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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00400-01

Fecha
13 de febrero de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2020-00400-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) SMLMV a cargo de Carlos Andrés Prada Jiménez y en favor de la Agencia Nacional de Tierras. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. 27 Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974) Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT- Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2020-00400-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

13 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: NATURALEZA DE LOS BIENES BALDÍOS – Son bienes públicos sometidos a un
régimen de destinación social orientado al acceso progresivo a la tierra de la población rural
vulnerable / FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL – Opera como parámetro de
validez de la adjudicación de baldíos, impidiendo su consolidación en cabeza de sujetos con
solvencia económica que los usen como inversión patrimonial / FACULTAD OFICIOSA DE
REVOCATORIA DIRECTA EN MATERIA AGRARIA – La ANT dispone de una potestad
especial de autotutela para retirar actos de adjudicación de baldíos cuando se verifique
incumplimiento de condiciones legales, sin quedar supeditada al desistimiento de particulares
ni al paso del tiempo / DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA PETICIÓN Y CONTINUACIÓN
OFICIOSA DE LA ACTUACIÓN – La falta de impulso del peticionario (art. 17 CPACA) no
extingue la competencia estatal si hay interés público, pues el art. 18 de la misma norma
habilita la continuación oficiosa mediante decisión motivada / NATURALEZA DE LA
REVOCATORIA DIRECTA EN MATERIA AGRARIA – Constituye un asunto de orden público
e interés general por comprometer el destino constitucional de los baldíos y la finalidad
redistributiva de la reforma agraria, por lo que no depende de la inercia o desistimiento de los
particulares / FOCALIZACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA – La
adjudicación de baldíos es un instrumento redistributivo para dotar de tierra a quien carece
de ella y depende del trabajo rural, lo que exige interpretar estrictamente los requisitos y
evaluar materialmente la situación socioeconómica del beneficiario / CAMPESINO Y SUJETO
DE REFORMA AGRARIA COMO CATEGORÍA JURÍDICA DE ELEGIBILIDAD – “Campesino”
se define como requisito jurídico-material, no como autodefinición, y exige dependencia
económica del agro, vínculo funcional con la tierra y ausencia de medios alternativos
suficientes, en coherencia con la destinación social del baldío / AUTONOMÍA DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FRENTE AL ESCENARIO PENAL – La absolución o
prescripción penal no condiciona el control administrativo; el juez penal juzga culpabilidad y
el contencioso verifica la legalidad objetiva de la adjudicación conforme al régimen agrario /
PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA EN LAS NULIDADES PROCESALES – La falta de
mención formal de alegatos no anula el fallo si no se acredita indefensión material, en especial
cuando la sentencia resuelve los núcleos sustanciales de la controversia.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que negó las pretensiones.

1

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

La controversia está relacionada con la legalidad del acto administrativo por el cual
se revocó directamente la resolución de adjudicación de un predio baldío previamente
otorgado al demandante.

I LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda 1
presentada el 11 de diciembre de 20202 por Carlos Andrés Prada Jiménez (el
demandante o la parte actora) en contra de la Agencia Nacional de Tierras (en
adelante la entidad o la ANT), cuyos hechos principales, fundamentos de derecho y
pretensiones se enuncian a continuación.

Hechos

2. El 21 de julio de 2010, el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER) expidió la Resolución 0653, mediante la cual adjudicó al demandante el
predio baldío denominado “La Pradera”, ubicado en la vereda Manuel Norte del
municipio de Ricaurte (Cundinamarca), acto administrativo que fue inscrito en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot bajo el folio de matrícula
inmobiliaria 307-28560 el 13 de agosto de 2010.

3. El 19 de noviembre de 2015, el ciudadano Sergio Hernando Santos Mosquera,
presentó ante la entidad una solicitud de revocatoria directa, argumentando presuntas
irregularidades relacionadas con la capacidad económica del adjudicatario, afirmando
que este ejercía como abogado, era contratista del Estado y poseía un patrimonio
superior al permitido para ser beneficiario de reforma agraria.

4. El 3 de diciembre de 2015, el INCODER requirió al solicitante para que
subsanara su petición, dado que no cumplía con los requisitos legales (falta de
dirección de notificaciones y presentación personal); sin embargo, el peticionario no
subsanó en debida forma dentro del término de un mes.

5. Mediante la Resolución 887 del 23 de noviembre de 2016, la ANT —entidad que
asumió las funciones del liquidado INCODER3— dio apertura al procedimiento
administrativo de revocatoria directa de la Resolución 0653 de 2010, fundamentando

1
Expediente digital, archivos “14_RECIBEMEMORIALES_CORRECCIO´NDEMANDA” y
“20_RECIBEMEMORIALES_CORRECCIO´NDEMANDA”.
2
SAMAI, primera instancia, índice 1.
3
El Decreto Ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), definió su naturaleza, objeto y funciones, y la instituyó
como la entidad encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural y de adelantar, entre otras,
actuaciones relacionadas con el acceso a tierras, adjudicación y administración de bienes rurales de la Nación. Por su parte, el
Decreto 2365 de 2015 dispuso la supresión y liquidación del INCODER y reguló la redistribución de sus funciones y asuntos en
el nuevo arreglo institucional del sector agropecuario, dentro del cual la ANT asume las competencias en materia de tierras que
resultan pertinentes para el caso.

2

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

su actuación en la solicitud del particular y ordenando la práctica de pruebas para
verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del adjudicatario al momento
de la titulación.

6. Durante la etapa de instrucción y pruebas, que se extendió entre los años 2017
y 2019, se realizó una inspección ocular al predio y se recepcionaron testimonios y
documentos aportados por el demandante.

7. A través de la Resolución 6281 del 29 de julio de 2020, la Subdirección de
Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión de la ANT, decidió revocar
directamente la adjudicación otorgada en 2010, por cuanto el demandante no tenía la
calidad de “campesino” por ejercer una profesión liberal, haber percibido honorarios
como contratista estatal y no derivar su sustento exclusivamente de la actividad
agraria, decisión que fue notificada electrónicamente y contra la cual no procedía
recurso alguno.

Cargos de nulidad

8. Según se expresó en la demanda, la Resolución 6281 del 29 de julio de 2020
presenta defectos de ilegalidad por violación al debido proceso, falsa motivación e
infracción de normas y principios superiores, de acuerdo con los siguientes cargos:

9. (i) Violación al debido proceso administrativo y desconocimiento del
desistimiento tácito (Infracción de los artículos 29 de la Constitución y 17 del CPACA).
Soportado en que la Resolución 6281 de 2020 fue expedida dentro de una actuación
viciada de nulidad insanable desde su origen, por cuanto el procedimiento de
revocatoria directa no nació válidamente de oficio, sino que fue impulsado por la
solicitud de un particular en noviembre de 2015; sin embargo, el peticionario no
subsanó los requisitos formales exigidos por la administración dentro del término legal
de un mes, configurándose ipso iure el desistimiento tácito en enero de 2016. A pesar
de haberse desistido frente a la petición inicial, la ANT continuó irregularmente con el
trámite, intentando sanear la actuación meses después mediante un auto de apertura
oficiosa (Resolución 887 de noviembre de 2016), maniobra procesal que vulneró las
formas propias del juicio al revivir una actuación que legalmente había fenecido,
desconociendo el efecto extintivo derivado de la inactividad del solicitante.

10. (ii) Falsa motivación por error de hecho y de derecho en la interpretación de la

calidad de "Sujeto de Reforma Agraria". Fundamentado en que el acto administrativo
de revocatoria se fundamentó en premisas falsas y en una interpretación errónea de
la Ley 160 de 1994 vigente al momento de la adjudicación (2010). La ANT revocó el
título afirmando que el demandante no tenía la condición de “campesino” por ostentar
título profesional de abogado y haber suscrito contratos estatales; no obstante, la

3

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

entidad administrativa aplicó criterios restrictivos no previstos en la ley para la época
de los hechos, desconociendo que el adjudicatario sí acreditó los requisitos objetivos
de elegibilidad: patrimonio inferior al tope legal y, fundamentalmente, la explotación
económica directa del predio mediante ganadería y cultivos (sábila), tal como lo
certificaron las inspecciones oculares oficiales de 2010. Argumentó que excluir a un
profesional del acceso a la tierra, cuando este demuestra su explotación productiva,
constituye una motivación que desconoce la realidad fáctica probada en el
expediente.

11. (iii) Infracción de normas superiores y violación al principio de confianza legítima

y seguridad jurídica. Sustentado en que la decisión de revocar una adjudicación diez
años después de otorgada, basándose en nuevas interpretaciones políticas o criterios
de focalización, vulnera la confianza legítima del administrado. El Estado, a través del
INCODER, consolidó una situación jurídica particular en 2010 tras verificar el
cumplimiento de los requisitos de ley, y la revocatoria tardía por parte de la ANT, bajo
la tesis de que el beneficiario no encaja en un perfil de “vulnerabilidad” actual o basado
en jurisprudencia posterior, desconoce los derechos adquiridos con justo título y
buena fe, atentando contra la estabilidad y presunción de legalidad de los actos
administrativos.

12. (iv) Indebida valoración probatoria y exceso en la autotutela. Estructurado sobre

la base de que la ANT utilizó la potestad de revocatoria directa —concebida para
corregir ilegalidades manifiestas— para realizar una nueva valoración subjetiva de las
pruebas. Se reprochó que la entidad demandada omitiera valorar integralmente las
pruebas documentales y testimoniales (vecinos, inspección de 2010) que
demostraban la ocupación histórica y la actividad agraria en el predio “La Pradera”,
privilegiando indicios aislados o pruebas sobrevinientes (como informes periodísticos
o ingresos por honorarios posteriores) para configurar artificialmente la causal de
revocatoria, desviándose de los fines de la reforma agraria y desconociendo las
pruebas que en su momento validaron la adjudicación.

