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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00044-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00044-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia proferida el cuatro (04) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. En su lugar, DENEGAR la totalidad de las pretensiones de nulidad y 47 El Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, aplicable por razones de vigencia temporal, establece en su artículo 5 (numeral 1, literal a, subnumeral ii) que las agencias de primera instancia en asuntos con cuantía de mayor escala se fijan entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. A su vez, el literal c del mismo numeral dispone que para la segunda instancia las agencias se fijarán entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que sea viable aplicar tarifas porcentuales sobre las pretensiones para esta etapa del proceso. 48 La fijación de la tarifa máxima de seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la segunda instancia se justifica en la complejidad del debate técnico sobre la planeación presupuestal del Programa Anual de Caja (PAC), la extensión de la controversia que requirió nueve (9) sesiones de audiencia, y la defensa técnica oportuna ejercida por la entidad estatal frente a los catorce (14) expedientes de medicamentos analizados. 16 Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463) Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16 Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011 restablecimiento del derecho incoadas por la Unión Temporal Medipol 16 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad. TERCERO. CONDENAR en costas a la Unión Temporal Medipol 16, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad. La condena incluirá la suma de treinta y seis millones doscientos treinta y nueve mil quinientos diecinueve pesos con trece centavos M/TE ($36.239.519,13), por […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2020-00044-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL1
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MULTAS CONTRACTUALES – Finalidad conminatoria /
CUMPLIMIENTO TARDÍO – Incidencia en la procedencia de la multa / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA –
Calificación jurídica del vicio de nulidad / DEBIDO PROCESO – Procedimiento sancionatorio contractual /
COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandando (la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Hospital
Central de la Policía Nacional), contra la sentencia del 4 de febrero de 2022, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

2. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que anuló las
Resoluciones Nos. 3112 y 3243 de 2019 de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional (DISAN). El Tribunal no profirió una decisión por fuera de lo pedido, pues
el cuestionamiento sobre la procedencia de la multa frente al cumplimiento tardío
de las obligaciones hizo parte de la controversia. Sin embargo, erró al considerar
que esa circunstancia impedía imponer la sanción. En los contratos de ejecución
sucesiva, el cumplimiento tardío de una prestación no extingue, por sí solo, la
potestad de multar. Corresponde establecer si, al momento de expedir el acto,
subsistían obligaciones pendientes respecto de las cuales la medida conservara su
finalidad conminatoria. En este caso, la Sala encuentra acreditado ese supuesto.
Tampoco se demostró la vulneración del debido proceso alegada por la contratista.

1
En este asunto comparece como entidad demandada la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional -
Dirección de Sanidad, órgano que suscribió el Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18 y que cuenta con capacidad
contractual y representación judicial en los términos de ley.
Conforme al artículo 2, numeral 1, literal b) de la Ley 80 de 1993 y al artículo 110 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico
del Presupuesto), la Policía Nacional - Dirección de Sanidad constituye una sección del Presupuesto General de la Nación
con capacidad para celebrar contratos y comprometer a la persona jurídica estatal. La Nación comparece judicialmente a
través del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.
2
Resolución No. 311 del 24 de julio de 2019 (Proferida por la Directora de Sanidad de la Policía Nacional): Declaró el
incumplimiento parcial del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18 (suscrito entre la DISAN y la Unión Temporal Medipol
16) e impuso una multa pecuniaria a cargo de la contratista por valor de $1.207.983.971
3
Resolución No. 324 del 8 de agosto de 2019 (Proferida por el Director de Sanidad de la Policía Nacional -E-), Negó la
práctica de pruebas adicionales solicitadas por la contratista en sede de alzada y confirmó en todas sus partes la sanción y
declaración de incumplimiento contenidas en la Resolución No. 311 del 24 de julio de 2019.

1

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

ANTECEDENTES

Demanda

3. La Unión Temporal Medipol 16, por conducto de apoderado judicial4,
presentó demanda5 en ejercicio del medio de control de controversias contractuales
con las siguientes pretensiones: i) que se anule de la Resolución No. 311 del 24 de
julio de 2019, ii) que se deje sin efectos la Resolución No. 324 del 8 de agosto de
2019 que la confirmó; iii) que se constate que no incumplió el contrato y no está
obligada a pagar dicha suma; y iv) que, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene la restitución de los dineros descontados o pagados debidamente
actualizados.

4. Los cargos de la demanda se circunscribieron a: la vulneración del debido
proceso, las garantías a la defensa sustancial y técnica (por presuntas deficiencias
en la citación; no entrega de 402 folios; falta de un concepto jurídico previo; y la
restricción del tiempo de descargos a 20 minutos), el cercenamiento de la
controversia probatoria, así como la inobservancia de los principios de legalidad y
proporcionalidad de la sanción.

Hechos

5. El 14 de diciembre de 2018, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
(DISAN) y la Unión Temporal Medipol 16 suscribieron el Contrato de Suministro No.
07-8-20098-18, cuyo objeto fue el suministro y dispensación de medicamentos
ambulatorios y hospitalarios para los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía
Nacional a nivel nacional, con una duración de treinta y seis (36) meses y diez (10)
días calendario6, contados a partir del acta de inicio de ejecución (ocurrida el 21 de
diciembre de 2018).

6. El 9 de mayo de 2019, la supervisión del contrato solicitó el inicio de un
procedimiento administrativo sancionatorio por presuntos incumplimientos del
contratista.

7. El 28 de mayo de 2019, la DISAN citó al contratista a audiencia en el marco
del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por
presuntos incumplimientos relacionados con tutelas, quejas, falta de radicación de
facturas y ausencia de químicos farmacéuticos.

8. A juicio de la demandante, la citación fue irregular porque no se aportaron
los 402 folios de anexos ni se allegó un concepto previo de la asesoría jurídica,
limitando su derecho de defensa.

4
La demanda fue interpuesta por el doctor Víctor Andrés Gómez Angarita, apoderado especial de la Unión Temporal Medipol
16. El poder respectivo fue otorgado por Dionisio Manuel Alandete Herrera en calidad de Director Suplente y Representante
de la Unión Temporal, facultado conforme a los artículos 7º, 14º y 22º de los Estatutos del 25 de septiembre de 2018 al
configurarse la falta temporal del director general principal. La excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa
propuesta por la demandada fue declarada no probada con fundamento en la Sentencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado del 25 de septiembre de 2013 (Exp. 19.933, M.P. Mauricio Fajardo Gómez), la cual reconoce la capacidad procesal
de las uniones temporales para comparecer en juicio por conducto de su representante legal unificado.
5
Radicada el 2 de febrero de 2020 (ver acta individual de reparto), según consta en el expediente digital del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (Índice SAMAI 0002, documento: ED_EXPEDIENTEDIGITALL.pdf).
6
El plazo del contrato se encuentra previsto en la Cláusula Sexta del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18, suscrito
entre la DISAN y la Unión Temporal Medipol 16.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

9. Durante la diligencia de descargos, la entidad concedió al contratista un
término de 20 minutos de intervención, tiempo que la actora consideró insignificante
y violatorio del debido proceso dada la complejidad de los cargos.

