Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00103-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00103-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00103-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa – CPACA
TEMAS: ERROR JURISDICCIONAL – Es aquel cometido por una autoridad investida de
facultad jurisdiccional en el curso de un proceso, que se materializa en una providencia contraria
a la ley. No constituye una instancia adicional para impugnar las decisiones judiciales; por ello,
no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación
jurídica, sino que debe enmarcarse en una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y
flagrantemente violatoria del debido proceso. PRESUPUESTOS PARA EL ANÁLISIS DEL
ERROR JURISDICCIONAL – (i) La persona afectada debe haber agotado los recursos
ordinarios contra la decisión que cuestiona; y (ii) La providencia enjuiciada debe encontrarse en
firme. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA POR CULPA GRAVE – El error jurisdiccional no
puede invocarse para enmendar omisiones de la parte y eximirla de los deberes que le asisten
como sujeto procesal. Si lo omitido por el demandante no fue estrictamente la presentación de
un “recurso”, sino alegar o proponer un reparo cuando tuvo la oportunidad procesal clara para
hacerlo en el escenario natural (v.gr, excepciones, nulidades, etc.), el eventual daño que de ello
se derive tendrá origen en su propio actuar negligente. COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA –
No comporta una decisión jurisdiccional definitiva e inmutable, sino un efecto de estabilidad y
ejecutoriedad del acto administrativo dentro de la propia Administración, siempre sujeto al
control pleno del juez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la
sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 26 de junio de 2015, la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S.
presentó demanda verbal de responsabilidad civil contra Cóndor S.A. Compañía de
Seguros Generales en Liquidación Forzosa, buscando el reconocimiento y pago de
unas comisiones de intermediación derivadas de un contrato de prestación de
servicios, las cuales habían sido previamente rechazadas por el liquidador de la
aseguradora, quien adujo carecer de competencia para reconocer el crédito e
incluirlo en el inventario de pasivos dentro de la liquidación. Mediante sentencia del
3 de agosto de 2017, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá decidió
el proceso declarativo en primera instancia, accediendo a las pretensiones de la
demanda, por lo que condenó a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
S.A. – Fiduagraria S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de
Contingencias y Remanentes de Cóndor S.A., a pagar dichas comisiones.
En sentencia del 13 de diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
a quo, confirmando integralmente la decisión del 3 de agosto de 2017. Con
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
posterioridad, entre el 2019 y 2021, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá adelantó el trámite del proceso ejecutivo encaminado a la ejecución del fallo
del 13 de diciembre de 2018.
Fiduagraria S.A. considera que la Nación - Rama Judicial es patrimonialmente
responsable por los errores jurisdiccionales contenidos en: (i) la sentencia del 3 de
agosto de 2017, proferida por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá;
y (ii) la sentencia del 13 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, al estimar que las providencias cuestionadas por error jurisdiccional se
ajustaron al ordenamiento jurídico. Esta decisión fue apelada por la parte
demandante.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 26 de marzo de 20211, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.2
(en adelante Fiduagraria S.A.), mediante apoderado judicial, presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Rama
Judicial, para que fuera declarada patrimonialmente responsable por los perjuicios
que sufrió con ocasión de los errores jurisdiccionales contenidos en: (i) la sentencia
del 3 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá; y (ii) la sentencia del 13 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá.
En consecuencia, solicitó condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios
materiales, la suma de $1.109.700.000, más los intereses “comerciales y
moratorios”.
Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que el 5 de agosto de 2013 la
Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la toma de posesión de Cóndor
S.A. Compañía de Seguros Generales (en adelante Cóndor S.A.). Luego, el 5 de
diciembre de 2013, la misma autoridad dispuso su liquidación forzosa administrativa
y ordenó al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN la
designación de un liquidador encargado de atender las reclamaciones de los
acreedores de la aseguradora.
Señaló que, mediante reclamación presentada el 27 de enero de 2014, la Sociedad
Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. solicitó al Liquidador de Cóndor S.A. el
pago de unas comisiones de intermediación derivadas de un contrato de prestación
de servicios. Refirió que, mediante Resolución No. 001 del 10 de marzo de 2014, el
Liquidador de Cóndor S.A. rechazó la reclamación al considerar que carecía de
competencia para reconocer el crédito, por estimar que no era claro, expreso y
exigible, razón por la cual no podía ser incluido en el inventario de pasivos del
proceso liquidatorio.
Manifestó que, el 26 de marzo de 2014, la Sociedad Administradora de Seguros
Ltda. S.A.S. interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 001, el cual
1 Índice 2, Samai, archivo: 6C89C94864B3E16B 3F2741B1C9E2DD3C 6746A61468FA51E0
92110F46A00230F7
2 En calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes y Contingencias
Cóndor S.A.
2
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
fue resuelto por la Resolución No. 79 del 12 de septiembre de 2014, mediante la
cual el liquidador confirmó el rechazo, al reiterar que “no [era] competencia del
Liquidador declarar la existencia de un derecho…” reclamado.
Indicó que, el 26 de junio de 2015, la Sociedad Administradora de Seguros Ltda.
S.A.S. presentó demanda verbal de responsabilidad civil contra Cóndor S.A. en
Liquidación Forzosa, con el fin de obtener el pago de las comisiones de
intermediación rechazadas en el trámite liquidatorio, proceso cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá.
Señaló que, el 8 de octubre de 2015, Cóndor S.A. contestó la demanda y que, el 4
de mayo de 2016, durante el trámite de primera instancia, se produjo la liquidación
de la sociedad Cóndor S.A., quedando el Patrimonio Autónomo de Remanentes y
Contingencias de Cóndor S.A. bajo la administración de Fiduagraria S.A., entidad
que fue vinculada al proceso, en calidad de litisconsorte necesario.
Afirmó que, el 30 de junio de 2016, Fiduagraria S.A. contestó la demanda y que,
mediante sentencia del 3 de agosto de 2017, el juez de primera instancia accedió a
las pretensiones, por lo que condenó a la administradora del patrimonio autónomo
a pagar la suma de $554.845.339 a favor de la Sociedad Administradora de Seguros
Ltda. S.A.S. Añadió que Fiduagraria S.A. interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior de
Bogotá, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2018, en la cual se confirmó
íntegramente la decisión del 3 de agosto de 2017. Sostuvo que, con posterioridad,
la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. solicitó el inicio de ejecución
de la sentencia
La sociedad demandante, Fiduagraria S.A., considera que la Nación - Rama Judicial
es patrimonialmente responsable por los errores jurisdiccionales contenidos en: (i)
la sentencia del 3 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado Treinta y Dos Civil
del Circuito de Bogotá; y (ii) la sentencia del 13 de diciembre de 2018, proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá, toda vez que las decisiones cuestionadas: (a)
violaron el debido proceso y el principio de juez natural, pues la jurisdicción ordinaria
carecía de competencia para conocer del asunto, por tratarse de una controversia
cuya decisión correspondía a la jurisdicción contencioso administrativo; (b) el medio
de control que debió invocarse fue el de nulidad y restablecimiento del derecho,
porque se controvertía el contenido de actos administrativos; y (c) lo decidido en las
resoluciones proferidas por el liquidador de Cóndor S.A. era irreprochable, porque
no fue oportunamente cuestionado, lo que le otorgaba presunción de legalidad y
efectos de cosa juzgada.
2. Contestación
2.1. La Nación - Rama Judicial3 se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar: (i) que las decisiones judiciales reprochadas fueron proferidas por
autoridades judiciales competentes, dentro de un proceso que se tramitó en la
jurisdicción ordinaria, en el cual se garantizó el principio de doble instancia y la
autonomía judicial; (ii) que el medio de control de reparación directa no podía usarse
como una tercera instancia para reabrir un debate ya resuelto por la jurisdicción
competente; y (iii) que no se configuró un daño antijurídico a la accionante, por
cuanto el pago que se efectuó obedeció al cumplimiento de una sentencia judicial.
