Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00198-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00198-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00198-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020210019801 (70244)
Demandante: FUNDACIÓN FEDESALUD Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tema: Pérdida de oportunidad “de no acceder a otros proyectos” y
afectación patrimonial por no ejecutar la fase III del proyecto
“Innovación en el modelo de gestión del medicamento en el
Departamento de Cundinamarca”. Falla del servicio por
“vulneración al principio de confianza legítima”. Inviabilidad
técnica de continuar con la fase III del proyecto. Límites al
recurso de apelación. No se acreditó un daño resarcible.
Ausencia de costas en segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 1º de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Según lo narrado en la demanda, durante los años 2012 y 2013, el Departamento
de Cundinamarca – Secretaría de Salud “se asoció” con IFARMA1, FEDESALUD2
y la Universidad Santo Tomás, con el objeto de presentar un proyecto al Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Dicho proyecto,
que se denominó “Innovación en el modelo de gestión del medicamento en el
Departamento de Cundinamarca”, se compondría de tres fases: i) una primera, de
1 Fundación IFARMA identificada con el NIT 830.091.891 – 6.
2 Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social identificada con
el NIT 830.057.915 – 0.
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Demandante: FUNDACIÓN FEDESALUD Y OTRAS
“levantamiento de información y estructuración”, ii) la segunda, de diagnóstico y iii)
la tercera, de implementación. Las fases No. I y II del proyecto fueron satisfechas
en su totalidad, de manera que, durante el año 2015, las instituciones y la Secretaría
de Salud llevaron a cabo las negociaciones para la puesta en marcha de la fase
No. III. No obstante lo anterior, las gestiones fueron suspendidas en razón al cambio
de gobierno departamental.
Posteriormente y habida cuenta los retrasos en la implementación de la fase No. III
del proyecto, la Universidad Santo Tomás se retiró voluntariamente del mismo y en
su reemplazó entró la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Cundinamarca y
Bogotá. Según los demandantes, durante el año 2019 la Secretaría de Salud de
Cundinamarca y las instituciones retomaron el proyecto, por lo que, el 19 de julio
de esa anualidad, suscribieron un acuerdo de propiedad intelectual y
confidencialidad. Luego, el 31 de diciembre de 2019, el Órgano Colegiado de
Administración del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General
de Regalías expidió el Acuerdo No. 87 de esa fecha, en el que, entre otras más, se
aprobó técnica y financieramente el proyecto. No obstante lo anterior, mediante
oficio del 1º de julio de 2020, la Secretaría de Salud del Departamento de
Cundinamarca determinó que “no es viable técnicamente ni procedente iniciar la
fase III al no obtener los objetivos planteados”. Inconforme con lo anterior, mediante
petición del 28 de julio de 2020, las instituciones solicitaron al Gobernador de
Cundinamarca que aclarara lo decidido en la anterior decisión. Sin embargo, el ente
territorial nunca dio respuesta a la precitada petición.
Las demandantes consideran que el Departamento de Cundinamarca – Secretaría
de Salud es patrimonialmente responsable por la pérdida de oportunidad “de
acceder a otros proyectos”, así como por la merma y/o afectación patrimonial
sufrida, derivada del “no pago de los recursos esperados de la fase III del proyecto,
y lo invertido en el conocimiento y tiempo de sus profesionales”, pues aducen que
ello se ocasionó porque la citada autoridad administrativa: i) “no expidió el acto
administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto,
el acto administrativo de contratación directa o el acto administrativo de apertura
del proceso de selección” y ii) “no solicitó una prórroga para expedir los actos
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administrativos”, lo que comportó “una falla del servicio por vulnerar el principio de
confianza legítima”.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 21 de mayo de 20213, las fundaciones IFARMA y FEDESALUD, y la Asociación
de Químicos Farmacéuticos de Cundinamarca y Bogotá (en adelante “AQFCB”),
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda contra el Departamento de Cundinamarca –
Secretaría de Salud (en adelante el “Departamento de Cundinamarca”) para que
fuera declarado patrimonialmente responsables por los daños que le fueron
irrogados debido a la inejecución de la fase III del proyecto “Innovación en el modelo
de gestión del medicamento en el Departamento de Cundinamarca”.
