Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00073-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00073-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00073-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2021-00073-01 (72879)
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI
Demandado: KMC S.A.S. y otros
Proceso: Repetición
ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia en vigencia del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal
aplicable por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL-
Corresponde a la relación de las partes con los hechos que dan causa al litigio. COSA JUZGADA-Exige
identidad de partes, causa y objeto. NON BIS IN IDEM-Prohibición de juzgar dos veces a cualquier persona por
los mismos hechos. VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO ESTATAL-Se ejerce por la entidad
contratante, el supervisor o el interventor. DEMANDA EJECUTIVA-Requiere la presentación de un título
ejecutivo, en los términos del artículo 297 del CPACA. CONDENA EN COSTAS-Procede en repetición porque
no se ventila un interés público. COSTAS-Se imponen porque el recurso de apelación no prosperó.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
El 17 de abril de 2011, César Ariolfo Hernández Leal padeció un accidente vial al
colisionar con una piedra ubicada en la calzada de la vía entre Zipaquirá y Ubaté, lo
cual le provocó la muerte. El 28 de junio de 2018, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo profirió sentencia condenatoria definitiva por estos hechos, en la cual
declaró solidariamente responsables a la Agencia Nacional de Infraestructura y los
integrantes de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros. La decisión
ordenó el pago de perjuicios morales y materiales a los familiares de las víctimas.
La entidad pagó el 50% de la condena indemnizatoria y demandó a los integrantes
Radicación: 25000-23-36-000-2021-00073-01 (72879)
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI
Demandado KMC S.A.S. y otros
Asunto: Repetición
de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros en repetición, al considerar
que su conducta fue gravemente culposa y derivó en la sanción impuesta.
ANTECEDENTES
Demanda
El 4 de marzo de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI presentó
demanda de repetición contra KMC S.A.S., Álvarez y Collins S.A. en liquidación,
Proyectos S.A., GAM Construcciones S.A.S. y Constructora Carlos Collins S.A.,
integrantes de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros, para que se
hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
«PRIMERA. Que se DECLARE solidaria y patrimonialmente responsables a los
integrantes de la UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS, la
cual está conformada por ÁLVAREZ Y COLLINS S.A. identificada con el NIT
890402801-8, KMC S.A.S. identificada con el NIT 800059485-5, PROYECTOS S.A,
identificada con el NIT 890406694-8, GAM CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada
con el NIT 900665878-8 y CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A., identificada
con el NIT 900031253-4, como Agentes del Estado, por la conducta gravemente
culposa, que se encuentra acreditada en el presente caso por la omisión al
cumplimiento de sus obligaciones como particular en ejercicio de función pública a
título de culpa grave, contenidas en el Contrato de Concesión 1161 de 2001, como
Agente del Estado, por la conducta gravemente culposa, que se encuentra
acreditada en el presente caso por la omisión al cumplimiento de sus obligaciones
como particular en ejercicio de función pública a título de culpa grave, contenidas
tanto en la cláusula 27.1.6 del Contrato de Concesión 1161 de 2001, en especial,
aquellas obligaciones de supervisión y control sobre la ejecución del Proyecto, que
generó que la Entidad fuera condenada en el marco del trámite de la demanda en
ejercicio de la Acción de Reparación Directa número 25899333300120130023801,
interpuesta por Josefina Jaimes Martínez y otros, por los perjuicios a ellos
ocasionados, por la muerte del señor César Ariolfo Hernández Leal, como
consecuencia de un accidente de tránsito.
SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE a los
integrantes de la UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS, la
cual está conformada por ÁLVAREZ Y COLLINS S.A. identificada con el NIT
890402801-8, KMC S.A.S. identificada con el NIT 800059485-5, PROYECTOS S.A,
identificada con el NIT 890406694 8, GAM CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada
con el NIT 900665878-8 y CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A., identificada
con el NIT 900031253-4 UNIÓN TEMPORAL CONCESION VIAL LOS
COMUNEROS NIT 806.010.877-9, al pago y/o reembolso correspondiente al valor
total de la condena, por la suma de SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS MCT/E ($ 729.898.535), que le fue impuesta en su contra en el marco del
proceso de reparación directa con el radicado número 25899333300120130023801
formulado por la señora Josefina Jaimes Martínez y otros, el cual se tramitó en
primera instancia ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Zipaquirá y en
segunda instancia ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca; así
como de los intereses que se causen hasta el momento de proferir sentencia.
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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00073-01 (72879)
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI
Demandado KMC S.A.S. y otros
Asunto: Repetición
TERCERA. Que se ORDENE dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos
consagrados en el artículo 192 y s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo»1.
Hechos
La parte demandante narró que, el 27 de diciembre de 2001, el Instituto Nacional
de Vías-Invías y la Unión Temporal Vial Los Comuneros celebraron el contrato de
concesión vial No. 1161 de 2001, por el cual se concesionó el corredor vial
Zipaquirá-Bucaramanga.
El 17 de abril de 2011, César Ariolfo Hernández Leal falleció como consecuencia de
un accidente de tránsito en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, al colisionar con una
piedra que se encontraba en la vía. Por estos hechos, su núcleo familiar interpuso
demanda de reparación directa, el cual concluyó con sentencia de segunda
instancia dictada el 28 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Esta decisión declaró la responsabilidad administrativa y solidaria
de la ANI y los integrantes de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros y
ordenó el pago de perjuicios materiales y morales.
La demanda describió que la parte demandante en reparación directa pactó
transacción con la aseguradora Liberty Seguros S.A. por el valor de $595.876.086,
correspondiente al 50% de la condena impuesta. A su vez, la parte demandante
presentó cuenta de cobro a la ANI –y, posteriormente, un proceso ejecutivo– para
reclamar el 50% restante de la condena. Finalmente, mediante Resolución No. 8705
del 23 de junio de 2020, la ANI dispuso pagar $729.898.535 a la familia afectada.
Luego de pagar su parte de la condena, la ANI demandó a los integrantes de la
Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros. Argumentó que su conducta fue
gravemente culposa, en vista de que el contrato de concesión 1161 de 2001 le
imponía el mantenimiento de las especificaciones técnicas de construcción,
rehabilitación, operación y mejoramiento, conforme a las cláusulas 26.10 y 26.13
del contrato. Dichas obligaciones no se habrían atendido en debida forma y habrían
derivado en la condena impuesta, por cuanto el fallo de reparación directa declaró
la falla del servicio por la falta de señalización y mantenimiento de la vía.
1
Extracto correspondiente al escrito de subsanación de la demanda, visible en Samai del Tribunal, índice 13,
documento «18_RECIBEMEMORIALES_SUBSANADE_ESCRITOSUBSANACION», p. 3.
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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00073-01 (72879)
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI
Demandado KMC S.A.S. y otros
Asunto: Repetición
Además de lo anterior, la ANI explicó que la contratista tiene a su cargo indemnizar
a terceros por los perjuicios que se causen en desarrollo del contrato (cláusula
26.32) y constituir amparo de responsabilidad civil extracontractual para mantener
indemne a la entidad contratante (cláusula 27.1.6).