10. La DISAN mediante la Resolución No. 311 del 24 de julio de 2019 declaró el
incumplimiento parcial del contratista e impuso una multa por $1.207.983.971, con
fundamento en informe supervisión del 16 de julio de 2019 7 que, según la actora,
jamás fue decretado ni trasladado como prueba.

11. La demandante alegó que se le sancionó por obligaciones que, aunque
tardíamente, ya se habían cumplido (como la radicación de facturas y entrega de
medicamentos por orden de juez de tutela), vulnerando el principio de legalidad al
castigar presuntos "hechos superados".

12. La Unión Temporal Medipol 16 interpuso recurso de reposición en contra de
la Resolución No. 311 del 24 de julio de 2019, argumentando que (i) se vulneró el
debido proceso y la defensa técnica al restringir la exposición oral a 20 minutos,
basar la sanción en un informe de supervisión no trasladado ni decretado en
audiencia y omitir el traslado de 105 tutelas, 309 PQR y 78 oficios de requerimiento;
(ii) se desconoció el principio de legalidad, pues las conductas sancionadas no
estaban contempladas contractualmente como causales de multa; (iii) se incurrió
en indebida aplicación del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, al imponer una
sanción conminatoria sobre obligaciones ya satisfechas; y (iv) se acreditó el “hecho
cumplido”.

13. La DISAN resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución No. 324
del 8 de agosto de 2019, negando las pruebas solicitadas y confirmando en todas
sus partes la Resolución No. 311 del 24 de julio de 2019.

Contestación de la demanda

14. La Nación - Policía Nacional - DISAN se opuso a todas las pretensiones8.
Sostuvo que garantizó a plenitud el debido proceso y la defensa, permitiendo el
debate probatorio en un trámite que constó de nueve sesiones extendidas.

15. Argumentó que la citación cumplió los requisitos legales y que se entregó la
foliatura correspondiente y que no existe norma legal que exija adjuntar un concepto
de la oficina jurídica a la citación.

16. La Nación - Policía Nacional – DISAN formuló las excepciones de legalidad
de las Resoluciones por inexistencia de falsa motivación; sujeción al debido
proceso; e inexistencia del perjuicio.

7
Oficio No. S-2019-16 JUL 2019/AGESA-GRUSE del 16 de julio de 2019 El Mayor Oscar Antonio Rodríguez Corredor, en su
calidad de Responsable Nacional de Suministro de Medicamentos y Supervisor Nacional del Contrato de Suministro No. 07-
8-20098-18. Cuaderno de Pruebas No. 3, entre los folios 1 y 22, visible en Índice SAMAI 0002.
8
Índice SAMAI 0002.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

Sentencia de primera instancia

17. El 4 de febrero de 2022, el tribunal declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados porque a su juicio lo hechos que se encontraban
superados o cumplidos tardíamente, por lo que la causa del procedimiento
sancionatorio ya había cesado, perdiendo la multa su carácter conminatorio, razón
por la cual resolvió anular los actos bajo el argumento de falsa motivación.

17.1. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la DISAN a restituir a
favor de la demandante el valor de $1.207.938.931 por concepto de la multa,
debidamente actualizado al IPC.

17.2. Negó las demás pretensiones de la demanda.

17.3. Condenó en costas a la entidad demandada, fijando las agencias en derecho
en la suma de $36.239.519,13.

Recurso de apelación

18. La entidad apelante reprochó que la sentencia desbordó su competencia y
alteró la hoja de ruta del proceso al declarar la nulidad de los actos bajo la causal
de "falsa motivación". Advirtió que dicho vicio jamás se incluyó en la fijación del
litigio celebrada el 23 de febrero de 20219.

19. Resulta protuberante la incongruencia si se tiene en cuenta que la propia
parte demandante, al descorrer el traslado de las excepciones, rechazó de manera
expresa que el debate versara sobre una presunta falsa motivación y solicitó al juez
no desgastarse en dicho análisis.

20. La recurrente censuró que el Tribunal, a pesar de haber delimitado
correctamente el problema jurídico en el folio 41 de su providencia
(circunscribiéndolo al análisis del debido proceso, competencia, legalidad y
proporcionalidad), resolvió la controversia con figuras jurídicas totalmente ajenas al
debate (vulneración a la buena fe y falsa motivación).

21. Finalmente, la DISAN atacó la providencia por adolecer de una grave
contradicción interna. Señaló que en las primeras 66 páginas del fallo, el juez
reconoció expresamente que la actuación administrativa se ajustó a derecho y
garantizó el debido proceso; sin embargo, de manera abrupta e inexplicable, finalizó
anulando los actos con base en meras transcripciones doctrinarias sobre buena fe
y falsa motivación no debatidas. A su juicio, el Tribunal estructuró dicha causal de
oficio sin precisar cuál fue el hecho inexistente, y sin valorar las pruebas obrantes
en el expediente que demostraban la materialidad de los incumplimientos que
motivaron la sanción (facturación tardía, desacatos por tutelas y ausencia de
personal químico farmacéutico)

9
El acta de la audiencia en la que se fijó el litigio, la cual tuvo lugar el 23 de febrero de 2021, obra en expediente digital. Índice
SAMAI 0002.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

22. Asimismo, la recurrente consideró que el Tribunal desconoció de forma
directa el precedente de la Sección Tercera de esta Corporación sobre la potestad
de control del Estado, consagrado en la sentencia del 24 de octubre de 2013 10.
Explicó que el fallo de primer grado erró al considerar que el cumplimiento tardío de
las obligaciones de facturación y entrega de medicamentos constituía un "hecho
superado" que extinguía la facultad de multar. Con base en la providencia citada,
adujo que ponerse al día en las prestaciones contractuales con posterioridad al
vencimiento de los plazos es una conducta que no borra la mora consolidada ni
otorga un derecho automático a ser exonerado, toda vez que permitir lo contrario
significaría autorizar al contratista a jugar con el interés común y manipular los
plazos a su arbitrio.

23. El recurso de apelación fue concedido en el efecto suspensivo por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 18 de marzo de 2022.

Trámite en segunda instancia

24. Mediante auto del 1 de julio de 202211, esta Subsección admitió el recurso
por reunir los requisitos formales y de cuantía exigidos para la doble instancia12.

25. Vencidos los términos de traslados sin que se solicitaran nuevas pruebas y
al verificarse que el Ministerio Público no emitió concepto, el proceso ingresó al
Despacho de la Magistrada Ponente para elaborar el correspondiente proyecto de
sentencia13.