Como pretensiones, las accionantes solicitaron condenar a la entidad demandada
a pagar, por lucro cesante, las sumas de $921.883.114 en favor de AQFCB,
$815.447.815 para IFARMA y $1.333.995.333 para FEDESALUD; y por daño
emergente, las sumas de $300.000.000 en favor de AQFCB, $400.000.000 para
IFARMA y $400.000.000 para FEDESALUD.
Para sustentar sus pretensiones, la parte demandante afirma que, durante los años
2012 y 2013, el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud “se asoció”
con IFARMA, FEDESALUD y la Universidad Santo Tomás (en adelante la “USTA”),
con el objeto de presentar un proyecto al Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías.
Señala que el proyecto se denominó “Innovación en el modelo de gestión del
medicamento en el Departamento de Cundinamarca”. Asimismo, que este se
llevaría a cabo en tres fases, a saber: i) una primera, de “levantamiento de
3 Anexo demanda – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
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información y estructuración”, ii) la segunda, de diagnóstico y iii) la tercera, de
implementación.
Destaca que las fases No. I y II del proyecto fueron satisfechas en su totalidad y
que, por ello, durante el año 2015, las instituciones y la Secretaría de Salud llevaron
a cabo las negociaciones para la puesta en marcha de la fase No. III.
Advierte que, no obstante lo anterior, las gestiones del proyecto fueron suspendidas
en razón al cambio de administración departamental.
Sostiene que habida cuenta los retrasos en la implementación de la fase No. III del
proyecto, la USTA se retiró del mismo y su posición fue asumida por AQFCB.
Subraya que, durante el año 2019, la Secretaría de Salud de Cundinamarca y las
instituciones retomaron el proyecto. Por ello, el 19 de julio de esa anualidad,
suscribieron un acuerdo de propiedad intelectual y confidencialidad.
Afirma que mediante el Acuerdo No. 87 del 31 de diciembre de 2019, expedido por
el Órgano Colegiado de Administración del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías se aprobó técnica y financieramente
la fase III del pluricitado proyecto.
Resalta que, sin perjuicio de lo anterior, el 1º de julio de 2020, la Secretaría de
Salud del Departamento de Cundinamarca determinó que “no es viable
técnicamente ni procedente iniciar la fase III al no obtener los objetivos planteados”.
Indica que, inconforme lo anterior, mediante petición del 28 de julio de 2020, las
instituciones solicitaron al Gobernador de Cundinamarca que aclarara lo decidido
en la anterior decisión. No obstante, el ente territorial nunca dio respuesta a la
precitada solicitud.
La fundaciones IFAMA y FEDESALUD, así como AQFCB afirman que el
Departamento de Cundinamarca es patrimonialmente responsable por la pérdida
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Demandante: FUNDACIÓN FEDESALUD Y OTRAS
de oportunidad “de acceder a otros proyectos”, así como por la merma y/o
afectación patrimonial sufrida, derivada del “no pago de los recursos esperados de
la fase III del proyecto, y lo invertido en el conocimiento y tiempo de sus
profesionales”, pues aducen que ello se ocasionó porque la citada autoridad
administrativa i) “no expidió el acto administrativo unilateral que decreta el gasto
con cargo a los recursos del proyecto, el acto administrativo de contratación directa
o el acto administrativo de apertura del proceso de selección” y ii) “no solicitó una
prórroga para expedir los actos administrativos”, lo que comportó “una falla del
servicio por vulnerar el principio de confianza legítima”.
2. Contestación
El 25 de agosto de 20214 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la entidad accionada y al ministerio público.