Por último, la entidad argumentó que la sentencia condenatoria de reparación
directa no tuvo en cuenta las diferencias entre el contrato de obra pública y el
contrato de concesión, comoquiera que el concesionario adelanta la actividad
contractual bajo su propia cuenta y riesgo –artículo 32 de la Ley 80 de 1993–. Es
así que, aunque la ANI tenía a su cargo la administración y vigilancia de los
contratos de concesión, lo anterior no implica que tuviera el deber de ejecutar y
adelantar obras de construcción o mantenimiento de la vía concesionada2.
Contestación de la demanda
Las demandadas KMC S.A.S., Álvarez y Collins S.A. en liquidación y GAM
Construcciones S.A.S. manifestaron que no se acreditó culpa grave ni dolo por su
parte. Explicaron que la ANI en ningún momento consideró el actuar del
concesionario como doloso, negligente o gravemente culposo e, inclusive, acreditó
el cumplimiento total del contrato y de los deberes de señalización y mantenimiento.
A lo largo del trámite contencioso de reparación directa, inclusive, la entidad
contratante expresó que el daño no era atribuible a una falla del servicio sino a la
ola invernal de 2011. Por ende, alegaron que el cambio de postura jurídica de la ANI
atenta contra la buena fe, la confianza legítima y sus actos propios.
En línea con lo anterior, la parte demandada refirió a la liquidación judicial del
contrato adelantada por laudo arbitral del 26 de julio de 2017. Indicó que, dentro de
ese trámite, la ANI jamás manifestó al tribunal de arbitramento que se hubiesen
configurado actuaciones u omisiones del concesionario que le hubieran generado
un daño a la entidad pública. Tampoco dejó salvedades de ningún tipo ni hizo
alusión al proceso de reparación directa que derivó en la condena impuesta.
La contestación remarcó que la demanda no discrimina la conducta puntual de cada
uno de los demandados, a pesar que la figura jurídica de la unión temporal exigía
2
La demanda inicial obra en Samai del Tribunal, índice 1. En vista de que el Tribunal inadmitió la demanda, el
escrito de subsanación obra en el índice 13 siguiente.
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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00073-01 (72879)
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI
Demandado KMC S.A.S. y otros
Asunto: Repetición
ese reproche de manera individualizada frente a sus integrantes. Agregó que la
condena a la ANI no se produjo por causas atribuibles a la unión temporal, sino por
una falta de vigilancia de la entidad –conducta que no se puede trasladar al
concesionario–. Por demás, cuestionó que la entidad no hubiese dirigido la
repetición contra el interventor, a fines de reclamar la ausencia de vigilancia del
contrato –insistiendo que, en todo caso, el interventor certificó el cumplimiento del
contrato de concesión y de sus alcances contractuales–.
En lo relativo al pago, la unión temporal expresó haber formulado reclamación
oportuna a la aseguradora Liberty Seguros S.A. para cubrir su parte de la condena.
Por su parte, la ANI se abstuvo de formular reclamación a la aseguradora, demoró
en pagar y generó intereses adicionales en más de $100.000.0003.
Sentencia de primera instancia
El 13 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda. Explicó que la sentencia
de reparación directa ya había definido el grado de responsabilidad de la
concesionaria Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros por el
incumplimiento de sus deberes frente al mantenimiento de la vía. En ese sentido, la
demanda interpuesta pretende reabrir el debate jurídico sobre la responsabilidad de
la concesionaria, lo cual contraviene la garantía del non bis in idem.
Agregó que la responsabilidad de la ANI se definió por su omisión del deber de
supervisión, la cual no estaba a cargo de la accionada. Por lo tanto, determinó que
no está acreditada la culpa grave de los integrantes de la unión temporal4.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Esgrimió que el Tribunal debía adecuar las pretensiones al medio de
3 Samai del Tribunal, índice 21, documento «35_RECIBEMEMORIALES_ANEXOS_CONTESTACION
GAMKMC». En escrito separado, la parte demandada invocó la excepción previa de transacción, la cual fue
desestimada por el Tribunal en auto del 10 de mayo de 2023 (Samai del Tribunal, índice 23). En la misma
providencia, el Tribunal tuvo por no contestada la demanda por parte de las demandadas Proyectos S.A. en
liquidación y Constructora Carlo Collins S.A. en liquidación.
4 Samai del Tribunal, índice 46. En salvamento de voto, la magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos expresó
que la acción de repetición resultaba improcedente, por cuanto la Unión Temporal Concesión Vial Los
Comuneros ya fue declarada patrimonialmente responsable en el proceso de reparación directa. Por ende, no
había lugar a estudiar el elemento subjetivo de la repetición (Samai del Tribunal, índice 48).
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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00073-01 (72879)
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI
Demandado KMC S.A.S. y otros
Asunto: Repetición
control idóneo para tramitar el recobro del pago realizado por la ANI. En apoyo de
dicho argumento, expresó que la entidad habría efectuado la totalidad del pago de
la condena y se subrogó en la acción del acreedor para reclamar el crédito a los
integrantes de la unión temporal concesionaria por lo pagado a nombre de esta, en
virtud de los artículos 1568 y 1579 del Código Civil. Así, pidió tramitar el asunto bajo
las reglas del proceso ejecutivo. Reiteró que el accidente de tránsito es atribuible a
la concesionaria por infringir sus obligaciones respecto del proyecto vial5.
Trámite de segunda instancia
El 29 de abril de 2025, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y, el 19 de
enero de 2026, el Despacho lo admitió7. Ejecutoriado ese auto, el expediente
ingresó al despacho del Consejero sustanciador para proferir sentencia, conforme
al artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. La parte demandante insistió en los
argumentos presentados en la apelación8. La parte demandada guardó silencio9.
El agente del Ministerio Público conceptuó desfavorable al recurso. Según el
concepto, la acción de repetición es improcedente, por cuanto pretende utilizarse
para reabrir el debate sobre la responsabilidad definida de manera solidaria en fallo
judicial anterior. Agregó que, según jurisprudencia de la Corporación, este
mecanismo tampoco sirve para determinar la proporción en la que deben responder
los deudores solidarios. Además, resaltó que la unión temporal accionada pagó
oportunamente el valor proporcional a su cargo.
Ahora bien, en aplicación de un criterio "amplio", el agente dictaminó que no está
demostrada la responsabilidad subjetiva de los demandados, por cuanto la sola
sentencia condenatoria en reparación directa no constituye prueba de dicho factor10.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 4 de marzo de 2021, por ello, el régimen procesal
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
5 Samai del Tribunal, índice 51.
6 Samai del Tribunal índice 52.
7 Samai, índice 3.
8 Samai, índice 9.
9
Samai, índice 11.
10 Samai, índice 10.
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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00073-01 (72879)
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Asunto: Repetición
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA11, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código12, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2. En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los
hechos que produjeron la condena ocurrieron el 17 de abril de 2011, fecha en que
murió César Ariolfo Hernández Leal. Por ende, son aplicables las disposiciones de
la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario
Oficial nº. 44.509 del 4 de agosto de 2001.
