Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00175-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Antijurídico: no se demostró en el presente caso. Para su configuración la providencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00175-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00175-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
25 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error judicial / DAÑO
ANTIJURÍDICO – No se demostró en el presente caso. Para su configuración la providencia
debe estar desprovista de una justificación o argumentación razonable.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 27 de octubre de 2023, mediante la cual la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Leonor Meza Reales demandó a la Nación - Rama Judicial, con el fin de obtener la
indemnización de los perjuicios causados como consecuencia del supuesto error
judicial en que incurrió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
en la providencia del 10 de abril de 2019, dado que, en su criterio, debió casar la
sentencia del 29 de junio de 2012, proferida por la Sala de Descongestión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en consecuencia, condenar
a la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello a pagar la sanción moratoria
que dispone el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
II. ANTECEDENTES
La demanda1
1. El 6 de mayo de 20212, Leonor Meza Reales, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda de reparación directa, contra la Nación - Rama Judicial-, con el
1 Demanda en documento denominado “1REPARTOYRADICACION_001DEMANDA.PDF” del
expediente digital, que obra en Samai.
2 Según el documento denominado “3REPARTOYRADICACION_003
ACTAINDIVIDUALDEREPARTO.PDF” del expediente digital, que obra en Samai.
Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
fin de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios 3,
provocados por el supuesto error judicial en que incurrió la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 10 de abril de 2019.
En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes:
2. Leonor Meza Reales interpuso demanda ordinaria laboral en contra de la
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, en adelante SECAB, lugar donde
laboró entre el 15 de abril de 2002 y el 31 de enero de 2006, “mediante contratos
sucesivos de prestación de servicios”. La referida demanda, identificada con el
radicado 11001310500920080063000, tenía el propósito de que se declarara la
terminación “abrupta, injusta, ilegal e intempestiva de la relación de trabajo”, así
como el pago de los emolumentos laborales e indemnizaciones a que hubiera lugar
3 A continuación, la transcripción literal de las declaraciones y condenas consignadas en el escrito
inicial (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“1. Declárese la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado a favor de la actora y en
consecuencia, se lo condene a pagarle los perjuicios e indemnizaciones, daños morales y materiales
y el lucro cesante, causados por error judicial y el consecuente daño antijurídico infringido por la
administración de justicia, a través de la sentencia de casación proferida el 10 de Abril de 2019 por
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE DESCONGESTION N°1 DE CASACIÓN LABORAL
– Radicación N°61122 M.P. DOLLY AMPARO CAGASUANGO VILLOTA en el proceso ordinario
laboral de LEONOR MESA REALES contra LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONVENIO
ANDRÉS BELLO al no casar las sentencia impugnada en cuanto no declaró la existencia de mala
fe patronal y no concedió la sanción moratoria a la recurrente demandante.
2. Consecuencia, condenar al Estado a reconocer y pagar a favor de la actora el daño antijurídico
por los daños y perjuicios morales y materiales incluyendo el lucro cesante, al resolver NO CASAR
la demanda de casación de la actora con la sentencia proferida por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL – arriba indicada, así como las de instancia, causantes
del daño antijuridico en el Proceso Ordinario Laboral de la actora contra LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRÉS BELLOSECAB – que se materializaron en confirmar la
absolución del no pago de la sanción moratoria del Art. 65 CST, modificado por la L. 789 de 2002
Art. 2. así como la sanción por no pago ni consignación de las cesantías al fondo de cesantías en lo
previsto por la L. 50/1990 los arts. 98 y 99 -1)-2), -3) y ss y la condena del pago de costas en casación.
3. Consecuencia del daño antijurídico infringido a la actora con dicha sentencia, condenase a la
demandada al pago de los perjuicios morales equivalente a la suma de 100 salarios mínimos legales
vigentes para la época de pago de la sentencia, conforme jurisprudencia constitucional que confirma
la del Honorable Consejo de Estado,1 conforme lo ordenado por el Art. 97 L. 599/2000.
4. Las condenas serán indexadas y con el pago de los respectivos intereses legales que certifique
al momento de la liquidación la superintendencia financiera desde el momento de su causación y
hasta su pago efectivo.
5. Se condene a las costas y costos del proceso.
OBSERVACION DE PETICION ESPECIAL. Esta demanda de reparación pretende también, el
posible reconocimiento y pago del daño infringido a la actora, en consideración, a que, dentro del
trámite del recurso de casación ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
se presentó un posible quebrantamiento por eventual violación al estatuto de impedimentos Arts. 140
y 141-2), -12) CGP en cuanto a la inobservancia de la declaratoria de este respecto al magistrado
auxiliar Dr. JESUS ANTONIO PASTÁS PERUGACHE del Magistrado titular Dr. MARTIN EMILIO
BELTRAN QUINTERO, quien con anterioridad había oficiado en el proceso como apoderado judicial
de la demandada SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO –SECAB–”.
[Se precisa que en el acápite denominado “estimación razonada de la cuantía”, se solicitó: i) por
concepto de perjuicio material, la suma de $ 2.231’483.195,26 y ii) por concepto de perjuicios
morales, el equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes, en favor de la demandante].
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
-cesantías, primas, vacaciones o su compensación, y la sanción del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, por no afiliación ni consignación de cesantías-.
3. La demanda le correspondió al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá,
autoridad judicial que, mediante providencia del 11 de diciembre de 2009, declaró
que entre las partes existió un vínculo laboral -compuesto por varios contratos de
trabajo a término fijo- y, como consecuencia, condenó al pago de cesantías, primas
de servicios y vacaciones entre el 2002 y 2006, al tiempo que absolvió a SECAB de
las demás pretensiones formuladas en su contra.
4. Contra la anterior providencia, las partes interpusieron recursos de apelación y,
el 29 de junio de 2012, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá “confirm[ó] en todas sus partes la sentencia apelada”.
5. Leonor Meza Reales presentó recurso extraordinario de casación contra la
sentencia antes indicada. El 10 de abril de 2019, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia proferida por la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
“imponiendo costas a la recurrente demandante por cuatro millones de pesos
($4’000.000)”.
6. Como consecuencia de lo anterior, Leonor Meza Reales presentó demanda de
tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que fue
negada; igualmente, le solicitó a la Corte Constitucional seleccionar para revisión el
expediente de tutela, petición que fue negada el 18 de octubre de 2019.
7. A juicio de la actora, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
incurrió en error judicial, por cuanto obró en contravía del precedente judicial
aplicable, del principio de igualdad y de las pruebas aportadas al proceso ordinario
laboral. En este punto, resaltó que dos de sus compañeros de trabajo -Cielo Isabel
Esperanza Eslava Boowdem y Luis Eduardo Wilches Mahecha- tramitaron procesos
simultáneamente por los “mismos hechos, derechos y medios probatorios”, y en
esos expedientes sí se condenó, en sede de casación, al pago de la referida sanción
moratoria.
8. En un acápite de la demanda denominado “observación de petición especial”,
se indicó que, además, se presentó un “quebrantamiento por violación al estatuto
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
de impedimentos” que contempla el Código General del Proceso, por “la
inobservancia de la declaratoria de este respecto al magistrado auxiliar Dr. Jesús
Antonio Pastás Perugache del Magistrado titular Dr. Martin Emilio Beltrán Quintero,
quien con anterioridad había oficiado en el proceso como apoderado judicial de (…)
SECAB”.
La contestación de la demanda
9. La Nación - Rama Judicial4 se opuso a las pretensiones de la demanda. Alegó
que la providencia judicial acusada de error judicial contaba con sustento jurídico y
probatorio que permitió concluir, razonablemente, que no se acreditó mala fe por
parte del empleador -SECAB- en la ejecución del contrato de prestación de
servicios, razón por la que resultaba improcedente la condena pretendida por
Leonor Meza Reales. Agregó que la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50
de 1990 no se aplicaba de forma automática e inexorable, sino que resultaba
necesario analizar las circunstancias particulares de cada caso.
10. Atacó el argumento de la demanda que hizo referencia a la violación del principio
de igualdad y del precedente judicial, haciendo alusión a la independencia y
autonomía judicial, según la cual puede existir divergencia de criterios entre los
operadores judiciales, sin que por ello se configure un error judicial, siempre y
cuando la decisión judicial esté fundada en argumentos racionales.