Pretensiones

13. Soportado en los fundamentos de hecho y de derecho antes referidos, la parte
actora solicitó4 declarar la nulidad de la Resolución 6281 de 2020 con el fin de

4
Textualmente pidió: “PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución número 6281 del 29 de julio de 2020, expedida
por la SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS POR DEMANDA Y DESCONGESTIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE
TIERRAS, “...Por el cual se resuelve de fondo el trámite de Revocatoria Directa iniciado contra la Resolución de Adjudicación
de Baldío No. 000653 del 21 de julio de 2010…”. SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior se declare que la Resolución
de Adjudicación de Baldío número 00653 del 21 de julio de 2010, expedida por la Dirección Territorial Cundinamarca del
INCODER, recobra su validez, vigencia y eficacia. TERCERA. Que al recobrar la validez, eficacia y vigencia la Resolución de
Adjudicación número 000653 del 21 de julio de 2010, se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot,
Cundinamarca, que vuelva a inscribir la mencionada Resolución en el folio de matrícula inmobiliaria número 307-75309 y cancele
la anotación de la Resolución No. 6281 del 29 de julio de 2020, para que se mantenga incólume la adjudicación del predio “La
Pradera” a favor de mi representado. CUARTA. Que se condene al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos
del proceso”.

4

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

restablecer la plena vigencia de la Resolución de Adjudicación 0653 de 2010 del
INCODER; consecuentemente, solicitó ordenar a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Girardot que inscriba nuevamente el título del predio "La
Pradera" a favor del demandante en el correspondiente folio de matrícula, cancelando
la anotación de revocatoria, y que se condene en costas a la parte demandada.

Contestación de la demanda

14. La ANT se opuso a la prosperidad de las pretensiones5 defendiendo la
presunción de legalidad de la Resolución 6281 de 2020, afirmando que la demanda
se caracteriza por la ausencia de un concepto de violación claro, por cuanto el actor
se limitó a exponer una inconformidad subjetiva sin desarrollar una carga
argumentativa sólida que demostrara la supuesta infracción normativa. De manera
fundamental, atacó el argumento central del demandante sobre el desistimiento tácito,
afirmando que la revocatoria directa no es un procedimiento desistible. Sostuvo que,
al tratarse de un mecanismo de interés público destinado a recuperar tierras del
Estado y corregir ilegalidades, la administración no puede renunciar a su deber de
decidir una vez iniciado el trámite, por lo que la inactividad del denunciante particular
no tiene la virtualidad de archivar el proceso ni impide que la entidad actúe en defensa
de la legalidad y el patrimonio público.

15. Agregó que el acto acusado fue expedido con estricta sujeción a la Ley 160 de
1994 y al debido proceso. Argumentó que durante el trámite administrativo quedó
plenamente probado que el demandante no cumplía con los requisitos subjetivos para
ser beneficiario de reforma agraria, toda vez que se demostró su calidad de abogado,
asesor jurídico y contratista estatal, condiciones que lo alejaban del perfil de
vulnerabilidad y pobreza exigido por la ley para acceder a la adjudicación de baldíos.
En consecuencia, la revocatoria no fue un acto arbitrario, sino la corrección necesaria
de una adjudicación obtenida mediante el ocultamiento de la realidad económica y
profesional del solicitante.

16. Para sustentar su defensa, aportó el expediente administrativo completo y
solicitó, como prueba trasladada, la remisión de las piezas procesales de la
investigación penal adelantada en contra del demandante por fraude procesal y
falsedad con ocasión del proceso de adjudicación.

Alegatos en primera instancia

17. Agotado el período probatorio6 y dentro de la oportunidad procesal

5
Expediente digital, archivo “69_RECIBEMEMORIALES_20231038533591”.
6
Conforme al acta de la audiencia inicial celebrada el 20 de marzo de 2024, el Tribunal decretó e incorporó al plenario el siguiente
acervo probatorio: (i) la totalidad de la prueba documental aportada con la demanda, que comprende los actos administrativos
de adjudicación y revocatoria directa (Resoluciones 0653 de 2010 y 6281 de 2020), los antecedentes de dichos trámites

5

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

correspondiente, la ANT allegó sus alegatos de conclusión7 reiterando la validez de
la resolución demandada, defendiendo el trámite de revocatoria directa y afirmando
la falta de un verdadero concepto de violación por parte del actor8. Insistió en que no
operó el desistimiento tácito porque la revocatoria de adjudicaciones de baldíos
responde a una potestad oficiosa que no depende de la voluntad del particular que
formula la queja, y que el procedimiento respetó plenamente el debido proceso del
adjudicatario. Como punto adicional, señaló que las actuaciones penales posteriores
contra el actor son ajenas al control de legalidad del acto administrativo y no pueden
utilizarse para cuestionar una resolución que se soportó en el expediente
administrativo agrario, concluyendo que debían negarse íntegramente las
pretensiones.

18. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la totalidad de las
pretensiones de la demanda9.

20. Frente al cargo según el cual la actuación estaba viciada por la configuración
del desistimiento tácito ante la inactividad del quejoso inicial, el Tribunal desestimó el
argumento fundamentándose en la prevalencia del interés público que reviste la
recuperación de tierras baldías, por cuanto el régimen agrario faculta a la
administración para revocar adjudicaciones ilegales de oficio y en cualquier tiempo,
sin necesidad de consentimiento del titular. Razonó que la potestad de autotutela del
Estado para corregir adjudicaciones que violan normas de orden público no puede
verse enervada por la inacción de un tercero denunciante, por lo que validó la decisión
de la ANT de continuar el trámite oficiosamente para proteger el patrimonio público y
los fines de la reforma agraria, concluyendo que no se vulneró el debido proceso del
demandante, quien tuvo plenas garantías de defensa durante toda la actuación.

21. Respecto al argumento central de que el demandante sí cumplía con los

(incluyendo inspecciones oculares de 2010, oficios y peticiones), declaraciones extra juicio rendidas en 2017, así como
certificaciones registrales, catastrales y financieras del demandante; (ii) los antecedentes administrativos completos allegados
por la ANT en cuatro archivos digitales y la consulta VUR del predio; y (iii) las pruebas sobrevinientes decretadas de oficio,
correspondientes a las sentencias penales del 30 de enero y 24 de febrero de 2023 (proferidas por el Juzgado 55 Penal del
Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá, respectivamente) que absolvieron al actor de conductas conexas. Se prescindió de la
inspección judicial por improcedente y del dictamen pericial por desistimiento de la parte actora. Expediente digital, archivo
“117AUDIENCIAINICI_202000400ACTAAUDIENC”.
7
Expediente digital, archivo “119_MemorialWeb_Alegatos”.
8
En relación con el cargo de falsa o falta de motivación, insistió en que la resolución demandada expone de manera suficiente
las razones por las cuales concluyó que el señor demandante no era sujeto de reforma agraria: no cumplía el perfil de campesino
de escasos recursos, presentaba inconsistencias entre su patrimonio real y el declarado bajo juramento y no acreditó una
explotación económica seria del predio, por lo que la adjudicación resultaba abiertamente contraria a la Ley 160 y a la
jurisprudencia constitucional sobre baldíos.
9
Expediente digital, archivo “122SENTENCIA_20200040000sentencia”.

6

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

requisitos para ser adjudicatario, el Tribunal avaló íntegramente la tesis de la entidad
demandada, concluyendo que el actor no ostentaba la calidad de campesino ni de
sujeto de reforma agraria conforme a las normas vigentes al momento de expedirse
el acto de adjudicación. Para llegar a esta determinación, valoró las pruebas
documentales que demostraban para la fecha de la solicitud (2010), que el
demandante ya era abogado titulado (desde 2006) y tenía una trayectoria laboral en
entidades públicas y privadas (como Bavaria S.A., la Alcaldía de Ricaurte y contratos
con el municipio de Nilo). Explicó que el perfil socioeconómico del adjudicatario era
incompatible con los criterios de vulnerabilidad, pobreza y dependencia exclusiva de
la actividad agropecuaria que exige la ley para acceder a la titulación de baldíos. En
este sentido, determinó que la motivación del acto era veraz, ajustada a la realidad y
a la ley, pues otorgar tierras a un profesional con capacidad de generación de
ingresos ajenos al campo constituye una distorsión grave de los fines redistributivos
de la política agraria.

22. Finalmente, el Tribunal desestimó la supuesta indebida valoración de las
pruebas y la violación de la confianza legítima al encontrar contradicciones
sustanciales en la conducta del demandante. Destacó que el dictamen pericial
contable aportado por el actor para defender su patrimonio terminó jugando en su
contra, pues reveló que en la solicitud inicial de 2010 había declarado bajo juramento
un patrimonio familiar que no correspondía con la realidad contable certificada
posteriormente, lo que evidenció una falta a la verdad. Asimismo, respecto a la
explotación económica, respaldó la valoración de la ANT sobre la inexistencia de
actividad ganadera real, dado que las inspecciones y certificaciones de las
autoridades locales confirmaron la ausencia de hierros de marca o registros
comerciales que soportaran el supuesto negocio ganadero. Bajo estas premisas,
concluyó que no puede alegarse confianza legítima ni derechos adquiridos sobre un
acto administrativo obtenido mediante fraude a la ley o desconocimiento de requisitos
objetivos, reafirmando que la seguridad jurídica no ampara situaciones nacidas de
una ilegalidad manifiesta.