3 Exp. 2021-00103-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 13.
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Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. La parte accionante4 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
3.2. La Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante fallo del 22 de junio de 20235, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la demanda, al estimar que las sentencias del 3 de agosto
de 2017 y del 13 de diciembre de 2018 no produjeron un daño antijurídico a la
accionante.
Para sustentar su conclusión, el a quo indicó que los jueces ordinarios que
profirieron las providencias reprochadas actuaron dentro del ámbito de su
competencia funcional y territorial, en la medida que definieron la existencia, validez
y exigibilidad de una obligación derivada de un contrato de prestación de servicios
de naturaleza privada celebrado entre particulares. Asimismo, el Tribunal precisó
que, la demanda presentada ante la jurisdicción ordinaria era idónea, por cuanto
permitió controvertir y definir la cuantía del crédito reclamado, sin desconocer las
reglas propias del proceso concursal.
De igual forma, sostuvo que lo decidido por el liquidador en las resoluciones de
calificación y graduación de créditos no adquirió efectos de cosa juzgada respecto
de la obligación reclamada, porque dichas decisiones podían ser cuestionadas ante
la jurisdicción ordinaria, la cual era la competente para resolver controversias
relativas a declaraciones y condenas derivadas del negocio jurídico celebrado entre
la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. y Cóndor S.A.
5. Apelación
5.1. La parte actora6 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Alegó que el fallo proferido por el a quo
incurrió en defectos fácticos y jurídicos, al considerar que las sentencias del 3 de
agosto de 2017 y del 13 de diciembre de 2018 no incurrieron en error jurisdiccional,
pues: (a) violaron el debido proceso y el principio de juez natural, ya que la
jurisdicción ordinaria carecía de competencia para conocer del asunto, por tratarse
de una controversia cuya decisión correspondía a la jurisdicción contencioso
administrativo; (b) el medio de control que debió invocarse fue el de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque se controvertía el contenido de actos
administrativos; y (c) lo decidido en las resoluciones proferidas por el liquidador de
Cóndor S.A. era irreprochable, porque no fue oportunamente cuestionado, lo que le
otorgaba presunción de legalidad y efectos de cosa juzgada.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria
del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
4 Exp. 2021-00103-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 32.
5 Exp. 2021-00103-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 34.
6 Exp. 2021-00103-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai, índice 37.
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numeral 5° del artículo 247 del CPACA7, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia. En esta instancia el Ministerio Público8 solicitó confirmar la sentencia del
22 de junio de 2023, al considerar que las decisiones judiciales cuestionadas no
incurrieron en error jurisdiccional.
III. CONSIDERACIONES
La Sala confirmará la sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó pretensiones de la
demanda, porque (i) no es posible estudiar el error jurisdiccional contenido en la
sentencia del 3 de agosto de 2017, por cuanto no cumple con los requisitos previstos
en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996; y (ii) la sentencia del 13 de diciembre de
2018 no contiene los errores aducidos por la parte demandante.
Para el análisis, la Sala abordará los siguientes aspectos: (1) presupuestos
procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5)
conclusión y (6) costas en segunda instancia.
1. Presupuestos procesales
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, según lo previsto en el artículo 1049 del CPACA, estatuto vigente a la
fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable, porque se
demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación – Rama Judicial.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del
proceso, debido a que la cuantía excedió los quinientos (500) 10 SMLMV, en
concordancia con los artículos 15011 y 15212 del CPACA.
7 “Artículo 247.5. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará
la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso
contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho
para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de
ejecutoria del auto que admite el recurso. […]”
8 Índice 11, Samai. Certificado: 2FB9D9706E4A5B14 983E658AA0205D03 5470757C928E4030
58C8FAE8877F82E6
9 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a la responsabilidad
extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]”
10 La pretensión mayor de la demanda se estimó en $1.109.700.000, monto que supera los 500
SMLMV para el año 2021 – fecha de presentación de la demanda –, cuando el SMLMV era de
$908.526.
11 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación […]”.
12 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. […]”.
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Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la
ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal
distinta a un contrato o un acto administrativo, en los términos del artículo 14013 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, se reclama la reparación de un daño por hechos atribuibles a
la administración de justicia, concretamente, por el daño causado por el error
jurisdiccional materializado en la sentencia del 3 de agosto de 2017, proferida por
el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá y en la sentencia del 13 de
diciembre de 2018, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió el
recurso de apelación formulado contra aquella, ambas proferidas dentro del proceso
ordinario de responsabilidad civil. Por tanto, el medio de control de reparación
directa ejercido por la parte actora es procedente.
1.3. Al tenor del artículo 164, numeral 2), literal i) del CPACA14, el término para
formular pretensiones en ejercicio del medio de control de reparación directa es de
dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.
Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional, la
Sección Tercera de esta Corporación ha señalado, de forma reiterada, que el
término de caducidad debe contarse desde el día siguiente a la firmeza de la
decisión judicial que se acusa de contener el yerro aludido15.
De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto la Sala estima que el medio de
control se ejerció en tiempo oportuno frente a las sentencias del 3 de agosto de
2017 y del 13 de diciembre de 2018, esto es, dentro del término de dos (2) años
previsto en el artículo 164 del CPACA, pues: (a) la providencia que puso fin al
proceso declarativo fue la sentencia del 13 de diciembre de 2018 (hecho probado
3.16.); (b) dicha decisión fue dictada en audiencia pública y quedó notificada y
ejecutoriada en esa misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
13 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma […]”.
14 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”
15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad.: 17493; Subsección
C. Sentencia del 16 de diciembre de 2020, Rad.: 56745; Sentencia del 7 de octubre de 2020, Rad.:
53966; Auto del 9 de mayo de 2011, Rad.: 40.196; y, Subsección A. Sentencia del 27 de enero de
2012, Rad: 22.205, entre otras.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
29416 y 30217 del CGP (hecho probado 3.16); (c) mediante el Decreto 564 de 202018,
el Gobierno Nacional suspendió los términos de prescripción y caducidad – salvo
en materia penal – entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, con
ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19; (d) el 30 de
noviembre de 2020 la parte demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial, la cual se declaró fallida el 12 de marzo de 202119; y (e) la demanda
se presentó el 26 de marzo de 202120.
1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es,
de un lado, Fiduagraria S.A., y de otro, la Rama Judicial, se advierte lo siguiente:
(i) Fiduagraria S.A. se encuentra legitimada en la causa por activa, pues es vocera
y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes y Contingencias Cóndor
S.A., el cual fue condenado a pagar a la Sociedad Administradora de Seguros Ltda.
S.A.S. una suma de dinero que fue reconocida en el proceso declarativo en los que
se profirieron las providencias que ahora acusa de haber incurrido en error
jurisdiccional (hecho probado 3.16.).
(ii) La Nación - Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, puesto que el
Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá
profirieron las decisiones en las que, a juicio de la demandante, se configuró el error
jurisdiccional que originó el daño reclamado – las sentencias del 3 de agosto de
2017 y del 13 de diciembre de 2018 – (hechos probados 3.14. y 3.16.).
2. Problema jurídico
De conformidad con los cargos del recurso de apelación formulado por la parte
actora, corresponde a la Sala determinar si, con ocasión de las decisiones judiciales
proferidas por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá y por el Tribunal
Superior de Bogotá, dentro del proceso declarativo promovido por la Sociedad
Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. contra Cóndor S.A., se incurrió en un error
jurisdiccional.
3. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos probados, es necesario precisar que serán
valoradas, sin restricción alguna, las pruebas trasladadas21 del proceso verbal de
16 “Artículo 294. Notificación en estrados. Las providencias que se dicten en el curso de las
audiencias y diligencias quedan notificadas inmediatamente después de proferidas, aunque no
hayan concurrido las partes.”
17 “Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida
aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la
solicitud […]”
18 “Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”
19 Constancia expedida por la Procuraduría 127 Judicial II para asuntos administrativos del Ministerio
Público de Bogotá. Índice 2, Samai, archivo 24417E1D12D9D45E 879124F28D72D9CC
0DA2D50AB2B5F74D 0BE92861B5C584A5
20 Índice 1, Samai, expediente digital del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
21 “Artículo 174 Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en
copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren
practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario,
deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
responsabilidad civil identificado con radicado No. 11001-31-03-032-2015-01054-
0022, adelantado por la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. contra
Cóndor S.A. Dichas pruebas fueron oportunamente solicitadas por la parte
demandante -Fiduagraria S.A.- y decretadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto del 25 de enero de 202223, corriéndose traslado de
ellas a las demás partes, garantizando así su conocimiento y la posibilidad de
contradicción.
Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:
3.1. Mediante Resolución No. 1482 del 5 de agosto de 201324, la Superintendencia
Financiera de Colombia ordenó la toma de posesión de Cóndor S.A.
3.2. Por Resolución No. 2211 del 5 de diciembre de 201325, la Superintendencia
Financiera de Colombia dispuso la liquidación forzosa administrativa de Cóndor
S.A. y ordenó al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN
designar un liquidador encargado de adelantar el proceso concursal de
reconocimiento, calificación y graduación de acreencias de la aseguradora.
3.3. Por escrito con radicado No. E-2014-70-380-32858 del 27 de enero de 201426,
la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. presentó reclamación ante el
liquidador de Cóndor S.A. en Liquidación Forzosa, con el propósito de que se le
reconociera, dentro de la masa de la liquidación, el pago de unas comisiones
derivadas de un contrato de prestación de servicios de intermediación en pólizas de
cumplimiento estatal27.
3.4. Mediante Resolución No. 001 del 10 de marzo de 201428, el liquidador de
Cóndor S.A. rechazó la reclamación presentada por la Sociedad Administradora de
Seguros Ltda. S.A.S., al estimar que una de las pólizas de cumplimiento estatal
había sido anulada antes de su recaudo, otra se había expedido “como nueva” en
otra sucursal; y la última no se había expedido en esa oficina. El tenor literal de la
respuesta fue el siguiente:
“Respecto de los argumentos expuestos contra la reclamación identificada con el
número 32858, número de radicado interno 313, valor reclamado: $253.141.469, se
señaló: ‘No es procedente acceder a la solicitud, toda vez que ya se le había
contestado a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS SAS el día
17/06/2009 mediante radicado 52708 que la Póliza de Seguro de Cumplimiento en
Favor de Entidades Estatales N.º 300039362 había sido anulada mediante anexo N.º
1 generado antes de ser recaudada, razón por la cual no se generó movimiento de
comisiones para su agencia’.
las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la
definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan. […]”
22 Exp. 2021-00103-00, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 26, Samai.
23 Exp. 2021-00103-00, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 25, Samai.
24 Índice 2, Samai, archivo: 5212EF95514B85AB 3C5F2451B1107B82 0241C6FFFB0317DC
66DFFED2D56A4CD4
25 Índice 2, Samai, archivo: 151C955CDC5E4AB5 9829295B933974F7 00B6E5B5B05415DC
ABBF81B34C981F1A
26 Ibidem
27 Pólizas No. 3000393362, ONC210110, 300006398 y 300046389
28Índice 2, Samai, archivo: 0D383E7105796954 E0DC7781FB4CBD1D 5B9768F4AF70ABAA
32CB369C446778F8. Igualmente, Fl. 69, C.7.
8
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
Respecto de los argumentos expuestos contra la reclamación identificada con el
número 32858, número de radicado interno 313, valor reclamado: $19.510.167, se
señaló: ‘No es procedente acceder a la solicitud, toda vez que ya se le había
contestado a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS SAS el día
27/04/2009 mediante radicado 52020 que la Póliza de Seguro de Cumplimiento en
Favor de Entidades Estatales N.º ONC210110 había sido expedida como nueva en
otra sucursal (memorando interno DNF-0360/09), razón por la cual no se generó
movimiento de comisiones’.
Respecto de los argumentos expuestos contra la reclamación identificada con el
número 32858, número de radicado interno 313, valor reclamado: $81.418.381, se
señaló: ‘No es procedente acceder a la solicitud, toda vez que ya se le había
contestado a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS SAS el día
18/06/2009 mediante radicado 52740 que la Póliza de Seguro de Cumplimiento en
Favor de Entidades Estatales N.º 300006398 no había sido expedida por esa oficina,
razón por la cual no se generó movimiento de comisiones para su agencia’.
3.5. Por escrito con radicado No. E-2014-70-230-35896 del 26 de marzo de 201429,
la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S., actuando ante el liquidador de
Cóndor S.A., interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 1 de 10 de
marzo de 2014.
3.6. Mediante Resolución No. 79 del 12 de septiembre de 201430, el Liquidador de
Cóndor S.A. resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad
Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. contra la Resolución No. 001 del 10 de
marzo de 2014, confirmando el rechazo de la reclamación. En su decisión, el
Liquidador sostuvo que carecía de competencia para declarar la existencia de los
derechos reclamados y que la determinación de tales pretensiones correspondía al
juez competente, al considerar que la reclamación no contenía una obligación cierta,
clara y cuantificada susceptible de ser reconocida dentro del proceso liquidatorio.
Así lo puso de presente en la actuación:
“Resulta pertinente señalar que el título ejecutivo debe demostrar la existencia de una
prestación en beneficio de una persona. Es decir, que el obligado debe observar en
favor de su acreedor, una conducta de hacer, de dar o de no hacer y esa obligación
debe ser expresa, clara y exigible, requisitos estos que ha de reunir cualquier título
ejecutivo, no importa su origen […]
En virtud de lo anterior, encuentra el Liquidador de Cóndor S.A. Compañía de Seguros
Generales en Liquidación, que la esencia de la reclamación no cumple con las
condiciones anteriormente mencionadas, relativas a que el crédito que se reclame
conste en un título ejecutivo complejo; esto es, que la reclamación no se refiere a una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, toda vez que las razones que
considera el reclamante por las cuales CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
GENERALES debe proceder al pago de cierta suma de dinero, se refieren a que
las pólizas fueron expedidas por una sucursal diferente a la del reclamante. Por
lo tanto, al no contener la reclamación un crédito cierto y cuantificado,
requisitos necesarios para ser incorporados a la liquidación, no puede el
Liquidador de Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales proceder a [su]
reconocimiento, máxime cuando se observa que existe una controversia
relacionada con la sucursal que expidió las pólizas, a las que se refiere la
reclamación.
