RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2020-00225-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00225-01

Deber de seguridad y protección: caso miembros partido UP, ALCANCE DE LA

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00225-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de julio de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y en su lugar DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, sin fijación de agencias en esta instancia, por las razones anotadas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2020-00225-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C. once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN- caso miembros partido UP, ALCANCE DE LA
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA Sentencia del 27 de julio de 2022, caso
Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica. COSA JUZGADA INTERNACIONAL- falta
de configuración-; AUTORIDAD FALLOS CIDH- ausencia de una postura pacífica-;
DIVERGENCIAS NORMATIVAS DERECHO INTERNO Y CONVENCIONAL- relación de
complementariedad o compatibilidad, interpretación debe propender por armonizar ambos
ordenamientos. HECHO NOTORIO - persecución, desaparición y asesinato de militantes
del Partido Unión Patriótica – reiteración jurisprudencia-. DEBER DE PROTECCIÓN -
valoración de la participación estatal atiende a las características específicas de cada caso-
CADUCIDAD- configuración- sentencia de unificación del 29 de enero de 2020-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, contra la sentencia del
12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera- Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de octubre de 2000, el señor Juan De La Rosa Mosquera presuntamente fue
abordado por integrantes de un grupo paramilitar, quienes le causaron su muerte.
Posteriormente, un postulado de las AUC aceptó su responsabilidad por ese
homicidio, en versión libre dentro de un proceso de «Justicia y Paz». Según la
demanda, el móvil de los hechos obedeció a la militancia política del señor De La
Rosa Mosquera en la Unión Patriótica y su afiliación al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO. Por consiguiente, se
arguyó que las demandadas no impidieron esa grave violación a los derechos

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

humanos, y por el contrario que actuaron en connivencia con los autores de esos
delitos.

ANTECEDENTES
La demanda

El 28 de julio de 20201, por intermedio de su apoderado judicial, los señores Cecilia
Córdoba Ibarguen, Juan Carlos Mosquera Córdoba, Deicy Mosquera Córdoba,
Carlos Alberto Mosquera Córdoba, Lina Marcela Mosquera Córdoba, Yuliana
Mosquera Córdoba, Eider Enrique Mosquera Córdoba, Valentina Mosquera Duarte,
Dariana Marcela Mosquera Córdoba, Juan Sebastián Mosquera Duarte y Thaliana
Andrea Osorio Mosquera interpusieron el medio de control de reparación directa,
con el fin de que se declare la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y la Policía Nacional por los daños ocasionados como
consecuencia de fallas en el servicio, que derivaron en el fallecimiento del señor
Juan De la Rosa Mosquera (Q.E.P.D.), en los siguientes términos:

«(…) PRIMERA: Honorables Magistrados, la cuantía total de las pretensiones
solicitadas por reparación integral de los daños morales (inmateriales) y los
daños materiales (lucro cesante y daño emergente) causados a mis
representadas por la defunción del señor JUAN DE LA ROSA MOSQUERA
MORENO (q.e.p.d.) identificado con cédula identificado con cédula(sic)
71.935.314 de Apartadó Antioquia, la estimo en DOS MIL DOCIENTOS DIEZ
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS M/C ($2.210.872.438), o conforme a lo que su
despacho estime según lo que resulta probado dentro del proceso(…).

SEGUNDA: INTERESES, LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, EL EJÉRCITO NACIONAL Y LA POLICÍA NACIONAL -pagará a
los demandantes la totalidad de los intereses MORATORIO que genere la
sentencia desde la fecha de su ejecutoria hasta cuando se produzca su efectivo
cumplimiento. (…) »

Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, se relató que el señor
Juan De La Rosa Mosquera Moreno, pasó la mayor parte de su vida laboral, en las
bananeras de la zona de Urabá, más precisamente en las fincas pertenecientes a
la sociedad Agrícola Mayorga S.A.S. Se indicó en la demanda, que en dicha época

1SAMAI TA índice 00001, archivo «03-Constancai de Radicación». Ver demanda en SAMAI TA índice 00001,

archivo: «01- Demanda con anexos». pp. 87-142

2

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

el demandante estuvo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria SINTRAINAGRO, así como este militó en el partido político “Unión
Patriótica”, hasta el día de su muerte.

Se relató que, por orden del señor Raúl Emilio Hasbún, alias “Pedro Bonito”, exjefe
paramilitar del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
el señor Juan De la Rosa Mosquera Moreno (Q.E.P.D.) fue asesinado el 30 de
octubre de 2000, en un atentado en el cual le fueron retirados sus documentos de
identidad. En versión libre rendida el 15 de junio de 2017, el señor Hasbún aceptó
su responsabilidad por la muerte del entonces sindicalista.

En la demanda se afirmó que, al momento de los hechos en que falleció el señor
Mosquera Moreno, este tenía la calidad de persona protegida, debido a su
pertenencia al comité obrero SINTRAINAGRO y a su militancia en el partido político
Unión Patriótica. En ese sentido, se destacó que el Estado colombiano reconoció
su responsabilidad política frente al exterminio que padecieron los integrantes de
dicho movimiento.

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía
Nacional, no contestaron la demanda.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 12 de julio de 20242, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Al abordar los presupuestos procesales, en particular la caducidad del medio de
control, se examinó el alcance del precedente judicial colombiano y su relación con
el principio de autonomía judicial, a fin de destacar la posibilidad de que los jueces
se desvinculen de la jurisprudencia de unificación, con fundamento en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política, así como en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional3 y de esta corporación4. Esta exposición tuvo como propósito

2 SAMAI TA índice 0042
3 Entre las sentencias citadas están: C-539 de 2011; C-355 de 2008 y SU 611 de 2017.
4 Rad. 170013331003201000205-01(AP), CP Mauricio Fajardo Gómez.

3

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

justificar la decisión del a quo de apartarse del precedente unificado del 29 de enero
de 2020, que fijó la interpretación del término de caducidad en los casos de
indemnización relacionados con delitos de lesa humanidad. A juicio de la Sala del
Tribunal había lugar a efectuar un control de convencionalidad, pues «no es viable
invocar el derecho interno para desconocer el derecho internacional»; en
consecuencia, estimó que el caso de la referencia debía resolverse con apego en
la sentencia del 27 de julio de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica.

Por consiguiente, consideró que en el presente caso no operó la caducidad del
medio de control, invocando el numeral 26 de la referida decisión, en el cual se
indicó que el Estado «(…) removerá todos los obstáculos de facto y de iure que
mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso (…)». A partir de
dicho fragmento, el a quo dedujo que la aplicación de la caducidad iría en contravía
de la decisión de la CIDH, en tanto supone un «obstáculo de iure» para la
determinación de la verdad de los hechos y la responsabilidad del Estado con
relación a ellos.

En cuanto a la legitimación en la causa, la Sala consideró acreditada la calidad de
compañera permanente de la víctima directa en cabeza de la señora Cecilia
Ibarguen, así como la condición de familiares de los demás integrantes de la parte
actora. Igualmente, se reconoció como parte legitimada a la Nación, representada
por el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Posteriormente, al abordar el fondo del caso, el tribunal describió el marco jurídico
de la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión en contextos de
violencia interna, en relación con el exterminio de los integrantes de la Unión
Patriótica, y expuso los hechos del proceso. En cuanto al caso concreto, tuvo por
acreditado el daño consistente en la muerte del señor Juan De la Rosa Mosquera
Moreno, ocurrida el 30 de octubre de 2000. Respecto de la imputación, la Sala
atribuyó la responsabilidad a la parte demandada, dada la conexión entre el
homicidio perpetrado por grupos paramilitares y la tolerancia y colaboración
estructurales del Estado colombiano frente a los actos de violencia dirigidos contra
integrantes y militantes de la Unión Patriótica.

4

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

Dichos argumentos fueron extraídos de la sentencia del 27 de julio de 2022 de la
CIDH y se sustentaron probatoriamente mediante el certificado de militancia en la
Unión Patriótica del señor De La Rosa, aportado al plenario, así como con el
reconocimiento en versión libre del señor Raúl Emilio Hasbún —comandante del
Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia y promotor de las
Convivir en Urabá—, frente al homicidio de la víctima directa. Este último elemento
se acreditó en el proceso con la constancia expedida por la Fiscalía 17 Delegada
ante los Tribunales de Justicia y Paz, adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada de Justicia Transicional, la cual, por tener el carácter de documento
público en los términos del artículo 257 del Código General del Proceso, tiene mérito
suficiente para respaldar las declaraciones contenidas en él.

