Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00049-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00049-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2020-00049-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
1 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: Reparación directa – Daño derivado de acto administrativo – Sanción policiva –
Indebida escogencia del medio de control de reparación directa.
Síntesis del caso: la sociedad demandante pretende la reparación del daño causado con
la sanción que ordenó el cierre del establecimiento de comercio en un proceso policivo
que no le fue notificado y en el cual no ejerció su derecho de defensa. El acto sancionatorio
fue anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por
quien sí fue vinculado al proceso policivo.
La Sala decide los recursos de apelación presentados por las partes en
contra de la Sentencia de 21 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.1
Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recursos de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 10 de febrero de 2020, Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, en contra del municipio de Sopó, con el fin de obtener la reparación
de los perjuicios ocasionados con el cierre del establecimiento de comercio
como consecuencia de la decisión proferida en un proceso policivo que
nunca le fue notificado. El acto posteriormente fue anulado.
2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):
“Que se declare al demandado administrativamente responsable por los
perjuicios materiales ocasionados al demandante, por falla del servicio, al haber
expedido la sanción policiva de febrero 08 de 2018, ratificada por la resolución
1 La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una
sentencia proferida por un tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la presentación
de la demanda.
2 Demanda que obra en el índice No. 6 del registro de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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nro. 1757 de 2018, por medio de la cual se i) declaró infractora a la señora
SANDRA PATRICIA PEDRAZA ALMECIGA por la conducta contraria a la
convivencia descrita en el artículo 135 literal C numeral 11 de la ley 1801 de 2016,
ii) ordenó el cierre definitivo del establecimiento de comercio Lácteos Sopó LTDA
hoy PRODUCTOS NATURAL VITA SAS, iii) impuso a la infractora la multa especial
de ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes correspondientes a la suma
de CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
($5.901.736) , acto administrativo que fue declarado nulo por la Juez Segunda
Administrativa Oral el Circuito Judicial de Zipaquirá, al haber sido expedido
ilegalmente, mediante sentencia del 31 de octubre de 2019”.
3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
• $500.000.000 por concepto de daño emergente, consistente en las
erogaciones causadas al demandante con el cierre ilegal del establecimiento
de comercio.
• $800.000.000 por concepto de lucro cesante, consistente en las sumas dejadas
de percibir por la interrupción de la actividad económica.
• La suma que se determine en el proceso por concepto de perjuicios morales
a los socios de la empresa considerados individualmente.
4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante, en síntesis,
refirió los siguientes hechos:
5. Orlando Gómez Alayón creó la sociedad Productos Alimenticios Natural
Vita S.A.S, y asumió su representación legal, mientras que su hijo, Juan
Sebastián Gómez Pedraza, asumió como representante suplente. La
sociedad tenía como objeto la fabricación y comercialización de productos
lácteos y se instaló en un local ubicado en la carre 4 No. 6-42, del municipio
de Sopó
6. El 6 de abril de 2017, Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S. solicitó al
municipio el concepto de uso de suelo para su actividad económica. En
respuesta, la Secretaría de Planeación y Urbanismo emitió un certificado
favorable, el cual tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
7. En diciembre de 2017, Orlando Gómez Alayón inició el trámite para la
renovación del certificado de uso de suelo. El 27 de diciembre de 2017, la
Secretaría de Planeación y Urbanismo realizó una inspección al
establecimiento y, el 4 de enero de 2018, emitió un concepto técnico en el
que concluyó que las actividades desarrolladas en el establecimiento no
correspondían con las de una industria artesanal, por lo cual no podía seguir
siendo desarrollada en un local que se encontraba en área urbana
residencial.
8. La Secretaría de Planeación y Urbanismo remitió el concepto técnico a la
inspección de policía, con el fin de que, “en atención a lo señalado en el
numeral 11 literal c del artículo 135 de la ley 1801 de 2016, procediera a
tomar medidas en contra de la señora Sandra Patricia Pedraza”. En esa
fecha, ni la sociedad ni su representante legal fueron notificados del
documento.