29 Ibidem
30 Fl. 37 a 42, C. 1
9
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
Finalmente, es preciso recordar que, en relación a los derechos inciertos que son
reclamados, la Resolución 001 del 10 de marzo de 2014, en el capítulo sexto numeral
6.8 señala que “(…) las reclamaciones presentadas oportunamente, sin haber
acudido ante el juez competente, que pretenden que el Liquidador declare la
existencia de un derecho, serán rechazadas por cuanto el Liquidador carece de
facultades legales para declarar la existencia de derechos. Lo anterior se fundamenta
en que el proceso de disolución y liquidación de CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS GENERALES EN LIQUIDACIÓN es, en principio, un proceso universal y
concursal de carácter ejecutivo en el cual el Liquidador sólo reconocerá
reclamaciones que contengan obligaciones expresas, claras y exigibles que reúnan
las condiciones establecidas para el título ejecutivo en el artículo 488 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil (…)”
Por lo anterior, y al no ser competencia del liquidador, declarar la existencia de un
derecho, se confirmará en su totalidad la resolución recurrida. […]” (Se resalta)
3.7. El 26 de junio de 201531, la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S.,
por conducto de apoderado judicial y ante la jurisdicción ordinaria civil, presentó
demanda verbal de responsabilidad civil contra Cóndor S.A., con el propósito de
obtener el pago de las comisiones derivadas de un contrato de prestación de
servicios en intermediación en pólizas de cumplimiento estatal. El conocimiento del
proceso correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá32, ante el cual la parte demandante formuló como pretensiones principales
(i) que se declarara la existencia de un contrato de prestación de servicios celebrado
con Cóndor S.A., en virtud del cual se había pactado a su favor una remuneración
equivalente al 10 % de las primas recaudadas por las pólizas de seguro; (ii) que se
declarara que, en ejecución de ese contrato, Cóndor S.A. expidió varias pólizas de
cumplimiento estatal; y (iii) que, como consecuencia de tales declaraciones, se
reconociera a la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. el derecho a
percibir las comisiones correspondientes. El tenor literal de las pretensiones de la
demanda es el siguiente:
“[…] PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL:
Que se declare que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. S.A.S.
celebró con CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. hoy en liquidación, un
contrato que se denominó de “Prestación de Servicios”, cuyo objeto principal fue que
la Aseguradora faculta a las SAS para la atención de intermediarios de seguros que
aportan su producción a la Compañía en el Ramo de Seguro de Cumplimiento, entre
otros.
PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL:
Que se declare que como retribución de los servicios de la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. S.A.S. a CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A. hoy en liquidación, se pactó un porcentaje del 10% del valor
recaudado por concepto de primas correspondientes a las pólizas de seguro que se
suscribieran con el concurso de los intermediarios de seguros que se encontraban
adscritos a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. S.A.S. a
CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL:
Que se declare que en ejecución del objeto contractual de que trata la PRETENSIÓN
PRIMERA PRINCIPAL, CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. hoy en
liquidación expidió la póliza de seguros 2300039362 con vigencia desde marzo 3 de
2009 hasta marzo 3 de 2013 […]
31 Fl. 1 a 42 C, 1.
32 Número de Radicado No. 11001-31-03-032-2015-01054-00
10
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL DE LA TERCERA PRINCIPAL
Que como consecuencia de la anterior declaración se declare que la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. S.A.S. tiene derecho a percibir una
remuneración de $253.141.469 conforme se pactó en el contrato de que trata la
PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL […]
PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL
Que se declare que en ejecución del objeto contractual de que trata la PRETENSIÓN
PRIMERA PRINCIPAL, CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. hoy en
liquidación expidió la póliza de seguro […]
PRETENSIÓN CONSECUENCIAL DE TODOS LAS ANTERIORES
Que se condene a la sociedad demandada a pagar las costas del proceso y las
agencias en derecho, al tenor de lo dispuesto por los artículos 392 y 393 del Código
de Procedimiento Civil […]”
3.8. Por auto del 8 de julio de 201533, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá admitió la demanda presentada por la Sociedad Administradora de Seguros
Ltda. S.A.S. contra Cóndor S.A. y dispuso impartir el trámite correspondiente a un
proceso verbal de responsabilidad civil de mayor cuantía.
3.9. El 8 de octubre de 201534, Cóndor S.A. en Liquidación Forzosa contestó la
demanda. En su escrito formuló las excepciones de: (i) “ausencia de vinculo
comercial entre la sociedad administradora de seguros Ltda. S.A.S. y los
intermediarios Delima Marsh S.A.S. a los corredores de seguros, Mercedes Herrera
Amórtegui y German Ricardo Espinosa”; (ii) “inexistencia de obligación a cargo de
Cóndor S.A. … respecto de las pólizas de cumplimiento”; y (iii) la genérica.
3.10. El 30 de diciembre de 201535, durante el trámite del proceso judicial, el
Liquidador de Cóndor S.A. celebró con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A. el contrato de fiducia mercantil No. FID-0087
de 2015, mediante el cual transfirió a esta última, a título de administración
fiduciaria, el patrimonio de la aseguradora. A partir de esa fecha, Fiduagraria S.A.
asumió, en su calidad de fiduciaria, la vocería y administración del Patrimonio
Autónomo de Remanentes y Contingencias Cóndor S.A.
3.11. Por Resolución No. 269 del 4 de mayo de 201636, el Liquidador de Cóndor
S.A. ordenó declarar terminada su existencia legal, al considerar que, en virtud del
contrato de fiducia mercantil celebrado con Fiduagraria S.A., se había trasladado la
vocería y administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes y Contingencias
de la aseguradora a la fiduciaria.
3.12. Por auto del 15 de junio de 201637, corregido mediante autos del 11 de julio y
10 de octubre del mismo año, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá
vinculó al proceso verbal de responsabilidad civil de mayor cuantía, en calidad de
litisconsorte necesario, a Fiduagraria S.A., en su condición de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes y Contingencias de
33 Fl. 43, C.1.
34 Fl. 60 a 65, C.1., tomo 1
35 Fl. 174 a 197, C.1.
36 Fl. 168 a 171, C.1.
37 Fl. 207, 222 y 227 a 229, C.1.
11
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
Cóndor S.A. En la misma actuación, el despacho judicial tuvo por notificada a la
entidad por conducta concluyente.
3.13. Por escrito del 30 de junio de 201638, Fiduagraria S.A. contestó la demanda.
En el documento alegó la inexistencia de una obligación a su cargo y formuló las
excepciones previas de “falta de legitimación por pasiva” y “la genérica”.
3.14. El 3 de agosto de 201739, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá
profirió, en audiencia pública, sentencia de primera instancia, mediante la cual: (i)
declaró la existencia de un contrato de “…Prestación de Servicios…” celebrado
entre la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. y Cóndor S.A.; (ii)
reconoció que de dicho contrato se derivó una obligación consistente en el pago de
comisiones del 10% sobre determinadas pólizas de cumplimiento estatal; y (iii)
condenó a “…Cóndor S.A., Compañía de Seguros S.A. en Liquidación…” a pagar a
la Sociedad Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. la suma $554.845.339, con la
indexación correspondiente40. En la misma audiencia pública, y en estrados,
Fiduagraria S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia, el cual fue
concedido en efecto devolutivo, condicionándolo a que el apelante sustentara por
escrito el recurso.
3.15. Mediante escrito del 9 de agosto de 201741, Fiduagraria S.A. sustentó el
recurso de apelación contra la sentencia del 3 de agosto de 2017. Al efecto, sostuvo
que las pretensiones formuladas por la sociedad demandante ya habían sido objeto
de pronunciamiento definitivo dentro del proceso de liquidación de Cóndor S.A.,
mediante las Resoluciones 001 de 10 de marzo de 2014 y 079 de 12 de septiembre
de 2014, las cuales habían adquirido firmeza. Afirmó que, pese a ello, el juez de
primera instancia desconoció tales determinaciones, omitió valorar los testimonios
que daban cuenta de la inexistencia de obligaciones pendientes por concepto de
comisiones, no precisó la relación contractual ni la legitimación para su cobro, pasó
por alto la validez de la revocatoria de las pólizas conforme a las prácticas del sector
asegurador y, finalmente, impuso de manera desproporcionada las agencias en
derecho. Puntualmente, señaló lo siguiente:
“Tal y como se puede evidenciar dentro del expediente, las pretensiones
debatidas y reclamadas por la sociedad demandante, ya fueron objeto de
pronunciamiento por parte del liquidador de Cóndor S.A. dentro del proceso de
liquidación que se surtió por orden de la Superintendencia Financiera de
Colombia mediante Resolución 2211 del 5 de diciembre de 2013, el cual fue de
público conocimiento.
