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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00046-01

Fecha
5 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00046-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Revócase la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la cual queda así: “PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión del trámite de extinción de dominio iniciado sobre su patrimonio. SEGUNDO: Como consecuencia, condénese a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de indemnización por perjuicios morales las siguientes sumas: a) En favor de María Fernanda Chaux de Zúñiga, María Fernanda Zúñiga Chaux e Isabela Zúñiga Chaux la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una. b) En favor de la masa herencial del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el efecto se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de ejecutoria de la presente providencia. TERCERO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a la familia Zúñiga Caballero una misiva en la que exprese disculpas a raíz del inicio del trámite de extinción de dominio de su patrimonio y reconozca que el mismo no fue producto de actividades ilícitas, conforme a los términos señalados en esta providencia. CUARTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda. 2°) Acéptase la renuncia de poder presentada por la abogada Sonia Pachón Rozo quien actuaba en nombre y representación de la Sociedad de Activos Especiales debido a que cumple con el requisito previsto en el inciso 4 del artículo 76 del Código General del Proceso. 3º) Condénase en costas de segunda instancia a la Fiscalía General de la Nación y fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia. 39 Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157) Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros Reparación directa Apelación sentencia 4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2021-00046-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de diciembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandantes: CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA Y OTROS
Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL -
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Síntesis del caso: la Fiscalía General de la Nación inició un trámite de extinción de dominio
sobre bienes cuya propiedad figuraba a nombre de los aquí demandantes, el cual culminó con
providencia de segunda instancia del 7 de mayo de 2018 dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá mediante la cual se ordenó la devolución de sus propiedades; los
demandantes consideran que no había mérito para promover dicho proceso pues se demostró,
entre otros aspectos, que el proceso de extinción de dominio tuvo por fundamento meras
suposiciones e interpretaciones descontextualizadas; de igual forma, estiman que existió una
mora judicial tanto el trámite del proceso de extinción de dominio como en la devolución de
sus propiedades. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, declara la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de
la Nación.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 2 SAMAI)
en contra de la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (índice 2 SAMAI) que
dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: La parte demandante deberá cancelar a título de agencias en
derecho a favor de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE, la
suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10’000.000.oo) M/CTE, una vez
quede ejecutoriada esta providencia.

TERCERO: La parte demandante deberá cancelar a título de agencias en
derecho a favor de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la suma de
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3’500.000.oo) M/CTE., una
vez quede ejecutoriada esta providencia (…).” (índice 2 SAMAI1 - negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).

1
Folio 21 del documento “ED_DRIVETRIB_116_2500023360002021”.

2

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2021 (índice 2 SAMAI2) y corregido el 16
de marzo de 2001 (índice 2 SAMAI)3, los señores Marcela del Socorro Acosta Moreno,
Carlos Alberto Zúñiga Caballero, María Fernanda Zúñiga Chaux, María Fernanda
Chaux de Zúñiga, Antonio Zúñiga Chaux, Paola Zúñiga Chaux, Isabela Zúñiga Chaux,
Rafael Eduardo Zúñiga Acosta, Andrés Alberto Zúñiga Mestre, Irasema Lilian Zúñiga
Mestre y David Antonio Zúñiga Acosta4, así como también las sociedades MRD Acosta
S en C, Rasta Ltda, Antonelca Ltda, Anirajul Zúñiga Mestre CIA S en C, Canel
Hermanos Ltda y Antonio Zúñiga e Hijos Ltda, por intermedio de apoderada judicial
promovieron demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de reparación
directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo CPACA en contra de la Nación - Ministerio de Justicia y
del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales SAE
(índice 2 SAMAI5) con las siguientes súplicas que se sintetizan6:

“PRIMERA: Que se declare la responsabilidad administrativa de la NACIÓN
• MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, NACIÓN - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
S.A.S. - S.A.E. S.A.S, por la totalidad de daños y perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados a LAS SOCIEDADES: ANTONIO ZÚÑIGA E
HIJOS LTDA., SOCIEDAD MRD ACOSTA S EN C, SOCIEDAD RASTA
LTDA., ANTONELCA LTDA., ANIRAJUL ZÚÑIGA MESTRE Y CIA. S. EN
C. y CANEL HMNOS (sic) LTDA, y a las PERSONAS NATURALES:
ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO, MARCELA DEL SOCORRO
ACOSTA MORENO, CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CABALLERO, MARÍA
FERNANDA ZÚÑIGA CHAUX, MARÍA FERNANDA CHAUX DE ZÚÑIGA,
ANTONIO ZÚÑIGA CHAUX, PAOLA ZÚÑIGA CHAUX, ISABELA ZÚÑIGA
CHAUX, RAFAEL EDUARDO ZÚÑIGA ACOSTA, ANDRÉS ALBERTO
ZÚÑIGA MESTRE, IRASEMA LILIAN ZÚÑIGA MESTRE y DAVID
ANTONIO ZÚÑIGA ACOSTA con ocasión del proceso de extinción de
dominio RAD. 845 E.D. adelantado contra el patrimonio de miembros de la
familia ZÚÑIGA CABALLERO y las medidas cautelares de embargo y
secuestro decretadas sobre los bienes, activos, y patrimonio de LAS
SOCIEDADES y las PERSONAS NATURALES durante el periodo

2
Folio 1 del documento “ED_DRIVETRIB_011CONSTANCIADE”.
3
Mediante auto del 1º de marzo de 2021, el tribunal de primera instancia inadmitió la demanda para
que la parte actora expusiera de manera clara los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones
invocadas. En cumplimiento de esta orden, la parte actora presentó escrito de subsanación el 16 de
marzo de 2021 (índice 2 SAMAI - documento “ED_DRIVETRIB_47_25000233600020210”).
4
Se pone de presente que los demandantes María Fernanda Chaux de ZÚÑIGA, María Fernanda
Zúñiga Chaux, Antonio ZÚÑIGA Chaux, Paola Zúñiga Chaux e Isabella Zúñiga Chaux, demandan por
los daños que sufrieron con el proceso de extinción de dominio número 845 ED, así como también
demandan en calidad de herederos del señor Antonio Nel ZÚÑIGA Caballero, quien también fue
afectado con dicho proceso.
5
Folios 1 a 154 del documento “ED_DRIVETRIB_1_250002336000202100”, folios 1 a 76 del documento
“ED_DRIVETRIB_47_25000233600020210”.
6
En concreto se reúnen en un mismo párrafo las pretensiones en las cuales se pidió un mismo valor de
indemnización.

3

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

comprendido entre el 17 de marzo de 2006, fecha en que se dio inicio al
proceso de extinción de dominio, hasta la fecha de devolución efectiva y
entrega material de los bienes que se dio mediante Resolución No. 4634 de
8 de noviembre de 2018, por medio de la cual se da cumplimiento a la orden
judicial de devolución del patrimonio incautado junto con las cancelaciones
de la inscripción de depositarios sobre bienes inmuebles, de conformidad
con lo descrito en el acápite de hechos.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, que se condene a la
NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la SOCIEDAD DE ACTIVOS
ESPECIALES S.A.S. - S.A.E. S.A.S, a título de REPARACIÓN DEL DAÑO
OCASIONADO, a reconocer y pagar a LAS SOCIEDADES y a LA FAMILIA
ZÚÑIGA, o a quien represente legalmente sus derechos, los daños y
perjuicios de orden material que se establecen a continuación:

2.1. DAÑOS PATRIMONIALES - DAÑO EMERGENTE FUTURO:

Que se condene a los demandados a pagar a favor de los demandantes las
siguientes sumas de dinero:

2.1.1 Para ANTONIO ZÚÑIGA E HIJOS LTDA la suma de TREINTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($33.386.243 MCTE.)
MAS IVA.

2.1.2. Para ANIRAJUL ZÚÑIGA MESTRE Y CIA. S. EN C. la suma de MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.661.287.498 MCTE.) MAS IVA.

2.1.3. Para ANTONELCA LTDA. la suma de SETECIENTOS NOVENTA
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NUEVE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($790.850.709 MCTE.) MAS IVA.

2.1.4. Para CANEL HMNOS (sic) LTDA. la suma de TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($378.725.801
MCTE.) MAS IVA.

2.1.5. Para la SOCIEDAD MRD ACOSTA S EN C la suma de SESENTA Y
DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($62.125.985 MCTE.) MAS IVA.

2.1.6. Para la SOCIEDAD RASTA LTDA. la suma de DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
($222.284.687 MCTE.) MAS IVA.

2.1.7. Para CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CABALLERO la suma de
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
MAS IVA ($575.736.184 MCTE.).

Las anteriores sumas equivalente a los gastos en los que los demandantes
tendrán que incurrir por tener que verse obligados a adelantar las labores de
defensa judicial para la recuperación de su patrimonio como consecuencia
de la actuación de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN
NACIONAL DE FISCALÍAS - FISCALÍA 18 ESPECIALIZADA DE LA
UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS Y OTRAS QUE ESTUVIERON INVOLUCRADAS
dentro proceso de extinción de dominio Radicado 845 E.D., de conformidad

4

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

con el dictamen pericial aportado a la presente solicitud y a los anexos y
pruebas que corroboran este perjuicio.

2.1.8. Que se condene a los demandados a pagar a favor de MARÍA
FERNANDA CHAUX DE ZÚÑIGA, MARIA FERNANDA ZÚÑIGA CHAUX,
ANTONIO ZÚÑIGA CHAUX, PAOLA ZÚÑIGA CHAUX e ISABELLA
ZÚÑIGA CHAUX en calidad de herederos del señor ANTONIO NEL
ZÚÑIGA CABALLERO, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($575.736.184 MCTE.) MAS IVA,
equivalente al pasivo que entrará a conformar parte de la masa sucesoral del
señor ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO, y que sus herederos deberán
asumir, por verse obligados a adelantar las labores de defensa judicial para
la recuperación de su patrimonio (…).

TERCERA: Que se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO, NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - S.A.E. S.A.S., a título de
REPARACIÓN DEL DAÑO OCASIONADO, a reconocer y pagar a LAS
SOCIEDADES y a LA FAMILIA ZÚÑIGA, o a quien represente legalmente
sus derechos, los daños y perjuicios de orden inmaterial que se establecen
a continuación:

3.1. PERJUICIO MORAL.

3.1.1. Que se condene a los demandados a pagar a favor de cada uno de
las sociedades ANTONIO ZÚÑIGA E HIJOS LTDA, ANIRAJUL ZÚÑIGA
MESTRE Y CIA. S. EN C, ANTONELCA LTDA, CANEL HMNOS (sic) LTDA,
SOCIEDAD MRD ACOSTA S EN C y la SOCIEDAD RASTA LTDA a título
de perjuicio moral, la suma equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV) de la fecha que se haga
efectivo el pago de la sentencia condenatoria, toda vez que con ocasión del
proceso de extinción de dominio RAD. 845 E.D y las medidas cautelares
proferidas dentro del mismo se perjudicó la existencia de la persona jurídica
de cada una de las sociedades como consecuencia de la limitación de su
patrimonio y de la imposibilidad de desarrollar su objeto, lo cual generó una
situación de absoluta incapacidad y les colocó injustificadamente en
situación de inferioridad respecto de otras compañías que se desenvolvían
en el mismo mercado y respecto del estado inicial en que la empresa fue
incautada en comparación con el estado en el que se entregó cuando se
levantó el nombramiento de los depositarios, generando un estigma negativo
sobre cada sociedad, eventos que tuvieron repercusiones profundamente
negativas que aún hoy producen sus efectos, lo anterior de conformidad con
los anexos y pruebas que corroboran este perjuicio.

3.1.2. Que se condene a los demandados a pagar a favor de MARÍA
FERNANDA CHAUX DE ZÚÑIGA, MARIA FERNANDA ZÚÑIGA CHAUX,
ANTONIO ZÚÑIGA CHAUX, PAOLA ZÚÑIGA CHAUX e ISABELLA
ZÚÑIGA CHAUX en calidad de herederos del señor ANTONIO NEL
ZÚÑIGA CABALLERO, a título de perjuicio moral, la suma equivalente a
CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100
SMLMV), de la fecha que se haga efectivo el pago de la sentencia, los cuales
entraran a conformar la masa sucesoral del señor ANTONIO NEL ZÚÑIGA
CABALLERO como consecuencia del proceso de extinción de dominio RAD.
845 E.D., las medidas cautelares proferidas dentro del mismo y la extensión
injustificada del proceso, hechos que perjudicaron gravemente la vida
personal del señor ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO, le causaron,
injustificadamente, afecciones tales como sentimientos de tristeza,
depresión, angustia, miedo y otros padecimientos que atentaron
notoriamente contra su patrimonio moral, se le colocó en una situación de
absoluta incapacidad para ejercer el dominio sobre el patrimonio que había
logrado construir de forma legítima el señor ANTONIO NEL ZÚÑIGA

5

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

CABALLERO durante gran parte de su vida a raíz de la injustificada
incautación realizada en un proceso irregular, exacerbado y
desproporcionado, y se perjudicó su reputación, situaciones que aún hoy
producen efectos, de conformidad con los anexos y pruebas que corroboran
este perjuicio.

