que compromete la regularidad del
proceso de evaluación y, por esa vía, la validez del acto administrativo de
adjudicación. En últimas, al no verificar una inconsistencia objetivamente verificable
y razonablemente llamativa, la entidad dejó de asegurar que la comparación de las
ofertas se hubiera realizado conforme a la fórmula prevista en el pliego de
condiciones, circunstancia que afecta la legalidad de la decisión adoptada y refuerza
79

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

la conclusión según la cual la institución educativa demandante no puede ser
afectada por la regla jurisprudencial que sanciona el silencio injustificado del
oferente vencido, puesto que su conducta fue activa y encaminada a propiciar la
corrección oportuna de la actuación administrativa.

5.1.5 El restablecimiento del derecho en el caso concreto y la indemnización
de perjuicios reclamados por la parte accionante

La jurisprudencia133 de esta Subsección ha considerado, de manera pacífica, que la
procedencia del restablecimiento del derecho en este tipo de casos está supeditada
a que el demandante demuestre que su propuesta era la más favorable para la
entidad, a tal punto que habría resultado adjudicatario del contrato estatal.
Igualmente, esta Subsección134 ha expuesto que, en principio, para demostrar que
su propuesta era la más favorable, el demandante tiene la carga de allegar al
proceso judicial la totalidad de los ofrecimientos presentados durante el curso del
procedimiento de selección, con el propósito de que el juez pueda cotejarlos y
evaluarlos de acuerdo con los factores de selección establecidos en el pliego de
condiciones, para efectos de determinar cuál era el más favorable para la entidad
estatal.

Ahora bien, la Sala advierte que al proceso fueron allegadas las propuestas
presentadas por los proponentes que resultaron habilitados durante el curso del
procedimiento de selección, lo que resulta suficiente en tanto la discusión en este
caso gira alrededor de la evaluación de los ofrecimientos presentados por los
proponentes que resultaron habilitados. En el anterior orden, sería del caso entrar
a efectuar el análisis de comparación de los ofrecimientos de cara a los factores de
selección establecidos en el pliego de condiciones; con todo, se considera que
aquello resulta innecesario en este caso, en la medida en que el estudio de legalidad
del acto administrativo demandado permite concluir con claridad y suficiencia que
la demandante fue privada injustamente del derecho de celebrar y ejecutar el
contrato para la realización del concurso de méritos. De ahí que el análisis que en
punto al restablecimiento del derecho se contraerá a la prueba del perjuicio
indemnizable, conforme pasa a estudiarse a continuación.

La jurisprudencia135 de esta Sección ha precisado que el perjuicio indemnizable en
este tipo de casos consiste en la utilidad dejada de percibir por el hecho de que al

133 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 44548. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024,
exp. 59036. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 1 de noviembre de 2023, exp. 55929. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2022, exp. 65134.
134 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 44548. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024,
exp. 59036. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 1 de noviembre de 2023, exp. 55929. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2022, exp. 65134.
135 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 71105. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2022, exp. 65134.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A sentencia
80

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

demandante se le hubiere privado injustamente de celebrar y ejecutar el contrato
estatal. Como todo perjuicio indemnizable, para que proceda su reconocimiento en
el proceso judicial el proponente afectado ha de demostrar que el negocio jurídico
frustrado le habría reportado provecho económico. Es así como, esta Corporación
ha planteado que:

“[…] la procedencia del reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de
lucro cesante por la utilidad esperada frustrada, es indispensable acreditar la certeza
acerca de la ocurrencia de tal perjuicio al punto de establecer con total claridad, su
configuración y, una vez determinado este, cuál es el monto valor negativo
efectivamente generado en el patrimonio de la compañía demandante. Al respecto,
es preciso señalar que se está frente a un ejercicio de valoración de la acción o
carga procesal en cabeza del demandante en torno a la prueba que aporta o solicita
su práctica para la demostración de la existencia del perjuicio que alega haber
sufrido y el quantum de este, actividad que no puede ser suplida por el juez”136.

