Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00095-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2020-00095-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00095-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2020-00095-02
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de mayo de 2026
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Reparación directa
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: ASERINGENIERÍA LTDA
Demandado: Contraloría General de la República
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia dictada el 2 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. La Sala es competente
para proferir esta providencia en segunda instancia de acuerdo con el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, por tratarse de un recurso de
apelación presentado contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo.
A su vez, el tribunal conoció el proceso en virtud de la naturaleza del asunto y de la
cuantía estimada en la demanda1.
SÍNTESIS2
La parte actora solicita que se declare la responsabilidad patrimonial de la
Contraloría General de la República por el daño derivado del decreto de una medida
cautelar de embargo sobre un bien inmueble de su propiedad, adoptada en el curso
de un proceso de responsabilidad fiscal. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda porque no se demostró que el
ente de control haya provocado un daño antijurídico. La Sala confirma la decisión
pues la medida cautelar no fue temeraria, ni desproporcionada, sino que se ajustó
a los preceptos legales.
1 Antes de la Ley 2080 de 2021, el numeral 6 del artículo 152 del mismo código en su redacción original
establecía que era competencia de los tribunales administrativos conocer en primera instancia de los medios
de control de “reparación directa (…) cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”. La parte actora estimó los perjuicios en seis mil novecientos cuarenta y dos millones
doscientos siete mil novecientos cuatro ($6.942.207.904).
2 Tema: daño causado por medida cautelar decretada en proceso que terminó con fallo sin responsabilidad
fiscal.
1
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. El 12 de noviembre de 2019, la sociedad Asesorías y Servicios de Ingeniería
LTDA -en adelante Aser Ingeniería-, a través de apoderada judicial, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, demandó a la Contraloría General de la
República para obtener la reparación del daño que le causó el decreto de una
medida cautelar ordenada dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF-21-04-
979, que culminó con fallo sin responsabilidad fiscal3. En la demanda se formularon
las siguientes pretensiones:
1. Se decrete que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (sic) le causó un
daño al patrimonio económico de la empresa ASER INGENIERÍA LTDA al ordenar
el registro de la media cautelar en el folio de matrícula No. 300-113919 de la oficina
de instrumentos públicos de Bucaramanga, dentro del proceso PRF-21-04-97 (sic)
que fue resuelto el 2 de abril de 2019 mediante sentencia que decretó la NO
EXISTENCIA DE DAÑO FISCAL DE LA OBRA.
2. Ordenar pagar a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (sic) a favor de
ASESORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA NIT 800.092.039-2. La suma de
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (6.496.309.865)
por concepto de lucro cesante dejado de percibir por el valor del terreno con
matrícula 300-003919 al impedírsele su transferencia al fideicomiso Zenit desde la
fecha en que se registró hasta que se levantó la medida cautelar según el
certificado de libertad y tradición.
3. Ordenar a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (sic) pagar a favor de
ASESORÍAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA NIT 800.092.039-2 la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($445.898.039) más
los rendimientos financieros desde el 2013-07-26 a la fecha del (sic) hacerse el
pago por concepto de los perjuicios causados al no existir daño fiscal dentro del
término de la garantía de estabilidad por las obras del contrato No. 146 de 2012,
recursos que se encuentran depositados en la cuenta bancaria mencionada como
“GARANTÍA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”´ No. 52428385268 de
BANCOLOMBIA.
4. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada4. Destacado del
original.
2. Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:
2.1. La sociedad Aser Ingeniería., y el Municipio de la Jagua de Ibirico suscribieron
el contrato No. 146 de 2012 con el objeto de realizar el mejoramiento de 290
3 Folios 1 a 8 cuaderno principal.
4 Folio 7 cuaderno principal.
2
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
unidades de viviendas para familias pobres y vulnerables del casco urbano del
Municipio.
2.2. Para el recibo del anticipo, la demandante presentó al Municipio de la Jagua de
Ibirico una fianza expedida por la compañía CREDIAFIANZAR. No obstante,
durante la ejecución del contrato, la Superintendencia Financiera determinó que
dicha compañía no se encontraba legalmente autorizada para expedir fianzas. En
consecuencia, el Municipio, mediante Resolución No. 1120 del 25 de junio de 2013,
inició el procedimiento de terminación unilateral del contrato de obra.
2.3. Ante la terminación unilateral del contrato, el contratista decidió presentar un
recurso de reposición y además allegar la garantía bancaria tipo CDT no. 3174660
de Bancolombia, endosada por la suma de $445.898.039. A pesar de la terminación
del contrato, el Municipio no devolvió esa garantía, sino que la dejó en respaldo de
la estabilidad de las obras ejecutadas hasta el momento de terminación del contrato.
2.4. En enero de 2014, la Contraloría General de la República llevó a cabo una
auditoría en el Municipio para la vigencia 2010 a 2012. En el informe identificado
con radicado CASGRCDSCDSME, el ente de control advirtió la existencia de un
presunto daño fiscal de la obra ejecutada, al evidenciar, que “las construcciones
efectuadas con relación al contrato 146 de 2012, en la mayorías (sic) de los casos
con ampliaciones a las casas las cuales fueron construídas (sic) sin columnas de
confinamiento ni vigas cintas, no cumplimiento (sic) con los requerimientos sismo
resistentes NSR 10 capítulo E. CASAS DE UNO Y DOS PISOS”.
2.5. El 19 de junio de 2014, como consecuencia del informe de auditoría, el
Municipio, mediante Resolución No. 183, declaró el incumplimiento del contrato No.
146 de 2012 por no haberse aplicado las normas NS-10, y procedió a hacer efectivo
el CDT No. 3174660 de Bancolombia por la suma de $445.898.039 más sus
rendimientos.