11. Por último, advirtió que lo que pretendía la parte demandante, por la vía del
medio de control de reparación directa, era revivir etapas procesales debidamente
clausuradas y que se analizaran nuevamente los argumentos que planteó en el
trámite del proceso ante la jurisdicción ordinaria, es decir, una suerte de tercera
instancia. Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, propuso las excepciones que
denominó “cosa juzgada” y “violación a la seguridad jurídica”.
12. El 30 de agosto de 20235, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió
emitir sentencia anticipada6.
4 Documento denominado “20_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai.
5 Documento denominado “023_AUTOTRASLADOPARTES10DIAS.pdf” del expediente digital, que
obra en Samai.
6 En vista de que solo se solicitaron como pruebas las documentales aportadas con la demanda, y
sobre estas no se formuló tacha o desconocimiento; además, por no existir excepciones previas por
resolver -de la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada, indicó que se resolvería en
la sentencia-. En definitiva, en esa decisión i) se tuvieron como pruebas las allegadas por el extremo
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
13. La parte demandante7 y la Rama Judicial8 alegaron de conclusión, haciendo
énfasis en los argumentos hasta aquí expuestos. El Ministerio Público guardó
silencio.
La sentencia de primera instancia
14. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia anticipada el 27 de octubre de 20239, en la que
negó las pretensiones de la demanda.
15. Indicó que, aunque en los procesos interpuestos por Luis Eduardo Wilches
Mahecha y Cielo Esperanza Isabel Eslava Boowde se encontró acreditada la mala
fe patronal y se accedió al pago de la sanción moratoria, tal estudio le correspondió
a otra Sala de Decisión de la Corte Suprema de Justicia. Recordó que, de
conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, los operadores
judiciales gozan de independencia y autonomía judicial; que, por ello, sus decisiones
pueden ser diversas, siempre y cuando los argumentos jurídicos aducidos sean
razonables y no vayan en contravía de sentencias de unificación, “la cual no existía
para el asunto de sanción moratoria por cesantías al momento de la decisión de la
cual se predica error judicial”.
16. Explicó que, en la decisión acusada, la Corte Suprema de Justicia expresó las
razones por las cuales no accedió a la petición de la sanción moratoria que dispone
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Hizo énfasis en que la mala fe patronal no se
presumía automáticamente y que, en el caso concreto, no se había allegado prueba
alguna que demostrara ese elemento subjetivo de la conducta del entonces
empleador de Leonor Meza Reales, sino que lo que se acreditó fue que SECAB
consideró que el vínculo laboral con la ahora demandante era civil, de prestación de
servicios. Concluyó que “en la decisión de la que se predica el error jurisdiccional
fue culpa de la parte demandante no haber acreditado la mala fe patronal para que
se impusiera dicha sanción”.
demandante; ii) se fijó el litigio, y iii) se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos
de conclusión, y al agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, emitiera su
concepto.
7 Documento denominado “030_RECIBEMEMORIALES_ALEGATOSDECONCLUSI.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai.
8 Documento denominado “025_RECIBEMEMORIALES_ALEGATOSDECONCLUSI.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai.
9 Documento denominado “032_SENTENCIA.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
17. Mencionó, además, que en las decisiones proferidas en los procesos
interpuestos por Luis Eduardo Wilches Mahecha y Cielo Esperanza Isabel Eslava
Boowde únicamente se indicó que se reconocería tal indemnización “conforme a los
artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990”, pero que en estas decisiones “no realiz[ó]
análisis de la característica sancionatoria de la misma [forma] como se efectuó en
el caso de Leonor Meza Reales”.
18. Aclaró, también y a modo de precisión, que la facultad de revisión de los fallos
de tutela por parte de la Corte Constitucional tenía el carácter de eventual y que se
realizaba de forma discrecional, sin necesidad de motivación expresa.
19. En lo relacionado con el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que
supuestamente había obrado como apoderado de SECAB, indicó que la
demandante contaba con el trámite de recusación y no lo agotó.
20. Por las razones hasta aquí expuestas, el Tribunal Administrativo descartó la
configuración de un posible error jurisdiccional y, acto seguido, condenó en costas
a la demandante Leonor Meza Reales, para lo cual fijó las agencias en derecho en
el 2% del valor de las pretensiones formuladas en el escrito inicial.
El recurso de apelación
21. La parte actora apeló el fallo de primera instancia10. Insistió en que se demostró
la mala fe de SECAB en el proceso ordinario laboral, “ante la evidencia potísima de
hechos, medios de prueba y conductas anti procesales del patrón, erróneamente
valorados en instancia por la sentencia de casación”, tales como “certificados de
trabajo, contratos, memorandos con órdenes de trabajo y del interrogatorio a las
partes” que daban cuenta del contrato de trabajo realidad y que el empleador eludió
y negó el pago de las cesantías. En esa misma línea, precisó que la trabajadora
presentó la reclamación de “este pago” el 30 de noviembre de 2007, con antelación
al presente proceso de reparación directa, “donde lo más sano y obvio para un
patrón decente, si creía actuar de buena fe, era haber efectuado las consignaciones
inmediatamente, lo cual no sucedió”.
10Ver documento denominado “035_RECIBEMEMORIALES_RECURSOAPELACIONLE.pdf”, del
expediente digital, que obra en Samai.
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Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
22. Precisó que la exculpación del pago de esta sanción devino de la “interpretación
errónea y burdamente desbordada y laxa en la inaplicación” del numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, disposición normativa que era “libre de cualquier
condición o apreciación diferente”, y que establecía que debía verificarse que el
empleador no hubiese consignado las cesantías del trabajador a más tardar el 15
de febrero de cada anualidad, omisión esta que imponía el pago al trabajador del
equivalente a un salario diario por cada día de mora o retraso, a título de
“indemnización por el perjuicio malevo patronal de violar y ser tramposo de mala fe
con la ley”.
23. Reiteró que los procesos ordinarios laborales presentados por Luis Eduardo
Wilches Mahecha y Cielo Esperanza Isabel Eslava Boowde contaban con “la misma
situación fáctica, procesal y probatoria” que el interpuesto por Leonor Meza Reales,
y que era errónea la consideración del a quo según la cual, en las sentencias
proferidas en esos procesos “no se realizó ningún análisis de la característica
sancionatoria de la misma [forma] como se efectuó en el caso de Leonor Meza
Reales””; al respecto, aseguró que en ambas decisiones se realizó “un detallado y
juicioso análisis de la mala fe patronal demostrada hasta la saciedad, (…) de la
evidente e indiciaria mala fe y trampa patronal antilaboral contra los trabajadores”.
Sobre este aspecto indicó, además, que el Tribunal Administrativo se extralimitó,
porque “no e[ra] quien deb[ía] cuestionar el proceder diamantino de seis
magistrados en las sentencias que condenaron la sanción por estos derechos” y
con una interpretación jurídica “apegada a la ley”.
24. La demandante manifestó su inconformidad con el argumento según el cual la
actora debió recusar al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, porque,
con tal razonamiento, el Tribunal Administrativo “convalid[ó] su irregular proceder,
cuando éticamente carec[ía] de presentación, por obvias razones de moral jurídica”.
Aseguró que el solo hecho de que el magistrado titular suscribió la providencia en
la que se absolvió a SECAB era una “anomalía procesal”, que iba en contravía de
la “decencia con el ejercicio de la profesión” y “la pulcritud [e imparcialidad] en el
desempeño del cargo como funcionario judicial”. Dijo, además, que Leonor Meza
Reales tuvo conocimiento de esa situación “hasta cuando el expediente total fue
conocido por la demandante para la acción de tutela”.
25. Para finalizar, indicó que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca reprodujo el mismo “error” de la providencia acusada proferida por
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
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la Corte Suprema de Justicia, limitándose a decir que “la Corte en su fallo t[enía] la
libertad de interpretar la ley”, e imponiendo, además, una condena en costas a la
demandante “exorbitante”, cuya revocatoria también solicitó.