3.1.3. Que se condene a los demandados a pagar a favor de cada uno de
los demandantes CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CABALLERO, MARCELA
DEL SOCORRO ACOSTA MORENO, MARÍA FERNANDA CHAUX DE
ZÚÑIGA, MARÍA FERNANDA ZÚÑIGA CHAUX, ANTONIO ZÚÑIGA
CHAUX, ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO, PAOLA ZÚÑIGA CHAUX,
ISABELA ZÚÑIGA CHAUX, RAFAEL EDUARDO ZÚÑIGA ACOSTA,
ANTONIO ZÚÑIGA ACOSTA, ANDRÉS ALBERTO ZÚÑIGA MESTRE,
IRASEMA LILIAN ZÚÑIGA MESTRE, DAVID ANTONIO ZÚÑIGA ACOSTA
a título de perjuicio moral, la suma equivalente a CIEN SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV) de la fecha
que se haga efectivo el pago de la sentencia, toda vez que con ocasión del
proceso de extinción de dominio RAD. 845 E.D., las medidas cautelares
proferidas dentro del mismo y la extensión injustificada del proceso, se
deterioró evidentemente el patrimonio moral de los demandantes (…).

3.2. DAÑO A BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE
PROTEGIDOS.

3.2.1. Que se condene a los demandados a proferir las medidas de
reparación integral tendientes a cesar la vulneración a los bienes
constitucional y convencionalmente protegidos de la honra y el buen nombre
del señor ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO y, en virtud de lo anterior,
se obligue a los demandados a pagar a favor del señor ANTONIO NEL
ZÚÑIGA CABALLERO, a título de daño a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, la suma equivalente a CIEN SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV) de la fecha
que se haga efectivo el pago de la sentencia, los cuales entraran a conformar
la masa sucesoral del señor ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO y que
tienen origen en la vulneración a sus derechos constitucional y
convencionalmente protegidos a la honra y al buen nombre, los cuales, sin
lugar a dudas, se vieron mancillados con la iniciación del proceso de
extinción de dominio RAD. 845 E.D. y las medidas cautelares proferidas
dentro del mismo, las cuales fueron de público conocimiento, y con el hecho
de que el proceso y las medidas se prolongaron injustificadamente en el
tiempo, inclusive, hasta después de su deceso. Hechos que terminaron por
afectar de forma negativa la reputación y la imagen que se tenía en sociedad
sobre el señor ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO, a quien, en vida,
consideraban como un honorable y respetado empresario de conformidad
con las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el expediente.

3.2.2. Que se condene a los demandados a proferir las medidas de
reparación integral tendientes a cesar la vulneración a los bienes
constitucional y convencionalmente protegidos de la honra y el buen nombre
de los señores CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CABALLERO, MARCELA
DEL SOCORRO ACOSTA MORENO, MARÍA FERNANDA CHAUX DE
ZÚÑIGA, MARÍA FERNANDA ZÚÑIGA CHAUX, ANTONIO ZÚÑIGA
CHAUX, PAOLA ZÚÑIGA CHAUX, ISABELA ZÚÑIGA CHAUX, RAFAEL
EDUARDO ZÚÑIGA ACOSTA, DAVID ANTONIO ZÚÑIGA ACOSTA,
IRASEMA LILIAN ZÚÑIGA MESTRE y ANDRÉS ALBERTO ZÚÑIGA
MESTRE en caso de que la vulneración resultare definitiva, se obligue
a los demandados a pagar a favor de los demandantes, a título de daño
a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, la suma
equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (100 SMLMV) (…).

3.3. ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA.

6

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3.3.1. Que se condene a los demandados a pagar a favor del señor
ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO, a título de alteración grave que
padeció en las condiciones de su existencia, la suma equivalente a
CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (400 SMLMV) de la fecha que se haga efectivo el pago de la
sentencia, los cuales entraran a conformar la masa sucesoral del señor
ANTONIO NEL ZÚÑIGA CABALLERO (…).

3.3.2. Que se condene a los demandados a pagar a favor del señor
CARLOS ALBERTO ZÚÑIGA CABALLERO, MARCELA DEL SOCORRO
ACOSTA MORENO, MARÍA FERNANDA CHAUX DE ZÚÑIGA, MARÍA
FERNANDA ZÚÑIGA CHAUX, ANTONIO ZÚÑIGA CHAUX, PAOLA
ZÚÑIGA CHAUX, ISABELA ZÚÑIGA CHAUX, RAFAEL EDUARDO
ZÚÑIGA ACOSTA, DAVID ANTONIO ZÚÑIGA ACOSTA, IRASEMA LILIAN
ZÚÑIGA MESTRE, ANDRÉS ALBERTO ZÚÑIGA MESTRE a título de
alteración a las condiciones de su existencia, la suma equivalente a
CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100
SMLMV) (…).

CUARTA: Que se ordene el reconocimiento y pago de la indexación de cada
una de las sumas que sean reconocidas dentro del presente proceso, para
ello, la condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, aplicando en la liquidación la variación promedio
mensual del Índice de Precios al Consumidor hasta la de ejecutoria del
correspondiente fallo definitivo.

QUINTA: Que se condene en costas a la parte demandada.” (índice 2
SAMAI7 - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 17 de marzo de 2006, la Fiscalía Dieciocho Delegada de Bogotá inició de oficio
el trámite de extinción de dominio sobre el patrimonio de los hermanos Julio César
Zúñiga Caballero, Antonio Nel Zúñiga Caballero y Carlos Alberto Zúñiga Caballero, así
como también sobre el patrimonio de sus cónyuges, hijos y socios de las distintas
empresas de las que hacían parte, en consecuencia, dispuso la suspensión del poder
dispositivo de sus bienes y sociedades, entre ellas MRD Acosta S en C, Rasta Ltda,
Antonelca Ltda, Anirajul Zúñiga Mestre CIA S en C, Canel Hermanos Ltda y Antonio
Zúñiga e Hijos Ltda.

2) El 24 de marzo de 2009, el ente instructor solicitó al juez de conocimiento decretar
la improcedencia del trámite por considerar que no se configuraban los presupuestos
contemplados en las causales 2 y 6 del artículo 2 de la Ley 793 de 2002.

7
Folios 1 a 19 del documento “ED_DRIVETRIB_1_250002336000202100”.

7

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3) El 21 de septiembre de 2010, el Juzgado Doce Penal del Circuito Especializado de
Bogotá declaró improcedente la acción de extinción de dominio por estimar que ya
existían unas decisiones judiciales definitivas que declararon la licitud del patrimonio
de la familia Zúñiga Caballero.

4) El 24 de enero de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró
la nulidad de lo actuado a partir de la resolución del 24 de marzo de 2009.

5) El 14 de agosto de 2012, la Fiscalía Dieciséis Especializada de Bogotá declaró la
improcedencia extraordinaria del trámite de extinción de dominio sobre algunos bienes
de propiedad del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero por haberse configurado una
situación de cosa juzgada, no obstante, esta decisión fue revocada el 3 de julio de
2013 por la Unidad Nacional de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal del Distrito para
la Extinción de Derecho de Dominio.

6) El 13 de diciembre de 2013, el señor Antonio Nel Zúñiga Caballero presentó una
acción de tutela en contra de la anterior decisión con el objeto de que se le amparara
su derecho fundamental del debido proceso, sin embargo, el 23 de enero de 2014 la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró su improcedencia,
providencia que fue confirmada el 7 de marzo de 2014 por la Sala de Casación Civil
de dicha corporación.

7) El 28 de julio de 2016, la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-394 tuteló
el derecho fundamental invocado por el señor Antonio Nel Zúñiga Caballero y, por
ende, dispuso que el trámite de extinción de dominio debía resolverse conforme a los
plazos establecidos en la Ley 793 de 2002.

8) El 9 de febrero de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Bogotá declaró la improcedencia de extinción del derecho de dominio sobre los bienes
objeto del proceso porque no se demostró que el patrimonio de la familia Zúñiga
Caballero proviniera directa o indirectamente del desarrollo de actividades ilícitas, por
tal razón, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que habían sido
decretadas, decisión que fue confirmada el 7 de mayo de 2018 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.

9) El 8 de noviembre de 2018, la Sociedad de Activos Especiales ordenó la devolución
y entrega material de las sociedades junto con sus activos de propiedad de la familia
Zúñiga Caballero entre ellas MRD Acosta S en C, Rasta Ltda, Antonelca Ltda, Anirajul

8

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Zúñiga Mestre CIA S en C, Canel Hermanos Ltda y Antonio Zúñiga e Hijos Ltda, así
como también dispuso la cancelación de la inscripción de los depositarios asignados.

10) La parte actora considera que se debe declarar la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Fiscalía General de la Nación porque i) desconoció el principio
de la cosa juzgada, toda vez que inició un trámite de extinción de dominio sobre el
patrimonio de los hermanos Julio César Zúñiga Caballero, Antonio Nel Zúñiga
Caballero y Carlos Alberto Zúñiga Caballero, lo mismo que sobre el patrimonio de sus
cónyuges, hijos y socios de las distintas empresas de las que hacían parte, en el que
se dispuso la suspensión del poder dispositivo de sus bienes a pesar de que los
mismos ya habían sido objeto de investigaciones que habían culminado en su favor8;
ii) no existía mérito para iniciar el trámite de extinción de dominio y, por ende, para
decretar medidas cautelares sobre sus bienes, los argumentos del ente instructor se
basaron en meras suposiciones e interpretaciones descontextualizadas y, iii) se
incurrió en una mora injustificada.

11) De otra parte, los demandantes aducen que se debe declarar igualmente la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Sociedad de Activos Especiales
porque dilató de manera injustificada la entrega efectiva y material de los bienes
incautados en el proceso de extinción de dominio que trajo como consecuencia una
serie de perjuicios económicos dado que imposibilitó la disposición y disfrute de los
mismos bienes.

8
La parte actora señaló que i) el 20 de febrero de 1990, el Juzgado Único Especializado del Magdalena
en el marco del proceso con radicado número 208 se inhibió de abrir investigación penal en contra del
señor Julio César Zúñiga Caballero por delito relacionado con narcotráfico, de modo que ordenó la
entrega de La estación de servicio “Zuca”, el yate “Irajul” con matrícula número CP-7-0193-8, el edificio
“Financiacoop” y la finca “Oleaginosa Caribú” que fueron ocupados por la Policía Nacional; ii) el 25 de
abril de 1990, el Juzgado Único Especializado del Magdalena en el marco del proceso con radicado
número 172 se inhibió de abrir investigación penal en contra del señor Julio César Zúñiga Caballero por
delito relacionado con narcotráfico; iii) el 4 de agosto de 1995, la Fiscalía Regional de Barranquilla en
el marco del proceso con radicado número 1850 decretó la preclusión de la investigación iniciada en
contra del señor Julio César Zúñiga Caballero por el delito relacionado con narcotráfico, por tal motivo
ordenó la entrega definitiva de un inmueble de su propiedad -ubicado en la calle 27 # 4ª-110 en Santa
Marta (Magdalena)- que fue ocupado por la Policía Nacional, decisión que fue confirmada el 20 de
noviembre de 1995 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional; iv) el 16 de noviembre de 1995,
la Fiscalía Regional de Barranquilla en el marco del proceso con radicado número 2328 decretó la
preclusión de la investigación penal iniciada en contra del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero por delito
relacionado con narcotráfico, en consecuencia, ordenó la entrega definitiva de los bienes de su
propiedad que fueron ocupados por la Policía Nacional, decisión que fue confirmada el 21 de octubre
de 1996 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional; v) el 26 de mayo de 1998, la Fiscalía
Delegada ante los Jueces Regionales de Barranquilla (Atlántico) en el marco del proceso con radicado
número 7554 se inhibió de abrir investigación penal en contra de los señores Julio César Zúñiga
Caballero, Carlos Alberto Zúñiga Caballero y Antonio Nel Zúñiga Caballero con fundamento en el
principio non bis in ídem.

9

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
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Apelación sentencia

3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 16 de abril de 2021, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó la notificación personal
de los representantes legales de las entidades demandadas (índice 2 SAMAI9).

1) Mediante escrito radicado el 3 de junio de 2021, la Sociedad de Activos Especiales
se opuso a las pretensiones de la demanda (índice 2 SAMAI10), pues, sostuvo que no
hay lugar a declarar su responsabilidad patrimonial extracontractual porque no tiene
facultades jurisdiccionales para tramitar procesos de extinción de dominio y menos aún
para decretar medidas cautelares.

2) A través de escrito radicado el 3 de junio de 2021, la Nación - Ministerio de Justicia
y del Derecho (índice 2 SAMAI11) solicitó declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva en la medida que en la demanda no se le atribuyó ninguna acción u omisión,
además, no cuenta con competencias jurisdiccionales ni se encarga de administrar el
Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.

3) La Fiscalía General de la Nación guardó silencio.