2.6. El 23 de julio de 2014, la Contraloría Regional del Cesar, con fundamento en
el informe de auditoría de enero de 2014, inició el proceso de responsabilidad fiscal
identificado con radicado No. PRF-21-04-979, en donde manifestó que los hechos
generadores del presunto daño al patrimonio público consisten en el pago efectuado
por el Municipio por valor de $1.238.180.690,24 “(…) por concepto de muros y
pañetes, estructura en concreto y cubiertas, sin que éstas estructuras se hayan
ejecutado debidamente, conforme lo se (sic) expone en el papel de trabajo del
equipo auditor (…)” Se reprocha que el Municipio hubiera recibido las obras a pesar
de que no cumplían con las normas técnicas.5
2.7. Las partes intentaron la terminación anticipada del proceso de
responsabilidad fiscal mediante la celebración de un acuerdo de pago consistente
5 Samai, índice 56, expediente digital, archivo 4_Auto No 0310 Apertura PRF 21-04-979 (fls 335-351).
3
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
en la entrega de la garantía ejecutada por el Municipio a Aser Ingeniería, recursos
que fueron consignados a órdenes de la Contraloría.
2.8. El 20 de junio de 2018, la Contraloría Regional del Cesar profirió auto de
cesación de la acción fiscal por resarcimiento del daño, tras considerar que el daño
fiscal se pagó con la ejecución de la garantía bancaria y sus rendimientos. Dicho
auto fue revocado por el superior debido al fuero de una de las partes.
2.9. El 2 de abril de 2019, la Contraloría General de la República declaró la no
existencia de daño fiscal de la obra ejecutada y procedió a la terminación del
proceso. En junio siguiente, ordenó el levantamiento de la medida cautelar de
embargo decretada sobre el inmueble identificado con matrícula 300-11391.
2.10. El demandante alega que la medida le causó perjuicios a su patrimonio
económico en la suma de $6.496.309.865 “por concepto de lucro cesante del valor
del terreno dejado de percibir”. Esto, al impedirle transferir el inmueble 300-113919
al fideicomiso Zenit conforme al contrato fiduciario celebrado entre Aser ingeniería,
Prabyc ingenieros y Acción Sociedad Fiduciaria el 26 de febrero de 2015, el contrato
de cesión de posición contractual y la carta de instrucción irrevocable notificada a la
sociedad fiduciaria el 17 de marzo de 2015.
2.11. Los perjuicios derivados de la medida cautelar se acreditan con la situación
de cesación de pagos en la que incurrió Aser Ingeniería, así como con su posterior
admisión al proceso de reorganización empresarial regulado por la Ley 1116 de
2006, trámite dentro del cual fue admitida en noviembre de 2018.
B. Posición de la parte demandada
3. La Contraloría General de la República propuso la excepción de inepta
demanda, al estimar que no se acreditaron ni el daño antijurídico ni el juicio de
imputación necesarios para establecer y atribuir responsabilidad a dicha entidad.
Señaló que el material probatorio no demuestra los supuestos de hecho relativos al
embargo de los inmuebles del demandante, ni que, por encontrarse embargados y
fuera del comercio, se hubiera impedido su transferencia.
3.1. Sostuvo que el proceso de responsabilidad fiscal se inició de manera legal,
con fundamento en la existencia de un presunto daño patrimonial y en la
identificación de posibles responsables. No obstante, una vez verificado que el
hecho no configuraba daño patrimonial, se procedió a la cesación de la acción fiscal.
3.2. Advirtió que, dada la naturaleza preventiva de las medidas cautelares, su
levantamiento solo procede cuando existe certeza sobre la exoneración de
responsabilidad. En ese sentido, su práctica no genera un daño injustificado a los
investigados, pues, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-840
de 2021, su decreto tiene como finalidad asegurar el resarcimiento del daño al
4
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
patrimonio del Estado derivado de una inadecuada gestión fiscal, en consonancia
con los fines del proceso de responsabilidad fiscal.
3.3. Manifestó que el demandante no aportó pruebas documentales que acrediten
el daño alegado y, en consecuencia, no demostró el perjuicio a su patrimonio y la
relación de causalidad con la acción u omisión de la administración. En ese sentido,
incumplió la carga de acreditar el daño antijurídico, en particular el supuesto
impedimento de transferir el inmueble embargado al fideicomiso Zenit durante el
tiempo que estuvo vigente la medida cautelar6.
C. Sentencia recurrida
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante sentencia del 2 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la imputación de responsabilidad fiscal a la sociedad
Aser Ingeniería, estuvo precedida de una valoración adecuada, proporcional y
razonada de los elementos de convicción, acorde con el momento procesal en que
se encontraba la actuación fiscal. En ese contexto, estimó que la Contraloría podría
inferir, de manera objetiva, que la conducta del investigado generó un daño
patrimonial al Estado, consistente en el detrimento de los recursos públicos,
derivado de una ejecución contractual ineficiente por incumplimiento de las normas
técnicas de construcción.
4.1. Manifestó que la Contraloría actuó conforme a la legislación aplicable, en la
medida en que el proceso de responsabilidad fiscal y las actuaciones desplegadas
estuvieron orientadas a establecer: i) las razones por las cuáles no se aplicó de
manera rigurosa la norma invocada por el grupo técnico que realizó la auditoria; ii)
la existencia de un detrimento patrimonial por valor de $844’147.762; y iii) la relación
de causalidad entre la actuación del contratista, de acuerdo con las obligaciones a
su cargo, y el daño ocasionado.
4.2. Afirmó que, ante la existencia de hechos que ameritaban investigación, ésta
se adelantó en el ejercicio legítimo de sus funciones. En ese sentido, no se advirtió
irregularidad alguna que permitiera inferir la producción de un daño autónomo en el
proceso fiscal seguido contra la sociedad Aser Ingeniería; además, el daño alegado
no resulta antijurídico, en la medida en que el proceso fiscal constituía una carga
que debía soportar el contratista, en el marco de un ejercicio racional y proporcional
de la función fiscal atribuida a la entidad demandada.
4.3. Consideró que la parte demandante no precisó en qué consistió el daño
antijurídico alegado, esto es, si se configuró por la superación de los límites
6 Samai, índice 20, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_28_25000233600020200(.pdf)
NroActua 20.