III. CONSIDERACIONES
26. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el
agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, procede la Sala a decidir la
segunda instancia de la presente litis.
El objeto del recurso de apelación
27. En esta instancia le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los motivos de
inconformidad presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia
de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad
quem para resolver la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y
definir de manera oficiosa.
28. Las referencias argumentativas aducidas por la parte actora en contra de la
decisión recurrida se centran en insistir en que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia incurrió en un error jurisdiccional, en la sentencia del 10
de abril de 2019, proferida en el proceso ordinario laboral con radicado
11001310500920080063000, porque se abstuvo de condenar a SECAB al pago de
la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
29. Con miras a delimitar el marco de competencia que le corresponde a esta Sala,
se resalta que si bien en la demanda se mencionó, en uno de sus hechos, que la
Corte Constitucional negó la revisión del expediente de la tutela que se formuló en
contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es
que este aspecto no fue invocado por la parte actora para edificar sus pretensiones
indemnizatorias, pues en ningún aparte del escrito inicial se denunció, o se alegó,
que la Corte Constitucional también incurrió en error judicial11.
11 La Sala resalta que “lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido, sea
beneficioso o perjudicial, por lo que (…) cualquier recurso (…) se resuelve en la medida de los
agravios expresados”, dado que al juez de la segunda instancia le está vedado construir motivos de
disenso, pues, si así lo hiciera, vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
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30. La recurrente, además, insiste en señalar que, a su juicio, se configuró una
violación al estatuto de impedimentos. En este punto de la providencia, no sobra
decir que tal imputación encuadra dentro del título de defectuoso funcionamiento de
la Administración de Justicia, en la medida que denuncia una función judicial
anormal, por un indebido funcionamiento; el hecho de que la parte actora no la
hubiese elevado con ese título en específico -pues la incluyó en un acápite de la
demanda que denominó “observación de petición especial”- no tiene ninguna
incidencia en el sub lite. De acuerdo con la sentencia de unificación de 19 de abril
de 2012, dictada por la Sección Tercera, al no existir consagración constitucional de
ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los
fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte
de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia.
El marco normativo aplicable a la controversia
31. Como punto de partida para decidir el recurso que se encuentra a consideración
de la Sala, i) se realizarán algunas consideraciones generales sobre el régimen de
responsabilidad aplicable cuando se alega la reparación de daños causados por
error jurisdiccional, en concreto, cuando dicha acusación se dirige contra decisiones
de casación; ii) también se hará referencia al título jurídico de imputación de
defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.
32. En primer lugar, se precisa que el error jurisdiccional es uno de los supuestos
por los cuales el Estado debe responder por los daños antijurídicos causados por
acción o la omisión de sus agentes judiciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Además, esta Corporación
ha señalado que para su configuración se requiere que: i) se trate de una
providencia proferida por una autoridad investida de la facultad jurisdiccional y en
ejercicio de la misma12; ii) contra la providencia atacada se hubieren interpuesto los
recursos de ley y aquella se encuentre en firme13; iii) resulte contraria a la realidad
de la contraparte. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 2 de junio de 2023, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, exp: 60.273,
así como sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 52.413.
12 Ley 270 de 1996, artículo 66: “Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley” (se destaca).
13 Ley 270 de 1996, artículo 67: “El error jurisdiccional se sujeta a los siguientes presupuestos: 1. el
afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70,
excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de
una providencia judicial; 2. la providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
procesal (error fáctico) o al ordenamiento jurídico (error de derecho), sin que ello
signifique que la contradicción sea grosera, abiertamente ilegal o arbitraria y iv) que
el error en ella contenido incida en la decisión judicial y cause un daño personal,
cierto y antijurídico14.
33. Entonces, para que una providencia judicial dictada por una autoridad investida
de la facultad jurisdiccional y, en ejercicio de tal, se entienda incursa en un error
jurisdiccional, se requiere que resulte “contraria a la ley”15, bien sea por una omisión
de decreto o práctica de pruebas o una defectuosa apreciación probatoria -error de
hecho- o por la infracción directa, la interpretación errónea o la aplicación indebida
de la ley -error de derecho-; circunstancias capaces de influir en el sentido de la
determinación final.
34. En ese sentido, se ha precisado que, como el régimen de responsabilidad
aplicable a estos eventos es subjetivo, por cuanto el factor de atribución
“corresponde a una causa expresamente prevista por el legislador como contraria a
la ley”16, la parte interesada tiene que cumplir con una carga mínima argumentativa
que le permita al juez de lo contencioso administrativo establecer con claridad y
precisión cuál o cuáles son los yerros -de hecho o de derecho- que contiene la
providencia acusada, o que al menos el juez de instancia pueda interpretarlos, a
partir de una valoración integral de la demanda17.
35. Ahora bien, si lo que se pretende, vía reparación directa, es que declare la
responsabilidad del Estado por el error jurisdiccional en que incurrió la Corte
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de
agosto de 2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
15 Ley 270 de 1996, artículo 66: “Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley”.
A su vez, esta Subsección ha señalado lo siguiente: “Para la Subsección, la violación y/o
contrariedad con la ley debe ser entendida en sentido amplio, esto es, la ley en forma material. Esto,
por antonomasia, incluye la vulneración de normas constitucionales. De esta forma, el régimen
subjetivo de responsabilidad, en estos casos, guardaría consonancia con la constitucionalización del
derecho de daños, dado que amplió el análisis de la responsabilidad del Estado a un plano que va
más allá del entendimiento formal de la ley”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp. 43042. C.P. María Adriana Marín.
16 Ibidem.
17 Así, cuando se trate de un error de derecho, se deberá establecer, por lo menos, “un señalamiento
de las normas que se consideran como transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que
ellas fueron infringidas”. Por su parte, en el error de hecho deberá indicarse “cuáles fueron las
pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la
ley”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 43042. C.P. María Adriana Marín; reiterada por la
misma Subsección, entre otras, en: sentencias del 12 de diciembre de 2019, exps. 45602A y 45443.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
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Suprema de Justicia, el interesado en que ello ocurra debe tomar en consideración
que unas son las competencias de esta Alta Corte cuando se pronuncia como
tribunal de casación y otras las asumidas por las autoridades judiciales de instancia;
es así que, mientras “los jueces de primera y segunda instancia examinan la
conducta de los particulares frente al derecho vigente”, en el recurso extraordinario
de casación “varía el objeto del control, pues el Tribunal o Corte de Casación realiza
control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los juzgadores de
instancia, para decidir luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley”18. Lo anterior
cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el recurso de casación, como
medio extraordinario de impugnación, no activa una nueva instancia judicial, sino
que su función consiste en proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación
del derecho objetivo.
36. Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, la Corte Constitucional19
ha dicho que, en materia de casación, es razonable concluir que “la regla general
es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos
previstos en la ley”1, lo que explica entonces que “la ley, sin caer en formalismos
innecesarios y excesivos (…) puede establecer requisitos más severos para
acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique
que, por ese solo hecho, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto (…)
para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos
casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias”.
37. Entonces, para que prospere la acusación en torno al error jurisdiccional
cometido por la Corte Suprema de Justicia cuando profiere una decisión de
casación, es imperativo que la parte actora no solo identifique el yerro de hecho y/o
de derecho cometido, sino que además tenga en cuenta el marco fundamental de
competencia de un tribunal de casación, al cual le corresponde pronunciarse
únicamente sobre los aspectos singularmente acusados por el casacionista, quien
debe encuadrarlos en una o varias de las causales consagradas de forma taxativa
en la ley.
18 Así lo explicó la Corte Constitucional, en la sentencia C-252 de 2011, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
19 Corte Constitucional, sentencia C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
“[L]a casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene
esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia.
Por ende, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los
conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento
prevé el trámite de las instancias”.