9. El inspector de policía inició un trámite policivo en contra de Sandra
Patricia Pedraza, quien no era la representante legal de Productos
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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Alimenticios Natural Vita S.A.S. El 15 de enero de 2018, realizó la audiencia
pública del trámite del proceso verbal abreviado, la cual fue suspendida
para la práctica de pruebas. El 8 de febrero de 2018 fue reanudada, en esa
ocasión, Sandra Patricia Pedraza solicitó la nulidad de lo actuado, con
fundamento en la falta de legitimación pasiva en la causa. El inspector negó
la solicitud de nulidad, declaró infractora a Sandra Patricia Pedraza, ordenó
el cierre de la sociedad e impuso una multa pecuniaria.
10. Sandra Patricia Pedraza interpuso recursos de reposición y apelación
en contra de la anterior decisión, los cuales fueron resueltos
desfavorablemente. Dada la firmeza que adquirió la sanción policiva, la
sociedad “tuvo que cerrar definitivamente las puertas al público y la
actividad comercial desde el mismo mes de febrero de 2018”.
11. El representante legal de la sociedad fue notificado del concepto
desfavorable de uso de suelo emitido por la Secretaría de Planeación y
Urbanismo. Contra esa decisión, el afectado interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación. Al resolver el recurso de reposición, la Secretaría
confirmó la decisión y, al resolver el recurso de apelación, el municipio
declaró su improcedencia, porque no se trataba de un acto administrativo.
12. Sandra Patricia Pedraza presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto que la sancionó. El 31 de octubre de 2019, el
Juzgado Segundo del Circuito de Zipaquirá accedió a las pretensiones de
la demanda y declaró la nulidad de la sanción policiva. La sentencia fue
apelada y, al momento de la presentación de la demanda de reparación
directa, se encontraba en trámite de segunda instancia.
13. En virtud de la sanción policiva que ordenó el cierre del establecimiento
de comercio, la sociedad demandante sufrió afectaciones patrimoniales y
sus representantes legales sufrieron perjuicios morales derivados de la
frustración de su proyecto de negocio, por lo que reclaman su
indemnización.
14. Como fundamento de la responsabilidad, la parte demandante adujo
que el municipio incurrió en una falla en el servicio, al omitir vincular al
trámite policivo adelantado por el supuesto incumplimiento de las normas
de uso de suelo al representante legal de la sociedad Alimenticios Natural
Vita S.A.S., además, por dictar una sanción en un acto administrativo viciado
de nulidad. También porque el informe en el que fundamentó la sanción se
realizó con base en falsas denuncias y sin contar con estudios y mediciones
técnicas que comprobaran las supuestas violaciones del uso del suelo.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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1.2. Posición de la parte demandada
15. El municipio de Sopó presentó contestación a la demanda3, en la que
refirió no se encontraba acreditado el daño ni la falla en el servicio, toda vez
que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no había
finalizado, por lo que el acto administrativo que contenía la sanción gozaba
de presunción de legalidad.
16. Señaló que el vicio alegado como fundamento de la ilegalidad del acto
se debió a que Sandra Patricia Pedraza, cónyuge y madre de los
representantes legales, actuó ante la administración como propietaria del
establecimiento y, con ello, indujo en error a la entidad.
17. Explicó que el proceso policivo fue tramitado conforme a la ley y se
sustentó en un hecho cierto, esto es, el uso de suelo para una actividad
distinta a la permitida. En efecto, el predio estaba ubicado en área urbana
residencial, por lo que el único uso industrial permitido correspondía con
“una industria artesanal clase I (AF1)”, es decir, “pequeñas fábricas o
industrias de bajo impacto ambiental y urbanístico”, sin embargo, en la visita
realizada al establecimiento se encontraron maquinarias y equipos
especializados que correspondían con “una Industria liviana a mediana de
bajo impacto ambiental, clase II (AF2)”.