En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN
y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello,
los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por
ella13. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y
finalidades de este medio de control, sino que estableció unas presunciones legales
para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor
público –artículos 5° y 6°–, que admiten prueba en contrario de conformidad con el
artículo 66 del Código Civil14.
Presupuestos procesales
11 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
12 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006 [fundamento
jurídico 2.2].
14 «Artículo 66. Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas. (…) Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que
legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos
que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. (…) Si una
cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria,
supuestos los antecedentes o circunstancias».
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Radicación: 25000-23-36-000-2021-00073-01 (72879)
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Jurisdicción y competencia
3. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de
repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del
CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP15, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor
de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo
152.11 del CPACA16, esto es, $454.263.00017. Al verificar el factor subjetivo de
competencia, la calidad de los demandados no es de aquellas que corresponderían
al Consejo de Estado en única instancia –artículo 149.13 del CPACA–18.
4. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de los
demás presupuestos procesales, atendiendo la controversia planteada en el recurso
de apelación, por las razones que se pasarán a explicar.
Problema jurídico
5. Corresponde a la Sala determinar: (i) si los integrantes de la Unión Temporal
Concesión Vial Los Comuneros están legitimados en la causa por pasiva para
responder por el deber de vigilancia y control a cargo de la ANI, (ii) si el medio de
15 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
16 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 11. De la repetición que el Estado
ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas,
incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia […]».
17 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2021, $908.526, por 500.
18 «Artículo 149. El Consejo de Estado (…) conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 13. De
la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y
Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales
administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y
entidades del orden nacional […]».
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control de repetición procede para evaluar la responsabilidad de los integrantes de
la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros –quienes ya habían sido
condenados solidariamente en sede de reparación directa– por incurrir en culpa
grave en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y (iii) si es procedente
adecuar el medio de control de repetición al proceso ejecutivo, según lo planteado
en el recurso de apelación de la parte demandante.
Análisis de la Sala
6. De manera previa al análisis de los presupuestos procesales, la Sala se detiene
en la controversia propuesta. En este caso, la Agencia Nacional de Infraestructura-
ANI pretende repetir en contra de KMC S.A.S., Álvarez y Collins S.A. en liquidación,
Proyectos S.A., GAM Construcciones S.A.S. y Constructora Carlos Collins S.A.,
integrantes de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros. Alega que los
demandados incurrieron en culpa grave con ocasión de la ejecución de sus
obligaciones contractuales de mantener las especificaciones técnicas de
construcción, rehabilitación, operación y mejoramiento del corredor vial Zipaquirá-
Bucaramanga, lo cual produjo la muerte de César Ariolfo Hernández Leal y la
posterior declaratoria de responsabilidad de la entidad accionante.
La sentencia de primera instancia desestimó las pretensiones de la demanda, al
advertir que la sentencia condenatoria determinó la responsabilidad solidaria de la
ANI y de los integrantes de la unión temporal. Por otra parte, la decisión anotó que
el deber de vigilancia y control de la actividad contractual a cargo de la ANI no era
transferible a los contratistas. En la apelación, la ANI esgrimió que el medio de
control debió adecuarse al proceso ejecutivo para hacer efectiva la condena
impuesta a la entidad, en vista de que efectuó el pago de la condena y se subrogó
totalmente en la posición del acreedor. Además, insistió en que los concesionarios
son los únicos responsables de la muerte del señor Hernández Leal por el
incumplimiento de sus deberes contractuales.
La Sala estudiará el asunto de conformidad con los artículos 320 y 328 del CGP 19,
es decir, en los puntos del recurso de la parte demandante y, sobre todo, en los que
19 «Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. […] Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
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Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI
Demandado KMC S.A.S. y otros
Asunto: Repetición
tiene interés para recurrir. Así las cosas, la Sala abordará el medio de control
procedente y la legitimación en la causa de las partes, así como la inmutabilidad de
la sentencia condenatoria de reparación directa, al tenor del artículo 282 del CGP20
y atendiendo a su relación inescindible con la controversia de la segunda instancia.
Medio de control procedente
7. La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya
conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo
vinculado al proceso respectivo, o del particular que estuviere investido de una
función pública (art. 90 de la Constitución, art. 142 del CPACA e inciso 1º del art. 2
de la Ley 678 de 2001).
El parágrafo primero del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 señala que, para efectos
de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran
particulares que cumplen funciones públicas en lo concerniente a la celebración,
ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales.
Legitimación en la causa
8. La legitimación en la causa formal o de hecho coincide con la relación jurídico-
procesal que se entabla entre las partes de un proceso judicial, como producto de
la formulación de la demanda y la atribución de una conducta a la demandada, que
se perfecciona al notificarse el auto admisorio de la demanda; la legitimación en la
causa material se remite a examinar la participación real de las partes en los hechos
que dan causa al litigio21.
9. El artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 71».
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […] El juez no podrá hacer más
desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella».
20 «Artículo 282. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una
excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad
relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda (…)».
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2024, rad. 67.856.
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2001, establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió
un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor
o exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición.
Según la jurisprudencia, esta habilitación constitucional y legal implica que el Estado
reclama a su agente o exagente, por vía de acción de repetición, en virtud de un
deber-derecho para que se declare responsable al sujeto que, por su actuar doloso
o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico y por el cual el Estado ha
respondido. Se encamina, además, a la protección directa del patrimonio y de la
moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública. Así
las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el
derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el
desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado22.
Sobre la autonomía de esta acción y de la legitimación del Estado para hacer uso
de este mecanismo, la Corporación ha señalado:
«De otra parte, considerando la autonomía de la acción de repetición, se debe tener
en cuenta que su ejercicio -por parte de las entidades públicas- no se fundamenta
en la figura jurídica de la subrogación, como se ha señalado, debido a que el Estado
no requiere para su interposición sustituir a la víctima indemnizada, pues ejercita un
derecho primigenio, otorgado directamente por la Constitución. Esta autonomía que
se predica de la acción de repetición debe entenderse conforme a lo dispuesto en
el artículo 90 Constitucional, norma que creó un mecanismo procesal netamente
independiente, esto en razón a que no existe otra clase de acción que la reemplace
en sus cometidos. Pero, así mismo, debe considerarse que su procedencia requiere
la condena judicial previa en contra de la entidad pública, y la prueba del pago de la
indemnización respectiva, estableciéndose -ambos- como requisitos de
procedibilidad, que podrán -incluso aportarse al proceso en la etapa probatoria.
Cabe advertir que en virtud de esta última situación no puede caracterizarse la
acción de repetición como “subsidiaria”, pues la norma Constitucional creó un
mecanismo procesal verdaderamente autónomo, y no accesorio a otra acción o
proceso, sólo que condicionó su procedencia al cumplimiento de ciertos
requisitos»23.