De este modo, la utilidad dejada de percibir no se erige como un perjuicio cuyo
reconocimiento opere de manera automática, por el solo hecho de que el
demandante demuestre que fue privado injustamente de celebrar y ejecutar el
contrato estatal. En los términos del artículo 167137 del CGP, en este tipo de casos
al demandante le asiste la carga de demostrar que la ejecución del contrato le habría
reportado provecho económico, teniendo en consideración las variables
administrativas, operativas, económicas, y financieras bajo las cuales confeccionó
su ofrecimiento, esto es, las condiciones bajo las cuales participó en el
procedimiento de selección. De no verse satisfecha la carga que corresponde a la
parte demandante, la decisión que en este particular deba adoptarse debe ir
encaminada a negar el reconocimiento del lucro cesante138.

En este punto, viene bien recordar que el régimen probatorio aplicable en materia
contencioso administrativa otorga libertad para demostrar los hechos objeto de
litigio. Bajo este entendimiento, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado
que esta carga probatoria puede ser satisfecha con la propuesta presentada por el
oferente afectado durante el curso del procedimiento administrativo, siempre que
aquella discrimine la utilidad que habría reportado la ejecución del contrato
estatal139. En criterio de esta Sección, si el pliego de condiciones impone a los
participantes en el procedimiento de selección la obligación de reportar con su
propuesta la utilidad que espera recibir con la eventual ejecución del contrato,
resulta razonable que el juez que conoce la controversia pueda tener por
demostrado el provecho económico a partir del contenido de su ofrecimiento.

del 12 de noviembre de 2014, exp. 29855. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, exp. 13792.
136 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 19 de octubre de 2023, exp. 57217.
137 “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho

de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]”.
138 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 22 de septiembre de 2022, exp. 37376.
139 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 19 de octubre de 2023, exp. 68438. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de octubre de 2023,
exp. 57217. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 19 de julio de 2022, exp. 56663. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 39066.
81

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

También se ha admitido que la utilidad dejada de percibir como resultado de haber
sido privado injustamente de celebrar y ejecutar el contrato se acredite con un
dictamen pericial realizado con sustento en la información reportada durante el
procedimiento de selección140. De hecho, esta Subsección estima que el dictamen
pericial se erige como un medio probatorito de innegable utilidad a efectos de
satisfacer la carga probatoria que le asiste a la parte accionante en relación con el
perjuicio sufrido, en la medida en que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 226 del CGP, aquel resulta procedente para la verificación de hechos que
precisan de especiales conocimientos técnicos, como en efecto lo requiere la
determinación de la utilidad esperada, a partir del análisis de los elementos de la
propuesta bajo los cuales el oferente participó en el procedimiento de selección.

Inclusive, ante escenarios en los que el material probatorio impide determinar la
utilidad esperada, la Sección Tercera ha acudido a las reglas de la experiencia para
indicar que “[…] quienes pretenden celebrar contratos con el Estado calculan un
10% por concepto de gastos de administración, un 5% por imprevistos y un 5% por
utilidad”141, y, bajo dicho supuesto, ha reconocido una utilidad en un porcentaje del
valor de la propuesta, al estimar que “[…] es el porcentaje que, generalmente, se
proyecta recibir como utilidad en los contratos estatales”142. Con todo, lo cierto es
que esta Subsección en anteriores oportunidades143 se ha apartado de este criterio
jurisprudencial, según el cual en todo contrato estatal se proyectan utilidades
equivalentes a un 5%, así como también lo ha puesto de presente la Subsección B
de esta Sección, señalando que “[…] la utilidad que deriva de la ejecución de un
contrato es estimada por el contratista en función de las actividades que deba
desarrollar por cuenta del objeto contractual, de los esfuerzos en que deba incurrir
para ejecutarlas y de los riesgos que deba asumir. Luego, no es posible unificar la
utilidad en un porcentaje fijo para todo contrato estatal como lo hace el precedente
judicial, pues su determinación siempre dependerá de las circunstancias
particulares en que se deba ejecutar cada contrato estatal, las cuales deben ser
probadas en el proceso judicial”144.

