Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00132-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00132-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2020-00132-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Caja de Compensación de Subsidio Familiar Cajacopi Atlántico
Demandado: Nación – Superintendencia del Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Improcedente para solicitar la indemnización de
perjuicios por actos administrativos que se consideran ilegales / NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Mecanismo idóneo cuando el daño se deriva de
determinaciones de la administración que se habrían proferido sin competencia y con
motivación insuficiente / FACULTAD DE INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA – Está
orientada a determinar la acción procedente, con los consecuentes presupuestos
procesales, en virtud de la fuente del daño / FACULTADES DE LA SEGUNDA INSTANCIA
– El ad quem está habilitado para determinar la acción o medio de control al amparo del
cual se debió ejercer el derecho de acción / TÉRMINO DE CADUCIDAD - Es de 4 meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso / COSTAS – La condena se genera por
el hecho de haberse resuelto de manera desfavorable el recurso interpuesto.
1. La Sala decide la apelación presentada por la accionante contra la sentencia
anticipada del 13 de marzo de 2025, mediante la cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción
de caducidad.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La parte actora pretende que se condene a la demandada a indemnizarla por los
daños causados con la expedición, sin competencia y con motivación insuficiente,
del acto administrativo del 14 de abril de 2010, mediante el cual, en el marco de una
etapa de intervención para efectos de administración, dispuso la terminación del
contrato de trabajo de uno de sus empleados, quien promovió el respectivo proceso
ordinario laboral y obtuvo condena a su favor de primera instancia, que fue pagada
por la actora el 28 de diciembre de 2017, previa transacción durante la segunda
instancia. Al respecto, el a quo declaró probada la excepción de caducidad de la
reparación directa, por no haberse demandado dentro de los dos años siguientes al
fallo laboral de primera instancia, decisión cuestionada por la demandante, por
considerar que el cómputo debe hacerse desde el acuerdo extraprocesal que puso
fin a la controversia laboral.
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3.El 12 de marzo de 20201, la Caja de Compensación de Subsidio Familiar Cajacopi
Atlántico2, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda3 contra la Nación - Superintendencia del Subsidio Familiar4, con el
propósito de que se declarara su responsabilidad por los perjuicios derivados de la
decisión del 14 de abril de 2010, a través de la cual, durante el período en el que la
accionante estuvo intervenida con fines de administración, se ordenó la terminación
del contrato de trabajo del señor Eduardo Enrique Galofre Manotas, quien
posteriormente promovió un proceso laboral en el que se le reconoció una
indemnización que, previa transacción, fue asumida por la demandante. Al respecto,
pidió (transcripción literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de
digitación):
“1.1. Que se declare que la Superintendencia del Subsidio Familiar es
directamente responsable por los perjuicios económicos y el detrimento
patrimonial causado a la Caja de Compensación Familiar CAJACOPI
ATLÁNTICO, en razón de las sumas de dinero que se vio obligada a reconocer
y pagar al señor EDUARDO ENRIQUE GALOFRE MANOTAS, con ocasión de
la terminación de su contrato individual de trabajo sin justa causa ordenada por
la entonces Superintendente del Subsidio Familiar, doctora FLOR MODESTAS
GNECCO ARREGOCÉS.
”1.2. Que se REPARE el daño económico a través de la restitución por parte de
la Superintendencia del Subsidio Familiar, de las sumas pagadas por la Caja de
Compensación Familiar CAJACOPI ATLÁNTICO al señor EDUARDO
ENRIQUE GALOFRE MANOTAS, con ocasión de la terminación de su contrato
individual de trabajo sin justa causa ordenada por la entonces Superintendente
del Subsidio Familiar (…), en una suma equivalente a MIL CUARENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.043.430.084) más los intereses
moratorios causados desde el 28 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de pago
efectivo (…).
1.3. Subsidiariamente, que se REPARE el daño económico a través de la
restitución por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, de las sumas
pagadas por la Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLÁNTICO al
señor EDUARDO ENRIQUE GALOFRE MANOTAS, con ocasión de la
terminación unilateral y sin justa causa de su contrato individual de trabajo,
ordenada por la entonces Superintendente del Subsidio Familiar, doctora FLOR
MODESTA GNECCO ARREGOCES, en una suma equivalente a MIL
CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA
Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.043.430.084)
debidamente indexados con base en el Índice de Precios al Consumidor IPC
desde el 28 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de pago efectivo (…).
1.4. Que se condenen costas y agencias en derecho a la entidad demandada”.
1
Expediente híbrido. Según constancia de radicación obrante de folios 1 a 43 del cuaderno 1. Las
actuaciones de primera instancia obran en el Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2
Nombre tomado de la certificación del 11 de marzo de 2020 expedido por la demandada y que obra
en el folio 45 del cuaderno del Consejo de Estado. En adelante Cajacopi, la caja de compensación,
la accionante, la demandante, la demandada.
3
La demanda fue admitida el 21 de abril de 2021, previo requerimiento del 25 de septiembre de
2020, para que la parte actora precisara los hechos, y allegara el escrito en formato digital.
4
De conformidad con el artículo 3 del Decreto 4108 de 2011, la Superintendencia del Subsidio
Familiar es una entidad sin personería jurídica adscrita al Ministerio del Trabajo.
2
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
4.Como fundamentos fácticos relevantes, en síntesis, se indicaron los siguientes:
5.El señor Eduardo Enrique Galofre Manotas estuvo vinculado laboralmente con
Cajacopi desde el 2 de mayo de 1998, siendo su último cargo el de director
administrativo, del que fue suspendido el 24 de abril de 2007, con ocasión de la
medida de aseguramiento impuesta en un proceso penal adelantado por los delitos
de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en
la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Estas
diligencias terminaron sin condena5.