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38. A modo de precisión, debe decirse que el artículo 368 del Código de
Procedimiento Civil consignó, como causales de casación, las siguientes: i) la
violación directa de una norma jurídica sustancial; ii) la violación indirecta de la ley
sustancial, como consecuencia de error de derecho o error de hecho manifiesto y
trascendente; iii) la falta de consonancia de los hechos, con las pretensiones de la
demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha
debido reconocer de oficio; iv) las declaraciones o disposiciones contradictorias en
la parte resolutiva; v) las decisiones que hagan más gravosa la situación del
apelante único y vi) haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de
las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren
sido saneados. Por su parte, el Código General del Proceso, en su artículo 336,
estableció las mismas causales, excepto la relacionada con las “declaraciones o
disposiciones contradictorias en la parte resolutiva”, y dispuso en su inciso final que
“la Corte no pod[ía] tener en cuenta causales de casación distintas a las
expresamente alegadas por el demandante”, pero que sí se encontraba autorizada
para casar la sentencia, aún de oficio, en aquellos casos en los cuales fuera
“ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público,
o atenta contra los derechos y garantías constitucionales”20.
39. Así mismo, según dispone el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral y
de la Seguridad Social, el recurso de casación en materia laboral procede por los
siguientes motivos: i) por ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por
infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; ii) por error de
hecho, cuando proviene de la falta de apreciación o apreciación errónea de un
documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección judicial, y iii)
por contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló
la sentencia de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta.
40. Lo expuesto implica que, cuando se trate de decisiones de casación, el estándar
para identificar el error -de hecho o de derecho- es aún más riguroso, en la medida
en que el juez de la reparación debe verificar no solo que la providencia de casación
censurada contenga un yerro que haya producido un daño a quien lo alega, sino
que debe tener en cuenta, además, que la competencia de la Corte Suprema de
Justicia estuvo circunscrita a una o varias causales de casación y “a los contenidos
20 “Artículo 336. (…). La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que
han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de
oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público,
o atenta contra los derechos y garantías constitucionales”.
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valorativos que caracterizan e identifican cada causal en sus singulares motivos y
sentidos de violación”21.
41. En segundo lugar, es menester señalar que el título jurídico de imputación de
defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, regulado en la Ley 270
de 1996, plantea un vínculo con el derecho de acceso a la administración de justicia
y de tutela judicial efectiva, entonces, su configuración implica la vulneración o
lesión de dichos derechos, a través de una función judicial anormal, por indebido
funcionamiento, falta de funcionamiento o funcionamiento tardío, de ahí que, para
determinar si prospera el argumento del recurrente, se requiere verificar si las
acciones u omisiones desarrolladas en el marco del proceso judicial menoscabaron
efectivamente el ejercicio de los mencionados derechos.
42. Con las precisiones que anteceden, procede esta Sala a analizar el caso
concreto.
El análisis del caso concreto
43. Se considera pertinente reconstruir los hechos relevantes del caso bajo examen.
44. La señora Leonor Meza Reales radicó, a través de apoderado judicial, una
demanda ordinaria laboral contra SECAB, con la finalidad de que se declarara la
existencia de una relación laboral con ella desde el 15 de abril de 2002 hasta el 31
de enero de 2006, y su terminación unilateral sin justa causa; así como que se
reconocieran y pagaran los emolumentos laborales y sanciones a que hubiera
lugar22.
21 Pabón Gómez, Germán, “De la casación y la revisión en el Estado Constitucional, Social y
Democrático de Derecho”, página 124.
22 En la demanda ordinaria laboral, que obra a folios 11 a 24 del documento denominado “ANEXO
3 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR MEZA REALES” del expediente digital, se formularon
las siguientes pretensiones:
“1. El pago de cesantías por el periodo laborado del 15 de abril de 2002 al 31 de enero de 2006.
2. El pago de la sanción del art. 99 Ley 50 de 1990, por no consignación de cesantías ni afiliación de
la suscrita a ningún fondo de cesantías.
3. El pago de las primas legales de servicio semestrales de junio y diciembre en toda la relación
laboral.
4. El pago de las vacaciones o su compensación en dinero por todo el tiempo trabajado.
5. Se reintegre el valor de los pagos efectuados por la actora de su peculio por concepto de seguridad
social, y riesgos de enfermedad, invalidez y muerte, en todo el curso de la relación laboral.
6. Al pago de indemnización por terminación abrupta, injusta, ilegal e intempestiva de la relación de
trabajo.
7. Al pago de la sanción prevista en el Art. 65 del C.S.T., por el no pago de las acreencias laborales
al momento del despido.
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45. El proceso, identificado con el radicado 11001310500920080063000, por
reparto, le correspondió al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá23, el cual,
mediante sentencia del 11 de diciembre de 2009, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: i) declaró la existencia de
la relación laboral entre las partes “compuesta por varios contratos de trabajo a
término fijo”, desde el 15 de abril de 2002 hasta el 31 de enero de 2006; ii) condenó
a SECAB al pago de algunas acreencias laborales en favor de Leonor Meza Reales
-cesantías, primas de servicios y vacaciones adeudadas-24; iii) absolvió al
empleador de las demás pretensiones formuladas en su contra, y iv) condenó en
costas a SECAB25. En el acápite que denominó “indemnización moratoria y mala fe
de demandada”, explicó:
“Solicita la demandante se condene a la demandada al pago de la
indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del CST.
En efecto, el artículo 65 del CST establece lo siguiente: ‘Indemnización por falta
de pago. 1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador
los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados
por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como
indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo’.
Al respecto, vale la pena precisar que en diferentes sentencias, la Corte
suprema de Justicia ha manifestado que para que haya lugar a condenar la
indemnización moratoria es necesario que el empleador, al terminar el contrato
de trabajo, no haya pagado al trabajador los salarios y prestaciones debidos y
demás, que dicho proceder se haya presentado de mala fe.
8. Se declare la no finalización de la relación de trabajo en razón a la omisión legal en que incurrió
las demandadas al momento del despido y pretermitir lo previsto en la Ley 789 de 2002 art. 29
parágrafo 1. en consecuencia, se condene al restablecimiento del vínculo laboral y el pago de los
salarios y prestaciones legales de cesantías, primas, seguridad social, vacaciones etc desde el
despido hasta el reintegro.
9. Que declarará que la vinculación contractual de prestación de servicios entre las partes que se
demanda, fue de mala fe y fraudulenta, aparentemente mediante contrato de prestación de servicios,
siendo que en realidad fue de relación laboral, la forma de trabajo y la subordinación, la relación
directa de ordenes de trabajo, el pago mensual de los sueldos, la supervisión de las funciones,
informes, órdenes y exigencia de cumplimiento de horario de trabajo en el sitio donde funciona la
demandada y otros aspectos desnaturalizan aquel para establecer una verdadera relación y contrato
do trabajo, con prevalencia de la realidad sustancial, conforme los artículos 53 y 228 de la C.N”.
23 Folio 26 del anexo 3.
24 Se precisa que, en la sentencia del 11 de diciembre de 2009, se condenó a SECAB a pagar a
favor de Leonor Meza Reales, las siguientes sumas de dinero:
“a) la suma de $2.787.500.00 por concepto de cesantías adeudadas para el año 2002.
b) La suma de $4.500.000.00, por concepto de cesantías adeudas para el año 2003.
c) La suma de $3.500.000.00 por concepto de cesantías adeudas para el año 2004.
d) La suma de $3.500.000.00 por concepto de cesantía adeudadas para el 2005.
e) La suma de $291.666.66 por concepto de cesantías proporcionales del año 2006.
f) La suma de $2.785.500.00 por concepto de prima de servicios del año 2003.
g) La suma de $4.500.000.00 por concepto de prima de servicios del año 2004.
h) La suma de $3.500.000.00, por prima de servicios adeudadas, para el año 2005.
i) La suma de $291.666.66 por concepto de prima de servicios adeudas proporcionales del año 2006.
j) La suma de $6.562.500.00 por concepto de vacaciones de todo el tiempo laborado”.
25 Folios 1 a 21 del documento denominado “ANEXO 4 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR
MEZA REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
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De esta manera y a pesar de que quedó demostrado que la llamada a juicio no
pagó las prestaciones sociales a que había lugar, lo cierto es que dicha
conducta no fue de mala fe, ya que la llamada a juicio actuó siempre pensando
que se trataba de un contrato de prestación de servicios que no implicaría el
reconocimiento de acreencias laborales reclamadas por la parte actora, por
ende, sobreviene absolución por este concepto”.