2.1. El Departamento de Cundinamarca5 se opuso a las pretensiones de la
demanda, argumentando que las demandantes no acreditaron la causación de un
daño indemnizable. Asimismo, advirtió que el hecho lesivo no le era imputable, toda
vez que sus actuaciones se apegaron a la ley, y no se transgredió el principio de
confianza legítima. Formuló como excepciones las que denominó “ausencia de
configuración de confianza legítima” e “inviabilidad del desarrollo del proyecto”.
3. Audiencia inicial
El 14 de diciembre de 20216, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a establecer “si el Departamento de Cundinamarca vulneró la confianza legítima de
la Fundación IFARMA, la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud
4 Anexo auto admisorio de la demanda – Índice No. 2, SAMAI - Consejo de Estado.
5 Anexo contestación de la demanda – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
6 Anexo audiência inicial – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
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y la Seguridad Social – FEDESALUD -, y la Asociación de Químicos Farmacéuticos
de Cundinamarca y Bogotá – AQFCB ante su decisión de no ejecutar la fase III del
proyecto ‘Innovación en el modelo de gestión en el medicamento en el
Departamento de Cundinamarca’; si la ejecución del proyecto ‘Innovación en el
modelo de gestión en el medicamento en el Departamento de Cundinamarca’
durante las fases I y II determina la obligación de que el Departamento de
Cundinamarca debería ejecutar la fase III del mismo proyecto, mediante la
contratación directa de las demandantes; y si la parte demandante demostró el daño
atribuido a la no ejecución de la fase III del mismo proyecto ‘Innovación en el modelo
de gestión en el medicamento en el Departamento de Cundinamarca’”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 8 de febrero de 20227 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La parte demandante8 y el Departamento de Cundinamarca9 reiteraron los
argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de este,
respectivamente.
4.2. El ministerio público guardo silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 1º de junio de 202310, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, negó las pretensiones de la demanda, al constatar en primera
medida que no se acreditaron los daños reclamados. En sustento, afirmó que “la
manifestación de no haber podido acceder a otros proyectos resulta etérea, pues
no se basa en un hecho verificable, y, por otra parte, el daño que, con cargo al
7 Anexo auto alegatos – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
8 Anexo alegatos demandantes – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
9 Anexo alegatos demandada – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
10 Anexo sentencia tribunal – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
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patrimonio de los demandantes, carece de vocación indemnizable, porque no se
reunieron las características previstas al carácter cierto y concreto del mismo”.
Por otra parte, estimó que lo probado en el proceso no permitió evidenciar que el
ente territorial hubiera transgredido el principio de confianza legítima pues, a su
juicio, “aunque mediaron acciones de la administración departamental, relacionadas
con la eventual realización del proyecto en su fase III, ello no agota el análisis para
efectos de discernir la defraudación de la confianza legitimada alegada”.
6. Recurso de apelación
El 13 de junio de 202311 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 29 de junio de esa anualidad12 y admitido el 1º de septiembre
siguiente13.
5.1. La recurrente14 argumentó que, distinto a lo considerado por el a quo, el daño
consistente en la merma y/o afectación patrimonial por el “no pago de los recursos
esperados de la fase III del proyecto” estaba acreditado. Insistió, además, que en el
caso en concreto el Departamento de Cundinamarca desconoció el principio de
confianza legítima, por cuanto “teniendo la oportunidad, no manifestó su intención
de no continuar con el proyecto”.
Debe advertirse que el extremo activo no formuló ningún reparo frente a lo decidido
por el tribunal frente a la falta de prueba de la pérdida de oportunidad como daño
autónomo y respecto a la aminoración patrimonial por “lo invertido en el
conocimiento y tiempo de sus profesionales”.
11 Anexo recurso apelación – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
12 Anexo auto concede apelación -Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
13 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado.
