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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00060-02

Por error jurisdiccional: encuentra fundamento en los artículos 65 y 66 de la Ley

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00060-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte demandante, en favor de la Superintendencia de Sociedades. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, INCORPORARLA al expediente digital y remitir copia al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2020-00060-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
POR ERROR JURISDICCIONAL - Encuentra fundamento en los artículos 65 y 66 de la Ley
270 de 1996, conforme a los cuales surge el deber de reparar los daños antijurídicos
causados por una autoridad investida de función jurisdiccional cuando profiere una
providencia contraria al ordenamiento jurídico / ERROR DE DERECHO – Se presenta
cuando se deja de aplicar la norma llamada a resolver el caso, se aplica una disposición
ajena a la controversia o se interpreta el ordenamiento de manera contraria a su sentido y
alcance / ERROR DE HECHO - se configura cuando la autoridad judicial omite valorar
pruebas relevantes, las aprecia de manera contraevidente o arriba a conclusiones que
carecen de respaldo objetivo en el material probatorio obrante en el proceso / CASO
CONCRETO - No se demostró que la decisión adoptada por la Supersociedades que tuvo
por objeto ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de ABC For
Winners S.A.S. y sus asociados hubiera desconocido las disposiciones aplicables al caso
ni se fundara sobre la base de elementos de juicio ajenos a los que obraban en la actuación
y justificaban la adopción de las medidas de intervención – SE RESPETARON LAS
GARANTÍAS PROCESALES APLICABLES AL CASO - La estructura del procedimiento
respondía a la necesidad de asegurar de manera inmediata los bienes afectos a la
devolución de los recursos captados del público, sin condicionar la eficacia inicial de la
medida a la audiencia previa de cada persona cobijada por ella.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda.

Se pretende la reparación de los perjuicios que la demandante atribuye a un error
jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que
supuestamente habría incurrido la Superintendencia de Sociedades en el marco del
proceso de intervención estatal adelantado contra la sociedad ABC For Winners
S.A.S. y otros, al ordenar la toma de posesión de los bienes de la demandante, en
su calidad de accionista, con fundamento en su participación en actividades
constitutivas de captación masiva y habitual de dineros del público.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 23 de octubre de 2025, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda instaurada el 12 de febrero de 20201 por la señora
1 Folio 23, c. 1 -reverso-.

1

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

María Luz Enir Quiceno Rodríguez contra la Nación – Superintendencia de
Sociedades, con el fin de que se le declarara responsable por el error judicial en
que incurrió al ordenar su intervención mediante Auto 420-016334 del 14 de
noviembre de 2017, así como por el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia por la mora al resolver la solicitud de exclusión presentada en el marco
de ese proceso.

2. Como consecuencia, solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales, en las
modalidades de daño emergente2 y lucro cesante3, así como perjuicios
“inmateriales”4.

3. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se edificó la demanda
fueron los siguientes:

4.En julio de 2013, la señora María Luz Enir Quiceno Rodríguez realizó inversiones
en ABC For Winners S.A.S. mediante operaciones de compra de flujos respaldadas
en títulos valores, sociedad que se dedicaba a la actividad de factoring,
particularmente a la compra y venta de cartera respaldada en pagarés-libranza.

5.En febrero de 2016, adquirió una participación accionaria en la referida sociedad,
mediante la compra de acciones al señor Gabriel Talero, por lo que fungió como
socia minoritaria de esa compañía, sin participar en su administración ni en la
adopción de decisiones societarias.

6. En julio de 2016, tras la crisis presentada en el sector de las libranzas, ABC For
Winners S.A.S. suspendió voluntariamente sus actividades. Luego, a través de la
Resolución 300-003482 del 20 de septiembre de 2016 la Supersociedades sometió
a control a dicha sociedad, decisión que fue confirmada por medio de Resolución
300-004169 del 15 de noviembre del mismo año.

7. El 29 de agosto de 2017, a través de Resolución 300-003195, la
Supersociedades ordenó la cesación de las supuestas actividades de captación
masiva de recursos del público que desarrollaba dicha sociedad y remitió el proceso
al Grupo de Intervenidas para la adopción de las medidas previstas en el Decreto
4334 de 2008.

8. Mediante Auto 420-016334 del 14 de noviembre de 2017 se ordenó la
intervención de ABC For Winners S.A.S. y de sus accionistas, entre ellos la
demandante, pese a que su vinculación con la sociedad se limitaba a la condición
de inversionista y socia minoritaria.

9.Indicó que dicha intervención dio lugar al embargo de sus bienes y cuentas
bancarias, afectó su participación accionaria y el ejercicio de la representación legal

2 Por este concepto solicitó la suma de $50’000.000 o lo que se pruebe (no se precisaron los rubros que

integraban dicha suma, los criterios empleados para su cuantificación ni las razones que justificaban el monto
solicitado).
3 Por este concepto solicitó la suma de $500’000.000 o lo que se pruebe (aplica la misma precisión del pie de

página anterior)
4 Pidió la suma equivalente a cuatrocientos (400) SMLMV.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

en otras sociedades, limitó sus actividades comerciales y de inversión y le ocasionó
perjuicios morales.

Fundamentos de derecho

10. En cuanto a la imputación, la demandante sostuvo que la Supersociedades
incurrió en error judicial al proferir el Auto 420-016334 del 14 de noviembre de 2017,
toda vez que: (i) la entidad interpretó erróneamente la normativa aplicable5 al
concluir que ABC For Winners S.A.S. desarrollaba actividades de captación no
autorizada, pese a que la sociedad realizaba operaciones legítimas de compraventa
de cartera (factoring) y no contratos de mutuo con el público; (ii) dicha conclusión
se sustentó en obligaciones no previstas en la ley6, particularmente aquellas
relacionadas con el conocimiento del estado de la cartera y su inscripción en las
pagadurías, sin acreditar los presupuestos legales exigidos para configurar la
captación7 y; (iii) la entidad equiparó su situación a la de los administradores y
representantes legales de la sociedad y ordenó la toma de posesión de la totalidad
de su patrimonio, desconociendo el régimen de limitación de responsabilidad propio
de las sociedades por acciones simplificadas8.

11. Además, aseguró que la referida providencia vulneró el debido proceso, toda vez

que: (i) fue incluida dentro de los sujetos intervenidos sin que se demostrara su
participación directa o indirecta en las actividades de captación atribuidas a la
sociedad y a pesar de que ostentaba la calidad de accionista minoritaria y, (ii) no
fue vinculada ni notificada de las actuaciones que precedieron la expedición del
Auto 420-016334 de 2017, mediante el cual se ordenó la toma de posesión de sus
bienes, lo que le impidió ejercer oportunamente su derecho de defensa.

12. Finalmente, alegó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,

por cuanto la demandada no resolvió oportunamente las solicitudes de exclusión
del proceso de intervención ni las peticiones encaminadas al levantamiento de las
medidas adoptadas en su contra9.

La defensa

13. La Supersociedades se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las

siguientes excepciones que denominó:

14. (i) Inexistencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad, por cuanto

el auto 420-016334 del 14 de noviembre de 2017 fue proferido en ejercicio de las
facultades conferidas por el Decreto 4334 de 2008, con fundamento en los hechos
y pruebas recaudadas durante la investigación que permitieron concluir la

5 Relacionada con captación masiva de recursos, la actividad de factoring y las operaciones respaldadas en

pagarés-libranza.
6 Específicamente, lo previsto en las Leyes 1231 de 2008 y 1527 de 2012.
7 Se refirió de manera particular a la ausencia de razonabilidad financiera de las operaciones y al abuso del

derecho exigidos por la normativa que regula el proceso de intervención estatal.
8 Aunque la demandante formuló este último cargo como un error de hecho, se observa que el mismo se

relaciona principalmente con la interpretación y aplicación de las normas que regulan la responsabilidad de los
accionistas de las sociedades por acciones simplificadas y los presupuestos de intervención previstos en el
Decreto 4334 de 2008, por lo que corresponde, en estricto sentido, a un cuestionamiento de naturaleza jurídica.
9 Folios 1 a 23, c. 1.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

existencia de actividades de captación no autorizada de recursos del público.
Sostuvo que la demandante tenía la condición de accionista y, por tanto, se
encontraba comprendida dentro de los sujetos susceptibles de intervención. Añadió
que las solicitudes de exclusión y levantamiento de medidas fueron resueltas dentro
del trámite, sin que la normativa especial estableciera un término perentorio para
ello.

15. (ii) Hecho exclusivo y determinante de un tercero, en tanto que las medidas de

toma de posesión y aprehensión de bienes obedecieron al cumplimiento de un
deber legal orientado a preservar los activos vinculados a la captación y proteger a
los afectados, por lo que la afectación patrimonial alegada tenía como causa
eficiente las irregularidades cometidas por los gestores de la sociedad intervenida
y no una actuación antijurídica de la entidad demandada.

16. (iii)
Culpa exclusiva de la víctima, por cuanto la demandante participó
voluntariamente como inversionista y accionista de la sociedad intervenida,
actividad que se desarrollaba al margen de las autorizaciones legales exigidas y,
por tanto, debía asumir los riesgos inherentes a ese tipo de operaciones10.

17. Concluida la etapa probatoria11, la parte demandante12 y la demandada13
insistieron en los argumentos de cargo y descargo anteriormente presentados. El
Ministerio Público guardó silencio.

La decisión impugnada

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al demandante. Consideró que no se acreditó la
existencia de un error judicial ni un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia imputable a la Supersociedades. Se refirió a cada uno de los cargos
formulados y en relación con la indebida interpretación de las normas que regulan
la intervención administrativa y la exigencia de obligaciones no previstas en la ley14,
consideró que la demandada efectuó una interpretación ajustada al ordenamiento
jurídico, pues las Leyes 1527 de 2012 y 1231 de 2008 no eximían a la sociedad de
realizar verificaciones sobre la existencia y respaldo de los créditos
comercializados; además, las pruebas recaudadas en el marco del proceso le
permitieron concluir al juez de la intervención que las operaciones desarrolladas
carecían de una explicación financiera razonable.