Pues bien, aclarado el panorama actual sobre la prueba del perjuicio indemnizable
en materia de responsabilidad precontractual del Estado, la Sala recuerda que la
Fundación Universitaria del Área Andina solicitó que se condenara a la CNSC al
restablecimiento del derecho y, en ese contexto, pretende: (i) que se le ordene a la
CNSC adjudicarle el contrato para la realización del concurso de méritos o, en su
defecto, se le reconozca la utilidad esperada; (ii) que se le condene al pago de los
gastos de confección del ofrecimiento; (iii) que se le ordene a la CNSC expedir una
certificación a nombre de la Fundación Universitaria del Área Andina en la que
conste que en el proceso licitatorio ocupó el primer puesto de elegibilidad de

140 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 71105. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de octubre de 2023,
exp. 57217.
141 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A

sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 29855.
142 Ibidem.
143 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C

sentencia del 22 de septiembre de 2022, exp. 37376.
144 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 14 de julio de 2023, exp. 68572.
82

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

acuerdo con la evaluación; y (iv) que se le condene al pago de los honorarios de
asesoría jurídica en los que debió incurrir para obtener la indemnización los daños
y perjuicios sufridos como consecuencia de la expedición del acto administrativo
irregular.

Frente a los conceptos solicitados, la Sala estima, en primer lugar, que la pretensión
encaminada a adjudicar el contrato a la Fundación Universitaria del Área Andina no
tiene vocación de prosperidad, porque una determinación en tal sentido resulta
imposible, habida consideración de la finalización del procedimiento administrativo
y de la suscripción del contrato estatal para la realización del concurso de méritos.
En lugar de lo anterior, se accederá al reconocimiento de la utilidad dejada de
percibir por la Fundación Universitaria del Área Andina por cuenta de la injusta
privación de celebrar y ejecutar el contrato estatal —también solicitado como
pretensión en la demanda—, porque cumplió con la carga que le correspondía en
el sentido de demostrar el provecho económico que habría reportado la ejecución
del contrato para la realización del concurso de méritos.

En efecto, en el expediente obra la propuesta que la Fundación Universitaria del
Área Andina presentó en el marco del proceso licitatorio No. CNSC-LP-001, la cual
demuestra que la demandante precisó que la utilidad que habría obtenido con
ocasión de la ejecución del contrato estatal ascendía a $609.811.239; suma de
dinero que no fue desvirtuada por la parte accionada en las distintas oportunidades
procesales. Como quedó dicho, si el ofrecimiento económico determina la utilidad
esperada, puede acudirse a dicha estimación a efectos de demostrar el quantum
indemnizatorio, sin perjuicio de prueba en contrario y siempre que no resulte
manifiestamente irrazonable y desproporcionada.

El monto de la utilidad dejada de percibir debe ser actualizado a la fecha de esta
providencia, para lo cual se tomará como índice base el correspondiente al IPC del
momento en que el contrato debió haber terminado —diciembre de 2019145—, y
como índice final el IPC reportado para la fecha de expedición de esta providencia
—enero de 2026—, conforme la siguiente fórmula:

VH × índice final
VP =
índice inicial

Donde,

VP Corresponde al valor presente
VH Es el valor histórico o inicial ($609.811.239)
Índice final Es el IPC vigente a la fecha de este fallo (enero de 2026) = 154,07
Índice Es el IPC vigente a la fecha en que debió terminar el contrato
inicial (diciembre de 2020) = 105,48

Para el caso concreto se tiene:

$609.811.239 X 154,07
VP =
105,48

145 De acuerdo con las estipulaciones que aparecen referenciadas en el contrato que obra en el

expediente, su plazo se extendía hasta el 20 de diciembre de 2019.
83

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

En consecuencia, VP equivale a ochocientos noventa millones setecientos
veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($890.724.474).

No está de más precisar que el hecho de que la Fundación Universitaria del Área
Andina hubiere solicitado el reconocimiento de la utilidad esperada por la ejecución
del contrato para la realización del concurso de méritos no desnaturaliza su
condición de institución de educación superior sin ánimo de lucro. En efecto, estas
instituciones no solo se financian a través de los derechos pecuniarios derivados de
su actividad académica, sino también mediante la celebración de contratos de
prestación de servicios acordes con su objeto social. Distinto es el asunto relativo a
la destinación de las utilidades que pueda generar la ejecución de un contrato,
aspecto ajeno a la controversia y que, por tal razón, no será objeto de análisis.