CONSIDERACIONES

26. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la entidad demandada contra
la sentencia de primera instancia porque no se configura causal de nulidad que
invalide lo actuado. Además, se cumplen los presupuestos procesales de
jurisdicción14, competencia15, conciliación prejudicial16, caducidad17 y legitimación

10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. (24 de octubre de 2013). Sentencia de Segunda Instancia. Radicado:
23001-23-31-000-2000-02857-01 (24697). M.P. Enrique Gil Botero. Este pronunciamiento definió que la administración
conserva la competencia para imponer sanciones por retrasos ya consolidados, desestimando la tesis de que el cumplimiento
posterior del contratista elimina la facultad sancionatoria nacida de la mora.
11
Índice SAMAI 0004
12
Numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-.
13
Índice SAMAI 0011
14
Esta jurisdicción es competente para conocer del litigio, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 104 del
CPACA, porque la controversia se deriva del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18. En este negocio jurídico, la parte
contratante es la Nación. Su capacidad contractual y presupuestal radica en el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo
con el artículo 2º de la Ley 80 de 1993 y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el cual actuó por medio de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional como delegataria. Esta estructura de contratación es diferente a la representación judicial de
la Nación, la cual corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, según el artículo 159 del código citado, y cuya defensa
especial se delegó en los apoderados de la Dirección de Sanidad.
15
De acuerdo con los artículos 150, 152 (numeral 5) y 157 de la Ley 1437 de 2011, se trata de la apelación de una sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso de doble instancia debido a la cuantía. La pretensión
mayor (el valor de la multa) es de $1.207.983.971 y para la fecha de la demanda (6 de febrero de 2020) el monto exigido para
que el Tribunal conociera en primera instancia era de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.).
16
El trámite se agotó ante la Procuraduría, en atención al numeral 1 del artículo 161 del CPACA y la Ley 640 de 2001. La
audiencia de conciliación se llevó a cabo el 10 de octubre de 2019 ante la Procuraduría 10 Judicial II para Asuntos
Administrativos y fue declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las partes el 10 de octubre de 2019.
17
La demanda del 2 de febrero de 2020 es oportuna; el término empezó a correr el 9 de agosto de 2019 (día siguiente al de
la firmeza y ejecutoria de la Resolución No. 324 del 8 de agosto de 2019 que confirmó la multa y agotó la actuación
administrativa), explícita cuándo se notificó y el término bienal para demandar la nulidad de los actos proferidos durante
la ejecución del contrato vencía el 9 de agosto de 2021 (artículo 164, numeral 2, literal j del CPACA). Adicionalmente, el
término se suspendió de forma oportuna con la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial el 27 de agosto de 2019,
la cual fue declarada fallida el 10 de octubre de 2019.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

en la causa por activa y por pasiva18.

Alcance de la apelación

27. La entidad apelante adujo que el Tribunal de primera instancia profirió un fallo
fuera de lo pedido e incurrió en una grave contradicción interna, toda vez que
declaró oficiosamente la nulidad por una "falsa motivación" ajena a la fijación del
litigio, tras haber validado previamente la plena regularidad del debido proceso en
la actuación administrativa.

28. Asimismo, sostuvo que el cumplimiento extemporáneo del contratista no
extinguía la potestad sancionatoria de la administración, pues los retardos en la
facturación y en la entrega de medicamentos se consumaron y causaron perjuicios
reales, representados en la afectación al Programa Anual de Caja (PAC) y en la
proliferación de acciones de tutela.

Problemas jurídicos

29. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal vulneró el principio de
congruencia al declarar la nulidad de las Resoluciones No. 311 y 324 de 2019 con
base en el cargo de “falsa motivación”, cuando este no hizo parte del litigio?

30. Superado lo anterior, ¿si se incurrió en "desconocimiento del precedente
jurisprudencial" al concluir que las obligaciones contractuales ejecutadas por la
contratista de forma tardía constituían "hechos superados"?

Tesis

31. El Tribunal no desconoció el principio de congruencia. El cuestionamiento
sobre la procedencia de la multa frente al cumplimiento tardío de las obligaciones
hizo parte de la demanda y de la fijación del litigio. Su calificación como falsa
motivación no modificó el fundamento material de la controversia.

32. No obstante, la sentencia apelada debe revocarse. El cumplimiento tardío de
una prestación no extingue, por sí sola, la potestad de imponer multas.

33. La procedencia de la sanción debe determinarse con fundamento en el
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en el pacto convencional y en la existencia de
obligaciones pendientes al momento de proferir el acto administrativo, respecto de
las cuales la medida conserve finalidad conminatoria.

Principio de congruencia (fallo por fuera de lo pedido) frente al concepto de
violación

34. La Sala examinará, en primer lugar, el reparo relacionado con la

18
La Unión Temporal Medipol 16 está legitimada para demandar la nulidad de las resoluciones sancionatorias, dado que es
el contratista del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección
de Sanidad está legitimada para defenderse frente a las pretensiones, dado que es la entidad contratante que expidió los
actos acusados.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

incongruencia de la sentencia de primera instancia. La entidad apelante sostiene
que el Tribunal declaró la nulidad de los actos por falsa motivación, pese a que este
vicio no hizo parte de la fijación del litigio.

Al revisar los reproches de la entidad apelante frente a la supuesta incongruencia
de la sentencia de primera instancia, la Sala destaca que el debate sobre el
cumplimiento extemporáneo de las obligaciones existió desde la presentación de la
demanda. La Unión Temporal Medipol 16 argumentó que el cumplimiento tardío de
las prestaciones configuró un "hecho cumplido" que impedía a la administración
ejercer su potestad de sanción, pues consideró que la multa tenía una finalidad
puramente de apremio.

35. Por ello, que el tribunal de primera instancia encuadrara este cargo bajo la
causal de "falsa motivación" constituyó una adecuación jurídica del vicio del acto
administrativo, sin que ello implicara introducir hechos nuevos ni alterar la causa
material de la controversia.

36. De acuerdo con el numeral 4 del artículo 162 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la carga de la parte demandante
consiste en explicar el concepto de la violación. Toda vez que el fundamento del
fallo de primera instancia guardó plena consonancia con el marco fáctico planteado
por el contratista, el Despacho concluye que no se configuró un fallo por fuera de lo
pedido, por lo que resulta procedente efectuar el estudio de fondo sobre la legalidad
de los actos acusados.

Potestad sancionatoria frente al cumplimiento tardío

37. El recurso de apelación cuestiona la decisión del tribunal que consideró que
el cumplimiento tardío de las prestaciones configuraba un hecho superado y hacía
improcedente la sanción. Para resolver este reparo, la Sala examinará el alcance
del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 frente a los contratos de tracto sucesivo y
verificará su aplicación sobre las obligaciones objeto de sanción.

Precisado el marco de competencia, la Sala aborda el fondo del asunto.

a) El desconocimiento del precedente jurisprudencial frente a los "hechos
superados"

38. Para resolver este punto, la Sala debe interpretar el alcance del artículo 17
de la Ley 1150 de 2007 en relación con la naturaleza de las multas. Esta norma
dispone que las entidades estatales tienen la potestad de imponer las multas
pactadas para conminar al contratista a cumplir sus obligaciones, y precisa que la
sanción procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las prestaciones
a su cargo. La Sala aclara que, en los contratos de ejecución sucesiva, como el de
dispensación de medicamentos, la ejecución tardía de una prestación específica no
agota la potestad de la entidad si permanecen vigentes otras obligaciones del
mismo objeto contractual 19.