10 SAMAI: Tribunal, índice 40 y 41.
11 Mediante auto del 17 de enero de 2025, el Tribunal decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1. Acta

de audiencia de conciliación extrajudicial del 3 de febrero de 2020 y constancia de no conciliación. 2. Auto 420-
016334 del 14 de noviembre de 2017. 3. Resolución 300-001395 del 29 de agosto de 2017. 4. Cd que contiene:
4.1. Certificado de existencia y representación legal de ABC For Winners S.A.S. 4.2. Copia de la Resolución
300-0033482 del 20 de septiembre de 2016. 4.3. Copia de la Resolución 300-004167 del 15 de noviembre de
2016. 4.4. Decisiones de intervención adoptadas por la Supersociedades frente a otras personas naturales o
jurídicas. 4.5. Denuncia penal. 4.6. Estatutos de ABC For Winners S.A.S. 4.6. Oficio de la Procuraduría Judicial
II para Asuntos Civiles Rad. S 2018004869 del 6 de septiembre de 2018. 4.7. Oficio DZC-ABC-18-78 del 28 de
mayo de 2018, suscrito por el interventor de ABC For Winners S.A.S. 4.8. Oficio DZC-FIT-18-35 del 3 de marzo
de 2018 suscrito por el interventor de dicha sociedad. 5. Expediente administrativo N: 76745 de la sociedad
ABC FOR WINNERS SAS. 6. Expedientes 85224, .87474, 87740 (intervención judicial a distintas sociedades).
SAMAI: Tribunal, índice 44.
12 SAMAI: Tribunal, índice 50.
13 SAMAI: Tribunal, índice 49.
14 Especialmente el deber de verificar el estado de la cartera negociada y su inscripción en las pagadurías.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

19. En cuanto al segundo cargo, el a quo concluyó que no era necesario adelantar

un procedimiento autónomo frente a la demandante, por cuanto la intervención
recaía sobre el conjunto de bienes y operaciones vinculadas a la sociedad que
desarrollaba actividades de captación irregular de recursos del público y, por ende,
la medida impuesta obedeció a su condición de accionista de la intervenida, en los
términos previstos en el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, por lo que descartó la
vulneración del debido proceso.

20. Frente al cargo consistente en que la Supersociedades no precisó el grado de

participación de la demandante en las actividades de captación, el Tribunal
consideró que para ordenar la toma de posesión la ley no exigía determinar la
responsabilidad o participación individual de los socios, sin perjuicio de que el
análisis sobre su responsabilidad subjetiva fuera efectuado posteriormente dentro
del trámite y oportunidad establecido por la normativa aplicable. Agregó que los
argumentos relativos a la falta de competencia de los funcionarios que expidieron
las Resoluciones del 29 de agosto de 2017, el 14 de noviembre del mismo año y el
proveído del 6 de agosto de 2021 constituían un argumento novedoso que no fue
planteado en la demanda ni incluido en la fijación del litigio y, por ende, no serían
objeto de pronunciamiento.

21. Finalmente, descartó la configuración de un defectuoso funcionamiento de la

administración de justicia por mora15 en la resolución de las solicitudes de
exclusión, toda vez que conforme a lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 y la Ley
1116 de 2006, dichas solicitudes no podían resolverse de manera previa o
incidental, sino en la etapa de avalúos y resolución de objeciones, pues tenían
incidencia en la conformación del patrimonio destinado a respaldar las
reclamaciones de los afectados y, en ese sentido, concluyó que el tiempo que
transcurrió desde la formulación de la solicitud y su resolución obedeció al
cumplimiento de las etapas establecidas para ese proceso16.

II. EL RECURSO INTERPUESTO17

22. La demandante sostuvo que el Tribunal avaló indebidamente la legalidad de la

decisión adoptada por la Supersociedades al considerar exigibles deberes de
verificación que no se encontraban previstos en la ley para las sociedades
dedicadas a las actividades de factoring, dado que ni la Ley 1527 de 2012 ni la 1231
de 2008 establecían la obligación de verificar la inscripción de la cartera en las
pagadurías o el estado de los créditos negociados. En ese sentido, afirmó que no
existían elementos para calificar la actividad desarrollada por ABC For Winners
S.A.S. como captación ilegal de recursos ni para extender la medida de intervención
a sus socios. Agregó que ostentaba simultáneamente la calidad de socia e
inversionista, recibió los rendimientos pactados y no se acreditó la existencia de
fraude, abuso del derecho o perjuicio a los inversionistas que justificara la
intervención.

15 Bajo el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
16 SAMAI: Tribunal, índice 52.
17 SAMAI: Índice 56.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

23. Cuestionó la conclusión según la cual no era necesario adelantar una actuación

previa e individual respecto de la demandante antes de ordenar la toma de posesión
de sus bienes, pues ante la ausencia de una regulación específica en el Decreto
4334 de 2008 sobre la determinación individual de la participación en actividades
de captación, la Supersociedades debió aplicar las garantías propias del
procedimiento administrativo sancionatorio previstas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Finalmente,
reprochó que el a quo se hubiera negado a examinar el cargo relacionado con la
falta de competencia de los funcionarios que profirieron las decisiones
cuestionadas, pese a que dicha irregularidad podía comprometer el debido proceso
y el derecho al juez natural, por lo que no podía ser descartada únicamente con
fundamento en el principio de justicia rogada.

24. Por último, solicitó revocar la condena en agencias en derecho impuesta en

primera instancia, al considerar que esta hacía más gravosa su situación, dado que
permaneció sometida a la medida de intervención durante más de tres años y
posteriormente fue excluida de ella por no encontrarse acreditada una participación
determinante en las conductas investigadas.

25. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr

traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 201118. Sin perjuicio de lo anterior, la
Supersociedades se pronunció sobre los argumentos de la apelación y solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que las conclusiones del
Tribunal se ajustaron al marco normativo aplicable y a las pruebas obrantes en el
expediente19. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, y

analizados los presupuestos procesales correspondientes, procede la Sala a
resolver el recurso de apelación.

El objeto de la impugnación

27. Corresponde a la Sala establecer si la sentencia apelada debe revocarse por

haber considerado ajustada a derecho la decisión de ordenar la toma de posesión
de los bienes, haberes y negocios de la demandante, pese a los cuestionamientos
relacionados con el fundamento normativo de la medida, las garantías
procedimentales aplicables y la competencia de las autoridades que la adoptaron.

28. Previo a abordar el estudio de los reparos formulados en la apelación, la Sala

precisa que, de conformidad con el artículo 328 del CGP20, el análisis se
circunscribirá a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues la
competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los

18 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
19 SAMAI: Índice 11.
20 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

aspectos de la decisión que fueron expresamente controvertidos por el recurrente.

29. Bajo ese entendido, la Sala no efectuará consideraciones adicionales en relación

con el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia derivado de la supuesta mora para resolver la solicitud de exclusión
presentada por la demandante. El Tribunal concluyó que el término transcurrido
entre la presentación de dicha solicitud y su resolución obedeció al trámite y al
cumplimiento de las etapas previstas en el régimen de intervención aplicable, y esa
conclusión no fue cuestionada en la alzada, razón por la cual queda incólume. Lo
propio ocurre con otras consideraciones de la sentencia de primera instancia que
no fueron objeto de reparo en la alzada.

Responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional

30. Encuentra fundamento en los artículos 65 y 66 de la Ley 270 de 1996, conforme
a los cuales surge el deber de reparar los daños antijurídicos causados por una
autoridad investida de función jurisdiccional cuando profiere una providencia
contraria al ordenamiento jurídico. Este título de imputación constituye una
manifestación del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y
de la garantía de tutela judicial efectiva, en cuanto permite obtener la reparación de
los perjuicios ocasionados por decisiones judiciales que al contener un error
relevante lesionan los derechos e intereses legítimos de quienes resultan afectados
por su adopción.

31. De conformidad con el artículo 67 ibidem, el afectado debe haber interpuesto los

recursos de ley21 y la providencia de la que se reputa el error debe estar en firme22.
La configuración del error jurisdiccional no se identifica con el simple desacuerdo
frente al sentido de una providencia ni convierte al juez de la responsabilidad en
una instancia adicional encargada de revisar la corrección de las decisiones
adoptadas en otros procesos, pues ello implicaría desconocer los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, ya que el proceso indemnizatorio terminaría
convirtiéndose en un mecanismo para reabrir controversias ya definidas mediante
providencias ejecutoriadas.

32. El error puede recaer sobre los supuestos fácticos o jurídicos que sirven de

fundamento a la decisión. El error de hecho se configura cuando la autoridad judicial
omite valorar pruebas relevantes, las aprecia de manera contraevidente o llega a
conclusiones que carecen de respaldo objetivo en el material probatorio obrante en
el proceso. El error de derecho se presenta cuando se deja de aplicar la norma
llamada a resolver el caso, se aplica una disposición ajena a la controversia o se
interpreta el ordenamiento de manera contraria a su sentido y alcance.

33. Tratándosede errores de derecho, el juicio de responsabilidad no está
encaminado a reemplazar el criterio hermenéutico acogido por la autoridad judicial,

21 Se encuentra acreditado este presupuesto, pues de conformidad con el parágrafo 1.º del artículo 2 del Decreto

4705 de 2008, contra la providencia que ordena la toma de posesión de bienes, haberes y negocios no procede
recurso alguno.
22 La providencia fue notificada por estado el 15 de noviembre de 2017 y quedó ejecutoriada el 21 de noviembre

siguiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 302 del Código General del Proceso.

7

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

sino a verificar si la providencia cuestionada se sustentó en una comprensión
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, en la aplicación de normas
ajenas al supuesto fáctico objeto de decisión, en la inaplicación de disposiciones
decisivas para la solución de la controversia o en una interpretación desprovista de
sustento jurídico razonable, de tal entidad que prive a la decisión de un fundamento
jurídico objetivo.
34. En suma, el examen que corresponde efectuar en sede de reparación directa se

orienta a establecer si la decisión adoptada incurrió en un error manifiesto y
jurídicamente relevante, y si ese yerro tuvo incidencia determinante en la decisión
adoptada y en la producción del daño antijurídico alegado, pues no basta invocar
una interpretación distinta de los hechos o del derecho, ni reiterar los argumentos
debatidos dentro del proceso ya concluido.