Al estudiar este presupuesto, la Sala no limitará su análisis a una verificación de los
requisitos formales para que las partes comparezcan a un proceso de repetición
(v.gr. que la accionante sea una entidad pública y el demandado sea un servidor o
exservidor público). El objeto del litigio exige verificar si los integrantes de la unión
temporal demandada están materialmente legitimados para responder por la
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017, Rad. 42606. Ver
también: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Rad. 16335.
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condena impuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura24.
Cosa juzgada
10. De acuerdo con el artículo 303 del CGP, «[l]a sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes. (…)».
Esta Corporación ha definido que esta figura:
«(...) hace referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han
adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos
ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la
adopción de una nueva providencia»25.
En particular, en palabras de esta Sección:
«El efecto obligatorio de la cosa juzgada que la ley le imprime a las sentencias que
se encuentran en firme entraña que éstas vinculan con carácter inmutable y
definitivo. Ello quiere decir que se torna imposible que el asunto sub examine sea
materia de una nueva decisión. La consecuencia de este fenómeno es que dota de
certeza a las relaciones jurídicas con el propósito de poner fin a las controversias
puestas a consideración de los jueces. La cosa juzgada le otorga seguridad,
estabilidad y certeza a la relación sustancial sobre la que versa la decisión contenida
en la sentencia, a la vez que prohíbe volver sobre lo ya resuelto»26.
Así, para que haya lugar a su declaratoria, es preciso que se reúnan los siguientes
presupuestos: (i) identidad de objeto-eadem res, esto es, que entre la acción que se
tramita y la que ya se juzgó exista el mismo objeto (qué se litiga), esto es, que el
petitum coincida con el del otro proceso ya decidido27; (ii) identidad de causa-eadem
24 La legitimación en la causa formal o de hecho coincide con la relación jurídico-procesal que se entabla entre
las partes de un proceso judicial, como producto de la formulación de la demanda y la atribución de una conducta
a la demandada, que se perfecciona al notificarse el auto admisorio de la demanda; la legitimación en la causa
material se remite a examinar la participación real de las partes en los hechos que dan causa al litigio. Ver:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2024, rad. 67.856.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 5 de marzo de
2009. Rad: 11001-03-24-000-2004-00262-01. Reiterada en las sentencias de la Sección Tercera del 24 de
marzo de 2011, Exp: 34396; del 24 de mayo de 2012, Exp: 23221; y del 26 de junio de 2014, Exp: 36220.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de
2024. Exp: 44548.
27 En sentencias C-774 de 2001 y T-534 de 2015, la Corte Constitucional estableció que la identidad de objeto
también se presenta «cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre
una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente». Por ende, la identidad de objeto no
solo debe verificarse a partir de las pretensiones formuladas en uno u otro trámite, sino también frente a los
efectos que la decisión judicial en firme produjo respecto de la relación jurídica sometida a litigio.
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causa petendi, vale decir, que se funde en la misma causa (el porqué del litigio),
esto es, el mismo hecho jurídico que sirve de motivo o fundamento a la pretensión28;
y (iii) identidad de partes-eadem conditio personarum: que entre ambos procesos
haya identidad jurídica entre las partes, o lo que es igual, que se trate de los mismos
sujetos que comparecieron al proceso anterior29-30.
11. Los efectos de la cosa juzgada en materia contenciosa, de cara al medio de
control de repetición, merecen un mayor análisis. Ciertamente no puede señalarse
que exista identidad estricta de objeto entre los medios de control de reparación
directa, nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales y
repetición; cada uno de estos se orienta a declaraciones distintas en el ámbito de la
responsabilidad patrimonial del Estado.
Con todo, la Corporación ha establecido que el fenómeno de la cosa juzgada opera
frente a aquellos servidores públicos que hubieran sido vinculados al proceso de
definición de responsabilidad del Estado y frente a los cuales se haya decidido sobre
la responsabilidad individual del agente31. Tal postura, además, guarda
28 La Corte Suprema de Justicia ha precisado que la identidad de causa no requiere que los hechos y
pretensiones de las demandas cotejadas sea idéntico, por cuanto «(…) lo fundamental es que el núcleo de la
causa petendi, del objeto y de las pretensiones de ambos procesos evidencien tal identidad esencial que permita
inferir al fallador que la segunda acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a revivir un
proceso legal y definitivamente fenecido». Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia
SL611-2025 del 5 de marzo de 2025, rad. 05001-31-05-013-2016-00515-01.
29 La Corte Suprema de Justicia ha explicado que la identidad de partes encuentra fundamento en el principio
de relatividad de las sentencias, «según el cual por regla general la fuerza obligatoria de un fallo judicial se limita
a las personas que han intervenido como partes en el proceso en que se profiere. Por lo consiguiente, en
principio quienes no han sido partes en este no son afectados por la sentencia, y pueden proclamarse ajenos a
esta según la máxima latina res inter alios iudicata, aliis neque prodesse neque nocere potest». Más adelante,
el alto tribunal señala que este elemento de la cosa juzgada refiere a: «la posición o situación jurídica de la
parte, rectius, titular del interés asignado por el derecho, ab origine o ab posteriore, comprendiendo hipótesis
de adquisición originaria y derivativa, traslaticia o constitutiva y presupone la concurrencia al proceso del titular
del derecho debatido, relación, situación o posición jurídica para deducir una pretensión frente a alguien,
contemplándose los extremos de la relación procesal, esto es, el titular de la pretensión (parte activa o
demandante) y vinculado a ésta (parte pasiva o demandada) o, lo que es igual, la coincidencia de los titulares
de la relación jurídica sustancial y procesal debatida en juicio». Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia SC1627-2025 del 15 de julio de 2025, rad. 25290-31-03-002-2017-00346-01.
En otra decisión, la Corte Suprema de Justicia explicó que la identidad jurídica de las partes no depende del
extremo procesal en que estas hubieren intervenido en uno u otro litigio: «En efecto, el pago por consignación,
que el Tribunal adujo como refuerzo de su decisión, se·debatió entre las mismas partes del proceso ordinario,
ocupando la demandante la posición de demandada y la parte demandada la de demandante, circunstancia
que, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte, no desvirtúa la identidad jurídica entre las partes». Ver:
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de octubre de 1981, G.J. CLXVI No. 2407,
p. 599-609.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de agosto de 2014. Rad.
11001-03-15-000-2013-00776-00.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de diciembre de 2025, rad. 72068. Ver
también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de julio de 2018, rad. 37439;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de mayo de 2017, rad. 55776, y Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de julio de 2025, rad. 72685.
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concordancia con la prohibición prevista en el artículo 29 constitucional de juzgar a
cualquier persona dos veces por el mismo hecho –non bis in idem–32.
Aunque esta vinculación suele operar en virtud del llamamiento en garantía con
fines de repetición –la cual, conforme al inciso segundo del artículo 2 de la Ley 678
de 2001, cumple «los mismos fines de la acción de repetición»–, ello puede ocurrir
sin necesidad de dicho llamamiento en garantía; bien sea porque el funcionario
también sea demandado en el proceso de responsabilidad original o porque el
operador judicial lo vincule oficiosamente a efectos de integrar el contradictorio33.