14 Anexo recurso apelación – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202115 y habida cuenta que no se
decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 1º de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda,
supera la exigida de 1000 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación16, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 y 157 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
15 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
16 El valor de las pretensiones de estima en la suma de $3.072.426.262.
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artículo 14017 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Al efecto, debe advertirse que las pretensiones formuladas por el extremo activo no
apuntan a cuestionar la legalidad del acto administrativo mediante el cual el
Departamento de Cundinamarca determinó que “no es viable técnicamente ni
procedente iniciar la fase III al no obtener los objetivos planteados”, lo que
supondría, en principio que el medio de control procedente sería el de nulidad con
restablecimiento del derecho, sino que se dirigen a obtener la indemnización de
perjuicios porque la citada autoridad administrativa: i) “no expidió el acto
administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto,
el acto administrativo de contratación directa o el acto administrativo de apertura
del proceso de selección” y ii) “no solicitó una prórroga para expedir los actos
administrativos”, lo que comportó “una falla del servicio por vulnerar el principio de
confianza legítima”.
Según lo expuesto, el medio de control procedente es el de reparación directa
porque se reclama el resarcimiento de perjuicios por hechos imputables a una
omisión del Departamento de Cundinamarca.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal18.
17 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos
o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del
daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del
hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
18 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
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Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general19, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure21 que opera por
la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 22, cuya
consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo23, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro
21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
23 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
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del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de
la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
En el sub-lite no obra prueba que dé cuenta de la fecha exacta en que las
demandantes conocieron, con grado de certeza, de los daños reclamados ni alguna
otra de las circunstancias que den cuenta de la fecha desde la que se debe contar
el término para establecer si el derecho de acción se ejerció de forma oportuna o
no. Sin embargo, en aplicación de los principios pro actione y pro damnato24, y para
garantizar el acceso a la administración de justicia y con ello la tutela judicial
efectiva, se estudiará el fondo del asunto25.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis26.
4.1. Las fundaciones IFARMA y FEDESALUD, así como la asociación AQFCB son
las personas jurídicas sobre quienes recae el interés jurídico y están legitimadas en
la causa por activa, pues acreditaron ser las instituciones que realizaron las
actuaciones para la aprobación de la fase III “Innovación en el modelo de gestión
del medicamento en el Departamento de Cundinamarca” y quienes tenían la
expectativa de llevarlo a cabo. Además, satisfacen el presupuesto procesal de
legitimación en la causa en activa porque alegan haber sufrido los daños
reclamados.
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de
los estatutos mencionados.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133.
25 A propósito de la aplicación de los principios pro actione y pro damnato cuando no hay certeza del
momento en que los demandantes conocieron del daño: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de octubre de 2025, Rad. 68959.
26 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
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Radicado: 25000233600020210019801 (70244)
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4.2. El Departamento de Cundinamarca está legitimado en la causa por pasiva
porque pese a que la fase III del proyecto “Innovación en el modelo de gestión del
medicamento en el Departamento de Cundinamarca” contaba con la aprobación
técnica y financiera del Órgano Colegiado de Administración del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, no “expidió el acto
administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto,
el acto administrativo de contratación directa o el acto administrativo de apertura del
proceso de selección” ni “solicitó una prórroga para expedir los actos
administrativos”. Asimismo, por ser el ente territorial a quien se le atribuye la
causación de los daños reclamados.
5. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar sí, en el caso en concreto, las demandantes
sufrieron una merma y/o aminoración patrimonial consistente en “el no pago de los
recursos esperados”, el cual, a su juicio, se debió a la inejecución de la fase III del
proyecto “Innovación en el modelo de gestión del medicamento en el Departamento
de Cundinamarca”.
No se estudiará la eventual responsabilidad que podría asistirle a la demandada por
la pérdida de oportunidad “de no acceder a otros proyectos” y la aminoración
patrimonial por “lo invertido en el conocimiento y tiempo de sus profesionales”, porque,
pese a que el tribunal no los tuvo por acreditados, las demandantes no formularon
ningún reparo y/o argumento frente a aquello. Es decir, en la medida en que existe
una decisión respecto de la consideración precitada que no fue cuestionada, dicha
situación jurídica ya está consolidada, de manera que la Sala solo se pronunciará
respecto del menoscabo reclamado consistente en una aminoración y/o merma
patrimonial por “el no pago de los recursos esperados”.