Análisis del caso concreto

35. La apelante sostiene que la decisión de ordenar la toma de posesión de sus

bienes, haberes y negocios, así como de los de la sociedad ABC For Winner S.A.S.,
se sustentó en una comprensión equivocada del marco normativo aplicable al caso
concreto y prescindió de garantías procedimentales al extender los efectos de la
medida a exaccionistas y accionistas respecto de los cuales no se había adelantado
una actuación individual que permitiera examinar las circunstancias que justificaban
su inclusión como destinatarios de aquella. Además, cuestiona que el Tribunal no
se hubiese pronunciado sobre los reparos formulados en torno a la competencia de
los funcionarios que profirieron las decisiones en el marco de ese procedimiento.

36. Bajo ese contexto, la Sala examinará las actuaciones surtidas por la
Supersociedades y los fundamentos fácticos y jurídicos que respaldaron las
decisiones cuestionadas, con el fin de establecer si se configuraron los yerros
alegados por la demandante.

37. Está acreditado que el 25 de noviembre de 2013, la Supersociedades con
fundamento en las facultades de inspección, vigilancia y control previstas en la Ley
222 de 1995 requirió a ABC For Winners S.A.S. para que presentara los estados
financieros con corte al 31 de diciembre de ese año y un informe de prácticas
empresariales23.

38. Entre el 2 y el 8 de agosto de 2016, la Supersociedades practicó una actuación

de supervisión consistente en la toma de información de ABC For Winners S.A.S.,
con el propósito de verificar su situación jurídica, contable y operativa 24. Como
resultado de dicha actuación, se dejó constancia de que: (i) a partir de agosto de
2016, la sociedad no contaba con recursos suficientes para atender oportunamente
las obligaciones derivadas de los giros a sus clientes; (ii) se advirtió sobre la
ausencia de actualización del libro de accionistas, y (iii) se informó sobre la
necesidad de realizar seguimiento a la actividad de compra y venta de cartera, al
recaudo de los flujos de fondos y a los nuevos productos de libranza que la

23 Link 1, expediente administrativo, carpeta 2013 a 2015. Archivo: BDSS01-#103780389-v1-2013-01-473274-

000.
24 Link 1, expediente administrativo, carpeta 2016. Archivo: BDSS01-#106043411-v1-2016-01-417259-000.

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

compañía proyectaba ofrecer al mercado.

39. En el mismo informe se recomendó solicitar información adicional a los
originadores de cartera para validar los saldos reportados por la sociedad, efectuar
seguimiento especial a determinados esquemas de inversión asociados a libranzas
y analizar la posible existencia de vínculos empresariales con otras sociedades.
Además, debía evaluarse si la actividad desarrollada por esa empresa correspondía
realmente a una operación de libranza o, más bien, a un esquema de compra y
venta de cartera propio del factoring25.

40. Mediante Resolución No. 2016-01-473056 del 20 de septiembre de 201626, el

Superintendente Delegado para la Inspección, Vigilancia y Control de la
Supersociedades resolvió: (i) someter a control a la sociedad ABC For Winners
S.A.S; (ii) notificar la decisión conforme a lo establecido en el artículo 67 del
CPACA, y (iii) ordenar al representante legal de la sociedad que, una vez en firme
la decisión, convocara al máximo órgano social para informarle su contenido 27.
Como soporte de su decisión señaló que esta sociedad desarrollaba actividades de
compra y venta de cartera de libranzas y que la cartera pendiente de recaudo
ascendía a $23.249’547.026, de los cuales el 92,41% se encontraba concentrado
en seis originadores. Asimismo, advirtió que cuatro de tales originadores se
encontraban en estado de disolución y liquidación28.

41. Encontró que la sociedad presentaba una situación financiera crítica, pues había

suspendido los pagos programados a los compradores de cartera a partir del 1° de
agosto de 2016, acumulando obligaciones pendientes por más de $516 millones al
cierre de la toma de información. Igualmente, advirtió que la compañía carecía de
recursos líquidos suficientes para atender sus obligaciones y que el cumplimiento
de los compromisos adquiridos con los inversionistas dependía, en gran medida,
de los pagos efectuados por los originadores de la cartera. Reiteró el
incumplimiento de la implementación del marco técnico normativo de información
financiera y el mantenimiento actualizado del libro de accionistas. Con base en lo
anterior, concluyó:

“(…) se resalta nuevamente, que la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S como
obligado cambiario, debe responder solidariamente a sus clientes por el
incumplimiento que actualmente presentan los originadores de la cartera en el
pago total o parcial de los flujos recaudados en cada una de las libranzas. Con
base en las anteriores consideraciones, este Despacho considera necesario
someter en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995 al máximo grado de
supervisión a la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S. con el fin de proteger los
intereses económicos de terceros, preservar los bienes sociales, supervisar el
cumplimiento de las obligaciones que la ley le impone a la sociedad y sus
administradores, mientras se resuelve la situación crítica de naturaleza jurídica,
25 Link 1, expediente administrativo, carpeta 2016. Archivo: BDSS01-#106043411-v1-2016-01-417259-000.
26 Cuaderno 2 (pruebas).
27 Como fundamento de la competencia, el delegado invocó las funciones conferidas por el artículo 85 de la Ley

222 de 1995 y el Decreto 1023 de 2012.
28 Así lo indicó: “(…) La mencionada cartera fue comprada a las siguientes 6 entidades originadoras libranza:

SERVICOOP DE LA COSTA, COOCREDIMED, COOINVERCOOP, CORPOSER, ALEJANDRO JIMENEZ
S.A.S e INVERCOR DY M. Al respecto, durante la toma de información se evidenció que 4 de ellas se
encuentran en estado de disolución y en proceso de liquidación de acuerdo con los certificados de existencia
y representación legal respectivos, tal es el caso de SERVICOOP DE LA COSTA, CORPOSER, ALEJANDRO
JIMENEZ S.A.S E INVERCOR DYM”.

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contable, y económica en la que hoy se encuentra inmersa”29.

42. Lasociedad afectada interpuso recurso de reposición contra lo resuelto.
Mediante Resolución No. 2016-01-550373 del 15 de noviembre de 2016, la
Supersociedades confirmó en todas sus partes la decisión recurrida30.

43. En desarrollo de las labores de supervisión adelantadas frente a la sociedad y

con ocasión de una solicitud de autorización para la emisión y colocación de nuevas
acciones presentada en abril de 2017, la Supersociedades requirió información a
diversas pagadurías con el fin de verificar el estado de la cartera comercializada
por ABC For Winners S.A.S. Como resultado de dicha actuación, encontró
inconsistencias entre los créditos de libranza negociados con inversionistas y los
registros reportados por las pagadurías, así como situaciones que comprometían
la existencia, trazabilidad y recaudo de parte de la cartera comercializada. Con
fundamento en esos hallazgos, mediante Resolución No. 2017-01-458548 del 29
de agosto de 201731, ordenó la suspensión inmediata de las operaciones que
consideró constitutivas de captación masiva y habitual de dinero del público
desarrolladas por la referida sociedad.

44. En particular, la Superintendencia encontró que existían pagarés-libranza que no

aparecían registrados ante las pagadurías o respecto de los cuales no se
efectuaban descuentos por nómina. Uno de los hallazgos más relevantes
correspondió a la información suministrada por el Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional –FOPEP–, entidad que reportó que 76 créditos de libranza
asociados a operaciones comercializadas por la sociedad no registraban descuento
alguno a cargo de los supuestos deudores. Pese a ello, ABC For Winners S.A.S.
había recibido recursos de inversionistas por valor de $737’955.486
correspondientes a dichos títulos y había efectuado pagos periódicos a los
compradores de cartera por $157’852.629. Sobre el particular, sostuvo:

“Debe destacarse que de conformidad con el reporte entregado por la pagaduría
FOPEP, aunque las personas relacionadas en el cuadro anterior en efecto son
parte de su nómina, estos créditos de libranza y sus pagarés respectivos no le
fueron reportados para que realizara los descuentos correspondientes, por lo tanto
no era posible realizar descuento alguno de los mismos, ni la consecuente
trasferencia de los flujos a los compradores de pagarés libranza. Ello demuestra
la ausencia de razonabilidad financiera en las operaciones realizadas por
ABC FOR WINNERS SAS, a través de las cuales como vendedor, bajo
contratos de compraventa de cartera con descuento, recaudó de sus
clientes dineros por pagarés-libranza cuyos créditos subyacentes
resultaban inexistentes, trasladando hasta el 31 de julio de 2016 sumas
supuestamente derivadas de los descuentos de las cuotas correspondientes
a tales créditos, cuyas libranzas, se reitera ni siquiera fueron inscritas en las
pagadurías para su descuento, por lo que no existió bien o servicio subyacente
a tales operaciones [luego hizo relación a casos particulares].

“De la comparación de la información relacionada anteriormente, se pudo
evidenciar que no existe coincidencia alguna entre la información
suministrada por ABC FOR WINNERS SAS y la indicada por la pagaduría. Se

29 Link 1 expediente administrativo, carpeta 2016.
30 Link 1 expediente administrativo, carpeta 2016.
31 Link 1 expediente administrativo, carpeta 2017. Archivo: BDSS01-#107059736-v1-2017-01-458548-000.

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puede establecer por este Despacho, que la Sociedad recaudó dinero de sus
clientes por la venta de cartera por valor de $76.026.510, de la cual no existía
registro del crédito frente a la pagaduría. Según lo informado por la Sociedad
se realizó hasta el 31 de julio de 2016 el descuento de flujos mensuales por
$5.300.344 y el pago a los compradores correspondiente a los 8 pagarés libranza
que fueron vendidos, sin que se hubiera realizado descuento alguno por parte
de la pagaduría, que corresponda (ni en el valor de las cuotas ni en el de los
créditos) a la cartera vendida. Nótese además que los descuentos mensuales
realizados a favor de COOVENAL en ningún caso alcanzan el valor de las cuotas
mensuales de los créditos vendidos por ABC FOR WINNERS SAS. Ello
demuestra la ausencia de una explicación financiera razonable para los
pagos mensuales realizados hasta el 31 de julio de 2016 por la Sociedad a
los compradores de tales pagarés libranza” (negrilla añadida).

45. Luego, realizó el análisis de la información suministrada por las pagadurías:

Fiduprevisora S.A.32 y la Secretaria de Educación Municipal de Magangué33 y
consideró que tales circunstancias evidenciaban que los recursos entregados a los
inversionistas no provenían de descuentos efectivamente realizados sobre créditos
de libranza válidamente inscritos y en recaudo, pues las pagadurías consultadas
no registraban la existencia de las operaciones que servían de soporte a los flujos
entregados, razón por la cual se requirió al representante legal de ABC For Winners
S.A.S. para que se pronunciara sobre dichas inconsistencias. A través de escrito
del 4 de agosto de 2017 dio respuesta34.