4. Excepciones previas

El 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho por estimar que la entidad no intervino en
el marco del proceso de extinción de dominio adelantado en contra del patrimonio de
la familia Zúñiga Caballero (índice 2 SAMAI12).

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en
providencia del 21 de abril de 2022 negó los requerimientos de la demanda (índice 2
SAMAI13); como argumentos de la decisión expuso que i) no se presentó una dilación
injustificada en el trámite de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General

9
Folios 1 a 3 del documento “ED_DRIVETRIB_50_25000233600020210”.
10
Folios 1 a 30 del documento “ED_DRIVETRIB_54_25000233600020210”.
11
Folios 1 a 11 del documento “ED_DRIVETRIB_68_25000233600020210”.
12
Folios 1 a 4 del documento “ED_DRIVETRIB_84_25000233600020210”.
13
Folios 1 a 22 del documento “ED_DRIVETRIB_116_2500023360002021 PDF”.

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Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
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de la Nación en contra del patrimonio de la familia Zúñiga Caballero, si se tiene en
cuenta que fueron investigados más de doscientos (200) activos y, ii) no hay lugar a
declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Sociedad de Activos
Especiales por la supuesta “mora en el envío de los oficios de levantamiento de las
medidas cautelares” toda vez que estas fueron canceladas en menos de dos (2)
meses, lapso de tiempo que se considera razonable.

6. Recurso de apelación

El 12 de mayo de 2022, la parte actora interpuso recurso de apelación (índice 2
SAMAI14), las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen
así:

1) El a quo omitió analizar la actuación irregular de la Fiscalía General de la Nación,
pese a que se trató de la entidad que inició el trámite de extinción de dominio cuando
ya existían decisiones judiciales en las cuales se había concluido que el origen del
patrimonio de la familia Zúñiga Caballero no obedecía a ninguna actividad ilícita.

2) Se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Sociedad de
Activos Especiales porque tardó más de dos (2) años en entregar los bienes
incautados, circunstancia que se encuentra acreditada con los certificados de libertad
y tradición aportados al expediente en los que se evidencia que la cancelación de las
medidas cautelares se ejecutó a partir del 25 de febrero 2020 cuando fue removido el
último de los depositarios.

3) Hubo moral judicial en el trámite de extinción de dominio, puesto este inició en el
año 2000 y finalizó en el año 2018; el a quo desconoció que la Corte Constitucional a
través de la sentencia SU-394 de 2016 concluyó que se desconocieron los términos
procesales estipulados en la Ley 793 de 2002.

4) El tribunal no valoró las declaraciones rendidas en el proceso de la referencia ni la
prueba pericial aportada con la demanda, elementos materiales probatorios que dan
cuenta de los perjuicios sufridos por los demandantes.

5) Se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía
General de la Nación porque no existía mérito para iniciar el referido proceso de
extinción de dominio sobre el patrimonio de la familia Zúñiga Caballero.

14
Folios 1 a 30 del documento “ED_DRIVETRIB_120_2500023360002021 PDF”.

11

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7. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto del 28 de febrero de 2023 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y el 15 de agosto de 2023 (índice 15 SAMAI) ingresó el expediente al
despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 247 numeral quinto
de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

2) Mediante memorial presentado el 1° de noviembre de 2023, la abogada Sonia
Pachón Rozo renunció al poder que le fue conferido por la Sociedad de Activos
Especiales (índice 16 SAMAI). La Sala procederá a aceptar la misma debido a que
cumple con el requisito previsto en el inciso cuarto del artículo 76 del Código General
del Proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios, del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

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Presentada la demanda de manera oportuna15, corresponde a la Sala determinar, por
una parte, si en el presente caso la Fiscalía General de la Nación es patrimonial y
extracontractualmente responsable por el supuesto daño ocasionado a los
demandantes por i) desconocer el principio de la cosa juzgada; ii) iniciar el trámite de
extinción de dominio número 845 ED en contra del patrimonio de los hermanos Julio
César Zúñiga Caballero, Antonio Nel Zúñiga Caballero y Carlos Alberto Zúñiga
Caballero, así como también sobre el patrimonio de sus cónyuges, hijos y socios de
las distintas empresas de las que hacían parte y, por ende, la adopción de medidas
cautelares sin que existiera fundamento para ello; y, iii) incurrir en una mora
injustificada. De otro lado, incumbe a la Sala establecer si la Sociedad de Activos
Especiales es patrimonial y extracontractualmente responsable por el supuesto daño
ocasionado a los demandantes por haber dilatado de manera injustificada la entrega
efectiva y material de los bienes incautados en el proceso de extinción de dominio.

La sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar se i) declarará la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, ii)
reconocerá una indemnización por concepto de perjuicios morales en favor de algunos
de los demandantes, iii) ordenará una medida de reparación no pecuniaria por la
afectación del derecho al buen nombre y, iii) se negarán las demás pretensiones de la
demanda.

15
Los daños alegados por la parte actora y que se pretenden imputar a la Fiscalía General de la Nación
se concretaron a partir de la decisión proferida el 7 de mayo de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá que decidió confirmar la sentencia del 9 de febrero de 2017 emanada del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, la cual declaró la improcedencia de la extinción de
dominio sobre el patrimonio relacionado en la aludida decisión, la cual quedó ejecutoriada el 23 de mayo
de 2018 (constancia de ejecutoria, índice 2 SAMAI - fl. 187 anexo 22). Los demandantes presentaron
solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 24 de agosto de 2020,
la cual se declaró fallida el 20 de enero de 2021 (índice 2 SAMAI - documento
“ED_DRIVETRIB_005CONSTANCIANO PDF”), mientras que la demanda se formuló el 4 de febrero de
2021. Al respecto, debe advertirse que con ocasión de la pandemia por COVID 19, mediante Decreto
Legislativo 564 del 15 de abril de 2020, se ordenó la suspensión de los términos de caducidad previstos
en cualquier norma sustancial o procesal para presentar demandas, de modo que el Consejo Superior
de la Judicatura hizo efectiva dicha suspensión entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020 mediante
los acuerdos PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020,
asimismo, mediante el Decreto Legislativo 491 de 2020 -declarado exequible por la Corte Constitucional
a través de la sentencia C-242 de 2020-, se modificó el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la
Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso
administrativo, el cual quedó de cinco (5) meses mientras permaneció vigente la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en ese sentido, hay lugar a afirmar que la
demanda se interpuso en tiempo de conformidad con el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
Por otro lado, el daño alegado por la parte actora y que se pretende imputar a la Sociedad de Activos
Especiales consistente en la devolución tardía de los bienes de propiedad de aquellos y que las
sociedades perdieron su valor, se concretó cuando dicha entidad removió a los depositarios
provisionales de los activos de las sociedades aquí demandantes que, según se advierte en los
certificados de libertad y tradición de los mismos, se concretó el 25 de febrero de 2020 (índice 2 SAMAI
• anexo 26), de modo que se entiende que la demanda se interpuso dentro del término contemplado en
el ordenamiento jurídico.

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2. Análisis de la impugnación

En los términos en que ha sido planteada la controversia, la sentencia apelada será
revocada por las razones que se exponen a continuación.

2.1 Hechos relevantes

1) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se encuentran
demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la
controversia:

a) El 20 de febrero de 1990, el Juzgado Único Especializado del Magdalena en el
marco del proceso con radicado número 208 se inhibió de abrir investigación penal en
contra del señor Julio César Zúñiga Caballero por violación de la Ley 30 de 1989, esto
es, realizar un delito relacionado con el narcotráfico, por considerar que no existían
pruebas que lo relacionaran con la conducta delictiva, en consecuencia, ordenó la
entrega definitiva de los bienes de su propiedad que fueron objeto de ocupación por
parte de la Policía Nacional16, decisión que fue confirmada el 18 de septiembre de
1990 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en grado
jurisdiccional de consulta (índice 2 SAMAI - fls. 1 a 13 anexo 1).

b) El 25 de abril de 1990, el Juzgado Único Especializado del Magdalena en el marco
del proceso con radicado número 172 se inhibió de abrir investigación penal en contra
del señor Julio César Zúñiga Caballero por violación de la Ley 30 de 1989, por no
existir pruebas que lo relacionaran con conducta delictiva relacionada con el
narcotráfico, por tal razón ordenó la entrega definitiva de un bien de su propiedad que
fue ocupado por la Policía Nacional17 (índice 2 SAMAI - fls. 18 a 20 anexo 1).

c) El 4 de agosto de 1995, la Fiscalía Regional de Barranquilla en el marco del proceso
con radicado número 1850 decretó la preclusión de la investigación iniciada en contra
del señor Julio César Zúñiga Caballero por el delito relacionado con narcotráfico, por
tal motivo ordenó la entrega definitiva de un inmueble de su propiedad -ubicado en la
calle 27 # 4ª-110 en Santa Marta (Magdalena)- que fue ocupado por la Policía
Nacional, esta decisión fue confirmada el 20 de noviembre de 1995 por la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Nacional.

16
La estación de servicio “Zuca”, el yate “Irajul” con matrícula número CP-7-0193-8, el edificio
“Financiacoop” y la finca “Oleaginosa Caribú”.
17
Inmueble ubicado en la calle 26 # 4ª-56 en Santa Marta (Magdalena).

14

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Al respecto, se destaca lo siguiente:

“La investigación se contrajo con ocasión de una diligencia de allanamiento
que se practica en el mes de agosto al inmueble urbano citado como
respuesta legislativa excepcional ante el homicidio de que fuera víctima LUÍS
CARLOS GALÁN SARMIENTO, la motivación del procedimiento no era otra
que el conocimiento que se tenía por parte de los organismos de inteligencia
del Estado, que su propietario tenía vínculos con el narcotráfico, coligiéndose
que en sus bienes existían elementos relacionados con el narcotráfico y que
estos habían sido adquiridos con el producto de actividades ilícitas (…).

Cabe resaltar y sobre ello no cabe ninguna discusión, que el bien inmueble
afectado a la investigación, lo mismo que los otros bienes del sindicado bien
a título personal o constitutivos de aportes en sociedades comerciales,
fueron adquiridos con anterioridad a la vigencia o creación legal de los delitos
de enriquecimiento ilícito y testaferro (sic), luego constitucional y legalmente
no pueden ser objeto de reproche penal, por vía retroactiva de aplicación de
las nuevas figuras (…).

Precisado lo anterior se hace necesario aterrizar en la discusión medular que
deviene, respecto a si el procesado está demostrado o existen indicios
graves donde se pueda inferir que el sindicado estaba o está vinculado con
actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos.

En lo que respecta a la situación particular del sindicado (…) en el proceso
solo aparece un informe donde se menciona que, de acuerdo a
informaciones, el señor JULIO CÉSAR ZÚÑIGA CABALLERO tiene vínculos
con el narcotráfico sin que se hubiera insistido para auscultar más a fondo
sobre la fuente respectiva lo que hace que en este momento se convierta
más en una fama o rumor reiterado, pero nunca como prueba” (índice 2
SAMAI - fls. 22 a 36 anexo 1).

d) El 16 de noviembre de 1995, la Fiscalía Regional de Barranquilla en el marco del
proceso con radicado número 2328 decretó la preclusión de la investigación penal
iniciada en contra del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero por delito relacionado con
narcotráfico, en consecuencia, ordenó la entrega definitiva de los bienes de su
propiedad -el inmueble “Kona” y la lancha “Pekitas”- que fueron ocupados por la Policía
Nacional, esta decisión fue confirmada el 21 de octubre de 1996 por la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Nacional.

De los argumentos expuestos en la mencionada providencia se advierten los
siguientes elementos de juicio para la adopción de la decisión:

“La investigación se contrajo con ocasión de una diligencia de allanamiento
que se practica en el mes de agosto al inmueble urbano citado, como
respuesta legislativa excepcional ante el homicidio de que fuera víctima LUÍS
CARLOS GALÁN SARMIENTO, la motivación del procedimiento no era otra
que el conocimiento que se tenía por parte de los organismos de inteligencia
del Estado, que su propietario tenía vínculos con el narcotráfico, coligiéndose
que en sus bienes existían elementos relacionados con el narcotráfico y que
estos habían sido adquiridos con el producto de actividades ilícitas (…).

Cabe resaltar y sobre ello no cabe ninguna discusión, que el bien inmueble
afectado a la investigación, lo mismo que los otros bienes del sindicado bien

15

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
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a título personal o constitutivos de aportes en sociedades comerciales,
fueron adquiridos con anterioridad a la vigencia o creación legal de los delitos
de enriquecimiento ilícito y testaferro, luego constitucional ilegalmente no
pueden ser objeto de reproche penal, por vía retroactiva de aplicación de las
nuevas figuras (…).