Es así como dentro del término establecido en el Decreto 2555 de 2010 para la
presentación de acreencias, tanto la Sociedad Administradora de Seguros
como otros tantos acreedores, presentaron las obligaciones que a su
consideración tenían a su favor, para el caso de la aquí demandante, la
reclamación consistió en el requerimiento de pago de comisiones que
presuntamente se habían dejado de cancelar con cargo a las pólizas de
cumplimiento Nos. 300039362 ONC210110, 300006398 y 300046389 en virtud del
contrato celebrado entre la sociedad Administradora de Seguros y Cóndor S.A.
Compañía de Seguros Generales hoy liquidada.
38 Fl. 215 a 220, C.1
39 Índice 2, Samai, archivo: 01 Cuaderno 1; fls. 285 a 287, C.1.
40 Pólizas Nos. 300039362, ONC210110, 300006398 y 300043389
41 Fl. 292 a 294, C.1
12
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
Siendo oportunamente radicada la reclamación, la misma fue resuelta mediante
Resolución 001 del 10 de marzo de 2014 en los siguientes términos:
“No es procedente acceder a la solicitud, toda vez que ya se le había contestado a la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS SAS, el día 17/06/2009 mediante
Radicado 52708 que la Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales
No. 300039362 había sido anulada mediante anexo No. 1 generado antes de ser
recaudada, razón por la cual no se generó movimiento de comisiones para su agencia”.
“No es procedente acceder a la solicitud, toda vez que ya se le había contestado a la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS SAS, el día 27/04/2009 mediante
Radicado 52020 que la Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales
No. ONC210110 había sido expedida como nueva en otra sucursal (memorando interno
DNF-0360/09), razón por la cual no se generó movimiento de comisiones”.
“No es procedente acceder a la solicitud, toda vez que ya se le había contestado a la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS SAS, el día 18/06/2009 mediante
Radicado 52740 que la Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales
No. 300006398 no ha sido expedida por esa oficina, razón por la cual no se generó
movimiento de comisiones para su agencia”.
Contra la decisión adoptada por el liquidador de Cóndor S.A., la entidad
reclamante presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante
Resolución 079 del 12 de septiembre de 2014, acto administrativo en el cual el
liquidador decidió mantener la decisión.
Así las cosas, el despacho no tuvo en cuenta que las pretensiones de la
demanda incoada por parte de la sociedad demandante, ya habían sido objeto
de pronunciamiento por parte del juez natural del proceso liquidatorio de
Cóndor S.A., y que dichas decisiones ya se encontraban en firme, por
consiguiente, cualquier otra acción impetrada por el reclamante y que
pretendiese el reconocimiento de la acreencia ya resuelta, sería violatoria y
contraria de las normas que rigen el trámite del proceso de liquidación al cual
fue sometida la compañía aseguradora.
Ahora bien, en lo que respecta a la valoración realizada de las pruebas recaudadas
al interior del proceso, no se tuvo en cuenta lo manifestado por alguno de los testigos,
al indicar que las obligaciones por concepto de comisiones fueron canceladas por
parte de Cóndor S.A., ya que de no haber sido así, hubiese existido un requerimiento
de pago, requerimiento que según lo manifestado por ellos, no se dio; así las cosas,
claramente se puede concluir que si existió alguna obligación pendiente de cancelar
por parte de Cóndor S.A., esta fue oportunamente cancelada.
Volviendo al material probatorio que se tuvo en cuenta para el resultado del proceso,
en los testimonios recaudados no existió claridad sobre la relación contractual que
existió entre las personas que figuran en las pólizas de cumplimiento como
intermediarias y la sociedad demandante, relación que permitiría inferir en cabeza de
quién estaba el pago de las comisiones reclamadas y quién se encontraría legitimado
para su cobro.
En lo que respecta a la revocación de la cual fue objeto las pólizas de cumplimiento
sobre las cuales se pretende el cobro de comisión, esta figura y práctica comercial es
perfectamente validada al interior de la industria comercial de la venta de seguros,
más aún cuando existen prácticas irregulares en la expedición de las mismas, práctica
que consiste en la pluralidad de intermediarios dentro de un mismo negocio.
Por último y sin perjuicio de la ampliación de estos argumentos para con el superior y
la petición de pruebas, otro de los motivos de inconformidad consiste en la
desproporcionada asignación de agencias en derecho señaladas en la sentencia
13
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
objeto de recurrido, la cual no se ajusta a la realidad procesal, ni a la duración del
proceso, ni tampoco a la gestión adelantada por parte de la defensa de la parte
demandante al interior del proceso”. (Se resalta)
3.16. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 201842, en audiencia pública, el
Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación interpuesto por
Fiduagraria S.A. contra la sentencia de primera instancia, confirmando
íntegramente la decisión adoptada por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá. En dicha providencia, el Tribunal sostuvo que el rechazo de la reclamación
efectuado por el Liquidador de Cóndor S.A. no podía considerarse una decisión de
fondo que había producido “efectos de cosa juzgada”, por cuanto obedeció a la falta
de certeza y exigibilidad de las comisiones reclamadas, circunstancia que impedía
su reconocimiento administrativo. Precisó que, al tratarse de créditos inciertos, la
determinación de su existencia correspondía a la autoridad judicial competente, y
dejó constancia de que, al contestar la demanda, Cóndor S.A. reconoció la
existencia del contrato de intermediación de seguros celebrado con la Sociedad
Administradora de Seguros Ltda. S.A.S., así como que la reclamación
administrativa fue rechazada por carecer de los requisitos de claridad, exigibilidad
y certeza exigidos para su inclusión en el proceso liquidatorio. En el fallo se lee lo
siguiente:
“Sobre el particular, advierte la Sala, y al contestar la demanda, la aseguradora
además de reconocer la existencia del contrato aceptó, asimismo, como cierto,
que la Sociedad Administradora de Seguros presentó reclamación ante la
Superintendencia de Sociedades, que la misma fue rechazada y que esta última
determinación fue confirmada en la medida en que lo afirmó en la demanda: “el
liquidador carece de facultades legales para declarar la existencia de
derechos”. Así se ve en los hechos 7 a 10, aceptados como ciertos, como se
constata a folio 61 del expediente. Es más, fue la propia demandada que, en
respuesta al hecho noveno, que reconoció como cierto, relacionado al rechazo de la
superintendencia de la reclamación mencionada, indicó que ese proceder se debió a
que la obligación reclamada no contaba con los requisitos de exigibilidad para ser
tenidos en cuenta dentro del proceso de liquidación, esto es, que correspondiera a
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por lo que se resolvió que se
trataba de un derecho incierto, el cual debía ser dirimido y declarado por un juez
competente, así se dijo en la contestación.