46. Las partes interpusieron recursos de apelación; oportunidad en la que SECAB
solicitó que se revocara la sentencia en su integridad26, mientras que Leonor Meza
Reales manifestó su desacuerdo con la absolución del empleador del pago de la
sanción moratoria por no consignación de las cesantías27.
47. Surtido el trámite procesal correspondiente, el 29 de junio de 2012, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dictó sentencia de
segunda instancia, en la que confirmó “en todas sus partes la sentencia apelada”.
Se destacan, a continuación, los fragmentos de esa decisión en los que se
descartaron los argumentos que planteó Leonor Meza Reales en su recurso de
apelación28:
“[D]etermina la Sala que para este tipo de indemnización tiene puntualizado la
Sala Laboral de la C.S.J. que su aplicación no es automática e inexorable, sino
que por el contrario se deben analizar las circunstancias relevantes que
aparezcan demostradas en el proceso.
En el caso de autos, debe la Sala resaltar que la demandada siempre estuvo
convencida que el contrato que la vinculaba con la demandante, era de carácter
civil, por ser un contrato de prestación de servicios profesionales, razones que
la llevaron a no consignar las cesantías anualmente y no pagar las prestaciones
a la terminación del contrato; posición que reitera ahora en el recurso, lo cual la
exime de la mala fe que debe preceder a las indemnizaciones. Y es que sobre
este caso en particular como se indicó inicialmente se ha pronunciado la Corte
Suprema de Justicia en los siguientes términos: (…) [citó la sentencia. CSJ, cas.
Laboral. Sent. Abr. 24/70].
Fue tal el convencimiento de las partes acerca de la vinculación civil, que
durante la ejecución del contrato, no aparece ningún reclamo por parte de la
actora al empleador, ni manifestaba inconformidad una vez se realizaban los
pagos de los honorarios. Como consecuencia de lo anterior se confirmará la
sentencia impugnada frente a este punto”.
26 Folios 37 a 46 del documento denominado “ANEXO 4 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR
MEZA REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
27 Folios 22 a 26 del documento denominado “ANEXO 4 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR
MEZA REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
28 Folios 66 a 83 del documento denominado “ANEXO 5 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR
MEZA REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
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48. Las partes interpusieron recursos extraordinarios de casación contra la decisión
que profirió la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 29;
autoridad judicial que concedió únicamente el presentado por Leonor Meza
Reales30, mientras que denegó el interpuesto por SECAB, en tanto que “no cumplía
con el presupuesto del artículo 86 del Código de Procedimiento Laboral”31.
49. La demanda de casación, radicada con el número 61.122, fue resuelta el 10 de
abril de 2019 por la Sala de Descongestión 1 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la que decidió no casar la sentencia del 29 de junio de
2012, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá.
50. Adicional a las pruebas relacionadas de manera precedente, la parte actora
aportó dos sentencias proferidas por la Sala de Descongestión 3 de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de diciembre de 2017 y el 9 de mayo
de 2018, y que fueron dictadas en los procesos interpuestos por Luis Eduardo
Wilches Mahecha -radicado 53.646- y Cielo Esperanza Isabel Eslava Boowdem -
radicado 51.717-, respectivamente, en las que casaron las sentencias de segunda
instancia y, como consecuencia, se declaró la existencia de un contrato de trabajo
y se condenó al pago de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y
compensación por vacaciones, así como por la sanción moratoria, representada en
un día de salario por cada día de retardo32.
Del error jurisdiccional alegado
51. Advierte esta Sala, de entrada, que la aquí demandante, en algunos fragmentos
del recurso de apelación, no tomó en consideración cuáles eran las competencias
de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación. Al respecto, la parte
actora mostró su inconformidad con el hecho de que esa Alta Corte se abstuviera
de proferir una condena en contra de SECAB -por el pago de la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990-; sin embargo, ese recurso
29 Folio 87 del documento denominado “ANEXO 5 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR MEZA
REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
30 Folios 95 y 96 del documento denominado “ANEXO 5 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR
MEZA REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
31 Al respecto, se concluyó lo siguiente: “[c]omo quiera que $42.806.917 no cumple con el
presupuesto del artículo 86 del Código de Procedimiento Laboral, para la procedencia del recurso
extraordinario de casación, es decir 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para el
año 2012 sumaban $68.004.000, se NIEGA el recurso interpuesto por la parte demandada”.
32 Folios 99 a 145 del documento denominado “ANEXO 6 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR
MEZA REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
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extraordinario no activaba una instancia judicial adicional -que permitiera modificar,
de plano, la indemnización fijada en la segunda instancia del proceso ordinario
laboral-. En realidad, la función de la Corte Suprema de Justicia consistía en
proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho, y su
competencia estaba circunscrita a las causales de casación que planteó la ahora
demandante en contra de la decisión que profirió, el 29 de junio de 2012, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. De acuerdo con esas
causales, la Corte Suprema debía decidir i) si casaba, ii) o no la sentencia puesta
a su consideración; solo en el primer evento, le correspondía emitir un fallo y/o
indemnización de reemplazo; de lo contrario, debía explicar las razones por las
cuales los aspectos acusados por el casacionista no tenían vocación de
prosperidad.
52. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala, entonces, estudiará los argumentos
de la apelación bajo el entendimiento de que lo que puede reprochársele a la Corte
Suprema de Justicia, en términos de error judicial, es el hecho de no casar la
sentencia que dictó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá; para ese análisis, se precisa que la competencia de la Corte Suprema de
Justicia estuvo circunscrita a tres cargos de casación; los que serán sintetizados
a continuación.
53. En el primer cargo de casación, alegó que se había presentado una indebida
valoración de varios elementos de prueba -mencionó una circular y algunos
memorandos-, además, que no se tuvo en cuenta el escrito de la demanda ordinaria
laboral, su respectiva contestación y el auto de declaratoria de confeso; elementos
todos indicativos de la mala fe con la que actuó SECAB, con lo cual el Tribunal
Superior violó indirectamente algunos artículos legales y constitucionales “en la
modalidad de aplicación indebida”33.
54. En el segundo cargo de casación, adujo que la decisión de la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá i) desconoció pronunciamientos
judiciales que resultaban aplicables al caso, y ii) contenía “una contradicción
insuperable” que “desconoc[ía] las reglas de la lógica pues partiendo de una
33 En este cargo, mencionó los artículos 5° de la Ley 57 de 1887; los artículos 5, 8 y 9 de la Ley 153
de 1887; 1603 y 1618 del Código Civil; los artículos 1, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 a 24,
27, 55, 56, 57.9, 59.9 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 71 del Decreto 2282 de
1989; los artículos 1°, 174, 175, 177, 187, 194, 202, 210, 248, 249, 250, 251, 254, 258, 268, 279 y
305 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social y los artículos 13, 25, 29, 43, 53, 58, 83, 228 y 230 de la Constitución Política.
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premisa mayor, que es la existencia de un contrato de trabajo, debió inferirse la mala
fe”; dijo que, lo expuesto, conllevó a la violación directa de artículos legales y
constitucionales34, en la “modalidad de interpretación errónea”.
55. En el tercer cargo de casación, Leonor Meza Reales denunció que la
sentencia acusada violó la ley sustancial, por “vía directa, en la modalidad de falta
de aplicación” de los artículos que tratan sobre la obligación que tiene el empleador
de consignar las cesantías en un fondo autorizado a favor del trabajador35; aspecto
en el que insistió, nuevamente, en la “contradicción insuperable” que tenía la
decisión de segunda instancia en punto de la absolución por concepto de sanción
moratoria.
56. Ninguno de estos cargos de casación tuvo vocación de prosperidad; para llegar
a dicha determinación la Corte Suprema de Justicia realizó el siguiente análisis:
57. Los dos primeros cargos de casación fueron estudiados de forma conjunta por
la Corte Suprema de Justicia, dado que contenían “una argumentación que se
complementa[ba]” y que podían ser encuadrados en la causal consistente en la
“violación de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho o error de
hecho manifiesto y trascendente”.
