Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00208-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00208-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2020-00208-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
Temas: DAÑO CAUSADO POR PERSONA SOMETIDA A PRISIÓN O DETENCIÓN
DOMICILIARIA - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN - Es necesario
identificar la normativa que determina las obligaciones a cargo de la entidad y, a partir de
ello, establecer si las incumplió y si la omisión resulta jurídicamente relevante en la
producción del daño / EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y PENAS IMPUESTAS POR LOS
JUECES - El Estado tiene un doble deber, frente a las personas privadas de la libertad y
frente a la sociedad / INPEC – Entidad encargada de ejercer la vigilancia y custodia de las
personas privadas de la libertad, realizar el seguimiento de los mecanismos de vigilancia
electrónica y capturar a una persona sometida a prisión o detención domiciliaria que se
encuentra en situación de libertad de hecho / PRISIÓN DOMICILIARIA – Artículos 29A y 29F
de la Ley 65 de 1993 / el Manual de Vigilancia Electrónica - Instrumento interno de carácter
operativo - Las reglas allí previstas deben ser aplicadas en armonía con las obligaciones
directamente establecidas por la ley / LUCRO CESANTE / VÍCTIMA DIRECTA – Resulta
aplicable la sentencia de unificación CE-SUJ-3-002-2025 / VÍNCULO CONYUGAL - Impone
deberes permanentes de solidaridad, asistencia y colaboración - Cuando el cuidado
permanente del cónyuge enfermo exige abandonar la actividad laboral, la pérdida de ingresos
constituye un perjuicio material indemnizable, si se acredita el nexo causal.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante y el INPEC contra la sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Se pretende la reparación de los perjuicios causados a los demandantes por las
lesiones irrogadas por quien cumplía una condena en prisión domiciliaria y se
encontraba bajo vigilancia electrónica.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1.Corresponde a la decisión proferida el 26 de enero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la
demandante María Inés Montaño de Sierra, en atención a lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: DECLARAR que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
es administrativa y patrimonialmente responsable, por los daños ocasionados al
demandante Helber Alirio Berdugo Sierra por la negligencia en la función de vigilancia
respecto del señor Andrés Camilo Maca Cortés.
“TERCERO: CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
por concepto de DAÑO MORAL a pagar a favor de los demandantes, como se indica
a continuación, en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de la
providencia:
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
Demandante Relación con la Monto
víctima directa
Helber Alirio Berdugo Sierra Víctima Directa Cien (100) SMLMV
Andrea Velásquez Rodríguez Esposa Cien (100) SMLMV
Gustavo Adolfo Berdugo Hijo Cien (100) SMLMV
Velásquez
Helber Ernesto Berdugo Hijo Cien (100) SMLMV
Velásquez
Manuel Antonio Berdugo Rincón Padre Cien (100) SMLMV
César Augusto Berdugo Chica Hermano Cincuenta (50) SMLMV
CUARTO: CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por
concepto de DAÑO A LA SALUD a pagar al demandante Helber Alirio Berdugo Sierra
el monto de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la
ejecutoria de la providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la presente providencia.
SEXTO: CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al pago
de las costas, según lo establece el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el
numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso. Se tasará por concepto
de agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo 1887 de 2003 del
Consejo Superior de la Judicatura, suma a favor de la parte demandante.
SÉPTIMO: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA.
OCTAVO: Por Secretaría de la Sección Tercera NOTIFICAR esta decisión a las
partes, en los términos del artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de
la Ley 2080 de 2021, a los correos electrónicos para ello dispuestos”.
2. La anterior sentencia decidió la demanda presentada el 17 de julio de 20201, por
los señores Helber Alirio Berdugo Sierra2; Andrea Velásquez Rodríguez3; Gustavo
Adolfo y Helber Ernesto Berdugo Velásquez4; Manuel Antonio Berdugo Rincón5;
César Augusto Berdugo Chica6; María Inés Montaño de Sierra7; Miryam Rodríguez
Olarte y Víctor Manuel Gil Hernández8; y Víctor Alfonso, Viviana y Camila Gil
Rodríguez9, contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC –, con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables por las lesiones irrogadas al primero de ellos en
hechos ocurridos el 9 de febrero de 2018. A título de indemnización solicitaron el
reconocimiento de perjuicios por concepto de daño a la salud10, por perjuicios
morales11 y perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante12.
1 SAMAI: Expediente digital, índice 2, 01 C Ppl, archivo “003 Constancia de Radicación”.
2 Demanda en calidad de victima directa.
3 Demanda en calidad de esposa.
4
Demandan en calidad de hijos.
5 Demanda en calidad de padre.
6 Demanda en calidad de hermano.
7 Demanda en calidad de abuela.
8 Demandan en calidad de yernos.
9 Demandan en calidad de cuñados.
10 Por la suma equivalente a cuatrocientos (400) SMLMV a favor de la víctima directa.
11 Se pidieron cien (100) SMLMV para cada uno de los siguientes demandantes: Helber Alirio Berdugo Sierra,
Andrea Velásquez Rodríguez, Gustavo Adolfo, Helber Ernesto Berdugo Velásquez y Manuel Antonio Berdugo
Rincón, y cincuenta (50) SMLMV para cada uno de estos: César Augusto Berdugo Chica, María Inés Montaño
de Sierra, Miryam Rodríguez Olarte, Víctor Manuel Gil Hernández, Víctor Alfonso, Viviana y Camila Gil
Rodríguez.
12 Por lucro cesante futuro solicitaron $2.455’728.402,40 a favor del señor Helber Alirio Berdugo Sierra y, a título
de lucro cesante consolidado y futuro, $1.509’600.000 a favor de la señora Andrea Velásquez Rodríguez.
Además, solicitaron la actualización de la condena hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.
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Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
3. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se edificó la demanda que
dio origen al fallo antes indicado fueron, los siguientes:
Hechos
4. El 9 de febrero de 2018, el señor Helber Alirio Berdugo Sierra, quien para ese
momento se desempeñaba como comandante del Batallón de Contrainteligencia
Militar N.º 9 del Ejército Nacional, con sede en Bogotá, se dirigía en una camioneta
hacia la Escuela de Logística de esa institución, ubicada en la localidad de San
Cristóbal, acompañado de su conductor.
5. Mientras transitaban por el sector conocido como “La Y”, en el barrio El Parejo,
fueron interceptados por varios sujetos que pretendían robarles sus pertenencias. El
señor Berdugo Sierra reaccionó para salvaguardar su integridad y la de su conductor,
momento en el cual uno de los asaltantes le disparó con arma de fuego y le causó
graves lesiones, las cuales posteriormente fueron valoradas por la Junta Médico -
Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que determinó una
disminución de su capacidad laboral del 100%, incrementada en un 25% por requerir
la asistencia permanente de otra persona para la realización de sus actividades
básicas.
6. Con ocasión de estos hechos se inició el proceso penal radicado bajo número
11001-60-000-13-2018-01579. Durante la investigación, uno de los partícipes,
identificado como Cristian Andrés Muñoz Maca, quien también resultó herido, señaló
a Andrés Camilo Maca Cortés como autor material de los hechos. Para la fecha del
ataque, sobre éste pesaba una medida de prisión domiciliaria, en virtud de una
condena anterior por hechos de similar naturaleza, y se encontraba bajo vigilancia
electrónica mediante un dispositivo con sistema de posicionamiento global (GPS),
medida restringida a su lugar de residencia.
7. En el marco del proceso penal antes referido, Andrés Camilo Maca Cortés fue
vinculado y condenado a 20 años y 9 días de prisión por los delitos de fabricación,
tráfico o porte ilegal de armas o municiones, tentativa de homicidio y hurto calificado
y agravado.
8. Los demandantes indicaron que las lesiones irrogadas al señor Berdugo Sierra
modificaron la dinámica familiar, pues fue declarado no apto para el servicio y debido
a la gravedad de sus lesiones no fue posible su reubicación laboral. Su cónyuge se
vio obligada a renunciar a su trabajo para cuidarlo y brindarle apoyo permanente,
mientras que los demás integrantes de su núcleo familiar quedaron sin apoyo
económico y sufrieron afectaciones morales.
Fundamentos de derecho
9. La parte actora sostuvo que las lesiones fueron consecuencia de una falla del
servicio atribuible al INPEC, derivada del incumplimiento de sus deberes de custodia,
vigilancia y control respecto de Andrés Camilo Maca Cortés13.
13 Al respecto señalaron que la Resolución 010448 del 20 de agosto de 2010 dispone que el sistema de
seguimiento mediante GPS genera una alerta cuando el interno abandona sin autorización el lugar de reclusión
y permite al Grupo de Vigilancia Electrónica del INPEC conocer su ubicación en tiempo real. Conforme con el
numeral 7.6.1.8, cuando el interno regresa al domicilio dentro de las doce (12) horas siguientes a la activación
de la alarma, el operador debe verificar telefónicamente las razones de la transgresión, elaborar el informe
correspondiente y remitirlo al director del establecimiento de reclusión para que ordene la investigación a que
haya lugar. Según ese procedimiento, dichas actuaciones se adelantan una vez se produce el regreso del
interno al domicilio. Los demandantes cuestionan esa regulación porque difiere la reacción estatal frente al
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Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
10.En cuanto al Ministerio de Justicia y del Derecho, los demandantes le atribuyeron
responsabilidad por incumplir las funciones de seguimiento, evaluación y control
administrativo14.
La defensa
11. El INPEC se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las lesiones
sufridas por el señor Berdugo Sierra fueron ocasionadas por Cristian Andrés Muñoz,
quien fue identificado por el único testigo como el autor material de los disparos y no
se encontraba bajo custodia ni en una relación de especial sujeción con esa entidad.
Señaló que una vez el Centro de Vigilancia Electrónica (CERVI) detectó las
transgresiones a la medida de prisión domiciliaria impuesta a Andrés Camilo Maca
Cortés, aplicó el procedimiento previsto en el Manual de Vigilancia Electrónica;
además, aseguró que reportó en más de 15 oportunidades esos incumplimientos a
los jueces de ejecución de penas como autoridad competente, sin que fuera revocado
el beneficio.
12. Añadió que el sistema de vigilancia electrónica monitoreaba a más de 4.600
personas privadas de la libertad por lo que resultaba materialmente imposible ejercer
vigilancia física permanente sobre cada persona con prisión domiciliaria. En ese
contexto, afirmó que actuó conforme a sus competencias, en tanto que realizó el
monitoreo electrónico, verificó las alertas generadas por el sistema e informó las
transgresiones a las autoridades competentes para que adoptaran las decisiones
correspondientes. Con fundamento en esos argumentos propuso las excepciones
que denominó: (i) inexistencia de falla del servicio imputable al INPEC - no
imputabilidad del hecho dañoso; (ii) hecho exclusivo y determinante de un tercero -
Cristian Andrés Muñoz Maca; (iii) inexistencia de nexo causal entre el daño alegado
y la actuación diligente y oportuna del INPEC; y, (iv) falta de legitimación en la causa
por pasiva15.
13. El Ministerio de Justicia y del Derecho igualmente se opuso a las pretensiones
de la demanda y formuló las siguientes excepciones:
14. (i) Falta de legitimación material en la causa por pasiva, pues, de conformidad con
las funciones asignadas en el Decreto 2897 de 2011, no le correspondía ejercer la
vigilancia del cumplimiento de las medidas de detención o prisión domiciliaria ni
control jerárquico sobre los actos administrativos expedidos por el INPEC. Agregó
que la verificación del cumplimiento de esa medida corresponde a los jueces de
ejecución de penas con el apoyo de aquel establecimiento público, dotado de
personería jurídica y autonomía administrativa.
15. (ii)
Inexistencia de falla del servicio imputable al Ministerio de Justicia y del
Derecho - ausencia de nexo causal, porque el daño alegado no guardaba relación
causal con la actuación de esa cartera ministerial, toda vez que la Resolución 010448
de 2010 fue expedida por el INPEC y dicho acto administrativo gozaba de presunción
de legalidad; además, los cuestionamientos formulados en la demanda recaían
exclusivamente sobre las actuaciones del instituto.
incumplimiento de la medida y resulta incompatible con el artículo 29F de la Ley 65 de 1993, adicionado por el
artículo 31 de la Ley 1709 de 2014, según el cual el funcionario del INPEC encargado del control de la medida
debe detener inmediatamente a quien incumpla sus obligaciones y ponerlo a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
14 SAMAI: Expediente digital, índice 2, 01 C Ppl, archivo “001. Demanda con poderes y constancia de no acuerdo
conciliatorio”, páginas 1 a 54.
15 SAMAI: Expediente digital, índice 2, 01 C Ppl, archivo “016-contesta demanda 2020-208”.
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Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
16. (iii) improcedencia de atribuir responsabilidad al Ministerio por la adscripción del
INPEC, toda vez que dicho vinculo no comportaba una relación jerárquica o de
subordinación, sino únicamente de orientación y coordinación administrativa, por lo
que la entidad no podía ejercer control sobre los actos administrativos expedidos por
el INPEC ni responder por las actuaciones de esa entidad16.
17. Concluido el debate probatorio17, las partes presentaron sus alegatos de
conclusión18. El Ministerio Público sostuvo que las pruebas practicadas y,
especialmente, la sentencia penal condenatoria del 11 de septiembre de 2018
acreditaban la participación de Andrés Camilo Maca Cortés en la producción del
daño, quien para la época de los hechos cumplía una medida de prisión domiciliaria.
Agregó que el INPEC no realizó esfuerzo probatorio alguno para demostrar que
cumplió de manera adecuada sus deberes de vigilancia y control frente al
cumplimiento de esa medida y que los reiterados reportes de su transgresión
evidenciaban una falla en el servicio atribuible a esa entidad19.
16 SAMAI: Expediente digital, índice 2, 01 C Ppl, archivo “019-contesta demanda ministerio justicia”.
17 En la audiencia inicial llevada a cabo el 28 de septiembre de 2022, el Tribunal decretó las siguientes pruebas:
Documentales: (i) el informe administrativo por lesiones, los dictámenes periciales de clínica forense, la historia
clínica y el acta de junta médico-laboral del señor Helber Alirio Berdugo Sierra; (ii) las piezas procesales,
elementos materiales probatorios, evidencia física y demás actuaciones correspondientes al proceso penal
adelantado por los hechos objeto de la demanda, entre ellas informes de policía judicial e investigador de campo,
actas de captura, inspección e incautación, entrevistas, interrogatorios, informes periciales, registros
fotográficos, formatos de noticia criminal, documentos de cadena de custodia, consultas procesales y demás
actuaciones investigativas; (iii) los registros civiles de nacimiento de los demandantes; (iv) los documentos
laborales del señor Helber Alirio Berdugo Sierra y de la señora Andrea Velásquez Rodríguez, incluidos
certificados de estudios, certificaciones de tiempo de servicio, hoja de vida militar, desprendibles de pago,
renuncia laboral y certificación salarial; (v) las solicitudes elevadas a los Juzgados Séptimo y Noveno de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (que aún no contaban con respuesta); (vi) la Resolución 010448
del 20 de agosto de 2010, por la cual se expidió el Manual de Vigilancia Electrónica; (vii) las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso penal con radicado 11001-30-00-019-2018-00715;
(viii) cartillas biográficas de los señores Cristian Andrés Muñoz Maca, Andrés Camilo Maca Cortés, Jhon Jairo
Ibáñez Gutiérrez y Mauricio Maca. (ix) correos electrónicos, informes y reportes de transgresiones elaborados
por el INPEC relacionados con el seguimiento de la medida de vigilancia electrónica impuesta a Andrés Camilo
Maca Cortés, incluidos los registros de las transgresiones al sistema de monitoreo GPS; (x) estadísticas sobre
la población privada de la libertad a nivel nacional, tanto intramural como en detención domiciliaria. Oficios o
requerimientos: 1. Al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para que remitiera
copia íntegra de la sentencia mediante la cual se condenó a Andrés Camilo Maca Cortés por los hechos
ocurridos el 9 de febrero de 2018, en los que resultó lesionado el señor Helber Alirio Berdugo Sierra. 2. Al
Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para que allegara: 2.1. Copia íntegra del acta
o documento en el que consten las razones de hecho y de derecho que sustentaron la concesión de la detención
domiciliaria a Andrés Camilo Maca Cortés. 2.2. Certificación donde conste si para el 9 de febrero de 2018 Andrés
Camilo Maca Cortés contaba con autorización para ausentarse del lugar de cumplimiento de la medida. 2.3. Copia de los informes remitidos por el INPEC sobre las visitas de verificación del cumplimiento de la medida de
detención domiciliaria o la certificación de su inexistencia. 3. Al INPEC para que remitiera: 3.1. Copia del acto
administrativo o del protocolo vigente para el 9 de febrero de 2018 que regulaba las visitas de seguimiento al
cumplimiento de la detención domiciliaria con vigilancia electrónica. 3.2. Copia de las actas o documentos
correspondientes a las visitas de verificación realizadas respecto de Andrés Camilo Maca Cortés. 3.3. Copia de
los registros del sistema de monitoreo electrónico correspondientes al dispositivo GPS asignado a Andrés
Camilo Maca Cortés, desde la concesión de la medida de detención domiciliaria hasta el 9 de febrero de 2018,
con el fin de establecer la existencia de eventuales transgresiones al lugar de reclusión. Testimonios: (i) Brayan
Hernando González Mezquizo Sierra; (ii) Saulo Antonio Neira González; (iii) Ricardo Enrique Rivera Vitola; (iv)
Brigitte Niño Arévalo (SAMAI: Expediente digital, índice 2, 01 C Ppl, archivo “031ActaInicial2022-09-28”).