46.La Superintendencia consideró insuficientes las explicaciones presentadas y
señaló que el problema objeto de análisis no se relacionaba con las obligaciones
contractuales existentes entre ABC For Winners S.A.S. y las entidades originadoras
de cartera, sino con la existencia real de los créditos que servían de soporte a las
operaciones comercializadas y con la razonabilidad financiera de los pagos
efectuados a los inversionistas35. Bajo ese análisis concluyó que se encontraban
acreditados hechos objetivos indicativos de la realización de operaciones de
captación de recursos del público.

32 En relación con la información suministrada por Fiduprevisora S.A., la Superintendencia examinó varios

créditos comercializados por ABC For Winners S.A.S. y encontró inconsistencias entre los pagarés-libranza
reportados por la sociedad y los descuentos efectivamente registrados por la pagaduría. En algunos casos, los
créditos no se encontraban inscritos para descuento por nómina y, en otros, los valores y fechas reportados no
coincidían con la información de la pagaduría. Con fundamento en ello, concluyó que los pagos efectuados a
los compradores de tales títulos carecían de respaldo en recaudos reales provenientes de los respectivos
créditos y, por tanto, de una explicación financiera razonable.
33 Respecto de esta entidad, la Superintendencia verificó que, aunque coincidían algunos datos de los créditos

reportados por ABC For Winners S.A.S. —como la identidad de los deudores, la pagaduría y la entidad
operadora—, los valores descontados mensualmente por la pagaduría resultaban inferiores a los flujos que la
sociedad afirmaba trasladar a los compradores de cartera. En relación con once (11) pagarés-libranza, encontró
que los pagos efectuados a los inversionistas superaban los descuentos efectivamente practicados por la
pagaduría, circunstancia que, a juicio de la entidad, evidenciaba la ausencia de correspondencia entre los
recaudos reales y los flujos reconocidos a los compradores de dichos títulos.
34 En síntesis, sostuvo que su actividad se limitaba a la compra y venta de cartera, que los pagos efectuados a

los inversionistas provenían de obligaciones contractuales derivadas de dicha actividad, que la información
sobre los créditos era suministrada por las entidades originadoras y que cualquier inconsistencia debía
atribuirse a estas últimas. Igualmente, afirmó que no realizaba actividades de captación de recursos del público
y que actuó de buena fe en el desarrollo de las operaciones cuestionadas.
35 Así lo indicó: “Al invocarse por la Sociedad la ‘legalidad, trazabilidad, y razonabilidad financiera objetiva y

comprobada’ de sus operaciones, anexando como prueba solamente las copias de los títulos que
supuestamente incorporaban la cartera vendida, ésta desconoció la relación existente entre el título y la
obligación incorporada en el mismo, la cual era, sin duda, el objeto material de los contratos de compraventa
celebrados por la Sociedad con sus clientes, careciendo de todo sentido comercializar un bien sin verificar su
existencia real”.

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47. Mediante Auto No. 2017-01-576098 del 14 de noviembre de 201736, la
Supersociedades, a través de la Coordinadora del Grupo de Intervenidas, con
fundamento en las facultades previstas en el Decreto 4334 de 2008 37, ordenó la
intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y
patrimonio de ABC For Winners S.A.S., de su representante legal y de sus
accionistas, entre ellos, María Luz Enir Quiceno Rodríguez. Como soporte de esa
medida, reiteró los hallazgos obtenidos durante las actuaciones de supervisión
adelantadas sobre la sociedad y agregó:

“Cabe señalar adicionalmente, que como consecuencia de lo pactado en el
‘CONTRATO MARCO DE COMPRAVENTA DE CARTERA CON DESCUENTO Y
RESPONSABILIDAD DEL CEDENTE O ENDOSANTE. MODALIDAD PAGARES
– LIBRANZA’ celebrado con los originadores, en su cláusula TERCERA, se
establecían las condiciones de calidad y cantidad de los títulos de la operación,
entre los cuales también se establecía por ABC FOR WINNERS SAS, la potestad
de exigir al originador la ‘Prueba de la incorporación activa en las distintas
pagadurías’. De acuerdo con los documentos recaudados por esta
Superintendencia y con los aportados por la Sociedad que obran en el
expediente se observa que esta clase de requerimientos nunca fueron
realizados, más allá de recibir una mera certificación del originador sobre el
estado de la cartera, lo que evidentemente no era prueba del estado real de
la misma.
“(…)

“En el presente caso, la ocurrencia de actos que configuran la captación ilegal, se
desprende del hecho de que ABC FOR WINNERS SAS, vendió cartera sin
verificar la existencia e inscripción ante el pagador del objeto de la venta, a
lo que además estaba obligado contractualmente, recibió masivamente
dinero por parte de sus clientes como consecuencia de la celebración de
tales contratos de compraventa de cartera y pagó dineros a los mismos que
no correspondían a los créditos, materializados en pagarés libranza, objeto
del tales contratos.

“Conforme a lo anterior, se pudo establecer por este Despacho, que por lo menos
en 105 operaciones, ABC FOR WINNERS SAS incurrió en hechos objetivos
de captación por realizar operaciones sin explicación financiera razonable,
al vender a sus clientes (y recibir dinero de los mismos) créditos que no existían,
o en el mejor de los casos, créditos cuyo valor (total y de sus cuotas mensuales)
era inferior al vendido y pagado por la Sociedad a sus clientes durante el período
descrito.
“(…)

“Las obligaciones presentadas por la Sociedad ascienden a la suma de
$21.260.027.000, lo cual sobrepasa ampliamente el patrimonio de la
sociedad, que de acuerdo con el estado de situación financiera a corte de 31
de diciembre de 2016 desciende a la suma de $(-) 1.811.700.000. Por su parte
y de acuerdo con lo anteriormente establecido se pudo demostrar por este
Despacho que ABC FOR WINNERS SAS, captó recursos del público a través de
por lo menos 105 aparentes operaciones de compraventa de una cartera cuyo
valor ascendía aproximadamente a una cuantía de $1.139.262.600. Así las cosas,
los presupuestos establecidos en el Decreto 1981 de 1988, hoy incorporado
en el Titulo 2, Articulo 2.18.2.1 Decreto 1068 de 2015, se satisfacen

36 Link 2, carpeta 1.76745 (1). archivo: 2017-01-576098-000.
37 Decreto 4334 de 2008. “Artículo 3. Naturaleza. El presente procedimiento de intervención administrativa se

sujetará exclusivamente a las reglas especiales que establece el presente decreto y, en lo no previsto, el código
Contencioso Administrativo. Las decisiones de toma de posesión para devolver que se adopten en desarrollo
del procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter
jurisdiccional”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
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ampliamente en el caso en concreto” (negrilla añadida).

48. Enrelación con las personas naturales objeto de la medida de toma de
posesión, en el citado proveído se plasmó:

“11. Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5 del Decreto
4334 del 2008, atendiendo lo dispuesto en la citada Resolución y en los papeles
de trabajo donde se encuentran las actas y libro de registro de accionistas; y en
aras de restablecer y preservar el interés público amenazado y salvaguardar los
intereses de los afectados en dicha actividad de captación, esta Superintendencia
con soporte en la previsión legal citada, hará extensiva la medida de intervención
adoptada contra las siguientes personas naturales en calidad de administradores,
ex administradores, accionistas, ex accionistas (sic), Miembros de junta directiva
y revisor Fiscal, las cuales estuvieron vinculadas directa o indirectamente con las
operaciones de la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S., y que devino en la
captación masiva no autorizada:
“(…)

d) Accionistas:
“(…)

María Luz Enir Quinceno C.C (…)

“En todo proceso de insolvencia o intervención es fundamental determinar a
ciencia cierta quiénes son los deudores de los créditos del concurso y de las
reclamaciones de los afectados, y cuáles son los bienes que integran su
patrimonio. En efecto, el patrimonio del deudor es la prenda general de todos los
acreedores y afectados, que tienen derecho a perseguir ‘todos los bienes raíces o
muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no
embargables’, según dispone el Código Civil en su artículo 2488. Así las cosas,
toda solicitud de exclusión de sujetos o bienes del proceso de intervención en
realidad conlleva una petición para disminuir el monto de los bienes que
responderán por las reclamaciones de los afectados de la captación y por las
obligaciones del concurso.

13. Por lo anterior, este Despacho se permite manifestar que las solicitudes de
exclusión de bienes y de personas serán tramitadas como objeciones en la etapa
de inventarios y avalúos, o en el caso de no presentarse se convocará a audiencia
para resolverlas” (se destaca).

49. Emitida la anterior providencia, se expidieron las comunicaciones y oficios
necesarios para la ejecución de las medidas decretadas, al tiempo que se radicaron
varias solicitudes de exclusión o desvinculación del proceso. Mediante Auto No.
2018-01-018021 del 22 de enero de 201838, la Supersociedades precisó el alcance
y las etapas del proceso de intervención en la modalidad de toma de posesión, que
comprenden, entre otras, la apertura de la intervención, presentación y decisión de
reclamaciones, plan de pagos, elaboración del inventario valorado de bienes,
enajenación de activos y rendición de cuentas por parte del agente interventor.

50. Respecto de las solicitudes de exclusión de personas y bienes39, la

38 Link 2, carpeta 1.76745 (2), archivo: 2017-01-576098-000.
39 Sobre el particular, se señaló: “C. Tercera etapa del proceso. Elaboración de inventario valorado de

bienes distintos a sumas de dineros, contradicción y resolución de objeciones (…) (i) Las solicitudes
de exclusión de personas o de bienes inciden directamente en la conformación del activo de la
intervención con fines devolutivos (…) En esta fase, los intervenidos deben devolverles a los afectados la
totalidad del dinero captado con cargo a sus patrimonios, sin excepción, pues así se garantizará el fin de la

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Superintendencia insistió en que estas debían tramitarse y resolverse dentro de la
etapa de resolución de objeciones al inventario, por estar relacionadas con la
determinación del patrimonio sujeto a la intervención y no constituir incidentes
autónomos dentro del procedimiento40.

