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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00033-02

Responsabilidad del estado

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00033-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025, mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal a quo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho, se fija la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, en favor de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial y a cargo de la parte actora, distribuido en un cincuenta por ciento (50%) para cada una de las entidades. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, a través de la Secretaría de la Sección Tercera, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2020-00033-02

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro
Demandados: Nación - Rama Judicial y otro
Referencia: Reparación directa

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error judicial /
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ERROR DE HECHO POR VALORACIÓN PROBATORIA
INCOMPLETA O DEFICIENTE – DAÑO ANTIJURÍDICO – No se demostró por inexistencia de yerro
judicial y suficiencia en la motivación de las providencias cuestionadas.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia anticipada del 27 de marzo de 2025, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la Fiscalía General de
la Nación, negó las pretensiones y condenó en costas.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación – Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los actores
como consecuencia del presunto error judicial en el que incurrieron (i) la Fiscalía 34
delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, (ii) la Fiscalía 34 delegada
ante el Tribunal Superior de la misma ciudad, (iii) el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio de la capital y (iv) la Sala de Decisión
Penal de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, al dictar en el
prenotado orden las resoluciones del 17 de abril de 2007 y 21 de febrero de 2008,
así como las providencias de 17 de abril de 2012 y el 8 de noviembre de 2017 1, en
virtud de las cuales se encontró mérito para iniciar la acción prevista en la Ley 793
de 2002 y se declaró la extinción de dominio, entre otros, del predio identificado con

1 Radicación 11001070401120080003504 (E.D. 057)

1

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

la matrícula inmobiliaria 280-68883, ubicado en el municipio de Circasia (Quindío)
de propiedad de los actores.

ANTECEDENTES

3. En escrito presentado el 30 de enero de 20202, los actores formularon
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables
de los perjuicios irrogados3 como consecuencia de los supuestos errores judiciales

2 Fl. 65 cuaderno físico.
3 A continuación, se transcribe en forma literal (incluso con posibles errores) las pretensiones
declarativas y de condena que fueron consignadas en la demanda: “1. Que la demandada incurrió
en múltiples y garrafales errores que evidentemente constituyen una manifiesta falla en el servicio
de administración de justicia, resultando responsables de los daños y perjuicios causados a los
demandantes ALONSO ALZATE ALZATE y ALVARO ALZATE ALZATE, con ocasión de la infundada
vinculación al proceso de extinción de dominio seguido contra CARLOS LEDHER RIVAS, la
consecuente ocupación, suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y extinción del
derecho de dominio o propiedad del predio rural denominado “La Querendona” cuyo número de
matrícula inmobiliaria es 280-68883, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Circasia
(Quindío), dentro del proceso radicado con el número 11001070401120080003500. || 2. Que con la
sentencia contraria a derecho las demandadas lesionaron gravemente la vida, honra y los bienes de
los demandantes, lo que es contrario a la finalidad del Estado cuya obligación, precisamente, es
proteger estos sagrados derechos. || 3. Que la comisión de los reiterados errores judiciales en que
incurrieron los demandados dentro del proceso de extinción de dominio constituye una evidente falla
en el servicio de administración de justicia al despojarlos del inmueble LA QUERENDONA, los
valores pagados por el citado inmueble y las mejoras efectuadas, sin que tuviera derecho alguno o
participación en la propiedad el perseguido narcotraficante CARLOS LEDHER RIVAS. || 4. Que a
través del presente medio de control se ha demostrado el arrebatamiento injusto de los bienes de
los señores ALONSO ALZATE ALZATE y ALVARO ALZATE ALZATE, los cuales fueron adquiridos
con dineros provenientes del fruto de herencia y trabajo lo cual es contrario a la Constitución y a la
ley. || 5 Que se cumplen los presupuestos del error jurisdiccional estipulados en el artículo 67 del
Estatuto de la Administración de Justicia por cuanto la sentencia contentiva del error no era
susceptible de recurso y se encuentra en firme. || 6 Que la sentencia lesiva para la parte actora
corresponde a un error jurisdiccional por cuanto fue obra de servidores públicos investidos de
autoridad judicial que profirieron las decisiones contrariando la normatividad constitucional y legal en
el curso del proceso radicado con el No. 110010704011200800035 y materializado a través de sus
respectivos pronunciamientos. || 7 Que de conformidad con el artículo 90 de nuestra carta política y
del contenido del artículo 65 del estatuto de la administración de justicia, además de lo indicado en
los numerales anteriores, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijuridicos
ocasionados a los señores ALONSO ALZATE ALZATE y ALVARO ALZATE ALZATE, así: || 7.1. Por
concepto de DAÑOS MATERIALES, a título de indemnización, le sea reconocida y pagada a
ALONSO ALZAGE ALZATE y ALVARO ALZATE ALZATE las siguientes sumas de dinero originadas
en el detrimento económico de que han sido objeto como consecuencia de este injusto proceder de
la autoridad judicial: || 7.1.1. Por concepto del DAÑO EMERGENTE, la devolución del inmueble o el
pago de la suma equivalente al valor comercial actual, estimado en SEIS MIL MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000.000.00). || 7.1.2. Por concepto de LUCRO CESANTE PASADO de conformidad
con la producción agrícola, ganadera y lechera, la suma de || 7.1.3. Por concepto de LUCRO
CESANTE FUTURO de conformidad con la producción agrícola, ganadera y lechera, la suma de 7.2.
Por concepto de DAÑOS MORALES, a título de indemnización, le sea reconocida y pagada a
ALONSO ALZATE ALZATE y ALVARO ALZATE ALZATE la suma en pesos colombianos equivalente
2

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

en los que, en su criterio, incurrieron en la expedición de las decisiones descritas en
líneas anteriores.