58. Bajo ese contexto, la Alta Corte precisó que “una cosa es dar por acreditada la
relación laboral subordinada y, otra bien distinta, dar por establecido que la conducta
del empleador estuvo desprovista de buena fe”; asuntos que no resultaban
consecuentes ni dependientes uno del otro, como sugería el casacionista. En este
punto, explicó que dicha indemnización no era de aplicación automática, sino que,
en cada caso particular, debían analizarse las razones aducidas por el empleador
para no efectuar el pago, y que era un “deber ineludible” del juez estudiar el material
probatorio, con el fin de determinar si la conducta del empleador estuvo revestida
34 En este cargo, mencionó los artículos 5° de la Ley 57 de 1887; los artículos 5, 8 y 9 de la Ley 153
de 1887; los artículos 1603 y 1618 del Código Civil; los artículos 1, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 27, 55, 56, 57.9, 59.9 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículo 1°, 174, 175,
177, 187, 194, 202, 210, 248, 249, 250, 251, 254, 258, 268, 279 y 305 del Código de Procedimiento
Civil; los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y los
artículos 13, 25, 29, 43, 53, 58, 83, 228 y 230 de la Constitución Política.
35 En este cargo, mencionó los artículos 5° de la Ley 57 de 1887; los artículos 5, 8 y 9 de la Ley 153
de 1887; los artículos 1603 y 1618 del Código Civil; los artículos 1, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 27, 55, 56, 57.9, 59.9 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con el numeral
primero del artículo 71 del Decreto 2282 de 1989; los artículos 1, 174, 175, 177, 187, 194, 202, 210,
248, 249, 250, 251, 254, 258, 268, 279 y 305 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 60, 61
y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y los artículos 13, 25, 29, 43, 53, 58,
83, 228 y 230 de la Constitución Política.
18
Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
de buena fe o no; para sustentar su postura, la Corte Suprema citó la jurisprudencia
que se precisa a pie de página36.
59. En lo relacionado con el yerro de tipo fáctico alegado, la Corte Suprema de
Justicia descartó su existencia, al estimar: i) que la circular y los memorandos
mencionados por la casacionista contenían “un componente genérico [porque iban
dirigidos a varios trabajadores] que imp[edía] conocer con exactitud la supuesta
mala fe con la que el empleador ejecutó el contrato de trabajo específico y
relacionado con la aquí accionante”; ii) que no existía ningún otro elemento que
diera cuenta de algún llamado de atención, sanción y/o memorando dirigido a la
señora Meza Reales; iii) que los demás medios de convicción allegados al proceso
-incluso los que no fueron mencionados en la demanda de casación- no provenían
del empleador y no aportaban información sobre la conducta de SECAB en el
desarrollo del referido contrato de trabajo; iv) que el escrito de contestación de la
demanda no contenía ninguna confesión de la “conducta malintencionada” de
SECAB, y v) que, aunque en la audiencia de trámite, el Juzgado Noveno Laboral
del Circuito de Bogotá dispuso tener como confesos algunos hechos de la demanda
inicial, dada la inasistencia de SECAB a absolver el interrogatorio de parte, tales
supuestos fácticos eran relevantes, únicamente, para la acreditación de los
elementos de un contrato de trabajo37, pero no permitían evidenciar el elemento
subjetivo constitutivo de la sanción pretendida.
60. La sentencia acusada descartó, también, el supuesto desconocimiento de un
precedente jurisprudencial aplicable -CSJ SL2074-, para lo cual explicó que a ese
proceso fueron allegados elementos probatorios indicativos de conductas concretas
que permitieron deducir la mala fe del empleador38; supuestos que no fueron
probados en el proceso ordinario laboral que interpuso la señora Leonor Meza
Reales.
36 Estas fueron las decisiones jurisprudenciales que fueron mencionadas en la decisión acusada: i)
“CSJ SL2478 – 2018”, ii) “CSJ SL11436 -2016”, iii) “CSJ SL21162 -2017” y iv) “CSJ SL194 -2019”
37 Al respecto la decisión acusada, precisó: “esto es, que prestó servicios de forma personal y
continua en el cargo de abogada al servicio de la entidad; los extremos temporales del vínculo; el
valor de las remuneraciones recibidas; la existencia de un horario de trabajo; el uso de implementos
de propiedad de la accionada; la obligatoriedad de asistir a capacitaciones y reuniones y la existencia
de memorandos verbales y escritos”.
38 Al respecto la decisión acusada, precisó: “como, por ejemplo, correos electrónicos dirigidos
personalmente a la actora en los que se le piden resultados concretos; en los que de manera hostil
se le indica que debe responder porque para eso se le está pagando, se le exigen especificaciones
de informaciones y rendimientos con horario fijo (f." 115 cuaderno de la Corte) e incluso, obra un
certificado, con destino a la DIAN, en el que se certifica que dicha persona se encuentra vinculada a
ese organismo “desempeñando funciones administrativas no ejerce como abogada litigante” (f.
120)”.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
61. El último de los cargos de casación fue resuelto de forma desfavorable por la
Corte Suprema de Justicia, después de razonar que la casacionista incurrió,
nuevamente, en una imprecisión argumentativa por “considerar que la declaratoria
de existencia de un contrato de trabajo conlleva[ba], de forma automática, [a] la
imposición de la sanción moratoria” y, acto seguido, reiteró los argumentos en punto
de la viabilidad de la sanción pretendida a condición de la existencia de mala fe por
parte del empleador.
• Del argumento según el cual la Corte Suprema de Justicia valoró, de forma
errada, “medios de prueba y conductas anti procesales del patrón”, que daban
cuenta que eludió y negó el pago de las cesantías
62. Destaca la Subsección que, en lo relacionado con el yerro de tipo fáctico alegado
por la casacionista, la Corte Suprema de Justicia estimó que el cargo planteado
“resultaba ser más descriptivo que crítico”, en la medida que no realizaba un
reproche concreto “al ejercicio valorativo que efectuaron los jueces de instancia”,
sino que solo relacionaba y describía unos medios probatorios. Pese a advertir que
ese defecto argumentativo, la Alta Corte procedió, de todas maneras, a su estudio,
y en dicho análisis descartó la existencia de un yerro fáctico, después de analizar,
con detalle, no solo las pruebas referidas por la casacionista, sino, también, las
demás que obraban en el proceso en cuestión.
63. Entonces, para esta Sala resulta evidente que la Corte Suprema de Justicia no
pretermitió ninguno de los medios de convicción allegados al proceso ordinario
laboral; todo lo contrario, concluyó que ninguna de esas pruebas permitían inferir
que SECAB actuó con el convencimiento de que estaba ejecutando un contrato
laboral y/o que esa convicción le permitió materializar actos inequívocamente
subordinantes o de dependencia ajenos a un vínculo de tipo civil, misma
determinación a la que arribaron los jueces de instancia -quienes, conforme a lo
dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social39, tenían la facultad de apreciar libremente los diferentes medios de
convicción en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica-.
39 “Articulo 61. Libre formación del convencimiento. El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de
pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios
científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito
y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada
solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la
parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su
convencimiento”.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
64. En este punto, la ahora demandante sostiene, en su recurso de apelación, que
presentó la reclamación de “este pago” el 30 de noviembre de 2007, con antelación
al proceso ordinario laboral, “donde lo más sano y obvio para un patrón decente, si
creía actuar de buena fe, era haber efectuado las consignaciones inmediatamente,
lo cual no sucedió”. Esta Subsección precisa que la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá tomó en consideración que durante la
ejecución del contrato “no aparec[ía] ningún reclamo por parte de la actora al
empleador”, lo que permitía deducir el “convencimiento de las partes acerca de la
vinculación civil”; si la señora Meza Reales consideraba que los jueces de instancia
resolvieron su controversia laboral desatendiendo el hecho de que medió una
reclamación previa de su parte, al margen de que la misma no se hiciera durante la
ejecución del contrato -esto es, desde el 15 de abril de 2002 hasta el 31 de enero
de 2006-, lo procedente era poner en evidencia esa supuesta irregularidad a través
de su demanda de casación, lo cual no sucedió en el sub lite.