Caso concreto
12. Conforme a los documentos aportados al expediente, se tiene probado que:
12.1. El 6 de noviembre de 2001, las sociedades Concesión Vial de Cartagena
S.A., Valores y Contratos S.A. y Álvarez y Collins S.A. constituyeron la Unión
Temporal Concesión Vial los Comuneros, con el fin de presentar propuesta al
Instituto Nacional de Vías-Invías para el contrato de concesión de «construcción,
rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Zipaquirá-Bucaramanga
(Palenque)»34.
12.2. El 27 de diciembre de 2001, el Invías y la Unión Temporal Concesión Vial
Los Comuneros suscribieron el contrato de concesión No. 1161 de 2001, de
«construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto denominado
“Zipaquirá-Bucaramanga (Palenque)”»35.
32 La jurisprudencia ha precisado que la prohibición del non bis in idem «no implica considerar que por un mismo
hecho no se puedan infligir varias sanciones, de distinta naturaleza», atendiendo a que un mismo hecho puede
producir responsabilidades de índole patrimonial, disciplinaria, penal o fiscal, lo cual puede ser investigado bajo
jurisdicciones o regímenes sancionadores distintos. No obstante, dicha prohibición constitucional opera frente
a sanciones de una misma naturaleza. Ver: Corte Constitucional, sentencia C-870 de 2002, y Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de marzo de 2002, rad. 25000-23-24-000-1999-00228-01(5863).
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2011, rad. 34396; en este
asunto, la funcionaria demandada en repetición fue vinculada al proceso originario de nulidad y reparación
directa en virtud de una pretensión subsidiaria de la demanda.
34. Samai del Tribunal, índice 21, carpetas «33_RECIBEMEMORIALES_ANEXOS_03PRUEBAS20220307» y
«03- PRUEBAS», documento «5. Constitucion UT comuneros».
35. Samai del Tribunal, índice 1, documento «7ANEXOSPARTE1», p. 45-142. Los adicionales Nos. 1 a 13 obran
en p. 1-41. El pliego de condiciones y sus respectivos anexos obran en p. 145-336. En atención a que el artículo
18 del Decreto 1800 de 2003 preveía la cesión a título gratuito de los contratos de concesión celebrados por el
Invías al Instituto Nacional de Concesiones-Inco, dicha cesión se efectuó mediante Resolución No. 3314 del 4
de septiembre de 2003. Este acto no obra en el expediente, pero fue descrito por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia del 28 de junio de 2018 (Samai del Tribunal, índice 21, carpetas «33_RECIBE
MEMORIALES_ANEXOS_03PRUEBAS20220307» y «03- PRUEBAS», documento «22. Sentencia Tribunal»).
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12.3. En Resolución No. 072 del 25 de enero de 2006, el Instituto Nacional de
Concesiones-INCO autorizó a la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros la
cesión parcial de la participación de Valores y Contratos S.A. en favor de KMC
Ingenieros Ltda., en partes iguales36.
12.4. En oficio No. 20093050072631 del 19 de junio de 2009, el INCO autorizó a
la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros la cesión de la participación de
la Concesión Vial de Cartagena S.A. a favor de las sociedades Proyectos S.A., KMC
Ingenieros Ltda., Constructora Carlos Collins S.A. y la Promotora Montecarlo Vías
S.A37.
12.5. El 1 de abril de 2012, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Unión
Temporal Concesión Vial Los Comuneros firmaron el acta de reversión y entrega de
la infraestructura y bienes destinados al contrato de concesión No. 1161 de 200138.
12.6. El 19 de enero de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá
profirió sentencia dentro del expediente No. 2013-00238-00, correspondiente al
medio de control de reparación directa instaurado por Josefina Jaimes Martínez y
otros contra el Invías y otros para reclamar los perjuicios causados por la muerte de
César Ariolfo Hernández Leal con motivo de un accidente de tránsito en la vía
Zipaquirá-Ubaté. El fallo declaró probada la culpa exclusiva de la víctima y negó las
pretensiones de la demanda39.
12.7. El 28 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia dentro del expediente No. 2013-00238-01, que resolvió el recurso de
apelación formulado por la parte demandante contra la decisión desestimatoria del
19 de enero de 2017. El ad quem revocó la decisión y, en su lugar, declaró la
responsabilidad solidaria de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y de los
integrantes de la Unión Temporal Vial Los Comuneros40.
El Tribunal advirtió que, para la fecha de la muerte del señor Hernández Leal –17
de abril de 2011–, no se había demostrado la realización de labores de limpieza y
36. Samai del Tribunal, índice 21, carpetas «33_RECIBEMEMORIALES_ANEXOS_03PRUEBAS20220307» y
«03- PRUEBAS», documento «6. RESOLUCION 072 DE 25 DE ENERO DE 2006».
37. Ibidem, documento «7. Autorizacion cesion participacion».
38. Ibidem, documento «4. Acta de Reversión y entrega Corredor Vial».
39
. Ibidem, documento «18. Sentencia 1era Instancia 2013-00238».
40. Ibidem, documento «22. Sentencia Tribunal».
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despeje del sector. Indicó que el concesionario tenía conocimiento de derrumbes
frecuentes que se venían presentando en el sector, como consecuencia de la ola
invernal de 2011, lo cual ameritaba un mantenimiento diario de la vía. Descartó la
culpa exclusiva de la víctima, porque no estaba demostrada una impericia o
infracción de normas de tránsito que hubiera dado lugar al insuceso.
Por lo tanto, determinó que las accionadas incurrieron en falla del servicio, así: la
Unión Temporal desatendió «la obligación de mantener en adecuadas condiciones
de transitabilidad la vía en la cual se produjo el accidente», y la ANI desconoció «la
obligación de vigilancia y control sobre el contrato de concesión» 41. De igual
manera, el Tribunal advirtió que la Unión Temporal había llamado en garantía a la
aseguradora Liberty Seguros S.A., con fundamento en la póliza de responsabilidad
civil extracontractual No. LB 328295, y encontró procedente afectar la póliza hasta
el límite del valor asegurado. Así, la sentencia de segunda instancia formuló las
siguientes declaraciones:
«TERCERO: DECLARAR administrativa y solidariamente responsables a la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI, y las sociedades: KMC S.A.S., Proyectos S.A.,
Constructora Carlos Collins S.A., Constructora Montecarlo Vías S.A.S. y Álvarez y
Collins S.A., integrantes de la Unión Temporal Vial Los Comuneros, por la muerte
del señor Cesar Ariolfo Hernández Leal, que ocurrió con motivo del accidente de
tránsito del 17 de abril de 2011, en la vía que conduce del Municipio de Zipaquirá al
Municipio de Ubaté.