4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

5. Con base en la extradición de Carlos Enrique Lehder Rivas ocurrida en
febrero de 1987 a los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la Nación,
mediante la Resolución de 1° de marzo de 2000, inició el trámite de extinción de
dominio de un número plural de bienes pertenecientes a dicha persona, entre los
cuales se incluyó el predio rural denominado “La Querendona” identificado con el
número de matrícula inmobiliaria 280-68883, ubicado en el municipio de Circasia y
cuyo derecho de dominio fue adquirido por los demandantes a la Sociedad
Inversiones San Julián Ltda., cuyo capital se conformó con dineros provenientes de
las actividades ilegales del extraditado.

6. En la demanda se describió, en primer término, la fase instructiva del proceso
extintivo de dominio que inició con expedición de la Resolución de 14 de febrero de
2002, en la que la Fiscalía dio curso al recaudo de pruebas documentales, periciales
y testimoniales. Según la demanda, el ente acusador desatendió “los válidos

a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, a cada uno, por la aflicción causada con la
actuación judicial erróneo que los despojó de sus bienes, ocasionándole una grave ruina e
incapacidad económica para subsistir en condiciones dignas a las que tenía y tiene pleno derecho
de disfrutar. || 7.3. Por perjuicio extrapatrimonial ocasionado a la víctima en lo que la CORTE EN
DISTINTOS FALLOS HA DENOMINADO DAÑO A LA VIDA DE RELACCION O EN SOCIEDAD, EL
QUE, A BUEN SEGURO, SEGUIRA INCIDIENDO NEGATIVAMENTE EN ELLOS, perjuicio que se
estima en el EQUIVALENTE EN PESOS A UN MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES para cada
uno de ellos; por el aislamiento social, familiar y personal al que se han visto sometidos por los
infundados señalamientos y la limitación económica extrema a la que fueron llevados como
consecuencia del irracional actuar de la autoridad judicial, despojándolos de su patrimonio que
representa el capital de trabajo de los aquí accionantes. || 7.4. Igualmente, solicito a los Honorables
Magistrados se liquiden estos valores incluyendo intereses y aplicando la respectiva indexación y
adicionando la rentabilidad de los valores dejados de percibir hasta cuando sean cancelados. || Se
hace la salvedad de que, en caso de ánimo conciliatorio, de manera excepcional, basta con la
restitución del inmueble LA QUERENDONA con matrícula inmobiliaria No. 280-68883, ubicado en el
municipio de Circasia, en el departamento del Quindío, dando así por subsanando el injusto proceder
de la autoridad judicial, renunciando a la demanda de reparación de los demás perjuicios
ocasionados. || Como consecuencia de la primera declaración, la autoridad judicial, habrá de
condenar a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación al pago de los daños y
perjuicios materiales, en calidad de daño emergente y también el lucro cesante, a favor de los
convocantes ALONSO ALZATE ALZATE y ALVARO ALZATE ALZATE, causados desde el 1° de
marzo de 2000 cuando se llevó a cabo la ocupación y demás actos de despojo del dominio o
propiedad del predio rural denominado "La Querendona" y hasta cuando ese la ocupación y despojo
y se regrese material y jurídicamente el mencionado predio. || Como consecuencia de la primera
declaración, y subsidiariamente, en caso de no poder ordenarse material o jurídicamente la
devolución del citado inmueble, previo peritaje, se pretenderá la reparación del perjuicio material que
corresponde al daño emergente.”
3

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

argumentos expuestos en relación con este asunto y se escudaron en un dictamen
pericial en el que la persona asignada llegó a la conclusión de que los señores
ALZATE ALZATE NO DEMOSTRARON TENER LA CAPACIDAD ECONÓMICA
SUFICIENTE PARA ADQUIRIR EL CITADO INMUEBLE, simplemente porque la
Fiscalía NO LOGRÓ CONSEGUIR LAS DECLARACIONES DE RENTA DE ELLOS
correspondiente al año 1989”. La ausencia probatoria fue “tomada como falta grave,
responsabilizando a los hermanos ALZATE ALZATE y prácticamente
condenándolos por anticipado dentro de este proceso cuando realmente la carga
probatoria estaría a cargo de la autoridad judicial haciendo exigibles tales
documentos de otra entidad oficial como lo es la DIAN o reconociendo la solvencia
económica, social y moral del aquí accionante (sic).”

7. El 17 de abril de 2007, la Fiscalía 34 delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Bogotá profirió la resolución en virtud de la cual determinó que había
mérito para declarar la procedencia de la extinción de dominio sobre el inmueble
“La Querendona”. Decisión que fue confirmada en sede de apelación por la Fiscalía
34 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 21 de febrero de 2008.