El recurso de apelación

23. La parte demandante solicitó revocar la sentencia del a quo y que se acceda a
las pretensiones de la demanda10, con fundamento en los siguientes cargos.

24. Indebida valoración del inicio de la actuación y desconocimiento del
desistimiento tácito: El motivo de inconformidad radicó en lo que el apelante calificó
como un “yerro interpretativo y probatorio sustancial” respecto al origen del
procedimiento administrativo. El recurrente censura que el Tribunal haya concluido

10
Expediente digital, archivo “125_MemorialWeb_Alegatos-1ApelacionSentenc”.

7

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

que la actuación inició de oficio con la Resolución 887 de 2016, desconociendo la
realidad probatoria que demuestra que el trámite se originó por las peticiones
radicadas por el particular Sergio Hernando Santos Mosquera en noviembre de 2015.
El disenso se fundamenta en que dicha petición inicial fue incompleta y, pese al
requerimiento de la administración en diciembre de 2015 para subsanarla, el
peticionario dejó vencer el término legal de un mes sin aportar los documentos
exigidos. Según la apelación, en ese momento debió operar ipso iure el desistimiento
tácito (artículo 17 del CPACA), obligando a la entidad a archivar el expediente. El
apelante reprocha que el Tribunal haya validado la continuidad de un trámite viciado
bajo la excusa del interés público, argumentando que la facultad oficiosa de la
administración no puede servir para “sanear” o “revivir” una actuación particular
caduca, ni para desconocer las reglas imperativas del procedimiento administrativo
sancionatorio, lo cual vició de nulidad insaneable la resolución final de revocatoria.

25. Interpretación discriminatoria de la condición de "Campesino": La apelación
rechaza el criterio del Tribunal según el cual la calidad de abogado y el ejercicio
profesional del demandante son incompatibles con la condición de sujeto de reforma
agraria, calificando esta postura de discriminatoria, estigmatizante y regresiva, pues
se desconoció la jurisprudencia constitucional que reconoce una definición amplia de
campesino. El disenso plantea que el demandante, nacido en la región y miembro de
una familia de tradición agrícola, demostró la explotación económica del predio
(ganadería y sábila) conforme a las inspecciones oculares de 2010, y el hecho de
haber progresado académicamente o haber tenido contratos estatales (que no
violaban las prohibiciones taxativas del artículo 71 de la Ley 160 de 1994) no podía
ser usado para despojarlo de su derecho a la tierra.

26. Omisión de pruebas sobrevinientes (absolución penal): El recurso denunció que
la sentencia de primera instancia incurrió en una grave omisión probatoria al no
valorar los hechos sobrevinientes relacionados con el proceso penal, cuyas pruebas
fueron allegadas oportunamente antes del fallo. Específicamente, refirió a la
sentencia absolutoria de primera instancia y a la posterior declaratoria de prescripción
de la acción penal por parte del Tribunal Superior de Bogotá frente a los delitos de
fraude procesal y falsedad, indicando que estas decisiones desvirtúan la mala fe y las
supuestas maniobras engañosas que la administración y el Tribunal Administrativo
imputaron al demandante para justificar la revocatoria. Para el recurrente, ignorar que
la justicia penal no logró desvirtuar su presunción de inocencia constituye una
violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, pues se mantuvo la nulidad
del acto administrativo sobre bases fácticas de culpabilidad que fueron descartadas
por el juez natural de la conducta punitiva.

27. Incongruencia y falta de motivación respecto a la fijación del litigio: Se atacó la
estructura lógica de la sentencia, acusando al Tribunal de haberse apartado

8

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

injustificadamente del litigio fijado en la audiencia inicial. El apelante sostiene que el
fallo es incongruente porque, en lugar de resolver si el acto demandado se ajustaba
a las causales específicas de revocatoria del artículo 93 del CPACA, el juzgador
desvió el debate hacia otras consideraciones subjetivas sobre la calidad personal del
demandante, cuestionando su condición de sujeto de reforma agraria por el mero
hecho de ostentar un título profesional (abogado), aspecto que no constituía el objeto
central del control de legalidad sobre las causales de revocatoria. Argumentó que esta
variación sorprendió a la defensa y generó una falta de motivación real frente al
problema jurídico central, pues la sentencia no explicó razonadamente cuál causal de
revocatoria se configuró legalmente, sino que se limitó a validar la actuación de la
administración basándose en premisas distintas a las que delimitaron la controversia
procesal, tales como una valoración probatoria sesgada sobre la capacidad
económica actual del actor y la aplicación de criterios de elegibilidad discriminatorios
que no corresponden a la verificación objetiva de las supuestas normas infringidas al
momento de la adjudicación.

28. Violación al derecho de defensa por desconocimiento de los alegatos de
conclusión: Finalmente, se expuso que el Tribunal falló sin tener en cuenta sus
alegatos de conclusión, los cuales fueron presentados oportunamente el 11 de abril
de 2024 a través de los canales digitales dispuestos. Argumentó que esta omisión
impidió que el juez de primera instancia considerara los argumentos finales de la
defensa, especialmente aquellos relacionados con la valoración de las pruebas
penales y la refutación de los informes de la Agencia Nacional de Tierras, lo que
materializó una vulneración directa al derecho de contradicción y defensa técnica en
una etapa crucial del juicio.

II CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

29. Atendiendo a lo resuelto por el a quo y los cargos formulados en el recurso de
alzada, corresponde a la Sala establecer, si: (i) se vulneró el derecho de defensa y
contradicción por la falta de valoración de los alegatos de conclusión presentados por
la parte actora; (ii) el Tribunal a quo erró al desconocer la configuración del
desistimiento tácito de la actuación administrativa, dado que la solicitud inicial del
particular no fue subsanada en tiempo; (iii) si la interpretación sobre la calidad de
campesino y la condición de profesional del demandante resultó discriminatoria y
contraria a la normativa agraria vigente al momento de proferirse el acto de
adjudicación; (iv) la sentencia recurrida incurrió en una omisión probatoria al no valorar
las decisiones de la justicia penal; y (v) el fallo es incongruente por haberse apartado
injustificadamente de la fijación del litigio delimitada en la audiencia inicial.

9

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

La presunta vulneración del derecho de defensa por pretermisión de los
alegatos de conclusión

30. El cargo sostiene que la sentencia de primera instancia se profirió sin considerar
los alegatos de conclusión que el demandante afirma haber presentado
oportunamente por canales digitales el 11 de abril de 2024, omisión que habría
cercenado su derecho de defensa en una etapa definitoria del debate. Este argumento
será desestimado, en primer lugar, porque el expediente judicial y la consulta del
sistema de información de la Rama Judicial no registran constancia de la radicación
de dicho escrito, de manera que el reproche parte de un presupuesto fáctico que no
aparece acreditado y que, por sí solo, impide atribuirle al Tribunal una omisión
decisoria respecto de una pieza procesal cuya incorporación no se encuentra
demostrada en esta instancia.

31. Además, debe recordarse que los alegatos de conclusión no constituyen un
medio de prueba ni una etapa habilitada para introducir hechos novedosos o
pretensiones sorpresivas, sino un espacio de síntesis y sistematización argumentativa
que permite a las partes resaltar, a la luz del acervo ya incorporado, las razones por
las cuales consideran que sus pretensiones o defensas deben prosperar. Por ello, la
sola circunstancia de que el juzgador no transcriba o no cite nominalmente un escrito
de alegatos no implica necesariamente una vulneración del derecho de defensa, pues
lo determinante es si la providencia abordó los problemas jurídicos fijados, resolvió
de fondo la controversia y explicó, con soporte probatorio suficiente, las razones que
condujeron a mantener incólume la presunción de legalidad del acto demandado o,
en su caso, a declararlo nulo, en tanto en materia de nulidades procesales rige una
exigencia mínima de trascendencia, de modo que la irregularidad alegada solo
adquiere relevancia si se demuestra que tuvo incidencia real en la decisión o produjo
indefensión una material.

32. Ahora bien, aun si se parte de la hipótesis más favorable al apelante y se asume
que el escrito del 11 de abril de 2024, que el recurrente afirma haber enviado, debe
tenerse como alegato de conclusión oportunamente aportado, su contenido -según lo
expuesto por el propio demandante en su escrito de apelación- no introduce un eje
argumentativo novedoso ni replantea el debate bajo una perspectiva distinta, pues
esencialmente reitera afirmaciones y reparos ya formulados en la demanda y en otros
escritos de impulso, relativos a la supuesta acreditación de explotación económica
del predio mediante ganadería y sábila, a la autodefinición como campesino de
tradición familiar y a la invocación del desenlace del proceso penal como elemento
que respaldaría su buena fe. En esas condiciones, la falta de referencia expresa a
dicho documento no se traduce en un desconocimiento de la postura defensiva, por
cuanto el Tribunal abordó esos núcleos de controversia al verificar la legalidad del
acto acusado, valorar el material probatorio sobre la condición socioeconómica del

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Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

adjudicatario y explicar por qué, a la luz del régimen de baldíos, la revocatoria se
encontraba suficientemente motivada, de manera que, aun incorporando
hipotéticamente el alegato, el itinerario decisorio no se vería alterado porque el debate
sustancial fue resuelto en los puntos determinantes.