Precisado lo anterior se hace necesario aterrizar la discusión medular que
deviene, respecto a si el procesado está demostrado o existen indicios
graves donde se pueda inferir que el sindicado estaba o está vinculado con
actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos

En lo que respecta a la situación particular del sindicado sobre su presunta
vinculación con el narcotráfico, tenemos que, si bien esa fue la motivación
del operativo realizado al bien ocupado, tal como lo afirmaran el oficial que
intervino en el mismo, por existir anotación en la División de Inteligencia
Antinarcóticos, los resultados de los mismos son contundentes sobre su
ajenidad con esa ilicitud, posteriormente nada se estableció.

Siguiendo con lo referente a la cantidad de bienes en cabeza del
cuestionado, tenemos que en el proceso se demostró que muchos de ellos
fueron adquiridos con anterioridad al año de 1989, los otros, se desprende
fueron adquiridos con ocasión y producto de la actividad desarrollada por el
sindicado, asimismo y como prueba contundente, se desprende del plenario
ausencia total de prueba que lo vincule en una ilicitud y menos relacionada
con el narcotráfico” (índice 2 SAMAI - fls. 38 a 54 anexo 1).

e) El 26 de mayo de 1998, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de
Barranquilla (Atlántico) en el marco del proceso con radicado número 7554 se inhibió
de abrir investigación penal en contra de los señores Julio César Zúñiga Caballero,
Carlos Alberto Zúñiga Caballero y Antonio Nel Zúñiga Caballero con fundamento en el
principio non bis in idem, así:

“Con estas diligencias se pudo establecer que las sociedades Estación de
Servicio Zuca Ltda. e Inmobiliaria Zuca Ltda. y sus socios fueron objeto ya
de investigación penal por los punibles de enriquecimiento ilícito, violación
Ley 30 de 1989 y conexos y fueron favorecidos con preclusión de la
instrucción dentro de los radicados 2328 y 185, decisiones que se
encuentran debidamente ejecutoriadas” (índice 2 SAMAI - fls. 54 a 64 anexo
1).

f) El 17 de marzo de 2006, la Fiscalía Dieciocho Especializada de Bogotá inició de
oficio el trámite de extinción de dominio número 845 ED sobre el patrimonio de los
hermanos Julio César Zúñiga Caballero, Antonio Nel Zúñiga Caballero y Carlos Alberto
Zúñiga Caballero, lo mismo que sobre el patrimonio de sus cónyuges, hijos y socios
de las distintas empresas de las que hacían parte con fundamento en las causales 2 y
6 del artículo 2 de la Ley 793 de 2002, en consecuencia, dispuso la suspensión del
poder dispositivo de unos bienes de su propiedad, entre ellos las sociedades MRD
Acosta S en C, Rasta Ltda, Antonelca Ltda, Anirajul Zúñiga Mestre CIA S en C, Canel
Hermanos Ltda y Antonio Zúñiga e Hijos Ltda.

16

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Como fundamento de la decisión tuvo en cuenta los siguientes elementos materiales
probatorios:

(i) El informe de policía judicial del 3 de agosto de 1999 mediante el cual se dio cuenta
que unos ciudadanos manifestaron el señor Julio César Zúñiga Caballero tenía
negocios con narcotraficantes.

(ii) El Juzgado Sexto del Crimen con sede en Valparaíso (Chile) remitió unas piezas
procesales de la causa número 36295 iniciada por el delito de asociación ilícita para
traficar estupefacientes, en las que se advirtió que en el interior de la embarcación
“Harbour” se hallaron cinco mil (5.000) kilos de cocaína de los cuales mil (1000) kilos
“podrían” ser de propiedad del señor Julio César Zúñiga Caballero quien, además. era
señor y dueño de un laboratorio de narcóticos ubicado en La Guajira (Colombia);
asimismo, en dichos documentos se precisó que el señor Zúñiga Caballero era
propietario de una aeronave la cual entregó en administración a los señores “Manuel
Lozada y Alan Knox” para ser usada en el tráfico internacional.

(iii) El 30 de enero de 2006, el Juzgado Sexto del Crimen con sede en Valparaíso
(Chile) remitió unos documentos pertenecientes al proceso número 36295 los cuales
evidenciaban que el investigado “Manuel Lozada”, previamente a disponer el zarpe de
la embarcación “Harbour” mantuvo comunicaciones vía fax con el señor Julio César
Zúñiga Caballero.
(iv) El 16 de octubre de 1992, la justicia de los Estados Unidos profirió acusación en
contra del señor Julio César Zúñiga Caballero por el delito de tráfico de
estupefacientes.

(v) El Fiscal Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el
21 de abril de 2005, el señor Joseph Ruddy -Fiscal Federal de Tampa (Florida)-
entrevistó al señor “Carlos Zuluaga” quien afirmó que el señor Julio César Zúñiga
Caballero era narcotraficante y que le presentó a varias personas para que colaboraran
con su negocio.

(vi) “Los elementos de prueba descritos en esta providencia dan cuenta de las
actividades ilícitas desplegadas por el señor ZÚÑIGA CABALLERO, hecho del cual se
infiere la procedencia espuria de los bienes por él adquiridos y transferidos
posteriormente a miembros de su grupo familiar y a empresas constituidos por ellos”.

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En relación con el patrimonio de la familia Zúñiga Caballero, el ente instructor dispuso
lo siguiente:

“(…) considerando que los bienes objeto de la acción se encuentran en
cabeza de los miembros del núcleo familiar Zúñiga Caballero, encuentra el
despacho que el inicio de la acción sobre los mismos se fundamenta por una
parte en el hecho de tener su procedencia en la actividad ilícita del
narcotráfico, la cual fue acreditada dentro de la presente actuación a través
de medios de prueba que dan cuenta de la incursión en el negocio de las
drogas ilícitas por parte del señor Julio César Zúñiga Caballero desde la
década de los 70 y 80.

En efecto, aparece en el plenario que varios de los bienes objeto de la acción
se encuentran en cabeza de su esposa Irasema Liliana Mestre de Zúñiga,
respecto de la cual se coligue con fundamento en el estudio de su evolución
patrimonial, que la adquisición de sus bienes, acciones y aportes se
encuentra estrechamente ligada a la actividad económica de su esposo,
pues todas las transacciones se realizan de manera conjunta con éste. La
señora Irasema Liliana Mestre de Zúñiga inicia su actividad económica de
manera conjunta con su esposo, quien para la época de la constitución de
las empresas venía desplegando la actividad ilícita del tráfico de
estupefacientes.

Igual situación se predica de sus hijos Irasema Liliana, Julio César y Andrés
Alberto Zúñiga Mestre, los cuales siendo menores de edad aparecen
constituyendo varias empresas en compañía de sus padres, hecho del cual
se infiere que sus aportes y acciones se encuentran en su procedencia en la
actividad ilícita desplegada por su padre para esa época.

En ese orden, se tiene que los bienes en cabeza de la señora Irasema
Mestre, sus hijos y sus empresas y sus bienes de estas últimas encuentran
su origen en las actividades ilícitas desplegadas por el señor Julio César
Zúñiga Caballero.

Ahora bien, respecto de los bienes en cabeza de sus hermanos Carlos
Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, observa el despacho que si bien
respecto de los mismos no se predica la actividad ilícita que fundamenta el
inicio de la acción, es una constante en su evolución patrimonial la
materialización de negocios conjuntos con su hermano el señor Julio César
Zúñiga Caballero. Los señores Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero
no sólo inicia su actividad económica a través de la adquisición
mancomunada de bienes con su hermano Julio César, sino también
conforman sociedades con esta persona de las cuales proceden sus
ingresos y los de sus familias.

Por lo expuesto, encuentra el despacho que respecto de estos bienes se ha
materializado la mezcla prevista por el legislador en el numeral sexto, artículo
2 de la Ley 793 de 2002 para la procedencia de la acción de extinción de
derecho de dominio (…)” (índice 2 SAMAI - fls. 3 a 45 anexo 3).

g) La anterior resolución fue adicionada en proveídos del 21 de marzo, 15 de mayo,
18 de mayo y 14 de junio de 2006, en el sentido de agregar otros bienes de propiedad
de la familia Zúñiga Caballero (índice 2 SAMAI - fls. 47 a 97 anexo 3).

h) Las sociedades Antonelca Ltda, Rasta Ltda, MRD Acosta S en C, Inmobiliaria Zuca
Ltda, Zume Ltda, Oleaginosas Caribú Ltda, Chief Ltda, Anirajul Ltda, Anirajul Zúñiga

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Mestre CIA S en C y A&J Asociados EU, así como también los señores Antonio Nel
Zúñiga Caballero, Carlos Alberto Zúñiga Caballero, Irasema Mestre de Zúñiga, Rafael
Isidro Zúñiga Riascos y Ligia Esther Caballero de Zúñiga presentaron recursos contra
las mismas (índice 2 SAMAI - fls. 3 a 36 anexo 4).

i) La señora Irasema Liliana Mestre de Zúñiga, en la condición de cónyuge supérstite
del señor Julio César Zúñiga Caballero y representante legal y accionista de las
empresas Oleaginosas Caribú Ltda, Zume Ltda, Chief Ltda, Inversiones Anijarú Ltda y
Anirajul Zúñiga Mestre y Cía S en C, presentó oposición a la resolución de 17 de marzo
de 2006 (índice 2 SAMAI - fls. 3 a 282 anexo 5), de igual manera lo hicieron las
sociedades Antonelca Ltda, Rasta Ltda, MRD Acosta S en C, Inmobiliaria Zuca Ltda,
Canel Hermanos Ltda, Antonio Zúñiga e Hijos Ltda y Construcciones Unidas Ltda, al
que igual que los señores Antonio Nel Zúñiga Caballero, Carlos Alberto Zúñiga
Caballero, Rafael Isidro Zúñiga Riascos y Ligia Esther Caballero de Zúñiga (índice 2
SAMAI - fls. 284 a 308 anexo 5).

j) El 24 de marzo de 2009, la Fiscalía Dieciocho Delegada de Bogotá solicitó al juez de
conocimiento que declarara la improcedencia del trámite de extinción de dominio
(índice 2 SAMAI - fls. 3 a 100 anexo 6).

k) El 21 de septiembre de 2010, el Juzgado Doce Penal del Circuito Especializado de
Bogotá declaró improcedente el trámite de extinción de dominio y, en consecuencia,
dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de los bienes a sus
propietarios (índice 2 SAMAI - fls. 3 a 80 anexo 7).

l) El 24 de enero de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó
la nulidad de lo actuado a partir de la resolución del 24 de marzo de 2009 porque las
autoridades judiciales se centraron en la responsabilidad penal subjetiva de la familia
Zúñiga Caballero y no en la legitimidad de sus bienes (índice 2 SAMAI - fls. 3 a 47
anexo 8).

m) El 29 de junio de 2012, la abogada de la parte afectada radicó un memorial en el
que informó lo siguiente:

“Mediante providencia de fecha 29 de octubre de 2007, proferida por el
Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, se declaró ´la muerte
presuntiva por desaparecimiento del señor Julio César Zúñiga Caballero.
Señálese como fecha presuntiva del acontecimiento de dicha muerte el día
27 de junio de 2000´. Esta decisión fue confirmada en fallo de 9 de abril de
2008, emitido por el Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Civil - Familia.

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Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
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Reparación directa
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En consecuencia, se efectuó el correspondiente registro civil de defunción el
27 de junio de 2008.” (índice 2 SAMAI - fl. 3 anexo 14).

n) El 14 de agosto de 2012, la Fiscalía Dieciséis Especializada de Bogotá declaró la
improcedencia extraordinaria de la acción de extinción de dominio sobre algunos
bienes de propiedad del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero, no obstante, dicha
decisión fue revocada el 3 de julio de 2013 por la Unidad Nacional Delegada ante el
Tribunal Superior del Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio (índice 2 SAMAI
• fls. 3 a 55 anexo 15, fls. 3 a 35 anexo 16).

o) El señor Antonio Nel Zúñiga Caballero presentó acción de tutela contra la anterior
decisión por estimar que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales del debido
proceso, la defensa, la cosa juzgada, la honra y el buen nombre, no obstante, el 23 de
enero de 2014 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró su
improcedencia por no haberse agotado el requisito de la subsidiariedad, providencia
que fue confirmada el 7 de marzo de 2014 por la Sala de Casación Civil de dicha
corporación (índice 2 SAMAI - fls. 3 a 35 anexo 18, fls. 3 a 29 anexo 19).

p) El 22 de junio de 2016, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción
del Derecho de Dominio solicitó al juez de conocimiento declarar la improcedencia del
trámite de extinción de dominio (índice 2 SAMAI - fls. 16 a 154 anexo 20).

q) El 28 de julio de 2016, la Corte Constitucional, en sede de revisión, a través de la
sentencia SU-394 amparó el derecho del debido proceso del señor Antonio Nel Zúñiga
Caballero y ordenó a las autoridades encargadas del trámite de la acción de extinción
de dominio fuera resuelta en un plazo razonable, así:

“(…) Es indiscutible que confrontados los plazos legales con las decisiones
emitidas por las autoridades judiciales que han tenido a cargo el expediente
dichos términos, por lo regular, no han sido cumplidos, no obstante debe
reconocerse que el proceso nunca ha estado paralizado.