65. Se debe decir que el aspecto enunciado en el párrafo precedente no fue puesto
de presente en ninguno de los cargos de casación formulados por Leonor Meza
Reales, por lo que no puede ahora la recurrente cuestionar el hecho de que no
mediara un pronunciamiento expreso de la Corte Suprema de Justicia al respecto,
aún más, teniendo en cuenta que la competencia de esta Alta Corte estaba
circunscrita a los aspectos singularmente acusados por la casacionista.
66. Tampoco resulta procedente que esta Sala estudie, nuevamente y en este
proceso contencioso administrativo, si la conducta del empleador estuvo revestida
de buena fe o no; porque ello sería como una suerte de instancia adicional, lo que
resulta improcedente y hace necesario aclarar que este proceso judicial no tiene la
vocación de constituirse en una tercera instancia adicional a la tramitada dentro del
cauce procesal en el que se aduce la configuración del supuesto error judicial40.
40 En un caso similar, esta Subsección sostuvo lo siguiente:
“Para la Sala no resulta viable que, a través de la reparación directa, se pretenda acceder a una
suerte de tercera instancia, en la cual se intente una nueva valoración de las pruebas y los
argumentos planteados en el proceso disciplinario, aunado a que la discusión de la demandante se
centró en señalar que su conducta no podía ser calificada como de desatención elemental. Es dable
recordar, que el error judicial no constituye una vía alternativa para darle trámite a una tercera
instancia de cualquier conflicto ordinario o disciplinario, pues el propósito claro de este tipo de
responsabilidad es reparar el daño antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una
de las funciones que le son inherentes, como es la de administrar justicia.
Por lo anterior, el juez administrativo debe ser extremadamente cuidadoso al momento de efectuar
análisis como el que ahora enfrenta la Sala, por cuanto no puede, bajo el propósito de revisar la
materialización de un posible menoscabo antijurídico, entrar a fungir como un nuevo juzgador
ordinario de la causa puesta a su conocimiento y proceder a estudiarla como si se tratara de una
nueva instancia procesal”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 49666. C.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
• Del argumento según el cual medió una “interpretación errónea y
burdamente desbordada y laxa en la inaplicación” del numeral 3 del artículo
99 de la Ley 50 de 1990.
67. Para esta Subsección, tampoco medió un entendimiento equivocado de las
normas que regulan la institución de la sanción moratoria por parte de la Corte
Suprema de Justicia; en concreto, del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
que dispone que “el empleador que incumpla el plazo señalado por concepto de
cesantía se consignará deberá pagar un día de salario por cada retardo”.
68. La Corte Suprema de Justicia, en la decisión acusada, precisó que, de cara a la
imposición de la indemnización moratoria, existió una postura previa de
interpretación de ese artículo, en la que se sostenía que existía “una presunción de
mala fe” con “el empleador incumplido” pero que, para la fecha en que se profirieron
las decisiones de instancia, la jurisprudencia ya se había inclinado por otro tipo de
interpretación que consistía en verificar la conducta del empleador en cada caso
particular, de modo que la condena quedaba condicionada al análisis del elemento
subjetivo en concreto41. Esta hermenéutica del numeral 3 del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 resulta razonable para esta Sala, precisamente, por la naturaleza
sancionatoria que implica el pago de un día de salario por cada día que el empleador
se tarde en la consignación de las cesantías.
69. Entonces, fueron las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables a
la fecha de la sentencia acusada las que le sirvieron de apoyo al tribunal de casación
para no casar la sentencia que dictó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, y a la convalidación de que en el proceso ordinario laboral
efectivamente se debía efectuar un examen riguroso del comportamiento que
asumió el empleador a lo largo de la relación laboral.
• Del argumento según el cual otros procesos ordinarios laborales contaban
con “la misma situación fáctica, procesal y probatoria” que el interpuesto por
Leonor Meza Reales.
Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de la Sección Tercera:
Sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24.690;
sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 28.189; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 28.215;
sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 28.428; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 29.540;
sentencia del 1° de octubre de 2014, exp. 27.862, y sentencia de 10 de julio de 2020. exp. 56763).
C.P.: Nicolás Yepes Corrales, entre otras.
41 Al respecto, en la sentencia acusada se citó: “CSJ SL11436-2016”.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
70. Se advierte, preliminarmente, que resulta improcedente solicitar la aplicación
analógica de las sentencias proferidas por la Sala de Descongestión 3 de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de diciembre de 2017 y el 9 de mayo
de 2018, respectivamente, en los procesos interpuestos por Cielo Isabel Esperanza
Eslava Boowdem y Luis Eduardo Wilches Mahecha, con el único argumento de que
en estos se condenó al pago de la sanción moratoria que la aquí demandante
también pretendía.
71. De los procesos referidos, esta Sala únicamente conoce las sentencias de
casación referidas en el párrafo que precede, sin que se tenga acceso a los medios
de convicción que fueron aportados por Cielo Isabel Esperanza Eslava Boowdem
y/o por Luis Eduardo Wilches Mahecha, que permitieron que se condenara por este
concepto, bajo el entendimiento de que la sanción moratoria está condicionada al
análisis del comportamiento subjetivo del empleador en cada caso concreto.
72. Conviene reiterar que el título de imputación por error jurisdiccional debe ser
analizado dentro de los parámetros de la autonomía e independencia que tiene el
juez, de ahí que corresponda a la parte actora demostrar que la interpretación del
fallador resulta contraria al material probatorio o al ordenamiento jurídico de forma
clara y evidente, lo que no ocurrió en el sub lite, por las razones expuestas en los
acápites antecedentes; todo lo que permite concluir que no medió vulneración del
principio de igualdad y/o de precedente jurisprudencial.
73. Descartados los argumentos planteados por la recurrente, lo que observa esta
Sala es que la ahora demandante insiste en la prosperidad de sus pretensiones
ordinarias laborales, esta vez endilgando un error jurisdiccional a la providencia que
profirió la Corte Suprema de Justicia; y aunque la decisión de casación acusada
resultó desfavorable a sus intereses económicos, ese solo hecho no puede
considerarse como un daño antijurídico, pues debe tenerse en cuenta que promover
un proceso judicial no implica necesariamente que las decisiones que correspondan
deban ser completamente favorables a las pretensiones de quien demanda 42.
42 Al respecto, se ha dicho lo siguiente:
Es oportuno precisar que cuando un ciudadano acude a la Administración de Justicia para que por
intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión
que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar
un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que
corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 49493; reiterada por esta Subsección, entre otras, en:
23
Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
Del defectuoso funcionamiento de Administración de Justicia alegado
74. Desde la demanda, Leonor Meza Reales alegó que, en el trámite que se surtió
ante la Corte Suprema de Justicia, se presentó un “quebrantamiento por violación
al estatuto de impedimentos” que contempla el Código General del Proceso; en
concreto, mencionó las causales de recusación 2 y 12 del artículo 141 ibidem43; lo
anterior, porque el “magistrado auxiliar Dr. Jesús Antonio Pastás Perugache del
magistrado titular Dr. Martin Emilio Beltrán Quintero” no se declaró impedido, pese
a que, según refiere la demandante, había oficiado como apoderado judicial de
SECAB en el proceso ordinario laboral en cuestión, hecho que adquiría relevancia
ya que “de otra manera no se explica[ba] porque tanta similitud entre lo alegado por
él y la sentencia”.
75. Frente a este aspecto, el Tribunal Administrativo se limitó a señalar que la
demandante contaba con el trámite de recusación y no lo agotó, ante lo cual Leonor
Meza Reales sostuvo que solo tuvo conocimiento de esa situación “hasta cuando el
expediente total fue conocido por la demandante para la acción de tutela”. Esta Sala
advierte que el argumento planteado por la recurrente no tiene vocación de
prosperidad, por dos razones.