CUARTO: CONDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura y a los integrantes
de la Unión Temporal Vial Los Comuneros, al pago de las siguientes sumas de
dinero a título de lucro cesante consolidado y futuro:
Demandante Calidad Indemnización lucro cesante consolidado
y futuro
Josefina Jaimes Esposa Trescientos sesenta y cuatro millones
Martínez doscientos cincuenta y dos mil trescientos
cincuenta y tres pesos ($364.252.353)
Cindy Milena Hija Trece millones cuatrocientos veinte mil
Hernández Jaimes trecientos cuarenta y dos pesos ($13.420.342)
Jennifer Lizeth Hija Treinta y cinco millones ciento seis mil
Hernández Jaimes quinientos setenta y un pesos ($35.106.571)
Ana María Hija Ciento sesenta y tres millones ciento catorce
Hernández Jaimes mil ochocientos noventa y siete pesos
($163.114.897)
QUINTO: CONDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura y a los integrantes
de la Unión Temporal Vial Los Comuneros, al pago de los siguientes valores
expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de perjuicios
morales, así:
41. Ibidem, p. 22.
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Demandante Calidad SMLMV
Josefina Jaimes Martinez Esposa de la víctima Cien (100)
Ana María Hernández Jaimes Hija de la victima Cien (100)
Cindy Milena Hernández Jaimes Hija de la victima Cien (100)
Jennifer Lizeth Hernández Jaimes Hija de la victima Cien (100)
Jerónimo Hernández Hernáńdez Padre de la víctima Cien (100)
Jairo Teocrito Hernández Leal Hermano de la víctima Cincuenta (50)
Eduar Osvaldo Hernández Leal Hermano de la victima Cincuenta (50)
Juan de Jesús Hernández Leal Hermano de la victima Cincuenta (50)
Pablo Antonio Hernández Leal Hermano de la victima Cincuenta (50)
SEXTO: CONDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y a los
integrantes de la Unión Temporal Vial Los Comuneros, al pago a favor de los
demandantes de la suma correspondiente a cuatro millones setecientos veinte mil
ochocientos setenta y tres pesos ($4.720.873), a título de daño emergente.
SÉPTIMO: CONDENAR a la aseguradora Liberty Seguros S.A., a pagar las sumas
de dinero que por virtud de esta sentencia, deben pagar Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI y los integrantes de la la Unión Temporal Vial Los Comuneros,
hasta el límite del valor asegurado en la póliza No. LB 328295 del 14 de octubre de
2010, teniendo en cuenta el deducible pactado y las afectaciones que hubiere
presentado la misma»42.
12.8. Mediante laudo arbitral del 26 de julio de 2017, el Tribunal de Arbitramento
de Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros contra la Agencia Nacional de
Infraestructura liquidó judicialmente el contrato de concesión No. 1161 de 200143.
12.9. El 26 de septiembre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo de
Zipaquirá libró mandamiento de pago a favor de Josefina Jaimes Martínez y otros y
en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura, en atención a la demanda
ejecutiva presentada para hacer efectiva la condena impuesta en sentencia del 28
de junio de 2018, rad. 2013-00238. Los ordinales primero a séptimo del auto libraron
mandamiento de pago sobre el 50% de todos los conceptos condenatorios 44.
12.10. El 29 de enero de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá
ordenó seguir adelante con la ejecución, en vista de que la excepción formulada por
la parte demandada fue rechazada de plano. Por ende, ordenó el remate y avalúo
de los bienes embargados, así como practicar la liquidación del crédito. De igual
modo, se liquidó en costas a la parte demandada por $24.500.00045.
42. Ibidem, p. 31-32.
43. Samai del Tribunal, índice 21, carpetas «33_RECIBEMEMORIALES_ANEXOS_03PRUEBAS20220307» y
«03- PRUEBAS», documento «8. LAUDO COMUNEROS VS. ANI DEF con aclaracion de voto.».
44. Samai del Tribunal, índice 1, documento «8ANEXOSPARTE2», p. 32-37; por su extensión, la Sala se
abstiene de transcribir la totalidad del documento y se limita al parafraseo de la información pertinente.
45
. Ibidem, p. 45; la liquidación del crédito fue allegada por la parte ejecutante en memorial del 26 de febrero de
2020, obrante en p. 24-27.
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12.11. En Resolución No. 20201010008705 del 23 de junio de 2020, la ANI ordenó
el pago de la condena impuesta a favor de Josefina Jaimes Martínez y otros por la
muerte de César Ariolfo Hernández Leal.
La parte motiva del acto mencionó que, el 10 de septiembre de 2019, el apoderado
de los beneficiarios presentó un contrato de transacción celebrado con Liberty
Seguros S.A., «en donde acordaron que dicha Sociedad cancelaría el valor
$595.876.086,oo, correspondiente a 50% de la condena impuesta», así como un
comprobante de transferencia bancaria del 29 de agosto de 2019, por el valor
referido. En renglón seguido, mencionó que los demandantes adelantaron un
proceso ejecutivo para reclamar el 50% restante, así como las actuaciones surtidas
en ese trámite.
Al efectuar la liquidación de la condena impuesta, la ANI calculó el valor total y el
50% correspondiente a la entidad. Dicha estimación arrojó que el total de la condena
a cargo de la ANI correspondía a $563.742.218. Se obtuvo una suma adicional de
intereses por $141.656.317, para un total de $729.898.53546.
12.12. El 24 de junio de 2020, se emitió orden de pago presupuestal No. 163034620
por valor de $729.904.044, proveniente de la ANI y dirigido a la Rama Judicial, bajo
cuenta bancaria corriente de Bancolombia No. 18815273624, en cumplimiento de
la Resolución 8705 de 202047.
Los escritos referidos son documentos públicos, porque fueron otorgados por
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con su intervención. También
gozan de presunción de autenticidad, por cuanto no fueron controvertidos ni
tachados de falso. Estos documentos, en su conjunto, acreditan (i) el vínculo
contractual entre la ANI y la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros,
integrada por los aquí demandados, (ii) la condena impuesta en sede de reparación
directa a la ANI y los integrantes de la unión temporal referida, y (iii) la reclamación
y pago de la condena impuesta a la ANI, sobre el 50% del monto total.
13. En la contestación, la parte demandada aportó una serie de comunicaciones
entre la ANI y la Unión Temporal Vial Los Comuneros. Son las siguientes:
46
. Ibidem, p. 105-115.
47. Ibidem, p. 85.
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13.1. Cadena de correos del 19 de diciembre de 2017, entre las 10:13 y 10:32 a.m.,
entre Diana Gómez –a nombre de los concesionarios, conforme a su buzón de
correo48– y Liliana Marcela Poveda Buendía –funcionaria de la ANI49–, en el cual
Diana Gómez informó «sentencia de Fabio Martínez, confirma segunda instancia
condena». Ante ello, Liliana Poveda preguntó: «Uds pagan su parte? O cómo
coordinamos? (sic)», a lo cual Diana Gómez respondió: «Sí (…) como la vez
pasada… yo pago mi parte»50.
13.2. Cadena de correos enviados entre el 28 de septiembre de 2018, a las 4:52
p.m., y el 1 de octubre de 2018, a las 10:42 a.m., entre Diana Gómez, Liliana
Marcela Poveda Buendía y Diana Lorena Quiñonez Bohórquez –abogada de la
ANI51–. El 28 de septiembre, Diana Gómez informó que «revocaron y condenaron
en Josefina Jaimes», ante lo cual Diana Quiñonez remitió copia del fallo
condenatorio. El 1 de octubre siguiente, Diana Gómez indicó lo siguiente: «voy a
mandar esta sentencia a Liberty para saber cuánto sería el alcance asegurado por
parte de ellos de forma tal que podamos calcular lo que asumiría la ANI y lo que
asumiríamos nosotros».