En relación con el reconocimiento de perjuicios, la decisión de primera instancia
otorgó a cada uno de los integrantes de la parte actora una suma equivalente a 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), por concepto de daños
inmateriales, en la modalidad de daño moral. Asimismo, negó los perjuicios
materiales por daño emergente, debido a la falta de prueba. Finalmente, reconoció
como lucro cesante consolidado5 la suma total de $836.824.930,51 a favor de los
integrantes de la parte demandante.

Recurso de apelación

Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada Nación- Ministerio
de Defensa- Policía Nacional 6 interpuso recurso de apelación, mediante el cual
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda. Según lo expuesto en el recurso, la sentencia se basó
en una valoración probatoria indebida, indicando que las pruebas obrantes en el
expediente resultaban insuficientes para establecer que el homicidio del señor Juan
De la Rosa Mosquera tuviera como móvil su militancia en el partido Unión Patriótica.

En este sentido, el recurrente reprochó que, con base en los documentos aportados,
no era posible verificar la vinculación de la víctima directa con el sindicato

5 Estimó que, al momento de proferirse la sentencia, ya se había superado la expectativa de vida del señor

Mosquera.
6 SAMAI TA índices 00046 y 00047.

5

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

SINTRAINAGRO ni con el partido Unión Patriótica al momento de los hechos.
Asimismo, sostuvo que dicha afiliación no podía inferirse de la certificación expedida
por la Fiscalía General de la Nación relacionada con la confesión del señor Emilio
Hasbún Mendoza, pues el documento no fue allegado junto con la declaración
correspondiente, y de su contenido no se desprende que el asesinato del señor Juan
De la Rosa Mosquera haya estado motivado por su militancia política. Por el
contrario, hizo énfasis en que en el expediente obra el testimonio de la señora
Cecilia Córdoba Ibarguen, quien manifestó que el occiso nunca quiso “pagar una
vacuna”; sin embargo, dicha declaración no fue valorada por el juez de primera
instancia.

El recurrente objetó que la decisión de primera instancia se sustentara en un criterio
sistemático, aplicando por analogía la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sin considerar las circunstancias concretas del caso,
especialmente si se configuró una omisión imputable a la Policía Nacional. Sobre
este punto, recalcó que no existía prueba de que el señor Juan De la Rosa
Mosquera hubiera acudido ante dicha entidad ni que ostentara una condición
política que implicara, por su sola naturaleza, una obligación de protección por parte
del Estado sin requerimiento expreso.

Además, señaló que en el expediente obra certificación expedida por la UARIV el 5
de febrero de 2020, conforme a la cual el grupo familiar del señor Mosquera ya había
sido indemnizado por el hecho victimizante relacionado con su homicidio. Asimismo,
indicó que los demandantes no fueron identificados como víctimas en el proceso
adelantado ante la CIDH.

En lo que respecta a la caducidad del medio de control, el recurrente enfatizó que
el precedente unificado del Consejo de Estado, adoptado mediante sentencia del
29 de enero de 20207. con el propósito de brindar estabilidad jurídica, delimitó los
casos y condiciones específicas en los que no procede el cómputo de caducidad.
Estos criterios fueron reiterados por la Corte Constitucional en la sentencia del 13
de agosto de 2020. En esa línea, sostuvo que, aunque el hecho dañoso no fue
plenamente identificado, tampoco se acreditó una situación de debilidad material
que le hubiera impedido a la actora acudir oportunamente ante la jurisdicción

7 Sentencia SU 312/20

6

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

contencioso-administrativa. Asimismo, indicó que la demandante cuenta con otros
mecanismos jurídicos para solicitar la indemnización pretendida en este proceso,
conforme a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, el proceso penal o el sistema de
justicia transicional.

Por último, en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se sostuvo que la
Policía Nacional no era la entidad llamada a prestar seguridad a los miembros de la
Unión Patriótica, dado que se estableció que el origen de dicho partido político se
remonta a los denominados “Acuerdos de la Uribe” del 24 de mayo de 1984, en los
cuales el Estado colombiano asumió el compromiso de garantizar su seguridad. En
ese sentido, se adujo en el recurso de apelación que, para la fecha de los hechos
—30 de octubre de 2000—, la entidad competente para brindar dicha protección era
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Trámite en la segunda instancia

El 27 de septiembre de 2024, el tribunal concedió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional8, el cual fue admitido en esta corporación en providencia del 7 de abril
20259. En el término de ejecutoria de la anterior providencia10, las partes guardaron
silencio; sin embargo, en la oportunidad de la que trata el numeral 6 del artículo 247
del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), el ministerio
público presentó su concepto11.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa
rindió concepto en el sentido de que debía confirmarse el fallo de primera instancia.
Expuso su argumentación por ejes temáticos, siendo el primero de ellos la
caducidad del medio de control. En este punto, hizo referencia al Anexo III de la
sentencia del 27 de julio de 2022 dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”,

8 SAMAI TA 00049
9 SAMAI índice 0004.
10 Se notificó por estado del 13 de mayo de 2025.
11 SAMAI índice 00010.

7

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

en la cual se declaró expresamente la imprescriptibilidad de los hechos en el marco
de acciones de reparación directa derivadas de graves violaciones a derechos
humanos. Del mismo modo, invocó la ratificación por parte del Estado colombiano
de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra (Ley 10 de
1980), así como los principios pro damnato y pro homine, como criterios
interpretativos para delimitar el alcance de las decisiones de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado en este tipo de casos.

Lo anterior, con el fin de sostener que el término de caducidad debía contarse a
partir del 14 de junio de 2019, fecha en la que la señora Cecilia Córdoba tuvo
conocimiento de que el homicidio de su compañero había sido ordenado y
perpetrado por el exjefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito”.

En el segundo eje temático, se refirió a la legitimidad en la causa, punto donde
recalcó que la sentencia del 27 de julio de 2022 de la CIDH reconoció que las
víctimas que no estuvieran enunciadas en las mismas lo podrían hacer conforme a
la normativa interna. De igual forma, consideró que la Policía Nacional contaba con
legitimidad en la causa por activa, en virtud de los deberes de protección frente a
personas le corresponde a la Policía Nacional (art. 2 y 218 CP y la Ley 62 de 1993).

En cuanto el tercer eje temático, esto es la imputación del daño a la demandada, a
partir de la sentencia de la CIDH concluyó que el contexto en el que ocurrió el
deceso del señor Mosquera, permitía inferir que este fue perseguido por su antigua
militancia política, lo que resultaba previsible para la entidad demanda quien no
desplegó medidas de protección frente al mismo.

En relación con la cuantía de la indemnización, se adujo que debía incrementarse
el monto reconocido por daño inmaterial, en su modalidad de perjuicio moral,
aplicando la regla excepcional prevista para los casos de graves violaciones a los
derechos humanos. No obstante, se advirtió que, con el fin de evitar una doble
indemnización, debían descontarse de dicha suma los valores previamente
reconocidos a los actores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley 1448 de 2011.

CONSIDERACIONES

8

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

1. Como la demanda se presentó el 28 de julio de 2020, el régimen aplicable es el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en
adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir
el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del 2 de julio
de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos
no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa
sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA.
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual, conoce los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
esto es, $438’901. 500.oo millones de pesos12.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo.

12 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2020], [$877,803. oo], por 500 y la demanda estimó

la cuantía en $ 2.210.872.438

9

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

En este caso, procede la acción de reparación directa, dado que en la demanda se
atribuye el fallecimiento del señor Juan De la Rosa Mosquera Moreno (Q. E. P. D.)
a una presunta omisión en el cumplimiento de los deberes de protección por parte
de la Nación —Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y Policía Nacional—,
considerando su condición de ex militante del partido Unión Patriótica y antiguo
miembro del sindicato «SINTRAINAGRO»."

Demanda en tiempo

4. Tras analizar los argumentos de la sentencia de primera instancia, el recurso
de apelación y el concepto del Ministerio Público, la Sala observa que uno de los
principales cuestionamientos de este proceso consiste en determinar si, a partir de
la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022
en el «Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia», debía
inaplicarse el término de caducidad o iniciarse su cómputo desde el instante en que
los demandantes conocieron que el homicidio de Rosa Mosquera fue perpetrado
por grupos paramilitares.