33. De otro lado, la alegada afectación del derecho de defensa tampoco se
configura si se aprecia el trámite en su conjunto, puesto que el actor ejerció de manera
plena sus facultades procesales al presentar la demanda, controvertir los argumentos
de la entidad, solicitar y controvertir pruebas y sostener su postura en las distintas
oportunidades del proceso, de forma que la decisión judicial no fue el resultado de
una consideración parcial o sorpresiva, sino la culminación de un contradictorio en el
que la parte actora pudo exponer su versión de los hechos y del derecho. En esa
medida, incluso si se aceptara que existió una omisión meramente formal de mención
explícita de un escrito de alegatos finales, tal circunstancia no tiene entidad para
quebrantar la motivación del fallo ni para desvirtuar que el juicio de legalidad se
resolvió con base en los elementos que sustentaron la revocatoria y en la verificación
objetiva de las calidades exigidas para ser adjudicatario, aspectos que no se
modifican por la sola reiteración final de argumentos ya debatidos.

34. Finalmente, la Sala advierte que la transparencia en la administración de justicia
se garantiza cuando la sentencia ofrece una motivación clara y coherente, aspecto
que la providencia recurrida satisface plenamente al abordar cada uno de los vicios
de nulidad alegados frente a la Resolución 6281 de 2020, de suerte que la ausencia
de mención a un documento cuya radicación no aparece acreditada, o que en todo
caso no añade argumentos sustancialmente distintos a los ya estudiados, no
constituye un déficit de motivación ni una sorpresa procesal, sino la consecuencia
lógica de un juicio en el que lo determinante fue la confrontación del acto
administrativo con la Constitución Política y la ley.

35. Así las cosas, el cargo no está llamado a prosperar, pues aun cuando la
providencia de primera instancia no haya citado el escrito de alegatos que el
demandante aduce, ello no comporta, por sí mismo, una vulneración del derecho de
defensa ni un defecto relevante de motivación, pues el fallo resolvió los problemas
jurídicos planteados y respondió los argumentos sustanciales de la parte actora con
apoyo en el expediente.

La aducida indebida valoración del inicio de la actuación y el presunto
desconocimiento del desistimiento tácito

36. Si bien los procedimientos agrarios cuentan con una regulación especial
contenida en la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) resulta

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Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

aplicable en virtud del principio de integración normativa y el carácter supletorio de
este estatuto, tal como lo dispone su artículo 2°, sin perjuicio de que lo anterior deba
realizarse en lo que sea compatible con la naturaleza especial de la actuación agraria
que se inicia. En el sub examine, al tratarse de un procedimiento administrativo
sancionatorio o de corrección de legalidad (revocatoria directa) sobre la adjudicación
de un bien baldío, las normas del procedimiento administrativo general resultan
aplicables en lo que sean compatibles con dicho trámite, interpretándose de manera
armónica con los principios de orden público que rigen el acceso a la tierra y
garantizando que las reglas procesales sirvan como instrumento para la realización
del derecho sustancial.

37. Bajo esa precisión, se observa que el artículo 17 del CPACA regula las
consecuencias del incumplimiento del interesado frente a un requerimiento de
información o subsanación, previendo el desistimiento tácito. Sin embargo, es
necesario distinguir el origen de la actuación para determinar el alcance de esta
consecuencia por cuanto existen actuaciones administrativas iniciadas en interés
particular y otras en interés general. La regla del desistimiento está diseñada
primordialmente para las primeras, es decir, para escenarios donde la administración
tramita una solicitud en beneficio exclusivo del peticionario, de modo que su
inactividad justifica la terminación del trámite para racionalizar la gestión. Por el
contrario, frente a las actuaciones de interés general, la norma no se agota en esa
sanción procedimental sino que habilita a la autoridad para continuar la actuación de
oficio aun cuando se configure el desistimiento, al tratarse de actuaciones cuya
continuación resulta necesaria para garantizar los derechos de la colectividad
(artículo 18 del CPACA11). Esta previsión tiene especial relevancia en materias donde
está en juego el patrimonio o el orden público, pues evita que la administración quede
atada a la conducta de un tercero cuando la naturaleza del asunto exige un escrutinio
institucional autónomo, lo que se traduce en la posibilidad de reconducir la actuación
por la vía oficiosa con fundamento en el interés público comprometido.

38. Adicionalmente, debe recordarse que una cosa es la solicitud de un particular
como detonante de la actuación y otra muy distinta el interés que ella envuelve, pues
el origen subjetivo del impulso no determina la naturaleza del bien jurídico
comprometido ni la finalidad de la potestad que se ejerce. Por ejemplo, en actuaciones
de control de legalidad, el particular puede operar como informante o denunciante de
una posible irregularidad, mientras que el objeto del procedimiento podría recaer
sobre la tutela del orden jurídico, el patrimonio público y los fines estatales, de suerte
que la administración conserva un deber funcional autónomo de verificación y
corrección que no depende de la voluntad, persistencia o diligencia del solicitante.

11
“Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la
consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada”.

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Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Por ende, el punto central no es si la actuación tuvo como antecedente una solicitud
de parte, sino si la autoridad, al margen de la voluntad del denunciante, contaba con
competencia para ejercer la revocatoria directa por razones de interés general y si, al
hacerlo, motivó su decisión y observó los estándares del debido proceso.

39. La recuperación de tierras baldías indebidamente adjudicadas constituye un
asunto de orden público e interés general que desborda los intereses particulares del
tercero denunciante e, incluso, del adjudicatario beneficiado, por involucrar
directamente la vigencia de un orden justo, la sujeción de toda actuación a la
Constitución como norma de normas y la prevalencia del interés público o social
cuando colisiona con pretensiones individuales (artículos 212, 413 y 5814 C.P.), así
como el cumplimiento del mandato estatal de promover el acceso progresivo a la tierra
del campesinado y de los trabajadores agrarios (art. 6415 C.P.) y la orientación de la
función administrativa al servicio de los intereses generales (art. 20916 C.P.). En
desarrollo de dichos mandatos, la Ley 160 de 199417 concibe la regulación de los
baldíos como instrumento para dotar de tierras a campesinos de escasos recursos y
ordenar su ocupación y adjudicación con preferencia social (art. 118), precisando que
su dominio solo se adquiere por título otorgado por el Estado, que la mera ocupación
no confiere posesión sino una expectativa, y que la adjudicación puede adelantarse
de oficio (art. 6519). Por ello, cuando los baldíos han sido obtenidos con violación de
la Constitución o la ley, el debate trasciende la simple controversia entre particulares

12
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 13
“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”. 14
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones (…)”. 15
“Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios,
en forma individual o asociativa. El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular
relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de
territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos
sociales (…)”. 16
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones”. 17
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.”
18
“Inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la
población campesina, esta Ley tiene por objeto: (…) Segundo. Reformar la estructura social agraria por medio de
procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento
antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la
posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los
programas especiales que establezca el Gobierno Nacional. (…) Noveno. Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras
baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de
Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen”. 19
“La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por
el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta
facultad. Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y
frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.

La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por
el Instituto mediante solicitud previa de parte interesada o de oficio”.

13

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

para erigirse en un mecanismo de autotutela de la legalidad y de defensa del
patrimonio público agrario, que no admite disposición por la mera inercia o
desistimiento de los solicitantes o denunciantes, puesto que lo comprometido no es
un interés individual sino la integridad del ordenamiento jurídico agrario y el destino
constitucionalmente asignado a este tipo de bienes.

40. De esta manera, la potestad de revocatoria directa en materia agraria, por
tratarse de un asunto de interés público, no es meramente facultativa, sino que
constituye una obligación que la Administración debe ejercer de oficio,
independientemente de la iniciativa de los particulares. En este sentido, el artículo 72
de la Ley 160 de 1994 establece expresamente que la autoridad competente podrá
revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras
baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o
reglamentarias vigentes sobre baldíos, caso en el cual, no se exigirá el consentimiento
expreso y escrito del respectivo titular. Por tanto, aunque el trámite de revocatoria en
el caso concreto tuvo su génesis en una solicitud de un particular, la ANT no actuaba
en ese escenario como un simple receptor de una petición sino como la autoridad
encargada de verificar la validez de los títulos originarios del Estado, cuya presunción
de legalidad debe ceder obligatoriamente cuando se acredita que la adjudicación
vulneró el régimen de adjudicación de bienes baldíos, independientemente de quién
haya dado la noticia de la irregularidad.

41. Bajo esa óptica, el recurrente incurre en un yerro al pretender equiparar la
solicitud de revocatoria de un acto administrativo de adjudicación de un bien baldío
por ilegalidad, con una solicitud de interés exclusivamente particular sujeta de manera
absoluta a las reglas del desistimiento tácito previstas para el derecho de petición. En
el caso de los bienes baldíos, el bien jurídico tutelado es el territorio nacional y la
función social de la propiedad, intereses superiores que no pueden quedar
supeditados a la conveniencia o a la diligencia procesal de un particular, lo cual
resultaría contrario al diseño normativo previamente expuesto, a la finalidad de la
normatividad agraria y a la prevalencia del interés general.

42. Además, la aplicación del desistimiento tácito, en los términos que pretende el
actor, desconocería el mandato constitucional que obliga al Estado a promover el
acceso progresivo a la propiedad de los trabajadores agrarios, pues permitiría que
adjudicaciones fraudulentas o ilegales se consoliden por el simple paso del tiempo o
la inactividad de un denunciante, desconociendo y contrariando la competencia
oficiosa y temporalmente ilimitada que el legislador otorgó expresamente a la ANT.
La revocatoria directa de los actos de adjudicación de baldíos por desconocimiento
de la ley agraria es un deber funcional ineludible que opera con independencia de la
solicitud de parte, razón por la cual, una vez la administración tiene conocimiento de
la posible existencia de un vicio, surge para ella la obligación de adelantar las

14

Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

averiguaciones pertinentes y llevar el trámite hasta su culminación mediante decisión
de fondo, tal como ocurrió en el presente caso.