51. Entre las solicitudes presentadas se encontraba la formulada por la señora
Quiceno Rodríguez el 18 de abril de 2018, mediante la cual pidió su desvinculación
del proceso de intervención. Como sustento de su petición afirmó que había sido
accionista minoritaria de ABC For Winners S.A.S. entre el 1 º de abril de 2015 y el
21 de marzo de 2017; que no integró la junta directiva ni participó en la
administración o adopción de decisiones de la sociedad y que se retiró de esta con
anterioridad a la expedición de las medidas de intervención adoptadas por la
Supersociedades. Agregó que adquirió su participación accionaria e hizo
inversiones en la sociedad confiando en la legalidad de las actividades
desarrolladas por esta, por lo que actuó de buena fe e ignoraba las irregularidades
atribuidas a la compañía41.

52. Mediante Auto No. 2021-1- 384963 del 3 de junio de 202142, la Directora de

Intervención Judicial convocó a audiencia con el fin de resolver las solicitudes de
exclusión presentadas dentro del proceso43.

53. El 25 de junio de 2021 se llevó a cabo la audiencia de resolución de solicitudes

de desintervención, resolución de objeciones y aprobación del inventario, diligencia
que quedó consignada en el Acta No. 910-001275 del 6 de agosto de 202144, en la

intervención, y es fundamental para este efecto determinar con certeza quiénes son los responsables frente a
las reclamaciones de los afectados, y cuáles son los bienes que integran sus patrimonios (…) En dicha
oportunidad, los sujetos interesados pueden exponer sus desacuerdos con el trabajo preparado por el
interventor, para variar alguno de los aspectos que comprenden el inventario valorado, como la necesidad de
incluir bienes del deudor que no fueron relacionados, de excluir bienes de terceros que no son objeto del
proceso de intervención, la existencia de gravámenes, limitaciones al derecho de dominio, o accesorios que no
fueron tenidos en cuenta en los avalúos, las controversias sobre los valores de los bienes, con base en la
metodología y elementos estudiados por el perito avaluador, entre otros asuntos de interés para el concurso.
Entre otras controversias, deben proponerse todas las que impacten la conformación del patrimonio que debe
responder por las reclamaciones, y por tanto las solicitudes de exclusión de bienes y personas deben tramitarse
como objeciones al inventario valorado que presente el auxiliar de la justicia”.
40 Así lo indicó: “Es evidente que, en los procesos concursales, como el de intervención, no son accesorias

aquellas cuestiones que buscan variar las resultas de la conformación del inventario valorado, pues este es, se
reitera, un aspecto esencial para el trámite de la intervención. Así, no es accesoria ninguna solicitud que busque
excluir personas o bienes de la intervención ya que, como se ha explicado, dichas solicitudes tienen como
propósito y como efecto, alterar la conformación del activo o del pasivo de la medida de toma de posesión. Lo
anterior fuerza a concluir que las solicitudes de exclusión de bienes o personas no son cuestiones accesorias
al proceso de intervención y que, por tanto, no deben seguir el trámite incidental, en los términos dispuestos
por el artículo 8 de la Ley 1116 de 2006 (…) Las solicitudes de exclusión de bienes y personas deben
presentarse, entonces, como objeciones al inventario valorado”.
41 Link 2, carpeta 1.76745 (2), archivo: 2018-01-176421. Posteriormente, al descorrer el traslado de las pruebas

decretadas de oficio por la Supersociedades, el apoderado de la señora Luz Enir Quiceno Rodríguez reiteró
las razones por las cuales su poderdante debía ser excluida de la intervención. Link 2, carpeta 1.76745 (3),
archivo: 2021-01-264890-AAA.
42 Link 2, carpeta 1.76745 (3), archivo: 2021-1- 384963.
43 En dicha providencia se explicó que el numeral 6 del artículo 2.2.2.9.3.2 del Decreto 991 de 2018 preveía

que las solicitudes de exclusión de personas sujetas a intervención debían tramitarse como objeciones al
inventario, disposición que posteriormente fue derogada por el Decreto 065 de 2020. No obstante, la
Superintendencia consideró que tales solicitudes debían continuar resolviéndose mediante el procedimiento
previsto para las objeciones al inventario, toda vez que el traslado correspondiente se había surtido con
anterioridad a la derogatoria de dicha disposición. Para ello, invocó las reglas sobre tránsito de legislación
previstas en los artículos 624 y 625 del CGP (según las cuales los términos y actuaciones iniciados se rigen
por las normas vigentes al momento de su comienzo). Con fundamento en ello, dispuso continuar el trámite y
convocó la audiencia para decidir las solicitudes de exclusión pendientes.
44 Link 2, carpeta 1.76745 (3), archivo: 2021-01-485441.

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cual se señaló que la determinación de los sujetos intervenidos derivó de la
investigación administrativa que dio origen a la medida de intervención y que dicha
decisión generaba una presunción legal de responsabilidad respecto de las
personas vinculadas al proceso45.

54. Explicóque la finalidad de dichas solicitudes era permitir a los afectados
desvirtuar esa presunción46, demostrando que no participaron en los hechos que
motivaron la intervención, que no conocían ni debían conocer tales conductas o que
no obtuvieron beneficio de ellas. Igualmente, se indicó que la sola invocación de la
buena fe no era suficiente para obtener la exclusión, pues esta debía acreditarse
mediante elementos objetivos que demostraran una actuación diligente.

55. Al resolver la solicitud de exclusión presentada por la señora Quiceno Rodríguez,

la demandada examinó los argumentos relacionados con la legalidad de las
operaciones de compraventa de libranzas desarrolladas por la sociedad
intervenida, la vigilancia ejercida por las autoridades de control respecto de esta, la
cesión de su participación accionaria antes de la expedición de la Resolución No.
300-003195 de 2017 y la buena fe invocada. Insistió en que en la actuación previa
a la toma de posesión se había establecido la existencia de operaciones sin
explicación financiera razonable que configuraban captación no autorizada de
recursos del público y precisó que la legalidad de la compraventa de libranzas no
excluía la posibilidad de que dicha actividad fuera utilizada como mecanismo para
desarrollar operaciones de recaudo ilegal.

56. Asimismo, señaló que la señora Quiceno Rodríguez había sido accionista de

ABC For Winners S.A.S. entre el 1º de abril de 2015 y el 21 de marzo de 2017,
participó directamente o a través de su apoderada en varias reuniones de la
asamblea de accionistas y conoció información relacionada con las dificultades
presentadas con los originadores, los riesgos asociados a las libranzas
comercializadas, la situación del mercado y las actuaciones adelantadas por la
Superintendencia respecto de la sociedad. Con fundamento en ello, concluyó que
la interesada conocía o por lo menos debía conocer las circunstancias que
rodeaban el negocio desarrollado por la compañía, sin que hubiese acreditado un
actuar diligente que permitiera desvirtuar la presunción de responsabilidad en su
contra47.

57. Sin embargo, la entidad consideró que como la señora Quiceno Rodríguez era

accionista minoritaria, no tenía una participación representativa dentro de la
sociedad; no intervino activamente en las reuniones de accionistas y, por ende, no

45 Presunción prevista en el numeral 15 del artículo 9 del Decreto 4334 de 2008, según la cual los recursos

aprehendidos se presumen de propiedad de la persona objeto de intervención y producto de la actividad de
captación no autorizada.
46 Como se trataba de una presunción legal, el sujeto afectado podía desvirtuarla y dicho régimen remitió a las

disposiciones de la Ley 1116 de 2006, que contemplan oportunidades procesales para formular solicitudes de
exclusión y acreditar la ausencia de participación en los hechos que dieron lugar a la intervención.
47 Al respecto, se señaló: “En su calidad de accionista era conocedora que, existían problemas respecto de las

libranzas y con los originadores; en las diferentes asambleas en las que participó se puso de presente, entre
otros, el riesgo que los originadores estuvieran vendiendo libranzas más de dos veces (Acta 17), los problemas
con los originadores de créditos, así como la situación del mercado, producto y compañía (Actas 18-20) y la
situación de control en la que dicha sociedad se encontraba por parte de esta superintendencia (Acta 21), por
lo cual conoció o debía conocer la situación de la sociedad en la cual invirtió su capital”.

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existían elementos de prueba que permitieran establecer que su actuación hubiera
incidido de manera determinante en el desarrollo de las actividades de captación o
en la producción del daño ocasionado a los inversionistas. Por tal razón, estimó
desproporcionado atribuirle responsabilidad patrimonial en las mismas condiciones
que a otros sujetos intervenidos y, en consecuencia, accedió a su solicitud de
desintervención y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas
sobre su patrimonio48.

La responsabilidad atribuida a la Supersociedades por la errada calificación
de las operaciones de compraventa de cartera respaldadas en libranzas como
actividad de captación no autorizada de recursos

58. De acuerdo con la información recaudada durante las actuaciones adelantadas
por la Superintendencia en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y
control, así como en el marco de las medidas de intervención previstas en el
Decreto 4334 de 2008, ABC For Winners S.A.S. desarrollaba un negocio de
compraventa de cartera de créditos bajo la modalidad de pagarés-libranza. Para
ello celebraba acuerdos con los originadores de la cartera, de quienes adquiría
“paquetes” de esos títulos valores previamente individualizados, con indicación del
deudor, la pagaduría y el flujo de pagos asociado a cada obligación.

59. En particular, se estableció que la operación comprendía cuatro etapas: (i) la

formalización de convenios para la adquisición de cartera a los originadores; (ii) la
compra de los pagarés-libranza y su incorporación al inventario disponible; (iii) la
venta de dicha cartera a inversionistas o clientes, a quienes se asignaban los títulos
adquiridos, y (iv) la administración de los flujos derivados de la cartera negociada,
actividad que incluía el recaudo de los recursos provenientes de los originadores y
la realización de los giros correspondientes a los adquirentes de los respectivos
derechos económicos.

60. La actividad desarrollada suponía la cesión de derechos de crédito, en los
términos del artículo 1959 del Código Civil, respaldados en los pagarés-libranza
que las entidades operadoras transferían a ABC For Winners S.A.S. y que esta, a
su vez, negociaba con terceros en el mercado secundario. Tales instrumentos
constituían títulos valores de contenido crediticio susceptibles de endoso en
propiedad, de conformidad con el artículo 656 del Código de Comercio, y tenían
como negocio causal el otorgamiento de créditos amortizables mediante libranza o
descuento directo sobre el salario, prestación o pensión de los respectivos
beneficiarios.