19
Sobre la vigencia de la potestad sancionatoria en contratos de tracto sucesivo, la Subsección A de esta Corporación precisó:
“El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 establece que las entidades estatales tienen la potestad de imponer las multas que
hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. (...) La finalidad de esta potestad

7

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

39. En los contratos de ejecución sucesiva, la procedencia de la multa exige
verificar si, al momento de imponerla, subsisten obligaciones pendientes de
ejecución respecto de las cuales la medida conserva su finalidad conminatoria. De
este modo, la condición de que el incumplimiento no se haya superado para la
procedencia de la multa se refiere a la totalidad del objeto contractual y no a
prestaciones aisladas20. Mientras el contrato se encuentre vigente y existan
obligaciones sucesivas pendientes de ejecución, la administración conserva la
facultad de sancionar al contratista con el fin de compelerlo a observar los plazos
en las entregas futuras.

40. El cumplimiento tardío de una obligación vencida no borra la mora ni los
perjuicios causados a la entidad pública durante el tiempo de la desatención, ni le
otorga al contratista el derecho automático a ser exonerado de la sanción 21. Esta
regla interpretativa se apoya en el literal d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011,
que otorga a la entidad la opción discrecional y no obligatoria de terminar el trámite
si constata la cesación del incumplimiento22.

41. En línea de lo anterior, el hecho de que la Unión Temporal Medipol 16
hubiese satisfecho sus obligaciones con posterioridad a los plazos pactados
contractualmente y en el marco de la presión de las acciones de tutela, no la eximía
de su responsabilidad ni le restaba competencia a la Dirección de Sanidad (DISAN)
para imponer la sanción. Esta corporación ha sostenido que el carácter conminatorio
de la multa, regulado por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 "surtió efecto desde
el mismo momento en que se inició el procedimiento sancionatorio"23.

42. Adicionalmente, la Sala observa que las partes acordaron de forma explícita
la facultad de multar en la Cláusula Décima Séptima del Contrato de Suministro No.
07-8-20098-18, estipulación contractual en la cual definieron de manera detallada
los requisitos sustanciales y el trámite formal para su aplicación24

es de carácter compulsivo, orientada a presionar al contratista para que cumpla con el objeto contractual en la forma y tiempo
acordados. Por ello, esta decisión debe tomarse bajo la condición de que no se haya superado la situación constitutiva de
incumplimiento”. Véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. (6 de diciembre de 2024) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de diciembre de 2024, radicación
67464.
20
El plenario demostró que para el momento en que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional expidió las Resoluciones
Nos. 311 y 324 de 2019, el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18 se encontraba vigente y la Unión
Temporal Medipol 16 tenía múltiples obligaciones sucesivas pendientes de ejecución, de tal suerte que se respetó la regla
del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
21
Esta conclusión se apoya, por vía de analogía argumentativa, en el razonamiento de la Sección Tercera sobre la potestad
de control del Estado: “(...) la administración puede imponer la sanción o perdonarla, pero el contratista no tiene el derecho a
exigir lo último, por el hecho de ponerse al día en las obligaciones, pues se trata de una potestad para la administración y no
de un derecho de aquél”. Véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. (24 de octubre de 2013). Sentencia de
Segunda Instancia. Radicado: 23001-23-31-000-2000-02857-01 (24697). M.P. Enrique Gil Botero. Esta decisión, aunque
resolvió un caso de caducidad contractual, sirve únicamente como criterio interpretativo para ilustrar que el cumplimiento
tardío de las obligaciones no elimina la competencia de la administración para imponer sanciones por los retrasos
consolidados.
22
El uso del verbo rector «podrá» en el artículo 86, literal d) de la Ley 1474 de 2011 confirma que la terminación del
procedimiento sancionatorio ante la cesación del incumplimiento constituye una facultad discrecional de la entidad pública
contratante y no un derecho del contratista en mora.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de abril de
2020, Rad. 63001-23-33-000-2018-00132-01 (64154), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
24
Cláusula Décima Séptima del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18: «DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIONES: Las partes
convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por EL
CONTRATISTA en virtud del presente contrato, así: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1o de la Ley 95 de 1890, las partes acuerdan que EL
CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará a EL CONTRATISTA con multas, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con Audiencia de las partes, cuyo valor se liquidará del cero punto uno
(0.1 %) al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato, por cada día de retardo, dependiendo de la gravedad del
incumplimiento y hasta por quince (15) días calendario. En caso de Incumplimiento no valorable en días, se impondrá una

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

43. Que la situación de incumplimiento se hubiese superado como consecuencia
del procedimiento sancionatorio o por las órdenes de los jueces de tutela, "no es
equivalente a afirmar que el supuesto convencional y normativo desapareció o que
su cumplimiento tardío purgó el fundamento fáctico de su activación"25. Esta
conclusión es más evidente cuando se trata de la entrega de medicamentos
amparados por vía de tutela, cuya satisfacción tardía obligada por un juez de
amparo denota negligencia frente a la oportunidad del servicio y corroboró los
traumatismos reales causados a la función administrativa, lo que justificó el ejercicio
discrecional de la entidad de no archivar el trámite y culminar con la imposición de
la sanción26.

44. En los contratos que comprenden prestaciones sucesivas, el cumplimiento
tardío de una obligación no permite concluir, por sí solo, que desapareció la finalidad
de la multa. Mientras el contrato continúa en ejecución subsisten obligaciones que
deben satisfacerse de manera oportuna y, por ello, la entidad conserva la necesidad
de contar con un instrumento que conmine al contratista a observar, en adelante,
los plazos y condiciones pactados. Entender que cada incumplimiento queda
desprovisto de consecuencias por el solo hecho de que la prestación finalmente se
ejecute supondría privar a la multa de eficacia frente a obligaciones que se renuevan
durante la ejecución contractual.

45. Esta consideración adquiere especial relevancia en el caso concreto, pues el
contrato consistió en el suministro y dispensación de medicamentos a los usuarios
del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, y exigió prestaciones que debían
cumplirse de manera continua y oportuna. En ese contexto, la entrega posterior del
medicamento no hizo irrelevante el retraso ni eliminó la necesidad de prevenir su
reiteración respecto de las prestaciones pendientes, especialmente porque la
demora puso en riesgo la salud y la vida de los usuarios. Por ello, la satisfacción
tardía de determinadas obligaciones no bastó para considerar agotada la finalidad
conminatoria de la multa mientras permanecieron vigentes el contrato y las demás
prestaciones a cargo del contratista27.