1.3. Sentencia de primera instancia
18. El 21 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B profirió Sentencia de primera instancia4, en la
que decidió (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR responsable al Municipio de Sopó Cundinamarca por el
daño antijurídico ocasionado a Productos Natural Vita S.A.S. con ocasión del
cierre de su establecimiento.
SEGUNDO: CONDENAR al Municipio de Sopó Cundinamarca a pagar a la
demandante Productos Natural Vita S.A.S a título de daño emergente la suma de
CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($114,464,620,72).
TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandada
Municipio de Sopó Cundinamarca y a favor de Productos Alimenticios Natural
Vita S.A.S. Se fija como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.”
19. El Tribunal encontró probado que el 8 de febrero de 2018, la sociedad
Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S. cesó sus actividades por el cierre
de su establecimiento de comercio, en cumplimiento de lo ordenado en un
proceso policivo, en el que también se sancionó a Sandra Patricia Pedraza
(cónyuge y madre de los representantes legales). Esa decisión fue
confirmada por medio de Resolución 1757 de junio de 2018.
3 Contestación de la demanda que obra en el índice No. 16 del registro de actuaciones de la primera instancia
en el aplicativo SAMAI.
4 Sentencia de primera instancia que obra en el índice No. 53 del registro de actuaciones de la primera instancia
en el aplicativo SAMAI.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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20. Consideró que, pese a que Sandra Patricia Pedraza se presentó como
propietaria de la sociedad en varios trámites adelantados ante el municipio,
la entidad incurrió en una falla al adelantar el proceso sancionatorio contra
ella y no contra los representantes legales. Señaló que el ente municipal
debió verificar quién era el representante legal de la persona jurídica y
notificarle debidamente el inicio de la actuación administrativa para que
ejerciera su derecho de defensa, pero no lo hizo. Adujo que, a pesar de que
el representante legal de la sociedad demandante tuvo conocimiento del
procedimiento sancionatorio, ello no eximía ni excusaba al ente territorial
por la ilegalidad de su actuar.
21. Expuso que la falla quedó evidenciada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por Sandra Patricia Pedraza en
contra de los actos administrativos que ordenaron el cierre del
establecimiento de comercio y el pago de una multa, en el cual se concluyó
que las decisiones fueron expedidas con vulneración al debido proceso y,
en consecuencia, se declaró su nulidad mediante Sentencia de 31 de
octubre de 2019, proferida por el Juzgado Administrativo de Circuito de
Zipaquirá, confirmada mediante Sentencia de 28 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1.4. Recursos de apelación
22. La parte actora interpuso recurso de apelación5, con el fin de que se
modificara la Sentencia de primera instancia. Solicitó que se accediera a la
indemnización por los perjuicios morales, toda vez que se encontraban
acreditados con las declaraciones realizadas por los representantes legales,
quienes dieron cuenta de la angustia y la frustración que el hecho les
generó. También, solicitó el reconocimiento del lucro cesante, dado que
estaba acreditado que para la fecha en que se ordenó el cierre de la
sociedad, esta contaba con certificado de uso de suelo vigente y tenía una
proyección exponencial de ganancias futuras, según se evidenció en los
estados financieros y la declaración de la contadora practicada en el
proceso. Además, solicitó el pago de otros rubros que constituían el daño
emergente y que no fueron tenidos en cuenta por el tribunal6.
5 Recurso de apelación que obra en el índice No. 63 del registro de actuaciones de la primera instancia en el
aplicativo SAMAI.