6.A su vez, la accionante fue intervenida el 16 de enero de 2008 por la
Superintendencia de Subsidio Familiar, la cual designó como agente especial al jefe
de la oficina jurídica de la entidad, quien, el 26 de marzo de 2010, le solicitó a la
Superintendente “autorización” para terminar por justa causa el contrato del
empleado citado, en cuanto habría incurrido en hechos graves, al suscribir de
manera irregular el pagaré 001 del 29 de diciembre de 2005, tal como la accionada
lo determinó en la Resolución sancionatoria 0648 del 1° de diciembre de 2009.
7.El 14 de abril de 2010, la demandada resolvió “SE ORDENA AUTORIZAR”6 la
terminación del contrato de trabajo pedida por el agente especial, que fue
materializada el 26 de abril siguiente por el director administrativo, previa solicitud
del agente especial.
8.Con fundamento en lo anterior, el señor Galofre Manotas demandó ante el Juzgado
8° Laboral del Circuito de Barranquilla, despacho que emitió sentencia a su favor el
2 de julio de 2015, en la que se declaró injusto el despido, se reconoció una
indemnización por valor de $589’555.540 a cargo de Cajacopi y se absolvió a la
Superintendencia del Subsidio Familiar.
9.Esta decisión fue apelada por la condenada y, en el marco de la segunda instancia,
Cajacopi y el entonces actor celebraron el 28 de diciembre de 2017 un contrato de
transacción, que dio lugar a un pago de $850’000.000, efectuado el mismo día, y la
transferencia de $193’430.084, por concepto de aportes a la seguridad social. Tal
acuerdo comprendió, además, las sumas reclamadas por el actor en otro proceso7
adelantado respecto de los ingresos dejados de percibir durante el lapso que estuvo
suspendido con ocasión del proceso penal.
10.Según la demanda, la decisión del 14 de abril de 2010 fue proferida por la entonces
superintendente sin competencia y con motivación insuficiente, en cuanto no se
indicó la causal legal que habilitaba la terminación del contrato de trabajo8.
5
Según sentencia absolutoria del 31 de julio de 2013, proferida por el Juzgado 2° Penal del Circuito
de Ibagué.
6
Folio 7 del escrito inicial subsanado.
7
Para tal fin, en la demanda se referenció el litigio iniciado el 29 de octubre de 2010, que le
correspondió al mismo Juzgado 8° Laboral del Circuito de Barranquilla, radicado 08001-31-05-008-
2013-00494-00, cuyo objeto era el reconocimiento de los ingresos dejados de percibir entre el 28 de
marzo de 2008 y su despido (26 de abril de 2010). La primera fecha corresponde a aquella en la que
el implicado solicitó el reintegro a su cargo, con ocasión del permiso para trabajar otorgado por las
autoridades penales, petición que no fue atendida. En tal causa, se dictó sentencia parcialmente
favorable al trabajador en ambas instancias.
8
En la demanda fueron incluidos varios supuestos relacionados con una suspensión previa del
contrato laboral del señor Galofre Manotas y los ingresos de tal época. Hechos que no se detallan
3
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
Contestación de la demanda
11.La Nación-Superintendencia del Subsidio Familiar9 alegó la excepción de
caducidad, por cuanto el despido del señor Galofre Manotas fue autorizado el 14 de
abril de 2010 y esa decisión se cumplió el 26 de abril de ese mismo año, de ahí que
la demanda radicada el 12 de marzo de 2020 resultara extemporánea, conclusión a
la que también se llegaría si se tomara como referencia: i) la fecha en la que el
Juzgado 8° Laboral del Circuito de Barranquilla emitió sentencia en la que declaró
injusto el despido; o ii) aquella en la que se agotaron las conversaciones que
precedieron el acuerdo de transacción, las cuales tuvieron lugar en septiembre de
2017.
12.También planteó su falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto no tuvo
vínculo laboral con el señor Galofre Manotas, ni participó en la transacción que dio
lugar al pago objeto de reclamación, acuerdo que fue celebrado por decisión
exclusiva de Cajacopi Atlántico, que, incluso, aceptó montos adicionales a los
derivados de la indemnización aplicable en estos eventos.
13. En todo caso, la eventual “recomendación” para el despido no desplazó la voluntad
de la entonces empleadora, la cual, finalmente, fue la que decidió finiquitar el
respectivo contrato de trabajo. Agregó que no incurrió en ninguna falencia, sino que
actuó en los términos de ley, al punto que en el proceso laboral fue absuelta.
Sentencia de primera instancia
14.La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia anticipada del 13 de marzo de 2025 10, declaró
probada la excepción de caducidad11. Explicó que, aunque el hecho generador del
daño se materializó el 14 de abril de 2010, con la autorización del despido objeto de
cuestionamiento, la demandante conoció el daño hasta el 2 de julio de 2015, en
virtud de la sentencia de primera instancia que declaró que la desvinculación no
tuvo una justa causa y ordenó el pago de la respectiva indemnización. De este
modo, la demanda debía presentarse dentro del bienio siguiente a esa decisión, sin
que se procediera de conformidad, pues el escrito inicial se radicó hasta el 12 de
marzo de 2020.
15.Según el a quo, la interposición de recursos contra lo decidido por el juez laboral no
era relevante para el cómputo respectivo, porque la sentencia que profirió, al
margen de la segunda instancia, era suficiente para inferir la irregularidad en la que
en el presente acápite, dado que para los fines del sub-lite resultan relevantes los referentes “a la
terminación de su contrato individual de trabajo sin justa causa”, según lo delimitado en el capítulo
de pretensiones.
9
Previa notificación. El memorial obra a índice 12 de Samai.
10
Índice 63 de Samai.
11
De manera previa, el Tribunal, mediante auto del 11 de noviembre de 2021, declaró probada la
excepción de caducidad, porque no se demandó dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que
en la primera instancia del proceso penal se determinó que el despido era injusto (2 de julio de 2015).