8. En el escrito también se describió la fase judicial que inició con la remisión
del expediente a los Juzgados el 9 de junio de 2008 bajo el número de radicación
11001070401120080003500 para que resolvieran lo pertinente. Surtido el debate
probatorio respectivo4 en el que incluso solicitaron la “práctica de un dictamen
pericial en materia contable a fin de determinar la verdadera condición económica
[que] no fue del agrado del juzgador, determinando que bastaba con las escrituras
públicas y que era deber del juzgado estudiar esas documentales”, el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá,
mediante sentencia proferida el 17 de abril de 2012, decretó la extinción del derecho
de dominio del inmueble al no encontrar sustento probatorio sobre el origen lícito de
los recursos utilizados por los actores para la adquisición del predio en 1988. El
juzgado desestimó la prueba testimonial, documental y contable ofrecida por los
demandantes y concluyó que no lograron demostrar su calidad de terceros de buena
fe exentos de culpa.

4 En la demanda se hizo alusión un extenso acervo probatorio con el que se pretendía demostrar la

capacidad económica y la licitud de los recursos de los señores Alonso y Álvaro Alzate Alzate, que
incluye certificaciones tributarias expedidas por la DIAN, escrituras públicas que acreditan la
adquisición y venta de bienes inmuebles, certificados de tradición, declaraciones de renta y pagos
de impuestos desde mediados de los años ochenta, documentos relativos a actividades ganaderas
y de urbanización en el proyecto “Condominio Cerro Verde”, así como la constitución de la sociedad
familiar “Colinas del Campestre y Compañía Ltda.” y los testimonios de Luis Alberto Arias García,
Oscar Gutiérrez Echeverry y Hernando Ramírez.
4

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

9. Esta determinación fue apelada por los actores quienes argumentaron (i) que
contaban con los recursos suficientes lícitamente adquiridos para adquirir la
propiedad del bien materia de controversia, (ii) que en la negociación actuaron
amparados del principio de buena fe y (iii) que para la época de la venta no era un
hecho notorio que la Sociedad San Julián Ltda. guardara relación alguna con el
extraditado Carlos Enrique Lehder Rivas.

10. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la sentencia
del 8 de noviembre de 2017, confirmó la decisión de primer grado. Según las
transcripciones efectuadas en la demanda, el Tribunal determinó que los señores
Alzate no demostraron de manera suficiente y documentada su capacidad
económica para adquirir el predio, por cuanto las justificaciones ofrecidas tales
como la venta de un apartamento, el recibo de una herencia posterior a la venta, las
actividades agropecuarias y las declaraciones tributarias no fueron concomitantes
con el momento en que fue comprado el inmueble. Además, el préstamo suscrito
con una entidad financiera tampoco probó el origen de los fondos usados, pues fue
destinado a una inversión ajena a la adquisición del predio en disputa.

11. Los actores afirmaron que la extinción del derecho de dominio sobre el predio
“La Querendona” constituyó un daño antijurídico derivado de una actuación judicial
errónea, toda vez que los afectados actuaron como terceros de buena fe y sin
vinculación con actividades del extraditado. Argumentaron que el error jurisdiccional
se concretó en las decisiones de extinguir el dominio sin prueba suficiente y en
franco desconocimiento de los derechos fundamentales de los demandantes.
Incluso ante la imposibilidad material de allegar la declaración de renta de 1988, la
carga dinámica de la prueba imponía a las autoridades el deber de requerir dicha
información directamente a la DIAN, lo cual no se cumplió.

Trámite de primera instancia

12. La demanda fue inadmitida el 4 de marzo de 20205 y una vez presentada la
subsanación el 13 de julio siguiente6, el Tribunal procedió a la admisión a través de
auto de 18 de agosto del mismo año7.

5 Se precisa que el Tribunal inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora (i) aportara la
escritura pública 3588 de 1988 y el certificado de tradición que demostrara la titularidad del derecho
de dominio del inmueble, (ii) la cuantía de las pretensiones y (iii) clarificara la fecha en que fueron
notificados de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá para
efectos de caducidad. Cfr. Fl 69 del cuaderno físico.
6 Ver índice 0006 Samai.
7 Cfr. Índice electrónico 00007 de Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

13. La Rama Judicial contestó la demanda8. Señaló que se atenía a los hechos
que resulten probados en el proceso al tiempo que indicó que el proceso de
extinción de dominio se adelantó de oficio por parte de la Fiscalía General de la
Nación, por manera que el acto de privación del poder dispositivo de dichos
inmuebles fue exclusivo de dicha autoridad. A lo anterior agregó que por mandato
legal corresponde a la Dirección Nacional de Estupefacientes -hoy Sociedad de
Activos Especiales- ejercer la administración de los bienes sobre los cuales recaigan
medidas cautelares.

14. Propuso la excepción de caducidad, en tanto que la sentencia de segunda
instancia proferida el 8 de noviembre de 2017 por el Tribunal Superior de Bogotá
quedó ejecutoriada el 22 y no el 30 de ese mismo mes y año, como lo pretende ver
la parte actora. De manera que cuando presentó la solicitud de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación -26 de noviembre de 2019- la
acción ya había expirado.