multa de hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento...» (visible a
los folios 34 y 35 del Cuaderno de Pruebas No. 1).
En esta estipulación se identifican los siguientes requisitos sustanciales para la procedencia de la sanción: i) la configuración
de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones por causas atribuibles a la conducta del contratista, y ii) la exclusión de
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Como requisitos formales, la cláusula exige: i) la expedición de un acto
administrativo debidamente motivado por parte de la entidad contratante, y ii) el agotamiento del procedimiento sancionatorio
regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con la debida garantía del derecho de audiencia y contradicción del
afectado.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de abril de
2020, Rad. 63001-23-33-000-2018-00132-01 (64154), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Actor: Nacional de Seguros S.A. c.
INVIAS.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de abril de
2020. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicación n.° 63001-23-33-000-2018-00132-01 (64154). Actor: Nacional de
Seguros S.A. Demandado: Instituto Nacional de Vías (INVIAS). “Con todo, retomando lo expuesto en acápite precedente en
relación con la naturaleza mixta de la multa en cuanto entraña una esencia conminatoria y su raigambre genérico es del tipo
sancionador, para acompasarlo con lo acá anotado, se tiene que, de no superarse el incumplimiento comprobado y estando
pendientes de ejecutar las prestaciones a cargo del incumplido, en tanto no se hubiere vencido el plazo del contrato, no existe
una razón jurídicamente válida para sustraerse a su imposición, máxime cuando su naturaleza no se ha pactado en términos
compensatorios, para reemplazar el cumplimiento de la obligación principal, sino conminatorios, que no lo liberan de su
ejecución, sin que esto lo despoje de su carácter sancionador”.
27
Esta postura interpretativa sobre la vigencia del poder de apremio de las multas en contratos de tracto sucesivo coincide
con las reglas generales de control y supervisión que rigen la actividad contractual del Estado. Al respecto, véase: Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. (13 de junio de 2019). Sentencia de Segunda Instancia. Radicado: 25000-23-26-
000-2012-00108-01 (53982). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En esta providencia se precisó que, a diferencia de los
negocios de ejecución instantánea o de aquellos plazos vencidos en su totalidad, la vigencia del plazo contractual en los
acuerdos de tracto sucesivo preserva la potestad de la entidad para conminar al contratista en la ejecución de las prestaciones
futuras que aún se hallen pendientes de vencimiento.

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

46. Tampoco resultaba exigible que, frente a incumplimientos parciales
susceptibles de corrección, la entidad acudiera necesariamente a mecanismos
definitivos como la caducidad. La distinción es sustancial: mientras esta última está
reservada para incumplimientos graves y directos que evidencien la posibilidad de
paralización del contrato, la multa constituye una medida coercitiva dirigida a
obtener el cumplimiento de obligaciones todavía exigibles. Esta diferencia adquiere
especial significado cuando la ejecución contractual está directamente vinculada
con la satisfacción continuada de necesidades colectivas y, particularmente, con la
garantía de prestaciones esenciales, como ocurre con los servicios de salud y, en
general, con aquellos servicios públicos cuya continuidad resulta indispensable para
la efectividad de los derechos de los usuarios y la satisfacción del interés general.

47. En estos eventos, la conservación del vínculo contractual no constituye un fin
en sí mismo, sino un instrumento para preservar la continuidad de la prestación que
aquel hace posible. La Administración no está llamada únicamente a reaccionar
frente al incumplimiento ya ocurrido; debe disponer, dentro de las competencias que
le atribuye el ordenamiento, de mecanismos que permitan corregir oportunamente
la ejecución y evitar que incumplimientos parciales terminen comprometiendo la
prestación continua de servicios esenciales. Desde esa perspectiva, la multa
permite armonizar dos exigencias concurrentes: exigir al contratista el cumplimiento
de sus obligaciones y, simultáneamente, preservar la prestación destinada a
satisfacer necesidades esenciales de la población.

48. Así entendida, la multa cumple una función que trasciende la dimensión
estrictamente patrimonial del contrato. Sin perder su naturaleza conminatoria,
constituye un instrumento al servicio de la correcta y continua ejecución contractual
cuando de ella depende la satisfacción de prestaciones esenciales. En el caso
concreto, esa función adquiere especial intensidad porque los incumplimientos
incidieron en la entrega de medicamentos y obligaron incluso a algunos pacientes
a acudir a la acción de tutela. Por ello, emplear la multa para procurar la
normalización de las entregas, antes que extinguir necesariamente el vínculo
contractual, resultaba coherente tanto con su finalidad legal como con la necesidad
de preservar la continuidad y oportunidad de la atención en salud.

b) La conservación de la potestad sancionatoria ante la consumación de los
retardos

49. Al descender al acervo probatorio, la Sala constata que la DISAN conservaba
incólume su potestad sancionatoria, toda vez que se acreditaron tres (3) ejes de
incumplimiento cuyas afectaciones no desaparecen por la mera ejecución tardía:

50. Retrasos en la facturación y la afectación al programa anual de caja
(PAC): Para comprender a cabalidad lo relacionado con los retrasos en la
facturación y la afectación al Plan Anual de Caja (PAC), es preciso señalar, en
primer lugar, que el numeral 5 de la cláusula cuarta del Contrato de Suministro 07-
8-20098-18 exigió la radicación de las facturas dentro de los primeros diez (10) días
del mes siguiente28.
28
Constancia Secretarial cargada el 25 de mayo de 2021, visible en el índice 0002 SAMAI la cual contiene el link con el Drive
del Expediente adelantado en primera instancia (Carpeta: Demanda / Subcarpeta: Pruebas). Anexo 01 DATOS DEL
CONTRATO. “Dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes el contratista radicará las facturas junto con todos

10

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

51. Ahora bien, tanto en la demanda como en sus alegatos de conclusión, la
Unión Temporal Medipol 16 admitió que las facturas correspondientes a los meses
de enero, febrero y marzo de 2019 fueron presentadas de forma tardía y acumulada
el 26 de abril de 201929. Sin embargo, la actora fundamentó su postura en que, al
radicarse las facturas con anterioridad a la expedición del acto sancionatorio, la
obligación contractual se encontraba satisfecha. En su criterio, se configuró un
“hecho cumplido” que impedía a la entidad imponer la multa por un deber que ya
estaba ejecutado a la fecha de la resolución.

52. Por el contrario, en la contestación de la demanda y en sus respectivos
alegatos de conclusión, la Dirección de Sanidad (DISAN) refutó esta teoría
indicando que la entrega tardía de la facturación no era un mero formalismo ni un
hecho inofensivo. La entidad explicó que este retraso impidió reportar
oportunamente los precios al SISMED30 y, de manera más grave, imposibilitó a la
institución solicitar los anticipos del Programa Anual de Caja (PAC) ante el Ministerio
de Hacienda correspondientes al primer trimestre, afectando directamente la
planeación y el flujo de recursos para la sanidad policial.

53. A pesar de esta clara advertencia sobre los traumatismos financieros, en la
sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió
la tesis del contratista. El juez de primera instancia concluyó que, como la
facturación se presentó el 26 de abril de 2019 (es decir, antes de que se citara a la
audiencia sancionatoria), el incumplimiento no se materializó porque el hecho
estaba superado. En consecuencia, exoneró a la Unión Temporal bajo la premisa
de que la multa perdía su fin conminatorio.