Contra esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación, frente al cual esta Corporación
se pronunció el 21 de febrero de 2023, en el sentido de devolver las diligencias a la primera instancia,
porque la decisión debía adoptarse mediante sentencia anticipada. En concordancia, a través de
auto del 6 de diciembre de 2024, el a quo adecuó el trámite para dictar fallo en los términos indicados.
4
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
habría incurrido la accionada, al punto de que fue, precisamente, el fundamento
para llegar a un acuerdo extraprocesal con el afectado.
16.El Tribunal desestimó el 28 de diciembre de 2017, –fecha del contrato de transacción
y de desembolso del monto acordado–, como hito para contar el plazo para
demandar, por cuanto desde una fecha anterior –2 de julio de 2015– la demandante
conoció el daño, entendido como la ausencia de fundamento de la desvinculación
laboral. En todo caso, el sub lite no correspondía a un proceso de repetición, por
tanto, no era determinante la fecha de pago.
17.Finalmente, la parte actora, por haber resultado vencida, fue condenada en costas,
para lo cual se fijaron $5’217.150 por agencias en derecho, correspondiente al 0.5%
del valor de las pretensiones negadas.
Recurso de apelación
18. La demandante apeló12, por considerar que la sentencia laboral de primera
instancia del 2 de julio de 2015 no podía tomarse como parámetro para efectos de
la caducidad, dado que fue recurrida de manera oportuna. Explicó que,
precisamente, ante la evidencia de que se encontraba en curso la segunda
instancia, y con el fin de ponerle fin al litigio, suscribió el acuerdo de transacción del
28 de diciembre de 2017, cuyo pago materializó el daño por el que demanda y, en
esa medida, corresponde al referente para contar el término para demandar.
Trámite de segunda instancia
19. El 1° de octubre de 202513, esta Corporación admitió la apelación interpuesta por
la accionante e informó a las partes y al Ministerio Público que podían intervenir
hasta la ejecutoria del referido auto y el ingreso del expediente al despacho para
fallo, respectivamente. No hubo pronunciamientos en segunda instancia.
CONSIDERACIONES
20.La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, por lo cual procede a resolver en segunda instancia el presente asunto. En
este contexto, examinará la oportunidad de la demanda, presupuesto procesal que
debe verificarse incluso de oficio, y que presupone la determinación de la acción o
medio de control procedente14, en tanto de ello depende el término para ejercer el
derecho de acción —no del trámite a seguir15—, en función de la causa que motiva
al interesado a acudir a la justicia.
12
Índice 67 de Samai.
13
Índice 3 de Samai.
14
La Sala ha considerado que la vía procesal idónea es un aspecto que debe ser analizado de oficio
por el juez, incluso en segunda instancia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 13 de agosto de 2024 y 11 de agosto de 2025,
expedientes 69.872 y 70.074, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
15
Al respecto, esta Subsección ha indicado que el medio de control es un rótulo que describe el tipo
de litigio y su origen, sin que determine el procedimiento a seguir, el cual es único tratándose de
reparación directa, nulidad y restablecimiento, y controversias contractuales, de manera que la
denominación invocada por el interesado no altera el trámite de las diligencias. Así se ha precisado:
“Para determinar el nombre del medio de control que rotule una determinada controversia, se debe
estudiar el contexto en el cual ésta surge, es decir, la causa que motiva al interesado a acudir a la
5
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
21.En el sub lite, la accionante indicó que se trataba de una controversia propia del
medio de control de reparación directa; sin embargo, las pretensiones se edifican
en la supuesta ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular, lo que
impone estudiar, aunque las partes no lo hubiesen alegado, si el debate es propio
de dicho medio de control o del de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
consecuente plazo de caducidad.
Sobre la identificación de la causa petendi y la acción idónea
22.Para resolver los puntos antes indicados, la Sala precisará el contexto en el que se
profirió el acto administrativo invocado como fundamento del petitum:
23.El 16 de enero de 200816, mediante la Resolución No. 0019, la Superintendencia
del Subsidio Familiar decidió “INTERVENIR TOTALMENTE, como medida cautelar,
la administración de (…) Cajacopi Atlántico”, para lo cual: i) designó al señor Alberto
Mejía Gallo —jefe de la oficina jurídica de la accionada— como agente especial de
intervención17; ii) removió del cargo de director administrativo al señor Luis Eduardo
Vargas Ríos, quien estaba en reemplazo del señor Eduardo Enrique Galofre
Manotas18, dada la suspensión de su contrato de trabajo desde el 24 de abril de
200719; y iii) nombró como director administrativo encargado al señor German
Enrique Madero Pérez.
24. En el marco de lo anterior, el 26 de marzo de 201020, el agente especial pidió
autorización a la Superintendente para terminar, por justa causa, el contrato de
trabajo del señor Galofre Manotas, pues, mediante la Resolución 0648 del 1° de
diciembre de 2009, había sido sancionado por la entidad por una falta grave
cometida durante el ejercicio de su cargo de director administrativo de la parte
actora. La solicitud fue atendida el 14 de abril de 2010, en los siguientes términos21
(transcripción literal, con sus propios énfasis, errores ortográficos y de digitación):
administración de justicia, lo cual, a su vez, concretará las características del ejercicio del derecho
de acción, a fin de determinar si se reúnen, entre otros, los presupuestos para acreditar la
legitimación procesal de dicho sujeto, la oportunidad en la presentación de la demanda o la
necesidad de agotar requisitos de procedibilidad, como el trámite de la conciliación prejudicial en
derecho. Esclarecido ello, el juzgador deberá analizar, con base en lo demostrado a lo largo del
proceso, si el accionante reunió los requisitos de orden material para obtener una sentencia favorable
a sus pretensiones.