48 Sobre el particular, sostuvo: “consta en el expediente que la intervenida, como accionista minoritaria, no

participó activamente en ninguna de las reuniones de asamblea a las que asistió ni tampoco era considerada
como una accionista representativa, de igual forma no existen pruebas que señalen que, durante el tiempo en
el que ostentó la calidad de accionista la situación de captación se agravara o que haya una relación entre su
gestión y el daño generado a los afectados, por lo anterior no resulta proporcional asignarle el mismo nivel de
responsabilidad que a otros accionistas, dado que su gestión como intervenida no pudo haber sido determinante
del desarrollo de las actividades de captación, porque no hay pruebas en el expediente que permitan inferirlo y
porque su participación accionaria alcanzaba apenas el 1,44%. Así en ejercicio de la sana crítica y experiencia
y pese a que la intervenida no aportó pruebas de un actuar diligente como accionista, no resulta proporcional
endilgarle responsabilidad en el daño generado en la captación”.

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Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
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Medio de control: Reparación directa

61. Sobre esa base, la demandante sostiene que la Superintendencia interpretó
erróneamente el régimen aplicable a las operaciones desarrolladas por ABC For
Winners S.A.S., al concluir que estas constituían una actividad de recaudo no
autorizada de recursos. Afirma que la sociedad se limitaba a adquirir y negociar
cartera respaldada en pagarés-libranza mediante operaciones de compraventa y
endoso de títulos valores, por lo que no recibía recursos del público a título de
mutuo ni desarrollaba actividades propias de captación.

62. Asimismo, cuestiona que la autoridad hubiera sustentado la medida de
intervención en la ausencia de una explicación financiera razonable respecto de
títulos que no se encontraban registrados ante las respectivas pagadurías, pues ni
la Ley 1231 de 2008 ni la 1527 de 2012 imponían a la sociedad deberes de
verificación o registro sobre la cartera negociada, ni condicionaban la existencia,
validez o circulación de los pagarés al cumplimiento de tales actuaciones.

63. La Sala considera que no se configuraron los errores alegados, en tanto que el

artículo 2 del Decreto 4334 de 2008 no circunscribe la intervención exclusivamente
a esquemas piramidales, tarjetas prepago o a las modalidades específicas de
captación allí enunciadas, sino que extiende su ámbito de aplicación a "otras
operaciones y negociaciones masivas" mediante las cuales se produzca la
captación o recaudo no autorizado de recursos del público y se ejerza de manera
irregular una actividad financiera. De este modo, la procedencia de la medida no
dependía de la denominación formal otorgada al negocio jurídico u objeto social
desarrollado por la sociedad, sino de la verificación de las circunstancias materiales
en que este era ejecutado.

64. Bajoesa comprensión normativa, resultaba jurídicamente viable que la
Superintendencia examinara si las operaciones de compraventa de cartera
respaldadas en pagarés-libranza desarrolladas por ABC For Winners S.A.S. podían
subsumirse en la hipótesis normativa prevista en dicha disposición.

65. Elhecho de que la sociedad presentara su actividad como un esquema de
negociación de cartera no impedía a la autoridad verificar si en la práctica tales
operaciones comportaban la captación masiva de recursos mediante mecanismos
que carecieran de un soporte económico verificable, pues el régimen del Decreto
4334 de 2008 fue concebido precisamente para permitir la intervención estatal
frente a esquemas que, bajo distintas modalidades negociales, encubrieran el
recaudo no autorizado de dineros del público.

66. El referido artículo prevé que las medidas de intervención proceden frente a

actividades de captación o recaudo no autorizado de recursos del público que
comportan el ejercicio irregular de una actividad financiera, supuesto al que el
propio legislador extraordinario asoció la generación de abuso del derecho y fraude
a la ley.

67. Aunque en el Auto 420-016334 del 14 de noviembre de 2017 —que ordenó la

intervención mediante toma de posesión—, la Supersociedades no efectuó un
análisis individualizado acerca de la configuración del abuso del derecho y del
fraude a la ley, ello obedece a que dichos elementos no fueron concebidos como

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
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presupuestos autónomos cuya acreditación debiera efectuarse separadamente
para disponer la intervención49. Lo jurídicamente relevante era establecer si las
operaciones desarrolladas por ABC For Winners S.A.S. permitían concluir la
existencia de actividades de captación o recaudo no autorizado de recursos del
público.

68. En relación con ese aspecto, el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 50

dispone que una persona capta dineros del público en forma masiva y habitual
cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de
veinte personas o por más de cincuenta obligaciones. Asimismo, precisa que dicho
pasivo corresponde al monto de las obligaciones contraídas por haber recibido
dinero a título de mutuo o a cualquier otro concepto, siempre que no se prevea
como contraprestación el suministro de bienes o servicios.

69. Al examinar la situación particular de ABC For Winners S.A.S., la
Superintendencia concluyó que tales condiciones se encontraban acreditadas,
pues en la Resolución 300-003195 del 29 de agosto de 2017, posteriormente
incorporada como fundamento del Auto 420-016334 del 14 de noviembre del mismo
año, señaló que el pasivo de la sociedad estaba compuesto por más de cincuenta
obligaciones derivadas de pagarés-libranza comercializados a sus clientes y que
dichas obligaciones ascendían a la suma de $21.260’027.000, monto que excedía
ampliamente el patrimonio registrado por la sociedad.

70. La referida conclusión tuvo sustento en el estado de la situación financiera de la

sociedad, sin que la demandante expusiera las razones por las cuales la conclusión
extraída de dicho documento carecía de respaldo o resultaba contraria a la
información allí consignada.

71.El mismo artículo —2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015— establece que “por
pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por
haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea
como contraprestación el suministro de bienes o servicios”.

72. Con el propósito de verificar ese aspecto, la Superintendencia realizó una
revisión de la cartera instrumentada en pagarés-libranza comercializada por la
sociedad y contrastó dicha información con la suministrada por las respectivas
entidades pagadoras. Los resultados de esa verificación fueron agrupados según
cada una de las pagadurías consultadas (ver párrafos 43 y 44 de esta providencia).

73. A partir de ese ejercicio, la entidad concluyó que no se encontraba acreditada la

existencia de descuentos efectivos de dinero que justificaran, desde una

49 Del tenor del artículo 2 del Decreto 4334 de 2008 se desprende que el abuso del derecho y el fraude a la ley

no fueron concebidos como requisitos autónomos para la adopción de las medidas de intervención, sino como
consecuencias asociadas al ejercicio irregular de actividades de captación o recaudo no autorizado de recursos
del público. Esta comprensión encuentra respaldo en los considerandos del decreto, en los que se indicó que
la adopción de dicho régimen se justificaba porque "se han presentado conductas y actividades sobrevinientes
por parte de personas naturales y jurídicas que atentan contra el interés público protegido por el artículo 335 de
la C. P., en tanto que por la modalidad de captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas (...)
generan abuso del derecho y fraude a la ley al ocultar en fachadas jurídicas legales el ejercicio no autorizado
de la actividad financiera, causando graves perjuicios al orden social".
50 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.

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perspectiva financiera y económica, los pagos efectuados por ABC For Winners
S.A.S. a los inversionistas como contraprestación por la adquisición de cartera.
Estableció que, en la mayoría de los casos, las libranzas no habían sido inscritas
ante las correspondientes pagadurías, circunstancia que impedía la materialización
de los descuentos y que, en numerosos eventos, evidenciaba incluso la inexistencia
de un crédito subyacente que respaldara la operación (ver párrafo 45).

74. Portanto, frente a este aspecto, la Sala no encuentra acreditado que la
Superintendencia hubiera aplicado indebidamente las disposiciones que regulan la
captación masiva y habitual de recursos del público, ni que las conclusiones que
sustentaron la medida carecieran de respaldo.

75. Tampoco se configura el error de derecho alegado en relación con la supuesta

imposición de deberes de verificación o registro no previstos en las Leyes 1231 de
200851 y 1527 de 201252. La apelante sostuvo que la Superintendencia fundamentó
su decisión en una premisa equivocada, al considerar que la falta de registro de las
libranzas ante las pagadurías o las diferencias entre los valores registrados y los
comercializados permitían concluir que la cartera negociada no existía o carecía de
respaldo, pues tales circunstancias no afectaban la existencia ni la exigibilidad de
las obligaciones incorporadas en los pagarés-libranza.

76. Ela quo aseguró que del contenido de estas normas no se derivaba la
prohibición de verificar la congruencia entre los flujos entregados a los
inversionistas y el respaldo real de las operaciones, ni una exoneración frente al
análisis de las condiciones en que tales operaciones se ejecutaban.

77. La Ley 1527 de 2012 reguló la libranza o descuento directo como un mecanismo

para adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier
naturaleza, pagaderos con cargo al salario, honorarios o pensión del deudor,
siempre que este autorice expresamente el descuento a favor de la entidad
operadora53. Para ello distinguió tres sujetos: (i) el beneficiario o titular del producto
o servicio que se obliga a pagar mediante libranza o descuento directo; (ii) la
entidad operadora, que realiza operaciones de libranza con autorización legal para
manejar ahorro del público o aportes de sus asociados, o con recursos propios o
mecanismos de financiación autorizados; y (iii) la entidad pagadora, encargada de
pagar el salario, honorarios o pensión y de efectuar los descuentos autorizados
para girarlos a la entidad operadora54.

78. En la motivación del auto que ordenó la toma de posesión no se invocó la Ley

1527 de 2012 como fundamento de la medida ni se afirmó que María Luz Enir
Quiceno Rodríguez o ABC For Winners S.A.S. tuvieran la condición de operadores
de libranza o estuvieran sometidos al ámbito de aplicación de dicha normativa. La

51 “Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y

mediano empresario, y se dictan otras disposiciones”.
52 “Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras

disposiciones”.
53 Artículo 1º.
54 Artículo 2.

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referencia a esa ley surgió en el contexto de las actuaciones preliminares que dieron
lugar a las visitas administrativas adelantadas por la Superintendencia y que,
posteriormente, condujeron al sometimiento de la sociedad a control.