18
La parte actora señaló que, conforme a los artículos 2, 3, 16 y 18 del Decreto 2897 de 2011, el Ministerio de
Justicia y del Derecho tenía el deber de ejercer control administrativo sobre los actos expedidos por el INPEC. Aludió a un informe de auditoría interna de ese instituto de 2021, el cual reflejaba las deficiencias en el
funcionamiento del CERVI y en el control y seguimiento de las personas sometidas a prisión domiciliaria con
vigilancia electrónica. Finalmente, sostuvo que las pruebas acreditaban que Andrés Camilo Maca Cortés fue el
autor material de las lesiones sufridas por Helber Alirio Berdugo Sierra y que los reiterados reportes de
transgresión de la medida evidenciaban la falta de efectividad y una actuación tardía del INPEC frente a los
incumplimientos de la medida impuesta (SAMAI: Tribunal, índice 38). Por su parte, el INPEC insistió en las
excepciones formuladas con la contestación de la demanda. Además, cuestionó la credibilidad del testimonio
del conductor Brayan Hernando González Mestizo, al sostener que modificó la versión inicialmente rendida
sobre la identidad del autor material de los disparos con el propósito de atribuir responsabilidad al instituto. Por
último, afirmó que los testimonios de Ricardo Enrique Rivera Vitola y Saulo Antonio Neira González acreditaban
que Helber Alirio Berdugo Sierra recibía una pensión del Ejército Nacional, con la cual atendía su manutención
y la de su núcleo familiar (SAMAI: Tribunal, índice 37). 19 SAMAI: Tribunal, índice 39.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
La sentencia de primera instancia
18. El Tribunal consideró acreditado el daño, consistente en las lesiones sufridas por
Helber Alirio Berdugo Sierra el 9 de febrero de 2018, cuando intentaban hurtarle sus
pertenencias, las cuales le ocasionaron la pérdida del 100% de su capacidad laboral.
19. En relación con la imputación, el Tribunal diferenció dos escenarios. El primero
correspondió a la responsabilidad atribuida al Ministerio de Justicia y del Derecho y
al INPEC por la expedición de la Resolución 010448 del 20 de agosto de 2010 y por
el incumplimiento del deber de control administrativo sobre ese acto. Frente a ese
cargo concluyó que las actuaciones relacionadas con la expedición de esa resolución
no constituyeron la causa eficiente del daño, por lo que no había lugar a declarar la
responsabilidad de las demandadas.
20. Respecto de la responsabilidad atribuida al INPEC por el incumplimiento de sus
deberes de vigilancia y custodia en relación con Andrés Camilo Maca Cortés,
concluyó que se encontraba acreditada su participación como coautor material de los
hechos ocurridos el 9 de febrero de 2018, cuando cumplía una medida de prisión
domiciliaria con vigilancia electrónica, y que la entidad incumplió los deberes de
control que le imponía la ley, pues no demostró haber realizado las visitas de
verificación, los reportes oportunos al juez competente ni las demás actuaciones para
hacer efectiva la medida, pese a las reiteradas transgresiones registradas. Con
fundamento en ello, declaró responsable al INPEC a título de falla en el servicio.
21. En punto a los perjuicios, reconoció los morales a favor de la víctima directa, su
esposa, sus hijos, su padre y su hermano en los montos previamente transcritos y
negó su reconocimiento respecto de los cuñados y los suegros de Helber Alirio
Berdugo Sierra, al considerar que no existían pruebas que acreditaran la afectación
alegada y que la presunción derivada del parentesco no se extendía más allá del
segundo grado de consanguinidad. También reconoció, en favor de la víctima directa,
la suma de 400 SMLMV por concepto de daño a la salud, al considerar que la pérdida
del 100% de su capacidad laboral y las consecuencias permanentes e irreversibles
de las lesiones sufridas justificaban fijar la indemnización en ese monto.
22. Negó el lucro cesante reclamado por Helber Alirio Berdugo Sierra y su esposa.
Respecto del primero, concluyó que la pensión de invalidez reconocida por el Ejército
Nacional cubría la totalidad de ese perjuicio, por lo que no procedía la acumulación
de indemnizaciones derivadas de la misma causa jurídica. En cuanto al reclamado
por Andrea Velásquez Rodríguez, señaló que las pruebas aportadas, aunque
demostraban que renunció a su empleo para dedicarse al cuidado de su esposo, no
acreditaban que se encontrara sin laborar y, por tanto, resultaban insuficientes para
su reconocimiento20. Finalmente, frente a María Inés Montaño de Sierra, quien acudió
al proceso en calidad de abuela materna de la víctima directa, el Tribunal concluyó
que las pruebas aportadas no acreditaban ese parentesco ni una afectación que
permitiera reconocerla como tercera interesada.
II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS
23. El INPEC solicitó revocar la anterior decisión. Sostuvo que el daño fue causado
por Cristian Andrés Muñoz Maca, quien no se encontraba bajo su custodia, por lo que
se rompió el nexo causal al configurarse el hecho exclusivo de un tercero. Agregó
que la sentencia penal no desvirtuaba esa conclusión, porque la aceptación de cargos
20 SAMAI: Tribunal, índice 47.
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Asunto: Reparación directa
por parte de Andrés Camilo Maca Cortés obedeció a la obtención de beneficios
punitivos y no constituía prueba suficiente para atribuirle a este último la causación
de las lesiones sufridas por Helber Alirio Berdugo Sierra. Además, sostuvo que esa
conclusión resultaba contradictoria con la primera declaración rendida por el único
testigo presencial21. Agregó que la persona privada de la libertad y sometido a
vigilancia electrónica se encontraba a escasos cuatro minutos del lugar de los
hechos, de modo que resultaba materialmente imposible ejercer su custodia.
24. Por su parte, los demandantes señalaron que el a quo erró al negar el
reconocimiento del lucro cesante solicitado, en tanto que la pensión de invalidez
reconocida a favor de Helber Alirio Berdugo Sierra y ese perjuicio tenían una
naturaleza distinta. Asimismo, pidieron reconocer el lucro cesante a favor de Andrea
Velásquez Rodríguez, porque las pruebas demostraban que renunció a su empleo
para dedicarse de manera permanente al cuidado de su esposo, en cumplimiento de
la recomendación contenida en el acta de la junta médico-laboral que estableció la
necesidad de asistencia constante22.
25. La parte actora no se pronunció frente al recurso de apelación. El Ministerio Público
solicitó modificar la sentencia. Señaló que, aunque se encontraba acreditada la
participación de Andrés Camilo Maca Cortés en los hechos y su condena como
coautor dentro del proceso penal, no existía certeza de que hubiera sido quien
accionó el arma de fuego que lesionó a Helber Alirio Berdugo Sierra, por lo que la
imputación no podía edificarse sobre la premisa de que fuera el autor material
exclusivo del daño. Consideró demostrada la falla en el servicio atribuible al INPEC
por el incumplimiento de sus deberes de custodia respecto de quien se encontraba
en prisión domiciliaria y, en consecuencia, como el resultado dañoso obedeció a la
actuación concurrente de varios partícipes, entre ellos, Maca Cortés, solicitó
mantener la declaratoria de responsabilidad, pero reducir la condena en un 50%.
26. Respecto del lucro cesante pedido a favor de la víctima directa, dijo que debía
reconocerse en tanto era compatible con la pensión de invalidez, al obedecer a
causas jurídicas distintas, de conformidad con la postura recientemente unificada por
la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia CE-
SUJ-3-002-2025. En cuanto al reclamado por Andrea Velásquez Rodríguez,
consideró acertada su negativa, pues, aunque las pruebas demostraban que
renunció a su empleo para dedicarse al cuidado de su esposo, no acreditaban una
imposibilidad permanente de reincorporarse a una actividad remunerada23.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
27. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, y analizados los
presupuestos procesales correspondientes, procede la Sala a resolver el recurso de
apelación formulado.
Objeto del recurso
28. El debate en esta instancia se circunscribe a determinar si las lesiones sufridas
por Helber Alirio Berdugo Sierra resultan imputables a una falla del servicio por
omisión atribuible al INPEC o si, por el contrario, se configuró el hecho exclusivo de
un tercero como causal eximente de responsabilidad. De encontrarse acreditada la
21 SAMAI: Tribunal, índice 51.
22 SAMAI: Tribunal, índice 53.
23 SAMAI: índice 25.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
responsabilidad de la entidad demandada, la Sala procederá a establecer si hay lugar
a reconocer el lucro cesante reclamado por la víctima directa y por su esposa.
29. De manera previa, la Sala precisa que el análisis de la responsabilidad se centrará
en la imputación formulada contra el INPEC por la falla del servicio que se le atribuye,
derivada de la omisión en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia, custodia y
control respecto del señor Maca Cortés, quien se encontraba cumpliendo una
condena penal en prisión domiciliaria.
30. Lo anterior, por cuanto el Tribunal consideró que no se encontraba acreditado el
nexo causal entre el daño y las conductas atribuidas al INPEC y al Ministerio de
Justicia y del Derecho, relacionadas de una parte, con el contenido y aplicación del
Manual de Vigilancia Electrónica —Resolución 010448 del 20 de agosto de 2010—
y, de otra, con la falta de seguimiento, evaluación y control por parte del Ministerio
respecto de dicho acto administrativo. En consecuencia, concluyó que el daño no
podía ser imputado a las entidades demandadas con fundamento en esas
circunstancias. Como esta conclusión no fue cuestionada en los recursos de
apelación, permanece incólume y, por tanto, no será objeto de estudio en esta
instancia.
31. La Sala tampoco se pronunciará respecto de la declaración de falta de
legitimación en la causa por activa de la señora María Inés Montaño de Sierra, toda
vez que esa determinación tampoco fue cuestionada por las partes, de manera que
no integra el objeto de la alzada.
32. Asimismo, en la sentencia de primera instancia se estimó acreditado el daño
antijurídico, consistente en las lesiones sufridas por el señor Helber Alirio Berdugo
Sierra, concretadas en un trauma raquimedular cervical producido por proyectil de
arma de fuego, que le ocasionó secuelas de carácter permanente24, y respecto de
las cuales la Junta Médico Laboral determinó una pérdida de la capacidad psicofísica
del 100%, incrementada en un 25%. Como este aspecto no fue cuestionado, se
procederá a analizar su imputación a la entidad demandada.
Falla del servicio por omisión en los deberes de vigilancia, custodia y control
de personas bajo prisión domiciliaria.
33. La responsabilidad patrimonial del Estado se define a partir del artículo 90 de la
Constitución Política, cláusula general que situó como eje central la existencia de un
daño antijurídico que le sea imputable al Estado a través de alguno de los títulos que
la jurisprudencia ha identificado para tal propósito.
34. En los casos en que se imputa a las autoridades una falla del servicio por la
omisión en el cumplimiento de sus deberes, es necesario identificar las disposiciones
de orden constitucional, legal y reglamentario, así como los pronunciamientos
judiciales que determinen el alcance de las obligaciones a cargo de la entidad. Una
vez determinado el contenido obligacional que le corresponde en el caso concreto,
debe establecerse si la entidad demandada incumplió tales deberes y, por esa vía, si
su omisión resulta jurídicamente relevante para la producción del daño.
35. En materia penal, los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2º de la
Constitución Política se proyectan, entre otros ámbitos, en la ejecución de las
24 Entre ellas cuadriplejia espástica y vejiga neurogénica, así como otras afectaciones funcionales de carácter
definitivo.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
sanciones y penas impuestas por los jueces. El artículo 4º del Código Penal dispone
que la pena cumple funciones de prevención general y especial, retribución justa,
reinserción social y protección al condenado. Dentro del sistema penitenciario y
carcelario, el INPEC cumple un papel específico en la ejecución de esas decisiones
judiciales.
36. El Estado, al controlar el cumplimiento de la pena, ejerce la función de seguridad
desde una doble perspectiva. De un lado, en virtud de la relación especial de sujeción,
debe garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas privadas de la libertad,
así como propender por su resocialización. De otro, tiene a su cargo un deber de
protección frente a la sociedad, que se concreta en garantizar la eficacia de la pena
como instrumento de protección de los derechos de los administrados y de
prevención de riesgos derivados del incumplimiento de las medidas privativas de la
libertad25.
37. De acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley 65 de 1993 y los artículos 1 y 2 del
Decreto 4151 de 2011, corresponde a dicho Instituto, entre otras funciones, ejercer
la vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad, así como la vigilancia
y seguimiento de los mecanismos de seguridad electrónica; ejecutar la política
penitenciaria y carcelaria en coordinación con las autoridades competentes; vigilar a
las personas privadas de la libertad fuera de los establecimientos de reclusión para
garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial, y realizar
las actuaciones necesarias para asegurar la ejecución de las modalidades privativas
de la libertad previstas en la ley.
38. Tratándose específicamente de la prisión domiciliaria, la Ley 65 de 1993 establece
deberes concretos a cargo del INPEC. El artículo 29A26 dispone que una vez
ejecutoriada la sentencia y ordenada la sustitución de la pena por prisión domiciliaria,
el director del Instituto debe señalar el establecimiento de reclusión encargado de la
vigilancia del penado y adoptar medidas de control como: (i) visitas aleatorias al
domicilio; (ii) llamadas telefónicas; (iii) obtención de información de vecinos y
allegados; y, (iv) labores de inteligencia. La misma disposición prevé que ante la
salida no autorizada de la residencia, el desarrollo de actividades delictivas o el
incumplimiento de las obligaciones inherentes a la pena, el INPEC debe dar
inmediato aviso al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para efectos
de la revocatoria del beneficio.
39. Si bien la revocatoria de la prisión domiciliaria corresponde al juez competente, el
INPEC como encargado del control de la medida debe detener inmediatamente 27 a
la persona que esté violando sus obligaciones y ponerla dentro de las 36 horas
siguientes a disposición del juez que profirió la respectiva medida, para que adopte
la decisión correspondiente28. La norma prevé, además, la posibilidad de que el
25 “(…) Si alguien ejecuta libre y conscientemente un acto sabiendo que éste tiene como consecuencia normativa
necesaria (las consecuencias fácticas son irrelevantes, como en el caso del contrato) la pérdida de la inmunidad
contra la pena de que los ciudadanos normalmente gozan, él consiente en perder tal inmunidad, o sea en
contraer responsabilidad penal. Este consentimiento (que es el mismo que se exige en el ámbito contractual)
es lo que nos permite justificar la imposición a alguien de una pena que satisface, además, la condición de ser
un medio necesario y eficaz de proteger a la sociedad contra males mayores a los involucrados en la misma
pena” (se resalta) NINO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho., ob., cit., pp. 431 y 432.
26 Adicionado por el art. 8, Decreto Nacional 2636 de 2004.
27 La Corte Constitucional en la sentencia C 411/15 indicó: “(…) la disposición legal exige actualidad en la
violación a las obligaciones de la detención o prisión domiciliaria, en tanto dice que la facultad cuestionada se
puede ejercer para detener ‘inmediatamente’ a la persona que ‘está violando sus obligaciones’, lo cual indica
que esta competencia no puede ejercerse con el fin de responder a hechos o situaciones pasadas, sino
que debe haber una relación de inmediatez entre la captura y los hechos que la provocan” (se resalta).