43. Está acreditado que, aunque el procedimiento para la revocatoria directa del
acto de adjudicación inició por la solicitud de Sergio Hernando Santos Mosquera y
que éste no procedió en tiempo a subsanar lo indicado por la entidad, la ANT no
decretó el archivo definitivo del expediente, sino que, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 18 del CPACA, decidió proseguir la actuación de manera oficiosa. En
efecto, obra en el expediente la Resolución 887 del 23 de diciembre de 2016 20, acto
administrativo mediante el cual la Agencia Nacional de Tierras dispuso expresamente
"iniciar procedimiento de Revocatoria Directa contra la Resolución de Adjudicación
No. 000653 de 21 de julio de 2010". En la parte motiva de dicho acto, la entidad dejó
consignado de manera inequívoca que, dada su naturaleza de agencia estatal
encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad y gestionar
el acceso a la tierra como factor productivo, le asistía el deber funcional de impulsar
los procedimientos tendientes a sanear la situación jurídica de los predios rurales.

44. La referida Resolución 887 constituye, precisamente, la decisión motivada que
exige el artículo 18 del CPACA para impedir que el desistimiento tácito del peticionario
particular frustre la acción del Estado frente a un asunto de trascendencia pública. En
ella, la autoridad agraria fundamentó su competencia en el artículo 72 de la Ley 160
de 1994 y en el deber constitucional de tutelar el patrimonio del Estado, calificando
implícitamente la recuperación de los baldíos indebidamente adjudicados como un
asunto de interés público que requería la continuación oficiosa del trámite. Al asumir
el conocimiento directo del asunto, la administración transformó la naturaleza del
impulso procesal, el cual dejó de depender de la voluntad del particular, para radicarse
en la potestad de autotutela de la entidad con fundamento en la necesidad de
intervenir para proteger el interés público comprometido, exactamente en la línea de
habilitación prevista por la ley.

45. Por consiguiente, no se configuró la irregularidad procesal alegada por el
demandante, pues la extinción de la petición inicial por desistimiento tácito no tuvo la
virtualidad de anular la competencia de la ANT para adelantar oficiosamente el
procedimiento de revocatoria directa. Al existir un acto administrativo expreso que
motivó la necesidad de adelantar el estudio de legalidad sobre la adjudicación del
predio "La Pradera" en defensa del orden jurídico agrario, se dio cabal cumplimiento
a la excepción de continuidad oficiosa consagrada en la ley, en este caso, ratificada
por la potestad otorgada a la autoridad agraria por el artículo 72 de la Ley 160 de
1994, el cual, como se ha indicado, le faculta para “revocar directamente, en cualquier
tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a

20
Expediente digital, archivo “032 - Resolución 8872016 de la Subdirección Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión”.

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lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos”.

46. Finalmente, debe indicarse que la Resolución 887 de 2016 adoptó medidas
concretas que neutralizan el reproche relativo a un desconocimiento del debido
proceso por la asunción oficiosa del asunto, en tanto: (i) dispuso iniciar el
procedimiento con sujeción a las reglas del CPACA, (ii) ordenó de oficio la práctica de
pruebas para robustecer el análisis y obtener un nivel de certeza suficiente para la
decisión, y (iii) garantizó la publicidad y la contradicción, al comunicar la actuación al
interesado, reconocer su facultad de aportar y controvertir pruebas, y disponer
actuaciones de publicidad e intervención del Ministerio Público y las autoridades
locales. Además, está acreditado21 y el demandante no discute, que fue notificado
personalmente del acto, tuvo la oportunidad de aportar pruebas documentales y
testimoniales, rindió declaración bajo juramento, controvirtió las pruebas en su contra,
participó en la inspección ocular del predio y presentó abundantes argumentos en su
defensa, por lo que su derecho de contradicción fue plenamente respetado y ejercido
durante todo el procedimiento que finalizó con la expedición del acto demandado.

47. Por todo lo expuesto, se concluye que el cargo analizado carece de fundamento
y será desestimado.

La focalización de la política agraria, la justicia distributiva y la interpretación
constitucional de la condición de "Campesino"

48. Como se explicó al reseñar el marco constitucional y legal que gobierna la
destinación de los baldíos, la adjudicación no es una operación regida por la
autonomía de la voluntad, sino un instrumento estatal de acceso progresivo a la tierra
(artículo 64 C.P.) orientado a materializar igualdad real y dignidad en el campo 22. De
allí que la discusión no versa sobre la legitimidad de la formación profesional del
solicitante, sino sobre si sus condiciones económicas y su forma de vida lo ubicaban
dentro del universo de trabajadores agrarios que requieren la tierra como medio
principal de subsistencia.

49. El deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios, y su conexión con el interés general del régimen de baldíos, se
articula con el principio de Estado Social de Derecho (artículo 1 C.P. 23) y con el

21
Expediente digital, archivos “6.1.11. Copia contestación presentada por mi representado dentro del trámite de revocatoria del
23 Marzo 2017”, “6.1.19. Copia declaración rendida por Carlos Andrés Prada Jiménez 14 Marzo 2017” y “Expediente Tomo 2”,
páginas 82 a 87.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013,
Exp. 11001-03-26-000-1996-03031-01 (13031), C.P. Enrique Gil Botero. “(…) el contenido del derecho de propiedad rural se
encuentra en las normas que conforman el denominado derecho agrario, rama del ordenamiento jurídico que precisamente ‘se
encamina a proteger a las personas que viven en el campo y a los bienes que en él se radican’ (…)”.
23
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

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mandato de igualdad material (artículo 13 C.P.24), en cuanto exige focalizar los
instrumentos de acceso a la tierra hacia quienes se encuentran en situación de
desventaja socioeconómica. A su vez, la función social y ecológica de la propiedad
(artículo 58 C.P.25) y la democratización del acceso a la propiedad y a los factores
productivos (artículo 60 C.P.26) proyectan sobre los bienes baldíos una finalidad
pública específica: el Estado debe promover, de acuerdo con la ley, el acceso a la
propiedad para mejorar el ingreso y la calidad de vida de los trabajadores del campo,
lo que justifica la imposición de requisitos estrictos destinados a asegurar que estos
recursos escasos lleguen efectivamente a sus destinatarios legítimos. En esa medida,
el campesinado se erige en sujeto de especial consideración constitucional, debido a
su histórica vulnerabilidad y exclusión, de modo que la política agraria no puede
desnaturalizarse en favor de quienes cuentan con alternativas de subsistencia
consolidadas por fuera de la economía rural27.

50. El soporte legal de esta exclusión no es caprichoso, sino que emana
directamente de la Ley 160 de 1994, normatividad que concibe los bienes baldíos
como bienes fiscales adjudicables con destinación específica28. La jurisprudencia ha
explicado que el régimen de baldíos está estructurado por razones de justicia
distributiva y por la función social de la propiedad, y responde a una finalidad dirigida
a asegurar el acceso progresivo a la propiedad rural y a mejorar el ingreso y la calidad
de vida de la población campesina, mediante la transformación de la estructura social
agraria para impedir la concentración de la tierra y el fraccionamiento antieconómico.
Por tanto, la validez de la adjudicación se condiciona a que el beneficiario ostente la
calidad de sujeto de reforma agraria conforme al ordenamiento, esto es, que satisfaga
los requisitos legales y reglamentarios de adjudicación y no esté incurso en
inelegibilidades, dentro de los cuales se destaca la pertenencia real al grupo

24
“(…) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.
25
“(…) Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La
propiedad es una función social que implica obligaciones (…)”.
26
“El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad”.
27
Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017: “La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que los campesinos y
los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo
a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los
cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación
de los recursos naturales. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la relación
de los campesinos con la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también reconoce en el “campo” un bien jurídico de especial
protección constitucional, y establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su subsistencia y
promover la realización de su proyecto de vida”.
28
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de julio de 2024. Exp. 11001-03-06-000- 2019-00072-
00. C.P. Álvaro Namén Vargas. Reiterado por la Corte Constitucional en Sentencia T-488. “Los bienes baldíos tienen una
categoría especial, que se define a partir de dos elementos: titularidad y destinación (…) En tal virtud los baldíos forman parte
de la categoría de bienes conocidos como fiscales, los cuales han sido definidos como aquellos cuyo propietario es la Nación,
pero aun así no cualquier persona tiene derecho a usarlos ni a adquirirlos, sino que tienen vocación de uso exclusivo por parte
de entidades públicas, para la prestación de servicios públicos o para ser adjudicados a campesinos y con ello impulsar el
acceso progresivo de ellos a la propiedad rural y al mejoramiento de su calidad de vida”.

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Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
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destinatario: hombres y mujeres de escasos recursos que no poseen tierra29.

51. Desde esta perspectiva, la adjudicación de baldíos por parte del Estado no es
una transferencia patrimonial que obedezca a la voluntad del ciudadano, sino un acto
de disposición gratuita a título singular, de naturaleza finalística, cuyo objeto es dotar
de tierra a quien no la tiene y carece de recursos suficientes para acceder a ella en el
mercado, con la finalidad de crear condiciones para que poblaciones en situación de
vulnerabilidad socioeconómica accedan a un factor productivo fundamental que les
permita desarrollar un proyecto de vida digno, de conformidad con el diseño
constitucional de la reforma agraria.