En segundo lugar, respecto a los gastos reclamados por concepto de la elaboración
de la propuesta, la Sala negará su reconocimiento, puesto que, tal y como lo ha
considerado la jurisprudencia de esta Sección, estos constituyen un costo de
oportunidad que los oferentes deben asumir por cuenta de su participación en el
proceso licitatorio146, y que en este particular caso deben tenerse como una
inversión para obtener la utilidad que se reconoce en favor de la parte accionante.
Al margen de lo anterior, lo cierto es que estos perjuicios no están acreditados en el
expediente, pues, recuérdese que para demostrarlos la parte accionante presentó
junto con su demanda un dictamen pericial al que no se le otorgó eficacia probatoria
por las razones que fueron expuestas en su oportunidad.

En tercer lugar, la Sala tampoco accederá al reconocimiento de los honorarios de
asesoría jurídica que fueron reclamados por la Fundación Universitaria del Área
Andina, como consecuencia de la asesoría y representación jurídica que se hizo
necesaria para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos con
ocasión de la expedición del acto administrativo demandado. Esta decisión se
adopta porque la parte accionante pretendió demostrarlos con el dictamen pericial
al que se le restó eficacia probatoria, lo que impide acceder al reconocimiento de
estos perjuicios ante la falta de prueba de aquellos. En este mismo punto debe
advertirse que, aun cuando en el expediente obra el contrato de prestación de
servicios de defensa judicial No. 4505-090519147, lo cierto es que en el proceso no
obran comprobantes de egreso que demuestren que la CNSC hubiere incurrido en
gastos por concepto de la ejecución de ese contrato.

En todo caso, la Sala resalta que en esta providencia judicial resolverá lo relativo a
la condena en costas, esto es, determinará el sujeto procesal que debe asumir la
carga económica que, para su contraparte, comportó la comparecencia al proceso
judicial, punto en el cual vale la pena destacar que entre las costas figuran las
agencias en derecho o gastos de apoderamiento o representación judicial. De ahí
que se estime que lo reclamado en este particular resultaba innecesario.

Finalmente, la Sala se abstendrá de ordenar a la CNSC que expida una certificación
a nombre de la demandante en la que se acredite que ocupó el primer orden de
elegibilidad en el proceso de licitación pública No. CNSC-LP-001. Tal determinación
146 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de

agosto de 2003, exp. 13136.
147 Fls 1016 a 1024, Cuaderno de Pruebas No. 7.

84

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

resulta manifiestamente innecesaria, porque la providencia judicial que en esta
oportunidad profiere esta Subsección cumplirá el propósito perseguido, que no es
otro distinto que establecer que la Fundación Universitaria del Área Andina tenía
derecho a la adjudicación del contrato estatal por haber ofrecido las mejores
condiciones para la CNSC.

5.1.6. La declaratoria de nulidad del contrato de prestación de servicio No. 247
suscrito entre la CNSC y la Universidad Libre

De entrada, debe recordarse que las causales de nulidad absoluta están concebidas
por el ordenamiento jurídico como una sanción que implica privar de eficacia los
actos jurídicos y los contratos que se han erigido en contravía de los intereses
superiores, por cuya protección propende el orden jurídico, con el fin de proteger al
conglomerado social de los efectos adversos que puedan desprenderse de un acto
jurídico o un contrato viciado de tales tipos de ilegalidad148. Es así que, de antaño,
la Sección Tercera de la Corporación ha sido enfática en establecer que, en aras de
proteger el orden público que debe regir las relaciones jurídicas, “el juez no sólo
tiene la facultad sino el deber de declarar la nulidad absoluta total o parcial de un
contrato, aun sin petición de parte”149. Se precisa, además, que tal potestad
excepcional solo puede ser ejercida bajo los estrictos lineamientos que impone la
ley, como garantía del principio de seguridad jurídica.

A partir de una lectura armónica y sistemática del inciso final del artículo 141 del
CPACA150, en concordancia con los artículos 45 de la Ley 80 de 1993151 y 1742 del
Código Civil152, esta Sala de Subsección153 ha sostenido de manera pacífica y
reiterada que el juez administrativo se encuentra habilitado para declarar de oficio
la nulidad absoluta de un contrato, siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos, a saber: (i) que esté plenamente demostrada en el proceso, sin que
sea susceptible de saneamiento por ratificación; (ii) que las partes contratantes o
sus causahabientes hayan intervenido en el proceso; y (iii) que no haya operado la
prescripción extraordinaria.

148 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre de 2012, exp.