28 Ley 65 de 1993, artículo 29F, adicionado por el artículo 31 de la Ley 1709 de 2014.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
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Asunto: Reparación directa
INPEC celebre convenios con la Policía Nacional para apoyar el seguimiento de la
prisión domiciliaria cuando sus recursos de vigilancia no sean suficientes.
40. De manera específica, para la época de los hechos -febrero de 2018-, el artículo
14 de la Ley 65 de 199329, atribuía al Gobierno Nacional, por conducto del INPEC,
entre otras funciones, el control del mecanismo de seguridad electrónica. La Ley 1709
de 2014 modificó el régimen de los mecanismos sustitutivos de la pena y desarrolló
la posibilidad de acompañar la prisión domiciliaria con sistemas de vigilancia
electrónica30, cuyo control corresponde al juez de ejecución de penas, con apoyo del
INPEC.
41. En desarrollo de ese marco legal, el Decreto 1069 de 2015 31 reguló dichos
sistemas y sus distintas modalidades32. En particular, el artículo 2.2.1.9.9 dispuso que
su implementación se desarrollaría conforme a los lineamientos administrativos,
técnicos y operativos establecidos en el Protocolo de Práctica Base expedido por el
INPEC, entidad a la que correspondía efectuar el control y monitoreo de estos
sistemas.
42. Para el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba vigente el Manual
de Vigilancia Electrónica33 adoptado mediante la Resolución 010448 del 20 de agosto
de 2010, instrumento interno de carácter operativo que desarrolló los procedimientos
relativos a la instalación, monitoreo, seguimiento y demás actuaciones asociadas a
los mecanismos de vigilancia electrónica.
43. Ese Manual distinguió entre el seguimiento pasivo mediante radiofrecuencia (RF)
y el seguimiento activo mediante GPS. Este último, permitía registrar de manera
permanente la ubicación y transmitirla al Grupo de Vigilancia Electrónica del INPEC.
El sistema contemplaba, entre otros, eventos asociados a la salida no autorizada del
domicilio o de la zona permitida, el incumplimiento de los horarios establecidos, la
pérdida de señal del GPS y la manipulación del dispositivo, los cuales eran
identificados como eventos de transgresión y alarma (numeral 7.6.1).
44. Frente a estos eventos, el Manual establecía que el operador del sistema de
monitoreo del INPEC34 debía analizarlos y clasificarlos según su gravedad, con
prioridad para aquellos que constituyeran transgresiones y requirieran acciones
correctivas inmediatas. En particular, una vez generada una alarma por salida no
autorizada del domicilio, se preveían actuaciones diferenciadas según el tiempo
transcurrido desde su generación.
• Si la persona regresaba dentro de las 12 horas siguientes, el operador debía verificar
telefónicamente las razones del evento, elaborar el informe de transgresión y
comunicarlo al establecimiento de reclusión.
• Cuando el regreso se producía después de las 12 horas y antes de las 72, el operador
debía informar de manera inmediata al director del establecimiento o al funcionario
encargado de la vigilancia electrónica y remitir el informe correspondiente, a efectos de
que se realizara la verificación física en el domicilio y se adoptaran las medidas previstas.
29 Modificado por el artículo 3 del Decreto 2636 de 2004.
30 Artículos 38B y 38C del Código Penal, entre otras disposiciones.
31 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
32 Entre ellas el seguimiento pasivo mediante radiofrecuencia (RF), el seguimiento activo mediante GPS y el
reconocimiento de voz.
33SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo “3. ANEXO 2.1Manual Vigilancia Electrónica”.
34 Funcionario que realiza el monitoreo permanente del sistema de vigilancia electrónica desde el centro de
monitoreo (CERVI).
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Asunto: Reparación directa
• Si la persona no regresaba dentro de las 72 horas, el procedimiento contemplaba la
obligación de instaurar de manera inmediata la denuncia penal por el presunto delito de
fuga de presos.
45. De igual manera, ante la pérdida de señal del GPS, el operador debía efectuar una
verificación telefónica y, si la alarma persistía, informar inmediatamente al director del
establecimiento o al funcionario encargado de la vigilancia electrónica. Recibida la
novedad, debía disponerse de manera inmediata la verificación física del domicilio,
con el fin de establecer la situación del vigilado y revisar el estado del dispositivo. Las
actuaciones adelantadas debían quedar registradas mediante los informes y actas
correspondientes.
46. En suma, a partir del marco normativo expuesto, la Sala deberá establecer si el
INPEC incumplió los deberes de vigilancia, custodia y control que le imponía el
ordenamiento respecto de Andrés Camilo Maca Cortés, quien se encontraba
sometido a una medida de detención domiciliaria con vigilancia electrónica y, de
encontrase acreditado, si esa omisión tuvo incidencia en la producción del daño cuya
indemnización se reclama.
Análisis de imputación
47. En el presente asunto se acreditó35 que el 9 de febrero de 2018, a las 9:25 a.m.
aproximadamente, el señor Helber Alirio Berdugo Sierra, quien se desempeñaba
como Comandante del Batallón de Contrainteligencia Militar No. 9, se encontraba
movilizándose en una camioneta hacia la Escuela de Logística del Ejército Nacional
para asistir a una reunión operacional, en compañía del Soldado Profesional Brayan
Hernando González Mestizo, cuando fueron interceptados por seis individuos
armados, quienes en un intento de hurto, hirieron a la víctima directa36.
48. Ese mismo día, luego de ser identificado por Brayan Hernando González Mestizo,
Cristian Andrés Muñoz Maca fue capturado en el servicio de urgencias del Hospital
Universitario La Samaritana. Al capturado no fue posible realizarle la toma de
residuos de disparo por encontrarse en sala de cirugía37.
49.Conforme quedó registrado en el informe suscrito por los patrulleros de los
cuadrantes 37 y 39 de la Policía Nacional, en el kilómetro 2 de la vía Bogotá–Choachí,
sector “El Parejo”, varios sujetos se lanzaron e impidieron el paso del vehículo en el
que se movilizaban el mayor y su conductor y escolta, el S.P. Brayan González
Mestizo, y accionaron armas de fuego contra el vehículo. En el cruce de disparos
resultaron lesionados el señor Berdugo Sierra y uno de los atacantes.
50. El escolta trasladó al mayor al Hospital Militar y, de manera simultánea, en la
clínica La Samaritana era atendido un hombre identificado como Cristian Andrés
Muñoz Maca, quien presentaba una herida por arma de fuego. Este fue reconocido
por el escolta como uno de los sujetos que participó en los hechos, por lo que
procedieron a su captura. Asimismo, se dejó constancia del hallazgo de vainillas y
armas de fuego en el lugar de los hechos, así como de la entrega y el embalaje del
arma institucional utilizada por el escolta38.
35 Las piezas procesales de la actuación penal fueron aportadas por la parte actora con la demanda, como
prueba documental, y decretadas en la audiencia inicial, tal como se precisó en el pie de página 17. En
consecuencia, fueron incorporadas al proceso con conocimiento de la parte demandada, quien tuvo oportunidad
de controvertirlas.
36 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo “1. ANEXO 1”.
37 Así quedó consignado en el informe de ejecutivo del 10 de febrero de 2018. Ibidem, páginas 128 a 131.
38 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 15 a 17.
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Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
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Asunto: Reparación directa
51. En el acta de inspección del lugar de los hechos suscrita también el 9 de febrero
de 2018 por investigadores y técnicos de la Policía Judicial, se dejó constancia de la
diligencia realizada a las 18:40 horas, en el kilómetro 2 de la vía Bogotá-Choachí.
Durante la inspección se efectuó el registro fotográfico y topográfico del lugar y se
recolectaron diversos elementos materiales probatorios. Se halló una máscara de
color negro, un arma de fuego tipo juguete de color gris y, aproximadamente a 75
metros de esta última, otra arma bélica tipo juguete, de color plata y de corto alcance.
Asimismo, a una distancia aproximada de 4,65 metros se encontró un arma de
juguete bélico correspondiente a un armazón de color plateado, con empuñaduras de
color negro39.
52. Ese mismo día, en horas de la tarde, el señor Brayan Hernando González Mestizo
fue llamado a rendir entrevista ante funcionarios de Policía Judicial 40, en la cual
identificó al hombre que se encontraba herido en el Hospital Universitario La
Samaritana -Cristian Andrés Muñoz Maca- como la persona que había disparado
contra el señor Helber Alirio. En esa entrevista relató que mientras se desplazaban
en una camioneta hacia la Escuela de Logística del Ejército Nacional,
aproximadamente seis sujetos salieron de una zona boscosa, les bloquearon el paso
y los intimidaron con armas de fuego para que descendieran del vehículo.
53. Explicó que mientras dos de los sujetos se ubicaron junto a él, en el costado
izquierdo del vehículo, otros dos se ubicaron junto al mayor Berdugo Sierra, en el
costado derecho. En particular, señaló que uno de los sujetos que se encontraba a
su lado intentó abrir la puerta y lo amenazó con un arma de fuego, como esta se
encontraba bloqueada, dicho sujeto le disparó al vidrio del lado izquierdo y lo rompió.
Sostuvo que el señor Helber Alirio tenía su arma de dotación sobre las piernas y “uno
de los sujetos que estaba allí al lado de él”, al percatarse del arma, “dispara en una
sola vez impacta el cuello de mi mayor”. En reacción a lo ocurrido, el mayor disparó
contra los sujetos y posteriormente le entregó el arma, con la cual realizó un disparo
para dispersarlos, y llevó al señor Berdugo al Hospital Militar.
54. Agregó que mientras se encontraba en el hospital con el mayor, los agentes de la
Policía Nacional le informaron que un sujeto había ingresado a un centro asistencial
con heridas de arma de fuego a la misma hora en que ocurrieron los hechos, razón
por la cual se dirigió al Hospital La Samaritana, donde identificó al herido como uno
de los sujetos que los había abordado y el que había disparado contra el señor
Berdugo Sierra. En particular, manifestó que “tenía la misma camisa negra rayas
blancas, el cual fue el que accionó el arma que llevaban en el momento de los hechos
y con la cual le causó la lesión a mi mayor, le indico a los policías que efectivamente
se trata del mismo sujeto”. Como consecuencia de dicho reconocimiento, señaló que
los policías procedieron a notificarlo como persona capturada.
39 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 37 a 39.
40 Las entrevistas practicadas por funcionarios de Policía Judicial constituyen actos de investigación y no
declaraciones recibidas con las formalidades propias de la prueba testimonial ni sometidas a contradicción. Por
ello, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que en sede contencioso-administrativa no puede
otorgárseles pleno valor probatorio como testimonios autónomos de los hechos allí relatados, sino que deben
ser apreciadas atendiendo a su naturaleza y en conjunto con los demás medios de convicción. En particular, la
Sección Tercera ha señalado que las entrevistas e interrogatorios recaudados por funcionarios de Policía
Judicial, sin las formalidades propias de la prueba testimonial y sin que respecto de ellos se haya surtido
contradicción, deben ser valorados de manera semejante a las declaraciones previas en el proceso penal, las
cuales pueden resultar relevantes, entre otros aspectos, para confrontar la credibilidad del testigo frente a las
manifestaciones que posteriormente realice en juicio. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 30 de noviembre de 2017, expediente: 54.397.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
55. De igual manera, al ser interrogado acerca de las razones por las cuales afirmaba
que el hombre que se encontraba en el hospital era la misma persona que había
efectuado el disparo que lesionó al señor Berdugo Sierra, el entrevistado manifestó:
“porque ese sujeto era el único que llevaba una camisa negra rayas blanca y tenía
una gorra puesta (…) y le alcancé a ver la cara muy bien por eso los reconozco (…)
el que tenía una camisa negra rayas blanca, con gorra negra y sudadera negra (…)
este es el mismo que disparó en contra de mi mayor” (…) sí señor cuando ellos nos
abordan la mayoría estaban con pasamontañas y máscaras, pero el que tenía la
camisa negra rayas blancas, no tenía nada en su cara tenía una gorra de color negro,
ese era el que estaba al lado de la puerta de mi mayor (costado derecho del vehículo)
y fue quien le disparó a quemarropa”41.
56. Sin embargo, en el informe pericial de clínica forense practicado el 30 de julio de
2018 al señor Helber Alirio Berdugo Sierra, en la información previa se consignó:
“El examinado refiere… ‘hechos sucedidos el 9 de febrero de 2018 hacia las 9 am,
yo iba en el carro con el conductor en la vía Choachí salieron como seis personas,
yo iba para la escuela logística y uno de ellos me puso el arma en la cabeza y
otro me disparo por el lado del conductor’” (se resalta)42
57. Años después, en la audiencia de pruebas celebrada en este proceso el 2 de
febrero de 2023, el señor Brayan Hernando González Mestizo ofreció una versión
diferente sobre la forma en que ocurrieron los hechos. En esa oportunidad, indicó que
mientras se desplazaba en una camioneta con el mayor, aproximadamente seis
sujetos salieron de la zona boscosa y los abordaron: uno de ellos se ubicó a su lado,
en el costado izquierdo del vehículo, y lo intimidó con lo que aparentemente era un
arma de fuego, mientras otro se ubicó junto a la puerta del lado del copiloto, donde
se encontraba el mayor. Señaló que el señor Helber Alirio Berdugo Sierra, en legítima
defensa, accionó su arma de dotación, momento en el cual el sujeto “ubicado al lado
izquierdo (junto a él) comenzó a disparar hacia el vehículo y rompió el vidrio del carro,
y uno de esos proyectiles impacto al mayor a la altura del cuello”.
58. Agregóque los agresores huyeron hacia la zona boscosa. Luego, trasladó al
mayor al Hospital Militar y, una vez allí, funcionarios de la SIJIN le solicitaron que se
desplazara a otro centro asistencial para reconocer a una persona que había
ingresado herida. Al llegar al lugar reconoció a dicha persona como “el sujeto que se
encontraba al lado del copiloto”, esto es, junto al mayor durante el ataque. Añadió
que este sujeto no llevaba pasamontañas.
59. Al ser interrogado por la magistrada acerca de la persona que había disparado
contra el señor Helber Alirio Berdugo Sierra, el testigo precisó que se trataba de un
hombre que llevaba pasamontañas y “que se encontraba ubicado a su lado”. Explicó
que debido a los vidrios oscuros del vehículo y a que el sujeto llevaba pasamontañas,
no pudo observarlo completamente; sin embargo, señaló que era de tez blanca y que
se le alcanzaba a ver el bigote, al respecto señaló:
“(…) Del lado donde se encontraba mi mayor, otro hombre se abalanzó sobre la puerta
por el lado del copiloto, forcejeando con él. En su legítima defensa disparó lo cual
provoca que uno de los sujetos, el que se encontraba al lado mío, empiece a
disparar. En ese momento, el hombre se encontraba al lado del conductor
empieza a disparar, lo cual me reventó todo el vidrio del piloto daña por completo
el vidrio disparando y en ese y en ese cruce de disparos hiere a mi mayor (…)
41 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 27 a 30.
42 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 3 a 5.
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Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
“Llegan unos agentes judiciales, los cuales me piden que si puedo hacer el
reconocimiento de uno de los sujetos (…). Entonces me desplazo con ellos hacia el
hospital, donde había ingresado una persona con las mismas características con un
disparo a la altura del abdomen. Reconozco a esta persona ya que no tenía
pasamontañas y era la persona que estaba en la puerta de mi mayor Berdugo en
el momento en suceso (sic) y el que lo estaba intimidando con un arma.
“(…)
“Preguntado: Usted vio a la persona que le disparó al señor Helber Alirio Berdugo. ¿Le
vio la cara? Responde: Sí, señora, esa persona es una persona que portaba pasa
montañas en el momento. Preguntado: Sí, y entonces ¿la que disparó era la que
estaba en su lado o en la otra ventana? Responde: La que estaba a mi lado.