En el evento en el que el demandante mencione un medio de control diferente para ventilar este tipo
de controversias, esta circunstancia no impide que se emita una sentencia de mérito, siempre que
se cumpla con los presupuestos procesales. Como los litigios que giran en torno a los medios de
control de reparación directa, controversias contractuales y nulidad con restablecimiento del derecho
se tramitan bajo el mismo proceso (en su naturaleza), de forma que no existe adecuación alguna
que se debe efectuar sobre el trámite cuando se aduzca un epígrafe diverso al que se considere
procedente” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, expediente. 70.247).
16
Archivo 4.5 del CD 1 del cuaderno 2 del expediente físico.
17
Que asumiría“las funciones propias del Consejo Directivo”.
18
Empleado que se vinculó a Cajacopi mediante contrato suscrito el 2 de mayo de 1988, en el cargo
de administrador de personal y servicios. El 28 de junio de 2001 fue nombrado director administrativo
de la caja (archivos 4.1 y 4.2 del CD 1 del cuaderno 2).
19
Con ocasión del trámite en su contra de un proceso penal, según la información obrante en los
archivos 4.3 y 4.4. del CD 1 del cuaderno 2.
20
Folio 2 del documento obrante en el archivo 4.7 del CD 1 del cuaderno 2.
21
Ibídem.
6
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
“SE ORDENA:
“AUTORIZAR, al agente especial de intervención administrativa de la caja de
compensación familiar CAJACOPI para que dé por terminado el contrato de
trabajo celebrado entre el doctor EDUARDO ENRIQUE GALOFRE MANOTAS
y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, por justa causa, de conformidad
con lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
concordantes.
CÚMPLASE”
25.A través de oficio del 19 de abril de 201022, radicado el 21 siguiente, el agente
especial le solicitó al director administrativo el cumplimiento de lo anterior23, para lo
cual anexó copia de la decisión. Este requerimiento fue atendido mediante escrito
del 26 de abril siguiente24, a través del cual se le informó al señor Galofre Manotas
la terminación de su contrato laboral a partir de esa fecha, en cumplimiento de la
autorización otorgada y la instrucción impartida por el señor Mejía Gallo.
26.Posteriormente, el afectado promovió proceso ordinario ante el Juzgado 8° Laboral
del Circuito de Barranquilla, con radicado “2014-00362”25, en el que se dictó
sentencia el 2 de julio de 201526, en la que, al verificarse una falta de inmediatez
entre la conducta imputada y la decisión de despido, se decidió: i) declarar que el
contrato de trabajo terminó sin justa causa; ii) condenar a Cajacopi al pago de una
indemnización de $589’555.540; y iii) absolver a la Superintendencia del Subsidio
Familiar, llamada en garantía, “toda vez que el despido lo realizó efectivamente el
director administrativo de la caja”. La empleadora interpuso recurso de apelación
frente a la configuración de un motivo legítimo para finalizar el vínculo, sin
controvertir el monto de la indemnización, ni la absolución de la Superintendencia.
En el expediente no obra constancia del trámite surtido en segunda instancia.
27. El 28 de diciembre de 201727, Cajacopi28 y el señor Galofre Manotas29 celebraron
un acuerdo de transacción, con el fin de poner fin al litigio citado 30, el cual se
encontraba en trámite de segunda instancia ante la Sala Laboral del Tribunal
22
Archivo 7 del cuaderno 2 del expediente físico.
23 Oficio en el que se indicó (se transcribe literal):
“En mi condición de Agente Especial de manera atenta le solicito se sirva proceder a dar
cumplimiento a la directriz fijada por la Señora SUPERINTENDENTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR
en cuanto a dar por terminado el Contrato de Trabajo celebrado entre CAJACOPI ATLÁNTICO y el
señor EDUARDO ENRIQUE GALOFRE MANOTAS, por justa causa de conformidad con lo señalado
en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes, dados los argumentos expuesto
en el auto del 14 de abril de 2010 del cual para los fines pertinentes le adjunto una copia” (archivo
4.7 del CD 1 del cuaderno 2) (se destaca).
24 Documento que obra en el CD del cuaderno 2.
25 En el expediente obra el auto admisorio del 2 de septiembre de 2014 correspondiente a dicha
causa, en el cual el número de radicación se consignó en los términos señalados, sin incluir más
dígitos.
26 Decisión que se dictó en audiencia, cuyo registro de video obrante en el CD 1 del cuaderno 2.
27 Documento 4.14 del CD 1 del cuaderno 2.
28 A través de la señora Margarita Amaris Gutiérrez de Piñeres, en su calidad de directora
administrativa y representante legal de la caja.
29 Por medio de su apoderado.
30 El acuerdo también comprendió los derechos debatidos en el proceso 2013-00494, promovido por
el señor Galofre Manotas ante el Juzgado 8° Administrativo del Circuito de Barranquilla y que en
segunda instancia fue radicado bajo el consecutivo 54.893, con el fin de que se le reconocieran los
ingresos dejados de percibir durante el período de suspensión de su contrato de trabajo, por cuenta
de las diligencias penales adelantadas en su contra y que concluyeron con decisión favorable en
2013.
7
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
Superior de Barranquilla. Al respecto, pactaron un pago por $850’000.00031, que se
efectuaría a más tardar el 31 siguiente32, y la radicación por parte del beneficiario
de un memorial de desistimiento ante la autoridad competente, con el fin de dar por
terminado el proceso judicial.