79. La Supersociedades no derivó una obligación legal de registro a cargo de ABC

For Winners S.A.S., sino que, a partir de las características con las que la propia
sociedad presentó la cartera ofrecida a los inversionistas, la entidad demandada
advirtió que esta era comercializada contractualmente como cartera incorporada
para su pago mediante descuento de nómina. Al examinar el clausulado de los
contratos celebrados con los inversionistas, encontró que los pagarés-libranza eran
definidos como títulos de contenido crediticio cuyo recaudo se efectuaría mediante
descuentos de nómina autorizados por los giradores y que las pagadurías eran
descritas como las entidades encargadas de incorporar dichos descuentos para su
pago55.

80. En esa misma línea, la Superintendencia advirtió que en el "Contrato Marco de

Compraventa de Cartera con Descuento y Responsabilidad del Cedente o
Endosante. Modalidad Pagarés-Libranza", celebrado con los originadores, la
cláusula tercera contemplaba determinadas condiciones de calidad y cantidad de
los títulos objeto de negociación. Entre ellas, ABC For Winners S.A.S. tenía la
potestad de exigir la prueba de la incorporación activa de la cartera en las distintas
pagadurías (ver párrafo 47). No obstante, la entidad encontró que la sociedad no
efectuó tales verificaciones y se limitó a recibir certificaciones generales expedidas
por el originador que no acreditaban la incorporación activa de la cartera en las
respectivas pagadurías.

81. En ese orden de ideas, la entidad demandada no atribuyó a ABC For Winners

S.A.S. el incumplimiento de un deber legal de registro de las libranzas ante las
entidades pagadoras, sino que valoró la ausencia de verificación sobre la
incorporación activa de la cartera como un elemento probatorio para establecer la
correspondencia entre los créditos ofrecidos a los inversionistas y las condiciones
reales de su recaudo.

82. Con base en ello, determinó que, pese a la existencia formal de los pagarés-

libranza y a su posibilidad de circulación mediante endoso, las operaciones
comercializadas no contaban con el respaldo económico anunciado a los
inversionistas, pues las pagadurías informaron que las libranzas verificadas no se
encontraban inscritas, no estaban vigentes o amparaban montos inferiores a los
negociados, lo que impedía acreditar la existencia de los flujos de recaudo
asociados a la cartera ofrecida.

55 En el auto en el que la Supersociedades ordenó la toma de posesión hizo alusión a “los modelos de contratos

de compraventa de cartera con persona natural y con persona jurídica allegados por la Sociedad”, en cuya
cláusula primera se estipuló: “PAGARÉS-LIBRANZAS: Son los títulos de contenido crediticio, a través de los
cuales se instrumenta la cartera objeto material del presente contrato, que son de dominio del VENDEDOR, en
virtud del endoso en propiedad y con responsabilidad que de los mismos hiciera su beneficiario inicial y/o
tenedor legítimo. Dada la naturaleza de los PAGARÉS-LIBRANZAS, los giradores realizarán el pago de las
obligaciones de los descuentos por nómina, para lo cual los pagadores han recibido las autorizaciones
irrevocables de parte de los giradores. 1.2. PAGADOR: Es la pagaduría general de la entidad oficial, con quien
el girador del PAGARÉ-LIBRANZA tiene una relación laboral y quien ha incorporado para su pago, por
descuento de nómina, los PAGARÉS-LIBRANZAS a través de los cuales se instrumenta la cartera materia de
esta compraventa”. Link 2, carpeta 1.76745 (1). archivo: 2017-01-576098-000, página 13.

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83. Lo anterior revela que el análisis efectuado por la Superintendencia no obedeció

a una interpretación extensiva de las normas sobre libranza ni a la imposición de
cargas no previstas en dicho régimen, sino a la valoración de la operación
desarrollada por ABC For Winners S.A.S. a partir de los elementos recaudados
durante las actuaciones de supervisión.

84. En conclusión, la entidad consolidó hallazgos derivados de la contrastación entre

la información suministrada por la sociedad y aquella reportada por las distintas
pagadurías consultadas, lo que permitió advertir, en 105 operaciones,
inconsistencias relacionadas con la existencia, incorporación y recaudo de los
créditos que servían de soporte a la compraventa de cartera.

85. Tales circunstancias fueron examinadas a la luz de la situación financiera de la

operación desarrollada por la sociedad, la relación entre el volumen de obligaciones
derivadas de operaciones de libranza y el patrimonio reportado, así como las
condiciones bajo las cuales se ofreció la cartera a los inversionistas. Con
fundamento en ello, la Superintendencia concluyó que se encontraban acreditados
los presupuestos que justificaban la adopción de las medidas de intervención.

86. En esas condiciones, la Sala concluye que la decisión de ordenar la toma de

posesión de los bienes, haberes y negocios de la demandante no se estructuró
sobre apreciaciones arbitrarias ni sobre ausencia de soporte probatorio, sino sobre
supuestos fácticos objetivos definidos por el ordenamiento jurídico y debidamente
considerados y analizados en el marco del procedimiento, de modo que no se
configura el error alegado por la apelante respecto de la interpretación y aplicación
del marco normativo de las medidas de intervención ni de las disposiciones
contenidas en la Ley 1527 de 2012.

Responsabilidad atribuida a la Supersociedades por la falta de una actuación
autónoma respecto de la demandante previa a la adopción de la medida de
toma de posesión.

87. Lademandante cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual no era
necesario adelantar una actuación autónoma en su contra antes de ordenar la toma
de posesión de sus bienes. Sostuvo que la ausencia de dicho trámite le impidió
ejercer oportunamente su derecho de defensa y que, ante la falta de regulación
especial en el Decreto 4334 de 2008, resultaban aplicables las disposiciones del
CPACA.

88. La Sala considera que la Supersociedades no debía adelantar una actuación

autónoma respecto de la señora Quiceno Rodríguez antes de ordenar la toma de
posesión de sus bienes, haberes y negocios, por cuanto el Decreto Legislativo 4334
de 2008 y su Decreto Reglamentario 1910 de 2009 no previeron una etapa procesal
destinada a que exaccionistas, accionistas o demás sujetos eventualmente
vinculados a la intervención fueran citados o escuchados antes de la adopción de

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la referida medida. El artículo 3º del Decreto 4334 de 200856 tampoco dispuso que
antes de ordenar la suspensión de actividades de captación no autorizada o la toma
de posesión de los bienes de los posibles involucrados, debiera agotarse una
actuación previa para que aquellos se pronunciaran sobre la viabilidad de la medida
o sobre su participación en las operaciones cuestionadas.

89. Lo anterior resulta consistente con la naturaleza y finalidad del procedimiento de

intervención, definido en el artículo 2º del citado decreto legislativo 57 como un
mecanismo cautelar orientado a permitir la pronta devolución de las sumas
obtenidas mediante actividades de recaudo de recursos del público. Además, las
decisiones previas adoptadas, como la de ordenar la suspensión de las actividades
de captación, no modificaban la situación jurídica subjetiva de la demandante, pues
el destinatario de la medida era la sociedad, persona jurídica distinta de sus
accionistas (Ley 1258 de 2008, art. 2).

90.En el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Ley 1116 de 2006, a
cuyas disposiciones remitió el artículo 15 del Decreto 4334 de 2008 en lo no
regulado expresamente, tampoco se ordenó una actuación previa respecto de las
personas naturales que podían resultar afectadas con dicha medida. Ello se explica
porque, si la emergencia económica exigía una intervención inmediata para
conjurar la crisis generada por personas que captaban recursos del público sin
autorización y comprometían la protección del ahorro y del orden público
económico, la Superintendencia debía estar facultada para adoptar oportunamente
las medidas previstas en el ordenamiento, sin perjuicio de los mecanismos
posteriores de contradicción contemplados dentro de ese procedimiento especial.

91. El artículo 9º del Decreto 4334 de 2008 reguló los principales efectos de la toma

de posesión, entre ellos la adopción de medidas cautelares sobre los bienes del
intervenido, la designación de un agente interventor y la aplicación de las reglas
previstas en la Ley 1116 de 2006. Asimismo, estableció una presunción legal
respecto de los recursos aprehendidos, cuya exequibilidad fue condicionada por la
Corte Constitucional al entender que admitía prueba en contrario58.

92. Por su parte, el artículo 10 del mismo decreto previó el procedimiento posterior

a la adopción de la medida, para lo cual ordenó la publicación de la intervención y
la convocatoria de quienes consideraran tener derecho a reclamar recursos frente
a la persona intervenida. La norma también contempló un trámite para la
presentación, evaluación y decisión de tales reclamaciones, así como la posibilidad
de controvertir las determinaciones adoptadas mediante el recurso de reposición.

56 “Artículo 3º Naturaleza. El presente procedimiento de intervención administrativa se sujetará exclusivamente

a las reglas especiales que establece el presente decreto y, en lo no previsto, el código Contencioso
Administrativo. Las decisiones de toma de posesión para devolver que se adopten en desarrollo del
procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter
jurisdiccional”
57 “Artículo 2. Objeto. (Modificado por la Ley 1902 de 2018, art. 11) La intervención es el conjunto de medidas

administrativas tendientes, entre otras, a suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de
personas naturales o jurídicas que a través de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides,
tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, generan abuso del derecho
y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera irregular y, como consecuencia, disponer la organización de
un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales
actividades”.
58 Corte Constitucional, sentencia C-145 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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93. En el mismo sentido, el Decreto 1910 de 2009 reglamentó diversos aspectos del

procedimiento de toma de posesión para devolución de recursos y previó la
elaboración de un inventario valorado de los bienes afectos a la intervención.
Aunque inicialmente el reglamento dispuso que para su aprobación no habría lugar
a las audiencias previstas en la Ley 1116 de 2006, el Consejo de Estado declaró la
nulidad de esa restricción al considerar que desconocía las garantías de
contradicción y defensa de los sujetos afectados por la medida59.

94. Conforme al marco normativo expuesto, la señora Luz Enir Quiceno Rodríguez,

en su condición de accionista o exaccionista de la sociedad vinculada con
operaciones de captación no autorizada era sujeto pasivo de la medida de
intervención prevista en el literal a del artículo 7.º del Decreto 4334 de 2008. La
estructura del procedimiento respondía a la necesidad de asegurar de manera
inmediata los bienes afectos a la devolución de los recursos captados del público,
sin condicionar la eficacia inicial de la medida a la audiencia previa de cada persona
cobijada por ella.