Consideradas las observaciones del tribunal de instancia anterior sobre la
unificación dictada por la Sección Tercera el 29 de enero de 202013, esta Sala
estima necesario abordar y esclarecer el alcance de la decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022 en el caso referido.
Lo anterior, en atención a la necesidad de identificar el marco jurídico aplicable al
presente asunto, establecer el alcance de las normas pertinentes y, con base en
ello, analizar la configuración de los presupuestos procesales en el caso concreto,
particularmente en lo relacionado con la caducidad del medio de control.

Por consiguiente, para abordar el análisis relativo a la posible configuración de la
caducidad del medio de control, esta Sala procederá a: (i) aclarar, de manera
general, el alcance de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
del 27 de julio de 2022, en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica
vs. Colombia”; (ii) verificar, en el caso concreto, la configuración de la cosa juzgada

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de

2020, rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033) A, CP Marta Nubia Velásquez Rico.

10

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

internacional en virtud de dicha providencia; (iii) identificar la existencia o ausencia
de mandatos normativos convencionales y/o internos dirigidos a exceptuar la
configuración de la caducidad del medio de control, en el presente caso; y, por
último, (iv) determinar si, conforme al derecho aplicable, el derecho de acción fue
ejercido de manera oportuna.

I. Consideraciones generales frente al alcance de la decisión Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022, en el “Caso
Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”,

5. Lo primero que cabe subrayar es que la Convención Interamericana de
Derechos Humanos se incorpora al orden constitucional colombiano en virtud del
mandato del artículo 93 de la Constitución Política14, disposición que es armonizada
con el principio de supremacía constitucional (art.4) con referencia a la doctrina del
bloque de constitucionalidad, como lo ha indicado la Corte Constitucional 15.

En esta medida y de acuerdo con los desarrollos jurisprudenciales de la Corte
Constitucional, el texto del «Pacto de San José» forma parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto (o stricto sensu16), lo que implica que sus
disposiciones jurídicas ostentan el mismo valor normativo y jerárquico que las
normas de la Constitución formal colombiana. En otras palabras, gozan de
supremacía constitucional (art. 4 C.P.) y conforman el parámetro de control de
constitucionalidad, condicionando la validez del resto del ordenamiento jurídico.

14 Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de
julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar
este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un
tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías
contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.
15 Corte Constitucional, Sentencia del 6 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, C-191-1998 [ Fundamento de

derecho 5], Sentencia del 22 de febrero de 2005, MP Alvaro Tafur Galvis, C 148 de 2005[ Fundamento de
derecho 3.2].
16
Sobre la distinción entre bloque de constitucionalidad stricto sensu y lato sensu ver: Corte Constitucional,
Sentencia del 11 de agosto de 1999, C-582 de 1999, (…) Es posible distinguir dos sentidos del concepto de
bloque de constitucionalidad. El primero: stricto sensu, conformado por aquellos principios y normas que han
sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por lo
que entonces tienen rango constitucional, como los tratados de derecho humanitario. De otro lado, la noción
lata sensu del bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas disposiciones que "tienen un rango normativo
superior a las leyes ordinarias", aunque a veces no tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y
orgánicas, pero que sirven como referente necesario para la creación legal y para el control constitucional. (…),
En relación con la integración de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el bloque enn sentido
estricto ver: Corte Constitucional C-452 de 2016, C-028 de 2006, C-802 de 2002 y C-774 de 2001.

11

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

En ese marco, con la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH) 17 y la aceptación, en virtud de sus artículos 62 a 65, de la competencia de
la Corte Interamericana para conocer de cualquier asunto relacionado con la
interpretación y aplicación de sus disposiciones, se reconoció en el ordenamiento
colombiano la autoridad de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que resuelvan los casos sometidos a su jurisdicción. En este
orden, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la autoridad de las
decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de
la cosa juzgada internacional18. En otras palabras, se ha aceptado de manera
pacífica la eficacia jurídica e intangibilidad de las sentencias de la CIDH. De ello se
infiere que los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa deben
abstenerse de dictar nueva decisión cuando concurra identidad de objeto, causa y
partes (arts. 303 CGP y 189 CPACA)19.

6. Más allá de los casos donde una sentencia alcanza la categoría de cosa
juzgada, la autoridad y el alcance de las decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) no son del todo claros. Esta ambigüedad surge de la
superposición y acumulación de los controles difusos de constitucionalidad y
convencionalidad, los cuales operan bajo parámetros formales distintos. Esta
dificultad, que no es exclusiva del orden jurídico colombiano20, está en gran medida

17 Cuyo texto se aprobó por el legislativo a través de la Ley 16 de 1972 y se realizó el depósito de la ratificación

el 31 de julio de 1973 y aceptó su competencia, a partir del 21 de julio de 1985.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP: Enrique Gil Botero, Auto
del 19 de octubre de 2007, Rad: 05001-23-31-000-1998-02290-01(29273) A [Fundamentos de derecho 4 y 5]
«(…) Para la Sala es necesario aclarar que para las personas que no acuden al trámite internacional, de
ninguna manera operaría para ellas el fenómeno jurídico de la cosa juzgada internacional, toda vez que sobre
los mismos no ha existido proceso ante la Corte, caso contrario sería el de quienes acuden ante la jurisdicción
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obteniendo una sentencia desestimatoria de sus
pretensiones. (…)» allí se citó Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Masacres de Ituango,
párr. 354, donde se aclaró: «(…) El Tribunal aclara que la determinación de las reparaciones en esta instancia
internacional no obstaculiza ni precluye la posibilidad de otros familiares de víctimas no individualizados o
identificados en el presente proceso, de plantear los reclamos pertinentes ante las autoridades nacionales.
(…)»
19 Se anota que en algunas decisiones se ha relativizado el alcance de la identidad de partes, frente a los casos

de algunas víctimas indirectas que no acudieron al proceso internacional. Ver Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 1 de diciembre de 2023, CP Nicolás
Yepes Corrales (E), rad. 270012333000201400206-01 (63381) [ Fundamento de derecho 1]; Sentencia del 20
de mayo de 2024, CP José Roberto Sáchica [ Fundamento de derecho 41 a 48]
20 Al respecto ver: Tusseau Guillaume, Contentieux Constitutionnel Comparé, LGDJ,2021 (Paris- Francia), al

respecto flexionó : (…) Cela coïncide, en second lieu, avec la tendance du raisonnement juridique á se
concentrer sur les questions matérielles et délaisser les interrogations de type formel. Lorsque les normes
supranationales, mises en œuvre par les juges -internationaux o nationaux (par ailleurs juges constitutionnels
ou non) -chargés du contrôle de conventionnalité, ont valeur constitutionnelles, elles se situent sur le même plan
que celles sur lesquelles se fonde le contrôle de constitutionnalité. Lorsque leur valeur diffère, un critère de type
hiérarchique et formel ne semble pas approprié pour résoudre leurs éventuelles divergences. En effet,
l’obligation d’appliquer le droit international résulte nécessairement d’une norme constitutionnelle, de sorte que

12

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

condicionada por el sentido de las disposiciones de la constitución formal21 y la
posición del (los) interprete (s) autorizado(s) de la constitución. En el contexto
colombiano, esta problemática se refleja en dos posturas adoptadas en las
decisiones jurisdiccionales respecto al uso de la jurisprudencia de la CIDH y el
alcance de la norma de incorporación del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos en el ordenamiento interno (Art. 93 C.P.).

7. En primer lugar, la Corte Constitucional22 ha adoptado una postura, evidente
en varias de sus decisiones, que clarifica la aplicabilidad indirecta de los criterios
interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el
ordenamiento jurídico colombiano. Esto se debe a que dichos criterios no se
integran directamente en la constitución, sino que lo hacen a través de la figura del
bloque de constitucionalidad23.