54. Esta Sala se aparta de la decisión del Tribunal y acoge los argumentos de la
entidad apelante. Aunque la radicación de facturas constituye habitualmente una
carga del contratista para acceder a su remuneración, las partes en este negocio la
elevaron expresamente a la categoría de obligación contractual autónoma sujeta a
un plazo perentorio de diez (10) días, debido a la necesidad de asegurar la
programación presupuestal de los recursos públicos31. Este retardo en la
presentación acumulada de las facturas hasta el 26 de abril de 2019 configuró un

sus soportes en la Supervisión Departamental o en la dependencia que defina la Jefatura del Área o Seccional de Sanidad y
Hospital Central consolidando los cortes que haya efectuado en el mes inmediatamente anterior, acompañado de los
originales de los comprobantes de entrega de los medicamentos, debidamente firmados con su recibido a satisfacción (los
cuales deben organizarse porcortes semanales); con el objeto de realizar la auditoría técnica y económica departamental del
caso, requisito necesario para poder emitir el recibido a satisfacción definitivo por parte de la Supervisión Nacional Contrato
de Medicamentos (SUCME)”.
29
Dicha extemporaneidad se constata además en el Oficio S-2019-024865 / AGESA -GRUSE 29.57 del 9 de mayo de 2019,
mediante el cual el Responsable Nacional de Suministros de la Policía Nacional advirtió: “Esta situación ha generado
perjuicios al normal desarrollo de los procesos administrativos y financieros de la Dirección, en el sentido que ha generado
incumplimiento en la programación y proyección de pagos del PAC establecida por el Área Administrativa y Financiera DISAN
contenidos y reglados según el Manual único de contratación estatal, De igual forma dicha facturación es fundamental para
realizar el Reporte de Precios del SISMED (Sistema de Información de Precios de Medicamentos) correspondiente al primer
trimestre del 2019, lo que nos expone a ser sancionados por parte de la Superintendencia de industria y Comercio. A fecha
30 de marzo de 2019 el contrato registrada una ejecución de $48.319.358.841 millones. sin embargo, a esa misma fecha solo
se habían presentado facturaciones por valor de $21.182.411.545, generando fallas en los procesos contables de esta
dirección e incumplimientos relacionados con la planeación de gasto”. Documento visible en el enlace de almacenamiento
Drive dispuesto en la Constancia Secretarial cargada el 25 de mayo de 2021 (índice 0002 de la plataforma SAMAI, Carpeta:
Demanda / Subcarpeta: Pruebas).
30
Ibídem.
31
Conforme a la doctrina de esta Corporación, la radicación de facturas, si bien representa el ejercicio de un derecho del
contratista para recibir su pago, puede pactarse como una obligación de hacer autónoma cuando su omisión interrumpe los
flujos presupuestales públicos o afecta el reporte obligatorio de precios a entidades reguladoras. En el caso concreto, la
Cláusula Cuarta, numeral 5 del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18 elevó esta actividad a la categoría de deber
contractual con un plazo predeterminado de diez (10) días (visible a folios 18 y 19 del Cuaderno de Pruebas No. 1).

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

incumplimiento objetivo de la prestación de hacer. Este hecho no representó un
aspecto meramente formal ni un hecho cumplido que desapareciera con la entrega
tardía, pues la radicación extemporánea no subsanó la alteración de los procesos
de planeación contable y financiera de la entidad contratante.

55. Asimismo, la Sala aclara que para la procedencia de las multas no es
indispensable la acreditación de un daño patrimonial o administrativo, toda vez que
estas medidas tienen una naturaleza puramente conminatoria y se activan ante la
sola verificación del incumplimiento contractual de gravedad suficiente. En este
sentido, las consecuencias negativas en el programa anual de caja (PAC) no
constituyeron un requisito de procedencia para la sanción, sino el indicador técnico
que demostró la gravedad de la falta para justificar la dosimetría y proporcionalidad
del porcentaje de la multa impuesta32.

56. Conforme al informe de la supervisión que obra en el expediente33, la omisión
del contratista en la entrega oportuna de las facturas impidió solicitar los anticipos
del programa anual de caja (PAC) en el mes de febrero, lo que representó un
indicador de la gravedad de la falta por el riesgo de desfinanciación de la dirección
de sanidad de la policía nacional.

57. La entrega de medicamentos mediante tutelas y desacatos: Para
resolver este punto, es fundamental revisar cómo se desarrolló el debate a lo largo
del proceso. En la demanda y, posteriormente, en sus alegatos de conclusión, la
Unión Temporal Medipol 16 argumentó que, si bien se presentaron 14 acciones de
tutela atribuibles a su gestión, los medicamentos finalmente fueron entregados a los
pacientes (aunque fuera con varios días de retraso) frente a los plazos contractuales
exigibles de cuarenta y ocho (48) horas para fórmulas pendientes o de entrega
inmediata para tutelas34. Por esta razón, la contratista consideró que el supuesto
incumplimiento se había subsanado y se configuraba un "hecho superado", lo que
hacía ilegal e improcedente la multa impuesta.

58. Por su parte, en la contestación de la demanda y en sus respectivos alegatos
de conclusión, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (DISAN) se opuso
rotundamente a esta visión35. La entidad explicó que la entrega forzada de un
medicamento bajo el apremio de un juez constitucional no borra el incumplimiento
de los tiempos pactados en el contrato. Aclaró que este retardo vulneró el derecho
a la vida y a la salud de los usuarios, y generó incidentes de desacato que pusieron
en riesgo inminente a la entidad y a sus funcionarios a sanciones de arresto.

59. A pesar de la claridad y gravedad de los argumentos expuestos por la entidad

32
La potestad sancionatoria contractual consagrada en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 se fundamenta en la garantía
de ejecución del objeto del contrato frente al interés general, por lo que su procedencia exige únicamente la prueba del
incumplimiento imputable y grave, sin que la entidad deba demostrar la existencia de un perjuicio patrimonial.
33
Al respecto, el Oficio No. S-2019-16 JUL 2019/AGESA-GRUSE expedido por el supervisor del contrato (Cuaderno de
Pruebas No. 3, folios 1-22) ilustra de forma detallada que la falta de soportes del primer trimestre de 2019 provocó la pérdida
del cupo de caja presupuestal (PAC) en febrero, elemento fáctico que la administración valoró de forma adecuada para
fundamentar la gravedad de la sanción de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
34
El Anexo Técnico No. 2 (Tabla 13, Medicamentos Pendientes) del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18 impuso al
contratista la obligación de dispensar las fórmulas en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas para el canal
ambulatorio. Asimismo, la Tabla 8 del referido anexo técnico determinó que los medicamentos solicitados por órdenes
judiciales debían entregarse de forma inmediata o dentro del término establecido por el respectivo juez constitucional.
Demanda - Medio de Control de Controversias Contractuales, p. 21. visible en el índice 0002 SAMAI la cual contiene el link
con el Drive del Expediente adelantado en primera instancia (Carpeta: Demanda)
35
Informes de supervisión visibles en el índice 0002 SAMAI la cual contiene el link con el Drive del Expediente adelantado en
primera instancia (Carpeta: Demanda / Subcarpeta: Pruebas).

12

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

estatal, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca le dio la razón al contratista. El Tribunal concluyó erradamente que,
como los medicamentos fueron finalmente entregados (así fuera tarde), la situación
se había superado y el fin conminatorio de la multa desaparecía. Según el Tribunal,
la DISAN perdió su potestad sancionatoria porque no se puede multar por
"situaciones que se superaron".

60. Frente a este escenario, la Sala advierte que el juez de primera instancia erró
gravemente al considerar que la entrega forzada de medicamentos mediante fallos
de tutela constituía un hecho superado que eximía al operador logístico. Para esta
Sala, el acatamiento forzado de un fallo constitucional evidencia, precisamente, la
consumación del incumplimiento inicial en la oportunidad de la dispensación. En el
expediente quedaron plenamente documentados 14 casos atribuibles directamente
a la Unión Temporal Medipol 16, en los cuales la omisión en la entrega de
medicamentos de carácter vital vulneró garantías fundamentales de los usuarios, lo
que generó incluso incidentes de desacato contra la Dirección de Sanidad. Este
retraso configuró el supuesto del numeral 2 del artículo 1608 del Código Civil, el
cual establece que la obligación queda incumplida de forma definitiva cuando la
prestación no ha podido ejecutarse sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo dejó
pasar. Al tratarse de medicamentos esenciales para la salud, la oportunidad en la
dispensación es de la esencia de la obligación frente a la entidad contratante 36.