6. Solución al problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
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Demandante: FUNDACIÓN FEDESALUD Y OTRAS
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199127 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a
su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, con la falla del servicio, el riesgo
excepcional y el daño especial.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7. Caso en concreto
En el recurso de apelación formulado contra la sentencia del 1º de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda, la parte demandante afirmó que, distinto a lo considerado por el
27 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
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Demandante: FUNDACIÓN FEDESALUD Y OTRAS
tribunal, el daño consistente en la merma y/o afectación patrimonial por el “no pago
de los recursos esperados de la fase III del proyecto” estaba probado. Insistió,
además, que en el caso en concreto el Departamento de Cundinamarca desconoció
el principio de confianza legítima, por cuanto “teniendo la oportunidad, no manifestó
su intención de no continuar con el proyecto”.
En ese sentido, y comoquiera que solo la parte demandante presento recurso
apelación contra el fallo proferido el 1º de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, exclusivamente habrá lugar a resolverse los cargos formulados
contra la decisión recurrida.
Como se dijo precedentemente, no se estudiará la eventual responsabilidad que pudo
asistirle a la autoridad accionada por la pérdida de oportunidad “de no acceder a otros
proyectos” y la aminoración patrimonial por “lo invertido en el conocimiento y tiempo
de sus profesionales” pues ello no fue objeto de reproche en el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia.
En vista de lo expuesto, a continuación, se analizará sí, en efecto, las demandantes
sufrieron una merma y/o aminoración patrimonial consistente en “el no pago de los
recursos esperados” debido a la inejecución de la fase III del proyecto “Innovación en
el modelo de gestión del medicamento en el Departamento de Cundinamarca” y, de
ser así, si este le es imputable al ente territorial.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.
7.1. Hechos probados
Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se demostró que mediante escritura pública No. 0000154 del 22 de enero de
1999, otorgada por la Notaría 20 del Círculo de Bogotá, se constituyó la Fundación
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Demandante: FUNDACIÓN FEDESALUD Y OTRAS
Para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social –
FEDESALUD-. De esta información da cuenta el respectivo certificado de existencia
de representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá28.
7.1.2. Se acreditó que mediante acta del 21 de noviembre de 2000, suscrita por la
Asamblea Constitutiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, se constituyó
la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Cundinamarca y Bogotá – AQFCB -.
De esta información da cuenta el respectivo certificado de existencia de
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá29.
7.1.3. Se probó que mediante acta del 30 de agosto de 2001, suscrita por la
Asamblea de Asociados, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, se
constituyó la Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento en los
Sistemas de Salud – IFARMA -. De esta información da cuenta el respectivo
certificado de existencia de representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá30.
7.1.4. Está probado que, mediante Acuerdo No. 005 del 19 de julio de 2013,
expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías se aprobó el
proyecto “Innovación en el modelo de gestión de medicamento en el departamento
de Cundinamarca”. Asimismo, que este se llevaría a cabo en tres fases, a saber: i)
una primera, de “levantamiento de información y estructuración”, ii) la segunda, de
diagnóstico y iii) la tercera, de implementación. De esta información da cuenta copia
auténtica del referido acto administrativo31.
7.1.5. Está probado que mediante oficio el 26 de febrero de 2018, la Universidad
Santo Tomás de Aquino se retiró del proyecto ““Innovación en el modelo de gestión
28 Anexos y poderes – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
29 Anexos y poderes – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
30 Anexos y poderes – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
31 Anexo pruebas demandada – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
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de medicamento en el departamento de Cundinamarca”. Asimismo, que cedió su
posición a la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca32.
7.1.6. Consta que mediante oficio del 3 de marzo de 2018, la Secretaría de Salud
de Cundinamarca invitó a la AFQCB a la ejecución de la fase III del plurimentado
proyecto. De esta información da cuenta copia auténtica del referido documento33.