13.3. Cadena de correos entre Diana Gómez, Liliana Marcela Poveda Buendía y
Diana Lorena Quiñonez Bohórquez. Los dos primeros correos corresponden a las
comunicaciones surtidas el 28 de septiembre de 2018, en referencia a la condena
dictada a favor de Josefina Jaimes [párrafo 13.2]. El 18 de octubre de 2018, a las
10:11 a.m., Diana Gómez manifestó que la Unión Temporal y la aseguradora
interpondrían una tutela y consultó si «quieren coadyuvar». Diana Quiñonez expresó
que, en caso de ser vinculados, coadyuvarían la solicitud.
Estos documentos de carácter privado son auténticos, porque existe certeza sobre
las personas que lo han elaborado y no fueron tachados de falso ni desconocidos
en el proceso. En vista de que se aportaron como mensajes de datos, estos reúnen
los requisitos previstos en los artículos 11 y 12 de la Ley 527 de 1999 para ser
48. dianagomez@concesionvialloscomuneros.com. De igual modo, se advierte que Diana Gómez es apoderada
de la parte demandada en el asunto de la referencia.
49. Según la firma de su correo, que la refiere como «experto G3 grado 7» del grupo de Defensa Judicial de la
Vicepresidencia Jurídica de la entidad, así como su buzón de correo: lpoveda@ani.gov.co.
50. Samai del Tribunal, índice 21, carpetas «33_RECIBEMEMORIALES_ANEXOS_03PRUEBAS20220307» y
«03- PRUEBAS», documento «25. RE SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA FABIO MARTINEZ».
51
. Según la firma de su correo, que la refiere como «abogado» del grupo de Defensa Judicial de la
Vicepresidencia Jurídica de la entidad, así como su buzón de correo: dquinonez@ani.gov.co.
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tenidos en cuenta en este proceso52, por cuanto fueron aportados como mensajes
de correo electrónico –formato .msg–53 que otorgan confiabilidad en la forma de
archivo del mensaje, conservación de la información contenida e identificación de
los buzones de correo iniciadores y receptores.
14. De manera preliminar, la Sala encuentra que a los integrantes de la Unión
Temporal Vial Los Comuneros no les era exigible el cumplimiento de los deberes de
vigilancia y control a cargo de la ANI frente al contrato de concesión No. 1161 de
2001, de modo que no se encuentran legitimados en la causa por pasiva para
atender ese reparo jurídico.
El numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone a la entidad concedente
el control y vigilancia de los contratos de concesión que suscriba. Conforme al inciso
segundo del artículo 12 del mismo cuerpo normativo: «en ningún caso, los jefes y
representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud
de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual
y contractual». Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011
faculta a las entidades públicas a ejercer su rol de vigilancia a través del supervisor
o interventor del contrato54.
En modo alguno resultaba procedente trasladar la obligación de vigilancia y control
del contrato al contratista o concesionario, por cuanto tales funciones están
52. «Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de la fuerza
probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica
y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de
tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje,
la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se
identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.
Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley requiera que ciertos
documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta.
2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o
recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada,
enviada o recibida, y
3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el destino del mensaje,
la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento. (…) No estará sujeta a
la obligación de conservación, la información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción de los
mensajes de datos (…)».
Esta disposición es concordante con los artículos 216 del CPACA y 247 del CGP. En el mismo sentido, ver:
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura No. 26, sentencia del 28 de marzo de
2025, rad. 11001-03-15-000-2024-01322-00 [fundamento jurídico 9].
53. El inciso a) del artículo 2 de la Ley 527 de 1999 define, como mensaje de datos: «La información generada,
enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser,
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax» (se destaca).
54 Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, concepto C-293 del 5 de abril de 2026.
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asignadas expresamente por la Ley a la entidad pública y a otros intervinientes en
la actividad contractual. Por lo tanto, no es viable que la ANI formule demanda de
repetición para que los concesionarios restituyan lo pagado por el incumplimiento
de su deber de vigilancia y control frente al contrato de concesión No. 1161 de 2001.
15. Aclarado lo anterior, la Sala procede a efectuar un análisis comparativo entre la
sentencia del 28 de junio de 2018, que declaró la responsabilidad extracontractual
y solidaria de la ANI y los integrantes de la Unión Temporal Vial Los Comuneros, y
la demanda de repetición de la referencia.
Se advierte que tanto la ANI como los integrantes de la Unión Temporal Vial Los
Comuneros hicieron parte del proceso de reparación directa –en el cual ambos
integraron el extremo pasivo–, así como del proceso de repetición –incoado por la
ANI en contra de los concesionarios–, lo cual evidencia la identidad de partes.
Del mismo modo, la Sala estima que en ambos asuntos se presenta identidad de
causa: si bien la demanda de repetición se fundamenta en la condena impuesta por
la sentencia del 28 de junio de 2018, ambas controversias tienen origen fáctico en
la muerte de César Ariolfo Hernández Leal por un accidente vial en la vía entre
Zipaquirá y Ubaté, de la cual se desprende la responsabilidad del Estado.
Lo atinente a la identidad de objeto exige mayor precisión. Recuérdese que, en esta
controversia, la ANI pretende repetir en contra de los concesionarios por la suma
que le correspondió asumir en virtud de la condena impuesta por la jurisdicción
contenciosa en sentencia del 28 de junio de 2018. Esta pretensión es materialmente
distinta a la analizada en sede de reparación directa, por cuanto ahí no se pretendía
estudiar si era procedente la acción de reintegro a favor de la entidad pública, sino
el grado de participación de ambas demandadas en la generación del daño
antijurídico sufrido por el núcleo familiar del señor Hernández Leal.
Al margen de lo anterior, ambas controversias presentan identidad en un aspecto
específico del litigio: la sentencia del 28 de junio de 2018 determinó que la unión
temporal incurrió en falla del servicio por desatender sus obligaciones contractuales
de «mantener en adecuadas condiciones de transitabilidad la vía en la cual se
produjo el accidente» y la condenó in solidum, mientras que la demanda de
repetición pretende la responsabilidad patrimonial de los concesionarios «por la
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omisión al cumplimiento de sus obligaciones como particular en ejercicio de función
pública a título de culpa grave, contenidas en el Contrato de Concesión 1161 de
2001», alegando que la condena impuesta sería atribuible exclusivamente a la
omisión de estos deberes contractuales.
En este punto, la Sala advierte la configuración de la cosa juzgada parcial, por
cuanto la responsabilidad extracontractual de los integrantes de la Unión Temporal
Vial Los Comuneros por el incumplimiento de su deber de mantenimiento de la vía
ya fue estudiada en sede de reparación directa. Además de ello, la decisión
determinó que la ANI es solidariamente responsable por incumplir «la obligación de
vigilancia y control sobre el contrato de concesión».