5
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
previstos en la norma o por la eventual irregularidad en el decreto de la medida
cautelar. Asimismo, señaló que no se acreditaron los perjuicios reclamados, pues,
si bien el municipio recibió en calidad de resarcimiento el CDT referido, lo cierto es
que la providencia que avaló la entrega de dicho título valor fue revocada en su
integridad. Además, advirtió que las decisiones que declararon sin responsabilidad
fiscal a la sociedad demandante no se efectuó pronunciamiento alguno sobre este
aspecto, de modo que cualquier reparo relacionado con la disposición del título debe
ser atendido por el municipio beneficiario de la garantía.
4.4. Finalmente, señaló que el perjuicio por concepto de lucro cesante debe ser
cierto y fundarse en situaciones reales existentes al momento de ocurrencia del
hecho dañoso. En el caso concreto, no se acreditó la existencia de un contrato de
fiducia que impusiera la obligación de transferir el inmueble ni que, como
consecuencia de la inscripción de la medida cautelar, se hubiera frustrado la
culminación exitosa de alguna negociación u oferta comercial sobre el bien que
impidiera la transferencia del derecho de dominio7.
D. Recurso de apelación
5. La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, al considerar que se omitió
valorar las conclusiones iniciales contenidas en el auto del 2 de abril de 2019
proferido por la Contraloría General de la República, mediante el cual se dispuso el
archivo del proceso de responsabilidad fiscal. Alegó que las referidas
consideraciones demostrarían la existencia de un daño antijurídico.
5.1. Señaló que la sentencia viola el debido proceso al no valorar el auto del 2 de
abril del 2019, en donde se indicó que “no existía la certeza sobre la existencia del
daño”, toda vez que lo procedente en el proceso de responsabilidad fiscal era
ordenar oportunamente y durante la etapa de indagación preliminar, el archivo del
proceso y no proferir el “auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal”.
Lo anterior, en consideración a las “evidentes fallas del informe”, elaborado por las
ingenieras pertenecientes a la Contraloría, en el que se sustentaba el hallazgo.
5.2. Advirtió que el tribunal omitió valorar las pruebas aportadas con el memorial
que descorrió la contestación de la demanda, que correspondían a: (i) el
memorando de entendimiento suscrito entre Prabyc Ingenieros Y Aser Ingeniería el
23 de diciembre del 2014, (ii) el contrato de fiducia mercantil del 28 de enero del
2015, (iii) el otrosí al contrato de fiducia mercantil del 26 de febrero del 2015; (iv)
una carta del 12 de marzo del 2016; (v) una carta del 17 de mayo del 2016; y (vi)
auto de apertura del proceso de reorganización No. 68896 proferido por la
7 Samai, índice 20, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_61_25000233600020200(.pdf)
NroActua 20.
6
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
Superintendencia de Sociedades, intendencia Santander, las cuales fueron
rechazadas por el Tribunal.
5.3. Alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso y de acceso a la
administración “al negárseme mi derecho constitucional a la contradicción, al
manifestar que: ‘en el plenario no se constató que efectivamente existiera (..), y
cuya obligación se constituía en entregar el referido bien inmueble’ … dado
que omite las pruebas allegadas en término y dentro de la etapa procesal oportuna
el 2 de marzo de 2021 anexas al memorial que descorrió el traslado de la
contestación …”.
5.4. Afirmó que dicha conclusión se deriva de una indebida valoración probatoria,
por cuanto omitió decretar y apreciar las pruebas allegadas oportunamente el 2 de
marzo de 2021, dentro de la etapa procesal correspondiente.8
E. Trámite procesal relevante
6. Mediante auto del 20 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó el decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante
al resolver el traslado de las excepciones propuestas por la entidad demandada, al
considerar que eran inconducentes y no guardaban relación con la excepción de
inepta demanda. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso
recurso de apelación en el curso de la audiencia, el cual fue concedido en efecto
devolutivo ante esta corporación. 910
7. Mientras se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelación contra
el auto que negó las pruebas, el Tribunal profirió sentencia el 2 de diciembre de
202111. Dicha decisión fue apelada por la parte demandante mediante escrito del15
de diciembre de 202112.
8. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue admitido
mediante auto del 27 de mayo de 202213.
8 Samai, índice 20, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_63_25000233600020200(.pdf)
NroActua 20.
9 Samai, gestión en otros despachos, expediente 67529, índice 2, 23_ED_AUDIENCIAINICIALRA(.RAR)
NroActua 2.
10 Al artículo 323 del Código General del Proceso, sobre los efectos en los que se concede la apelación dispone:
“Efectos en que se concede la apelación. Podrá concederse la apelación: (…) 2. En el efecto devolutivo. En
este caso no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso. (…) La
circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no
impedirá que se dicte la sentencia. Si la que se profiere no fuere apelada, el secretario comunicará
inmediatamente este hecho al superior por cualquier medio, sin necesidad de auto que lo ordene, para que
declare desiertos dichos recursos.”
11 Samai, índice 20, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_61_25000233600020200(.pdf)
NroActua 20.
12 Samai, índice 20, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_63_25000233600020200(.pdf)
NroActua 20.
13 Folio 28 cuaderno principal.
7
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
9. Posteriormente, mediante providencia del 27 de enero de 2023, el despacho
resolvió la impugnación formulada en contra el auto del 20 de agosto de 2021, así
como la solicitud de pruebas en segundad instancia14.