Así, si bien el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
forma parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, su interpretación
debe armonizarse con el resto del ordenamiento jurídico constitucional colombiano.
En contraste, al referirse a la jurisprudencia de la Corte IDH, el alto tribunal
constitucional señala que esta no integra el bloque de constitucionalidad. No
obstante, la considera un criterio hermenéutico24 valioso para establecer el
sentido de los derechos fundamentales y el contenido de la Convención. En
cualquier caso, enfatiza que estas interpretaciones «(…) no pueden ser

faire prévaloir la constitution sur la conventionalité implique, selon une forme de contradiction performative, une
violation du droit constitutionnel lui-même. Réciproquement, faire prévaloir le droit international conduit á ignorer
le fait que c’est du point de vue de l’ordre interne, nécessairement en vertu d’une norme constitutionnelle que
cette prévalence a lieu (…) traducción propia : Esto coincide, en segundo lugar, con la tendencia del
razonamiento jurídico a concentrarse en las cuestiones materiales y a descuidar las interrogantes de tipo formal.
Cuando las normas supranacionales, implementadas por los jueces -internacionales o nacionales (jueces
constitucionales o no)- encargados del control de convencionalidad, tienen valor constitucional, se sitúan en el
mismo plano que aquellas sobre las cuales se basa el control de constitucionalidad. Cuando su valor difiere, un
criterio de tipo jerárquico y formal no parece apropiado para resolver sus posibles divergencias. De hecho, la
obligación de aplicar el derecho internacional resulta necesariamente de una norma constitucional, de modo
que hacer prevalecer la constitución sobre la convencionalidad implica, según una forma de contradicción
performativa, una violación del derecho constitucional mismo. Recíprocamente, hacer prevalecer el derecho
internacional conduce a ignorar el hecho de que es desde el punto de vista del orden interno, necesariamente
en virtud de una norma constitucional que esta prevalencia tiene lugar. (…)
21 Las algunas constituciones se reconocen de forma expresa la prevalencia de algunas normas internacionales

ej: La constitución Federal de Suiza limita su revisión al respeto de las «normas imperativas del derecho
internacional» (art. 194.2 y 193.4); la Constitución de la República de Guatemala en su artículo 46 precisa: «(…)
Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia
sobre el derecho interno. (…)»
22 Al respecto ver Corte Constitucional, Sentencia del 16 de febrero de 2023, MP José Fernando Reyes Cuartas

y Juan Carlos Cortés González, C-030 de 2023
23 Ib [ Fundamento de derecho 181]
24 Ib[ Fundamento de derecho189 y 190]

13

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

trasplantadas automáticamente al caso colombiano, sin tener en cuenta las
particularidades del ordenamiento jurídico interno (…)»25.

En otras palabras, la Corte reconoce que la relación entre las normas del sistema
interamericano y las del derecho interno obedece a una dinámica de
«complementariedad o compatibilidad». Esta es una característica típica de las
interacciones entre los sistemas convencionales y los Estados que los integran (ej:
doctrina del margen nacional de apreciación TEDH26). En este contexto, se privilegia
«(…) la identificación de interpretaciones que armonicen el texto constitucional y el
estándar interamericano (…)»27.

Esta postura reafirma el principio de soberanía del Estado como fuente exclusiva
del derecho28, rechazando la existencia de una supraconstitucionalidad29, en

25 Ib [ Fundamento de derecho 181]
26 Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, reconoce un margen de apreciación de la convención

de los . sentencia del 23 de julio de 1968, Caso Relativo A Ciertos Aspectos Del Régimen Lingüístico En Bélgica
«(…) El artículo 14 reviste «una importancia particular con respecto a las disposiciones» que «no definen con
precisión los derechos» que consagran, pero «dejan a los Estados cierto margen de apreciación en lo que
se refiere al cumplimiento de sus compromisos», «autorizan restricciones o excepciones a los derechos
garantizados» o «abandonan a los Estados hasta cierto punto la elección de los medios apropiados para
realizar un derecho». Hace referencia «a las modalidades o a la extensión del goce de los derechos y libertades
enumerados en otros textos». «Medidas diferentes tomadas por un Estado respecto a diferentes partes de su
territorio o de su población» pueden, pues, aunque sean compatibles con el artículo que protege el derecho
considerado, implicar una violación de las exigencias del Convenio «si se aprecia la conducta del Estado bajo
el punto de vista del artículo 14»; «se trataría entonces de la violación no únicamente del artículo 14, sino del
derecho en cuestión, tal como es enunciado por el artículo pertinente en combinación con el artículo 14 (…) ».
[ Fundamento de derecho 4](negrilla por fuera del original)
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=001-
165133&filename=CASE%20%22RELATING%20TO%20CERTAIN%20ASPECTS%20OF%20THE%20LAWS
%20ON%20THE%20USE%20OF%20LANGUAGES%20IN%20EDUCATION%20IN%20BELGIUM%22%20v.
%20BELGIUM%20 Ver también Caso Lawless contra Irlanda; Caso De Wilde, Ooms et Versyp contra Belgica,
Caso Handyside contra Reino Unido y Caso Irlanda contra el Reino Unido.
27 C-030 de 2023 [ Fundamento de derecho 193]
28 Chevallier J,. EL Estado Posmoderno, trad. Pérez O., Primera edición 2011, Editorial Universidad Externado

de Colombia (Bogotá- Colombia)(obra original publicada en 2008), p. 219 «(…) Seguramente el derecho
internacional es a primera vista perfectamente compatible con el principio de soberanía de los estados, dado
que se construyó sobre la base de este principio: la soberanía implica en efecto, que el Estado no puede ser
vinculado sin su consentimiento; nada le prohíbe, en cambio firmar los acuerdos que juzgue útiles con otros
estados, así como respetar ciertas reglas emanadas de la costumbre o del jus cogens.
Esta visión es, sin embargo, demasiado simple: más allá del principio de su soberanía, los estados deben firmar
los acuerdos necesarios para su desarrollo y tejer vínculos de interdependencia que no podrían romper
unilateralmente; se constituyó, en efecto un ordenamiento jurídico internacional- a partir de un conjunto de
fuentes convencionales y no convencionales – que tiende a pesar de manera creciente sobre los estados. Esta
dificultad se refuerza por el hecho que los convenios firmados por los estados son cada vez más elaborados en
el marco o auspicio de las organizaciones internacionales; ahora bien: si estas organizaciones fueron
establecidas por los estados, ellas disponen por el juego de la institucionalización, de una lógica de acción
propia. (…)»
29 Sobre la supraconstitucionalidad, afirmó el alto tribunal constitucional. (…)Este tribunal ha advertido que el

objetivo del bloque de constitucionalidad es armonizar los principios de supremacía constitucional y de
prevalencia en el orden interno de los tratados internacionales sobre derechos humanos “cuya limitación está
prohibida en los estados de excepción”, sin que pueda afirmarse en ningún caso la supraconstitucionalidad de
estos últimos. De esa forma, el primer inciso del artículo 93 constitucional permite que esos instrumentos
internacionales funjan como parámetro de constitucionalidad. Por su parte, el inciso segundo dispone que los
convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia sean criterios hermenéuticos de
los derechos y deberes previstos por la Constitución. (…) [ Fundamento 166] Ver también Sentencia C-146 de
2021 [ Fundamento de derecho 93-95]

14

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

observancia que la primacía del derecho convencional en el orden interno deriva de
la propia autoridad de la constitución. Por consiguiente, no es viable resolver las
divergencias entre las normas convencionales y constitucionales a través de
razonamientos jerárquico-normativos, donde la conformidad o validez de estas
disposiciones se confronten directamente. Esto aplica incluso si, desde la
perspectiva interamericana, la falta de adaptación de la normativa interna pudiera
configurar la responsabilidad internacional del Estado (art. 230)31.

En segundo lugar, en algunas decisiones de la corporación persiste una postura de
aplicabilidad directa32 a través del denominado control de convencionalidad.
Este concepto se autoafirma en el precedente de la CIDH, destacando el Caso
Almonacid Arellano vs. Chile33. En virtud de esta perspectiva, se busca imponer a
los operadores judiciales la obligación de aplicar directamente, y de oficio, tanto los
instrumentos convencionales que forman parte del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (SIDH) como la jurisprudencia desarrollada por la CIDH, al
resolver casos concretos. En este sentido, la Corte, en ciertos casos, ha entendido
la relación entre el derecho convencional y el interno como una de conformidad
entre las normas internas y el derecho convencional34, donde se debe acudir a la

30 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades.
31 Por ejemplo: CIDH. Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) contra Chile. Sentencia de

febrero 5 de 2001. Serie C No. 73, punto resolutivo No. 4.
32 A título de ilustración se observa en los siguientes fallos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 4 de mayo de 2022, CP Alberto Montaña Plata, ,
rad: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091) [ Fundamento de derecho 42 a 44]; Subsección A, Sentencia del
12 de septiembre de 2022, CP José Roberto Sáchica Méndez, rad: 54001-23-31-000-2009-00272-01 (56.232)
[ Fundamento de derecho 65 y 66], Salvamento de voto consejero Alberto Montaña Plata a sentencia
68001-23-31-000-2011-00373-01 (55.896)
33 CIDH. Caso Almonacid Arellano contra Chile. Sentencia de septiembre 26 de 2006. Serie C No. 154, párrafo

124 (…) 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y,
por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado
ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la
Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana. (…)
34 Por ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 24 de febrero 2011 «(…) Gelman vs

Uruguay y Gómez Lund y otros «(…) 193. Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a
velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de
normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en
todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas
internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las
regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino

15

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

inaplicación de normas de derecho interno que se estimen contrarias al derecho
convencional, circunstancias que denota una visión jerárquica-normativa de ambos
ordenamientos, desde una perspectiva convencional.