7.1.7. Se demostró que el 18 de diciembre de 2018, la Asociación de Farmacéuticos
Químicos de Cundinamarca y Bogotá aceptó la invitación a la ejecución de la fase
III del proyecto. De esa información da cuenta copia auténtica del oficio de
aceptación de esa fecha, suscrito por la representante legal de la institución 34.
7.1.8. Se probó que el 19 de julio de 2019, el Departamento de Cundinamarca y las
fundaciones IFARMA y FEDESALUD, así como la AQFCB suscribieron un acuerdo
de propiedad intelectual y confidencialidad, cuyo objeto era “determinar todo lo
relacionado con la titularidad de los activos de propiedad intelectual concerniente al
proyecto ‘Innovación en el Modelo de Gestión del Medicamento, Fase II en el
Departamento de Cundinamarca’ a ejecutar por las partes cooperantes, definir las
reglas de confidencialidad y los aportes de cada una de ellas en la ejecución del
proyecto”. De esta información da cuenta copia auténtica del referido acuerdo de
voluntades35.
7.1.9. Se probó que el Acuerdo No. 87 del 31 de diciembre de 2019, expedido por
el Órgano Colegiado de Administración del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías en el que, entre otras, aprobó técnica
y financieramente la fase III del pluricitado proyecto. De esta información da cuenta
copia auténtica del citado acto administrativo36.
32 Anexo pruebas demandada – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
33 Anexo pruebas demandada – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
34 Anexo pruebas demandada – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
35 Anexo pruebas demanda – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado
36 Anexo pruebas demanda – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
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7.1.10. Se acreditó que mediante petición del 18 de junio de 2020, las fundaciones
IFARMA Y FEDESALUD, y la AQFCB solicitaron al Gobernador de Cundinamarca
que “ordene, a quien corresponda, adelantar los trámites para dar cumplimiento a
los requisitos que permitan dar inicio a la ejecución de la fase III del proyecto dentro
de los plazos determinados por la normativa vigente”. De esta información da cuenta
copia auténtica del señalado documento37.
7.1.11. Se probó que, mediante oficio del 1º de julio de 2020, la Secretaría de Salud
del Departamento de Cundinamarca determinó que “no es viable ni técnicamente ni
procedente (sic) iniciar la fase III ya que al no tener los objetivos planteados se
constituiría en un hallazgo con presunta incidencia fiscal por ejecutar recursos
públicos teniendo en cuenta las falencias encontradas”. De esta información da
cuenta copia auténtica del referido documento38.
7.1.12. Finalmente se probó que mediante petición del 28 de julio de 2020, las
instituciones IFARMA, FEDESALUD y AQFCB solicitaron al Gobernador de
Cundinamarca que informara sí, la negativa de iniciar la fase III del proyecto era
“postura y decisión del Departamento, y que si el departamento compartía y se hacía
responsable por la respuesta firmada por el Secretario de Salud”. De esta
información da cuenta copia auténtica del referido documento39.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
37 Anexo pruebas demanda – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
38 Anexo pruebas demanda – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
39 Anexo pruebas demanda – Índice No. 2, SAMAI – Consejo de Estado.
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Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración40-41.
7.2.1. Falta de prueba de un daño indemnizable
En el caso sub examine el daño alegado se hace consistir en la merma y/o
aminoración patrimonial por “el no pago de los recursos esperados por la ejecución
de la fase III del proyecto ‘Innovación en el modelo de gestión del medicamento en
el departamento de Cundinamarca’, el cual, a juicio de las demandantes, se debió
a su inejecución.
Bajo el anterior contexto, se observa que en el expediente no existe prueba alguna
que permita acreditar, con grado de certeza, el daño reclamado por las
demandantes pues, distinto a la referencia de estos hechos, que es insuficiente para
tener por probado el desmedro alegado, en tanto no puede la parte que lo aduce
probarlo simplemente con su propio dicho, en el plenario no obra ninguna prueba
que permita demostrar su ocurrencia.