26140.
149 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de agosto de 2006, exp. 31354. Posición reiterada

en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp.
29742.
150 “Artículo 141. […] El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir

que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio
cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las
partes contratantes o sus causahabientes”.
151 “Articulo 45. De la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el

agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de
saneamiento por ratificación. […]”.
152 “Artículo 1742. Subrogado por el art. 2º, Ley 50 de 1936. “La nulidad absoluta puede y debe ser

declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato;
puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el
Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa
ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción
extraordinaria”.
153 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp.

58705, sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62250; sentencia del 10 de diciembre de 2021, exp
55481; sentencia del 12 de julio de 2023, exp. 60817; sentencia del 1º de noviembre de 2023, exp
55929; sentencia del 13 de marzo de 2024, exp. 55596
85

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

Ahora bien, el régimen de nulidad de los contratos estatales se encuentra integrado
por las previsiones que en la materia prevé el EGCAP y el Código Civil. Entre las
causales de nulidad absoluta establecidas en la Ley 80 de 1993, destaca aquella
según la cual “[…] Los contratos del Estado son absolutamente nulos […] cuando:
[…] 4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; […]”.
La jurisprudencia de esta Sección ha considerado de manera pacífica que esta
causal se estructura en aquellos eventos en que en el proceso judicial se advierte
la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal, en tanto
este se erige como el fundamento que le otorga sustento jurídico a la celebración
del negocio jurídico estatal.

Bajo este contexto, la Sala estima que en este caso está plenamente demostrada
la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios No. 247 celebrado entre
la CNSC y la Universidad Libre, de conformidad con lo dispuesto en el referido
numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Lo considerado en los anteriores
términos está dado por el hecho de que en este proceso judicial la parte accionante
demostró la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación que brindó sustento a
la suscripción del contrato de prestación de servicios No. 247, al haber quedado
dilucidado en el proceso que la CNSC desatendió el deber de selección objetiva que
le exigía escoger la propuesta más favorable de acuerdo con la rigurosa aplicación
de los criterios definidos en el pliego de condiciones.

En efecto, la nulidad absoluta del contrato encuentra pleno respaldo en la medida
en que el desconocimiento del deber de selección objetiva constituye una infracción
sustancial a las normas imperativas que rigen la contratación estatal, cuyo
cumplimiento resulta indispensable para salvaguardar los principios de
transparencia, igualdad y legalidad que orientan la función administrativa. Cuando
la administración pública adjudica y celebra un contrato sobre la base de un acto
administrativo afectado de ilegalidad, se compromete de manera directa la validez
del vínculo contractual, toda vez que la ausencia de un procedimiento de selección
ajustado a derecho impide predicar la existencia de un consentimiento válido y
eficaz. En tales condiciones, la irregularidad advertida en el particular no se traduce
en un vicio meramente formal, sino en una causal de nulidad absoluta que afecta el
objeto mismo del contrato, al estar edificado sobre un acto de adjudicación contrario
a las normas que le daban sustento jurídico.

A lo anterior debe agregarse que: (i) de acuerdo con lo establecido en el artículo
45154 de la Ley 80 de 1993, la nulidad absoluta del contrato estatal no es susceptible
de saneamiento por ratificación; (ii) en el presente caso la nulidad no se saneó por
la prescripción extraordinaria, cuyo término es de 10 años conforme lo dispuesto en
el artículo 1º de la Ley 791 de 2002155, en la medida en que el contrato fue suscrito
el 12 de abril de 2019, la demanda radicada el 20 de septiembre de 2019 y el auto
admisorio de la demanda notificado dentro de los términos del artículo 94 del

154 “ARTÍCULO 45. DE LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las
partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es
susceptible de saneamiento por ratificación. […]”.
155 “Artículo 1º Redúzcase a diez (10) años el término de todas las prescripciones veintenarias,

establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de
petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas”.
86

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

CGP156; y (iii) al proceso judicial de la referencia compareció la Universidad Libre,
la cual fue vinculada como litisconsorte necesario por pasiva por haber resultado
beneficiada con la adjudicación en el curso del procedimiento de selección.