61. Entre los casos probados resaltan usuarios como Lucelly Cardona
Marulanda, Beatriz Elena Franco Rojas, Diego Miguel Villadiego López, Oscar
Pertuz Hernández, Manuela Granada Betancur, y Marco Fidel Silva Cortés37 de
cuyos expedientes de tutela se constata la superación injustificada de los plazos de
cuarenta y ocho (48) horas y de los términos perentorios fijados por los jueces
constitucionales38. De ahí que, la posterior entrega de estos fármacos bajo apremio
judicial y amenaza de arresto no curó el incumplimiento definitivo ni convalidó la
mora contractual.

62. La ausencia del recurso humano (Químicos Farmacéuticos): El Anexo 2
del contrato (Tabla 2 y Tabla 4) exigía a la contratista contar con profesionales
Químicos Farmacéuticos con perfil asistencial de tiempo completo39. No obstante,
el debate probatorio demostró la ausencia de estos profesionales en las seccionales
de Bogotá, Valle del Cauca, Bucaramanga y Manizales durante el periodo

36
De conformidad con el numeral 2 del artículo 1608 del Código Civil, el deudor se encuentra en mora “cuando la cosa no ha
podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla”. En los
contratos estatales que tienen por objeto la prestación de servicios de salud y dispensación de fármacos, el factor de
oportunidad de la entrega es consustancial a la prestación misma, por lo cual el vencimiento del plazo sin la ejecución del
objeto consolida una infracción contractual definitiva que no desaparece con el suministro tardío posterior.
37
Información referenciada en la contestación de la demanda y anexada como prueba que reposa en el expediente digital
visible en el índice 0002 SAMAI la cual contiene el link con el Drive del Expediente adelantado en primera instancia (Carpeta:
Contestación / Subcarpeta: Antecedentes Administrativos). Ver oficio GSI-OE / 0042 de fecha 10 de julio de 2019. “en lo
relativo a TUTELAS, no presenta ningún tipo de concepto referente a las 14 tutelas presentadas por la supervisión en el auto
de pruebas, Sin embargo, nuevamente se relacionan para efectos que sean tenidas en cuenta dentro de la valoración
probatoria”.
38
Los plazos vencidos e individualizados por la supervisión del contrato constan en el Oficio No. S-2019-16 JUL 2019/AGESA-
GRUSE (Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 1-22), donde el Mayor Oscar Antonio Rodríguez Corredor certificó que en el
caso de Lucelly Cardona el plazo de 48 horas venció el 20 de enero de 2019 sin que se entregara el Diclofenaco; en el de
Beatriz Franco la entrega de Lamotrigina registró un saldo pendiente no entregado a tiempo; y en el de Manuela Granada la
entrega del Ubiquinol se realizó con un retraso de treinta y siete (37) días, luego de haberse generado un incidente de
desacato contra la entidad estatal.
39
Constancia Secretarial cargada el 25 de mayo de 2021, visible en el índice 0002 SAMAI la cual contiene el link con el Drive
del Expediente adelantado en primera instancia (Carpeta: Demanda / Subcarpeta: Pruebas). Anexo 02.

13

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

evaluado40.

63. A lo largo de la actuación administrativa y en el escrito de alegatos, la UT
Medipol 16 esgrimió como argumento de defensa que dicha ausencia obedeció a la
renuncia intempestiva de los profesionales, aduciendo que “no es posible para esta
U.T. retener a los trabajadores o limitar su libertad de escogencia o relación
laboral”41.

64. Por otra parte, la demandada alegó que la falta de personal fue subsanada
mediante la vinculación de los profesionales que reemplazarían a quienes
abandonaron sus cargos. En consecuencia, argumentó que al momento de imponer
la sanción el incumplimiento ya no existía y no había lugar a la multa42, de modo
que la situación se configuró en un “hecho superado” al haber contratado al personal
con posterioridad.

65. Para la Sala, las excusas esbozadas por la contratista resultan inaceptables
en el marco de la contratación estatal. Las vicisitudes laborales, las renuncias de
personal o la dificultad administrativa de la empresa privada para reclutar
profesionales, no constituyen eximentes de responsabilidad ni configuran fuerza
mayor. El contratista no puede trasladar a la entidad pública su carga de mantener
el recurso humano mínimo exigido, ni justificar con ello la interrupción del servicio
farmacéutico, máxime cuando se trata de la garantía del derecho fundamental a la
salud.

66. Aunado a lo anterior, el acervo probatorio desvirtúa la tesis de la demandante
de haber subsanado la falta en oportunidad, pues el análisis de la Supervisión 43y
justificaba la sanción.

67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal no profirió
una decisión por fuera de lo pedido. Sin embargo, erró al considerar que el
cumplimiento tardío de las obligaciones extinguía la potestad de imponer la multa.
Como se explicó, al momento de expedir los actos acusados el contrato continuaba
vigente y subsistían prestaciones pendientes respecto de las cuales la medida
conservaba su finalidad conminatoria. Por esta razón, no se configura el vicio que
sustentó la decisión de primera instancia.

68. Ahora bien, dado que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional fue la
única apelante de la sentencia que anuló las Resoluciones Nos. 311 y 324 de 2019,
y que en esta instancia se revocará dicha decisión, se impone a la Sala el deber de

40
En informe de supervisión se manifestó: “la Seccional de sanidad Valle, mediante documento S-2019-032825-DEVAL,
informa que el operador logístico carece del recurso humano requerido especialmente con la contratación del profesional
Químico Farmacéutico, para el cumplimiento de sus funciones en la Clínica Regional de Occidente en la ciudad de Cali, así
las cosas la supervisión nacional del contrato medicamentos realizó requerimiento a la Unión Temporal Medipol 16, mediante
oficios S-2019-015493-DISAN del 28/03/2019 y S-2019-018675-DISAN del 08/04/2019, solicitando se dé cumplimiento a la
tabla No 10 numeral 6.1.1, relacionada con la selección y contratación del profesional químico farmacéutico para esta unidad;
sin embargo a fecha 02 de mayo de 2019 No hay respuesta por parte del operador logístico a la gestión de contratación de
este profesional, constituyéndose así un claro incumplimiento contractual. Documento que reposa en el expediente digital
visible en el índice 0002 SAMAI la cual contiene el link con el Drive del Expediente adelantado en primera instancia (Carpeta:
Contestación / Subcarpeta: Antecedentes Administrativos).
41
Respuesta en los alegatos de conclusión presentados por la entidad demandante, visibles en el expediente digital visible
en el índice 0002 SAMAI la cual contiene el link con el Drive del Expediente adelantado en primera instancia.
42
Respuesta en los alegatos de conclusión presentados por la entidad demandante, visibles en el expediente digital visible
en el índice 0002 SAMAI la cual contiene el link con el Drive del Expediente adelantado en primera instancia.
43
Oficio S-2019-16 JUL 2019/AGESA-GRUSE, p. 11-12 visible en el expediente digital visible en el índice 0002 SAMAI la cual
contiene el link con el Drive del Expediente adelantado en primera instancia.