(…) En efecto, no se desconoce por la Sala las complicaciones que tiene un
trámite donde debe identificarse la multiplicidad de bienes inmuebles,
participaciones en sociedades comerciales y naves, sino que respecto de
cada uno de ellos debe probarse su origen ilícito generado en hechos que
presuntamente acaecieron tres décadas atrás.

(…) Sin embargo, en el caso no se compadece que las etapas del trámite,
en especial lo que tiene que ver con la fase probatoria, persista infinitum, por
cuanto la fiscalía ha contado con más de 15 años desde el 2000 a la fecha
para recaudar las pruebas necesarias para fundamentar su hipótesis sobre
la ilicitud de los bienes del tutelante.

Se insiste en que si bien ha sido el propio diseño procesal y las reformas
legislativas que se introdujeron los que han permitido que en este caso, por

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ejemplo, vía nulidad, la actuación haya regresado a la fiscalía a pesar de
estar en etapa de juzgamiento, es contrario a la regla de un debido proceso
en un plazo razonable que se somete a una persona a un proceso judicial
sin fin.

(…) Para la Corte, no puede confundirse el deber de colaboración para el
buen funcionamiento de la administración de justicia con someter a una
persona a un proceso judicial sin un límite temporal real y que involucra
restricciones para el manejo de su patrimonio.

(…) El Estado, a través de las autoridades judiciales competentes, tiene la
obligación de privar del dominio a todo aquel que haya adquirido bienes con
recursos ilícitos, sin embargo, no lo autoriza para adelantar actuaciones
probatorios por más de 15 años en que haya decidido sobre la procedencia
o improcedencia de la acción de extinción previstas en la ley.

Por lo anterior, se protegerá el derecho fundamental del accionante a un
debido proceso en relación con la regla del plazo razonable, en consecuencia
se dispondrá que la Fiscalía General de la Nación agote las etapas
dispuestas en la Ley 793 de 2002, en los plazos que indica la normativa y se
instará a los jueces de extinción de dominio de primera y segunda instancia
para que obren de la misma manera (…).” (índice 2 SAMAI - fls. 1 a 52 anexo
21).

r) El 9 de febrero de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Bogotá resolvió no declarar la extinción del derecho de dominio de los bienes de la
familia Zúñiga Caballero, por lo cual ordenó cancelar las medidas cautelares
decretadas en contra de los bienes de su propiedad. Al respecto, sostuvo que no se
estructuraron las causales 2 y 6 del artículo 2 de la Ley 793 de 2002:

“Si bien es cierto el señor Julio César Zúñiga y sus familiares han sido
investigados penalmente en Chile, Estados Unidos y Colombia por delitos
relacionados con el tráfico de narcóticos, dichos procesos fueron archivados
por cuanto no se obtuvo prueba de responsabilidad por la comisión de alguna
conducta punible, lo que implica sostener que los bienes vinculados a este
trámite no han sido adquiridos con recursos de actividades ilícitas que ellos
directamente ejecutaran.

(…) aunque en un principio se aducía que era el propietario de una parte de
la droga incautada en el barco HARBOUR, tal manifestación fue desvirtuada,
asimismo nunca se corroboró que las comunicaciones de Manuel Lozada se
dirigieron a Julio César Zúñiga Caballero como tampoco que se tratara del
envío de drogas hacia los Estados Unidos. Precisamente en la declaración
juramentada tomada en el Consulado General de Colombia en Chile, aquel
sujeto manifestó que jamás había escuchado el nombre de Zúñiga Caballero
no conocía a nadie con ese nombre.

En igual sentido el señor Carlos Zuluaga negó haber afirmado en algún
momento que Julio Cesar Zúñiga tuviera alguna relación con la embarcación
Harbour (…).

De igual modo se ha desvirtuado el contenido del informe de policía judicial
de fecha 3 de agosto de 1999, en el que el investigador Edgar Caicedo
Guzmán afirmó que los pescadores del lugar indicaron que Julio César
Zúñiga tenía negocios con el Cartel de Cali por cuanto ella nunca fue
corroborado en el expediente. Bien sabido es que los informes de policía
judicial son apenas un criterio orientador de la investigación, lo que impone
por tanto la obligación al funcionario judicial corroborar su contenido (…).

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Ahora bien, en el curso de la investigación fueron allegados varios informes
contables en los cuales se analizó el patrimonio de la familia Zúñiga, teniendo
en cuenta que dada la información que se tenía sobre su posible vínculo con
una organización al margen de la ley dedicada al tráfico de cocaína, era
necesario establecer si sus bienes tenían un origen lícito (…).

Sin embargo, como se dijo en precedencia, de los informes periciales
analizados en conjunto permiten establecer que el patrimonio de la familia
Zúñiga Caballero se originó en el ejercicio de sus actividades económicas
lícitas desarrolladas en el transcurso de varios años por lo cual se encuentra
plenamente justificado (…).

Así las cosas emerge claro de acuerdo con los análisis contables,
financieros, tributarios y comerciales, que está demostrado el origen lícito del
patrimonio de Julio César Zúñiga Caballero y su núcleo familiar, por cuanto
se estableció que provenía de dedicación a las labores de ganadería,
agricultura, dentro de esta su vinculación con el sector de los aceites y la
explotación de la palma africana, que le generaron los recursos suficientes
para la adquisición de propiedades y constitución de sociedades, y por tanto
los incrementos de su patrimonio se encuentra plenamente justificado en el
ejercicio de las mismas (…).” (índice 2 SAMAI - fls. 3 a 88 anexo 22).

s) El 7 de mayo de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó
la anterior decisión en los siguientes términos:

“(…) cabe resaltar que los informes de policía judicial relacionados no son
suficientes para afirmar, emitir o estructurar el ejercicio, participación en
organizaciones al margen de la ley, menos para considerar que exista un
indicio serio que conduzca a inferir de manera lógica, coherente, directa o
indirecta que Julio César Zúñiga Caballero y algunos de sus hermanos y
familiares, hubiesen realizado actividades ilícitas o que tuvieron nexos con
alguna empresa criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.

Si bien se tratan de instrumentos que dan cuenta de unos hechos, estos no
fueron corroborados a través de prueba directa (…). Ha de apreciarse
además que al proceso se llegó copiosa documentación que da cuenta que
Julio César, Antonio Nel y Carlos Alberto Zúñiga Caballero se dedicaban
desde muy temprana edad a los negocios de agricultura, ganadería, a la
empresa inmobiliaria y actividades comerciales, para lo cual han constituido
diversas sociedades que les generan importantes beneficios, los cuales, a
no dudarlo, y como se espera dentro de la economía, se han incrementado
con el paso del tiempo. La documentación allegada al proceso permite
evidenciar que no se trata de un patrimonio formado de un momento a otro
y sin justificación debida, sino que es el fruto del trabajo de décadas de las
cuales como es obvio se han beneficiado.

(…) de lo anterior se puede evidenciar que los señores Zúñiga Caballero y
su núcleo familiar aproximadamente desde el año de 1970, se han dedicado
al ejercicio de diferentes actividades como la ganadería, la agricultura y la
comercialización de productos los cuales no deben desconocerse, pues la
realidad es que no se encuentra huérfanos de prueba, como se constata del
contenido de los documentos allegados, no es una afirmación insular carente
de respaldo, por lo que debe ser tenido en cuenta para establecer la
dedicación a una labor lícita, que genera ingresos a partir de los cuales
forjaron un patrimonio.

(…) no se trata de la adquisición de inmuebles de manera injustificada, como
que tampoco se demuestra sean originados de la ejecución de delito o
actividad ilícita o que hayan sido medio o instrumento de su ejecución, sino

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que corresponden al ejercicio de diferentes actividades, realizadas durante
más de 30 años.

La veracidad del origen de los bienes se encuentra confirmada a través de
las experticias contables en las que se concluyó que provienen del
desenvolvimiento de actividades lícitas, como se soportan en los
innumerables legajos que sirvieron de soporte y complemento en la tarea de
demostrar la licitud de los bienes.

Por lo anterior, resulta preciso indicar que no se trata de un peculio
emergente sino de una masa patrimonial conseguida por la labor de más de
tres décadas de trabajo de varias personas asociadas a través de entes
jurídicos, que fueron exhibidos públicamente y ante el Estado a través de las
declaraciones de renta, balances, pago de impuestos, gravámenes y demás
documentos que hacen parte del acervo probatorio (…)” (índice 2 SAMAI -
fls. 96 a 184 anexo 22).

t) El 8 de noviembre de 2018, la Sociedad de Activos Especiales a través de la
resolución número 4634 ordenó la devolución de los activos de las sociedades MRD
Acosta S en C, Rasta Ltda, Antonelca Ltda, Anirajul Zúñiga Mestre CIA S en C y Canel
Hermanos Ltda. Asimismo, dispuso remover los depositarios provisionales, así:

“Que mediante resolución de inicio de fecha 17 de marzo de 2006 proferida
por la Fiscalía 18 Delegada de la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio dentro del proceso radicado bajo el número 845 ED, se
dispuso iniciar de manera oficiosa el trámite de extinción de dominio sobre
los bienes de propiedad de Julio César Zúñiga Caballero y su núcleo familiar,
dentro de los que se encuentran las sociedades: inmobiliaria Zuca Ltda,
Inversiones Aniraju Ltda, Chief Ltda, Zume Ltda, Oleaginosas Caribú Ltda,
Rasta Ltda, Grasas y Derivados SA, Antonelca Ltda, A&J Asociados, Aniraju
Zúñiga Mestre Cia S en C, Inversiones Tampú SA, MRD Acosta S en C,
Construcciones Unidad Ltda en Liquidación, Cabel Hermanos Ltda.

Que las mencionadas sociedades fueron puestas a disposición de la extinta
Dirección Nacional de Estupefacientes (…) que los siguientes
establecimientos de comercio e inmuebles descritos con posterioridad hacen
parte de la sociedades (…) y serán objeto de devolución en el presente acto
administrativo, como fue indicado y dispuesto en las sentencias del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá
y el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción del Derecho de Dominio
(…).

Que la Sociedad de Activos Especiales en uso de sus facultades legales
asignó a los depositarios provisionales que se describen a continuación, la
administración de las sociedades objeto del presente acto administrativo (…).

Que en el presente acto administrativo se procederá a remover a los
depositarios provisionales de las citadas sociedades (…).

Que las obligaciones de los depositarios provisionales no cesarán hasta la
entrega material de los activos (…).” (índice 2 SAMAI - fls. 3 a 12 anexo 23).

2) La parte actora pretende, por una parte, que se declare la responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación por el hecho de haber
desconocido el principio de la cosa juzgada e iniciado el trámite de extinción de dominio
sin existir mérito probatorio, frente a lo cual la Sala abordará este cargo con

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fundamento en el presupuesto del error judicial contemplado en el artículo 66 de la Ley
270 de 1996.

En esa perspectiva, la Sala resalta que los demandantes manifestaron su oposición y
presentaron recursos contra las decisiones que ordenaron el inicio del proceso de
extinción de dominio.

3) La parte demandante sostiene que con antelación a dar apertura al proceso de
extinción de dominio número 845 ED sobre el patrimonio de la familia Zúñiga Caballero
ya se habían adelantado diversas investigaciones penales en las que se determinó la
procedencia lícita de sus bienes, por tal razón la Fiscalía General de la Nación vulneró
el principio de la cosa juzgada, punto sobre el cual debe precisarse lo siguiente:

a) Al respecto, se advierte que el Juzgado Único Especializado del Magdalena y la
Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Barranquilla, a través de las
providencias del 20 de febrero de 1990, 25 de abril de 1990 y 26 de mayo de 1998
respectivamente, se inhibieron de abrir investigación penal en contra de los hermanos
Zúñiga Caballero por delitos relacionados con el narcotráfico, no obstante, estas
decisiones no produjeron un efecto de cosa juzgada en tanto no existió un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Con relación al efecto de cosa juzgada sobre decisiones inhibitorias, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente:

“De la misma esencia de toda inhibición es su sentido de `abstención del
juez´ en lo relativo al fondo del asunto objeto de proceso. Siempre consiste,
por definición, en que la administración de justicia no se pronuncia, esto es,
no falla, no decide, no juzga. Y, si no juzga, carece de toda lógica atribuir al
acto judicial en que se consagra tal determinación -de no juzgar- el carácter,
la fuerza y el valor de la cosa juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la
intangibilidad de lo resuelto"18.

b) Igualmente, se observa que si bien la Fiscalía Regional de Barranquilla mediante
las resoluciones del 4 de agosto de 1995 y 16 de noviembre de 1995 decretó la
preclusión de otras investigaciones penales iniciadas en contra de los señores Julio
César Zúñiga Caballero y Antonio Nel Zúñiga Caballero, respectivamente, lo cierto es
que el objeto de dichas causas fue la responsabilidad personal de los procesados por
haber cometido supuestamente delitos relacionados con el narcotráfico, en ese

18
Sentencia C-666 de 1996.

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sentido, no estuvieron dirigidas a comprobar si los bienes de su propiedad allí
relacionados fueron adquiridos como consecuencia de actividades ilícitas.

c) En tales circunstancias, la entidad aquí demandada tenía la posibilidad de iniciar el
trámite de extinción de dominio sobre el patrimonio de los demandantes, además, debe
precisarse que, si en gracia de discusión se admitiera que en las referidas
investigaciones sí se tomó una decisión definitiva sobre la procedencia lícita del
patrimonio de los demandantes, el caso es que los únicos bienes allí afectados -al ser
ocupados por la Policía Nacional- fueron la finca “Kona” y la lancha “Pekitas” de
propiedad del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero, así como también el inmueble
ubicado en la calle 27 # 4ª-110 en Santa Marta de propiedad del señor Julio César
Zúñiga Caballero, mientras que el proceso de extinción de dominio número 845 ED fue
adelantado sobre noventa y un (91) inmuebles, quince (15) sociedades, diez (10)
establecimientos de comercio y seis (6) embarcaciones de propiedad de la familia
Zúñiga Caballero.

d) Debe advertirse igualmente, que la extinción de dominio es de carácter real en tanto
recae sobre bienes que son susceptibles de valoración económica, muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles, o aquellos sobre los cuales pueda radicar el
derecho de propiedad.

e) Así las cosas, la Sala estima que de conformidad con los elementos materiales
probatorios aportados al proceso de la referencia la Fiscalía General de la Nación no
vulneró el principio de la cosa juzgada.