6 Así, solicitó: 1. La suma de $12.000.000 correspondiente a la indemnización que los propietarios de la sociedad
debieron pagar a la propietaria del inmueble en virtud del incumplimiento del contrato de arrendamiento
(acreditado con el acta de la audiencia proferida en el proceso adelantado por el incumplimiento del contrato
de arriendo); 2. La suma pagada para obtener el registro Invima, el cual fue aprobado por 5 años y solo pudo ser
usado por 8 meses, (acreditado con la declaración de uno de los representantes legales de la empresa y la
constancia de consignación a la mencionada entidad); 3. Las sumas pagadas para obtener el permiso bomberil,
el análisis físico químico del agua, el registro en Sayco y Acimpro, el permiso de funcionamiento del
establecimiento, entre otros, al respecto no señaló un monto ni una prueba específica; 4. La suma pagada para
la capacitación de sus trabajadores en manipulación de alimentos, sobre este aspecto tampoco señaló un monto
ni una prueba específica; 5. La suma adeudada a Alfonso Acuña, en virtud del contrato de mutuo mercantil que
fue aportado al proceso; 6. La suma de $5.000.000 pagada a la firma Software y Servicios Informáticos LTDA., por
la terminación anticipada del contrato con dicha empresa, el cual también fue aportado al proceso; 7. La suma
de $78.425.000 correspondiente al valor del inventario (neveras, muebles, enseres) y $35.298.000 correspondiente
a otros activos (productos fabricados), lo cual se acreditaba con la declaración de renta aportada al proceso; 8.
El pago de una indemnización por el cierre del establecimiento Productos Natural Point S.A.S. el cual hacía parte
de los activos de Productos Natural Vita S.A.S.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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23. El municipio de Sopó presentó recurso de apelación7, en el que solicitó
la revocatoria de la providencia. El recurso lo sustentó en tres argumentos.
En primer lugar, indicó que en este caso no procedía el medio de control de
reparación directa, ya que el daño derivaba de un acto administrativo de
carácter particular y concreto que fue declarado nulo en un proceso
promovido por un tercero, esto es, Sandra Patricia Pedraza, y no por
Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S., de modo que los efectos de esa
decisión no le eran extensibles a la sociedad aquí demandante. Señaló que
la sociedad estaba legitimada para demandar la nulidad y
restablecimiento del derecho con ocasión de la decisión de su cierre o
hacerse parte dentro del proceso instaurado por Sandra Patricia, pero no lo
hizo, con lo cual perdió la oportunidad de que su derecho le fuera
restablecido.
24. En segundo lugar, expuso que no había lugar al reconocimiento de
ningún tipo de perjuicio material, pues la nulidad del acto se fundamentó
en un aspecto formal, esto es, la indebida notificación o vinculación de los
interesados, pero no cuestionó el incumplimiento de las normas sobre uso de
suelo y niveles de ruido. Es decir, independientemente de lo decidido en el
trámite policivo, el establecimiento de comercio no podía seguir
funcionando porque no contaba con concepto favorable de uso de suelo.
25. Finalmente, alegó que los perjuicios derivaron de la decisión
“discrecional y unilateral del demandante”, toda vez que la orden de cierre
del establecimiento de comercio en el lugar en el que operaba no impedía
a la demandada continuar con su actividad económica en un lugar
diferente que sí cumpliera con los requisitos sobre el uso del suelo. Así, la
determinación de suspender de manera definitiva el ejercicio de la
actividad comercial obedeció a una decisión ajena a la entidad
demandada.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones a adoptar, 2.2. Análisis de la indebida
escogencia del medio de control, 2.3. Condena en costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones a adoptar
26. En esta providencia, la Sala revocará la Sentencia de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declarará la
indebida escogencia del medio de control, toda vez que el hecho
generador del daño aquí reclamado derivó del acto administrativo de
carácter particular por medio del cual el inspector de policía del municipio
ordenó el cierre del establecimiento de comercio de la sociedad
demandante.