52. El concepto de "campesino" en este escenario, no es el que pretende el actor
en su recurso, pues trasciende la definición sociológica para convertirse en una
categoría jurídica de elegibilidad que condiciona la validez del acto administrativo de
adjudicación de un bien baldío. De conformidad con los artículos 65 y siguientes de
la Ley 160 de 199430, la ocupación previa exigida para adjudicar no es la simple
tenencia material del suelo, sino una ocupación cualificada por la explotación
económica directa y personal dirigida principalmente al sustento familiar 31.

53. Por consiguiente, cuando el ocupante es un profesional liberal cuyos ingresos
provienen preponderantemente de honorarios o contratos de servicios, se rompe el
nexo causal entre la tierra y la subsistencia, desvirtuándose el requisito de explotación
económica en los términos de la reforma agraria, pues el predio pasa de ser un medio
de vida a convertirse en un activo de acumulación de capital, práctica expresamente
proscrita por el espíritu de la legislación, cuyo principal objetivo consiste en eliminar y
prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica y dotar de tierras a las
mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 de julio de 2012. Exp. 11001-
03-26-000-1993-08442-01. C.P. Enrique Gil Botero. “La reforma busca principalmente que el Estado asegure un acceso
progresivo a la propiedad y a otros servicios rurales y mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. Para
ello, establece como indispensable la modificación de la estructura social agraria, de tal manera que se elimine y prevenga tanto
la concentración de la propiedad rústica como el fraccionamiento antieconómico; y la dotación de tierras a hombres y mujeres
campesinos de escasos recursos que no la posean”.
30
Ley 160 de 1994. Artículo 66: “A partir de la vigencia de esta ley y como regla general, salvo las excepciones que establezca
el Consejo Directivo del Incoder, las tierras baldías se titularán en Unidades Agrícolas Familiares (…)”; Artículo 71: “No podrá
ser adjudicatario de baldíos la persona natural o jurídica cuyo patrimonio neto sea superior a mil salarios mínimos mensuales
legales”; Artículo 72: “No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean
propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional”; Artículo 102: “Para todos los
efectos previstos en esta Ley, se entiende por Jefe de Hogar al hombre o mujer campesino pobre que carezca de tierra propia
o suficiente, de quien dependan una o varias personas unidas a él por vínculos de sangre, de afinidad o de parentesco civil”;
Artículo 103: “Empresa comanditaria es la forma asociativa por la cual un número plural de personas que reúnan las condiciones
para ser beneficiarias de los programas de reforma agraria, estipulan aportar su trabajo, industria, servicios u otros bienes en
común (…) Para los anteriores efectos se entiende por beneficiarios de los programas de reforma agraria a los campesinos de
escasos recursos económicos”.
31
Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017: “es importante recordar que para la población campesina el nivel de
vulnerabilidad es indisociable de su relación con la tierra o con el campo (…) esta Corte ha avanzado una línea jurisprudencial
en la que resalta la importancia de las significaciones culturales, sociales y económicas que se establecen entre determinadas
comunidades, distintas a las minorías étnicas, y el territorio. Lo anterior, en contextos en los cuales se evidencia la importancia
del entorno para que la persona y/o el grupo familiar puedan acceder a un ingreso mínimo para su sustento y, en términos más
amplios, para el desarrollo de las actividades que permiten el ‘sostenimiento del proyecto de vida de la persona’. Así ocurre con
los campesinos (…) que derivan sus ingresos y despliegan su modo de vida alrededor de la explotación rudimentaria de los
recursos naturales”.

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Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
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de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional, así como regular
la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia
en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos32.

54. De ahí que el concepto de "campesino" no pueda entenderse como una
categoría de ocupación formal o una autodeclaración administrativa sin contenido
material. Se trata, ante todo, de la descripción de una condición socioeconómica y
funcional, consistente en la persona que depende fundamentalmente del trabajo
agrario para su subsistencia, que tiene en el agro su principal fuente de ingresos y
que mantiene arraigo en la tierra de la que extrae su sustento. Cuando la Ley 160 de
1994 habla de trabajadores agrarios o de "campesinos de escasos recursos”, alude
precisamente a esa realidad de vulnerabilidad y dependencia económica de la
actividad agropecuaria, y no a una mera etiqueta desprovista de sustancia.

55. Para efectos de verificar esa condición material, la autoridad no puede limitarse
a constatar la presencia física en el predio, sino que debe valorar un haz de
indicadores objetivos: (i) si la actividad agropecuaria constituye la fuente principal de
ingresos del solicitante; (ii) si existe residencia o presencia habitual y arraigo en el
fundo como lugar de habitación; (iii) si la explotación se desarrolla con trabajo directo
y personal del ocupante, con apoyo familiar, y no mediante la simple contratación de
terceros; y, (iv) si la escala y modalidad de producción se corresponden con una
economía campesina de subsistencia o pequeña producción, y no con una inversión
patrimonial financiada por rentas externas. Estos elementos, apreciados en conjunto,
permiten identificar la relación de dependencia vital con la tierra que subyace al
concepto de “trabajador agrario” y orientan la verificación de la elegibilidad33.

56. Bajo esa metodología, el análisis probatorio no se agota en la demostración
aislada de algún cultivo o de tenencia de semovientes, sino en establecer si el predio
fue asumido como medio de vida y proyecto familiar, o, por el contrario, como activo
patrimonial complementario de ingresos provenientes de actividades ajenas al agro.

57. Resulta importante explicitar que la prohibición de adjudicar a quienes no sean
sujetos de reforma agraria busca evitar la concentración de la propiedad rural en
manos de quienes tienen capacidad de pago para adquirir tierras en el libre mercado.
El principio de escasez de los recursos públicos obliga a la administración a realizar
un juicio de ponderación, por cuanto adjudicar un baldío a un profesional con

32
Artículo 1 de la Ley 160 de 1994.
33
Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017: “En la medida en la que la subsistencia y la realización del proyecto de vida
de las comunidades campesinas dependan de la explotación de la tierra y de sus frutos, se establece una relación fundamental
entre la población campesina, su nivel de vulnerabilidad, y la tierra (o el “campo”). Por esta razón, la Corte Constitucional ha
reconocido en el campo, más que un espacio geográfico, un bien jurídico de especial protección constitucional, cuya salvaguarda
es necesaria para garantizar el conjunto de derechos y prerrogativas que dan lugar a esa forma de vida de los trabajadores
rurales amparada constitucionalmente. Lo anterior, bajo el entendido de que las personas campesinas entretejen una relación
alrededor de la tierra que los orienta como personas y comunidades y, con ello, posibilita el desenvolvimiento de sus relaciones
sociales, culturales y económicas”.

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Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
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capacidad económica implica, en términos de costo de oportunidad social, negar ese
mismo derecho a una familia campesina vulnerable, lo cual atentaría contra el
derecho a la igualdad material bajo la falsa apariencia de una igualdad formal, razón
por la cual, la exclusión del demandante en el caso concreto no es un acto de
discriminación negativa, sino una medida de acción afirmativa necesaria para
proteger los bienes baldíos de la captura por particulares con ventaja económica.

58. La defensa del actor sostiene que poseer una profesión no lo descalificaba
automáticamente y que la ley de reforma agraria no contiene una prohibición expresa
debido al título profesional. Sin embargo, esta argumentación desconoce que los
requisitos para ser beneficiario de una adjudicación de baldíos no son meramente
formales o literales, sino sustanciales, en tanto buscan garantizar que la tierra
adjudicada llegue a manos de quienes realmente la necesitan para subsistir y carecen
de medios alternativos estables. En tal sentido, la consideración de la formación
profesional y, especialmente, de ingresos provenientes de contratos o actividades
ajenas al agro, no opera como sanción por “ser profesional”, sino como un indicio
objetivo que puede desvirtuar la condición de sujeto de reforma agraria, en cuanto
evidencia la existencia de fuentes de subsistencia externas que rompen el nexo vital
entre la tierra y la supervivencia del adjudicatario.

59. Al examinar el acervo probatorio a la luz de estos preceptos, está acreditado en
el expediente administrativo que el demandante celebró contratos estatales como
abogado asesor jurídico con la Alcaldía de Ricaurte34se desempeñó como supervisor
de gestión en la empresa privada Bavaria S.A.35 y desarrolló actividades en otras
entidades públicas y privadas36, aspecto que de hecho no es discutido o negado por
la parte actora. Esta situación fáctica demuestra el incumplimiento del requisito
subjetivo de vulnerabilidad y vocación agraria, toda vez que el actor contaba con
herramientas profesionales y una inserción laboral formal que le permitían procurarse
su sustento por fuera de la economía campesina de subsistencia, lo que activó la
causal de revocatoria del artículo 93 del CPACA por oposición manifiesta a la
Constitución y a la ley, específicamente por desconocimiento de la finalidad
redistributiva del régimen de baldíos y su focalización37.