28. Con fundamento en los anteriores hechos, la demandante pretende que se
condene a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en concreto, por haber
proferido la decisión del 14 de abril de 2010 sin competencia, toda vez que la
facultad para terminar los contratos de trabajo de su personal radicaba en su director
administrativo, según lo previsto en el artículo 55 de la Ley 21 de 1982. De este
modo, resulta evidente “la extralimitación de las funciones por parte de la (…)
entonces Superintendente del Subsidio Familiar en la expedición del auto del 14 de
abril de 2010, toda vez que se atribuyó facultades que no le habían sido asignadas
por la ley”33; además, omitió indicar la justa causa legal que se habría configurado,
de ahí que la respectiva determinación “no solo estaba por fuera de las funciones
de su cargo (…), sino también violaba las disposiciones laborales relacionadas con
la terminación de un contrato individual de trabajo con justa causa dispuestas en el
literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo”34
29. La accionante enfatizó que “lo dispuesto en el acto administrativo del 14 de abril de
2010 expedido por la entonces Superintendente (…) corresponde a un acto de
carácter definitivo, pues, resolvió una controversia impartiendo una orden perentoria
(…) que generó un efecto jurídico (…) al haber quedado en firme y gozar de
presunción de legalidad por no haber sido declarado nulo ni suspendido por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, era de obligatorio cumplimiento por
parte de la caja de compensación, no pudiendo oponerse a su ejecución ni el
entonces Agente Especial de Intervención, ni el Director Administrativo de la Caja”35.
30.La Sala precisa que la imputación de responsabilidad se estructuró exclusivamente
en la vulneración del ordenamiento jurídico atribuida a la Superintendencia del
Subsidio Familiar al proferir la citada determinación. No se formuló reproche alguno
relacionado con la designación del agente especial, ni con las actuaciones
desarrolladas en ejercicio de sus funciones, tampoco del algún hecho u omisión de
la demandada durante el proceso de intervención.
31.En consecuencia, el examen se circunscribirá a la causa petendi al amparo de la
cual se promovió la litis, sin que le corresponda a la Sala abordar otros aspectos de
la intervención administrativa ordenada, pues el juez está facultado para determinar
la acción o medio de control a través de la cual se deben debatir los asuntos de
31
Las partes no indicaron qué monto o proporción correspondía a cada una de las causas
pendientes. Adicionalmente, en lo relacionado con el expediente 54.893, acordaron: “El pago de la
seguridad social, de acuerdo a lo establecido en las sentencias proferidas en el expediente radicado
con el número 54.893, deberán ser canceladas a más tardar el 15 de Febrero de 2018, debiendo
entregarse al señor GALOFRE los soportes de pago de la seguridad social a más tardar el 15 de
Febrero de 2018”.
32
En el CD aportado con la demanda reposa un archivo identificado como “4.15
20171228_COMPROBANTE PAGO TRANSACCIÓN.15 20171228_COMPROBANTE PAGO
TRANSACCIÓN.1520171228_COMPROBANTE PAGO TRANSACCIÓN”, cuyo contenido no resulta
legible.
33
Folio 32 de la demanda corregida.
34
Folio 36 de la demanda integrada.
35
Folio 39 de la demanda.
8
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
conocimiento de esta jurisdicción, según lo alegado por los interesados, sin que le
esté dado alterar o sustituir la causa petendi.
32.En las condiciones analizadas, la controversia se centra en la determinación
adoptada el citado 14 de abril de 2010, que, según la demanda, se habría proferido
sin competencia y con motivación insuficiente. Acusaciones que dejan en evidencia
un juicio de reproche a la presunción de legalidad del acto, seguido de la
reclamación de una indemnización por los perjuicios causados.
33.De este modo, la discusión debió encauzarse bajo los términos de la nulidad y
restablecimiento del derecho, por ser la idónea para controvertir las decisiones de
carácter particular y concreto de la Administración36, aunado a que permite
materializar “el principio de reparación integral, porque al cuestionar la legalidad del
acto administrativo particular el actor no solo [puede] pedir lo referente al
restablecimiento del derecho, sino también la indemnización de los perjuicios
causados”37.
34.Los argumentos expuestos por las partes y el contenido de la decisión emitida por
la Superintendencia del Subsidio Familiar suscitan interrogantes frente a su alcance,
en punto de si se trató de una orden o de una autorización. En todo caso, en
cualquiera de las hipótesis, y tratándose de la accionante, se presenta un acto
administrativo demandable. En el caso del señor Galofre Manotas el escenario es
diferente, pues el pronunciamiento de la entidad demandada no puso fin a su vínculo
laboral, dado que ello se dio a partir de la manifestación por su empleadora emitida
el 26 de abril de 2010, por conducto del director administrativo.
35.En efecto, si se estima que se impartió una orden a Cajacopi —consistente en
terminar el vínculo laboral de uno de sus trabajadores—, por tratarse de una carga
impuesta a la caja entonces intervenida, resulta clara la procedencia del control
judicial, a efectos de determinar si la accionada estaba habilitada para emitir
exigencias en ese sentido. En todo caso, el petitum se edificó, precisamente, en
esta premisa, cuya configuración la actora debía debatir y acreditar ante el juez
natural, a través del medio de control idóneo.
36.De otro lado, de considerarse que la determinación emitida el 14 de abril de 2010,
correspondió a una autorización para que el agente especial —destinatario
expreso— despidiera a un trabajador de la demandante, también se configuraría un
acto administrativo demandable, pues las decisiones de esa naturaleza comportan
la concesión de una facultad cuyo ejercicio —máxime cuando se estima ilegal—
tiene la suficiencia de afectar sujetos distintos del autorizado, en este caso el
organismo cooperativo demandante, dada su condición de empleador del trabajador
desvinculado y sujeto al que le correspondía materializar la decisión.
36
Excepto los actos administrativos expedidos con ocasión de un contrato estatal.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de mayo de 2020, expediente 54.413, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
9
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
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Referencia: Reparación directa
37.Al respecto, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 11 de
noviembre de 202138, precisó que los actos administrativos de autorización son
enjuiciables cuando crean una situación jurídica concreta o producen efectos
jurídicos directos sobre los administrados, así:
“Así las cosas, si se revisa el contenido de la Resolución Superior No.023 de 8
de noviembre de 2004 (…), se puede observar que en la reunión del Consejo
Superior Universitario efectuada el día 8 de noviembre de 2004, este aprobó
por unanimidad autorizar al rector de la Universidad del Atlántico para que la
institución se acoja a la Ley 550 de 1999, cumpliéndose así los requerimientos
estatutarios prescritos para tal efecto y, por tanto, como artículo único se
autoriza al rector para que la Universidad del Atlántico se someta a las
disposiciones de la referida ley y sus decretos reglamentarios, previa solicitud
del cumplimiento de los requerimientos exigido para tal efecto (…).