A menudo, para justificar esta posición se invoca el principio pacta sunt servanda
(Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969)
y el contenido del artículo 1.1 y 2 de la CADH, a pesar de que estas normas obtienen
su autoridad en el orden interno de las disposiciones constitucionales, y la misma
CIDH estima que la responsabilidad con fundamento en la convención es
complementario y subsidiario a la justicia estatal, así:

«(…) 142. La responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel
internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la
violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Esto se asienta en el
principio de complementariedad (subsidiariedad), que informa transversalmente el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el
Preámbulo de la misma Convención Americana, “coadyuvante o complementario de la
[protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. De tal manera,
el Estado “es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera
que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien
tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de
tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano,
lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los
sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos”192. Esas ideas también
han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la concepción de que todas las
autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de
ejercer un “control de convencionalidad” .(…)»35

En todo caso, la mayoría de las divergencias normativas, pueden ser superadas con
el recurso a interpretaciones que busquen armonizar y hacer compatibles los
estándares de protección de derecho del sistema interamericano con las exigencias
e identidad del orden interno. En otras palabras, el juez debe procurar una
interpretación que armonice las finalidades del orden constitucional interno con el
derecho convencional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH),
sin acudir directamente al denominado «control de convencionalidad», y mucho
menos inaplicar disposiciones del derecho interno, especialmente aquellas de
carácter constitucional.

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana (…)»(negrilla y subrayado por fuera del original)
35 CIDH Caso Masacre De Santo Domingo Vs. Colombia Sentencia De 30 De Noviembre De 2012 [ Fundamento

de derecho 142]

16

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

Además, en la jurisprudencia constitucional36 como en las sentencias de unificación
de esta corporación37 resultan evidentes, los ejemplos donde se encuentran
interpretaciones susceptibles de armonizar las exigencias de uno y otro sistema, sin
comprometer la identidad constitucional o la soberanía del Estado colombiano.

II. Ausencia de cosa juzgada internacional

Una vez hechas las precisiones anteriores, la Sala antecede que en este asunto no
se configuró ninguna circunstancia que permitiera extender los efectos y
motivaciones de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del
27 de julio de 2022, en el “Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs.
Colombia”, al presente caso en especial por no acreditarse la configuración de la
cosa juzgada internacional. Esto último al verificarse que, en este caso, no se
configuró la cosa juzgada internacional, en ausencia de identidad de objeto, causa
y partes, a su vez que la situación de la víctima principal no fue analizada por dicho
tribunal internacional.

8. En relación con los hechos acreditados, en el expediente38 se aportó el
registro civil de defunción de Juan de la Rosa Mosquera Moreno (Q.E.P.D.), que
consigna como fecha de fallecimiento el 30 de octubre de 200039. También obran
en el plenario la constancia del 8 de julio de 200340, el acta de inspección del
cadáver de la Unidad de Cuerpo Técnico de Investigación de Apartadó (Antioquia41)
y el informe de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses42,
estos documentos confirman la fecha del deceso y establecen como su causa los
balazos que penetraron el cráneo de la víctima directa.

36 Corte Constitucional, Sentencia del 16 de febrero de 2023, MP José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos

Cortés González, C-030 de 2023.
37 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, CP: Ramiro De

Jesús Pazos Guerrero, sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), Radicación Número:
05001-23-25-000-1999-01063-01(32988);CP: Danilo Rojas Bethancourt, Sentencia del siete (7) de marzo de
dos mil dieciocho (2018), Rad: 25000-23-26-000-2005-00320-01(34359)A CP: Marta Nubia Velásquez Rico ,
sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), Rad: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033).
38 Ver demanda en SAMAI TA índice 00001, archivo: «01- Demanda con anexos». pp. 87-142
39 Ib. página 40.
40 Ib. página 31.
41 Ib. pp. 41-44.
42 Ib. pp. 49-50. «(…) CONCLUSIÓN: La muerte de quien en vida respondía al nombre de JUAN DE LA ROSA

MOSQUERA MORENO, fue consecuencia natural y directa de SHOCK TRAUMATICO POR MULTIPLES
HERIDAS EN CRANEO POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO de carga única y baja velocidad, de
naturaleza esencialmente mortal, manera violenta homicida. La esperanza de vida se estima entre 20.2 años
más. La hora de la muerte se estima entre 4 y 6 horas antes de la necropsia. (…)»

17

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

Por otra parte, con respecto a la calidad que ostentó en vida Juan de la Rosa
Mosquera Moreno (Q.E.P.D.), se aprecia: i) la constancia del Sindicato Nacional de
la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) de fecha 30 de enero de 201943, que
certifica su afiliación entre el 7 de enero de 1986 y el 24 de septiembre de 1995; ii)
la constancia del partido Unión Patriótica de fecha 24 de mayo de 201944, en la que
consta su militancia en el departamento de Antioquia, región de Urabá, municipio
de Apartadó.

A pesar de acreditarse el fallecimiento de Juan de la Rosa Mosquera Moreno y su
afiliación a la Unión Patriótica, los actores no fueron reconocidos como víctimas en
los anexos de la decisión «Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs.
Colombia»45. En efecto, la referida providencia, en cuanto a la identificación de la
parte lesionada, consideró que dicha categoría estaba reservada a quienes figuran
en los anexos de víctimas [párrafos 529 a 540] (ver ut infra), no obstante, en los
mismos no fueron individualizados los integrantes de la parte demandante ni el
señor Juan de la Rosa Mosquera Moreno – alegada víctima directa-.En vista de ello,
a juicio de la Subsección no puede concluirse que haya identidad de partes, objeto
o causa entre el asunto de la referencia y el resuelto por la CIDH.

9. Por otro lado, la Sala señala que, a diferencia de lo sostenido por el Ministerio
Público y el tribunal de instancia, lo dispuesto en la sentencia «Caso Integrantes y
Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia»46, no incluyó una orden para extender
los efectos de ese fallo a otros casos en los que la víctima directa ostente la calidad
de militante de la UP. Dicha sección se limitó a mencionar la posibilidad de subsanar
las inconsistencias en los listados de presuntas víctimas, conforme al artículo 35.2
de su reglamento, y a indicar que esta decisión no podía servir de impedimento para
que otras posibles víctimas acudieran a la justicia doméstica, así [párrafos 529 a
540]:

«(…)
529 Este Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del
artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de

43 Ib. página 34.
44 Ib. página 36
45 Consultados en: Corte IDH. Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia. Excepciones

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022. Serie C No. 455.
46 Consultada en: Corte IDH. Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia. Excepciones

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022. Serie C No. 455.

18

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

algún derecho reconocido en la misma. Esta Corte considera como “parte lesionada” a
las personas que figuran en los Anexos I, II y III de víctimas a esta Sentencia, respecto
de quienes se declaró una violación en su perjuicio, tomando en cuenta lo explicado en
el párrafo 289 de la Sentencia. Tales personas serán acreedoras y beneficiarias de las
medidas de reparación que el Tribunal ordene en el presente capítulo.