34
En el expediente obra la hoja de vida allegada por el actor, en la que reporta experiencia en la Alcaldía Municipal de Ricaurte
como Jefe de Control Interno (enero de 2001 a diciembre de 2002). Asimismo, dentro del mismo acervo se incorporan soportes
del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 031-2010 suscrito con el Municipio de Nilo, cuyo objeto fue la asesoría
jurídica para la legalización de predios de ciudadanos de los sectores más pobres del municipio (acta de iniciación y documentos
contractuales). Expediente digital, archivos “Expediente Tomo” pág. 23 y “Expediente Tomo 1” págs 268–269.
35
En la hoja de vida aportada al expediente, el demandante reporta vinculación con BAVARIA S.A. como Supervisor de Gestión
Comercial (febrero de 2005 a 31 de mayo de 2009). Expediente digital, archivo “Expediente Tomo 2”, pág. 23.
36
La hoja de vida del actor también registra otras experiencias en entidades públicas, como la Contraloría Municipal de Girardot
(Auxiliar División de Juicios Fiscales, septiembre de 1999 a diciembre de 2000) y la ya mencionada Alcaldía Municipal de
Ricaurte (Jefe de Control Interno, 2001–2002). Expediente digital, archivo “Expediente Tomo 2”, pág. 23.
37
Corte Constitucional, sentencia C-536 de 1997: “Como se dijo, una de las formas de garantizar el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra es mediante la adjudicación de tierras baldías que, bajo un criterio de utilidad y de beneficio social,
económico y ecológico, según la filosofía que inspira la reforma agraria, la cual tiene pleno sustento en los arts. 60, 64, 65, 66 y
334 de la Constitución, justifica la regulación detallada y estricta mediante una normativa que no sólo se torna importante por
impedir la concentración de la propiedad, sino también porque, en últimas, redunda en la garantía de mayores posibilidades
para beneficiar a más campesinos colombianos con el acceso a la tierra”. Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 2016: “La

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60. En cuanto a la alegación de que ser abogado e hijo de un alcalde no debería
significar exclusión, debe precisarse que lo que se juzga no es la persona en abstracto
ni su filiación familiar, sino su condición económica y su relación de dependencia vital
con la tierra. La circunstancia de que su padre hubiese ejercido un cargo público es
irrelevante como factor descalificante, lo determinante es que el demandante, con 27
años de edad al momento de la solicitud, ya poseía una carrera universitaria completa,
ingresos profesionales formales38 y participación en contratos y actividades39 que lo
ubicaban por fuera del perfil de vulnerabilidad que la reforma agraria está destinada
a proteger40.

61. Además, el actor enfatiza que demostró la explotación económica del predio
mediante ganadería y cultivos de sábila, apoyándose en los registros de vacunación
(RUV) y en declaraciones de trabajadores. Sin embargo, las inspecciones oculares
realizadas tanto en el trámite de adjudicación como en el de revocatoria no
corroboraron una explotación seria y continua de carácter campesino, pues la sola
presencia de algunos potreros y siembras aisladas, por sí sola, no acredita una
explotación de subsistencia dirigida principalmente al sustento familiar, ni demuestra
que el agro constituyera la forma de vida del actor.

62. Adicionalmente, la defensa del demandante basada en la supuesta
“explotación” del predio (ganado o cultivos) no tiene la virtualidad de sanear la falta
de requisitos subjetivos, pues la explotación válida para efectos de adjudicación es
aquella que realiza el "colono" con su trabajo personal y ayuda familiar (economía
campesina). Cuando la explotación se realiza mediante la inversión de capitales
externos provenientes del ejercicio profesional o de actividades comerciales ajenas
al agro, se está ante una empresa o inversión inmobiliaria, figuras legítimas en el
derecho privado pero ajenas al objeto de la adjudicación de baldíos, la cual está
reservada estrictamente para quienes tienen en la tierra su única o principal fuente
de ingresos y proyecto de vida.

adjudicación de predios baldíos cumple, de esta manera, una finalidad constitucional, y pretende alcanzar una protección
multidimensional pues su objeto no es garantizar la propiedad privada como fin en sí mismo, sino promover la democratización
de la propiedad como mecanismo para impulsar el desarrollo económico y social”.
38
En el proceso reposan soportes de ingresos formales previos a la adjudicación, por ejemplo: (i) certificación de
MULTISERVICIOS EXPRESS SAS en la que consta que en 2009 el actor laboró como abogado profesional mediante contrato
de prestación de servicios, con ingresos anuales por $55.700.000; y (ii) certificado de ingresos y retenciones del año gravable
2009 asociado a BAVARIA S.A. Expediente digital, archivo “Expediente Tomo 4”, págs. 214–216.
39
Obran los documentos contractuales del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 031-2010 con el Municipio de
Nilo, con objeto de asesoría jurídica para la legalización de predios, incluyendo acta de iniciación e informe de actividades del
contratista. Expediente digital, archivo “Expediente Tomo 1”, págs. 268–269.
40
Corte Constitucional, sentencia SU-288 de 2022: “Es posible afirmar, entonces, que los fines esenciales del Estado social de
derecho, consistentes en promover el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo, imponen al Estado, en relación con la población campesina, la adopción progresiva de medidas estructurales
orientadas a la creación de condiciones para que sean propietarios de la tierra rural, mejoren sus ingresos y, en últimas, su
calidad de vida (…) El Estado, entonces, se encuentra en la obligación constitucional de dirigir su actividad hacia la gradual
realización del derecho al acceso a la tierra en favor de la población campesina hasta el más alto nivel de materialización que
le sea posible asumir (…)”.

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63. En efecto, los soportes invocados no permiten inferir una actividad ganadera o
agrícola desarrollada como negocio principal o como fuente predominante de
ingresos: los registros de vacunación aportados no exhiben, con claridad, las marcas
o señales de identificación individual del ganado; tampoco obran certificados
comerciales, guías de movilización u otros documentos que permitan rastrear una
cadena real de producción y comercialización. Estos vacíos, apreciados en conjunto,
sugieren que no se trató de una explotación campesina estable, sino, en el mejor de
los casos, de una inversión episódica de capital financiada con recursos externos.

64. Un aspecto especialmente revelador es que el demandante, a pesar de residir
en Ricaurte con su familia, no acreditó tener su domicilio permanente en el predio “La
Pradera”. Por el contrario, se evidencia que continuó ejerciendo su profesión en
Ricaurte y en otros municipios, y que empleaba trabajadores para las labores del
terreno, conducta que corresponde a la de un inversionista que administra la tierra
como activo, y no a la de un campesino que depende de la explotación cotidiana de
su parcela para subsistir. Ni siquiera bajo las excepciones contempladas para la
configuración de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) se satisface el estándar mínimo
exigible, pues tales supuestos se orientan a quienes se establecen en el predio con
casa de habitación y pequeña explotación agropecuaria anexa. En el presente caso,
no se evidencia la consolidación de una casa de habitación ni de una pequeña
explotación anexa integrada al proyecto de vida familiar, lo que refuerza la conclusión
de que el predio no fue asumido como lugar de residencia y sustento, sino como
inversión patrimonial.

65. En consecuencia, la decisión administrativa demandada -adoptada en el marco
de la revocatoria directa- se encuentra debidamente motivada tal como fue
determinado por el Tribunal a quo, pues se limitó a restablecer el orden legal
quebrantado y a reconducir el uso del baldío hacia su destinación constitucional y
legal, al determinar que el demandante no reunía las condiciones para ser
adjudicatario. Validar la adjudicación al demandante implicaría aceptar que los
baldíos de la Nación pueden servir como complemento patrimonial para profesionales
con ingresos externos estables, desnaturalizando el diseño redistributivo de la
reforma agraria.

66. Así las cosas, se desestimará este cargo, precisando que la consideración de la
condición profesional del actor operó como un indicador objetivo de solvencia y de
ausencia de dependencia económica del agro, y no como un juicio de desvalor sobre
la profesión en sí misma. En suma, la decisión impugnada y el acto demandado, no
descansan en un criterio de discriminación por profesión, sino en la constatación de
que el actor no encajaba en el perfil material de sujeto de reforma agraria, por lo que
la adjudicación desbordó su finalidad de justicia distributiva.

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La alegada omisión de valoración de pruebas sobrevinientes derivadas del
proceso penal

67. El apelante sostiene que el a quo omitió valorar pruebas sobrevinientes que
provienen del proceso penal donde afirma que fue absuelto, al considerar que tal
determinación debió conducir a un resultado distinto en sede contenciosa. La Sala no
acoge ese reproche en la medida en que desconoce la autonomía de las
jurisdicciones, así como la diferencia estructural entre el objeto del proceso penal y el
examen propio de la jurisdicción contencioso administrativa cuando lo debatido es la
legalidad del acto administrativo demandado, esto es, la resolución que revocó
directamente la adjudicación de un baldío por infracción del régimen agrario, ámbito
en el cual la decisión se adopta a partir de un juicio de legalidad y de verificación de
requisitos, y no a partir de la atribución de un reproche penal o de la valoración de la
realización por parte del administrado de una conducta tipificada.

68. El juez penal orienta su análisis a determinar responsabilidad por conductas
típicas, antijurídicas y culpables, bajo reglas probatorias y estándares de certeza
propios del ius puniendi, lo que exige establecer con suficiencia la existencia del
hecho y la imputación subjetiva en términos de dolo o culpa. El juez contencioso
administrativo verifica la conformidad del acto administrativo con el ordenamiento,
esto es, si la autoridad actuó dentro de su competencia, si observó los procedimientos
y garantías aplicables y, en este caso, si la decisión de revocar se sustentó en razones
objetivas derivadas del régimen de baldíos, de modo que, una determinación penal
favorable al investigado no tiene por sí misma la virtualidad de acreditar el
cumplimiento de las exigencias de elegibilidad que condicionan la adjudicación, ni de
desvirtuar la motivación de un acto administrativo expedido con fundamento en la falta
de requisitos, pues la ausencia de responsabilidad penal no equivale a la acreditación
positiva de los presupuestos materiales que la reforma agraria exige para acceder a
un baldío.