Preguntado ¿le vio alguna seña particular? Responde: Era de tez blanca y se le veía
un bigote. Preguntado: ¿En el momento en que él accionó el arma, usted le vio un
brazalete del INPEC? Responde: No, señora, ya que los vidrios del carro eran oscuros,
no se le podía ver de pies a cabeza. Estaba al frente mío, estaba pegado a la puerta
del carro. Preguntado: ¿Esa persona que tenía pasamontañas fue la misma que usted
se encontró en el hospital militar? Responde: No, señora, esta persona se encontraba
en una clínica aparte del hospital militar, la persona que se encontraba y la que fui y le
hice el reconocimiento, fue la que estaba al lado de mi mayor. Preguntado: Usted dice
que fueron como 6 personas, ¿no? ¿Usted observó si alguna de esas personas llevaba
el mando… si alguien asumió como la Jefatura de esos actos delictivos? Responde:
Doctor, la persona que se escuchaba todo el tiempo dando órdenes es la persona
que estaba al lado mío, que me estaba apuntando en la cabeza todo el tiempo, era
el que les decía a ellos que rodearán el carro. Preguntado: Esa fue la misma persona
que disparó. Responde: Sí, señor. Preguntado: ¿Esa persona no es la misma que
usted vio en el hospital posteriormente? Responde: No, no, señor.”43 (resalta la
Sala).
60. En el informe de investigación de laboratorio elaborado el 10 de febrero de 2018,
se consignaron los resultados de la inspección balística practicada al vehículo en el
que se movilizaban los señores Berdugo Sierra y González Mestizo. En la parte
externa del automotor se identificaron cuatro orificios de entrada y, mediante la
materialización de las trayectorias, se estableció el recorrido de dos proyectiles que
ingresaron desde el exterior y quedaron alojados en el vehículo. En su interior fueron
halladas dos vainillas. El informe precisó que para establecer si las vainillas habían
sido percutidas por alguna de las armas encontradas, era necesario realizar el
correspondiente cotejo balístico44.
61. El 11 de febrero de 2018 se practicó interrogatorio del indiciado Cristian Andrés
Muñoz Maca, diligencia en la que manifestó lo siguiente (se transcribe de manera
literal, con errores incluidos):
“ES MI DESEO LIBRE Y ESPONTÁNEO RENDIR ESTE INTERROGATORIO DE
INDICIADO Y COLABORAR CON LA JUSTICIA, PARA EL ESCLARECIMIENTO DE
TODOS LOS HECHOS DELICTIVOS. PREGUNTADO: DE ANTE MANO (sic) SE
PONE EN CONOCIMIENTO EL ARTÍCULO 282 DEL C.P.P, DIGA A ESTA
DILIGENCIA SI ESTA DECISIÓN LA TOMA DE FORMA LIBRE Y ESPONTÁNEA
CONTESTADO: SÍ SEÑOR, TOMO LA DECISIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA YA QUE
YO NO FUI EL QUE DISPARE AL SEÑOR QUE SE ENCUENTRA HERIDO, YA QUE
YO TENÍA ERA UN JUGUETE DE PLÁSTICO COLOR GRIS EL CUAL QUEDO
VOTADA EN EL ZONA BOSCOSA. PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA
CON QUE FIN BUSCA RENUNCIAR AL DERECHO DE GUARDAR SILENCIO Y QUE
ESPERA CON ESTA DILIGENCIA CONTESTADO: YO BUSCO MI BENEFICIO
PROPIO YA QUE PARA EL DÍA DE LOS HECHOS YO PARTICIPE EN EL HURTO,
TENÍA UN ARMA DE JUGUETE COLOR GRIS Y NO FUI EL QUE LE DISPARE AL
SEÑOR QUE ESTA HERIDO. PREGUNTADO: DE ACUERDO A LO EXPUESTO POR
43 SAMAI: Tribunal, índice 34, link: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/s03des04tadmincdm_notificacionesrj_gov_co/IQBKeo0i33cUSqg__l1EhwR0
AUmPH-9AyLjhO2Oo2vwMxug?e=kD7fos
44 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 156 a 159.
14
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
USTED DIGA A ESTE DESPACHO… CUAL FUE LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNA
DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS QUE NOS OCUPAN.
CONTESTADO: PARA EL DIA VIERNES YO ESTABA EN EL BARRIO CUANDO VI
QUE IBAN SUBIENDO CAMILO, NEGRIS Y JHON HACIA LA "Y", COMO LOS VI
SUBIENDO YO ME FUI DETRAS DE ELLOS HABLANDO CUANDO LLEGAMOS A
LA Y YO ME DI DE CUENTA QUE IBAN A ROBAR ME DIJERON QUE IBAMOS A
ROBAR EL PRIMER CARRO QUE PASARA. NEGRIS ME PASÓ UN ARMA DE
JUGUETE COLOR GRIS, LLEGAMOS AL LADO DE LA CARRETERA CUANDO
JHON SE PASO AL LADO DE ARRIBA AL FRENTE DE LA CARRETERA LA PARTE
ALTA DONDE SE OBSERVA QUE CARROS VIENEN… PARA ESTAR PENDIENTE
DE LA POLICIA, NEGRIS Y DOS CARAS SE QUEDARON DETRAS DEL ALAMBRE
DE PUAS, YO ME HICE ATRÁS PORQUE TENÍA EL ARMA DE JUGUETE, JHON
NOS AVISA QUE SUBÍA UNA CAMIONETA ES CUANDO DOS CARAS SE
ENCAPUCHA CON NEGRIS Y SALEN A LA CARRETERA Y SEPARAN DELANTE
DE LA CAMIONETA Y LES DICEN QUE ALTO ES UN ASALTO, ES CUANDO DOS
CARAS LE PEGA A LA VENTANA DEL CONDUCTOR LE DICE QUE SE BAJE ES
CUANDO REACCIONA EL SEÑOR DE LA CAMIONETA… HACE UNOS DISPAROS
HACIA AFUERA YO VENÍA DE FRENTE Y ME PEGA UN TIRO, YO LE DIGO A
NEGRIS ESTOY HERIDO, DOS CARAS SE AGACHÓ EN LA PUERTA DEL
CONDUCTOR ES CUANDO NEGRIS LE RESPONDE CON UNOS DISPAROS AL
SEÑOR DE CARRO IMPACTÁNDOLO. YO ME BAJÉ POR LA ZONA BOSCOSA YA
TODOS VENÍAN DETRAS MIO Y YA CADA UNO SE FUE PARA SU CASA Y YO ME
FUI PARA EL HOSPITAL. PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA QUIEN
PLANEA EL HURTO QUE IBAN A REALIZAR CONTESTADO: PUES CUANDO
ELLOS IBAN CAMINANDO HACIA ARRIBA YO ME LES PEGUE PERO CUANDO
LLEGAMOS A LA Y NEGRIS Y DOS CARAS ME DICEN QUE ÍBAMOS A COBRARLO
ME PASAN EL ARMA DE JUGUETE Y JHON AVISA QUE VENIA LA CAMIONETA
GRIS. PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA QUIEN ES LA PERSONA QUE LE
DA A USTED EL ARMA DE JUGUETE CONTESTADO: NEGRIS PREGUNTADO:
DIGA A ESTA DILIGENCIA QUIÉN ES NEGRIS, JHON, Y DOS CARAS SI USTED
LOS DISTINGUE DE HACE MUCHO TIEMPO SI TIENE ALGUNA RELACIÓN
FAMILIAR. CONTESTADO: NEGRIS ES PRIMO MIO POR PARTE DE MI MAMA Y
ÉL SE LLAMA ANDRÉS CAMILO MACA CORTES, JHON SE LLAMA JHON JAIRO
IBAÑEZ GUTIÉRREZ EL VIVE EN EL CALLEJÓN SAMBRUNO Y DOS CARAS SE
LLAMA JOSÉ LUIS IZASA HERNÁNDEZ Y TAMBIÉN VIVE EN EL CALLEJÓN
SAMBRUNO, SOLO NEGRIS ES FAMILIAR MIO LOS OTROS SON CONOCIDOS
DE BARRIO. PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA QUIÉNES DE LOS
PARTICIPANTES EN LOS HECHOS TENÍAN ARMA DE FUEGO REALES Y QUIEN
NO. CONTESTADO: EL ÚNICO QUE LLEVABA ARMA DE FUEGO DE VERDAD
ERA NEGRIS, ANDRÉS CAMILO MACA CORTES, JHON, DOS CARAS Y YO
TENÍAMOS ARMAS DE JUGUETE LAS CUALES QUEDARON VOTADAS (SIC) EN
LA SELVA. PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA QUIENES DE LOS QUE
PARTICIPARON EN LOS HECHOS TENÍAN PASA MONTAÑAS Y QUIENES
MASCARAS. CONTESTADO: NEGRIS, DOS CARAS TENÍAN PASAMONTAÑAS Y
JHON TENIA UNA MASCARA NEGRA, YO NO TENÍA NINGÚN TIPO DE MASCARA
NI PASA MONTAÑAS. PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA SI DURANTE LA
COMISIÓN DEL HECHO LOGRARON COMETER EL HURTO CONTESTADO: NO
SE LOGRÓ COMETER EL HURTO YA QUE CUANDO LOS DEL CARRO PARAN
EL SEÑOR QUE IBA AL LADO DEL CONDUCTOR EMPIEZA A DISPARAR ES
CUANDO ME IMPACTA YO LE DIGO A NEGRIS QUE ESTOY HERIDO Y LE
RESPONDE CON UNOS DISPAROS. PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA A
QUE DISTANCIA DE DONDE QUEDO ESTACIONADO EL VEHICULO IMPLICADO
USTED FUE LESIONADO CONTESTADO: APROXIMADAMENTE A UNOS DOS
METROS DE DISTANCIA ESTABA YO PARADO CUANDO ME DISPARAN.
PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA SI USTED ESTÁ EN LA CAPACIDAD DE
DAR LA DESCRIPCIÓN FÍSICA Y MORFOLÓGICA DE LAS PERSONAS
PARTICIPARON EN LOS HECHOS CONTESTADO: NEGRIS ES ALTO DE UNA
ALTURA DE 1.70 APROXIMADAMENTE, DE PIEL MORENA, DE CONTEXTURA
DELGADA, CABELLO CORTO, COLOR NEGRO, OJOS CAFES, DE NARIZ CHATA,
BOCA GRANDE TIENE UNA CICATRIZ EN EL CACHETE IZQUIERDO, CON BARBA
EL CANDADO, JHON ES.DE UNA ALTURA DE 1.68 APROXIMADAMENTE DE TEZ
BLANCA, DE CONTEXTURA DELGADA, CABELLO CORTO SE PEINA DE LADO,
OJOS CLAROS, TIENE UN POQUITO DE BOSO (SIC), DE NARIZ AGUILENA, CARA
DELGADA, DOS CARAS ES DE UNA ESTATURA 1.50 APROXIMADAMENTE, DE
CABELLO LARGO, BIGOTE LARGO, DE CONTEXTURA GRUESA, DE TEZ
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
BLANCA, AL FRENTE NO TIENE UNOS DIENTES, TIENE ASPECTO DE
HABITANTE DE CALLE YA QUE ES CONSUMIDOR DE BAZUCO. PREGUNTADO:
DIGA A ESTA DILIGENCIA SI LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS
HECHOS FRECUENTAN EL LUGAR DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS A
COMETER ACTOS ILICITOS CONTESTADO: NO SÉ, YA QUE EL VIERNES FUE LA
PRIMERA VEZ QUE FUI CON ELLOS HACER ESO. PREGUNTADO: DIGA A ESTA
DILIGENCIA SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE DONDE SACÓ EL ARMA DE
FUEGO NEGRIS O SI ACOSTUMBRA A ESTAR CON EL ARMA DE FUEGO.
CONTESTADO: SOLO CUANDO VA HACER SUS VUELTAS ES QUE LA SACA.
PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA SI USTED SABE DONDE VIVE CADA
UNA DE ESTAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS.
CONTESTADO: NEGRIS TIENE UNA MANILLA ELECTRÓNICA PORQUE ESTÁ
PAGANDO CASA POR CÁRCEL PERO VIVE EN EL CALLEJÓN SAMBRUNO VIVE
CON LA MAMA Y EL PAPÁ; JHON JAIRO VIVE AL FRENTE DE LA CASA DE
MILLONARIOS AL LADO DE LA SEÑOR CELINA DEL CALLEJÓN SAMBRUNO VIVE
CON LOS HERMANOS Y LA MAMÁ Y DOS CARAS VIVE AL LADO DERECHOS DE
LA CASA DE MILLONARIOS EN UNA CASA DE MADERA LA CUAL TIENE UNA
LETRERO QUE DICE TIENDA TIENE DOS PUERTAS DONDE VIVE CON DOS
HERMANOS Y SUS PAPAS. PREGUNTADO: DIGA A ESTA DILIGENCIA SI USTED
TIENE CONOCIMIENTO SI LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON HAN TENIDO
ANTECEDENTES JUDICIALES O EN ALGUNA OCASIÓN HAN SIDO CAPTURADOS
POR ALGÚN DELITO. CONTESTADO: NEGRIS ESTÁ PAGANDO UNA CASA POR
CÁRCEL, DOS CARAS A TENIDO ANTECEDENTES POR HURTO, JHON COMO
APENAS CUMPLIÓ LOS 19 AÑOS LO CAPTURARON POR RECEPTACIÓN
PORQUE LO COGIERON CON UN TELÉFONO ROBADO (…) ELLOS SE LA PASAN
MOLESTANDO POR AHÍ EN EL BARRIO Y LOS POLICIAS LOS HAN COGIDO EN
VARIAS OCASIONES LOS HAN LLEVADO AL CAÍ PERO NO SÉ SI LOS HAN
CAPTURADO (…) QUIERO DEJAR CLARO QUE TOMÉ LA DECISIÓN DE
COLABORAR CON LA JUSTICIA YA QUE YO ME ENCUENTRO PAGANDO POR
ALGO QUE NO COMETÍ YO PARTICIPÉ PERO EN NINGÚN MOMENTO LE
DISPARE AL SEÑOR, ESTO LO HAGO CON EL FIN DE QUE LA FISCALÍA TOME
EN CUENTA MI COLABORACIÓN DE QUERER SOLUCIONAR MI PROBLEMA
JUDICIAL Y CONTAR UNA ALGÚN BENEFICIO Y COLABORACIÓN POR PARTE
DE LA FISCALÍA YA QUE QUIERO QUE TENGAN EN CUENTA QUE ESTAS
PERSONAS PUEDEN TOMAR REPRESARIAS ENCONTRAR MIA O DE MI FAMILIA
Y LO QUE MENOS QUIERO ES QUE MI FAMILIA SE VEA AFECTADA POR ESTA
DECISIÓN (…) TAMBIÉN QUIERO SOLICITAR Y QUE TENGAN EN CUENTA LA
FISCALÍA QUE EN UNA DE LAS ARMAS DE JUGUETE LA CUAL ES DE COLOR
GRIS QUE ESTABA TIRADA EN EL PARTE BOSCOSA DEL SITIO TIENEN LA
HUELLAS MÍAS YA QUE ESE JUGUETE FUE EL QUE YO PORTABA (…)”45 (resalta
la Sala).
62. Asimismo, en el proceso penal se recibieron otras entrevistas, entre ellas, el 15 de
febrero de 2018 la de un integrante de la Policía Nacional adscrito al servicio de
vigilancia por cuadrantes, en la que manifestó que había residido en el barrio Turbay
Ayala, colindante con los barrios San Bruno y El Parejo, y que debido al tiempo que
vivió en esa zona y a las funciones que desempeñaba como policía, conocía que las
familias de apellidos Maca, Roncancio, Najar y Márquez se habían dedicado por
varias generaciones a la “actividad delictiva de hurto a mano armada sobre la vía
Choachí a la altura del sector conocido como la Y del Parejo”. Asimismo, describió el
modus operandi que empleaban estas personas, consistente en obstaculizar la vía
para detener los vehículos, mientras varios sujetos salían de la zona boscosa
armados para intimidar a sus ocupantes y despojarlos de sus pertenencias,
ocultándose posteriormente en el sector de San Bruno, donde, además, “[tenían]
varios lugares donde ocultar este armamento en la casa de los demás familiares”.