7 Recurso de apelación que obra en el índice No. 64 del registro de actuaciones de la primera instancia en el
aplicativo SAMAI.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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2.2. Análisis de la indebida escogencia del medio de control
27. La sociedad demandante indicó que el hecho generador del daño fue
la decisión adoptada el 8 de febrero de 2018 por el inspector de policía del
municipio que ordenó el cierre definitivo del establecimiento de comercio,
y que fue confirmada por la alcaldía de Sopó. A su vez, señaló que el daño
consistió en las afectaciones que le generaron la imposibilidad de seguir
ejerciendo su actividad económica.
28. Está probado que el 28 de abril de 2017 Orlando Gómez Alayón creó la
empresa Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.; el 3 de mayo de 2017,
solicitó al municipio el concepto sobre uso de suelo para la actividad de
fabricación artesanal de productos lácteos; el 4 de mayo de 2017, la
Secretaría de Planeación Territorial y Urbanismo del municipio emitió el
concepto favorable de uso de suelo y advirtió que “este uso de suelo vence
el 31 de diciembre de 2017”8.
29. También se acreditó que, el 27 de diciembre de 2017, la Secretaría de
Planeación Territorial y Urbanismo del municipio emitió un informe técnico en
el que refirió que, tras una visita realizada al domicilio de la sociedad
Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S., observó que en el establecimiento
se realizaba una actividad económica que no era compatible con los usos
de suelo permitidos en la zona en la que se encontraba el establecimiento
comercial. Explicó que, según el plan de ordenamiento territorial del
municipio, el suelo donde se encontraba el establecimiento era de uso
residencial, por lo cual solo era compatible con actividades de industria
artesanal, pero “la fábrica no cumple con las características típicas de esta
industria, ya que según el artículo 50 en su numeral 2 de Decreto 080 de 2010
se describe una manufactura artesanal de productos, con métodos
manuales o equipos caseros, y en el establecimiento se observan equipos
especializados con demandas específicas de infraestructura, lo cual se
clasifica como industria liviana a mediana”9. Por lo anterior, la Secretaría
emitió un concepto desfavorable de uso de suelo, además, mediante oficio
de 4 de enero de 2017, remitió al inspector de policía el informe técnico con
el fin de que “se tomen las medidas de su competencia para el
establecimiento comercial y la propietaria, por estar adelantando
actividades industriales que no son artesanales en un área residencial”10.
30. En virtud de lo anterior, el inspector de policía inició un proceso policivo
en contra de Sandra Patricia Pedraza Almeciga, quien, según
manifestaciones realizadas por el representante legal, se trataba de su
compañera permanente que le había colaborado con la gestión de los
asuntos de la empresa, pero no era su propietaria ni representante. El 15 de
enero de 2018 realizó audiencia pública del proceso verbal abreviado
conforme con lo previsto en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y
8 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Carpeta de la primera instancia. Parte 2. Índice 45 del registro
de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
9 Folios 2 al 7 del pdf aportado la contestación de la demanda denominado “Productos lácteos
sopo_compressed”. Índice No. 16 del registro de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
10 Folio 1 del pdf aportado la contestación de la demanda denominado “Productos lácteos sopo_compressed”.
Índice No. 16 del registro de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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Convivencia11, la cual fue suspendida para la práctica de pruebas. El 8 de
febrero de 2018, continuó la audiencia, y se resolvió: “PRIMERO: DECLARAR
INFRACTOR a la señora SANDRA PATRICIA PEDRAZA ALMECIGA (…) por la
conducta contraria a la convivencia descrita en el artículo 135 literal c
numeral 11 de la ley 1801 de 2016. // SEGUNDO: ORDENAR EL CIERRE
DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Lácteos Sopó Ltda. hoy
PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURAL VITA S.A.S. (…) // TERCERO: IMPONER a
la infractora una multa especial de 8 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (…)”12. Sandra Patricia presentó recurso de apelación. El 1 de junio
de 2018, mediante Resolución 1757, la alcaldía de Sopó resolvió declarar
desierto el recuso y confirmar decisión adoptada por el inspector de
policía13.