En los términos anteriormente expuestos, con el objeto de proteger al conglomerado
social de los efectos adversos que puedan desprenderse de un contrato viciado de
nulidad absoluta, en la parte resolutiva de esta providencia judicial se declarará la
nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios No. 247, por haberse
demostrado la ilegalidad del acto administrativo que le sirvió de fundamento. Con
todo, esta Subsección se abstendrá de reconocer restituciones mutuas en favor de
las partes del contrato, teniendo en consideración que no existe prueba de su
causación, en la medida en que al expediente no fueron allegados los documentos
relativos a la ejecución del contrato estatal. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta
que, de acuerdo con el plazo estipulado en el contrato –su plazo se extendía hasta
el 20 de diciembre de 2019–, resulta razonable inferir que el contrato se encuentra
terminado157.

6. Costas

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 365158 y 366159 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA160, establecen
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente
su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la secretaría
del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho,
de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, y

156 “Artículo 94. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide

que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo
se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la
notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos
solo se producirán con la notificación al demandado […]”.
157 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 28 de febrero de 2022, exp. 65134.
158 “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]. // 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
159 ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”.
160 “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
87

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la
actuación desplegada por la parte vencedora.

Bajo este contexto, dado que en esta instancia se revocará integralmente la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala condenará en
costas de primera y segunda instancia a la CNSC y a la Universidad Libre con
sustento en el numeral 4161 del artículo 365 del CGP, porque resultaron vencidas en
el proceso judicial de la referencia. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la
liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que, con fundamento en las
tarifas fijadas en el acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el
Consejo Superior de la Judicatura162, las agencias en derecho respecto de la primera
instancia se fijan en un porcentaje equivalente al 7% de las pretensiones económicas
formuladas en el libelo introductorio, en tanto está demostrada la gestión del
apoderado de la Fundación Universitaria del Área Andina en el curso de la primera
instancia, al paso que la calidad de la misma a partir de sus diferentes intervenciones.
Esta Subsección no fijará agencias en derecho respecto de esta instancia, dado que
el apoderado de la demandante no intervino en el trámite de la misma 163.

Por último, la Sala precisa que la decisión que se adoptará en esta providencia
judicial conlleva acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, lo que
permite al juez valorar la posibilidad de abstenerse de condenar en costas, de
acuerdo con lo prescrito en el numeral 5164 del artículo 365 del CGP. No obstante lo
anterior, la Sala destaca que en este caso no encuentra motivos que justifiquen
apartarse de la regla general en la materia, según la cual se debe condenar en
costas a la parte vencida en el proceso judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

161 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a

aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4.
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]”.
162 ACUERDO PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016. El artículo 5 numeral 1 establece

que, para los procesos declarativos en general, la tarifa en primera instancia para procesos de mayor
cuantía será “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido” y en segunda instancia será “entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”
163 Si bien es cierto el apoderado de la demandante presentó escrito en el trámite de la segunda

instancia (SAMAI – Consejo de Estado, índice No. 9), lo cierto es que el mismo tuvo por objeto
recordar a esta Corporación la imperiosa necesidad de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud
de pruebas en segunda instancia que había impetrado por medio de escrito presentado dentro del
término de ejecutoria del auto que concedió el recurso de apelación. En el anterior orden, el escrito
presentado no comportó una nueva actuación, sino un recordatorio sobre la necesidad de decidir
una solicitud de pruena impetrada cuando no había iniciado el trámite de segunda instancia.
164 ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a

aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. […]”.
88

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00682-01 (69010)
Demandante: Fundación Universitaria del Área Andina

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en esta providencia judicial.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución No. CNSC –
20191400021505 del 3 de abril de 2019, por medio de la cual la Comisión Nacional
del Servicio Civil adjudicó a la Universidad Libre el contrato para la realización del
concurso de méritos para la provisión de empleos vacantes del sistema general de
carrera administrativa, de conformidad con la motivación expuesta en esta
providencia judicial.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Comisión Nacional
del Servicio Civil a pagar a la Fundación Universitaria del Área Andina la suma de
ochocientos noventa millones setecientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y
cuatro pesos ($890.724.474).

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: DECLARAR DE OFICIO la nulidad absoluta del contrato de prestación de
servicios No. 247 celebrado entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Universidad Libre, por las razones expuestas en esta providencia judicial.

SEXTO: NO HAY LUGAR a restituciones mutuas.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la
Universidad Libre, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ACLARACIÓN DE VOTO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

E2

89

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.