15. Como excepciones de mérito presentó las de: i) “falta de legitimidad en causa
por pasiva de la Nación-Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial” comoquiera que el hecho generador del daño alegado radica, en sentir de
la entidad, en el ejercicio de las facultades legales por parte de la Fiscalía General
de la Nación que ordenó oficiosamente el trámite de extinción de dominio y la
suspensión del poder dispositivo mediante el embargo y secuestro del inmueble;
actuaciones que ocurrieron en la etapa inicial de la acción de extinción de dominio
en la que los Jueces de la República no tienen competencia; ii) “culpa exclusiva de
la víctima” pues los demandantes no probaron que adquirieron el predio de manera
lícita; iii) “hecho de un tercero” toda vez que la extinción de dominio fue efectuada
por la Fiscalía General de la Nación; iv) “ausencia de causa petendi” por cuanto
considera que los actores pretenden una cuantiosa indemnización sin que
demostraran los supuestos perjuicios relacionados con el adelantamiento del
proceso de extinción de dominio contra un bien de procedencia ilícita y v)
“inexistencia de daño antijurídico”, en la medida en que el servicio de justicia fue
prestado de manera adecuada.

16. Finalmente, solicitó la vinculación al proceso de la Sociedad de Activos
Especiales S.A.E., y de la Fiscalía General de la Nación como litisconsortes
cuasinecesarios “porque a tales entidades pueden extenderse los efectos jurídicos

8 Documento “35_RECIBEMEMORIALES_PODERYAN_CONTESTACIONDDAPOD(.PDF)”,
obrante en el índice electrónico 00011 de Samai.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

de la sentencia, estando así legitimada para ser demandada(s); su obligación tiene
origen en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002”.

17. La Fiscalía General de la Nación a su turno también presentó escrito de
oposición a las pretensiones9. Manifestó que no le era posible pronunciarse sobre
los hechos alegados debido a la falta de claridad y estructura en la demanda, pues
en su entender se limitaba a apreciaciones subjetivas y no a hechos concretos.
Afirmó que la extinción de dominio se produjo conforme a la ley, con base en
pruebas suficientes y decisiones judiciales debidamente notificadas y ejecutoriadas,
y que no existió un funcionamiento defectuoso de la administración de justicia.

18. Planteó la excepción de caducidad de la acción en atención a que (i) “el
recurso de apelación frente a la providencia del 17/04/2007 – la cual encontró mérito
para declarar la procedencia de la extinción sobre el inmueble “la querendona” se
desató por la Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal el 21/02/2008 confirmando la
decisión recurrida. Fecha esta en la que se genera el conocimiento de los
accionantes de la aparente “desatención a válidos argumentos y pruebas”
expuestos en favor de los accionantes” y (ii) “la solicitud de conciliación
prepucial(sic) se presentó el 26/11/2019 cuando ya se habían superado los 2 años
de término para cuestionar y atacar en esta jurisdicción la decisión adoptada por mí
representada no solo sobre la procedencia de la acción de extinción de dominio
sobre el bien inmueble que se decía era de propiedad de los accionantes sino,
además, de la decisión de segunda instancia proferida por la Fiscalía 34 Delegada
ante el Tribunal Superior de Bogotá”.

19. Agregó que la ejecutoria de la decisión adoptada por los jueces de la
República no puede ser tenida como habilitante de la acción frente a la Fiscalía,
pues tiene relevancia la fecha en que las resoluciones dictadas por la entidad se
dieron a conocer a los afectados sin que pueda hablarse de un daño continuado.
En todo caso afirmó que, de estudiarse la oportunidad de la demanda de cara a la
firmeza de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, el ejercicio de la
acción de reparación directa también fue extemporáneo en tanto que la ejecutoria
de la decisión ocurrió el 22 de noviembre de 2017, mientras que la solicitud de
conciliación se presentó el 26 de ese mismo mes de 2019.

20. Como excepciones de mérito presentó las de “inexistencia de daño
antijurídico y ausencia de falla en el servicio”, “ruptura del nexo de imputación por

9 Documento denominado 42_RECIBEMEMORIALES_PODERYAN_JL45415RDCONTESTA(.PDF)

NroActua 12, visible en el índice 12 de Samai.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

el hecho de la víctima” y la “genérica” al considerar (i) que los actores no probaron
la existencia de un daño antijurídico imputable a la administración, ni una falla en el
servicio por parte de la Fiscalía o la Rama Judicial en el proceso de extinción de
dominio que culminó con sentencia ejecutoriada. Resaltó la complejidad del caso,
la legalidad de las actuaciones procesales y la inexistencia de mora judicial
injustificada, conforme a los estándares jurisprudenciales; (ii) los demandantes no
acreditaron buena fe exenta de culpa en la adquisición del inmueble afectado, lo
que generó la ruptura del nexo causal al recaer el perjuicio en su actuar negligente
y temerario y (iii) conforme al artículo 187 del CPACA, solicitó valorar integralmente
los hechos y las pruebas10.

Sentencia de primera instancia

21. A través de la decisión de 27 de marzo del presente año, la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no
probada la excepción de caducidad, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte vencida.

22. Consideró que la parte actora acudió a la jurisdicción oportunamente, por
cuanto radicó la demanda el 30 de enero de 2020, previo agotamiento de la
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación el 26 de noviembre del año
anterior, mientras que el daño alegado debe contarse desde el 30 de diciembre de
2017, fecha en la que quedó ejecutoriada la declaratoria de la extinción del derecho
de dominio del bien inmueble de los demandantes dispuesta por el Tribunal
Superior de Bogotá.

23. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que no hay lugar a declarar la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación comoquiera que en el proceso

10 Adicionalmente, se surtieron las siguientes actuaciones: (i) el Tribunal negó la vinculación de la

S.A.E. como litisconsorte cuasinecesario, al no haber intervenido en la extinción del dominio
discutida; respecto a la Fiscalía, señaló que ya era parte demandada en el proceso; (ii) mediante
auto del 1° de diciembre de 2022 declaró la caducidad de la acción frente a la Fiscalía mas no frente
a la Rama Judicial; (iii) la parte actora interpuso reposición y apelación contra dicha decisión,
alegando un fraccionamiento indebido en el estudio de la oportunidad de la demanda; (iv) esta
Corporación devolvió el expediente para que resolviera lo pertinente a través de sentencia
anticipada; (v) en acatamiento a lo resuelto, el Tribunal anunció el trámite de sentencia anticipada
parcial y corrió traslado a las partes; (vi) el 13 de marzo de 2024 se tramitó recusación contra la Sala,
decidida el 28 de octubre de 2024 en el sentido de no configurarse las causales previstas en el CGP;
(vii) el 18 de noviembre de 2024 se difirió el estudio de la caducidad de la Fiscalía para la decisión
de fondo; no obstante, al considerar que no habían pruebas por practicar, procedió a la fijación del
litigio y continuó con la cuerda procesal de sentencia anticipada; y (viii) finalmente, el 28 de enero de
2025 se corrió traslado para alegatos de conclusión, derecho que fue ejercido solo por la parte actora.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00033-02 (72.852)
Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

no existe prueba de las decisiones ni de los antecedentes de la etapa de instrucción
del proceso penal. Destacó que la parte demandante se limitó a aportar la copia de
las sentencias del 17 de abril de 2017 emanada del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y la del 8 de noviembre
de 2017, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá relacionadas con la extinción
de dominio del predio rural “La Querendona”, lo que en criterio del colegiado era
insuficiente para analizar el error endilgado al ente investigador.

24. En cuanto a la responsabilidad atribuida a la Rama Judicial, el a quo precisó
que la parte demandante reprochó: (i) que no se practicara otro dictamen pericial
para determinar la verdadera condición económica, (ii) que se le restara valor
probatorio a los documentos y testimonios y (iii) que se les desestimara como
terceros de buena fe, pues para la época en la que se adquirió el inmueble no
contaban con la información sobre la detención de Carlos Lehder como
narcotraficante. Argumentaciones que, según el Colegiado, fueron analizadas y
desestimadas en su integridad por el Tribunal Superior de Bogotá, por lo que el
proceso de reparación directa no procedía reabrir ese debate como si se tratara de
una tercera instancia. Así, se concluyó que no existió error jurisdiccional, pues las
autoridades valoraron las pruebas disponibles, las cuales no demostraron la
capacidad económica de los compradores para la época en que adquirieron el
mencionado predio.

25. Finalmente, condenó en costas a la parte vencida en diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, distribuidos en porciones iguales a favor de
cada una de las demandadas [5 salarios para cada entidad].

Recurso de apelación

26. Los actores apelaron la decisión de primer grado. Cuestionaron que el
Tribunal no se pronunciara sobre el “cúmulo de errores judiciales” en que
incurrieron, en su entender, las autoridades accionadas al ignorar los múltiples
elementos de convicción con los que se demostró la capacidad económica y la
licitud de los recursos de los señores Alonso y Álvaro Alzate Alzate, que incluye
certificaciones tributarias expedidas por la DIAN, escrituras públicas que acreditan
la adquisición y venta de bienes inmuebles, certificados de tradición, declaraciones
de renta y pagos de impuestos desde mediados de los años ochenta, los
documentos relativos a las actividades ganaderas y de urbanización en el proyecto
“Condominio Cerro Verde”, así como la constitución de la sociedad familiar Colinas
del Campestre y Compañía Ltda. También debatieron que el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá negara la
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Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

práctica de un dictamen pericial solicitado para acreditar la capacidad económica
en la compra del predio.

27. Precisaron que la demanda no fue formulada como si se tratara de una
tercera instancia, sino que pretende el reconocimiento de un derecho adquirido
sobre el inmueble que les fue despojado. Transcribieron varios apartes de la
sentencia C-740 de 2003 de la Corte Constitucional, con el fin de destacar que el
Estado no puede presumir la ilicitud del origen de los bienes, sino que tiene la carga
de demostrarlo. También expuso la diferencia entre la buena fe simple y la buena
fe cualificada, esta última como fundamento para proteger a terceros adquirentes.

28. Controvirtieron que fuera un hecho notorio en 1988 la relación de la sociedad
vendedora con Carlos Lehder e insistió en que no existía información pública al
respecto. Por lo tanto, los compradores actuaron con buena fe y no podían conocer
vínculos ocultos entre la sociedad vendedora y actividades ilegales. Enunciaron la
existencia de un defecto fáctico por valoración contraevidente de la prueba, al
tiempo que consideraron vulnerados los artículos 2, 13 y 29 Constitucionales por la
actuación arbitraria de las autoridades judiciales.

Trámite de la segunda instancia

29. Mediante auto de 23 de julio de 2025, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación presentado por la parte demandante11. La ejecutoria de esta decisión
corrió desde el 28 hasta el 30 de julio de 2025, sin que los apoderados de la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial se pronunciaran en relación con el recurso
de apelación formulado.

CONSIDERACIONES

30. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales
de jurisdicción, competencia, caducidad, legitimación en la causa por activa y
pasiva y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, la Sala procede a
decidir la segunda instancia de la presente litis.