530 La Corte ha conformado tres Anexos de víctimas a esta Sentencia:
a) En el Anexo I se encuentran todas aquellas víctimas directas 477 respecto de las
cuales se cuenta con prueba que permite constatar su identidad y parentesco;
b) En el Anexo II se encuentran las víctimas de violaciones a los derechos contenidos
en los artículos 5, y 8 y 25 de la Convención Americana que son familiares de las
víctimas mencionadas en el Anexo I478.
c) En el Anexo III se incluye a todas aquellas víctimas respecto de quienes no fue
aportada al Tribunal la prueba que permita corroborar sus nombres completos y
números de identidad. La Corte reconoce la dificultad de aportación de esa prueba en
este proceso, debido a la complejidad que implica este caso por las graves y múltiples
violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de una gran cantidad de
víctimas y aspectos tales como los distintos lugares geográficos y extensión del tiempo
en que ocurrieron las violaciones perpetradas.
(…)

532 El Tribunal considera improcedente acceder a tales solicitudes en cuanto a
la pretensión de ampliar la cantidad de víctimas en el marco de este proceso
internacional, más allá de las personas incluidas en los listados de la Comisión y los
representantes de las víctimas y los poderes de representación aportados por estos
últimos (supra párr. 529). Sin perjuicio de ello, el Estado puede aceptar la existencia de
víctimas adicionales. (…)

540 Lo dispuesto en este acápite no excluye que aquellas personas que también
hayan sufrido posibles violaciones como integrantes, militantes y simpatizantes de la
Unión Patriótica y sus familiares, que no están incluidas en los Anexos I, II y III de
víctimas de esta Sentencia, puedan demandar sus derechos conforme a la normativa
interna. (…) (subrayado por fuera del original).

10. En vista de lo anterior, la Sala procede aclarar que, en el caso de la
referencia, no resulta de recibo declarar la responsabilidad de las demandadas, con
resorte exclusivo en dicha decisión. Se reitera, que pese a las consideraciones de
la decisión de primera instancia y del Ministerio Público, esta sentencia no contiene
ninguna orden en dicho sentido, ni es posible otorgarle un alcance vinculante, ante
la ausencia de la configuración de la cosa juzgada internacional.

III. La ausencia de mandatos normativos de derecho interno o internacional
que obligue a inaplicar el término de caducidad.

11. Tampoco resultan de recibo las consideraciones con las que se interpretó la
decisión del «Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia» en
el sentido de estimar que condicionó las decisiones que pudieran adoptarse en el

19

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

ámbito doméstico, en especial a lo referente a la oportunidad para acudir ante los
jueces.

En otras palabras, esta Sala observa que la CIDH tampoco ordenó inaplicar las
normas que, en el ámbito interno, determinan la oportunidad para ejercer el derecho
de acción. Lo anterior encuentra sustento en la interpretación que la CIDH hizo de
su decisión, con base en el artículo 67 del Pacto de San José47, en el documento
aclaratorio de fecha 24 de enero de 2024. 48 En dicho texto, el tribunal internacional
señaló que la sentencia del 27 de julio de 2022 no incluyó medida alguna de
reparación destinada a declarar imprescriptible la acción contencioso-
administrativa. Concretamente, el documento establece:

«(…) 144. En cuanto a la solicitud de interpretación referida a la caducidad de la
acción contenciosa administrativa, la Corte advierte que la Sentencia no ordenó
ninguna medida de reparación de esa naturaleza ni tampoco se refirió a este punto
en sus argumentaciones. La única mención que se efectuó con relación a este punto
se encuentra establecida en el párrafo 540 de la Sentencia en donde se indicó que
“[l]o dispuesto en este acápite no excluye que aquellas personas que también hayan
sufrido posibles violaciones como integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión
Patriótica y sus familiares, que no están incluidas en los Anexos I, II y III de víctimas
de esta Sentencia, puedan demandar sus derechos conforme a la normativa interna”.

145. Esta referencia no establece ninguna orden al Estado, simplemente hace alusión
al hecho que la Sentencia no debería constituir un obstáculo para que las eventuales
víctimas que no se encuentran incluidas en los Anexos I, II, y III puedan acudir a
demandar sus derechos ante los tribunales domésticos. En otros términos, la Corte
precisó en su Sentencia que los referidos listados pretenden establecer un recuento
exhaustivo de las víctimas del caso sobre el que tuvo que pronunciarse en el
procedimiento contencioso, pero ello no significa que no puedan existir más víctimas
de ese hecho, las cuales podrían demandar sus derechos en el ámbito doméstico, de
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico interno. Por tanto, se
desestima la solicitud de interpretación presentada en relación con este punto. (…)»
(subrayado por fuera del original)

Habiendo considerado los razonamientos anteriores, la Sala concluye que quedaron
desvirtuados los argumentos según los cuales la sentencia de la CIDH del 27 de
julio de 2022, en el Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia,
contenía un mandato para inaplicar el término de caducidad del medio de control de
reparación directa y para extender sus efectos a personas no comprendidas en esa

47 (…) Artículo 67 El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o

alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud
se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. (...)
48 Consultado en: Corte IDH. Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia. Interpretación

de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de enero de
2024. Serie C No. 515.

20

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

sentencia, al margen del debate, sobre si dicha sentencia constituye o no un
precedente vinculante en el orden jurídico interno.

IV. La configuración de la caducidad en el caso concreto, la ausencia de
elemento para enmarcar el homicidio del señor De La Rosa en el genocidio
de los miembros de la UP – aplicación criterio unificado-.

Tras la aclaración anterior, a juicio de esta Sala de decisión, las consideraciones
expresadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) del 27 de julio de 2022, en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión
Patriótica vs. Colombia”, no contradicen el uso de las normas de derecho interno ni
el precedente unificado de esta corporación49. Conforme a lo anterior, la Sala
considera meritorios los cargos formulados en el recurso de apelación, según los
cuales el término de caducidad debía calcularse conforme a los lineamientos
establecidos en el derecho interno, lo que incluye la interpretación adoptada en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

12. En este sentido, se expone que, en el precedente unificado de 29 de enero
de 2020, la Sección interpretó el mandato contenido en el literal i) del numeral 2 de
la Ley 1437 de 2011 con ocasión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra
y cualquier otro caso en que se pudiera solicitar la responsabilidad del Estado. En
dichos escenarios, aclaró que la caducidad debía computarse «(…) desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial (…)».
Asimismo, el término se inaplicaba «(…) cuando se verificaran situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez
superadas, empezar a correr el plazo de ley (…)».

13. Con lo anterior puntualizado, se recuerda que la tesis sostenida en la
demanda y acogida por la sentencia de primera instancia enfatiza que el homicidio
de Juan de la Rosa Mosquera se inscribió en el marco de las intimidaciones,

49 Además, en la sentencia de la CIDH del 27 de julio de 2022 se indicó expresamente que ese tribunal no

impartió orden alguna relativa al tratamiento de casos de otras víctimas que acudan ante los tribunales
domésticos y precisó que dichos casos debían resolverse «(…) conforme a lo establecido en el ordenamiento
jurídico interno (…)». Esta interpretación guarda coherencia con el alcance que la CIDH ha otorgado a los
principios de subsidiariedad y complementariedad en la garantía de los derechos reconocidos por el Pacto de
San José (ver ut supra).

21

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

seguimientos y exterminio sistemático de miembros de la Unión Patriótica entre
1984 y 2002, hechos que resultaban previsibles para el Estado en la región del
Urabá antioqueño y respecto de los cuales derivaba su deber de protección, aun si
fueron perpetrados por terceros.

En ese sentido, alegaron que el conocimiento del daño solo pudo predicarse a partir
de la entrega a los actores del documento (rad. 21.111, Sistema de Información de
Justicia y Paz) que certificaba la confesión y/o aceptación del homicidio de Juan de
la Rosa Mosquera Moreno (Q.E.P.D.) por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, postulado
del Bloque Bananero, en diligencia de versión libre del 15 de junio de 2017, pues
solo tras esa aceptación pudo advertirse la omisión del Estado al no brindar
protección al señor Mosquera Moreno, en su calidad de militante de la Unión
Patriótica.

14. Esta Subsección acoge el precedente pacífico de la Corporación que
reconoce como hecho notorio50 la persecución, desaparición y asesinato de
militantes del Partido Unión Patriótica. No obstante, dicha circunstancia debe
valorarse junto con los demás medios de prueba para determinar, conforme a la
sana crítica, si el fallecimiento de Juan de la Rosa Mosquera Moreno (Q.E.P.D.)
constituye la materialización del riesgo derivado del exterminio de militantes de la
UP y de la omisión estatal de sus deberes de protección, o bien si obedece a causas
ajenas a ese contexto.