En este sentido, se observa que, el acto administrativo así proferido tiene la
naturaleza propia de los actos de carácter particular y concreto, por cuanto se
trata de facultar al rector para realizar y ejecutar una actividad de carácter
administrativo (…).
La voluntad de la administración está orientada a otorgar una autorización al
rector del centro académico para realizar una acción de salvamento de la
entidad (…).
(…) De lo descrito, adicionalmente ratifica la Sala su competencia para conocer,
pues este tipo de actos administrativos demandados son expedidos dentro del
trámite inicial del procedimiento de (…), el primero como requisito de
autorización y el segundo para dar inicio a la actuación y, por tanto, no
constituyen el acto administrativo definitivo del procedimiento descrito, sino que
resultan por su esencia actos de trámite (…), pero que, en tanto crean una
situación jurídica en concreto, como lo es, la de permitir que la persona
jurídica solicitante pueda mediante un acuerdo de reestructuración de pasivos
llegar a un convenio vinculante como empresario deudor y sus acreedores, son
susceptibles de ser controlados jurisdiccionalmente (…).
En efecto, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han avalado la
posibilidad de demandar actos que no sean definitivos, cuando estos,
constituyan una situación jurídica en concreto:
(…) el que un acto sea definitivo, no depende siempre de hallarse situado
en el final del trámite, pues puede ser que cierre un ciclo autónomo de la
actuación administrativa claramente definido y que como tal pueda ser
impugnado mediante la acción de nulidad (…)”.
38.Aclarado que, en efecto, el sub lite versa sobre un acto enjuiciable, la Sala precisa
que la procedencia de las acciones o medios de control en ejercicio de los cuales
se deben promover los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no depende de
la denominación invocada por el interesado —verbigracia, reparación directa—,sino
del origen del menoscabo alegado y del fin pretendido. Aspectos que, en aplicación
del principio iura novit curia39, el operador judicial debe analizar de oficio, incluso en
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 11 de
noviembre de 2021, expediente 11001-03-24-000-2006-00122-00, M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
39
De acuerdo con el principio iura novit curia, le “corresponde al juez la aplicación del derecho con
prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el juzgador,
a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y
dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y
subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”. Al respecto, ver sentencias de la Corte
10
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
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segunda instancia40, a efectos de determinar si la causa petendi es consecuente
con la vía alegada por el accionante, así como para establecer las características
particulares o presupuestos procesales a los que en el caso concreto se encontraba
sujeto el derecho de acción —como el plazo para accionar o el agotamiento de
requisitos de la vía administrativa, tratándose de juicios de legalidad subjetiva—.
39.En este asunto, como se explicó, la parte actora sustenta sus pretensiones en la
ilegalidad del acto administrativo del 14 de abril de 2010. En efecto, en el libelo
desarrolla el concepto de la violación y señala que la demandada se extralimitó en
sus funciones indicando: “a pesar de que ninguna función otorga capacidad a quien
desempeñe el cargo de Superintendente del Subsidio Familiar para ordenar y/o
autorizar la terminación del contrato individual de trabajo de un trabajador que preste
sus servicios personales a una de las cajas de compensación familiar bajo su
vigilancia”, enfatizando que esa facultad es exclusiva del Ministerio de Trabajo y en
que los funcionarios públicos “solamente pueden hacer aquello para lo cual están
expresamente facultados por el ordenamiento". De otra parte, cuestiona la
motivación argumentando que: “nótese que en el contenido de la parte considerativa
del citado acto administrativo del 14 de abril de 2010 brilla por su ausencia cualquier
especificación de cuál fue la justa causa legal que motive la determinación de dar
por terminado el contrato individual de trabajo del señor EDUARDO ENRIQUE
GALOFRE MANOTAS, de las contempladas en la legislación laboral a la que la
funcionaria hizo referencia en el último inciso transcrito”. Adicionalmente, plantea
expresamente la violación de normas superiores planteando que la Superintendente
del Subsidio Familiar ““no solo estaba por fuera de las funciones de su cargo como
ya se demostró, sino también violaba las disposiciones laborales relacionadas con
la terminación de un contrato individual de trabajo con justa causa dispuestas en el
literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo”. De otra parte, no se
advierte un cuestionamiento derivado de alguna irregularidad en su ejecución.
40.La Subsección41 ha precisado que las pretensiones de reparación directa son
procedentes en los casos en que el origen del daño es un hecho, omisión, operación
administrativa o en una manifestación de voluntad que se expide en ejercicio de la
función administrativa, pero, en este último caso, siempre que no se cuestione su
legalidad.
«Ahora la nulidad y restablecimiento del derecho, procede en aquellos eventos
en los cuales el daño deviene de un acto administrativo que se considera ilegal;
Constitucional T-851 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-596 de 2015. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
40
Facultad ejercida por esta Subsección en varios procesos, entre otros, sentencias del 28 de junio
y del 13 de agosto de 2024, expedientes 67.119 y 69.872, M.P. María Adriana Marín y Fernando
Alexei Pardo Flórez.