En síntesis, para las partes será pacífico, como lo fue la existencia del contrato
al que reconducen las pretensiones, que la falta de reconocimiento de la
acreencia de la Sociedad Administradora de Seguros dentro el trámite de
liquidación obligatoria de Cóndor S.A., obedeció fundamentalmente a que
entonces se trata de créditos inciertos, cuya declaratoria de existencia no
competía a la Superintendencia. Lo anterior, en modo alguno implica que, como
lo entiende el recurrente, esa decisión corresponda a un pronunciamiento de
fondo, y se agrega acá por la Sala, con alcance de cosa juzgada, acerca de la
existencia y validez de esos créditos, pues fue la misma que indicó que por
tratarse a la sazón de derechos inciertos, conforme se aseveró que lo determinó
la propia Superintendencia, los extremos de esas relaciones jurídicas tenían
que ser establecidos por el Juez competente, que es precisamente a lo que se
encaminaron las pretensiones de la demanda, razones suficientes para
desestimar el reparo de la recurrente. […]”. (Se resalta)
42 Audio en el CD folio 17 (cuaderno 4 del Tribunal); (fl. 18 a 20, C.4). min 16:48 a 20:03
14
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
3.17. Mediante memorial del 24 de abril de 201943, la Sociedad Administradora de
Seguros Ltda. S.A.S., en su condición de parte vencedora en el proceso declarativo,
solicitó al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá iniciar el trámite de
ejecución de la sentencia del 13 de diciembre de 2018. En escrito separado,
radicado en la misma fecha, pidió la práctica de medidas cautelares para asegurar
el cumplimiento de la condena.
3.18. Por auto del 10 de mayo de 201944, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito
de Bogotá libró mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo, ordenando a
Fiduagraria S.A. - en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo
de Remanentes y Contingencias de Cóndor S.A. - pagar a favor de la Sociedad
Administradora de Seguros Ltda. S.A.S. la suma de $554.845.339, junto con los
intereses moratorios correspondientes45.
4. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 22 de junio
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda, la parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia,
aduciendo que en ella se habrían configurado errores fácticos y sustantivos, al
considerar que las sentencias del 3 de agosto de 2017 y del 13 de diciembre de
2018 no incurrieron en error jurisdiccional, pues, contrario a ello, se advertía que
estas: (a) violaron el debido proceso y el principio de juez natural, ya que la
jurisdicción ordinaria carecía de competencia para conocer del asunto, por tratarse
de una controversia cuya decisión correspondía a la jurisdicción contencioso
administrativo; (b) el medio de control que debió invocarse fue el de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque se controvertía el contenido de actos
administrativos; y (c) lo decidido en las resoluciones proferidas por el liquidador de
Cóndor S.A. era irreprochable, porque no fue oportunamente cuestionado, lo que le
otorgaba presunción de legalidad y efectos de cosa juzgada.
Así pues, como sólo la parte accionante apeló la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en los términos de los artículos 32046 y 32847 del
CGP, se analizará el caso teniendo en cuenta únicamente los reparos concretos
formulados por la recurrente. Por lo anterior, a continuación, se analizará si la
Nación - Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el presunto error
jurisdiccional contenido en las sentencias del 3 de agosto de 2017, proferida por el
Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, y del 13 de diciembre de 2018,
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
43 Fl. 1 y 2, C. 5 Ejecutivo
44 Fl. 3, C. 5 Ejecutivo
45 El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá modificó el número de radicación del proceso
para fines de estadística del Despacho, el cual quedó con el radicado No. 11001-31-03-032-2017-
00449-00.
46 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a
quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
47 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
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4.1. Análisis del error jurisdiccional contenido en las sentencias del 3 de
agosto de 2017 y del 13 de diciembre de 2018
4.1.1. De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación, la parte
accionante solicitó revocar el fallo del 22 de junio de 2023 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al considerar que incurrió en errores fácticos y
sustantivos al momento de analizar los presuntos errores jurisdiccionales
contenidos en las sentencias del 3 de agosto de 2017 y del 13 de diciembre de
2018.
Para comenzar, es menester poner de presente que el error jurisdiccional, regulado
en el artículo 6648 de la Ley 270 de 199649, se define como aquel yerro que comete
una autoridad investida de facultad jurisdiccional, cuando ejerce sus funciones,
durante el trámite de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley. Este error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, sino a aquel que surge de una conducta carente de fundamento objetivo,
que vulnera derechos o intereses subjetivos y que desconoce de manera directa las
normas aplicables al caso concreto50.
Bajo este contexto, a continuación la Sala examinará si las providencias referidas
son contrarias a derecho, pues cuando se demanda la responsabilidad del Estado
por error jurisdiccional resulta más adecuado comenzar por verificar el yerro en que
habría incurrido la providencia cuestionada, porque de esta manera se responde
directamente a lo pretendido en la demanda, que reprocha la decisión judicial, al
margen del análisis del daño o lesión al interés jurídico protegido por el Derecho
que se reclama, el cual cobra relevancia en el marco de la responsabilidad
patrimonial del Estado por error jurisdiccional, si se acredita que la providencia
cuestionada se profirió contrariando el ordenamiento jurídico51.
Se anticipa que la conclusión a la que se arribará dará cuenta de: (i) que no es
posible estudiar el error jurisdiccional contenido en la sentencia del 3 de agosto de
2017, por cuanto no cumple con los requisitos previstos en el artículo 67 de la Ley
270 de 1996; y (ii) que la sentencia del 13 de diciembre de 2018 no contiene los
errores aducidos por la parte demandante.
4.1.2. Según el artículo 6752 de la Ley 270 de 1996, el análisis del error jurisdiccional
está sujeto a los siguientes presupuestos: (i) que la persona afectada haya agotado
los recursos de ley contra la decisión que cuestiona; y (ii) que ésta se encuentre en
48 “Artículo 66. Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley.”
49 “Estatutaria de Administración de Justicia”
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Rad.: 13134
51 Al respecto, esta Subsección ha precisado que “dadas las particularidades del error jurisdiccional,
este debe ser analizado como primer presupuesto de la responsabilidad a este título, pues una vez
establecido su acaecimiento también se encontrará probada la antijuridicidad del daño, en razón a
que de ello deriva que el usuario de la administración de justicia no se encuentre en el deber de
soportar los efectos de una decisión defectuosa”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C. Sentencia del 3 de febrero de 2025, Rad.: 44533.
52 “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se
produzca en virtud de una providencia judicial […] 2. La providencia contentiva de error deberá estar
en firme […]”.
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firme. A su turno, el artículo 7053 ibidem dispone que el daño se entenderá como
debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o
dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
En el caso sub examine, se advierte que no es posible analizar el presunto yerro
contenido en la sentencia del 3 de agosto de 2017 (hecho probado 3.14.), por cuanto
dicha providencia fue proferida en primera instancia, era susceptible de recurso de
apelación y no se encontraba en firme (hecho probado 3.15.). Por el contrario, la
Sala advierte que sí es procedente analizar el presunto error jurisdiccional contenido
en la sentencia del 13 de diciembre de 2018 (hecho probado 3.16.), en la medida
en que ésta fue proferida en segunda instancia, resolvió los reproches
oportunamente formulados por la parte demandante y se encuentra en firme
(hechos probados 3.14. al 3.16).
De tal suerte, a continuación, únicamente se analizarán los reparos formulados
contra la decisión del 13 de diciembre de 2018, porque es la única frente a la que
se reúnen los presupuestos establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996.
4.1.3. Así, se tiene que, en la alzada, la recurrente formuló tres reproches contra la
decisión del a quo, alegando que la sentencia del 13 de diciembre de 2018 sí incurrió
en error jurisdiccional, pues: (a) violó el debido proceso y el principio de juez natural,
ya que la jurisdicción ordinaria carecía de competencia para conocer del asunto, por
tratarse de una controversia cuya decisión correspondía a la jurisdicción
contencioso administrativo; (b) el medio de control que debió invocarse fue el de
nulidad y restablecimiento del derecho, porque se controvertía el contenido de actos
administrativos; y (c) lo decidido en las resoluciones proferidas por el liquidador de
Cóndor S.A. era irreprochable, porque no fue oportunamente cuestionado, lo que le
otorgaba presunción de legalidad y efectos de cosa juzgada.