15. Dicha lectura también fue incorporada por la propia Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia del 27 de julio de 2022, donde aseguró
que no es apropiado generalizar al juzgar la responsabilidad estatal, especialmente
al analizar la extensión del deber de protección. A juicio de dicha corte, es crucial
verificar la configuración de este deber atendiendo a las características específicas
de cada caso:

50 Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3

de octubre de 2007, CP Mauricio Fajardo Gómez (E), rad. 250002326000199501626-01(15985); Sección
Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2009, rad. Radicación número: 50001-23-31-000-1995-04744-01(16836) [
Fundamento de derecho 3.3]; Subsección B, Sentencia del 12 de abril de 2024, CP. Alberto Montaña Plata, rad
050012333000201301356-02 (68.852) [ Fundamento de derecho 38 y 39]; Subsección B, Sentencia del 8 de
febrero de 2012, rad: 500123310001994-04604-01(20089), CP Danilo Rojas Betancourth [Fundamento de
derecho 21-27]; Corte Constitucional, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-439 de 1992. En la sentencia de la
CIDH del 27 de julio de 2022, en el Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, también
se hizo referencia a esta aspecto y fue acogida la postura por el tribunal internacional [ Fundamento de derecho
267-288].

22

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

(…) En relación con la importancia del contexto, y sin perjuicio de lo anterior,
cabe recordar que este Tribunal ha señalado de forma reiterada, que la
responsabilidad estatal, sea por actos de terceros o por actos de agentes
estatales, debe determinarse atendiendo a las particularidades y
circunstancias de cada caso, y que no basta con una situación general o un
contexto de vulneraciones a los derechos humanos contra determinados grupos de
personas. También resulta necesario que en el caso concreto se vulneren las
obligaciones a cargo del Estado en las circunstancias propias del mismo.
(…)51(negrilla por fuera del original)

16. Al respecto, valoradas las pruebas aportadas al plenario, la Sala estima que
no se aportaron elementos que otorguen el convencimiento que el caso de
Mosquera Moreno se inscriba en el riesgo al que fueron sometidos los miembros de
la Unión Patriótica, reconocido por esta corporación como hecho notorio. En
concreto, no existen pruebas que detallen las circunstancias que rodearon el deceso
de Juan de la Rosa, ni mucho menos que este haya obedecido a su filiación,
actividad o militancia política.

Sea preciso aclarar que el a quo fundamentó sus consideraciones en el Oficio No.
243 del 14 de junio de 2019 de la Dirección de Justicia Transicional de Medellín, el
cual únicamente certificó que Raúl Emilio Hasbún Mendoza aceptó responsabilidad
por el homicidio de Mosquera Moreno52, sin detallar el contenido de su versión.
Aunque ese documento da cuenta de una confesión de un miembro de las
autodefensas en el marco de un proceso de justicia transicional «justicia y paz» (art.
17 Ley 975 de 2005), no se aportó la diligencia de versión libre al expediente. Por
tanto, la certificación carece de aptitud probatoria para demostrar que el homicidio
de Juan de la Rosa obedeciera a su militancia en la Unión Patriótica o a su afiliación
sindical en SINTRAINAGRO.

No desconoce la Sala que obra en el expediente el oficio No. MEDELLÍN-DJT-
20440706 del 25 de octubre de 202253, mediante el cual la Fiscalía General de la
Nación allegó como prueba trasladada las piezas de la investigación radicada bajo
el No. 21.111 SJYP, en la que debería constar la declaración de Raúl Emilio Hasbún
Mendoza. Revisado ese material, la Sala constata que no se incluyó la versión

51 [Fundamento de derecho 270]

52 SAMAI TA índice 00001, archivo: «01- Demanda con anexos». página 66.
53 SAMAI TA índice 00030 archivo: «31_RECIBEMEMEORIALES_ OFICIO70620221025»

23

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

rendida por él; sin embargo, durante la audiencia de pruebas del 1 de diciembre de
202254, el apoderado de la parte demandante no formuló objeción alguna y señaló
haber verificado los archivos aportados55. En esa misma audiencia se dio cierre al
periodo probatorio sin comentarios ni interposición de recurso por parte del
apoderado.

17. Previsto lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la falta de
incorporación de la declaración referida al expediente es atribuible a la parte
demandante, en virtud de la carga probatoria impuesta por el artículo 167 del CGP56.
Ello, dado que la parte actora solicitó el expediente de la investigación como prueba
trasladada en su escrito inicial, conocía la relevancia de dicho medio de prueba y
sustentó la demanda en la certificación de esa versión, pero no insistió en su
obtención, sin que corresponda a esta Sala eximirla de sus deberes probatorios57.

18. En segundo lugar, las declaraciones de Cecilia Córdoba Ibargüen, se
contradicen con las alegaciones de la demanda. En el expediente rad. 21-111 obra
la versión del 18 de enero de 2016, en la que identificó que el asesinato de Juan de
la Rosa Mosquera fue cometido por miembros de las autodefensas y afirmó que su
compañero “(…) nunca quiso pagar una vacuna (…)”58. Además, en la declaración

54 SAMAI TA índice 00035, link en la descripción.
55 En el transcurso de la referida audiencia expresó: (…) DESPACHO: Bueno, perfecto. Entonces, apoderado

de la parte del demandante, todos han podido acceder al documento que estoy mencionando, o sea, al oficio
que recibimos de la Fiscalía Delegada de Justicia Transicional IMPAC de Medellín. Entonces, usted, ¿por qué
no pudo tener acceso al mismo? Sin embargo, esta era la oportunidad procesal para si tenía algún tipo de
inquietudes o comentarios. Apoderado, Dr. Flores. APODERADO PARTE ACTORA: Su señoría, ya lo pude
verificar. DESPACHO: ¿Algún comentario? APODERADO PARTE ACTORA: Conforme al documento, se
presume, su señoría, que es auténtico teniendo en cuenta que fue firmado por el director de la entidad
competente. [ Minutos 7:37-8:19]
56 (…) Artículo 167. Carga de la prueba: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el
término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción
previstas en este código. (…)
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9

de mayo de 2011, CP Enrique Gil Botero, «(…) Sobre la carga de la prueba esta Corporación explicó: “En
procesos contenciosos o controversiales como el presente, el juez no puede adoptar decisiones que no estén
fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde descargar a las partes de sus
deberes probatorios, puesto que se incurriría en una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código
de Procedimiento Civil, así como también se estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa del interviniente que resulte afectado…”.(…)»[ Fundamento de derecho 2]
58SAMAI TA índice 00030, carpeta: «30_One Drive_20221025, archivo: «ENTREVISTA CECILIA CÓRDOBA

IBARGUEN», «(…), los que lo asesinaron eran miembros de las autodefensas, no supe quienes fueron
directamente, el comandante de ese grupo para esa época era alias HH, él nunca quiso pagar la vacuna a esa

24

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

del 20 de abril de 2001 obrante en el rad. 6756 de la Unidad Seccional de Fiscalía
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, aseguró que él no había sido objeto
de amenazas, seguimientos ni ejerció militancia política e incluso refirió que desde
hacía cuatro años se dedicaba exclusivamente a la religión. In extenso refirió:

«(…) P/- Sabe usted si su compañero se encontraba amenazado de muerte. C/- Que
yo sepa no, ya que el estaba entregado a la religión y él no creía en esas cosas. P/-
Sabe usted si su compañero pertenencia algún grupo político sindical. c/. Eso hace
muchos años cuando existía esa U.P. pero eso hace muchos años uste sabe que en
los barrios forman juntas de acción comunal y entonces lo nombraron a él, ahora no
en nada ya que tenía 4 años que estaba en la religión. (…) P/- Si usted en esos días
ante(sic) de la muerte de su compañero lo notó extraño, preocupado nervioso. C/- No
, porque el estaba muy entregado a Dios, y no mantenía miedo, el decía que él estaba
muy confiado en Dios que él nunca había hecho cosas malas para estar preocupado
que él era siervo de Dios y que tenía que servirle a Dios. P/- Sabe usted cuantos años
Juan De La Rosa fue integrante de la U.P. C/- No fue mucho tiempo el trabajo como
un año nada más y eso que en la junta de acción comunal, no politiqueando por ahí,
él se retiró para meterse en religión. (…)»59

Con respecto a la valoración de las entrevistas rendidas en las investigaciones
penales, esta subsección ha precisado que su aptitud probatoria se limita a acreditar
que las personas manifestaron la información ante la autoridad, sin que ello
garantice su veracidad al no haberse rendido bajo juramento60. En consecuencia, el
contenido de esas entrevistas no permite concluir que la parte actora conociera la
autoría del homicidio de Mosquera Moreno hasta el 14 de junio de 2019 ni que su
muerte formara parte o se inscribiera en el exterminio sistemático de miembros de
la Unión Patriótica. Además, la constancia de afiliación sindical aportada con la
demanda indica que Mosquera Moreno se retiró de SINTRAINAGRO el 24 de
septiembre de 1995, lo que otorga credibilidad a la declaración de Cecilia Córdoba
Ibargüen en la entrevista del 20 de abril de 200161, sobre su ausencia de actividad
política de su compañero mucho antes de fallecer.