Resulta improcedente que el medio de control de repetición se emplee para
reevaluar la responsabilidad solidaria decretada en el fallo condenatorio al Estado
–en especial, para estudiar nuevamente la falla del servicio por omisión del deber
de mantenimiento que dio lugar a esa decisión–. Además, una decisión en tal
sentido desconocería la inmutabilidad de la sentencia dictada el 28 de junio de 2018
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como la prohibición de juzgar
a los concesionarios dos veces para analizar su responsabilidad extracontractual
por la muerte de César Ariolfo Hernández Leal –non bis in idem–.
Visto lo anterior, la cosa juzgada parcial releva a la Sala del deber de estudiar la
responsabilidad solidaria decretada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Además de ello, la jurisprudencia ha determinado que la repetición
no procede para determinar la proporción en que los deudores solidarios tendrían
que atender la condena a su cargo o para exigir el pago al codeudor solidario de su
parte en la obligación primigenia, ya que esta figura está prevista para que el Estado
recupere lo pagado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes
[párrafo 7]55.
16. La ANI, en el recurso de apelación, manifestó que las pretensiones de repetición
deben adecuarse al proceso ejecutivo a fin de librar mandamiento frente al pago
realizado por la ANI. Ello en virtud de la subrogación legal del codeudor solidario,
55. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2023, rad. 52641.
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que habría asumido la totalidad del pago de la condena, en virtud de los artículos
1568 y 1579 del Código Civil.
De entrada, resulta inane la adecuación del medio de control de repetición –de
naturaleza declarativa, en tanto se pretende determinar si la condena impuesta al
Estado tuvo origen en una actuación dolosa o gravemente culposa de su agente– a
las reglas del proceso ejecutivo –las cuales presuponen la certeza y exigibilidad de
la obligación que se pretende hacer efectiva–. Ambos trámites se rigen por etapas
procesales distintas, en tanto las reglas de procedimiento de la repetición se
encuentran consignadas en los artículos 161 a 195 del CPACA y difieren
inequívocamente de las reglas especiales para el proceso ejecutivo –artículos 297
a 299 del CPACA–, de modo que la adecuación referida implicaría una trasgresión
inexcusable del debido proceso en detrimento de la parte accionada56.
Por demás, la posibilidad de adecuar las pretensiones al medio de control que
corresponda –artículo 171 del CPACA– no habilita al juzgador para modificar la
causa petendi57. Las pretensiones de la parte actora en el escrito introductorio eran
inequívocas, en cuanto se pretendía «[q]ue se DECLARE solidaria y
patrimonialmente responsables a los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL
CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS (…) como Agentes del Estado, por la
conducta gravemente culposa»58. El recurso de apelación pretende modificar
integralmente las pretensiones del asunto bajo análisis, por fuera del término
perentorio que la ley prevé para la reforma de la demanda –la cual, según el artículo
173 del CPACA, podía proponerse hasta el vencimiento de los diez días siguientes
a su traslado–59 y excediendo la facultad del juez de interpretar la demanda.
Por las razones expuestas, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en
el entendido de declarar la improcedencia del medio de control de repetición. Ello
obedece a la falta de legitimación en la causa por pasiva de los integrantes de la
56. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2025, rad. 71603.
57. La Corporación ha resaltado: «el juez de la Administración está sometido al “principio dispositivo”, “conforme
al cual deben individualizarse las pretensiones y apoyarse en las razones de derecho que las motivan (‘justicia
rogada’)”». En similar sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de
mayo de 2025, rad. 71774.
58 Extracto correspondiente al escrito de subsanación de la demanda, visible en Samai del Tribunal, índice 13,
documento «18_RECIBEMEMORIALES_SUBSANADE_ESCRITOSUBSANACION», p. 3.
59. Debe advertirse, inclusive, que el planteamiento del recurso de apelación excede la potestad de reformar la
demanda; el numeral 3 del artículo 173 del CPACA establece que «no podrá sustituirse (…) todas las
pretensiones de la demanda». Bajo aquel concepto, no sería viable sustituir un trámite declarativo por otro
ejecutivo, por cuanto ello implicaría una modificación integral de la controversia.
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Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros para responder por el
incumplimiento de los deberes de vigilancia y control del contrato de concesión, así
como la cosa juzgada de cara a la responsabilidad solidaria decretada en sentencia
del 28 de junio de 2018 y la imposibilidad de emplear la repetición para accionar al
codeudor solidario.
Condena en costas
17. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. Conforme al
artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
Estas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos del 362 al 366 del CGP.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone
que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación» y la liquidación la hará de manera concentrada
el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
en los términos del artículo 366 del CGP60.
En algunas oportunidades, la Corporación se ha abstenido de imponer condena en
costas en los procesos de repetición, por considerar que tales controversias
60 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]».
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persiguen un interés público61. No obstante, en otros asuntos se ha impuesto
condena en costas, bajo las siguientes razones de derecho:
«…esta Sala ha explicado que la expresión normativa “interés público”
necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas, contencioso objetivo o de
mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al principio de interpretación del
efecto útil de las normas, de modo que en los procesos contencioso subjetivos en
los que se ventilen intereses particulares o individuales de las entidades públicas o
de los particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento;
controversias contractuales; reparación directa, repetición, entre otros) procederá la
condena en costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada,
en los términos establecidos por las normas procesales generales a las que remite
la disposición»62.
En otra ocasión, esta Subsección ha determinado que el CPACA no establece una
exoneración absoluta de costas a favor del Estado y que la acción de repetición no
persigue, de manera directa, un interés público. Este criterio, que la Sala acoge y
reitera, se fundamenta en los siguientes argumentos:
«La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo
(CCA) exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171),
mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público”
(artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la
exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a
que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se
discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación
universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de
terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no
implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el
demandante sea un ente estatal se ventile un interés público.
Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una
exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta
interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas,
“salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento
supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una
de las partes, que el precepto legal no prevé.
Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter
patrimonial”, por el cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena
causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así
garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función
pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella”. Si bien,
de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público,
este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso»63.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, rad. 71254.
Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 65825;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 55227, y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 59728.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, Rad. 71907. Ver
también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2024, Rad. 66764.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Rad. 56897.
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A raíz de lo anterior, procede la imposición de costas en segunda instancia, porque
el recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó. Resulta improcedente
decretar agencias en derecho, en la medida que la parte demandada no manifestó
su oposición al recurso ni adelantó actos procesales en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFICAR la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del medio de control de repetición
formulado por la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI contra KMC S.A.S.,
Álvarez y Collins S.A. en liquidación, Proyectos S.A., GAM Construcciones S.A.S. y
Constructora Carlos Collins S.A., integrantes de la Unión Temporal Concesión Vial
Los Comuneros, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
en favor de la demandada. Sin agencias en derecho de la segunda instancia.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaración de voto
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Demandado KMC S.A.S. y otros
Asunto: Repetición
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Salvamento de voto
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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