63. En relación con los hechos objeto de este proceso, manifestó que una persona de
la comunidad le suministró información sobre quienes habrían participado en los
hechos del 9 de febrero de 2018 contra el mayor Helber Alirio Berdugo Sierra. Precisó
45 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 184 a 187.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
que le fueron indicados los apodos y características físicas de los presuntos
responsables, a quienes afirmó conocer desde su infancia por haber residido en el
sector, y señaló que según las características dadas, los autores de los hechos eran
Andrés Camilo Maca Cortés, alias “el Negris”; John Jairo Ibáñez; José Luis Isaza
Hernández, alias “Dos Caras”; y “el que resultó herido que después capturaron en el
hospital se llama Cristian Andrés Muñoz Maca alias Cristian”. Finalmente, indicó que
suministraba dicha información con el propósito de contribuir a la investigación
adelantada por la SIJIN y solicitó que se reservara su identidad por su seguridad46.
64. Luego de recibir las anteriores declaraciones, los investigadores de campo
elaboraron varios álbumes para reconocimiento de las personas señaladas por parte
del capturado, quienes fueron identificados fotográficamente47.
65. Posteriormente, los investigadores de campo se trasladaron a la sala de monitoreo
de la cárcel La Picota con el fin de obtener el registro de los desplazamientos
realizados por Andrés Camilo Maca Cortés, quien se encontraba cumpliendo una
medida de prisión domiciliaria y sometido a vigilancia electrónica. Se revisaron las
impresiones correspondientes a los desplazamientos registrados, en las que se
constató que pese a encontrarse bajo dicha medida en la dirección de su residencia,
realizó varios desplazamientos en diferentes horas y, “aproximadamente” para la
fecha y hora de los hechos investigados, se encontraba fuera de su lugar de
residencia, en el sector conocido como «La Y» de El Parejo48.
66. Asimismo, obra un oficio del OPERADOR CERVI-ARVIE49 del 15 de febrero de
201850 dirigido al Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de
Bogotá en el que se comunicó que el interno Andrés Camilo Maca Cortés,
“beneficiario de sistema de monitoreo tipo GPS” registraba en el sistema la siguiente
transgresión: “El 08/02/2018 a las 10.54 PM. Eagle reporta Zona de Inclusión Grace
(GPS). LA PPL SALIÓ DEL DOMICILIO REGRESÓ EL 09/02/2018 A LAS 09:45
HORAS”51.
67. El 15 de febrero de 2018, el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de control
de Garantías emitió las correspondientes órdenes de captura en contra de Andrés
Camilo Maca Cortés y John Jairo Ibáñez Gutiérrez y el 19 del mismo mes y año fueron
detenidos52.
68. Se acreditó que para la fecha de los hechos Andrés Camilo Maca Cortés tenía una
condena anterior vigente, impuesta el 26 de noviembre de 2013, por los delitos de
homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, con una pena
de 129 meses y 24 días de prisión53. Así consta tanto en la consulta de antecedentes
efectuada por la Policía el 19 de febrero de 201854, como en la cartilla biográfica del
INPEC, en la que se registra el proceso No. 6606979 y las actuaciones
correspondientes a la ejecución de dicha pena55.
46 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 209 a 2014.
47 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 218 a 233.
48 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", página 245.
49 Funcionario encargado del monitoreo de brazaletes y dispositivos de vigilancia electrónica en el Centro de
Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (CERVI) a través de su Área de Vigilancia Electrónica (ARVIE) del
INPEC.
50 Aunque no tiene sello con fecha o firma de recibido y tampoco la firma de quien suscribe, solo el nombre
impreso.
51 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 246 a 251.
52 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 295 a 300 y 354 a 360.
53 Equivalente a 10 años, 9 meses y 24 días.
54 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 371 y 372.
55 SAMAI: Tribunal, índice 12, páginas 57 a 61.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
69. Se aportaron las comunicaciones remitidas por funcionarios del CERVI al
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, mediante las cuales se
reportaron las transgresiones de Andrés Camilo Maca Cortés al sistema de monitoreo
y los correos electrónicos por medio de los cuales se remitieron los respectivos
informes al establecimiento de reclusión. De acuerdo con la documentación allegada,
varias de tales transgresiones ocurrieron con anterioridad a los hechos que aquí se
analizan, conforme se observa en la siguiente tabla56:.
Hora de salida Hora de Tiempo fuera
Fecha Observación
/ reporte regreso del domicilio
El sistema reportó
10/05/2017 3:38 p.m. 8:23 p.m. 4 h y 45 min salida del domicilio sin
permiso.
El sistema reportó
26/05/2017 6:14 p.m. 10:03 p.m. 3 h y 49 min salida del domicilio sin
permiso.
Presenta constantes
salidas del sistema. Se
llama a la PPL,
responde la madre,
14/2/2017 12:03 a.m. No consta —
quien informa que
Maca está en el baño y
al indicarle que reporta
afuera, cuelga.
No se encuentra en
31/12/2017 12:06 a.m. 7:02 a.m. 6 h y 56 min
zona autorizada.
El sistema reportó
7/01/2018:
6/01/2018 11:44 p.m. 9 h 47 min salida del domicilio sin
9:31 a.m.
permiso.
Eagle reporta Zona de
8/01/2018 10:30 a.m. No consta —
Inclusión Grace (GPS).
Batería baja. Manifestó
8/01/2018 4:15 p.m. No consta — estar hospitalizado en
el Hospital Santa Clara.
Alerta de inclusión; se
verificó que se
10/01/2018 12:25 a.m. No consta —
encontraba fuera del
domicilio.
Alerta de inclusión; se
verificó que se
10/01/2018 8:15 p.m. No consta —
encontraba fuera del
domicilio.
El sistema reportó
12/01/2018 12:58 a.m. 6:56 a.m. 5 h 58 min
salida del domicilio.
Reporte de zona de
inclusión; no se
15/01/2018 2:55 a.m. No consta —
encontraba en zona
autorizada.
Reporte de zona de
inclusión; no se
16/01/2018 4:38 a.m. No consta —
encontraba en zona
autorizada.
El sistema reportó que
3/02/2018 No precisada No consta — se encontraba fuera del
domicilio.
El sistema reportó que
4/02/2018 2:51 p.m. No consta — se encontraba fuera del
domicilio.
El sistema reportó que
7/02/2018 11:36 p.m. No consta — se encontraba fuera del
domicilio.
Transgresión
8/02/2018 10:54 p.m. 9:45 a.m. 10 h y 51 min correspondiente al
día de los hechos.
56 SAMAI: Tribunal, índice 12, páginas 79 a 92.
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Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
Batería al 10%, sin
ubicación disponible.
Se registra dispositivo
18/02/2018 10:03 p.m. No consta —
apagado y no se logra
comunicación con la
PPL.
Unidad apagada. La
madre informa su
19/02/2018 4:40 a.m. — — captura; DIJIN confirma
la captura por tentativa
de homicidio.
70. Está probado que mediante sentencia del 11 de septiembre de 2018, el Juzgado
Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá condenó a
Andrés Camilo Maca Cortés y John Jairo Ibáñez Gutiérrez, en calidad de coautores,
a la pena de 261 meses de prisión, por los delitos de “homicidio agravado tentado,
en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado tentado y fabricación,
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones”.
71. Como fundamento fáctico de la decisión, el juzgado señaló que el 9 de febrero de
2018 seis sujetos armados interceptaron al mayor Helber Alirio Berdugo Sierra y a su
escolta, cuando se movilizaban en una camioneta oficial, y los intimidaron para
obligarlos a descender del vehículo. En ese momento, cuando el mayor tomó su arma
de dotación, “uno de los atacantes le disparó en dos oportunidades”, causándole
graves heridas. La víctima reaccionó y disparó contra Cristian Andrés Muñoz Maca.
Como consecuencia de lo anterior la Fiscalía adelantó las labores investigativas las
cuales permitieron establecer que “José Luis Isaza Hernández, Andrés Camilo Maca
Cortés y John Jairo Ibáñez Gutiérrez, entre otros”, hacían parte de una banda
dedicada al hurto en el sector que ocurrieron los hechos.
72. En relación con la responsabilidad de los condenados, el juzgado encontró
acreditada la participación de Andrés Camilo Maca Cortés y John Jairo Ibáñez
Gutiérrez en los hechos. Para sustentar esta conclusión, se refirió a los informes
policiales y de investigación de campo, las entrevistas recaudadas, las diligencias de
inspección del lugar de los hechos, los informes y pericias de balística, las historias
clínicas, los reconocimientos fotográficos en los que fueron identificados los
procesados y las actuaciones relacionadas con sus capturas. A ello se sumó la
aceptación libre, consciente y voluntaria de los cargos formulados por la Fiscalía
desde la audiencia de imputación57.
73. Bajo ese contexto probatorio, se encuentra acreditado que en el intento de hurto
en el que resultó lesionado el señor Helber Alirio Berdugo Sierra participaron seis
sujetos y que dos de ellos, Andrés Camilo Maca Cortés y John Jairo Ibáñez Gutiérrez,
fueron condenados penalmente, luego de aceptar los cargos formulados por la
Fiscalía General de la Nación, como coautores de, entre otros delitos, tentativa de
homicidio. En consecuencia, desde la perspectiva de la imputación fáctica, no existe
discusión en cuanto a que la producción material del daño cuya reparación se
reclama es atribuible a la actuación de esos particulares, quienes fueron los
causantes de las lesiones ocasionadas a la víctima.
74. No obstante, la sola constatación de que el daño tuvo como fuente material la
conducta de terceros no resulta suficiente para descartar una atribución jurídica al
Estado, pues para que el hecho de un tercero constituya una causa extraña con
efectos exonerativos es necesario acreditar que su intervención fue exclusiva,
57 SAMAI: Tribunal, índice 30, archivo: “41_RECIBEMEMORIALES_NI545807OFICIO2(.pdf) NroActua 30”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
determinante y ajena al servicio, de manera que la entidad demandada no hubiere
contribuido, por acción u omisión, a la producción del daño.
75. En esa línea, el INPEC alega que el daño obedeció al hecho exclusivo de un
tercero, pues según lo manifestado en la entrevista rendida el mismo día de los
hechos por el único testigo presencial, Brayan Hernando González Mestizo, quien
disparó contra el señor Helber Alirio Berdugo Sierra fue Cristian Andrés Muñoz Maca
y que, como este no se encontraba bajo su custodia ni sometido a su vigilancia, el
resultado dañoso no le resultaba jurídicamente atribuible.
76. Alrespecto, la Sala precisa que dicha entrevista, por tratarse de un acto de
investigación practicado en el marco del proceso penal adelantado bajo la Ley 906
de 2004, no constituye por sí misma una prueba testimonial de los hechos allí
narrados. No obstante, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación58,
cuando la persona entrevistada posteriormente comparece a juicio o en otro proceso
a rendir testimonio bajo juramento, las manifestaciones efectuadas en la entrevista
pueden ser confrontadas con su declaración con el fin de valorar su consistencia y
credibilidad.
77. Al examinar las pruebas, se advierte que la versión dada por el S.P González
Mestizo en la entrevista rendida el día de los hechos difiere en aspectos relevantes
de la declaración dada por el mismo testigo bajo juramento dentro de este proceso,
particularmente en lo relacionado con la identidad y ubicación de la persona que
accionó el arma de fuego que lesionó al señor Helber Alirio Berdugo Sierra. En la
primera, señaló que el sujeto que disparó contra el mayor se encontraba al costado
derecho del vehículo, junto a la puerta del copiloto, y lo describió como un hombre
que vestía camisa negra con rayas blancas, gorra y sudadera negras, sin cubrirse el
rostro. Posteriormente, al acudir al Hospital La Samaritana, identificó a Cristian
Andrés Muñoz Maca como “el mismo que disparó en contra de mi mayor”.
78. Sin embargo, al rendir testimonio bajo juramento en este proceso, manifestó que
quien disparó se encontraba a su lado, en el costado izquierdo del vehículo, llevaba
pasamontañas y no pudo ser identificado por él; asimismo, precisó que la persona
que posteriormente reconoció en el hospital era quien se encontraba por el lado del
mayor Berdugo Sierra en el momento del hurto, y afirmó expresamente que esta no
era la misma persona que había efectuado los disparos.
79. A lo anterior se suma que en la valoración médico legal practicada al señor Helber
Alirio Berdugo Sierra, este manifestó que mientras se desplazaba en el vehículo, uno
de los sujetos le apuntó con un arma en la cabeza y otro le disparó “por el lado del
conductor”. Esta versión coincide con la segunda del testigo Brayan Hernando
González Mestizo.
80. De igual manera, Cristian Andrés Muñoz Maca, quien fue capturado en el Hospital
La Samaritana y posteriormente rindió interrogatorio, manifestó que participó en el
intento de hurto, pero negó haber disparado contra el señor Berdugo Sierra. Según
su relato, quien respondió con disparos contra los ocupantes del vehículo fue
“Negris”, a quien identificó como su primo Andrés Camilo Maca Cortés, y precisó que
este era el único de los participantes que portaba un arma de fuego real, mientras
que los demás, incluido él, llevaban armas de juguete (en la escena del crimen se
encontraron 3 armas de juguete – ver párrafo 51).
58 Ver pie de página 39.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
81. En ese contexto, los elementos de juicio ofrecen versiones que no resultan
coincidentes acerca de la persona que efectuó el disparo que lesionó al señor
Berdugo Sierra. Si bien algunas de ellas permiten orientar la autoría material hacia
Andrés Camilo Maca Cortés, particularmente la manifestación de Cristian Andrés
Muñoz Maca y la referencia de la víctima a que el disparo provino del lado del
conductor, lo cierto es que dicha conclusión se enfrenta a la identificación inicial
efectuada por Brayan Hernando González Mestizo, quien señaló a Cristian Andrés
como la persona que le había disparado al mayor. Esta divergencia, sumada a las
contradicciones existentes entre las propias versiones del testigo presencial, impide
tener suficientemente acreditada la identidad de quien efectuó el disparo que causó
las lesiones al señor Berdugo Sierra.
82. En esa medida, no se encuentra acreditado que las lesiones cuya reparación se
solicita hayan sido ocasionadas por Cristian Andrés Muñoz Maca, de modo que no
puede tenerse por configurado, en los términos planteados por el INPEC, el hecho
exclusivo de un tercero como fundamento de su exoneración de responsabilidad.
Esta conclusión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que Cristian Andrés
Muñoz Maca ni siquiera fue condenado penalmente por los hechos que dieron lugar
al daño reclamado.
83. En este punto, resulta pertinente precisar que si bien en la reconstrucción de los
hechos efectuada por el Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá se hizo referencia a la participación de seis sujetos y se
señaló que las labores investigativas permitieron establecer la vinculación de Andrés
Camilo Maca Cortés, John Jairo Ibáñez Gutiérrez y José Luis Isaza Hernández con
el grupo involucrado en los hechos, la condena proferida en dicha actuación penal
recayó únicamente sobre los dos primeros.
84. El fallo no precisa las razones por las cuales los demás sujetos mencionados no
fueron condenados ni por qué Cristian Andrés Muñoz Maca fue desvinculado del
proceso penal. No obstante, de las actuaciones que fueron aportadas de dicho
expediente puede inferirse que su desvinculación tuvo como soporte las
manifestaciones efectuadas por este último en el interrogatorio rendido como
indiciado, en el que señaló a Andrés Camilo Maca Cortés como quien dirigió el hecho
y efectuó los disparos, así como por la aceptación voluntaria de los cargos por parte
de éste y de John Jairo Ibáñez Gutiérrez.
85. En ese sentido, se encuentra acreditado que Andrés Camilo Maca Cortés fue
condenado como coautor59 de los delitos de tentativa de homicidio agravado, en
concurso con tentativa de hurto calificado y agravado y porte o tenencia de armas de
fuego o municiones, por los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2018. Asimismo, está
demostrado que para esa fecha se encontraba cumpliendo una medida de prisión
domiciliaria con vigilancia electrónica, impuesta en el marco de una condena anterior
por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Esta circunstancia constituye
59 La coautoría supone la realización conjunta de la conducta punible mediante un acuerdo o plan común, una
división de funciones y aportes relevantes para su ejecución. Tratándose de la coautoría impropia, no es
necesario que cada interviniente ejecute materialmente la totalidad de los actos que integran la conducta típica,
pues, en virtud del principio de imputación recíproca, una vez acreditado el plan común y la actuación coordinada
de los intervinientes, el resultado acordado se atribuye a todos los coautores y no únicamente a aquel que
realizó materialmente el acto específico que lo produjo. Así lo ha señalado la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, al precisar que «los coautores impropios responden por el resultado común
acordado y no por su específica contribución o aporte» (CSJ, Sala de Casación Penal, SP3993-2022, rad.