10. En la providencia del 27 de enero de 2023 el ponente negó el decreto de los
testimonios y el oficio solicitado por la parte demandante, y decidió incorporar al
proceso los siguientes documentos: (i) Memorando de entendimiento suscrito entre
Prabyc Ingenieros y Aser Ingeniería de diciembre de 2021; (ii) Contrato de Fiducia
Mercantil del 28 de enero de 2015; (iii) Otrosí modificación integral del Contrato de
Fiducia Mercantil, del 26 de febrero de 2015; (iv) Carta de 22 de febrero de 2016
dirigida por Prabyc Ingenieros a Aser Ingeniería, en la cual se hace referencia al
incumplimiento del contrato para la adquisición de unos bienes inmuebles; (v) Carta
de 17 de mayo de 2016 dirigida por Prabyc Ingenieros a Aser Ingeniería, en la cual
se da respuesta a una comunicación remitida el 12 de mayo de 2016; y (vi) Auto de
apertura del proceso de reorganización de Aser Ingeniería.
11. A través de providencia del 13 de abril de 2023, se corrió traslado para alegar
de conclusión15. En dicha oportunidad, la parte demandante manifestó que el daño
se originó en los errores sustanciales del informe técnico elaborado en la etapa de
investigación, así como en la falta de diligencia y cuidado al haberse llevado a cabo
la etapa de juicio, pese a que el trámite fiscal resultaba innecesario, temerario y
desproporcionado, en tanto generó perjuicios16.
12. Por su parte, la entidad demandada insistió en que la medida cautelar tiene
carácter preventivo y que su decreto se encuentra amparado en la ley. Asimismo,
señaló que no se demostró la existencia de un daño antijurídico y que las medidas
cautelares no deben ni pueden tener alcance sancionatorio. Finalmente, adujo que
la parte demandante no solicitó su levantamiento mediante la constitución de otra
garantía legal o bancaría, razón por la cual solicitó la confirmación de la sentencia
apelada17.
13. El Ministerio Público advirtió que la medida cautelar contaba con suficiente
sustento fáctico y jurídico para su decreto, en la medida en que dos auditorías
realizadas por distintos equipos del órgano de control fiscal evidenciaron hallazgos
coincidentes en relación con las deficiencias en la construcción de la obra. A ello se
suman las actas de interventoría del contrato, así como la decisión de terminación
unilateral adoptada ante los incumplimientos del contratista, particularmente en lo
relativo a la calidad de las obras y a la mora en la reposición de la garantía de
14 Folios 30 a 32 cuaderno principal. El despacho ordenó la incorporación de las pruebas documentales negadas
en primera instancia y las aportadas con el recurso y negó las testimoniales y los oficios, debido a que no
cumplieron con los requisitos para su decreto establecidos en los artículos 212 y numeral 2 del artículo 173.
15 Folio 33 cuaderno principal.
16 Samai, índce 38.
17 Samai, índice 39.
8
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
estabilidad, elementos que, en su conjunto, respaldan la procedencia de la
medida18.
14. El magistrado Fredy Ibarra Martínez manifestó su impedimento con base en
los numerales 3 y 4 del artículo 130 del CPACA19. El impedimento será aceptado
en la parte resolutiva de esta sentencia.
II. CONSIDERACIONES
F. Aspectos procesales
15. La Sala se pronunciará de fondo, por cuanto la demanda fue presentada
dentro del término de dos (2) años previsto en el literal i) del artículo 164 del CPACA,
contado a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño.
16. En el caso concreto, el fallo sin responsabilidad fiscal a favor de la
demandante, mediante el cual se dispuso el levantamiento de las medidas
cautelares y del cual el demandante deriva la antijuridicidad de las medidas
cautelares, fue proferido el 2 de abril de 201920 y quedó en firme el 10 de mayo de
201921. En consecuencia, el término de caducidad empezó a correr a partir del 11
de mayo de 2019 y vencía el 11 de mayo de 2021. Así las cosas, dado que la
demanda fue presentada el 12 de noviembre de 2019, se concluye que fue
interpuesta dentro del término legal.22
G. Sentido de la decisión
17. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y condenará en costas a la parte demandante, toda
vez que no acreditó la falla de servicio imputada a la entidad demandada con
ocasión del decreto de la medida cautelar dentro del proceso que culminó con fallo
sin responsabilidad fiscal.
H. Marco normativo y jurisprudencial sobre las medidas cautelares dentro
del proceso de responsabilidad fiscal
18. El artículo 12 de la Ley 610 de 2000, regula lo concerniente al decreto de
medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad fiscal, en los siguientes
términos:
18 Samai, índice 10.
19
Samai, índice 58.
20 Folios 1 a 35, cuaderno 2. Pruebas. Página 6 fallo del 2 de abril de 2019 expedido por la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
21 Folio 57, cuaderno 2.
22 Folio 11, cuaderno principal.
9
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
Artículo 12. Medidas cautelares. En cualquier momento del proceso de
responsabilidad fiscal se podrán decretar medidas cautelares sobre los bienes
de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio
público, por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al
erario, sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar caución. Este último
responderá por los perjuicios que se causen en el evento de haber obrado con
temeridad o mala fe.
Las medidas cautelares decretadas se extenderán y tendrán vigencia hasta la
culminación del proceso de cobro coactivo, en el evento de emitirse fallo con
responsabilidad fiscal.
Se ordenará el desembargo de bienes cuando habiendo sido decretada la medida
cautelar se profiera auto de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal, caso en el cual
la Contraloría procederá a ordenarlo en la misma providencia. También se podrá
solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier momento del proceso o
cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre demandado ante el
tribunal competente, siempre que exista previa constitución de garantía real, bancaria
o expedida por una compañía de seguros, suficiente para amparar el pago del
presunto detrimento y aprobada por quien decretó la medida.
Parágrafo. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares dentro del proceso de
jurisdicción coactiva y el deudor demuestre que se ha admitido demanda y que esta
se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
aquellas no podrán ser levantadas hasta tanto no se preste garantía bancaria o de
compañía de seguros, por el valor adeudado más los intereses moratorios.”. (Negrilla
fuera de texto).
19. A su turno, el artículo 103 de la Ley 1474 de 2011 dispone:
Artículo 103. Medidas cautelares. En el auto de apertura e imputación, deberá
ordenarse la investigación de bienes de las personas que aparezcan como posibles
autores de los hechos que se están investigando y deberán expedirse de inmediato
los requerimientos de información a las autoridades correspondientes.