4) Desde otro punto de vista de la controversia, la parte actora aduce que los
argumentos del ente instructor para dar inicio al trámite de extinción de dominio se
basó en meras suposiciones e interpretaciones descontextualizadas de los medios
probatorios, asunto sobre el cual es necesario observar lo siguiente:

a) De conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 793 de 2002, por la cual se rigió
el trámite de extinción del derecho de dominio objeto de controversia, la competencia
para conocer de la acción recaía en los fiscales, quienes debían dar su inicio mediante
resolución interlocutoria, con la advertencia de suspensión del poder dispositivo y la
orden inmediata de aprehensión y ocupación, además de las medidas preventivas
pertinentes si no se hubieren adoptado en la actuación penal.

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b) Asimismo, el artículo 2 de la referida ley -sin la modificación efectuada por el artículo
72 de la Ley 1453 de 2011- disponía que la extinción del derecho del dominio se
declaraba “1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo,
sin que se explique el origen lícito del mismo. 2. El bien o los bienes de que se trate
provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita. 3. Los bienes de que se
trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades
ilícitas, sean destinadas a éstas, o correspondan al objeto del delito. 4. Los bienes o
recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan
su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados
a actividades ilícitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. 5. Los
bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un proceso penal
y que el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto
de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión
definitiva por cualquier causa. 6. Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes
de procedencia lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar
bienes de ilícita procedencia. 7. Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el
origen del bien perseguido en el proceso”.

c) De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que el propósito de la etapa inicial del
trámite de extinción de dominio, en vigencia de la Ley 793 de 2002, se dirigía a
identificar los bienes sobre los cuales recaía la acción de acuerdo con las causales
establecidas en el artículo 2 de la citada ley.

d) En ese sentido, como fue advertido en precedencia, por resolución del 17 de marzo
de 2006 la fiscalía instructora dio inicio al trámite de extinción de derecho de dominio
con base en las causales 2 y 6 del artículo 2 ibidem sobre los bienes de propiedad de
la familia Zúñiga Caballero y decretó medidas cautelares y suspensión del poder
dispositivo de noventa y un (91) inmuebles, diez (10) establecimientos de comercio,
seis (6) embarcaciones y quince (15) sociedades entre las que se encontraban MRD
Acosta S en C, Rasta Ltda, Antonelca Ltda, Anirajul Zúñiga Mestre CIA S en C, Canel
Hermanos Ltda y Antonio Zúñiga e Hijos Ltda.

e) Para tomar la anterior decisión, la fiscalía tuvo por fundamento i) un informe de
policía judicial, ii) unas piezas procesales remitidas por el Juzgado Sexto del Crimen
con sede en Valparaíso (Chile) que hacían parte de la causa número 36295 y, iii)
información enviada por la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. La
valoración de estos elementos llevó al ente investigador a concluir el origen ilícito de
los bienes objeto de la acción.

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f) Sin embargo, la Sala considera que el ente instructor no realizó una debida
valoración de los elementos materiales probatorios recaudados y, en esa medida, no
existía mérito para iniciar el trámite de extinción de dominio por las razones que se
exponen a continuación.

(i) El informe de policía judicial del 3 de agosto de 1999, en el que se advirtió que unos
individuos afirmaron que el señor Julio César Zúñiga Caballero tenía negocios con
narcotraficantes, no evidenciaba la procedencia ilegal de los bienes objeto de la acción
dado que dicho documento tan solo podía ser tenido en cuenta como criterio orientador
de la causa, máxime cuando en el mismo se plasmó el relato de terceros y no se
adelantaron otras labores de investigación dirigidas a confirmar sus dichos.

(ii) Por su parte, las piezas procesales de la causa identificada con el número 36295
aportadas por el Juzgado Sexto del Crimen con sede en Valparaíso (Chile), que
disponían que el señor Julio César Zúñiga Caballero i) “podía” ser el dueño de mil
(1.000) kilos de cocaína que fueron encontrados en la embarcación “Harbour”, ii) era
dueño de un laboratorio de estupefacientes ubicado en La Guajira (Colombia), iii) era
propietario de una aeronave la cual entregó en administración a unos terceros para ser
usada en el tráfico internacional y, iv) mantuvo una serie de comunicaciones vía fax
con el investigado “Manuel Lozada” antes de que este ordenara el zarpe de la
embarcación “Harbour” en la que se hallaron cinco mil kilos de cocaína, tampoco
tenían la propiedad de demostrar la procedencia ilícita de patrimonio de los aquí
demandantes en la medida que se trató de unas aseveraciones generales sin que se
especificaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran demostrar
que, en efecto, aquel participó de dichas actividades ilegítimas, además, la fiscalía no
individualizó las pruebas con las que el país otorgante de tal información respaldó
dichas afirmaciones o circunstancias.

(iii) Asimismo, el simple hecho de que la justicia de los Estados Unidos haya proferido
acusación en contra del señor Julio César Zúñiga Caballero por tráfico de
estupefacientes no ponía de manifiesto la procedencia ilícita de los bienes afectados,
en especial si se tiene en cuenta que en la misma resolución de apertura del trámite
de extinción de dominio se puso de presente que dicha acusación fue “desechada” por
la Corte Federal del Distrito Norte de la Florida.

(iv) El documento remitido por el fiscal federal del Departamento de Justicia de Estados
Unidos en el que se afirmó que el fiscal federal de Tampa (Florida) entrevistó al
investigado “Carlos Zuluaga” y que este último sostuvo que el señor Julio César Zúñiga

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Caballero era narcotraficante, tampoco podía tenerse en cuenta para dar inició al
trámite de extinción de dominio porque se trató de una manifestación general que no
fue respaldada con otros medios probatorios.

(v) En virtud de lo anterior, resulta evidente que para el momento en el que se dispuso
el inicio del trámite de extinción de dominio no se configuraban las causales 2 y 6
previstas en el artículo 2 de la Ley 793 de 2002 para afectar el patrimonio de la familia
Zúñiga Caballero, lo cual demuestra que la Fiscalía General de la Nación, como
autoridad competente para dar apertura a ese proceso, incurrió en error judicial, en
consecuencia, la parte demandante no estaba llamada a soportar ni el inicio del
proceso de extinción de dominio ni la suspensión del poder dispositivo de su
patrimonio.

(vi) Sobre el particular, debe precisarse que la Fiscalía General de la Nación se
encuentra llamada a responder por los perjuicios que pudieron causarse por el trámite
de extinción de dominio, pues, fue la Fiscalía Dieciocho Delegada de Bogotá la
autoridad que dispuso el inicio del trámite de extinción de dominio con la consecuente
orden de suspensión del poder dispositivo del patrimonio de los actores.

5) Por otra parte, la parte actora pretende que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Fiscalía General de la Nación por la mora injustificada del
proceso de extinción de dominio frente a lo cual la Sala abordará este cargo con apoyo
en el presupuesto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
contemplado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996.

a) Al respecto, se advirtió que no se cumplió con los términos procesales contemplados
en la Ley 793 de 2002 que trajo como consecuencia la privación de disponer y disfrutar
de los bienes de propiedad de los actores.

b) La Sala advierte que no es posible verificar si hubo o no una dilación injustificada
en el trámite de extinción de dominio que sea atribuible a la entidad demandada, toda
vez que al expediente de la referencia no fueron allegadas la totalidad de las
actuaciones que estuvieron a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

c) Así las cosas, no es viable analizar si lo alegado en el proceso corresponde a la
conducta negligente de la parte accionada o, si por el contrario, las decisiones se
dilataron por una actuación de los afectados en el proceso o, si estos pudieron haber

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contribuido sustancialmente a la demora del sumario o, por el cualquier otra causa que
explique y justifique el tiempo que duró el trámite de dichas diligencias.

d) Aunque la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-394 de 2016 amparó el
derecho fundamental del debido proceso del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero por
haberse desconocido el plazo razonable del trámite de extinción de dominio, lo cierto
es que en este proceso no se cuenta con la totalidad del expediente de extinción de
dominio con base en el cual se pueda verificar y comprobar de modo específico y
directo por esta Sala de Decisión la responsabilidad de la entidad demandada.

e) Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad extracontractual
el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo.

6) Finalmente, los demandantes también pretenden que se declare la responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Sociedad de Activos Especiales porque, en su
parecer, dilató de manera injustificada la entrega efectiva y material de los bienes
incautados en el referido proceso de extinción de dominio que trajo como
consecuencia una serie de perjuicios porque imposibilitó la disposición y disfrute de
sus bienes, además, señalan que las sociedades perdieron su valor económico sobre
el cual es necesario observar lo siguiente:

a) La parte actora afirma que la Sociedad de Activos Especiales a través de la
resolución número 4634 del 8 de noviembre de 2018, ordenó la devolución de los
activos de las sociedades aquí actoras MRD Acosta S en C, Rasta Ltda, Antonelca
Ltda, Anirajul Zúñiga Mestre CIA S en C, Canel Hermanos Ltda y Antonio Zúñiga e
Hijos Ltda en cumplimiento de la sentencia del 9 de febrero de 2017 proferida por el
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio Bogotá que
fue confirmada el 7 de mayo de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, empero, que ello se hizo efectivo tan solo hasta el 25 de febrero de 2020
cuando se removió a los depositarios provisionales.

b) Sobre el particular, es preciso advertir que al proceso de la referencia no se allegó
el trámite administrativo adelantado por la Sociedad de Activos Especiales y, en esa
medida, no hay lugar a determinar si hubo o no una dilación injustificada relacionada
con el reintegro efectivo de los bienes atribuible a dicha entidad, pues, se desconocen
las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en que tuvo lugar dicha
actuación.

29

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

c) La sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un
detrimento no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es
puntual e indispensable que los demandantes respalden tales aseveraciones con el
material probatorio idóneo y suficiente para su comprobación en el proceso. Así las
cosas, deben negarse las pretensiones de la demanda relacionadas con este aspecto.

d) De igual forma, los demandantes afirmaron que las sociedades, una vez fueron
devueltas, perdieron su valor, sin embargo, no hay prueba en el expediente que
acredite dicha afirmación.

2.2 Determinación de los perjuicios y su reparación

Satisfechos los elementos requeridos para la declaración de responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación en relación con el error
judicial concretado en la resolución del 17 de marzo de 2006 por medio de la cual se
inició de oficio el trámite de extinción de dominio sobre el patrimonio de la familia
Zúñiga Caballero, la Sala verifica a continuación la acreditación de los perjuicios cuya
reparación reclama la parte demandante.

2.2.1 Daño emergente

La parte actora pretende el reconocimiento de una indemnización por concepto de
daño emergente futuro por los gastos que tendrá que realizar para el pago de los
honorarios profesionales de los abogados Jason Alexánder Andrade y Luisa Fernanda
Caldas Botero quienes asumieron su defensa en el trámite de extinción de dominio.

Al respecto, se aportaron i) los documentos que acreditan la gestión de los
mencionados abogados, quienes presentaron oposiciones, recursos y diversos
memoriales durante el proceso; ii) los acuerdos de pago celebrados el 25 de mayo de
2018 y el 13 de marzo de 2019 en los que se puso de presente que los mismos se
realizaron con base en los honorarios por cuota litis que fueron pactados desde el inicio
del trámite de extinción de dominio (índice 2 SAMAI - anexos 30 y 31); y iii) los
dictámenes periciales que dan cuenta del valor del perjuicio ocasionado.

Asimismo, se observa que el profesional del derecho Jason Alexánder Andrade
durante el trámite de la primera instancia rindió declaración en la que sostuvo que el

30

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

contrato de prestación de servicios celebrado con los demandantes fue verbal y que
se acordó que se le cancelaría una cuota litis (índice 2 SAMAI19).