14

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

estudiar los demás cargos de nulidad propuestos en la demanda que el juez de
primera instancia desestimó44.

Nulidad sobre la violación al debido proceso

69. En el escrito de la demanda, la Unión Temporal Medipol 16 sostuvo que la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional vulneró su debido proceso y su derecho
de defensa en el trámite de la audiencia sancionatoria. El contratista fundamentó
este reproche en dos argumentos: i) la entidad le otorgó un término insuficiente de
veinte (20) minutos para rendir descargos y sustentar el recurso de reposición, y ii)
la administración modificó las reglas del procedimiento y fundó la sanción en el
informe del 16 de julio de 2019, documento que no fue decretado ni trasladado como
prueba.

70. En relación con el primer argumento, la Sala constata que la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional no afectó las garantías constitucionales del
contratista. Las actas y las grabaciones de la audiencia demostraron que, si bien la
entidad fijó un tiempo inicial de veinte (20) minutos con base en el artículo 107 del
Código General del Proceso, la funcionaria encargada de dirigir la diligencia aclaró
que concedería prórrogas si los intervinientes lo solicitaban45.

71. De hecho, el apoderado de la Unión Temporal Medipol 16 intervino por más
de cuarenta (40) minutos en sus alegaciones y dispuso de tiempo suficiente para
sustentar el recurso de reposición por escrito en treinta (30) páginas. El
procedimiento sancionatorio se desarrolló en nueve (9) sesiones extensas, lo que
demuestra que la administración garantizó la defensa técnica del contratista.

72. Frente al segundo argumento, la Sala advierte que el informe del 16 de julio
de 2019, suscrito por el Mayor Oscar Antonio Rodríguez Corredor en su calidad de
supervisor del contrato, no constituyó una prueba nueva que requiriera un traslado
autónomo46. Este documento consistió en una valoración técnica de los descargos
y las pruebas aportadas por el contratista en la audiencia sancionatoria.

73. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional incorporó este análisis técnico
dentro de la motivación de la Resolución No. 311 del 24 de julio de 2019 en
cumplimiento de su deber de resolver de forma congruente. Por tanto, el supervisor
no introdujo hechos ajenos a la controversia ni privó al contratista de la oportunidad
de defenderse. En consecuencia, la Sala desestima estos cargos y deniega las
pretensiones de la demanda.

44
la Sección Tercera ha señalado: "si la entidad demandada es la única apelante de una sentencia que anuló un acto
administrativo (...) y en segunda instancia se revoca por la no prosperidad del cargo de anulación declarado, se impone al
juez de la alzada el estudio de los demás cargos de nulidad propuestos en la demanda". Véase: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B. (30 de noviembre de 2017). Sentencia de Segunda Instancia. Radicado: 25000-23-26-000-2010-
00155-01 (39285). M.P. Ramiro Pazos Guerrero; criterio reiterado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
(16 de diciembre de 2020). Sentencia de Segunda Instancia. Radicado: 25000-23-26-000-2011-00806-01 (40919). M.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
45
Policía Nacional de Colombia - Dirección de Sanidad. (18 de junio de 2019). Acta No. 002 y registro audiovisual de la
diligencia de descargos dentro del trámite sancionatorio del Contrato de Suministro No. 07-8-20098-18. Cuaderno de Pruebas
No. 2, folios 76-85. En esta sesión consta que la Directora de Sanidad de la Policía Nacional aplicó el artículo 107 de la Ley
1564 de 2012 para regular el uso de la palabra de los cuatro apoderados citados, advirtiendo que se otorgarían las prórrogas
que resultaran razonables.
46
Rodríguez Corredor, O. A. (16 de julio de 2019). Oficio No. S-2019-16 JUL 2019/AGESA-GRUSE: Elementos de información
probatoria aportados por la supervisión del contrato 07-8-20098-2018. Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Cuaderno
de Pruebas No. 3, folios 1-22. Dicho escrito contiene la valoración del supervisor sobre las explicaciones de la Unión Temporal
Medipol 16 respecto de las tutelas y de la facturación acumulada, sirviendo de insumo motivacional interno para la expedición
de la Resolución No. 311 de 2019.

15

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

Condena en costas

74. El artículo 365, numeral 4 del Código General del Proceso señala que
“cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas”. El numeral 8 de ese
mismo artículo la condiciona a “... cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

75. Se causaron agencias en derecho a favor de la entidad demandada porque
promovió la segunda instancia con el recurso de apelación que prosperó. Las
costas serán liquidadas de forma concentrada por el Tribunal de origen.

76. A su vez, el artículo 361 de la mencionada norma, prevé que este concepto
está integrado por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho. De conformidad
con el artículo 5, numeral 1 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura, las agencias en derecho en primera instancia para los
asuntos de mayor cuantía se fijan entre el 3% y el 7.5% de las pretensiones,
mientras que para la segunda instancia se fijan en una suma equivalente de entre
1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes47.

77. En este litigio, las pretensiones se estimaron en $1.207.983.971, por lo que
se establece por concepto de agencias en derecho de la primera instancia la suma
de $36.239.519,13 (equivalente al 3% de lo pedido). Asimismo, para la segunda
instancia, la Sala fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal
vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia48, a cargo de la Unión Temporal
Medipol 16 y a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de
Sanidad Policía Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia proferida el cuatro (04) de
febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.

SEGUNDO. En su lugar, DENEGAR la totalidad de las pretensiones de nulidad y

47
El Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, aplicable por razones de
vigencia temporal, establece en su artículo 5 (numeral 1, literal a, subnumeral ii) que las agencias de primera instancia en
asuntos con cuantía de mayor escala se fijan entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. A su vez, el literal c del mismo numeral
dispone que para la segunda instancia las agencias se fijarán entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin
que sea viable aplicar tarifas porcentuales sobre las pretensiones para esta etapa del proceso.
48
La fijación de la tarifa máxima de seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la segunda instancia se justifica
en la complejidad del debate técnico sobre la planeación presupuestal del Programa Anual de Caja (PAC), la extensión de la
controversia que requirió nueve (9) sesiones de audiencia, y la defensa técnica oportuna ejercida por la entidad estatal frente
a los catorce (14) expedientes de medicamentos analizados.

16

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00044-01 (68463)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE
SANIDAD POLICÍA NACIONAL
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - LEY 1437 DE 2011

restablecimiento del derecho incoadas por la Unión Temporal Medipol 16 en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad.

TERCERO. CONDENAR en costas a la Unión Temporal Medipol 16, en favor de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad. La
condena incluirá la suma de treinta y seis millones doscientos treinta y nueve mil
quinientos diecinueve pesos con trece centavos M/TE ($36.239.519,13), por
concepto de agencias en derecho de la primera instancia, y la suma equivalente a
un (1) salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia,
por concepto de agencias en derecho de la segunda instancia.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría de la Sección Tercera
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
(Aclaración de voto)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente, puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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