76. La primera, los documentos aportados al sub lite, referentes al proceso
ordinario laboral que interpuso la ahora demandante, no permiten acreditar que, en
el trámite que se surtió ante los jueces de instancia y/o ante la Corte Suprema de
Justicia, Jesús Antonio Pastás Perugache fungió como apoderado de SECAB; en
línea con lo anterior, se precisa que quienes tuvieron tal condición, en orden
cronológico, fueron Carlos Rúgeles Castillo44, Juan Camilo Sierra Restrepo45 y Dora
Lucia Fajardo Ardila46, con lo cual queda sin sustento lo que alega, sobre este punto,
la parte actora.
sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 53212 y en sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 52026
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
43 Causales de recusación que establecen, respectivamente, lo siguiente: “[h]aber conocido del
proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero
permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”, y “[h]aber dado el juez
consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber
intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”.
44 Folio 99 del documento denominado “ANEXO 4 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR MEZA
REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
45 Folio 27 del documento denominado “ANEXO 4 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR MEZA
REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
46 Folio 37 del documento denominado “ANEXO 4 DEMANDA ADMINISTRATIVA LEONOR MEZA
REALES” del expediente digital, que obra en Samai.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
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77. La segunda, sin perjuicio del razonamiento que antecede, incluso en el caso de
que estuviera acreditado lo que refiere la recurrente, ello tampoco podría
considerarse como una “anomalía judicial”, pues es al magistrado titular del
despacho a quien le corresponde “[d]irigir los procesos de casación, velar por su
rápida solución, adoptar medidas conducentes para impedir la paralización y
procurar la mayor economía procesal”, mientras que el cargo de magistrado auxiliar
fue concebido para apoyar la función que la Constitución y la ley le han asignado al
magistrado titular, conforme a las funciones que se detallan a pie de página 47. Es
por lo anterior que, en la elaboración de los proyectos de providencias, no
compromete su criterio frente a la resolución del asunto, en la medida en que su
deber consiste en plasmar la postura del titular del despacho al que está adscrito, y
el de los demás miembros de la Sala especializada, que conozcan del trámite. Así
lo establece el Acuerdo de la Sala Plena número 041 del 1° de diciembre de 2003,
“por el cual se expide el manual de funciones para los cargos adscritos a las
dependencias de la Corte Suprema de Justicia” y lo ha razonado, en otras
oportunidades, la Corte Suprema de Justicia48.
78. Este criterio armoniza con el que la Corte Constitucional, en lo relacionado con
la naturaleza de las atribuciones del cargo de magistrado auxiliar de corporación
judicial49; Alta Corte que ha precisado que, sin desconocer que los magistrados
auxiliares cumplen importantes tareas de colaboración al interior del despacho, en
su calidad de empleados de la Rama Judicial, lo cierto es que no tienen investidura
judicial ni están formalmente habilitados para administrar justicia.
79. Incluso, hace poco, esta Corporación decidió el impedimento manifestado por
un magistrado que consideró estar incurso en la causal prevista en el numeral 12
del artículo 141 del CGP -porque en el marco de las funciones que desempeñó,
47 En el “Manual de Funciones para los cargos adscritos a las dependencias de la Corte Suprema de
Justicia” se prevé que el magistrado auxiliar desempeñará las siguientes funciones:
“1) Colaborar en la sustanciación y trámite de los expedientes a cargo de los despachos.
2) Preparar la relación de los hechos y antecedentes de procesos que se encuentren al despacho
para fallo.
3) Rendir informe de jurisprudencia y legislación sobre los temas debatidos en los procesos a
despacho, para efectos de la elaboración del proyecto de providencia.
4) Colaborar con los Magistrados Titulares en la elaboración de anteproyectos de providencia.
5) Velar por la confidencialidad y seguridad de la información que con ocasión de sus funciones
conozca.
6) Velar por la correcta racionalización, utilización y cuidado de los equipos, elementos y demás
recursos asignados a su cargo”.
48 Corte Suprema de Justicia, providencia del 10 de septiembre de 2013, con radicación 41103 y
auto del 7 de febrero de 2018, con radicación 50922.
49 Corte Constitucional, sentencia C-713 de 2008, por medio de la cual se realizó la revisión previa
del proyecto de Ley Estatutaria 023/06 y 286/07.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
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Referencia: Reparación directa
previamente, como magistrado auxiliar había dado concepto sobre las cuestiones
materia del proceso-; en esa oportunidad, la Sala Plena del Consejo de Estado
declaró infundado dicho impedimento, bajo el entendimiento de que “los
magistrados auxiliares cumplen una labor de apoyo a la gestión del titular y, en este
orden, sus opiniones no son autónomas sino que corresponden al magistrado titular,
quien es el que asume el criterio que deba expresarse en los asuntos a su cargo”50.
80. No desconoce la Sala que es cierto que los magistrados auxiliares tienen la
facultad de ser comisionados, por ejemplo, para practicar pruebas y/o adoptar
decisiones de trámite o sustanciación para resolver los recursos presentados en
relación con dichas pruebas; pero ello no fue lo que se alegó en el sub lite; lo que
cuestionó Leonor Meza Reales fue la ausencia de impedimento de un magistrado
auxiliar de uno de los despachos titulares de la Sala de Descongestión 1 de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de cara a la adopción de una
decisión de casación.
81. En cualquier caso, no se acreditó que ninguno de los magistrados titulares de la
Corte Suprema de Justicia que resolvieron la controversia jurídica tuvieran un
interés distinto al de administrar recta justicia, y/o que su imparcialidad y objetividad
al conocer de este determinado asunto estuviera afectada por circunstancias
extrañas o ajenas al debate jurídico procesal.
82. Por lo hasta aquí expuesto, los argumentos del apelante, más allá de su evidente
inconformidad con la sentencia del 10 de abril de 2019 -porque no fue favorable a
sus intereses-, resultan insuficientes para establecer los yerros con los que
supuestamente se le causó un daño antijurídico, razón por la que la Sala confirmará
el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
La condena en costas
83. Para finalizar, el recurrente llamó la atención de en primera instancia se le
impuso una condena en costas “exorbitante”, cuya revocatoria solicitó.
84. Al respecto, la demandante en su recurso de apelación, no expuso ningún
argumento y/o consideración en la que explicara por qué solicitaba la revocatoria de
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 7 de febrero de 2024 ,
proceso 11001-03-15-000-2023-00871-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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dicha condena, solo se limitó a decir que la misma era “exorbitante”. Conviene
destacar que el análisis del motivo de disenso antes mencionado no es pasible de
ser estudiado en esta providencia, toda vez que lo impugnado, en los escuetos
términos planteados por la demandante, no recae sobre la imposición de la condena
en costas, sino sobre el monto de las expensas y/o agencias en derecho, lo cual
solo sería cuestionable mediante el recurso de reposición y/o apelación en contra
del auto que aprueba la liquidación de las costas, de conformidad con lo consignado
en el artículo 366-5 del CGP51.
85. Ahora bien, de conformidad con lo consagrado en el artículo 188 del CPACA y
su remisión en este tema al Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del
Proceso), según el artículo 365 del Código General del Proceso, se establece un
criterio objetivo de condena en costas, que impone condenar en este asunto a la
parte vencida en este litigio.
86. Así las cosas, el artículo 361 del Código General del Proceso establece que las
costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
87. El artículo 365 ejusdem, en el numeral 1, dispone que se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación. En atención a lo ordenado en la citada norma, se condenará
en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que se le resolvió en forma
desfavorable52. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el
Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso53.
51 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: [...] 5. La
liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse
mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas
(...)”.
52 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
53 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
88. Por lo anterior, la Sala fijará las agencias en segunda instancia, en aplicación
del parágrafo 3° del artículo 3 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a cargo de la parte vencida y en favor de la Rama
Judicial; adicionalmente se confirmarán las que fueron fijadas, en primera instancia,
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -en el 2% de las pretensiones formuladas-.
89. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de octubre de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte actora
en favor de la entidad pública demandada.
Para el efecto, las agencias en derecho de la segunda instancia se fijan en un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, monto que deberá ser pagado en favor de la
Rama Judicial.
El monto del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la
fecha de ejecutoria de la presente sentencia. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el artículo 366 del
CGP.
Se confirma la condena en costas fijada por la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Radicación: 25001-23-36-000-2021-00175-01 (71.484)
Actor: Leonor Meza Reales
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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