4.1.4. De entrada, respecto a los dos primeros reparos —relativos a la presunta
vulneración del debido proceso y del derecho al juez natural, por falta de
competencia de la jurisdicción ordinaria e indebida escogencia de la acción— la
Sala advierte que quien hoy demanda, en su momento omitió plantearlos dentro del
proceso verbal de responsabilidad civil de mayor cuantía en el que se profirió la
sentencia del 13 de diciembre de 2018. Por tanto, las eventuales consecuencias
desfavorables derivadas de esa inactividad procesal son atribuibles a la propia
parte, sin que sea de recibo trasladarlas al Estado, so pena de convertir este medio
de control en una instancia adicional del litigio ordinario y, además, afectar los
derechos de defensa y contradicción de la contraparte, que no tuvo la oportunidad
de controvertir tales cuestionamientos en el proceso de origen donde han debido
ser planteados en forma y tiempo debidos y, no obstante, no lo fueron.
En efecto, se observa que, en el proceso ordinario, las inconformidades se limitaron
a alegar la inexistencia de obligación a su cargo, la falta de legitimación en la causa
por pasiva y la circunstancia de que las pretensiones ya habían sido objeto de
pronunciamiento definitivo en la liquidación de Cóndor S.A., mediante las
Resoluciones 001 del 10 de marzo de 2014 y 079 del 12 de septiembre de 2014, las
cuales —según afirmó— se encontraban en firme y constituían cosa juzgada.
Asimismo, sostuvo que se omitió valorar testimonios sobre la inexistencia de
obligaciones pendientes por comisiones, que no se precisó la relación contractual
53 “Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva
de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos
de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado […]”.
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ni la legitimación para su cobro y que se pasó por alto la validez de la revocatoria
de las pólizas conforme a prácticas del sector asegurador (hechos probados 3.13 y
3.15).
Debe recordarse que el medio de control orientado a declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado por error jurisdiccional no fue instituido para reabrir ni
replantear el debate ya definido en el proceso en el que se profirió la providencia
cuestionada. Por ello, los argumentos que pretendan sustentar la configuración del
error, por regla general, han debido ser oportunamente propuestos y debatidos en
la instancia ordinaria correspondiente. En consecuencia, no es admisible introducir
en esta sede reproches novedosos que la parte actora omitió alegar cuando tuvo la
carga procesal de hacerlo. Si la parte guardó silencio pudiendo controvertir el
eventual perjuicio que hoy invoca, tal falencia no puede imputarse al Estado, sino a
su propia desidia procesal, pues fue esa inactividad la que le hizo perder la
oportunidad de discusión y defensa en el escenario natural del litigio. Admitir lo
contrario, además de desnaturalizar el título de imputación por error jurisdiccional,
lo convertiría en una tercera instancia y afectaría los derechos de defensa y
contradicción de la parte demandada, quien no habría contado con una oportunidad
real para controvertir tales alegaciones54. Ello, sin desconocer que, de manera
excepcional, es posible examinar reparos no formulados en la instancia ordinaria
cuando se originan directamente en la providencia reprochada, pues solo así
podrían ser controvertidos.
En este contexto, si lo omitido por la parte no fue estrictamente la interposición de
un “recurso”, sino la formulación oportuna de reparos disponibles en el escenario
natural del litigio (v.gr. excepciones, nulidades, etc.), el eventual daño que de ello
se derive tendrá origen en su culpa grave55 —como negligencia calificada—, en la
medida en que la lesión no provendría de un simple yerro, sino de una inactividad
incompatible con el mínimo deber de diligencia exigible a quien interviene en un
proceso56.
Esta postura ha sido acogida al interior de la Sección Tercera, donde se ha
sostenido que la finalidad de exigir que los reparos se planteen en la vía ordinaria
es dar al juez natural la oportunidad de corregir el yerro en el mismo proceso. Por
eso, cuando la parte no formula a tiempo los cuestionamientos que tenía a su
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021,
Rad.: 44533. “[E]sta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de
lo contencioso administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia
adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error
jurisdiccional…”; y Subsección B, Sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33733 “De esta
forma, expuestos los argumentos planteados por la parte actora en el presente proceso, encuentra
la Sala que estos están encaminados a que la jurisdicción contenciosa actúe como una tercera
instancia de decisión, sobre los puntos en controversia en sede civil, sin que se hubieren evidenciado
las omisiones del tribunal civil que reclama el actor, pues cada uno de los puntos en controversia
fueron resueltos en instancia. Este escenario resulta incompatible con el objeto de la acción de
reparación directa, pues el juez administrativo no puede convertirse en una instancia revisora de las
decisiones judiciales”.
55 Código Civil. “Artículo 63… Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo”.
56 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2013,
Rad. 27.577 : “Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella
en que incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones”.
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alcance — o los plantea de forma incongruente con lo que luego invoca como error57
—, el perjuicio que alega no es atribuible al Estado, sino a su negligencia,
configurándose culpa exclusiva de la víctima por culpa grave, en los términos del
artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
En el caso concreto, quien hoy demanda pudo alegar desde el inicio del proceso
verbal la violación del debido proceso y del derecho al juez natural, por falta de
competencia de la jurisdicción ordinaria e indebida escogencia de la acción. En
efecto, de conformidad con los artículos 10058 y 10159 del CGP, la hoy actora estaba
habilitada para proponer como excepciones previas la falta de jurisdicción, la falta
de competencia o la ineptitud de la demanda, dentro del término de traslado para
contestar la demanda, conforme al artículo 9660 ibidem.
Adicionalmente, tratándose de vicios de jurisdicción y competencia, también pudo
promover incidente de nulidad en cualquier estado del proceso, antes de dictarse
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia 20 de noviembre de 2019, Rad.
43049. “[…] Además, vale destacar que la exigencia relacionada con la interposición de los recursos,
contenida en el numeral 1° del artículo ibídem, tiene como claro propósito permitir al juzgador corregir
posibles yerros cometidos en la labor jurisdiccional, en el mismo proceso. Por esta razón, su finalidad
es evitar el desgaste de la administración de justicia y garantizar el efectivo acceso a una respuesta
adecuada y de fondo a los problemas que los usuarios de este servicio público ponen de presente a
la rama jurisdiccional. Por lo anterior, para la Sala el agotamiento de los recursos en la vía ordinaria
no puede tenerse por acreditado cuando, a pesar de haberse interpuesto el mismo, no guardan
congruencia con lo alegado como error en sede de reparación directa, ya que, en lógica de lo previsto
en la Ley 270 de 1996, dicho recurso debe estar relacionado con el objeto de lo que se pretende en
sede contenciosa administrativa. En efecto, la Subsección precisa que el especialísimo título de
imputación por error judicial representa un análisis de mayor rigurosidad, dado que el romper la
intangibilidad de una providencia judicial ejecutoriada implica que, a lo sumo, el interesado haya
cuestionado en sede ordinaria los mismos elementos que considera, en el proceso de reparación
directa, son objeto de la causación de un daño antijurídico, pues, de no ser así, el proceso de
responsabilidad del Estado se convertiría en un análisis de una impugnación, pero en sede de lo
contencioso administrativo. […]”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del
26 de marzo de 2025, Rad.: 68469. “37. Sobre lo primero, es indispensable conocer el contenido de
los recursos ordinarios procedentes en la medida en que los argumentos del demandante en
reparación directa deben estar en línea (congruencia) con los que planteó dentro del proceso del que
predica la existencia de un error. Sería contrario a la lógica de los presupuestos del error judicial,
que a las partes de un proceso les sea dado atacar providencias a partir de cuestionamientos sobre
los que los jueces naturales no tuvieron la oportunidad de pronunciarse en el marco de esos recursos.