El objeto del recurso de apelación y problemas jurídicos a resolver

11 Índice electrónico 00003 de Samai.

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31. En esta instancia, le corresponde a la Subsección pronunciarse sobre los
reparos concretos expuestos contra la sentencia de primer grado, los cuales, por
regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia,
salvo que se trate de situaciones que se deban auscultar y definir de manera
oficiosa.

32. De los argumentos de apelación la Sala considera que el problema jurídico
a resolver es el siguiente: ¿erró el Tribunal al concluir que las autoridades
demandadas no incurrieron en un yerro jurisdiccional al proferir las providencias del
17 de abril de 2012 y 8 de noviembre de 2017, en el marco del proceso de extinción
de dominio seguido en contra de los demandantes, concretamente por la valoración
deficiente o incompleta de los medios probatorios que presuntamente acreditaban
la solvencia económica de los señores Álvaro y Alonso Alzate Alzate y su condición
de adquirentes de buena fe del predio "La Querendona"?

Relación de hechos probados relevantes

33. Como ruta para el análisis de los aspectos que delimitan el problema jurídico,
se considera pertinente enunciar la prueba documental en el expediente la cual, se
anticipa, resulta insuficiente para revocar la decisión de primer grado:

34. Obra la Escritura Pública 3588 de 14 de diciembre de 1988, protocolizada
ante el Notario Segundo del Círculo de Armenia, de acuerdo con la cual el Gerente
de la Sociedad Inversiones San Julián Limitada transfirió el derecho de dominio a
los hermanos Alonso y Álvaro Alzate Alzate sobre un lote de terreno ubicado en el
municipio de Circasia en la Urbanización Campestre Villa San Julián por valor de
$3´978.000, sin que se especificara la forma o el medio de pago. Según se consignó
en el instrumento público, la Sociedad vendedora “adquirió el referido inmueble,
junto con mayor porción, por compra hecha a la sociedad “Carlos Lehder Rivas &
CIA., sociedad comandita por acciones”. Este negocio fue inscrito en el folio de
matrícula inmobiliaria 280-68883 obrante en el proceso12.

35. En sentencia del 17 de abril de 201213, el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá declaró la extinción del derecho

12 Cfr. Archivo denominado
“7recibememoriales_tradicionlaquerendonacertificado384022524045466094991270pdf”, visible en
Samai.
13 Documentos denominados “16recibememoriales_sentencia3alzatejuzgado811”,
“15recibememoriales_sentencia1alzatejuzgado21” y
14recibememoriales_sentencia2alzatejuzgado411” del expediente digital, que obran en Samai.
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de dominio de numerosos inmuebles ubicados en los municipios de Armenia, La
Tebaida, Salento, Circasia, Pereira y Bogotá y de dos sociedades en las que tenía
participación el extraditado. Dentro del conjunto de activos afectados con la medida
se encuentra el bien transferido en venta a los señores Álvaro y Alonso Alzate
Alzate.

36. De acuerdo con lo consignado en la decisión, el Juzgador determinó que los
demandantes en este proceso no lograron acreditar una capacidad económica y
patrimonial anterior a diciembre de 1988 que les permitiera adquirir el mencionado
predio. Conclusión que fue soportada en los siguientes razonamientos:

● La sucesión por causa de muerte de la madre de los actores con la cual
pretendían acreditar la liquidez para la compra del bien fue realizada cinco años
después del negocio jurídico;

● Los interesados no aportaron las declaraciones de renta correspondiente a
1988, mientras que las presentadas en las anualidades 1986, 1987 y 1989 no
demostraban recursos suficientes para la negociación del predio. A su turno, las
declaraciones posteriores a 1990 relevaban un incremento injustificado del
patrimonio que coincidió con la compra del inmueble;

● El préstamo de una entidad financiera en la ciudad de Medellín por valor
$3.680.000 el 22 de abril de 1988, fue desembolsado no solo al señor Álvaro Alzate
sino también a María Victoria y Margarita Alzate de lo cual coligió que “el señor
Alzate no podía disponer de la totalidad de este dinero, sumado a que fue
desembolsado 10 meses antes de la compra del predio”.

● El pago del lote mediante la venta un apartamento ubicado en la ciudad de
Cali de propiedad de Alonso Alzate Alzate por valor de $1´144.000 y el saldo
restante que aparentemente fue entregado a la firma de la escritura por un monto
de $2’834.000, no se encuentra soportado documentalmente.

● Las declaraciones de los señores Luis Alberto Arias García, Hernando
Ramírez Valencia y Óscar Gutiérrez Echeverri dan cuenta de la realización de
varios actos mercantiles pero que no sustentan el origen de los dineros utilizados
para diciembre de 1988.

● Los extractos bancarios posteriores al año 2001 no fueron objeto de estudio,
por cuanto son remotos respecto a la fecha de adquisición del inmueble.

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● Para el año de 1988, era de conocimiento público y un hecho notorio que la
sociedad Inversiones San Julián Ltda., era una persona jurídica perteneciente al
señor Carlos Enrique Lehder Rivas por lo que no resulta viable reconocer la
titularidad de la propiedad La Querendona en cabeza de los señores demandantes.