(…)
Las medidas cautelares estarán limitadas al valor estimado del daño al momento de
su decreto. Cuando la medida cautelar recaiga sobre sumas líquidas de dinero, se
podrá incrementar hasta en un cincuenta por ciento (50%) de dicho valor y de un
ciento por ciento (100%) tratándose de otros bienes, límite que se tendrá en cuenta
para cada uno de los presuntos responsables, sin que el funcionario que las ordena
tenga que prestar caución.
Se podrá solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier momento del
proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre
demandando ante la jurisdicción competente, siempre que exista previa constitución
de garantía real, bancaria o expedida por una compañía de seguros, suficiente para
amparar el pago del valor integral del daño estimado y porbado por quien decretó la
medida.
20. La Corte Constitucional, en sentencia C-054 de 199723 se pronunció sobre
las medidas cautelares en el marco del proceso de responsabilidad y las definió
como un instrumento jurídico orientado a garantizar el ejercicio de un derecho
reconocido, e impedir la modificación de una situación de hecho o de derecho, o a
asegurar los efectos de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se
23 Corte Constitucional, sentencia del 6 de febrero de 1997, expediente D-1384, MP. Antonio Barrera Carbonell.
10
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
adelante y culmina la actuación respectiva. Con la medida se busca que las
decisiones no queden “desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta
maliciosa del actual o eventual obligado”24
21. En dicha providencia, la Corte advirtió que las medidas cautelares no tienen
carácter sancionatorio, en la medida en que su finalidad es garantizar un derecho y
no imponer un castigo. En ese sentido, aunque pueden limitar temporalmente las
facultades de disposición, uso y disfrute del titular del bien durante el trámite del
proceso, no desconocen ni extinguen el derecho, por tratarse de medidas de
naturaleza instrumental, de alcance transitorio y orientadas exclusivamente a
asegurar los efectos de un eventual fallo de responsabilidad fiscal, sin que en modo
alguno se afecte el derecho de defensa del interesado.
22. En igual sentido, mediante sentencia C-840 de 2001, a través de la cual se
analizó la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 610 de 2000, la Corte
Constitucional señaló que el decreto de medidas cautelares en el proceso de
responsabilidad fiscal encuentra sustento en la finalidad de dicho trámite, esto es,
la preservación del patrimonio público mediante el resarcimiento de los perjuicios
derivados del ejercicio irregular de la gestión fiscal. En consecuencia, se trata de un
instrumento necesario, en atención a su carácter precautorio, en tanto busca
“prevenir o evitar que el investigado en el proceso de responsabilidad fiscal se
insolvente con el fin de anular o impedir los efectos del fallo que se dicte dentro del
mismo”.
23. En efecto, la Corte manifestó:
Estas medidas tienen un carácter precautorio, es decir, buscan prevenir o evitar que
el investigado en el proceso de responsabilidad fiscal se insolvente con el fin de anular
o impedir los efectos del fallo que se dicte dentro del mismo. En este sentido, "el fallo
sería ilusorio si no se proveyeran las medidas necesarias para garantizar sus
resultados, impidiendo la desaparición o la distracción de los bienes del sujeto
obligado." Las medidas cautelares son pues, independientes de la decisión de
condena o de exoneración que recaiga sobre el investigado como presunto
responsable del mal manejo de bienes o recursos públicos. Pretender que éstas
sean impuestas solamente cuando se tenga certeza sobre la responsabilidad
del procesado carece de sentido, pues se desnaturaliza su carácter preventivo,
teniendo en cuenta que ellas buscan, precisamente, garantizar la finalidad del
proceso, esto es, el resarcimiento. En esta perspectiva las medidas cautelares
pueden ser decretadas en cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal,
habida consideración de las pruebas que obren sobre autoría del implicado, siendo la
primera oportunidad legal para el efecto la correspondiente a la fecha de expedición
del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. No antes25. (Negrillas fuera
de texto).
24 Aunque las consideraciones de la Corte fueron expuestas en relación con el régimen de responsabilidad fiscal
previsto en la Ley 42 de 1993, son plenamente aplicables a las medidas de cautelares previstas en la Ley 610
de 2000.
25 Corte Constitucional, sentencia del 9 de agosto de 2021, expediente D-3389, MP. Jaime Araujo Renteria.
11
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
24. En la providencia citada también se abordó la responsabilidad del Estado y
del funcionario que decreta la medida cautelar, cuando su actuación está revestida
de temeridad y mala fe. Para tal efecto, se precisaron dichos conceptos, en los
siguientes términos:
La acepción de temeridad equivale esencialmente a la definición de culpa grave que
registra el Código Civil, de donde se colige finalmente que bajo tal adjetivo calificativo
no se restringe irregularmente la responsabilidad del funcionario en lo tocante al grado
de diligencia y cuidado que se le exige para decretar medidas cautelares. Por el
contrario, la noción de temeridad, en tanto asimilación a culpa grave, se acompasa
nítidamente con las formas de culpabilidad que concentra la Constitución en su
artículo 90 (…).
En el evento de que dentro del proceso de responsabilidad fiscal el funcionario
competente decrete medidas cautelares que por su misma desproporción acusen
irregularidades que fueron conocidas por él, y que pese a las mismas expidió el acto
quebrantador de derechos patrimoniales del procesado, manifiesta será la mala fe
con que actuó en tanto tuvo conocimiento y voluntad para producir el acto generador
del daño antijurídico. Hipótesis en la cual se actualiza la eventual responsabilidad del
Estado junto con la del funcionario infractor a términos del artículo 90 Superior.
Consecuentemente, cuando el respectivo servidor público obre con temeridad o mala
fe al decretar las medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad fiscal, el
Estado debe responder primeramente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, con la subsiguiente repetición que debe ejercer contra aquél.