95. El régimen especial difirió ese debate a una etapa posterior a la toma de
posesión. Esa fue la oportunidad procesal indicada por la Superintendencia para
que la demandante ejerciera su defensa y desvirtuara dicha presunción. La entidad
advirtió a los afectados, desde que decretó la medida de toma de posesión (ver
párrafo 47) y luego en providencias posteriores (ver párrafo 49) que “las solicitudes
de exclusión de bienes y personas deberán presentarse como una objeción a los
proyectos de calificación y graduación de créditos, inventarios y avalúos, en la
oportunidad procesal que corresponda”. En ese orden, no se privó a la demandante
de un escenario de defensa, sino que remitió su ejercicio a la etapa de objeciones,
conforme al carácter cautelar del procedimiento y al principio de universalidad que
gobierna el trámite de toma de posesión.

96. Finalmente, la Sala precisa que las reglas generales del procedimiento
administrativo sancionatorio previstas en los artículos 47 a 52 del CPACA no eran
aplicables al caso concreto, por tratarse de una actuación de naturaleza
jurisdiccional regida por el procedimiento especial.

97. En efecto, en la sentencia C-145 de 2009, mediante la cual efectuó el control

oficioso de constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo

59 Como fundamento de esa decisión, señaló: “La Sala estima que este aparte del parágrafo es ilegal, porque

elude una serie de pasos que la ley contempla, y a la cual remite el decreto 4334. Es decir, que si el art. 15 del
decreto-ley (sic) remite, en lo pertinente, al procedimiento de la ley 1.116 –en este caso el inventario valorado y
todo lo que le es conexo-, no es posible que el reglamento apele a la institución allí contemplada, pero de
manera fraccionada, es decir, mutilando el alcance de la figura tomada de ella. // Por esta razón, se declarará
la nulidad del aparte analizado, para que, en su lugar, se entienda que el inventario de bienes diferentes a
dinero, y por tanto su presentación y aprobación, se rigen, en todo, por la ley 1.116 de 2006. // Este
entendimiento es, por demás, el más ajustado a derecho, porque realiza el derecho de defensa y a ser oído, en
favor de los afectados -para bien o para mal-, con el proceso de intervención regulado en el decreto 4334. De
no ser así, ¿cuándo podrían los acreedores o los intervenidos cuestionar el inventario y su valoración? // La
Sala entiende que este tipo de trámites requieren premura, y que el Gobierno Nacional tiene todo el interés en
satisfacer rápidamente las expectativas de las personas afectadas por los intervenidos; pero también es cierto
–y esto debe prevalecer- que ello no se puede hacer a costa de las garantías fundamentales del debido proceso,
en los procedimientos judiciales y en los administrativos”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 9 de diciembre de 2009, expediente: 11001-03-15-000-2009-00732-00. C. P.
Enrique Gil Botero.

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3º antes citado. Para sustentar esa decisión, señaló: “Además, la asignación de
funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades armoniza con la
materialidad de los asuntos de los que debe ocuparse esa entidad en desarrollo de
la función de intervención, en particular la toma de posesión, que puede suscitar
verdaderos conflictos de intereses con eventuales efectos jurídicos en otros
procesos judiciales, dado que en el contexto del Decreto 4334 de 2008 esa medida
tiene por finalidad asumir la administración de la intervenida para devolver los
dineros captados irregularmente del público, adoptando decisiones para cumplir
con ese objetivo, las cuales, por su naturaleza jurisdiccional, escapan al ámbito de
control de la justicia contenciosa administrativa”60.

98. El Decreto Legislativo 4334 de 2008 fue reglamentado por el Decreto 1910 de

2009 en relación con las medidas de intervención consistentes en la toma de
posesión para devolver las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas, la
liquidación judicial de la persona jurídica que adelantara actividades no autorizadas
y la autorización de los planes de desmonte.

99. En sentencia del 9 de diciembre de 2009, al ejercer el control inmediato de
legalidad del Decreto 1910 de 2009, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado examinó la naturaleza de las distintas medidas de
intervención —entre ellas la suspensión de actividades, la toma de posesión para
devolución de recursos y la autorización de planes de desmonte— y concluyó que,
pese a que algunas disposiciones del decreto legislativo aludían a una intervención
administrativa, las decisiones adoptadas en desarrollo de dicho régimen tenían
efectos de cosa juzgada erga omnes, eran proferidas en única instancia y revestían
carácter jurisdiccional, por lo que se trataba de un proceso de esa naturaleza61.

100. En ese orden, tanto la medida de suspensión de actividades como la toma
de posesión para devolución de recursos constituyen medidas de intervención
adoptadas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, razón por la cual su trámite
debía sujetarse a las reglas especiales que regulan ese proceso y no a las
disposiciones generales previstas para las actuaciones administrativas
sancionatorias (CPACA).

101. Por las razones expuestas, la Sala no considera de recibo los reparos de la
apelante relacionados con la responsabilidad atribuida a la Superintendencia por la
supuesta violación del derecho de audiencia y defensa en las actuaciones previas
a la medida de toma de posesión.

Cuestionamiento a la decisión del tribunal de no estudiar la alegada falta de
competencia de los funcionarios que adoptaron las medidas de intervención

102. En el recurso de apelación, la demandante sostuvo que el tribunal omitió
examinar si las decisiones adoptadas en el marco del trámite de intervención
vulneraban garantías constitucionales asociadas al debido proceso y al derecho al

60 Corte Const., Sent. C-145, mar. 12/2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
61 Con fundamento en tales pronunciamientos, distintas Secciones de esta Corporación han reiterado que la

aplicación del régimen de intervención previsto en el Decreto 4334 de 2008 comporta el ejercicio de funciones
jurisdiccionales y que las decisiones mediante las cuales la Superintendencia adopta las medidas
contempladas en su artículo 7º constituyen providencias judiciales.

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juez natural. Según la recurrente, el juzgador privilegió una aplicación estricta del
principio de justicia rogada y se abstuvo de analizar un aspecto que, por su
relevancia constitucional, debía ser analizado.

103. La Sala no comparte ese planteamiento, en tanto que el cuestionamiento
relativo a la falta de competencia de los funcionarios que expidieron la Resolución
300-003195 del 29 de agosto de 2017, el Auto 420-016334 del 14 de noviembre del
mismo año y el proveído del 6 de agosto de 2021 no hizo parte de los fundamentos
fácticos ni jurídicos de la demanda, ni integró el marco de la controversia
procesalmente delimitado.

104. En esas condiciones, la decisión del tribunal de abstenerse de emitir un
pronunciamiento de fondo sobre dicho aspecto no solo se acompasa con las reglas
que gobiernan la congruencia de las decisiones judiciales, sino que constituye una
garantía de los derechos de contradicción y defensa de la entidad demandada, que
estructuró su oposición con fundamento en los cargos expresamente formulados
por la parte actora.

105. Los fundamentos jurídicos de la demanda, en cuanto concretan la causa
jurídica que sirve de sustento a las pretensiones, delimitan el objeto de la
controversia y, correlativamente, el ámbito dentro del cual debe pronunciarse el
juez. Por ello, los argumentos encaminados a sustentar la prosperidad de las
pretensiones deben ser planteados dentro de las oportunidades procesales
previstas para tal efecto, de manera que puedan ser objeto de contradicción y
debate por la contraparte.

106. Desde esa perspectiva, tampoco puede perderse de vista que ni los alegatos
de conclusión ni el recurso de apelación constituyen oportunidades procesales
destinadas a introducir nuevos cargos o fundamentos de imputación. En ese orden,
examinar un argumento incorporado por primera vez en los alegatos de conclusión
implicaría alterar los términos del debate procesal y resolver la controversia sobre
la base de supuestos que no fueron oportunamente sometidos a contradicción.

107. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia apelada, dado que
ninguno de los argumentos expuestos por la recurrente desvirtuó los fundamentos
que sustentan la decisión de primera instancia.

La condena en costas

108. La apelante solicitó revocar la condena en agencias en derecho impuesta en
primera instancia, al considerar que esta hacía más gravosa su situación, dado que
permaneció sometida a la medida de intervención durante más de tres años y
posteriormente fue excluida de ella por no encontrarse acreditada una participación
determinante en las conductas investigadas.

109. La Sala no encuentra de recibo ese planteamiento. El argumento expuesto
por la recurrente no controvierte los fundamentos jurídicos de la condena impuesta
por el Tribunal ni la aplicación de las reglas que gobiernan la imposición de costas

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

y la fijación de agencias en derecho. La sola referencia a las consecuencias
económicas derivadas del proceso de intervención no constituye una razón que
permita desvirtuar la procedencia objetiva de la condena en costas prevista en los
artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso.

110. En consecuencia, no existe fundamento para modificar la decisión adoptada
por el Tribunal en este aspecto, por lo que la condena en costas impuesta en
primera instancia será confirmada.

Condena en costa en segunda instancia

111. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por la Ley 2080 de 202162, en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas en esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil, hoy Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

112. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho».

113. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de
reparación directa con cuantía que implicó que la entidad demandada tuviera que
designar y/o sufragar un abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses,
la cual se materializó con la oposición al recurso de apelación63, gestión que genera
agencias en derecho y, por tanto, la condena en costas resulta procedente.

114. Así las cosas, se fija como agencias en derecho para la segunda instancia
el valor equivalente a un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a
cargo de la parte demandante (recurrente), suma que se reconocerá en favor de la
Supersociedades. Esta determinación se efectúa de conformidad con lo previsto en
el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura64, norma vigente en materia de tarifas de
agencias en derecho para la fecha en que se presentó la demanda.

62 Que resulta aplicable debido a la fecha de interposición del recurso de apelación -el 13 de noviembre de

2025-.
63 Intervención en segunda instancia obrante en SAMAI: Índice 11.
64 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,

dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor
jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00060-02 (74.252)
Demandante: María Luz Enir Quiceno Rodríguez
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Medio de control: Reparación directa

115. La liquidación de las costas se hará de manera concentrada por parte del
Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso65.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor de la Superintendencia de Sociedades. Para el efecto, las
agencias en derecho se fijan en la suma de un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria
de esta providencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el
Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, INCORPORARLA al
expediente digital y remitir copia al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

65 Que prevé: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas (…)”.

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