Es relación con este punto, es preciso advertir que de conformidad con los parámetros
establecidos en sentencia de unificación de la Sección Tercera20, la Sala encuentra
que la parte demandante no acreditó en debida forma este perjuicio material, pues, al
margen de la forma en que se pactó la remuneración, no se aportaron las facturas o
documentos equivalentes expedidos por los profesionales del derecho que den cuenta
sobre la causación de dicho crédito económico generado por tal concepto.

Respecto de los requisitos para acreditar este perjuicio, la mencionada sentencia
estableció lo siguiente:

“(…) debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone que
las personas que ejercen profesionales liberales, es decir, profesiones en
las cuales ‘… predomina el ejercicio del intelecto, que han sido
reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a
través de un título académico’, están obligadas a “… expedir factura o
documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de
las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales”.

En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una
profesión liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la
respectiva factura o su documento equivalente (el cual debe satisfacer
los requisitos previstos en el artículo 617 del mismo estatuto); por tanto, si
los abogados están obligados a expedir una factura por el valor de sus
honorarios profesionales, es dable concluir que ésta es la prueba idónea del
pago.

Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de
privación injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la
indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado
directo con la medida dentro del proceso penal, quien haya realizado el pago
deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los servicios del
abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por
éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su
gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura
o solo se allega la prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no
habrá lugar a reconocer la suma pretendida por concepto de este
perjuicio.” (negrillas del texto original).

En consecuencia, se negará el reconocimiento de este perjuicio, pues, la ausencia de
las respectivas facturas o documentos equivalentes impide tener conocimiento y
certeza sobre la supuesta prestación económica convenida por la gestión de los

19
Documento “ED_DRIVETRIB_107_2500023360002021”.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, M.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, Exp. 44572. En la referida sentencia se unificaron los criterios en materia de reconocimiento y
liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en los casos de privación injusta
de la libertad.

31

Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
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abogados que asumieron la defensa en el trámite de extinción de dominio.

2.2.2 Perjuicios morales

1) Los actores María Fernanda Chaux de Zúñiga, María Fernanda Zúñiga Chaux,
Antonio Zúñiga Chaux, Paola Zúñiga Chaux, Isabela Zúñiga Chaux, Carlos Alberto
Zúñiga Caballero, Marcela del Socorro Acosta Moreno, Rafael Eduardo Zúñiga Acosta,
David Antonio Zúñiga Acosta, Andrés Alberto Zúñiga Mestre, Irasema Lilian Zúñiga
Mestre y las familiares del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero21 solicitaron el
reconocimiento de una indemnización por concepto de perjuicios morales por las
“afecciones tales como sentimientos de tristeza, depresión, angustia, miedo y otros
padecimientos que atentaron notoriamente contra su patrimonio moral, se les colocó
en una situación de absoluta incapacidad para ejercer el dominio sobre los bienes
incautados” (índice 2 SAMAI22).

2) Acerca de esa súplica de la demanda es pertinente advertir que estos demandantes
acreditaron ser los titulares del derecho de dominio de los bienes que fueron objeto del
trámite de extinción de dominio y sobre los cuales recayeron medidas cautelares de

21
Se pone de presente que los actores María Fernanda Chaux de ZÚÑIGA, María Fernanda Zúñiga
Chaux, Antonio ZÚÑIGA Chaux, Paola Zúñiga Chaux e Isabella Zúñiga Chaux, demandan por los daños
que sufrieron con el proceso de extinción de dominio número 845 ED, así como también demandan en
calidad de herederos del señor Antonio Nel ZÚÑIGA Caballero y solicitan indemnización en favor de la
masa herencial, quien falleció el 5 de junio de 2018 (registro civil de defunción índice 2 SAMAI - fl. 4
anexo 27), condición que se acreditó con los registros civiles de nacimiento que demuestran ser la
cónyuge e hijos (registros civiles, índice 2 SAMAI - fls. 8 a 11 anexo 27). Cabe destacar que la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia en relación con la prueba de la calidad de heredero ha sostenido lo
siguiente: “quien invoca el título de heredero, aportar copia del testamento, debidamente registrada, en
que se le instituyó asignatario, o copia de las actas del estado civil que demuestran su parentesco con
el difunto, vínculo del que se deriva su derecho sucesorio, pues como lo estatuye el artículo 1298 del
Código Civil, la herencia queda aceptada expresamente por quien toma el título de heredero. También
puede demostrarse esta calidad, con copia del auto dictado dentro del respectivo proceso sucesorio, en
que se haya declarado que se le reconoce esta calidad a la persona que la invoca” (Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC 6809 del 3 de julio de 2001).
22
Folio 5 del documento “ED_DRIVETRIB_1_250002336000202100”.

32

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embargo, secuestro suspensión del poder dispositivo23, así como también, aquellos
demostraron su relación de parentesco24.

3) En relación con este perjuicio, debe advertirse que la afectación moral se acreditó
únicamente respecto de los señores Antonio Nel Zúñiga Caballero, María Fernanda
Chaux de Zúñiga, María Fernanda Zúñiga Chaux e Isabela Zúñiga Chaux con el
testimonio de Susana Caicedo25, quien relató acerca de cómo estos se vieron
angustiados y aquejados por motivo del trámite de extinción de dominio objeto de
análisis en este proceso de reparación directa.

4) En ese contexto debe anotarse que la Subsección ha considerado, en eventos en
los cuales se reclama la responsabilidad del Estado por procesos penales en los
cuales no hay privación de la libertad, que el monto de la indemnización reconocida
por perjuicio moral no puede ser superior al primer nivel establecido por la

23
María Fernanda Chaux de Zúñiga, Antonio Zúñiga Chaux, Paola Zúñiga Chaux Zúñiga e Isabela
Zúñiga Chaux acreditaron ser socios de Antonio Zúñiga e Hijos Ltda (certificado de existencia y
representación de la Cámara de Comercio - índice 2 SAMAI - fls 3 a 6 anexo 30); María Fernanda Zúñiga
Chaux acreditó ser socia de Anirajul Zúñiga Mestre y Cia Ltda (certificado de existencia y representación
de la Cámara de Comercio - índice 2 SAMAI - fls 5 a 7 anexo 30); Antonio Nel Zúñiga Caballero acreditó
ser socio de Antonelca Ltda y Canel Hermanos Ltda (certificado de existencia y representación de la
Cámara de Comercio - índice 2 SAMAI - anexo 30); Carlos Alberto Zúñiga Caballero acreditó ser socio
de Antonelca Ltda, Canel Hermanos Ltda, MRD Acosta S en C y Rasta Ltda (certificados de existencia
y representación de la Cámara de Comercio - índice 2 SAMAI - anexo 30); Marcela del Socorro Acosta
Moreno acreditó ser socia de MRD Acosta S en C y Rasta Ltda (certificados de existencia y
representación de la Cámara de Comercio - índice 2 SAMAI - anexo 30); Rafael Eduardo Zúñiga Acosta
acreditó ser socio de MRD Acosta S en C y Rasta Ltda (certificados de existencia y representación de
la Cámara de Comercio - índice 2 SAMAI - anexo 30); David Antonio Zúñiga Acosta acreditó ser socio
de MRD Acosta S en C y Rasta Ltda (certificados de existencia y representación de la Cámara de
Comercio - índice 2 SAMAI - anexo 30); Andrés Alberto Zúñiga Mestre acreditó ser socio de Anirajul
Zúñiga Mestre y Cia Ltda (certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio - índice
2 SAMAI - fls 5 a 7 anexo 30); Irasema Lilian Zúñiga Mestre acreditó ser socia de Anirajul Zúñiga Mestre
y Cia Ltda (certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio - índice 2 SAMAI - fls
5 a 7 anexo 30).
24
Registros civiles de nacimiento (índice 2 SAMAI – anexo 27).
25
La testigo Susana Caicedo, quien manifestó ser sobrina política del señor Antonio Nel Zúñiga
Caballero, relató lo siguiente: “yo siempre he sido muy cercana a la familia Zúñiga (…) María Fernanda
Zúñiga es prima mía también muy cercana hemos crecido juntas (…) me tocó vivir muy de cerca el
proceso, mi prima María Fernanda estaba trabajando en Fiduagraria, ella tenía un cargo muy importante
y ahí empezó este proceso muchas noticias, mucho escándalo, ella se vio forzada a renunciar, me tocó
verla llorar, me tocó verla en depresión absoluta, también empezó una crisis matrimonial en esa época
ligada a este proceso (…) viví muy de cerca el proceso de mi prima María Fernanda y mi tía María
Fernanda, desde ese momento la verdad es otra persona, ella durante esos 12 años cambió totalmente
en su forma de actuar, no quería salir de la casa porque a la familia la tildaban de narcotraficante (…)
mi tía María Fernanda se adelgazó muchísimo (…) a mi prima María Fernanda la invitan a ser parte de
la vicepresidencia jurídica de Bancolombia y luego no le dan el cargo precisamente por todo este ruido
que se había generado en torno a su familia (…) recuerdo que mis primos menores Isabela, Antonio
Zúñiga, David los primos de mis primos ellos eran muy jóvenes cuando pasó esto tenían 14, 15 años,
recuerdo que Isabela empezó la universidad y una vez la encontré llorando mucho porque la habían
rechazado los amigos porque le decían que venía de familia de narcotraficantes y que no querían
trabajar con ella, a mi tío Antonio (…) todo este proceso se vio bloqueado pasó de ser un hombre
totalmente honorable y ser reconocido a ser tildado por narcotraficante yo lo veía totalmente otra
persona también, le tocó parar todas sus actividades económicas y yo creo que a él todo el sufrimiento
que se le causó fue causa principal del cáncer (…).” (índice 2 SAMAI - documento
“ED_DRIVETRIB_107_2500023360002021”).

33

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jurisprudencia en casos de privación injusta de la libertad, por cuanto no se restringe
el derecho de libre locomoción26.

Por lo tanto, en consideración al criterio adoptado por la Subsección se reconocerá
como indemnización el valor de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes
en favor de María Fernanda Chaux de Zúñiga, María Fernanda Zúñiga Chaux e Isabela
Zúñiga Chaux, para cada una, así como también en favor de la masa herencial del
señor Antonio Nel Zúñiga Caballero27 que corresponde a la indemnización por el nivel
mínimo establecido en casos de privación injusta de la libertad en sentencia de
unificación de veintinueve (29) de noviembre de 2021(expediente 46.681)28, por
demostrarse que el proceso de extinción de dominio causó sentimientos de frustración
y tristeza.

5) Por otro lado, las sociedades Antonio Zúñiga e Hijos Ltda, Anirajul Zúñiga Mestre y
Cía S en C, Antonelca Ltda, Canel Hermanos Ltda, MRD Acosta S en C y Rasta Ltda
también solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales “toda vez que con ocasión
del proceso de extinción de dominio RAD. 845 E.D. y las medidas cautelares proferidas
dentro del mismo se amenazó la existencia de las personas jurídicas como
consecuencia de la limitación de su patrimonio y de la imposibilidad de desarrollar su
objeto (…) generando un estigma negativo” (índice 2 SAMAI29).

En relación con la posibilidad de indemnizar a una persona jurídica por la causación
de perjuicios morales la Sala ha precisado que no es asimilable a la afectación moral
que pueda padecer un ser humano, no obstante, es posible equipararla a la afectación
de carácter negativo del buen nombre que afronta la persona jurídica, no su gerente o
representante legal, ni sus socios o trabajadores individualmente considerados, por
cuenta de la opinión de la comunidad, “concepto jurídico que a su vez no corresponde
precisamente al proveniente del derecho anglosajón denominado ‘good will’, pues,
aquel y este son sustancialmente distintos, ya que este último refiere en un activo
material para las personas jurídicas que hace parte integral del concepto de
establecimiento de comercio de que tratan los artículos 515 y 516 del Código de

26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 8 de septiembre de 2021,
expediente 47.210, MP Alberto Montaña Plata.
27
Los demandantes María Fernanda Chaux De ZÚÑIGA, Maria Fernanda Zúñiga Chaux, Antonio
ZÚÑIGA Chaux, Paola Zúñiga Chaux E Isabella Zúñiga Chaux, demandaron a su vez en calidad de
herederos del Señor Antonio Nel ZÚÑIGA Caballero y solicitaron que el daño que aquel sufrió en vida,
se hiciera en favor de la masa sucesoral.
28
La aludida sentencia estableció un tope indemnizatorio equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV) cuando la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a
un mes.
29
Folio 5 del documento “ED_DRIVETRIB_1_250002336000202100”.

34

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Comercio, y por tanto perfectamente tangible y contabilizable como activo de una
empresa comercial30”.