25. Así las cosas, el decreto de una medida cautelar por sí solo no configura un
daño antijurídico para quien la soporta. Ello únicamente se presenta cuando se
acredita que el funcionario que la ordenó actuó con dolo o mala fe, esto es, con
conocimiento de las irregularidades del procedimiento y, aun así, antepone su
voluntad para expedir el acto generador del daño.
26. En relación con el régimen de responsabilidad derivado del decreto de
medidas cautelares en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, esta
Subsección ha sostenido que su análisis debe abordarse desde la óptica de la falla
del servicio, la cual se configura “en el ejercicio antijurídico de las potestades, por la
adopción de decisiones al margen del principio de juridicidad o de decisiones
injustificadas, caprichosas y desproporcionadas.”26
27. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si, en el presente
caso, la actuación de la Contraloría constituye una falla de servicio.
I. Análisis de la responsabilidad en el caso concreto
28. La sociedad recurrente alegó que el decreto de la medida cautelar le
ocasionó un daño antijurídico, al limitar su derecho de disposición sobre el bien
inmueble identificado con folio de matrícula No. 300-113919 de la oficina de registro
de instrumentos públicos de Bucaramanga, e impedirle cumplir con la obligación de
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2026, Exp 25000-23-36-
000-2019-00095-00 (67949). CP. Alberto Montaña Plata.
12
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
su entrega en cumplimiento del contrato de fiducia suscrito con la sociedad Prabyc
ingenieros S.A.S. Al respecto, señala que la investigación fiscal y, por lo tanto, la
medida cautelar nunca debió adelantarse – de acuerdo con las razones que
condujeron a la Contraloría a proferir fallo sin responsabilidad en su contra-.
29. Al respecto, la Sala debe reiterar, en primer lugar, que la adopción de las
medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal no generan una
responsabilidad objetiva derivada de la culminación del proceso sin declaratoria de
responsabilidad fiscal. Lo anterior, teniendo en cuenta que las investigaciones de
responsabilidad fiscal y las medidas cautelares que se adoptan son una carga que
los funcionarios y contratistas del Estado están en el deber de soportar.
30. Por lo tanto, solo cuando existe una falla del servicio en la adopción de la
medida cautelar es posible determinar la responsabilidad del ente de control. Ahora,
el recurrente atribuye la referida falla del servicio a la improcedencia o falta de
fundamento mismo de la investigación, según lo afirmado en la decisión en la cual
se declaró que la sociedad Aser Ingeniería no era responsable fiscalmente. Sin
embargo, la Sala observa que, en realidad, en el citado auto no se estableció la
improcedencia de la investigación fiscal. Solo se estableció que, finalmente no se
demostraron los elementos para declarar la responsabilidad del investigado. Por lo
tanto, no es posible hablar de una falla del servicio en la apertura de la investigación
que, a su vez, determine una falla del servicio en la adopción de la medida cautelar.
31. Con fundamento en el acervo probatorio que obra en el expediente, y a la luz
de las disposiciones que regulan el trámite de los procesos de responsabilidad
fiscal, en especial aquellas relativas a la adopción de medidas cautelares, la Sala
concluye que la decisión de embargo proferida por la Contraloría en contra de la
parte actora no dio lugar a la configuración de un daño antijurídico imputable a una
falla de servicio del ente de control.
32. En efecto, se trató de una medida legal, idónea y proporcional, para el
momento procesal en que fue adoptada, la cual se encontró debidamente
sustentada en una investigación administrativa que, a su vez, estaba fundamentada
en los respectivos hallazgos y en la información suministrada por la entidad
territorial.
33. En el presente asunto se encuentra acreditado que la Contraloría llevó a cabo
una auditoría en el Municipio de la Jagua de Ibirico para las vigencias 2111- 2012.
En desarrollo de dicha auditoría se identificaron hallazgos relacionados con el
contrato No. 146 de 2012, específicamente en dos aspectos: i) la ejecución de obras
con desconocimiento de las normas técnicas NSR 10 Capítulo E, casas de uno y
dos pisos y ii) el incumplimiento contractual derivado de la falta de sustitución de la
póliza que perdió validez, luego de que la Superintendencia Financiera advirtiera
que esta no era legal, por haber sido expedida por una entidad no habilitada para
13
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
ello. Esta circunstancia dio lugar a la terminación unilateral del contrato, ante la
“negativa o imposibilidad” del contratista para reemplazar la referida garantía.
34. Además del informe de auditoría, en el expediente reposan los informes de
interventoría rendidos durante la ejecución del contrato no. 146 de 2012, en los
cuales se consignaron anotaciones que advertían del presunto incumplimiento, por
parte de Aser Ingeniería, de las normas de sismo-resistencia. Lo anterior se
evidencia, entre otros documentos, en el acta de visita No. 1, de fecha 2 de
noviembre de 2012, en la que se dejó constancia de dicha situación en los
siguientes términos:
OBSERVACIÓN: se encontraban en el proceso de fundido las vigas con varillas
milimétricas que no cumplen con la (sic) especificaciones técnicas ni
estructurales (…). las varillas están sin traslapo y uniones sueltas violando la
NSR-10 en el capítulo E 2.1. (…)
(…)
OBSERVACIÓN: la obra Se (sic) encontró sin trabajador abandono total, la dueña
comenta que los materiales se los llevaron de su casa para otra, encontramos en el
sitio el inicio de unas excavaciones y en el patio se encontraban los hierros de las
vigas de amarre estas encontraban con varilla que no cumplen con las
especificaciones técnicas (…).
CASA #7 VIRGELINA PEREZ. OBSERVACIÓN: la obra Se (sic) encontró sin
trabajador abandono total, la dueña comenta que los materiales se los llevaron de su
casa para otra, encontramos en el sitio el inicio de unas excavaciones y en el patio se
encontraban los hierros de las vigas de amarre esta se encontraban con varilla que
no cumplen con las especificaciones técnicas, esta obra se encuentra así desde
hace más de una semana sin avance. ver fotos.