58187). En el mismo sentido, ha indicado que, cuando existe una resolución común al hecho, lo realizado por
cada uno de los coautores se extiende a los demás conforme al plan acordado (CSJ, Sala de Casación Penal,
SP3630-2022, rad. 61914). En consecuencia, la condena de Andrés Camilo Maca Cortés como coautor de la
tentativa de homicidio comporta la atribución de responsabilidad penal por ese delito.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
precisamente el fundamento de la imputación formulada por la parte actora contra el
INPEC, a quien se atribuye una falla en el servicio derivada del incumplimiento de
sus deberes de vigilancia y control sobre dicha medida. Por ello, se procederá a
establecer si la entidad demandada desplegó las actuaciones que razonablemente le
eran exigibles para prevenir, evitar o mitigar el daño invocado.
86. Para abordar el juicio de imputación jurídica, resulta menester destacar que la
pena privativa de la libertad comporta una restricción temporal y determinada de
ciertos derechos, cuyo cumplimiento corresponde garantizar al Estado. En ese
marco, la ejecución de la pena no se agota en la restricción de la libertad del
condenado, sino que comprende el cumplimiento efectivo de las condiciones
impuestas por la autoridad judicial y el ejercicio de los mecanismos de vigilancia y
control previstos por el ordenamiento para asegurar su observancia60.
87. Conforme se desarrolló previamente en las consideraciones, al INPEC le
corresponde vigilar y controlar el cumplimiento de la medida de prisión domiciliaria y
efectuar el seguimiento de los mecanismos de vigilancia electrónica, así como
adoptar las medidas previstas en el ordenamiento jurídico frente a las transgresiones
o alertas que fueran detectadas. En particular, el marco normativo y operativo vigente
para la época de los hechos imponía a la entidad el deber de monitorear de manera
permanente el dispositivo, verificar las novedades que pudieran comprometer el
cumplimiento de la medida y desplegar de manera oportuna las actuaciones de
verificación y reacción previstas para cada evento.
88. Los medios de convicción revelan que con anterioridad a los hechos objeto de este
litigio, Andrés Camilo Maca Cortés incumplió en quince (15) ocasiones las
condiciones bajo las cuales le había sido concedida la prisión domiciliaria y, por
consiguiente, las obligaciones cuyo cumplimiento era objeto de vigilancia mediante el
mecanismo de seguridad electrónica. Los reportes remitidos por los funcionarios del
CERVI al establecimiento de reclusión encargado de su vigilancia registraron salidas
del domicilio durante la madrugada y horas de la noche, permanencias por fuera de
la zona autorizada, activación de alertas de zona de inclusión y, en algunos casos, la
imposibilidad de establecer comunicación con el vigilado.
89.De acuerdo con la normativa aplicable, una vez concedida la medida de prisión
domiciliaria correspondía al INPEC ejercer la vigilancia del condenado y adoptar las
medidas de control previstas para garantizar su cumplimiento. Para tal efecto, la
entidad debía realizar visitas aleatorias a la residencia, efectuar llamadas telefónicas,
obtener información de vecinos y allegados y adelantar labores de inteligencia.
90. Sin embargo, no obra prueba de que el INPEC hubiera desplegado alguna de esas
medidas respecto de Andrés Camilo Maca Cortés durante el tiempo en que estuvo
sometido a prisión domiciliaria con vigilancia electrónica. Únicamente se observan los
registros de algunas llamadas telefónicas efectuadas con ocasión de las alertas
generadas por el sistema, pero estas no permiten establecer la existencia de un
seguimiento efectivo de la medida.
60 La Corte Constitucional ha señalado que la pena constituye una aplicación temporal y forzada de un régimen
personal definido judicialmente, mediante el cual se limita o suspende el ejercicio de determinados derechos,
mientras otros permanecen incólumes. Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-218 del 3 de mayo de 1994, exp.
T-27842. Asimismo, ha precisado que la finalidad de las penas y medidas privativas de la libertad se relaciona
con la protección de la sociedad y que su ejecución debe orientarse a que quien recupere su libertad esté en
condiciones de respetar la ley. Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2008. En igual sentido, la Corte
Suprema de Justicia ha destacado la relevancia de la seguridad material y jurídica como presupuesto para la
protección efectiva de los derechos y para la convivencia social. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, sentencia del 29 de octubre de 2008, rad. 24582.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
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Asunto: Reparación directa
91. Así,el 14 de febrero de 2017, la madre del vigilado manifestó que este se
encontraba en el baño y, al informársele que el dispositivo registraba su permanencia
fuera de la residencia, colgó la llamada. El 8 de enero de 2018, ante una alerta por
batería baja del dispositivo, se estableció comunicación con el vigilado, quien informó
encontrarse en el Hospital Santa Clara, sin que en el registro conste que se haya
realizado una verificación posterior de dicha circunstancia. El 8 de febrero de 2018
(día anterior a los hechos) a las 10:54 p.m., el sistema reportó una salida de la zona
de inclusión y registró que el vigilado permaneció fuera del domicilio durante toda la
noche, hasta su retorno a las 9:45 a. m. del 9 de febrero de 2018, sin que se evidencie
que se hubiera intentado establecer comunicación con él. Finalmente, el 18 de
febrero de 2018 (día anterior a la captura), se reportó nuevamente una alerta por
batería baja y posterior apagado del dispositivo, sin que fuera posible establecer
comunicación con el señor Maca Cortés.
92. Lo anterior adquiere relevancia en el presente asunto, pues además de que no hay
evidencia de la realización de los controles ordinarios previstos en la ley, se encuentra
acreditada la ocurrencia reiterada de transgresiones a la medida, lo que imponía a la
entidad un deber reforzado de seguimiento y reacción frente a las novedades
detectadas.
93. De conformidad con el artículo 29A de la Ley 65 de 1993, cuando el privado de la
libertad salga sin autorización de la residencia o incumpla las obligaciones inherentes
a la prisión domiciliaria, el INPEC debe “dar inmediato aviso al juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad”, para que este adopte la decisión correspondiente
respecto de la revocatoria de la medida. Si bien, al contestar la demanda la entidad
afirmó haber reportado en más de 15 oportunidades los incumplimientos de Andrés
Camilo Maca Cortés a los jueces de ejecución de penas, tal afirmación no encuentra
respaldo probatorio en el plenario.
94. Con el mismo propósito, el artículo 29F de la Ley 65 de 1993 establece una
consecuencia específica frente al incumplimiento de las obligaciones inherentes a la
prisión domiciliaria: el funcionario del INPEC encargado del control de la medida debe
“detener inmediatamente a la persona que estuviera violando sus obligaciones” y
ponerla dentro de las 36 horas siguientes a disposición del juez que hubiera impuesto
la medida, para que este adopte la decisión correspondiente61.
95. Sobre el alcance de esta facultad, la Corte Constitucional en la sentencia C-411
de 2015, precisó que la captura por parte de los funcionarios del INPEC procede
cuando la persona sometida a prisión o detención domiciliaria se encuentra en
situación de libertad de hecho —o en virtud de un permiso debidamente extendido—
y la violación de las obligaciones propias de la medida “es actual”. En ese sentido, la
facultad de captura constituye un mecanismo de ejecución y control de la decisión
61
“ARTÍCULO 29F. REVOCATORIA DE LA DETENCIÓN Y PRISIÓN DOMICILIARIA. Adicionado por el art. 31,
Ley 1709 de 2014. El incumplimiento de las obligaciones impuestas dará lugar a la revocatoria mediante
decisión motivada del juez competente.
El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el
funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, detendrá inmediatamente a la
persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición
del juez que profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.
La revocatoria de la medida se dispondrá con independencia de la correspondiente investigación por el delito
de fuga de presos, si fuere procedente.
PARÁGRAFO . El Inpec podrá celebrar convenios con la Policía Nacional para el seguimiento del cumplimiento
de la prisión domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente para garantizar el desarrollo de la misma. La
participación de la Policía Nacional dependerá de la capacidad operativa y logística de las unidades que presten
el apoyo al Inpec”.
(El inciso tercero del artículo 31, Declarado EXEQUIBLE Mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-411
de 2015).
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judicial, cuya efectividad corresponde a las autoridades encargadas de ejecutar la
medida, entre ellas, el INPEC62.
96. Lo anterior debe articularse con el procedimiento operativo previsto en el Manual
de Vigilancia Electrónica. Como se explicó anteriormente, las salidas no autorizadas
del domicilio o de la zona de inclusión constituían eventos de transgresión, frente a
los cuales el operador debía realizar las actuaciones de verificación y comunicación
allí previstas. Cuando el vigilado regresaba al domicilio dentro de las doce (12) horas
siguientes a la generación de la alarma, el procedimiento contemplaba la verificación
telefónica de las razones de la salida, la elaboración del informe de transgresión y su
comunicación al establecimiento de reclusión.
97. Ese término de doce (12) horas no puede entenderse como una autorización para
permanecer fuera del domicilio ni como una circunstancia que releve al INPEC de
sus deberes de vigilancia y reacción frente a una transgresión verificada, en tanto
que dicho Manual no constituye la fuente originaria de las competencias de la entidad,
sino un instrumento interno destinado a concretar su ejercicio. Por ello, las reglas allí
previstas deben ser aplicadas en armonía con las obligaciones directamente
establecidas por la ley, en particular con las previstas en los artículos 29A y 29F de
la Ley 65 de 1993.
98. Bajo ese marco normativo y probatorio, se concluye que el INPEC tenía a su cargo
la vigilancia y seguimiento de la medida de prisión domiciliaria con vigilancia
electrónica impuesta a Andrés Camilo Maca Cortés el 26 de noviembre de 2013 y
que, con anterioridad a los hechos en los que resultó lesionado el señor Helber Alirio
Berdugo Sierra (9 de febrero de 2018), la entidad tenía conocimiento de las reiteradas
transgresiones cometidas por aquel, sin que hubiera acreditado haber desplegado
frente a ellas una reacción institucional eficaz y acorde con los deberes de vigilancia
y control que le correspondían legalmente.
99. Los elementos de juicio allegados permiten establecer que la actuación del INPEC
se limitó al registro de las alarmas generadas por el sistema y a la remisión de los
respectivos informes al establecimiento de reclusión, sin que se encuentre
demostrado que frente a las reiteradas transgresiones hubiera adoptado las medidas
de verificación y reacción que el ordenamiento le imponía, pese a que como lo ha
señalado la Corte Constitucional, “el fin y la justificación de las penas y medidas
privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen”63.
100. En relación con el argumento expuesto en la contestación de la demanda y
reiterado en el recurso de apelación, según el cual Andrés Camilo Maca Cortés
cumplía su condena en prisión domiciliaria a escasos cuatro o cinco minutos del lugar
donde ocurrieron los hechos delictivos y, por ello, no existían razones contundentes
para ejercer una recaptura ni para ejercer materialmente su custodia, la Sala
considera que la cercanía entre ambos lugares no desvirtúa el incumplimiento de los
deberes de vigilancia, verificación y reacción a cargo del INPEC. Los medios de
convicción dan cuenta de que Maca Cortés salió de su residencia a las 10:54 p. m.
del 8 de febrero de 2018 y regresó a las 9:45 a. m. del día siguiente, mientras que el
62 La Corte precisó que la facultad de captura atribuida al INPEC y a la Policía Nacional respecto de personas
sometidas a detención o prisión domiciliaria presupone, entre otros requisitos, que estas se encuentren en
situación de libertad de hecho o en virtud de un permiso debidamente extendido y que la violación de las
obligaciones propias de la medida sea actual. Asimismo, señaló que la revocatoria de la detención o prisión
domiciliaria corresponde al juez competente, mientras que las autoridades administrativas actúan como
ejecutoras de la decisión judicial.
63 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2008.
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hecho dañoso ocurrió a las 9:25 a. m. Por tanto, el INPEC contó con un período
suficiente para desplegar las actuaciones previstas en el ordenamiento frente a la
transgresión de la medida, al margen de la proximidad del lugar de residencia con el
sitio donde ocurrieron los hechos. Esta circunstancia, además, no puede valorarse
de manera aislada, sino en el contexto de las múltiples transgresiones anteriores a la
medida de prisión domiciliaria, que imponían un deber reforzado de seguimiento y
reacción.
101.El mecanismo de vigilancia electrónica no tenía como única finalidad registrar los
incumplimientos o trasgresiones una vez producidos, sino contribuir al control efectivo
de la medida privativa de la libertad. Sin embargo, ello no ocurrió. De manera que la
ausencia de respuesta institucional para hacer cesar el incumplimiento de la medida
o poner al infractor a disposición de la autoridad judicial configuró una falla en la
prestación del servicio imputable al INPEC.
102. En relación con el argumento de la entidad demandada, según el cual el sistema
de vigilancia electrónica monitoreaba a más de 4.600 personas privadas de la
libertad, circunstancia que hacía materialmente imposible ejercer una vigilancia física
permanente sobre cada persona sometida a prisión o detención domiciliaria, la Sala
precisa que las obligaciones a cargo de la entidad no suponían el seguimiento físico,
permanente e individual de cada vigilado, sino el despliegue de los mecanismos de
control expresamente previstos para garantizar la efectividad de la medida.
103. Como quedó expuesto, estos comprendían, entre otros, las visitas aleatorias al
domicilio, la obtención de información de vecinos y allegados y las labores de
inteligencia, así como la adopción de medidas específicas frente a las transgresiones
detectadas. Por tanto, la carga operativa derivada del número de personas sometidas
a vigilancia electrónica no constituye una razón jurídicamente admisible para relevar
al INPEC del cumplimiento de sus obligaciones, máxime cuando el propio
ordenamiento prevé la posibilidad de acudir al apoyo de la Policía Nacional cuando
los recursos de vigilancia de la entidad resulten insuficientes.
104. Con mayor razón, esa consideración carece de sentido en el presente asunto,
donde no se reprocha al INPEC la imposibilidad de anticipar una conducta delictiva
imprevisible, sino la ausencia de una respuesta frente a transgresiones reiteradas de
una medida cuyo incumplimiento había sido previamente detectado y registrado. Bajo
esas condiciones, la omisión no se vincula de manera abstracta con la posibilidad de
prevenir cualquier conducta delictiva futura o de entender que el Estado es un
“asegurador general”, sino con la falta de reacción frente a una transgresión concreta,
actual y prolongada de la medida que permitió que el condenado permaneciera en
libertad de hecho y participara como coautor material de los hechos delictivos en los
que resultó lesionado el señor Berdugo Sierra.
105.Ante ese escenario, la entidad contaba no solo con los mecanismos ordinarios
de verificación y vigilancia previstos en el artículo 29A de la Ley 65 de 1993, sino
también con las facultades legales para reaccionar frente a la violación actual de las
obligaciones impuestas al condenado, incluida la detención inmediata en los términos
del artículo 29F ejusdem.
106.En consecuencia, la insuficiencia de recursos humanos o logísticos alegada por
la entidad no puede erigirse en una razón para excluir la responsabilidad derivada del
incumplimiento de deberes legales concretos, cuya observancia resultaba
indispensable para asegurar la efectividad de la prisión domiciliaria y evitar que el
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señor Maca Cortés permaneciera reiteradamente en una situación de libertad de
hecho, de la cual se valió para participar en el hecho delictivo que ocasionó el daño.
107. Así, en el marco del juicio de atribución, la Sala considera que las omisiones
advertidas incidieron en la producción del daño, en tanto permitieron que Andrés
Camilo Maca Cortés incumpliera de manera reiterada las condiciones de la prisión
domiciliaria y permaneciera en libertad de hecho pese a las transgresiones
previamente detectadas. Fue precisamente durante una de esas salidas no
autorizadas cuando participó en el intento de hurto y la tentativa de homicidio por los
cuales posteriormente fue condenado penalmente, hechos en los que resultó
lesionado el señor Helber Alirio Berdugo Sierra.
108.Conforme se expuso en precedencia, al INPEC le corresponde ejecutar la política
penitenciaria y carcelaria y, en particular, vigilar y hacer seguimiento a las personas
privadas de la libertad, así como efectuar el control y monitoreo de los mecanismos
de vigilancia electrónica. Estas funciones se desarrollan dentro del Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario64.