37. Mediante providencia de 8 de noviembre de 2017, la Sala Penal de Extinción
de Dominio del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá resolvió, entre otros,
el recurso de apelación presentado por el apoderado de los actores en el sentido
de confirmar la decisión de primer grado. Según se extrae de la síntesis efectuada
por la autoridad judicial en la mencionada providencia, los señores Álvaro y Alonso
Alzate Alzate reiteraron que contaban con los recursos suficientes para comprar el
predio, que en la negociación actuaron amparados en el principio de la buena fe y
que no era un hecho notorio para la época de la negociación que la Sociedad San
Julián Ltda., guardara relación alguna con el extraditado Carlos Lehder.

38. Los argumentos de los recurrentes fueron desestimados por el Tribunal
luego de considerar que los señores Alzate no acreditaron de forma debidamente
documentada su capacidad económica para adquirir el inmueble en 1988, por
cuanto los elementos de juicio aportados para acreditar la suficiencia de recursos
no guardaban correspondencia temporal con la fecha de adquisición del bien.
Asimismo, el crédito obtenido con una entidad financiera no constituyó prueba del
origen lícito de los recursos utilizados, toda vez que dichos fondos se destinaron a
una inversión distinta al predio objeto del proceso.

El presupuesto material para declarar la responsabilidad del Estado por error
jurisdiccional no fue acreditado

39. El artículo 90 Constitucional consagra el deber del Estado de responder
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción o
la omisión de las autoridades, lo que de suyo incluye a las cuales le es
encomendada la tarea de administrar justicia. De acuerdo con lo previsto en la Ley
270 de 1996, existen tres supuestos o títulos jurídicos de imputación sobre los
cuales descansa la responsabilidad patrimonial Agentes judiciales o autoridades
investidas de función jurisdiccional que son (i) el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el error
jurisdiccional.

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40. Tratándose de este último14, su procedencia está supeditada a que el
afectado con la decisión jurisdiccional cuestionada hubiera interpuesto los recursos
de ley y que la providencia se encuentre en firme -artículo 67 de la Ley 270 de
199615-.

41. La Sala advierte, a modo de precisión, que se hallan satisfechos los
presupuestos procesales mencionados por cuanto: i) la acción de extinción de
dominio es de naturaleza jurisdiccional, de acuerdo con lo previsto en los artículos
7°16 de la Ley 333 de 199617 y 4°18 de la Ley 793 de 200219; ii) la parte demandante
presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, el

14 El error jurisdiccional es uno de los supuestos por los cuales el Estado debe responder por los

daños antijurídicos causados por acción o la omisión de sus agentes judiciales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Además, esta
Corporación ha señalado que para su configuración se requiere que: i) se trate de una providencia
proferida por una autoridad investida de la facultad jurisdiccional y en ejercicio de la misma; ii) contra
la providencia atacada se hubieren interpuesto los recursos de ley y aquella se encuentre en firme;
iii) resulte contraria a la realidad procesal (error fáctico) o al ordenamiento jurídico (error de derecho),
sin que ello signifique que la contradicción sea grosera, abiertamente ilegal o arbitraria, por cuanto
la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial no tiene por objeto analizar la conducta
subjetiva del agente infractor sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una
providencia judicial y iv) que el error en ella contenido incida en la decisión judicial y cause un daño
personal, cierto y antijurídico. Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594. C.P. Mauricio
Fajardo Gómez, sentencia de 22 de julio de 2009 exp. 17650. C.P. Enrique de Jesús Gil Botero.
15 “Artículo 67: El error jurisdiccional se sujeta a los siguientes presupuestos: 1. el afectado deberá

haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos
de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial; 2. la providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
16 “Artículo 7º. De la naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta

Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o
los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya
adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá
intentar la acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en
curso. || Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes,
continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la
declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las
circunstancias de que trata esta Ley. || Si terminado el proceso penal aparecieren nuevos bienes, en
cualquier caso procederá la acción de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció
de la acción penal correspondiente.”
17 por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma

ilícita.
18 “Artículo 4°. De la naturaleza de la acción. La acción de extinción de dominio de que trata la

presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá
sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su
poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e
independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la
que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos
de culpa”.
19 Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de

dominio.
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cual fue resuelto por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de
Bogotá, y contra esta última decisión no procedía ningún recurso ordinario
adicional20; por último, iii) la decisión de segunda instancia, proferida el 8 de
noviembre de 2017, quedó en firme a partir del 30 de diciembre de ese año 21. No
ocurre lo mismo con la carga de suficiencia respecto a los errores de hecho que la
parte demandante le atribuye a la Rama Judicial.

42. En primer término, la reparación directa por error judicial impone a la parte
afectada la carga de indicar de manera clara y precisa la disonancia entre la
providencia a la cual se le atribuye el yerro con el fundamento normativo aplicable
a la decisión (error de derecho), o la identificación de los elementos de convicción
que resultaban trascendentales o determinantes para adoptar la decisión y que
fueron omitidos por la autoridad judicial al dictar sentencia, o que el juicio valorativo
sea manifiestamente equivocado (error de hecho).