CASA # 8 MARLENE AGUILAR Trabajadores: John pontón (sic) OBSERVACIÓN: la
obra Se encontró sin trabajador abandono total, la dueña comenta que esto (sic)
demorado la construcción, encontramos en el sitio unos bultos de cemento se
encontraban los hierros de las vigas de amarre esta se encontraban con varillas
que no cumplen con las especificaciones técnicas, el baño esta sin servicio y es
indispensable ver fotos27.
35. Así mismo, en el plenario obra la respuesta suministrada por el ente territorial
al traslado de las observaciones formuladas en el marco de la auditoría, en la cual
manifestó que los incumplimientos fueron advertidos por el equipo interventor y por
la supervisión del contrato, y que se requirió al contratista para que cumpliera con
la norma técnica aplicable. No obstante, se flexibilizó su exigencia en atención al
número de pisos de las viviendas y a su localización en una zona de baja sismicidad:
Las falencias constructivas señaladas por la Contraloría, fueron puestas en evidencia
por la supervisión e interventoría del contrato, tal como se muestra en los oficios que
se anexan, que dan cuenta de los requerimientos realizados para que el contratista
cumpliera con las condiciones técnicas exigidas.
No obstante que la orientación en desarrollo del contrato fue hacer cumplir las
especificaciones técnicas de los elementos construidos, se produjo una cierta
flexibilidad y se interpretó la norma NSR 2010 implementando el sistema estructural
27 Samai, índice 56, expediente digital, archivo 1_Carpeta 1 PRF 979.
14
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
de muros de carga donde se permite mampostería no reforzada para fuerzas
horizontales y verticales para edificaciones clasificadas en el GRUPO según el uso,
teniendo en cuenta que son edificaciones de altura inferior a dos pisos y por estar
ubicado el Municipio de la jagua de ibirico (sic) en zona de amenaza sísmica baja
según lo expresado en el TITULO A de la citada norma.
No obstante la situación planteada será objeto de revisión, teniendo en cuenta que la
administración está en proceso de recibo de las cantidades de obra ejecutada, para
la consecuente liquidación del contrato; por ende al referirse la observación a un tema
que tiene que ver con la estabilidad de las obras se adelantarán las actuaciones
administrativas, que el caso amerite, encaminadas a declarar, si es del caso, el
siniestro para que se tomen los correctivos de carácter estructural o en su defecto
hacer efectiva la garantía constituida por el contratista28.
36. En ese orden de ideas, no resulta de recibo para la Sala el argumento de la
sociedad apelante, conforme al cual la sentencia de primera instancia habría
desconocido el fallo sin responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso
adelantado por la Contraloría, a partir del cual pretende sostener que la
investigación no debió siquiera iniciarse y, por tanto, tampoco debió imponerse la
medida cautelar. Por el contrario, obraban en el expediente pruebas técnicas y
elementos relativos a la ejecución contractual que respaldaban los hallazgos
advertidos por el órgano de control y que, por tanto, habilitaban la apertura del
correspondiente proceso de responsabilidad fiscal.
37. Ahora bien, del análisis del auto mediante el cual se decretó la medida
cautelar de embargo sobre el bien inmueble de propiedad de la sociedad Aser
Ingeniería, se advierte que se expusieron de manera expresa las razones que
motivaron su imposición y se fijó el monto del embargo en una suma equivalente al
doble del valor del daño patrimonial establecido, de conformidad con lo previsto en
el artículo 103 de la Ley 1474 de 2011.
38. Del contenido del auto en mención no se desprende un actuar temerario ni
negligente por parte de la Contraloría al decretar la medida cautelar. En efecto, la
decisión encontró sustento probatorio suficiente en los hallazgos consignados en la
auditoría realizada por el órgano de control, los cuales fueron posteriormente
corroborados mediante visita de verificación, así como en la explicaciones rendidas
por el ente territorial con ocasión del traslado del informe y en los informes de
interventoría obrantes en el expediente. Dicho acervo resultaba idóneo, en el
momento procesal en el que se tomó la decisión, para justificar la adopción de la
cautela, máxime si se considera que la normativa aplicable no impone, para su
decreto exigencias adicionales a: (i) la determinación de un monto razonablemente
suficiente para garantizar el eventual resarcimiento del detrimento patrimonial y (ii)
la ausencia de temeridad o mala fe en su adopción; presupuestos ambos
satisfechos en el presente asunto.
28 Samai, índice 56, expediente digital, archivo 1_Carpeta 1 PRF 979, folios 213 a 248.
15
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
39. Conviene precisar, además, que la circunstancia de que un proceso fiscal
culmine con fallo sin responsabilidad no torna, por sí sola, en ilegal la actuación de
la autoridad de control. Ello es así porque, según se expuso en precedencia, la
vigilancia y el control de la gestión fiscal constituye un mandato de estripe
constitucional que impone a la Contraloría el deber de iniciar un proceso de
responsabilidad fiscal cuando advierta, con fundamento en elementos objetivos, la
posible existencia de un daño al patrimonio público.
40. No puede perderse de vista que el artículo 267 de la Constitución Política le
asigna, de manera expresa, la función de “vigilar la gestión fiscal de la
administración”, de suerte que el ejercicio oportuno y diligente de dicha competencia
no puede equipararse a una actuación ilegítima por el solo hecho de que, surtido el
trámite respectivo, el investigado resulte exonerado de responsabilidad.
41. Finalmente, la Sala advierte que, aun en gracia de discusión, de llegar a
admitirse que la medida cautelar fue decretada de forma temeraria y
desproporcionada, tampoco sería procedente declarar la responsabilidad del
Estado. Ello por cuanto la parte demandante no acreditó el nexo de causalidad entre
el daño alegado y la actuación de la Contraloría, en tanto sobre el inmueble ya
pesaba una limitación al dominio desde el año 2013, esto es, que con dos años de
antelación al registro de la medida adoptada por la entidad demandada.