109. Bajo este sistema, le corresponde a la autoridad judicial adoptar las decisiones
relativas a la imposición, modificación o revocatoria de las medidas de detención o
prisión domiciliaria, mientras que al INPEC compete su ejecución y vigilancia en los
términos establecidos por el ordenamiento jurídico65. En el presente asunto no se
acreditó que las autoridades judiciales hubiesen recibido oportunamente los reportes
de las transgresiones detectadas. Lo que se demostró fue la falta de eficacia en las
actuaciones de vigilancia, verificación y reacción que estaban a cargo del INPEC.
110. El marco normativo desarrollado en las consideraciones permite afirmar que la
vigilancia electrónica no fue concebida por el legislador como un mecanismo
destinado exclusivamente a registrar los incumplimientos de las personas sometidas
a esta modalidad de privación de la libertad. Su finalidad es contribuir a la efectividad
de la medida judicial y permitir que ante las transgresiones detectadas, las
autoridades competentes desplieguen las actuaciones de verificación, control y
reacción previstas por el ordenamiento jurídico.
111. La efectividad de este mecanismo no depende únicamente de la existencia de
dispositivos tecnológicos capaces de generar alertas, sino de que el sistema
institucional dispuesto para su operación esté en la capacidad para procesarlas y
activar de manera oportuna y eficaz las actuaciones que correspondan. De lo
contrario, la vigilancia electrónica corre el riesgo de convertirse en un mecanismo
meramente registral, incapaz de cumplir la finalidad de control que justifica su
utilización como herramienta para hacer efectiva una medida de privación de la
libertad.
112.Esta consideración adquiere especial relevancia frente a la defensa propuesta
por el INPEC, según la cual el elevado número de personas sometidas a vigilancia
electrónica y la cantidad de alertas generadas diariamente por este mecanismo hacen
materialmente imposible realizar una verificación individual y oportuna de cada una
64 El artículo 15 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 1709 de 2014, establece que el
Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado, entre otros, por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el INPEC y la USPEC. Además, dentro de la estructura del Ministerio funciona la Dirección de Política
Criminal y Penitenciaria, que tiene funciones relacionadas con la formulación, seguimiento y evaluación de la
política criminal y penitenciaria. Esa Dirección ejerce, además, la Secretaría Técnica del Consejo Superior de
Política Criminal.
65 Artículos 29A y 29F de la Ley 65 de 1993 y Corte Constitucional sentencia C 411-2015.
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de ellas. Tal argumento, antes que justificar la inobservancia de los deberes legales
a cargo de la entidad, evidencia dificultades en la eficiencia y funcionalidad de la
estructura dispuesta para hacer efectiva dicha medida, al tiempo que pone de
presente la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se encuentra
estructurado y funciona el sistema de vigilancia electrónica.
113. Por consiguiente, si las alarmas generadas por el sistema superan la capacidad
institucional u operativa para realizar las actuaciones de verificación y reacción que
exige el ordenamiento, tal circunstancia no puede justificar, por sí sola, la
inobservancia de los deberes legales a cargo de la entidad. En el presente caso, las
dificultades operativas invocadas por el INPEC no desvirtúan la falla del servicio
establecida, pues no explican ni justifican la ausencia de una respuesta eficaz frente
a las transgresiones concretas y reiteradas de la medida de prisión domiciliaria.
114.
En estas condiciones, la omisión en el cumplimiento de las funciones y
negligencia por parte del INPEC no está justificada ni fue ajena a la producción del
daño, pues permitió la persistencia de una situación de riesgo que finalmente se
concretó en las lesiones cuya reparación se reclama.
115. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que el daño antijurídico cuya
reparación se solicita fue producto de la concurrencia de la conducta de Andrés
Camilo Maca Cortés y John Jairo Ibáñez Gutiérrez, condenados penalmente como
coautores de la tentativa de homicidio, y de la falla del servicio por la omisión en que
incurrió el INPEC. Si bien ambas conductas concurrieron causalmente en la
producción del daño, su incidencia no fue equivalente, pues mientras los particulares
desplegaron directamente la conducta delictiva en cuyo desarrollo se produjo la
lesión del señor Berdugo Sierra, la entidad contribuyó a su ocurrencia mediante la
omisión de los deberes de vigilancia, control y reacción que le correspondían frente
a la medida de prisión domiciliaria.
116.En estos casos, cuando en la producción del daño intervienen el Estado y un
particular y la conducta de este último no fue exclusiva, se configura una concausa,
en virtud de la cual debe establecerse la incidencia causal de cada una de las
conductas concurrentes. De conformidad con el inciso cuarto del artículo 140 del
CPACA, corresponde al juez determinar en la sentencia la proporción en que debe
responder cada uno de los intervinientes, teniendo en cuenta la influencia causal del
hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. Este juicio de proporción debe atender
a las circunstancias fácticas y probatorias acreditadas en el proceso y a la naturaleza
de las conductas que concurrieron en su producción.
117.A partir de ese juicio de proporción, la Sala considera que la incidencia causal
corresponde en un 20% al INPEC y en un 80% a Andrés Camilo Maca Cortés y John
Jairo Ibáñez Gutiérrez, pues la materialización del daño tuvo como causa directa la
conducta delictiva desplegada por estos últimos, mientras que la entidad contribuyó
a su producción al incumplir los deberes de vigilancia, control y reacción frente a la
medida de prisión domiciliaria, circunstancia que permitió que Maca Cortés
permaneciera en libertad de hecho y participara en el hecho dañoso.
118. Esta distribución no tiene por finalidad establecer una obligación divisible frente
a la víctima, sino que permite establecer, en los términos exigidos por el artículo 140
del CPACA, la diferente incidencia causal de las conductas concurrentes y, por
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consiguiente, en relación con la imputación jurídica, esta concurrencia da lugar a la
responsabilidad solidaria en los términos del artículo 2344 del Código Civil66.
119.Así las cosas, por las razones expuestas, la Sala modificará la sentencia objeto
de apelación y, en su lugar, declarará responsable solidariamente al INPEC, en su
condición de concausante del daño cuya reparación se reclama.
Indemnización de perjuicios
120. La competencia del juez de segunda instancia se encuentra circunscrita a los
motivos de inconformidad expuestos por los recurrentes en los respectivos escritos
de apelación, de modo que en materia de indemnización de perjuicios, la Sala se
limitará a estudiar los aspectos que fueron objeto de disenso.
121.En consecuencia, la Sala procederá a examinar los reparos formulados frente al
lucro cesante que fue negado a los señores Helber Alirio Berdugo Sierra y Andrea
Velásquez Rodríguez, mientras que los montos reconocidos por concepto de
perjuicios morales y daño a la salud permanecen incólumes, en tanto no fueron
apelados67.
Lucro cesante a favor de la víctima directa
122.En la demanda se solicitó el reconocimiento de la suma de $2.455’728.402, por
concepto de lucro cesante a favor del referido demandante, correspondiente a los
ingresos que dejó de percibir como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral
del 100%, que le impedía continuar desempeñándose como miembro activo del
Ejército Nacional
123. El Tribunal negó su reconocimiento, al considerar que la pensión de invalidez
reconocida por el Ejército Nacional comprendía la afectación económica derivada de
la pérdida de capacidad laboral, por lo que no resultaba procedente acumular una
indemnización por lucro cesante con una prestación que tenía origen en la misma
situación de invalidez. En el recurso de apelación, la parte actora cuestionó dicha
66 Al respecto, en la sentencia C-055 de 2016, la Corte Constitucional señaló: “Del recuento histórico se
evidencia una dificultad en determinar la voluntad explícita del legislador al introducir el texto del inciso
demandado. No obstante, es posible deducir que su intención aproximada se orientó en el siguiente
sentido: (i) en todos los casos en los que exista concausalidad entre el Estado y un particular que causan un
daño que deba ser reparado al haberse demostrado la responsabilidad extracontractual, el juez debe adelantar
un juicio de proporción de acuerdo al análisis fáctico, probatorio y jurídico que imponga cada situación
según los diferentes criterios de imputación de responsabilidad; (ii) por la proporción determinada,
deberá responder cada una de las partes –Estado y particular- convirtiéndose en divisible la condena
entre los codeudores; y, (iii) al eliminar el legislador en último debate la cláusula que prohibía dar
aplicación al artículo 2344 del Código Civil, se concluye que la norma demandada no implica la exclusión
o eliminación de la responsabilidad solidaria del Estado en caso de concurrencia con un particular en
la causación del daño. De allí que el juez en su sentencia pueda dar aplicación a la solidaridad en los casos
que valore necesarios, siguiendo las reglas fijadas en la doctrina judicial del derecho viviente.
“13. Ahora bien, la anterior interpretación histórica ayuda a comprender el contenido literal de la norma. La Sala
de forma clara advierte que el inciso censurado no establece una cláusula de exclusión de la
responsabilidad solidaria que podría surgir entre el Estado y en particular concausantes de un daño, ni
indica la forma cómo la obligación de reparar se hace exigible frente a la víctima, simplemente establece al
juez el deber de realizar en su sentencia el juicio de proporción teniendo en cuenta la influencia causal
en el hecho o la omisión en la ocurrencia del daño, es decir, analizando los elementos fácticos, probatorios
y jurídicos necesarios para definir la responsabilidad extracontractual y la consecuente obligación de reparar”
(negrilla propia).
67 La jurisprudencia de la Sección Tercera ha identificado dos escenarios para determinar el alcance de la
competencia del juez de segunda instancia según quiénes interpongan el recurso de apelación: cuando apela
una de las partes y cuando ambas partes recurren la decisión. Para el presente asunto interesa este último
supuesto, en el que al haber apelado tanto la parte actora como la demandada, la competencia del juez de
segunda instancia se circunscribe a los aspectos y motivos de inconformidad planteados por los respectivos
recurrentes. En ese sentido, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 1º de febrero de 2018, expediente: 40.775
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Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
conclusión, para lo cual sostuvo que la pensión constituía una prestación social de
carácter legal, mientras que el perjuicio solicitado estaba dirigido a reparar la pérdida
de ingresos que como consecuencia del daño antijurídico imputado a la entidad
demandada habría sufrido el señor Helber Alirio Berdugo Sierra en calidad de víctima
directa.
124.Para resolver el reparo formulado en el recurso, resulta pertinente acudir a la
sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado68, en la que se estableció que es procedente reconocer la
indemnización por lucro cesante derivada de la responsabilidad extracontractual del
Estado, aun cuando la víctima haya accedido a una pensión de invalidez como
miembro voluntario y/o profesional de la Fuerza Pública, sin lugar a descuento o
exclusión.
125.Aunque el supuesto analizado en la sentencia de unificación correspondió a un
caso en el que la entidad demandada69 era a su vez la que había reconocido la
pensión de invalidez, esta circunstancia no constituye el fundamento de la regla fijada
por la Sala Plena. La unificación no se construyó a partir de la identidad entre el
responsable del daño y el obligado al reconocimiento de la prestación pensional, sino
de la distinta naturaleza, causa, fuente y finalidad de los derechos que surgen de
ambos institutos jurídicos. De ahí que, por identidad de razón, el criterio allí adoptado
resulta aplicable al presente asunto, en el que la pensión de invalidez del señor
Helber Alirio Berdugo Sierra fue reconocida por el Ejército Nacional por la lesión que
padeció “con causa y con ocasión del servicio”70
126.Así las cosas, en aplicación de la regla de unificación referida71, dicha prestación
social reconocida al señor Berdugo Sierra no excluye ni permite descontar la
indemnización por concepto de lucro cesante derivado del daño antijurídico imputado
al INPEC, pues, según se explicó en la referida providencia, aunque ambas
prestaciones tienen como presupuesto fáctico común la disminución de la capacidad
laboral de la víctima, la pensión atiende una contingencia propia del régimen especial
de seguridad social de la Fuerza Pública, mientras que el lucro cesante tiene carácter
resarcitorio y encuentra fundamento en la responsabilidad extracontractual del
Estado. Por tanto, resulta procedente el reconocimiento de este perjuicio.
127. Aunque se encuentra acreditado que las lesiones sufridas por el señor Helber
Alirio le ocasionaron una pérdida de capacidad laboral del 100%72, y obra en el
expediente la certificación expedida por el Oficial de la Sección de Atención al
Usuario de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, en la que constan los
emolumentos que devengaba para la época de los hechos, no se encuentra
acreditada la fecha a partir de la cual dejó de percibir dichos ingresos.
128.Lo anterior, dado que obran en el expediente certificaciones de nómina
posteriores a la fecha de ocurrencia del daño -9 de febrero de 2018-, en las que el
señor Berdugo Sierra continúa figurando como integrante de la “nómina mensual de
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 26 de
noviembre de 2025, expediente: 66.841. CE-SUJ-3-002-2025.
69 Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
70 De acuerdo con lo señalado por los testigos que rindieron testimonio en este proceso, señores Ricardo
Enrique Rivera Vitola y Saulo Antonio Neira González y el informe administrativo por lesiones (SAMAI:
Expediente digital, 02Pruebas, archivo "1. ANEXO 1", páginas 1 y 2)
71 Postura que no comparte el magistrado ponente, pero que la acoge en atención a su carácter vinculante, por
tratarse de una sentencia de unificación proferida por esta Corporación.
72 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo “1. ANEXO 1”, páginas 6 a 13.
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Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
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Asunto: Reparación directa
activos” y registra salarios devengados entre enero y diciembre de 201973. Por tanto,
no puede asumirse que desde la fecha de ocurrencia del daño dejó de percibir los
ingresos laborales que constituían su fuente de subsistencia.
129.A ello se suma que no obra en el expediente el acto administrativo mediante el
cual se reconoció la pensión de invalidez al demandante. Solo se cuenta con las
declaraciones de los testigos que refieren que recibe una pensión del Ejército y con
el Acta de la Junta Médico Laboral de 17 de octubre de 2019, que da cuenta de la
pérdida de capacidad laboral dictaminada. En consecuencia, no es posible
establecer con los medios de convicción allegados hasta qué momento percibió los
ingresos derivados de su vinculación con la Fuerza Pública y, por ende, desde
cuándo procede el reconocimiento del lucro cesante solicitado.
130.Por consiguiente, como se encuentra acreditada la existencia del perjuicio, pero
no es posible determinar su quantum, resulta procedente emitir una condena en
abstracto, de conformidad con el artículo 193 del CPACA, para que mediante el
respectivo trámite incidental, que deberá ser adelantado por el a quo, a petición de
la parte demandante, se determine el monto de la indemnización, con sujeción a las
bases que se fijan a continuación:
131. (i) El lucro cesante se liquidará a partir de la fecha en que se acredite que el
señor Berdugo Sierra dejó de percibir los ingresos salariales derivados de su
vinculación con la Fuerza Pública. Para tal efecto, deberán aportarse las
certificaciones de nómina y demás documentos que permitan establecer hasta
cuándo fungió como integrante de la nómina mensual de activos y percibió los
correspondientes emolumentos.
132.(ii) Para determinar el ingreso base de liquidación se tendrá en cuenta los
ingresos salariales que el señor Berdugo Sierra devengaba al momento de
ocurrencia del daño, debidamente actualizados, sin que puedan incorporarse como
base de liquidación los incrementos derivados de ascensos posteriores al hecho
dañoso, y con exclusión de aquellos conceptos respecto de los cuales no se
demuestre su carácter de ingreso mensual dejado de percibir como consecuencia
del daño.
133. (iii) Al IBL que se acredite se aplicará la actualización correspondiente conforme
a la variación del IPC y se adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales.
134. (iv) Dado que la pérdida de capacidad laboral del señor Berdugo Sierra fue del
100%, el ingreso así determinado se tomará en su totalidad para efectos de la
liquidación del lucro cesante.
135. (v) El período indemnizable comprenderá un lucro cesante consolidado y uno
futuro. El primero se determinará desde la fecha en que se acredite la cesación de
los ingresos laborales hasta la fecha en que se efectúe la liquidación de la condena;
73 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo “2. ANEXO 2 hoja de vida, certificados y sueldos ejército”.