Así las cosas, para acreditar el impacto negativo que experimentaron las sociedades
como personas jurídicas, rindieron testimonio los señores Jairo Humberto Rivas31,
Sandra Marcela Vilardy32, Margely Esther González33 y Rosa Victoria Campos34
quienes expusieron afirmaciones generales sobre las afectaciones financieras de las
empresas sin que se cuente con elementos materiales probatorios que las
respaldaran, además, no explicaron en qué consistió la supuesta afectación concreta
que pudieron padecer las demandantes, ni tampoco establecieron cuáles fueron los
negocios que se vieron frustrados como consecuencia de la decisión de inicio del
trámite de extinción de dominio, ni mucho menos las expresiones ni detalles de la
supuesta afectación sufrida por dichos demandantes.

En ese orden de ideas se negará el reconocimiento de indemnización por perjuicio
moral en favor de las personas jurídicas demandantes.

30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 18 de noviembre de 2021, MP
Fredy Ibarra Martínez, expediente 48.975.
31
El señor Jairo Humberto Rivas quien afirmó ser el revisor fiscal de las sociedades Anirajul Zúñiga
Mestre y Cia S en C y Antonelca Ltda, así como también contador de la sociedad Canel Hermanos Ltda
para la época de los hechos, relató lo siguiente: “(…) desafortunadamente después vino este proceso
que fue muy doloroso, muy triste y las empresas empezaron a tener muchos problemas financieros
debido a este proceso, por ejemplo, los bancos no les daban crédito no les daban ni siquiera un
sobregiro y hubo mucho trauma a través de estos depositarios que estuvieron acá, fue algo triste,
doloroso (…) ahorita mismo el gran problema que tienen estas empresas es que tienen muchas deudas
por ejemplo en febrero de 2015 y agosto de 2016 no hubo depositarios (…) todo esto contribuyó a que
nos sancionaran todo esto fue bastante traumático (…) el buen nombre se nos cerró totalmente las
puertas desde que comenzó el proceso (…).” (índice 2 SAMAI - documento
“ED_DRIVETRIB_107_2500023360002021”).
32
La señora Sandra Marcela Vilardy quien afirmó ser la contadora de las sociedades Antonelca Ltda,
Rasta Ltda y MRD Acosta S en C para la época de los hechos, relató lo siguiente: “pude apreciar que
para efectos financieros nos emitieron una sanción la superintendencia de sociedades por no hacer la
presentación de los estados financieros del año 2015 y eso para las finanzas, para el flujo y la liquidez
de la empresa fue un monto bastante alto que tocó pagarlo por la no representación de ellos”. (índice 2
SAMAI - documento “ED_DRIVETRIB_107_2500023360002021”).
33
La señora Margerly Esther González quien afirmó ser contadora de Anirajul Zúñiga Mestre y Cia S en
C para la época de los hechos, relató lo siguiente: “como consecuencia de ese proceso de extinción de
dominio todos esos procesos afectaron financieramente a las empresas, el good will, fiscalmente
también no hubo pago de impuesto oportunamente, no hubo presentación de impuestos ante la
Supersociedades obtuvimos una sanción de alto valor para la sociedad (…) cada vez que se cambiaba
de un depositario a otro el proceso fue muy traumático porque cada uno tenía su forma de trabajar,
pensar, actuar y eso fue traumático para nosotros como empleados (…) a nivel general como son
inmobiliarias nadie quiso contratar más con nosotros, afortunadamente en Anarijul Zúñiga se
mantuvieron los clientes pero nadie más quiso contratar con nosotros, el Banco de Occidente
literalmente nos canceló las cuentas a todas las sociedades así como otros bancos tampoco prestaron
auxilio a la parte financiera”. (índice 2 SAMAI - documento
“ED_DRIVETRIB_107_2500023360002021”).
34
La señora Rosa Victoria Campos quien afirmó ser amiga cercana de la familia Zúñiga Caballero relató
lo siguiente “la afectación fue toda porque el sector financiero cerró las posibilidades de crédito, no
tuvieron las más mínima posibilidad de poder generar algún tipo de inversión (…) además esto quedó
en manos de unos administradores que nunca jamás gestionaron con eficiencia el objeto social de esas
empresas (…) las sociedades hoy día están sufriendo la quiebra total porque los impuestos no se
pagaron durante el tiempo de la administración (…).” (índice 2 SAMAI - documento
“ED_DRIVETRIB_107_2500023360002021”).

35

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2.2.3 Daño a los derechos convencional y constitucionalmente protegidos

El buen nombre hace referencia a la estima o buena opinión que se forma de una
determinada persona, es decir, el concepto favorable que se tienen los congéneres o
la comunidad de alguien en particular.

En la demanda los actores Carlos Alberto Zúñiga Caballero, Marcela del Socorro
Acosta Moreno, María Fernanda Chaux de Zúñiga, María Fernanda Zúñiga Chaux,
Antonio Zúñiga Chaux, Paola Zúñiga Chaux, Isabela Zúñiga Chaux, Rafael Eduardo
Zúñiga Acosta, David Antonio Zúñiga Acosta, Irasema Lilian Zúñiga Mestre, Andrés
Alberto Zúñiga Mestre y la masa herencial del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero
solicitaron que se reconozca una indemnización por concepto de afectación de los
derechos a la honra y al buen nombre.

En relación con este perjuicio, debe advertirse que la mencionada afectación se
acreditó con los testimonios de las señoras Rosa Victoria Campos35 y Laurín del
Carmen Fonseca36 quienes refirieron que la familia Zúñiga estuvo sometida al
escarnio público, aspecto que de alguna manera es corroborado con la lectura de los
recortes del periódico impreso “El Tiempo” y las noticias publicadas en los portales
electrónicos de Noticias Caracol y de la Presidencia de la República (índice 2 SAMAI
• anexo 25).

En ese contexto la Sala evidencia que el citado trámite de extinción de dominio trajo
como consecuencia la afectación del derecho al buen nombre en el seno de la familia
Zúñiga y de su círculo social o laboral, por esto la Sala encuentra que una forma de
reparar este perjuicio es a través de la rectificación como medida de reparación no
pecuniaria y en tal sentido dispondrá que la Fiscalía General de la Nación exprese
disculpas a la familia Zúñiga Caballero por haber iniciado dicho proceso mediante de
una misiva dirigida a los demandantes.

35
La señora Rosa Victoria Campos quien afirmó ser amiga cercana de la familia Zúñiga relató lo
siguiente: “cuando yo celebré los quince años de la Notaría invité a uno de los señores Zúñiga, estando
en ella llegó otro de los usuarios un doctor que escrituraba en la notaría y cuando se dio cuenta que el
señor Zúñiga estaba me llamó y me dijo ‘¿él no es el señor Zúñiga que fue investigado por extinción de
dominio?’ yo le dije ‘si’ me dijo ‘no yo me tengo que ir porque yo no puedo estar aquí donde esté él’
posteriormente en mi cumpleaños por supuesto también estaban ellos -los Zúñiga- y llegó una amiga
mía que para ese momento ejercía un alto cargo a nivel nacional (…) y duró cinco segundos y se fue,
el irse era insólito cuando indagamos dijo que ella no podía estar en un lugar en el que por una fotografía
pudieran vincularla con la presencia del señor Zúñiga porque era exponerse a un escándalo (…) el solo
hecho de la investigación generó una reticencia por parte de los miembros de la sociedad hacia ellos
(…).” (índice 2 SAMAI - documento “ED_DRIVETRIB_107_2500023360002021”).
36
La señora Laurín del Carmen Fonseca quien afirmó ser contadora de las sociedades, relató lo
siguiente: “se vieron afectados significativamente porque se cerraron muchas puertas sobe todo a nivel
de su reputación y buen nombre (…) ellos son muy conocidos aquí en Santa Marta (…).” (índice 2
SAMAI - documento “ED_DRIVETRIB_107_2500023360002021”).

36

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Apelación sentencia

Se ordenará, en consecuencia, a la Fiscalía General de la Nación que emita un
comunicado en el que se disculpe con las víctimas por el perjuicio causado y reconozca
que los bienes allí afectados no provinieron directa o indirectamente de una actividad
ilícita. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales
debe concertarse con la víctima, los demandantes le informarán a la demandada,
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento
solamente les será entregado en físico o si, además, desean que se publique en las
plataformas de comunicación y difusión de la entidad, y a ello se procederá una vez
así sea comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante este lapso, se
entenderá que las víctimas optan porque las disculpas se expresen de manera privada,
de modo que así se cumplirá perentoriamente.

2.2.4 Alteración de las condiciones de existencia

Sobre la alteración de las condiciones de existencia, los demandantes Carlos Alberto
Zúñiga Caballero, Marcela del Socorro Acosta Moreno, María Fernanda Chaux de
Zúñiga, María Fernanda Zúñiga Chaux, Antonio Zúñiga Chaux, Paola Zúñiga Chaux,
Isabela Zúñiga Chaux, Rafael Eduardo Zúñiga Acosta, David Antonio Zúñiga Acosta,
Irasema Lilian Zúñiga Mestre, Andrés Alberto Zúñiga Mestre y la masa herencial del
señor Antonio Nel Zúñiga Caballero solicitaron que les sea recocido este perjuicio por
“el sufrimiento padecido como consecuencia de la modificación anormal del curso
cotidiano de su vida, de sus ocupaciones, de sus hábitos, el relacionamiento con el
sector comercial en donde se desempeñaba se alteró sustancialmente, así como las
relaciones que mantenía en sociedad y la forma en que desarrollaba su cotidianidad
como empresario, entre otros” (índice 2 SAMAI37).

Sobre el particular la Sala recuerda que, si bien en un principio la Corporación acogió
el concepto de “alteración de las condiciones de existencia” para indemnizar aquellos
eventos en que el daño generaba un cambio o variación en las condiciones
particulares de desenvolvimiento personal o en sociedad de la víctima38, en
pronunciamiento de unificación la Sección Tercera luego de abordar el estudio del
origen de las diversas denominaciones de la tipología del perjuicio inmaterial, señaló
que tratándose de los perjuicios inmateriales estos se encontraban delimitados a tres
categorías: el daño moral, el daño a la salud y daños por afectaciones relevantes a
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados39.

37
Folio 17 del documento “ED_DRIVETRIB_1_250002336000202100”.
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2000, expediente. 11842.
39
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 32988.

37

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Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
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En el presente caso, la Sala encuentra que la mayoría de los daños que se enuncian
como “alteración de las condiciones de existencia”, aparecen inmersos dentro de la
denominación genérica de daño moral, dirigidos al resarcimiento del dolor o afectación
por el trámite de extinción de dominio y la modificación de las condiciones de vida que
genera en los afectados que, sin duda, ocasionaron un padecimiento interno a las
víctimas, pero, que están comprendidos dentro de la segunda de las referidas
tipologías del perjuicio. De tal manera que no resulta viable reconocer por separado
una indemnización por la afectación a las condiciones de vida, pues, es evidente que
la misma conlleva a un dolor moral cuya indemnización está inmersa dentro de esa
caracterización del perjuicio inmaterial.

3. Conclusión

Se declarará la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de
la Nación por el error judicial cometido en la resolución del 17 de marzo de 2016 por
medio de la cual se inició de oficio el trámite de extinción de dominio sobre el
patrimonio de los señores Julio César Zúñiga Caballero, Antonio Nel Zúñiga Caballero
y Carlos Alberto Zúñiga Caballero.

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA40 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP41 se condenará en costas de esta instancia a la Fiscalía General de la Nación.
En los términos del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura42 se fija por concepto de agencias en derecho el
valor de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta
providencia en favor de la parte actora y en detrimento de la Fiscalía General de la
Nación debido a que asistió y participó de forma activa en las actuaciones procesales.

Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del Código
General del Proceso.

40
Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
41
Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código (…).”
42
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Revócase la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la cual queda así:

“PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a
la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a la parte actora
con ocasión del trámite de extinción de dominio iniciado sobre su patrimonio.

SEGUNDO: Como consecuencia, condénese a la Nación - Fiscalía
General de la Nación a pagar, por concepto de indemnización por perjuicios
morales las siguientes sumas:

a) En favor de María Fernanda Chaux de Zúñiga, María Fernanda Zúñiga
Chaux e Isabela Zúñiga Chaux la suma equivalente a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para cada una.

b) En favor de la masa herencial del señor Antonio Nel Zúñiga Caballero la
suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para el efecto se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente
para la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a la familia
Zúñiga Caballero una misiva en la que exprese disculpas a raíz del inicio del
trámite de extinción de dominio de su patrimonio y reconozca que el mismo
no fue producto de actividades ilícitas, conforme a los términos señalados en
esta providencia.

CUARTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

2°) Acéptase la renuncia de poder presentada por la abogada Sonia Pachón Rozo
quien actuaba en nombre y representación de la Sociedad de Activos Especiales
debido a que cumple con el requisito previsto en el inciso 4 del artículo 76 del Código
General del Proceso.

3º) Condénase en costas de segunda instancia a la Fiscalía General de la Nación y
fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a seis (6) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia.

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Expediente 25000-23-36-000-2021-00046-01 (69.157)
Demandante: Carlos Alberto Zúñiga Caballero y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Salva voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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