42. En efecto, del certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria núm. 300-113919, de propiedad de la sociedad demandante
Aser Ingeniería, se desprende, a partir de la anotación núm. 1529, que mediante
oficio núm. 98 del 17 de enero de 2013, el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de
Bogotá decretó el embargo del bien inmueble dentro de un proceso ejecutivo con
acción real. Dicha medida fue cancelada el 3 de diciembre de 2018, en cumplimiento
del auto del 13 de noviembre de 2018 proferido por la Superintendencia de
Sociedades dentro del trámite de reorganización empresarial de la referida
sociedad.
43. De igual manera, la Sala constató que sobre el inmueble recayeron múltiples
medidas de embargo, varias de ellas inscritas con posterioridad a la decretada por
la Contraloría, según se desprende de las anotaciones núm.. 17 a 2030 del
certificado de tradición y libertad. En dichas anotaciones figuran los embargos
ordenados en los procesos administrativos de cobro coactivo adelantados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la Alcaldía Mayor de Bogotá
y la Secretaría de Valorización de Bucaramanga, así como el decretado dentro de
un proceso declarativo de resolución de contrato de compraventa.
29 Folios 61 y 62 del Cuaderno de Pruebas
30 Folios 62 a 63 del Cuaderno de Pruebas
16
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
44. Lo anterior se corrobora con las comunicaciones remitidas por la sociedad
Prabyc Ingenieros a la demandante los días 22 de febrero y 17 de mayo de 201631,
de cuyo tenor se advierte con claridad que, con anterioridad al decreto y registro de
la medida adoptada por la Contraloría, ya pesaba sobre el inmueble otra limitación
derivada de un proceso ejecutivo. Aún más, al momento de suscribir el memorando
de entendimiento, las partes convinieron el saneamiento de los gravámenes que
afectaban el bien, para lo cual Prabyc Ingenieros se subrogaría en los procesos
adelantados en contra de la sociedad demandante, con miras a obtener el
levantamiento de las medidas y posibilitar la transferencia del inmueble al proyecto
que se pretendía desarrollar. No obstante, como se desprende de la comunicación
del 22 de febrero de 2016, el embargo que recaía sobre el inmueble desde el año
2013 no fue levantado, en razón a que la demandante adoptó – según allí se
consigna – “la decisión de hacer férrea resistencia al reconocimiento de PRABYC
INGENIEROS como cesionario, lo cual habría salvaguardando (sic) el inmueble
sobre el que pesaban los gravámenes.”
45. Así las cosas, la sociedad demandante no acreditó la relación de causalidad
entre el daño que reclama y la conducta asumida por la Contraloría con la adopción
de las medidas cautelares, puesto que el inmueble de su propiedad se hallaba
gravado con distintas medidas provenientes de autoridades diferentes de la
Contraloría, las cuales imposibilitaban que se transfiriera el dominio del predio en
desarrollo de los supuestos negocios celebrados por Aser Ingeniería.
46. Finalmente, en cuanto al cargo según el cual se habría vulnerado el derecho
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por omitirse la
valoración delas pruebas aportadas junto con el memorial mediante el cual se
descorrió el traslado de la contestación, la Sala considera que este cargo no está
llamado a prosperar.
47. El 20 de agosto de 2021, el juez de instancia, en el curso de la audiencia
inicial, resolvió negar los medios probatorios solicitados por la parte actora en el
traslado de las excepciones, al estimar que estos no guardan relación con la
excepción de ineptitud de la demanda32.
48. Durante la referida audiencia, la parte actora interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido en el efecto devolutivo ante esta Corporación.
49. En lo que respecta al efecto devolutivo de los recursos, el artículo 323 del
CGP dispone expresamente que “en este caso no se suspenderá el cumplimiento
de la providencia apelada ni el curso del proceso”. Asimismo, la citada norma
precisa que el hecho “… de no haberse resuelto por el superior recurso de apelación
en efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la sentencia.”
31 Samai, gestión en otros despachos, índice 41, archivo
32 Samai, gestión en otros despachos, expediente 67529, índice 2, 23_ED_AUDIENCIAINICIALRA(.RAR)
NroActua 2.
17
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
50. En consecuencia, el hecho de que se haya proferido sentencia sin que
previamente se hubiese resuelto un recurso concedido en el efecto devolutivo no
configura una vulneración al debido proceso, pues es la propia ley procesal la que
habilita la continuación del trámite e incluso la expedición de la sentencia.
51. Sin perjuicio de lo expuesto, resulta pertinente destacar que las pruebas
negadas por el a quo en la decisión del 20 de agosto de 2021 fueron posteriormente
incorporadas al proceso mediante auto del 27 de enero de 2021 33, y fueron objeto
de estudio y valoración al resolverse el recurso de apelación.
J. CONDENA EN COSTAS
52. El artículo 188 del CPACA dispone que salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
62.1. Por su parte, el artículo 365 del CGP señala que se condenará en costas “a la
parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto
(…)”.
62.2. En atención a la precitada regla y en vista de que no prosperó el recurso de
apelación, se condenará a la parte demandante a pagar las costas en segunda
instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de
primera instancia en los precisos términos de los artículos 365 y 366 del CGP,
incluidas las agencias en derecho.
K. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el
magistrado Fredy Ibarra Martínez.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
33 Folios 30 a 32 cuaderno principal. El despacho ordenó la incorporación de las pruebas documentales negadas
en primera instancia y las aportadas con el recurso y negó las testimoniales y los oficios, debido a que no
cumplieron con los requisitos para su decreto establecidos en los artículos 212 y numeral 2 del artículo 173.
18
Radicado: 25000-23-36-000-2020-00095-02 (68384)
Demandante: Aseringeniería Ltda
TERCERO: CONDÉNASE a la parte actora a las costas que se hubieren causado
en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen; inclúyanse
igualmente las agencias en derecho en segunda instancia, tásense de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Impedido
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclara Voto
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.