Según explicó uno de los testigos, el señor Saulo Antonio Neira, en los casos en que un miembro del Ejército
es sometido a junta médico-laboral y se determina una pérdida de capacidad laboral, la normativa permite su
ascenso hasta el grado inmediatamente superior, antes de disponer su retiro. El testigo señaló que el señor
Berdugo Sierra ascendió al grado de teniente coronel y que, posteriormente, fue retirado del servicio por la
imposibilidad de continuar con la carrera militar. Esta explicación permite inferir el porqué de la permanencia del
demandante en la nómina de activos con posterioridad a la ocurrencia del daño. Ante la ausencia del acto
administrativo de retiro y del reconocimiento pensional que permita establecer con certeza la fecha hasta la cual
percibió ingresos derivados de su vinculación con la Fuerza Pública, se considera procedente la condena en
abstracto.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
el segundo comprenderá el período que transcurra desde el día siguiente a dicha
fecha y hasta la vida probable del señor Berdugo Sierra, determinada conforme a las
Tablas de Mortalidad de Rentistas Hombres y Mujeres adoptadas mediante la
Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera o la que se encuentre
vigente para ese momento.
Lucro cesante a favor de la señora Andrea Velásquez Rodríguez
136.En la demanda se solicitó el reconocimiento de lucro cesante a favor de la señora
Andrea Velásquez Rodríguez, en calidad de esposa de la víctima directa 74, por la
suma de $1.509’600.000, correspondiente a los salarios y prestaciones sociales que
dejaría de percibir con ocasión de la necesidad de dedicarse al cuidado permanente
de su cónyuge.
137.El Tribunal señaló que, aunque las pruebas acreditaban que la señora Velásquez
Rodríguez había renunciado a su empleo para dedicarse al cuidado de su esposo,
no demostraban que no ejerciera una actividad laboral y, por tanto, negó su
reconocimiento. En el recurso se alegó que las pruebas allegadas acreditaban que
la renuncia a su empleo obedeció a la necesidad de dedicarse al cuidado
permanente de su cónyuge, conforme a lo dictaminado por la Junta Médico-Laboral,
circunstancia que le impedía continuar desempeñando una actividad laboral
remunerada.
138.
Para sustentar su pedimento, allegó el acta de la Junta Médico-Laboral No.
114122 del 17 de octubre de 2019, en la que se consignó (se transcribe literalmente):
“B - Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad psicofísica
para el servicio. INVALIDEZ NO APTO. NO SE SUGIERE REUBICACIÓN
LABORAL. LA MOTIVACIÓN SE DA EN FORMA NEGATIVA TENIENIDO EN
CUENTA ESTADO ACTUAL DE PACIENTE YA QUE SU DX TRAUMA
RAQUIMEDULAR AFECTÓ SUS CUATRO EXTREMIDADES Y ES UN PACIENTE
QUIEN REQUIERE DE UNA TERCERA PERSONA (25%) PARA EL
DESARROLLO DE SU ABC75.
NOTA: PACIENTE REQUIERE DE UNA TERCERA PERSONA PARA EL
DESARROLLO DE SU ABC”76 (se resalta).
139.Asimismo, se probó que el 13 de marzo de 2018 —un mes después de los
hechos en los que resultó lesionado el señor Berdugo Sierra— la señora Velásquez
Rodríguez presentó su renuncia al cargo de Directora del Área de Monitoreo y
Evaluación de la Asociación Visión Social, con efectos a partir del 13 de abril de ese
mismo año, invocando como motivo la “situación personal que estoy atravesando en
este momento”. En la renuncia agradeció la oportunidad y el crecimiento profesional
obtenidos durante los más de doce años que llevaba vinculada a la entidad77.
140. El 2 de octubre de 2018, la directora ejecutiva de la Asociación Visión Social
certificó que la señora Andrea Velásquez Rodríguez estuvo vinculada a dicha entidad
mediante contrato a término indefinido, desde el 1º de noviembre de 2005 hasta el
74 Se acreditó con el respectivo registro civil de nacimiento. SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo “1.
ANEXO 1”, página 391.
75 Actividades Básicas Cotidianas.
76 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo “1. ANEXO 1”, páginas 6 a 13.
77 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo “2. ANEXO 2 hoja de vida, certificados y sueldos ejército”,
página 28.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
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Asunto: Reparación directa
13 de abril de 2018, en el cargo de Directora del Área de Monitoreo y Evaluación,
con una asignación mensual básica de $3’700.00078.
141.Los testigos Enrique Rivera Vitola y Brigitte Niño Arévalo confirmaron que ella
dejó su trabajo como consecuencia de las condiciones de salud de su esposo y para
dedicarse a su cuidado permanente. El primero manifestó que su conocimiento de la
situación se derivaba de la estrecha relación que mantenía con la familia, pues era
compañero del señor Berdugo Sierra desde la infancia y, desde entonces tenían una
amistad cercana y un trato frecuente entre sus familias. Precisó que antes de los
hechos la señora Velásquez Rodríguez se desempeñaba profesionalmente en el
área de pedagogía en una empresa y que después del incidente, renunció a su
trabajo para dedicarse al cuidado de su esposo.
142.Agregó que desde el accidente había observado que ella se dedicaba de manera
permanente al cuidado de su esposo, pues estaba pendiente de sus medicamentos,
necesidades fisiológicas, cambio de ropa, alimentación y de la atención cuando iba
el personal de enfermería. Precisó que durante la hospitalización ella lo acompañaba
permanentemente y que después de su salida del hospital asumió su cuidado en el
hogar. Afirmó que desde entonces, debido a la condición de Helber y al cuidado de
sus hijos, no había desarrollado ninguna actividad laboral, puesto que le tocó
“abandonar su profesión”79.
143. Por su parte, la señora Brigitte Niño Arévalo, directora ejecutiva de la Asociación
Visión Social, manifestó que la señora Velásquez Rodríguez trabajó en dicha
empresa desde noviembre de 2005 y que al momento de su retiro se desempeñaba
como directora del Área de Monitoreo y Evaluación. Señaló que se retiró el 13 de
abril de 2018, luego de que su esposo sufriera el accidente, pues este le demandó
dedicarse completamente a su atención durante la hospitalización. Explicó que
esperaron más de un mes para determinar si el señor Berdugo Sierra evolucionaba
favorablemente, pero que el 13 de marzo de 2018, Andrea presentó su renuncia
porque el cargo que desempeñaba “demandaba que estuviera ahí presente y no lo
podía hacer”.
144. Añadió que después de su renuncia, en varias ocasiones intentaron contar con
el apoyo de la señora Velásquez Rodríguez, así fuera por trabajo remoto, dada su
calidad profesional y que se realizaron acercamientos para solicitarle que brindara
orientaciones; sin embargo, ello no fue posible debido a la situación en la que se
encuentra80.
145.Bajo este contexto, los elementos de convicción allegados permiten establecer
que la señora Andrea estuvo vinculada laboralmente hasta el 13 de abril de 2018,
fecha en la que se hizo efectiva su renuncia, y que para ese momento percibía una
asignación mensual de $3’700.000. Asimismo, se encuentra acreditado que su
decisión de renunciar tuvo como causa las condiciones de salud en que quedó su
esposo como consecuencia de los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2018, a fin de
dedicarse a su cuidado permanente, situación que le ha impedido continuar con su
desarrollo profesional y laboral.
78 SAMAI: Expediente digital, 02Pruebas, archivo “2. ANEXO 2 hoja de vida, certificados y sueldos ejército”,
páginas 29 y 30.
79 SAMAI: Tribunal, índice 34, link: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/s03des04tadmincdm_notificacionesrj_gov_co/IQBKeo0i33cUSqg__l1EhwR0
AUmPH-9AyLjhO2Oo2vwMxug?e=kD7fos
80 Ibidem.
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Asunto: Reparación directa
146.Nuestro ordenamiento dispone unas obligaciones recíprocas de carácter
personal y patrimonial entre los cónyuges. El artículo 176 del Código Civil establece
que deben guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las
circunstancias de la vida; el artículo 177 dispone que la dirección del hogar
corresponde conjuntamente a ambos y el artículo 179 prevé que deben atender las
necesidades ordinarias del hogar en proporción a sus facultades. Estas
disposiciones evidencian que la relación conyugal comporta un deber permanente
de solidaridad, asistencia y colaboración entre los esposos.
147.Sin duda, este deber de socorro y ayuda mutua comprende la asistencia que uno
de los esposos debe brindar al otro cuando por razones de salud, incapacidad o
cualquier circunstancia que limite su autonomía, requiere el apoyo permanente de
otra persona para desenvolverse en sus actividades ordinarias. Tal deber no se
agota en la provisión de recursos económicos, pues comprende las actuaciones de
cuidado y asistencia que resulten necesarias para atender las condiciones
particulares del cónyuge que las requiere81.
148.Lo anterior no significa que el cumplimiento de los deberes conyugales imponga,
en todos los casos, el abandono de una actividad productiva, pues el cónyuge que
conserva su capacidad laboral no está necesariamente obligado a asumir
personalmente las labores de cuidado y puede acudir a los servicios de un tercero
para atender las necesidades de su pareja. Pero cuando las condiciones de salud de
uno de los cónyuges hacen necesaria una asistencia permanente y el otro asume
efectivamente su cuidado, al punto de verse en la necesidad de renunciar a su
actividad laboral o profesional, la necesidad de cuidado constituye la causa del
perjuicio patrimonial cuya reparación se reclama, siempre que se encuentre
acreditada la relación causal entre aquella y el abandono de la actividad productiva.
149.En el presente caso, ese nexo causal se encuentra acreditado. No obstante, no
existe certeza sobre la imposibilidad definitiva de la señora Velásquez Rodríguez
para reincorporarse a una actividad laboral. En estas condiciones, resulta razonable
acudir al salario mínimo legal mensual vigente como parámetro para cuantificar el
lucro cesante.
Lucro cesante consolidado.
150.Comprende el período transcurrido entre el 14 de abril de 2018, día siguiente de
aquel en que se hizo efectiva la renuncia de la señora Velásquez Rodríguez, y el 21
de septiembre de 2026, fecha de esta sentencia, equivalente a 101 meses. Para
determinar el IBL se tomará el salario mínimo mensual vigente a la fecha de esta
sentencia. A dicho valor se le suma el 25% por prestaciones sociales82, lo que arroja
un ingreso base de $ 2’188.631
151. Con base en los valores indicados, el lucro cesante consolidado se calcula según
la siguiente fórmula:
S = Ra x (1 + i)n - 1
i
● Ra = Renta o ingreso mensual base de liquidación.
81 Corte Constitucional ha señalado que entre los efectos personales del matrimonio, se encuentran los deberes
recíprocos de socorro y ayuda mutua, los cuales deben cumplirse “en todas las circunstancias de la vida” y, en
particular, frente a situaciones de adversidad, enfermedad y vejez. Corte Constitucional, sentencia C-515 de
2019.
82 Se encuentra acreditada una relación laboral subordinada y dicho concepto (prestaciones sociales) fueron
expresamente solicitadas en la demanda.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
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Asunto: Reparación directa
● i = interés puro o técnico mensual: 0,004867.
● n = número de meses del período indemnizable: 101 meses.
S = 2’188.631 x (1+0,004867)101 -1
0,004867
S = $284’620.001.
Lucro cesante futuro
152.Comprende el período que transcurre desde el día siguiente a la fecha de esta
sentencia, hasta el vencimiento del período indemnizable determinado con
fundamento en la vida probable del señor Berdugo Sierra83. Para su liquidación, se
tomará como ingreso mensual base la suma de $2’188.631. El período indemnizable
corresponde a 524 meses, de los cuales se descuentan 101 meses correspondientes
al período consolidado, para un total de 423,4 meses. En consecuencia, la
indemnización se calculará mediante la siguiente fórmula:
S = Ra x (1 + i)n - 1
i (1 + i)n
S = 2’188.631 x (1+0.004867)423,4 - 1
0,004867 (1,004867)423,4
S = $392’125.793
153.En esas condiciones, el INPEC deberá pagar a la señora Andrea Velásquez
Rodríguez, la suma de seiscientos setenta y seis millones setecientos cuarenta y
cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos ($676.745.794). M/cte., por concepto
de lucro cesante.
Costas
154.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por la Ley 2080 de 2021, en la sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas en esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil.
155.El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 establece que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación que haya propuesto. Asimismo, el artículo 361 ibidem
dispone que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Estas últimas
serán determinadas conforme a las tarifas que para el efecto establezca el Consejo
Superior de la Judicatura.
83 De acuerdo con las Tablas de Mortalidad de Rentistas Hombres y Mujeres adoptadas mediante la Resolución
1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera, para el 14 de abril de 2018 (fecha en que dejó de percibir su
salario) la señora Velásquez Rodríguez, nacida el 4 de enero de 1982, tenía 36 años y una vida probable de
49,5 años, equivalentes a 594 meses; el señor Berdugo Sierra, nacido el 17 de septiembre de 1980, tenía 37
años y una vida probable de 43,7 años, equivalentes a 524,4 meses. Por tanto, se toma este último período
como límite temporal de la indemnización, pues la necesidad de cuidado que da lugar al lucro cesante está
determinada por las condiciones de salud del señor Berdugo Sierra, de modo que la obligación de asistencia y,
con ella, la afectación patrimonial de la señora Velásquez Rodríguez no podría extenderse más allá de la vida
probable de aquel.
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Asunto: Reparación directa
156. En el presente asunto, el recurso de apelación interpuesto por el INPEC fue
resuelto de manera desfavorable, por lo que de conformidad con el numeral 1 del
artículo 365 del Código General del Proceso, hay lugar a condenarlo en costas de
esta instancia. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de
reparación directa con cuantía que implicó que el apoderado de la parte actora
presentara recurso de apelación y ejerciera los demás actos procesales necesarios
para culminar el proceso.
157.En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo
No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, vigente para la fecha en que se presentó
la demanda, la Sala fijará las agencias en derecho, en la segunda instancia, por el
valor equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia. Dicha
suma estará a cargo del INPEC y se pagará a favor de la parte actora.
158.La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del CGP.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de enero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la cual
quedará así:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la
demandante María Inés Montaño de Sierra.
SEGUNDO: DECLARAR que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) es administrativa y solidariamente responsable, por los daños
ocasionados al demandante Helber Alirio Berdugo Sierra por la negligencia en
la función de vigilancia y control respecto de la medida de prisión domiciliaria
impuesta al señor Andrés Camilo Maca Cortés.
TERCERO: CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), por concepto de DAÑO MORAL a pagar a favor de los demandantes,
como se indica a continuación, en salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la ejecutoria de la providencia:
Demandante Relación con Monto
la víctima
directa
Helber Alirio Berdugo Sierra Víctima Directa Cien (100) SMLMV
Andrea Velásquez Rodríguez Esposa Cien (100) SMLMV
Gustavo Adolfo Berdugo Velásquez Hijo Cien (100) SMLMV
Helber Ernesto Berdugo Velásquez Hijo Cien (100) SMLMV
Manuel Antonio Berdugo Rincón Padre Cien (100) SMLMV
César Augusto Berdugo Chica Hermano Cincuenta (50) SMLMV
CUARTO: CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) por concepto de DAÑO A LA SALUD a pagar al demandante Helber
Alirio Berdugo Sierra el monto de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales
mensuales vigentes la ejecutoria de la providencia.
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Radicación: 25000-23-36-000-2020-00208-02 (74.387)
Actor: Helber Alirio Berdugo Sierra y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Asunto: Reparación directa
QUINTO: CONDENAR EN ABSTRACTO al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) al pago los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro
cesante, a favor del señor Helber Alirio Berdugo Sierra, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 193 del CPACA y el artículo 283 del CGP. La
liquidación se realizará mediante el trámite incidental previsto en dichas
disposiciones, con sujeción a las bases y parámetros establecidos en la parte
motiva de esta sentencia.
“SEXTO: CONDENAR Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a
pagar a favor de la señora Andrea Velásquez Rodríguez, por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de seiscientos
setenta y seis millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y
cuatro pesos ($676.745.794)
SÉPTIMO: CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al
pago de las costas, según lo establece el artículo 188 del CPACA, en concordancia
con el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso. Se tasará por
concepto de agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo 1887 de 2003
del Consejo Superior de la Judicatura, suma a favor de la parte demandante.
OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA”.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– por el valor equivalente a 1 SMLMV a
la fecha de ejecutoria de esta providencia. Esta suma se reconocerá en favor de la
parte actora. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia y de mediar solicitud, por
Secretaría EXPÍDANSE las copias que correspondan, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, incorporarla al expediente digital y remitir
copia al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF
36
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