31. Sandra Patricia presentó una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en la que solicitó “se declar[ara] la nulidad de la sanción
policiva proferida por el inspector de policía del municipio de Sopó el
pasado 8 de febrero de 2018, mediante la cual se declaró infractora a mi
mandante respecto de un establecimiento que no era de su propiedad,
tenencia y/o posesión”. El 31 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo
Administrativo de Zipaquirá profirió Sentencia de primera instancia, en la que
declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, por haber sido
emitidos con violación del debido proceso y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó al municipio exonerar a la demandante de la sanción
pecuniaria impuesta, advirtió que, en caso de que ya hubiese sido pagada,
debía realizar la devolución de la suma pagada con ocasión de la
sanción14.
32. El municipio apeló la decisión y, el 28 de septiembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, profirió Sentencia de
segunda instancia en la que evidenció que en el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad Productos Alimenticios Natural Vita
S.A.S. constaba que, el 28 de abril de 2017, fue nombrado Orlando Gómez
Alayón como representante legal y Juan Sebastián Gómez Pedraza como
representante legal suplente de la sociedad. Reprochó que el inspector de
policía adelantara el proceso policivo en contra de Sandra Patricia,
teniendo como prueba únicamente un oficio de la Secretaría de
Planeación y Urbanismo en el cual se señalaba que ella era la propietaria
del establecimiento de comercio, sin tener en cuenta que ese documento
no era la prueba idónea y suficiente. Precisó que la autoridad no identificó
ni individualizó debidamente al presunto infractor y violó el debido proceso
de los involucrados, por lo que confirmó la decisión del juzgado.15
11 Folio 8 y 9 del pdf aportado la contestación de la demanda denominado “Productos lácteos sopo_compressed”.
Índice No. 16 del registro de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
12 Folio 53 al 69 del pdf aportado la contestación de la demanda denominado “Productos lácteos
sopo_compressed”. Índice No. 16 del registro de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
13 Folio 91 al 103 del pdf aportado la contestación de la demanda denominado “Productos lácteos
sopo_compressed”. Índice No. 16 del registro de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
14 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que fue aportado por medio de oficio que obra en el índice
45 del registro de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
15 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que fue aportado por medio de oficio que obra en el índice
45 del registro de actuaciones de la primera instancia en el aplicativo SAMAI.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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33. En el presente asunto la parte actora solicitó la reparación de un daño
que fue ocasionado con un acto particular, en el que se resolvió una
situación concreta y tuvo efectos individuales, por lo tanto, al encontrarse
inconforme con esas decisiones debió controvertir los actos mediante la
acción de nulidad y solicitar a título de reparación de daños el
restablecimiento de los derechos que le fueron violados.
34. El hecho generador del daño no consistió en una operación
administrativa. El municipio ordenó el cierre del establecimiento y el
demandante, pese a que no fue notificado de esa decisión, por sí mismo,
decidió suspender su actividad económica. No hay prueba de que la
administración desplegara acción alguna tendiente a ejecutar el cierre del
local. De manera que, en este caso, el daño derivó exclusivamente del acto
sancionatorio.
35. Respecto de la fuente del daño y la acción procedente, esta
corporación ha señalado:
“La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica en señalar “que la fuente del
daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la
controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación
de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas
valer por la vía jurisdiccional”16. En este sentido, las normas que regulan las
condiciones para el ejercicio de cada tipo de acción no están al arbitrio de la
escogencia del interesado, pues se trata de normas de orden público y de
imperativo cumplimiento.