43. Revisada la demanda y el recurso de apelación, esta Sala constata que la
parte actora solo relacionó el extenso acervo probatorio con el que pretendieron
demostrar, en el contexto propio del proceso de extinción de dominio, la capacidad
económica y la licitud de los recursos para la compra del predio “La Querendona”
en el mes de diciembre de 1988. No obstante, se echa de menos las razones que
apoyan la tesis de valoración incompleta o deficiente de la prueba por las
autoridades judiciales accionadas, vale decir, si la omisión se produjo por falta de
estudio de algún elemento de convicción o bien por un análisis equivocado de
éstos. Llama la atención que simple y llanamente fueron enlistadas todas las
pruebas que a juicio de los actores eran determinantes para acreditar la liquidez en
la negociación del predio, sin que se precisara, se itera, el yerro en que incurrieron
las autoridades que conocieron en la etapa de instrucción y juzgamiento del
proceso de extinción de dominio.

44. En este punto, es necesario recordar que la reparación directa no constituye
un tercer escenario en que el afectado puede probar suerte para debatir las
inconformidades que se tengan respecto a una decisión judicial, pues el juicio al
que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa parte de la intangibilidad
de la cosa juzgada que reviste a toda sentencia a la cual se les endilga la

20 De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera, los recursos que menciona el artículo 67

de la Ley 270 de 1996 deben entenderse como los medios ordinarios de impugnación y no los
extraordinarios que requieren unas causales estrictas para su procedencia. Ver al respecto, la
sentencia de 28 de septiembre de 2015, exp. 33733, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en
decisión de 5 de marzo de 2021, exp. 49666. C.P. María Adriana Marín.
21 Según constancia visible a folio 59 del cuaderno físico.

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producción del daño antijurídico. De manera que no pueden pretender los actores
que esta jurisdicción actúe como una instancia revisora de la actividad de las demás
autoridades a las cuales la Constitución y la ley les impartió la facultad de
administrar justicia.

45. En segundo lugar y en armonía con lo anterior, es palmario que la parte
actora no solo incumplió con la carga de argumentar en qué consistió el yerro en el
estudio de los hechos sometidos a su consideración, sino que se abstuvo de aportar
el expediente contentivo del proceso seguido ante las autoridades demandadas,
las cuales hubieran permitido conocer en detalle tanto las pruebas practicadas
como las razones expuestas por las partes intervinientes en el decurso de la
controversia. De hecho, la pasividad en el cumplimiento de probar los supuestos de
hecho en el que se fundan las pretensiones llevó a la primera instancia a proseguir
el curso de la sentencia anticipada de que trata el artículo 182A de la Ley 1437 de
2011, sin que existiera reproche o inconformidad alguna por la parte interesada en
el término de ejecutoria.

46. Como se indicó en líneas anteriores, los demandantes solo aportaron (i) las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por el Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de la capital y la Sala de
Decisión Penal de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, (ii) la
constancia de ejecutoria de esta última decisión y (iii) la escritura pública de venta
del predio cuya extinción de dominio fue decretada y su certificado de tradición, sin
que allegara en su integridad el expediente identificado con la radicación
11001070401120080003504, pieza documental que, a juicio de esta Subsección,
era necesaria para efectuar un estudio acerca de la existencia de un error de hecho
contenido en las providencias judiciales.

47. Se resalta que la labor del juez de la acción de reparación directa cuando el
supuesto alegado es el error judicial, se limita a la verificación de la existencia de
motivación -en este caso, probatoria- que justifique adecuadamente las decisiones
que se cuestionan22, comprobación esta que permite concluir que no se acreditó el
daño antijurídico alegado, por lo que la Subsección estima que le asistió razón al
Tribunal al denegar las pretensiones de la demanda.

La condena en costas

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de

mayo de 2007, expediente No. 15.576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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48. En este tópico, se tiene que, de conformidad con la remisión del primer inciso
del artículo 188 del CPACA23, y según lo establecido en los numerales 1° y 3° del
artículo 365 del CGP24, la condena en costas no requiere de la apreciación o
calificación de una conducta de la parte a la cual se impone.

49. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y según lo establecido en el
numeral quinto del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena
en costas, en esta instancia, a la parte demandante, porque el recurso de apelación
será resuelto desfavorablemente y será confirmada la sentencia de primera
instancia. A su vez, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el
Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

50. Sobre este asunto, el Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de
2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se
presentó la demanda, establece las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a
los asuntos de lo contencioso-administrativo, el artículo 2 dispone que se debe
tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada
por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes. A su vez, en su artículo 5, se señala que, en segunda instancia, dicho
rubro debe fijarse “Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.

51. En el curso de la segunda instancia, se observa que la Fiscalía y la Rama
Judicial contaron con apoderados judiciales, quienes debieron realizar la
correspondiente vigilancia del proceso, aun cuando no hayan allegado
pronunciamiento alguno con ocasión del recurso de apelación.

52. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho en esta
instancia, que estarán a cargo de la parte actora que fue vencida en su recurso de
apelación, en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

23 Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso

concreto, atendiendo la fecha de interposición del recurso de apelación (6/02/2024). “Artículo 188.
Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
24 Artículo 365 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. (…)” (se destaca).
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Demandantes: Alonso Alzate Alzate y otro.
Demandadas: Nación - Rama Judicial y otro.
Referencia: Reparación Directa

providencia, en favor de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,
distribuido en un cincuenta por ciento (50%) para cada una de las entidades.

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025, mediante la cual
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por el Tribunal a quo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho, se
fija la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia, en favor de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial y a
cargo de la parte actora, distribuido en un cincuenta por ciento (50%) para cada una
de las entidades.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, a través de la Secretaría de la
Sección Tercera, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

VF.

18

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