19. En relación con este último aspecto, la Sala precisa que la constancia
expedida por el Secretario Nacional del Partido Unión Patriótica sirve para verificar

gente, él nunca había tenido problemas ni amenazas con nadie, no fuimos víctimas por parte de otro delito
después de la muerte de compañero (…)»
59 SAMAI TA índice 00030, carpeta: «30_One Drive_20221025, archivo: «rad6756 juan de la rosa mosquera

moreno»,pp. 10 y 11.
60Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de diciembre

de 2024. Exp: 69.461.Reiterado en Subsección C, Sentencia del 19 de mayo de 2025, CP William Barrera
Muñoz, rad: 680012333000201800791-02(71.832) [ Fundamento de derecho 8]; también ver, Subsección C,
Sentencia del 9 de abril de 2025, CP Nicolás Yepes Corrales, rad: 15001233100020090041401 (65273) [
Fundamento de derecho7.1]
61 SAMAI TA índice 00030, carpeta: «30_One Drive_20221025, archivo: «rad6756 juan de la rosa mosquera

moreno» pp. 10-11.

25

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

la afiliación de Mosquera Moreno a la organización política, pero carece de aptitud
probatoria para calificarlo como «víctima del genocidio contra los dirigentes de la
Unión Patriótica». Dicha calificación corresponde exclusivamente a los jueces de la
República, quienes, mediante la valoración de las pruebas legal y oportunamente
allegadas al proceso, pueden determinar si la muerte violenta de un miembro de la
Unión Patriótica se inscribe en el exterminio padecido por sus militantes.

De igual forma, las consideraciones consignadas en los informes policiales obrantes
en el expediente —del 7 de diciembre de 200062 y del 25 de enero de 201663—
tampoco resultan aptas para asociar el fallecimiento de Mosquera Moreno con el
exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, pues la jurisprudencia ha
aclarado que su contenido es meramente informativo, destinado a la autoridad
encargada de la investigación, y no tiene carácter probatorio64.

20. En suma, en el expediente se acreditó que Juan de la Rosa Mosquera
(Q.E.P.D.) murió de forma violenta el 30 de octubre de 2000 y que perteneció a la
Unión Patriótica y al sindicato SINTRAINAGRO. No obstante, la entrevista de su
compañera permanente, su desafiliación de SINTRAINAGRO y la falta de pruebas
que acrediten con claridad la naturaleza, el momento y la continuidad de su
militancia o actividad política impiden vincular el riesgo materializado en su
homicidio con el exterminio sistemático de militantes de la Unión Patriótica.

En efecto, las piezas aportadas no permiten concluir que Mosquera Moreno haya
sido dirigente o figura visible de la Unión Patriótica, ni que en los años previos a su
muerte ejerciera actividades políticas o fuera reconocido por su comunidad como

62 SAMAI TA índice 00030, carpeta: «30_One Drive_20221025, archivo: «rad6756 juan de la rosa mosquera

moreno» pp. 6-8. Allí se expresó «(…) RESULTADOS. Los resultados son cumplidos, toda vez que se realizaron
diligencias tendientes a averiguar sobre los hechos acaecidos, pero sin obtener mayor información hasta la
fecha de los móviles y autores de este crimen. CONCLUSIONES: Inicialmente se podría concluir que los móviles
que llevaron a la realización de este acto criminal, al parecer fue la realización de este acto criminal, al parecer
fue la relación que el hoy occiso tuvo como persona activa con el movimiento político U.P. (…)»
63 SAMAI TA índice 00030, carpeta: «30_One Drive_20221025, archivo: «INFORME JUAN DE LA ROSA

MOSQUERA MORENO»
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 16

de diciembre de 2020, CP Jaime Enrique Rodríguez Navas Rad: 05001-23-31-000-2007-00010-01(50789)[
Fundamento de derecho 4.3.5.1.1](…) En ese contexto, esta Subsección, ha sostenido por un lado que el
contenido del informe de policía, no constituye una prueba válida para dictar una medida de aseguramiento,
incluso bajo la vigencia del Decreto 2700 de 1991 y por otro, la declaración del ofendido a través de la denuncia
penal, según lo ha señalado la Corte Constitucional, no puede entenderse como prueba, pues no tiene como
finalidad acreditar la presunta comisión de una conducta ilícita, sino que tiene carácter informativo, es decir, se
limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar, la perpetración de una conducta
presumiblemente delictuosa, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó y
de los presuntos autores o partícipes, si fueren conocidos por el denunciante .(…)

26

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

militante activo, y tampoco se alegó ni demostró en el plenario que hubiese
solicitado protección a las autoridades demandadas. Ante la ausencia de tales
elementos, no existen fundamentos para atribuir el riesgo materializado en su
homicidio a una omisión del Estado en la adopción de medidas eficaces para
proteger la vida e integridad de los militantes de la Unión Patriótica.

Habiendo valorado las pruebas anteriores, la Sala advierte que operó la caducidad,
pues entre el deceso de Juan De La Rosa (30 de octubre de 2000) y la interposición
de la demanda (28 de julio de 2020) transcurrieron más de los dos años previstos
en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el ejercicio del medio de
control de reparación directa.

21. Aún en el escenario planteado por el Ministerio Público, y aplicando los
criterios establecidos en la decisión de unificación del 29 de enero de 2020, no se
desvirtúa la conclusión según la cual se verifica que operó la caducidad del medio
de control. Ello, al considerarse que la parte demandante, con anterioridad a la
versión libre rendida por el señor Raúl Emilio Hasbún, alias “Pedro Bonito”, ya tenía
conocimiento de que el asesinato del señor De La Rosa había sido cometido por
miembros de las autodefensas. En efecto, desde el 18 de enero de 2016, la señora
Cecilia Córdoba declaró ante la Fiscalía General de la Nación que conocía dichas
circunstancias, por lo que, incluso vinculando el presunto conocimiento de la
participación del Estado —por omisión en el deber de protección— a esta fecha, la
demanda también resultaría interpuesta por fuera de oportunidad legal.

En consecuencia, aun aplicando la suspensión del término de caducidad durante
las gestiones de conciliación extrajudicial —entre el 24 de diciembre de 2018 y el
24 de febrero de 2019, según la constancia de la Procuraduría 6.ª Judicial II para
Asuntos Administrativos65—, se verifica que aún en este escenario la demanda fue
extemporánea, pues la oportunidad fenecía el 19 de enero de 2018. Por último, no
consta en el expediente que los miembros de la parte demandante hayan sufrido
circunstancias que les impidieran materialmente ejercer su derecho de acción.

65 SAMAI TA índice 00001, archivo «03-Constancai de Radicación». Ver demanda en SAMAI TA índice 00001,

archivo: «01- Demanda con anexos» pp. 82-85

27

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

Atendiendo a las consideraciones anteriores, esta Sala de Subsección revocará la
sentencia del 12 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y, en su lugar, declarará la
caducidad del medio de control de reparación directa.

Costas

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.

En este sentido, al haber prosperado el recurso de apelación de la parte
demandada, se condenará en costas en ambas instancias, a la parte demandante;
sin embargo, la Sala no fijará suma de agencias en derecho en segunda instancia
a cargo de la parte demandante, por observarse que, en el desarrollo de esta etapa
procesal, la demandada no efectuó actos de gestión judicial.

28

Radicación: 25000-23-36-2020-00225-01 (72.350)
Demandante: Cecilia Córdoba Ibarguen y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y otro
Proceso: Reparación Directa

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de julio de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y en su lugar
DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, sin fijación de agencias
en esta instancia, por las razones anotadas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/docume
ntos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de
validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de
tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

29

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.