41
Auto del 27 de febrero de 2026, rad 05001-23-33-000-2025-00345-01 (73.474). M.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 16079, M.P. Ramiro Saavedra
Becerra. Igualmente, en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, auto del 10 de noviembre de 2017, exp: 59.236. Respecto de la procedencia
excepcional de la acción de reparación directa cuando el daño proviene de actos administrativos ver:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Expediente: 52001-23-31-000-1999 00959-
01(26437), M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
Expediente: 68001-23-33-000-2015-00479-01(55349), M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2005, Radicado: 27842, M.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
11
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
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mientras que las pretensiones de reparación directa se formulan en aquellos
casos en los que la afectación se deriva de un hecho, omisión, operación
administrativa o en una manifestación de voluntad que se expide en ejercicio
de la función administrativa, siempre que no se cuestione su legalidad1642.
Conforme a lo anterior, se puede afirmar que “el criterio útil para determinar la
acción procedente para reparar los daños ocasionados por la Administración
es el origen de los mismos”1743, de manera que la procedencia de una u otra
vía procesal depende de la causa del daño que se estima irrogado y ello, “a su
vez, fija la técnica apropiada en la formulación de las pretensiones y la
oportunidad en el tiempo para hacerlas valer”1844. (…)
Como se expuso la parte demandante ha acudido a la jurisdicción invocando
que el daño que ha padecido lo causó la expedición de un acto administrativo.
En ese sentido, es preciso recordar que la Sección Tercera de esta
Corporación1945 ha señalado que la acción de reparación directa resulta
procedente, excepcionalmente, cuando el daño proviene de un acto
administrativo. Para el efecto, se ha dicho que tiene ocurrencia en los
siguientes eventos: (i) cuando se pretende la reparación de los daños causados
por un acto administrativo frente al cual no se pide nulidad, por cuanto reconoce
que el ejercicio de la función administrativa ajustado al ordenamiento jurídico
puede generar un rompimiento del equilibrio de las cargas públicas que deben
soportar todos los ciudadanos, eventos en los que el título de imputación
utilizado ha sido el de daño especial por provenir los perjuicios de una actividad
lícita y legítima del Estado; (ii) cuando la fuente del daño proviene de la
ejecución de un acto administrativo general que haya sido objeto de revocatoria
directa o de anulación por parte de la jurisdicción, siempre y cuando no se haya
consolidado la situación jurídica y (iii) cuando el daño proviene de la ejecución
irregular de un acto administrativo»46.
41.En estas condiciones, en la medida en que, los reparos se dirigen a cuestionar la
legalidad del acto administrativo del 14 de abril de 2010 expedido por la demandada,
se reúnen los supuestos propios de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, al amparo de la cual se definirá la segunda instancia y se establecerá si la
demanda se presentó dentro del término de caducidad aplicable, estudio que se
agotará en el siguiente acápite.
42
Nota al pie 16 del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
Igualmente, en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp: 59.236
43 Nota al pie 17 del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2013, exp. 27278. C.P. Hernán Andrade
Rincón.
44 Nota al pie 18 del texto original: Ibidem.
45 Nota al pie 19 del texto original: Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
Expediente: 52001-23-31-000-1999 00959-01(26437), CP:. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, Expediente: 68001-23-33-000-2015-00479-01(55349), CP:
Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2005,
Radicado: 27842, CP: Alier Eduardo Hernández Enríquez. En el mismo sentido, se puede consultar:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del
25 de octubre de 2017. CP. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
46
Auto del 27 de febrero de 2026, rad 05001-23-33-000-2025-00345-01 (73.474). M.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.
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Referencia: Reparación directa
Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción
42.El acto administrativo en el que se edifican las pretensiones, y cuya nulidad debió
solicitar de manera expresa la accionante47, fue proferido el 14 de abril de 2010; es
decir, bajo las reglas del Decreto 01 de 1984, cuyo artículo 4448 establecía el deber
de notificación personal, con el consecuente procedimiento para agotarla. En el
expediente no obra la constancia de dicha diligencia respecto de Cajacopi, pues
solo se allegó la comunicación del 21 de abril siguiente del agente interventor al
director administrativo y representante legal49 —German Enrique Madero Pérez—.
43.Ante lo anterior —ausencia de la prueba de la notificación en los términos de ley—
se debe recurrir a lo dispuesto en el artículo 48 ejusdem50, que impone que se tenga
por no hecha tal actuación, “a menos que la parte interesada, dándose por
suficientemente enterada, convenga en ella”, lo que equivale a la configuración de
la notificación por conducta concluyente.
44.En este caso, la Sala advierte que el director de la caja de compensación
accionante, procedió el 26 de abril de la misma anualidad en los términos señalados
en la decisión debatida, en lo relacionado con la terminación del contrato de trabajo
del trabajador Galofre Manotas. Esta situación resulta relevante para fines de
caducidad.
45.En efecto, si se considera que la notificación se surtió por conducta concluyente el
último de los días referenciados, el término para demandar establecido en el artículo
136.2 del CCA51 hubiese transcurrido entre el 27 de abril de 2010 y 27 de agosto
posterior, pese a lo cual la demanda se radicó el 12 de marzo de 2020.
47
Lo que no hizo, para, en su lugar, formular la demanda de reparación directa de la referencia.
48
“Artículo 44. Deber y forma de notificación personal. Las demás decisiones que pongan término a
una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o
apoderado.
Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma
manera.
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le
enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por
primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal
propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro
de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.
No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades
encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la
correspondiente anotación.
Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la
decisión, si ésta es escrita.
En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este Código”.
49
Según el artículo 55.1 de la Ley 21 de 1982, el director administrativo tiene a su cargo la
representación legal de la caja de compensación.
50
“Artículo 48. Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no
se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos
legales.
Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones
respectivas en el caso del artículo 46”.
51
“(…) 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el
caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en
cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
13
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Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
46.La accionante promovió el trámite de conciliación extrajudicial el 26 de noviembre
de 201952 y se declaró fallido el 26 de febrero de 202053, circunstancia que no afecta
el cómputo de la caducidad, dado que para la fecha de radicación ya se había
cumplido el plazo pertinente.