Por lo mismo, esta especie de acción tampoco se presta para que las partes recuperen
oportunidades procesales que precluyeron, y la sustentación de los recursos es una de ellas, lo que
reafirma que este escenario no puede ser utilizado para exponer reparos que dejaron de plantearse,
en su momento, al interior de un proceso judicial. […]”
58 “Artículo 100. Excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer
las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda: 1. Falta de
jurisdicción o de competencia … 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por
indebida acumulación de pretensiones.”
59 “Artículo 101. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. Las excepciones previas se
formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las
razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que
se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado.”
60 “Artículo 96. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda contendrá: … 2.
Pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con
indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos
manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se presumirá
cierto el respectivo hecho. 3. Las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las
pretensiones del demandante, con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la
alegación del derecho de retención, si fuere el caso. …”
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sentencia, conforme a los artículos 13261, 13462 y 13863 del CGP. En tal medida, no
solo tenía la carga de formular dichos reparos al contestar la demanda, sino que
contaba con la posibilidad de plantearlos durante el curso del proceso y hasta antes
de la sentencia.
No obstante, como tales reproches no fueron propuestos en el trámite que dio lugar
a la sentencia del 13 de diciembre de 2018, las consecuencias que de ello pudieran
derivarse son atribuibles a la propia parte, por haber dejado precluir las
oportunidades procesales pertinentes.
En otras palabras, el juicio de responsabilidad por error jurisdiccional no puede
utilizarse para enmendar la omisión de la parte frente a los deberes que le asistían
como sujeto procesal, por la vía de endilgar yerros fundados en circunstancias que
en el proceso respectivo la parte podía plantear y omitió hacerlo.
En estos eventos, por ministerio de la ley - artículo 70 de la Ley 270 de 1996 -, ha
de declararse la culpa exclusiva de la víctima, de modo que resulta innecesario
examinar una eventual falla atribuible a la Administración, pues desde el inicio se
advierte que la posible lesión sería imputable a la conducta procesal de quien hoy
reclama.
4.1.5. Ahora bien, frente al tercer reparo formulado contra la sentencia del 13 de
diciembre de 2018 – porque lo decidido en las resoluciones proferidas por el
liquidador de Cóndor S.A. era irreprochable, por no haber sido oportunamente
cuestionado, lo que le otorgaba presunción de legalidad y efectos de cosa juzgada
–, la Sala observa que en el proveído cuestionado se manifestó lo siguiente:
“… [Q]ue la falta de reconocimiento de la acreencia de la Sociedad Administradora
de Seguros dentro el trámite de liquidación obligatoria de Cóndor S.A., obedeció
fundamentalmente a que entonces se trata[ba] de créditos inciertos, cuya declaratoria
de existencia no [le] competía a la Superintendencia [Financiera]. Lo anterior, en
modo alguno implica que, como lo entiende el recurrente, esa decisión
corresponda a un pronunciamiento de fondo, y se agrega acá por la Sala, con
alcance de cosa juzgada, acerca de la existencia y validez de esos créditos, pues
fue la misma que indicó que por tratarse a la sazón de derechos inciertos,
conforme se aseveró que lo determinó la propia Superintendencia, los extremos
de esas relaciones jurídicas tenían que ser establecidos por el Juez
competente, que es precisamente a lo que se encaminaron las pretensiones de la
demanda, razones suficientes para desestimar el reparo de la recurrente.” (Se
resalta)
61 Artículo 132. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control
de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del
proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas
siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.
62 “Artículo 134. Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias
de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurre en ella …”
63 “Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad
declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional
o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. La nulidad solo comprenderá
la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba
practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes
tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. El auto
que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.”
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De conformidad con lo expuesto, se advierte que la sentencia del 13 de diciembre
de 2018 concluyó que el rechazo de la reclamación por parte del Liquidador de
Cóndor S.A., contenido en las Resoluciones No. 001 de 10 de marzo de 2014 y 079
de 12 de septiembre de 2014, no constituyó una decisión de fondo sobre la
existencia o inexistencia del derecho reclamado, ni produjo “efectos de cosa
juzgada”, “por tratarse… de derechos inciertos… [que] tenían que ser establecidos
por el Juez competente”.
En este orden de ideas, es menester poner de presente que la denominada “cosa
juzgada administrativa” no equivale a la cosa juzgada judicial, pues no comporta
una decisión jurisdiccional definitiva e inmutable, sino un efecto de estabilidad y
ejecutoriedad del acto administrativo dentro de la propia Administración, siempre
sujeto al control pleno del juez. En consecuencia, los actos administrativos no
producen cosa juzgada oponible en sede judicial, ni pueden alegarse como
excepción de cosa juzgada64.
Por ello, en el presente caso, lo decidido en las resoluciones proferidas por el
liquidador de Cóndor S.A. sí era susceptible de reproche en sede judicial, pues el
hecho de que no se hubiesen cuestionado a través de otros medios de control no
impedía un pronunciamiento por parte del juez.
En consecuencia, la sentencia del 13 de diciembre de 2018 no incurrió en el error
alegado en el sentido de considerar que lo decidido en las resoluciones proferidas
por el liquidador de Cóndor S.A. era irreprochable, pues tal y como se advierte, la
cosa juzgada administrativa solo tiene una inmutabilidad estrictamente formal -no
material-, pues nada impide que el contenido del acto que tiene estabilidad en sede
administrativa sea objeto de reproche por el órgano judicial.
4.1.6. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia del 13 de
diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, no incurrió en error
jurisdiccional, por cuanto: (i) los eventuales resultados desfavorables frente a los
reparos relativos a la violación del debido proceso y del principio de juez natural por
falta de competencia de la jurisdicción ordinaria e indebida escogencia de la acción
son atribuibles a la propia víctima, a consecuencia de su propia desidia procesal,
dado que no fueron esbozados por la accionante en el proceso verbal de
responsabilidad civil de mayor cuantía en el que se profirió dicha sentencia; y (ii)
porque contrario a lo considerado por la recurrente, lo decidido en las resoluciones
proferidas por el liquidador de Cóndor S.A. sí podía ser objeto de reproche en sede
judicial, porque la “cosa juzgada administrativa” no comporta una decisión
jurisdiccional definitiva e inmutable frente al juez.
5. Conclusión
En el marco de los reparos planteados en el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
64 Corte Constitucional, sentencia del 31 de agosto de 1995, T-382 de 1995 “En efecto, la cosa
juzgada administrativa se distingue de la cosa juzgada judicial por dos aspectos esenciales: a) se
trata de una inmutabilidad estrictamente formal -no material- en el sentido de que nada impide que
el acto que tiene estabilidad en sede administrativa sea después extinguido por el órgano judicial; y
b) porque siempre se admite la revocación favorable al administrado. Pero lo cierto es que por
influencia especialmente de los teóricos alemanes la tesis de la "cosa juzgada administrativa" fue
ganando adeptos sin que se advirtieran mayormente las transformaciones que se operaban en forma
contemporánea en el campo del derecho administrativo". […]”
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
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Cundinamarca, la Sala estima que (i) no es posible estudiar el error jurisdiccional
contenido en la sentencia del 3 de agosto de 2017, por cuanto no cumple con los
requisitos previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, dado que fue objeto de
recurso de apelación y, en consecuencia, no se encontraba en firme; y (ii) que la
sentencia del 13 de diciembre de 2018 no contiene los errores aducidos por la parte
demandante.
6. Costas en segunda instancia
El numeral 1° del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación65. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.
Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del
CGP66. Para esos efectos, deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales.
En el sub lite, la Rama Judicial no realizó gestión de manera activa en esta instancia.
En consecuencia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo del
extremo activo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP.
TERCERO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.
CUARTO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.
65 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […].”
66 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00103-01 (70588)
Demandante: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
EXT5
23
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