69. En el asunto concreto, tanto la motivación del acto demandado como la ratio
decidendi de la sentencia de primera instancia —como se explicó al resolver los
cargos anteriores— no se edificaron sobre la idea de un reproche penal, ni sobre la
configuración de un delito, como tampoco sobre la atribución de una actuación
culposa o dolosa al demandante, sino sobre la constatación de que el adjudicatario
no reunía las condiciones materiales y legales propias del sujeto de reforma agraria
conforme a la Ley 160 de 1994 y el régimen de baldíos, de manera que el núcleo de
la controversia permanece en el plano administrativo incluso si el proceso penal
terminó en absolución o concluyó por razones procesales ajenas a la declaración de
responsabilidad. Por ello, si bien las decisiones penales no determinaron que el
demandante actuó bajo una conducta tipificada como delito, su sola existencia no

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desvirtúa la motivación central del acto revocatorio ni desplaza el parámetro decisorio
del contencioso, que no es el tipo penal ni la culpabilidad, sino la finalidad
redistributiva del baldío y el cumplimiento de los requisitos que condicionan la validez
de la adjudicación y, por ende, la legalidad de su revocación cuando se verifica su
incumplimiento.

70. En consecuencia, una determinación penal favorable al demandante no
comporta la inexistencia de los hechos relevantes para el régimen agrario, ni
constituye una declaración de conformidad del acto con la ley, ni acredita que el
adjudicatario cumplía las condiciones socioeconómicas y funcionales exigidas para
ser beneficiario. Pretender convertir ese desenlace procesal en un argumento de
“legalidad agraria” implicaría trasladar al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin fundamento jurídico alguno, una consecuencia propia del ius puniendi
para neutralizar el deber del juez contencioso de verificar, con base en el acervo
administrativo y el régimen de baldíos, si la autoridad motivó adecuadamente la
revocatoria al constatar la ausencia de requisitos de elegibilidad y la contrariedad del
acto originario con las restricciones aplicables. Esta labor de control judicial se
desprende de las causales de nulidad de los actos administrativos y de la naturaleza
imperativa de las normas agrarias, las cuales exigen que la propiedad pública solo se
traslade a quienes cumplen fielmente con lo previsto en la Ley 160 de 1994, de tal
suerte que la ausencia de un reproche penal no convalida una adjudicación que,
desde la perspectiva del derecho administrativo, carecía de sustento fáctico y legal
por haber recaído en un sujeto que no era destinatario de la reforma agraria.

71. Debe además indicarse que, conforme al fallo de segunda instancia proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el proceso penal no terminó
por un pronunciamiento de fondo que descartara los hechos o que certificara la
inexistencia de irregularidades relevantes para el régimen agrario, sino por la
prescripción de la acción penal, institución que extingue la potestad punitiva del
Estado por el transcurso del tiempo sin comportar, por sí misma, una declaración
positiva de licitud ni una constatación de cumplimiento de los requisitos previstos para
la adjudicación de bienes baldíos; de ahí que no tenga la aptitud de desvirtuar el
soporte principal del acto revocatorio ni el razonamiento del fallo recurrido, pues el
control contencioso se mantiene anclado a la verificación objetiva de las condiciones
de elegibilidad y a la sujeción del acto al régimen agrario, parámetros que no quedan
reemplazados ni clausurados por la extinción del ius puniendi. En tal sentido, la
prescripción penal es un hecho jurídico extraño a la validez del acto administrativo,
pues mientras el paso del tiempo puede clausurar la persecución de un delito, no tiene
la propiedad de sanear la falta de calidades del adjudicatario ni de convertir, por esa
sola razón, a quien no satisfacía los presupuestos legales en beneficiario legítimo.

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72. Finalmente, el planteamiento del apelante se debilita aún más si se advierte que
la providencia penal de segunda instancia dispuso remitir copias a la autoridad agraria
para que verificara la actuación administrativa de adjudicación, determinación que
resulta incompatible con la tesis según la cual el proceso penal podría definir la
legalidad del acto administrativo o la inexistencia de irregularidades en el
procedimiento correspondiente, pues tal remisión constituye un reconocimiento
explícito de que el control sobre el patrimonio público baldío y la observancia de las
normas de reforma agraria pertenecen a una esfera ajena al ámbito penal. En
consecuencia, lejos de “cerrar” el debate a favor del demandante, el desenlace del
proceso penal reafirma que la legalidad del acto revocatorio debía apreciarse a partir
de sus propios fundamentos y del régimen aplicable, sin que la ausencia de
responsabilidad penal pueda invocarse para mantener una adjudicación carente de
requisitos o para desvirtuar la motivación del acto que la revocó.

73. Por las razones expuestas, la Sala concluye que, aun cuando el Tribunal de
primera instancia no hizo una referencia expresa a las piezas procesales derivadas
del trámite penal, tal circunstancia no tiene entidad para variar el sentido de la
decisión, toda vez que dichas probanzas no acreditan el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad ni desvirtúan que el acto demandado estuvo debidamente
motivado al concluir que el actor no reunía las condiciones para ser adjudicatario; en
consecuencia, el cargo debe desestimarse.

Congruencia de la sentencia con el estudio de la legalidad de la revocatoria y la
verificación del cargo de falsa motivación

74. El apelante afirma que la sentencia de primera instancia es incongruente e
inmotivada porque el Tribunal alteró la fijación del litigio al ocuparse del análisis
material de la condición de campesino y de la falsa motivación de la Resolución 6281
de 2020. La Sala no encuentra fundamento en ese reproche, pues en procesos donde
se controvierte la legalidad de un acto por falsa motivación, el juez está obligado a
contrastar las razones de la administración con la realidad probatoria, labor que exige
examinar si los hechos invocados como sustento de la decisión eran ciertos y
jurídicamente relevantes.

75. Desde la audiencia inicial, el problema jurídico se centró en determinar si la
resolución debía anularse por presunta falsa motivación al concluir que el
demandante no era sujeto de reforma agraria, además de los cuestionamientos
procedimentales. Esa delimitación imponía al juez la necesidad de evaluar el soporte
fáctico y jurídico de la decisión administrativa, pues este cargo no se resuelve con un
control formal del lenguaje del acto, sino con un examen material que permita
establecer si la autoridad partió de hechos inexistentes o insuficientes para justificar
la revocatoria. Por ello, el análisis sobre la condición de campesino no fue una

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variación del litigio, sino el núcleo del control judicial: dado que la administración
revocó la adjudicación por la falta de adecuación del interesado al régimen agrario y
el demandante cuestionó dicha premisa, el Tribunal necesariamente debía analizar
tales calidades para resolver la controversia. Actuar de otro modo habría implicado
una omisión en el cumplimiento estricto del juicio de legalidad, el cual demanda
verificar si los supuestos fácticos que la administración tuvo por demostrados se
ajustaban a la verdad material.

76. La Sala también advierte que la sentencia se mantuvo dentro de la causa
petendi y el petitum, pues examinó la causal de revocatoria del artículo 93 del CPACA
en concordancia con la regla especial de la Ley 160 de 1994, que autoriza retirar del
ordenamiento las adjudicaciones que infrinjan las normas agrarias. Esta estructura
argumentativa no desborda el litigio, sino que responde a la consecuencia lógica del
proceso, pues si el actor sostiene que la motivación es falsa, el juez debe establecer
la consistencia del soporte probatorio administrativo respecto de los requisitos de
elegibilidad. Ambas tareas son, en realidad, la misma operación de control, formulada
desde el ángulo de la causal de revocatoria y desde el vicio alegado por el actor, lo
que explica que el análisis judicial se haya concentrado en los requisitos de sujeto de
reforma agraria y en la consistencia del soporte probatorio.

77. Tampoco prospera el reproche de falta de motivación, pues la sentencia de
primera instancia explicó el marco finalístico del régimen de baldíos, valoró el acervo
sobre la trayectoria económica del demandante y expuso por qué esos elementos
eran incompatibles con la condición de destinatario de la reforma agraria. El deber de
motivar se satisface cuando el juez expone el itinerario racional que conecta los
hechos con las consecuencias jurídicas, y no mediante la reproducción mecánica de
los argumentos de las partes, por lo que la providencia recurrida cumple con la
claridad y coherencia exigidas en su ratio decidendi.

78. Finalmente, no puede alegarse sorpresa o indefensión por una supuesta
desviación del litigio, ya que la discusión sobre la calidad de sujeto de reforma agraria
estuvo presente desde la demanda y fue el eje central del debate procesal. La parte
actora contó con oportunidad real de controvertir y aportar pruebas sobre sus
aspectos socioeconómicos y de explotación del predio; en consecuencia, la Sala
desestima el cargo, dado que la sentencia abordó los puntos relevantes y ofreció
motivación suficiente, sin incurrir en incongruencia ni en déficit argumentativo.

79. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

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Costas

80. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, en armonía con numeral 1 del artículo 365 del Código General del
Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una
conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que
resulta procedente la condena en costas en contra de la parte actora, en la medida
en que fracasaron los cargos de apelación que formuló contra la sentencia de primera
instancia.

81. En relación con las agencias en derecho, como integrantes de las costas
procesales, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura. De conformidad con su artículo 2º, su fijación
depende de “la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada”, sin que en ningún caso se puedan desconocer los rangos
de las tarifas mínimas y máximas señaladas por el artículo 5 de esta misma normativa,
la cual, para los asuntos declarativos de segunda instancia con cuantía, fija una tarifa
mínima de un (1) SMLMV y una máxima de (6) SMLMV. En este caso, las agencias
en derecho se fijan en un (1) SMLMV, a cargo de la parte vencida y en favor de la
entidad demandada.

III. PARTE RESOLUTIVA

82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. Fijar como agencias en
derecho la suma equivalente a un (1) SMLMV a cargo de Carlos Andrés Prada
Jiménez y en favor de la Agencia Nacional de Tierras.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

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Radicación: 250002336000-2020-00400-01 (72974)
Demandante: Carlos Andrés Prada Jiménez
Demandado: Agencia Nacional de Tierras -ANT-
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento
en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.

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