47.El legislador estableció el lapso dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción
en procesos como el analizado, que, una vez vencido, cierra la posibilidad de
demandar el respectivo acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
entendimiento objetivo que “le otorga certeza y estabilidad a la institución de la
caducidad”54 y bajo el cual la prolongación de las consecuencias de la alegada
decisión administrativa no cuenta con la aptitud de modificar su carácter definitivo.
48.Con todo, aun si se considerara que la posibilidad de Cajacopi de demandar en
sede de nulidad y restablecimiento del derecho, para la época en la que se
expidió y comunicó el respectivo acto administrativo, se vio afectada por la
intervención o por el hecho de no haberse materializado para ese momento las
consecuencias de la determinación emitida el 14 de abril de 2010 —como
expresamente lo plantea en la apelación, sin mencionar ninguna circunstancia que
le impidiera demandar a partir de esa fecha55—, lo cierto es que la demanda también
sería extemporánea. Esto, porque Cajacopi -a través de su representante legal-56,
suscribió el contrato de transacción pertinente con el señor Galofre Manotas el 28
de diciembre de 2017, pese a lo cual ejerció su derecho de acción hasta el 12 de
marzo de 2020, es decir, con posterioridad a la expiración de los 4 meses
establecidos en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
49.La Sala enfatiza en que la causa petendi de este asunto se edifica en la supuesta
extralimitación de funciones de la Superintendente del Subsidio Familiar al proferir
concretamente la determinación del 14 de abril de 2010, así como en la deficiente
motivación de tal pronunciamiento, planteamiento que implica un juicio de legalidad
que debe ventilarse a través de la nulidad y restablecimiento del derecho, y no
52
Folio 1 del cuaderno 2.
53
Ibidem.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 9 de mayo de 2012, exp. 21.906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
55
Al respecto, se sostuvo (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
Así las cosas, en consonancia debe aplicarse lo señalado por el Consejo de Estado en la Sentencia
del 10 de mayo de 2019, cuando en la ratio decidendi, estableció que cuando el daño deriva (…) de
actos administrativos cuyos efectos se manifiestan tardíamente, el plazo de caducidad debe
computarse desde la materialización efectiva del perjuicio.
(…) [Si] bien es cierto que el 2 de julio de 2015 el Juez Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla
profirió fallo en favor del extrabajador, con base en la decisión adoptada por la entonces
Superintendente del Subsidio Familiar del 14 de abril de 2010, no es menos cierto que el daño
causado a CAJACOPI Atlántico por la Superintendencia del Subsidio Familiar se materializó al
momento del pago realizado por esta al señor Eduardo Enrique Galofre Manotas el día 28 de
diciembre de 2017, en virtud del contrato de transacción suscrito entre la Caja de Compensación
Familiar y el extrabajador (…).
(…). En otras palabras, el daño a la demandante no nació con la expedición del auto de 14 de abril
de 2010 ni con la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla el 2
de julio de 2015 como equivocadamente se argumenta en el fallo recurrido, sino con el detrimento
patrimonial resultante del pago efectuado al extrabajador el 27 de diciembre de 2017 en virtud del
contrato de transacción celebrado entre las partes, hecho que fue omitido en su análisis por los H.
Magistrados” (folios 6,7 y 8 del recurso de apelación).
56
En contrato fue suscrito por María Margarita Amaris Gutiérrez de Piñeres, directora administrativa
y representante legal de Cajacopi-Atlántico.
14
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
mediante la acción de reparación directa, de ahí que no resulte aplicable un término
de caducidad de dos (2) años, sino el de cuatro (4) meses previsto para estos fines.
50.En suma, la Subsección considera que, en el sub lite sí operó la caducidad, pero de
la acción idónea: la de nulidad y restablecimiento del derecho, y no de la reparación
directa como lo estimó la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, cuya decisión se modificará en ese sentido.
Costas de segunda instancia
51.Como el recurso de apelación interpuesto por la parte actora se resolvió de manera
desfavorable57, la Subsección la condenará en costas58 para lo cual fija por
concepto de agencias en derecho 1 smmlv a la ejecutoria de la presente
providencia59, que Cajacopi (recurrente), pagará la Nación - Superintendencia del
Subsidio Familiar60, entidad que, si bien no alegó de conclusión en segunda
instancia, en todo caso, tuvo a su cargo la labor de vigilancia del proceso, a través
del apoderado designado para tal fin61.
52.La liquidación de las costas la efectuará la primera instancia, de manera
concentrada en la secretaría del Tribunal de origen, según lo consagrado en el
artículo 366 del CGP.
53.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia anticipada proferida el 13 de marzo de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
para, en su lugar, declarar la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho frente a las pretensiones formuladas contra la Superintendencia del
57
En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
58
De acuerdo con los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, a cuyo tenor: Artículo 365. Condena
en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…)” (se destaca).
59
Según las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554 de
2016, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que
litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.
60
Entidad que fue representada por su respectiva apoderada, la cual se manifestó frente a la
apelación interpuesta por la accionante y tuvo a su cargo las funciones de vigilancia del proceso en
esta instancia.
61
Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del
19 de febrero de 2021, exp. 64401 y sentencia del 19 de marzo de 2021, exp. 63836.
15
Radicación: 25000 23 36 000 2020 00132 02 (73.218)
Demandante: Cajacopi
Demandado: Nación –Superintendencia de Subsidio Familiar
Referencia: Reparación directa
Subsidio Familiar con fundamento en la supuesta ilegalidad de la determinación
adoptada el 14 de abril de 2010.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
demandante y a favor de la Nación -Superintendencia del Subsidio Familiar. Por
agencias en derecho se fija un 1 smmlv a la ejecutoria de la presente providencia
que Cajacopi Atlántico pagará a la accionada.
TERCERO: DEVOLVER por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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