Bajo esta óptica, se debe recordar que, si la causa del daño proviene de la
ilegalidad de una decisión de la administración que crea, modifica o extingue una
relación jurídica particular y concreta, es decir, un acto administrativo, la acción
procedente es la nulidad y restablecimiento del derecho. Por el contrario, si la
fuente del daño es, por ejemplo, un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación de un inmueble la acción idónea será la reparación
directa, pretensión que, excepcionalmente, procede para demandar el
resarcimiento de perjuicios por un acto administrativo legal, siempre que el
fundamento de la acción resida en razones que revelen el rompimiento de la
igualdad frente a las cargas públicas17.” 18
36. También se ha establecido que, excepcionalmente, la acción de
reparación directa procede aun cuando el hecho generador del daño sea
un acto administrativo, siempre que se presente alguno de los siguientes
eventos:
“(…) i) [U]n acto administrativo particular que haya sido objeto de revocatoria
directa19 o ii) de uno de carácter general que hubiese sido anulado20, con todo,
“si la causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto
administrativo particular (…), debe acudirse a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede
16 Cita de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 26.758. Así mismo, ver,
entre otras, las sentencias de 7 de junio de 2007, Exp. 16.474; del 19 de julio de 2007, Exp. 30.905; del 31 de agosto
de 2005, Exp. 29.511.
17 Cita de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 30 de enero de 1987, Exp. 4493.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de noviembre de
2021, exp. 25000-23-26-000-2010-00255-01(45728).
19 Cita de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de
agosto de 1998, Exp. 13685.
20 Cita de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 15 de mayo
de 2003, Exp. 23205, y sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 21986.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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destruirse la presunción de ilegalidad que lo caracteriza”21. // La Sección también
ha señalado que la reparación directa es el mecanismo procesal para obtener
el resarcimiento de los perjuicios derivados de la revocatoria o de la nulidad de
un acto administrativo favorable para su destinatario22.23
37. En el caso concreto, no se configura ninguno de los anteriores supuestos.
En efecto, el acto administrativo por medio del cual se ordenó el cierre del
establecimiento de comercio no fue objeto de revocatoria, además, se
trató de un acto de carácter particular que fue desfavorable para la
demandante, en tanto ordenó el cierre de sus instalaciones. El daño
alegado por la parte actora deriva de un acto administrativo que no
controvirtió y respecto del cual no solicitó su nulidad y la reparación de los
perjuicios que generó. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en el que se anularon los actos fue promovido por Sandra Patricia Pedraza,
en ese proceso también se ordenó el restablecimiento del derecho de la
única demandante, esto es, se revocó la multa que contra ella impuso la
administración municipal. La sociedad Productos Alimenticios Natural Vita
S.A.S., pese a encontrarse legitimada para demandar, porque en la decisión
se adoptaron medidas en su contra, no presentó demanda ni se vinculó al
proceso iniciado por Sandra Patricia, con lo cual perdió la oportunidad de
que sus derechos le fueran restablecidos.
38. La Sala concluye que, aunque el Tribunal admitió la demanda de
reparación directa por ser el medio de control invocado por las
demandantes, lo cierto es que, con base en las pretensiones planteadas y
lo probado en el proceso, se advierte que el daño reclamado por la
sociedad demandante deriva de un acto administrativo frente al cual debió
interponer el correspondiente medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pero no lo hizo, por lo cual resulta forzoso
declarar la improcedencia del medio de control presentado.
2.3. Condena en costas
39. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA y los numerales 1 y 3 del
artículo 365 del Código General del Proceso, la parte demandante será la
condenada en costas en esta instancia. El tribunal de origen deberá liquidar
la condena en costas de manera concentrada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 366 del CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
21 Cita de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio
de 2006, Exp 21051.
22 Cita de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril
de 2003, Exp. 26437.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de octubre de 2021.
Exp. 08001-23-33-001-2014-00511-01(57265).
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00049-01 (72873)
Demandante: Productos Alimenticios Natural Vita S.A.S.
Demandado: Municipio de Sopó
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia
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RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 21 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
SEGUNDO: DECLARAR la indebida escogencia del medio de control de
reparación directa.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte actora, el tribunal liquidará la
condena de manera concentrada.
CUARTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Con aclaración de voto
Magistrado
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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