40 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
41 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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Justamente, no existe certeza de la causación del daño reclamado por el extremo
activo, pues si bien las demandantes suscribieron un acuerdo de propiedad
intelectual y confidencialidad con el Departamento de Cundinamarca frente a la fase
III del proyecto “Innovación en el Modelo de Gestión del Medicamento, Fase II en el
Departamento de Cundinamarca” (hecho probado 7.1.8.); y, posteriormente,
mediante Acuerdo No. 87 del 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano
Colegiado de Administración del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías se aprobó técnica y financieramente la fase III del
proyecto, lo cierto es que el derecho a percibir “los recursos esperados por su
ejecución” aún no había nacido para las demandantes, pues este únicamente podía
consolidarse, en grado de certeza, una vez cumplidas las etapas contractuales
exigidas por la ley para el efecto, de manera que, antes de ello, la erogación
reclamada resultaba una mera expectativa. Sobre este aspecto, conviene resaltar
que, precisamente, el 1º de julio de 2020 la Secretaría de Salud de Cundinamarca
determinó que la fase III del proyecto era inviable técnicamente porque no tenía los
“objetivos planteados”, lo cual reafirma que la ejecución de dicha etapa aún se
encontraba en construcción.
En esa medida, en el caso en concreto no se probó que las accionantes hubieran
sufrido una merma y/o aminoración patrimonial por no percibir “los recursos
esperados” por la ejecución de la fase IIII del proyecto “Innovación en el Modelo de
Gestión del Medicamento, Fase II en el Departamento de Cundinamarca”, porque,
como se dijo anteriormente, se trataba de una expectativa no consolidada y,
además, porque no probaron, con grado de certeza, su causación.
Al efecto, resulta pertinente reiterar que para que surja y/o nazca una obligación
resarcitoria en cabeza del Estado es necesario que el juez tenga plena certeza de
que el daño alegado se ocasionó, contraponiéndose así lo hipotético y/o eventual,
pues, para que el menoscabo revista el carácter de cierto y con ello resarcible, debe
ser real y efectivo, no meramente conjetural. Dicho de otra manera, en los juicios de
21
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responsabilidad civil, el daño será cierto en la medida en que el juzgador conozca
con plena evidencia una afectación y/o desmedro en el perjudicado42.
Como corolario de lo anterior, se evidencia que el daño reclamado no tiene el
carácter de cierto y en tal sentido no resulta indemnizable, pues, como se indicó
anteriormente, no se probó, con grado de certeza su causación, lo que lo ubica en
el campo de lo eventual e hipotético, de modo que, ante su ausencia, como
elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de
toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no sería posible declarar la
responsabilidad patrimonial de la Administración43-44.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso,
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código de
Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que
alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal
onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la
responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, no es posible su declaración.
42TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil – Tomo II. Editorial Temis – 9ª
Reimpresión.
43 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
44 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del daño,
junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la
obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de
contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su
prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende de los
artículos 149445 y 175746 del Código Civil. Por lo tanto, tratándose de la prueba del
nacimiento y existencia de una obligación indemnizatoria, es un deber insoslayable
del acreedor, que solo puede excepcionalmente suplirse por orden del juez o en
virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión
de la obligación misma pues, debe subrayarse que la responsabilidad estatal
plantea en esencia una cuestión obligacional entre acreedor (damnificado) - y
deudor (Estado); una obligación de reparar el daño. Es que la obligación
indemnizatoria derivada de la declaratoria de responsabilidad extracontractual
para que se halle configurada exige prueba de todos los elementos de la
responsabilidad, lo cual, por supuesto, entre otros implica probar el daño, que en
el caso de marras se extraña.
Finalmente, y en gracia de discusión, debe advertirse que si bien el extremo activo
afirmó en el escrito de la demanda que el Departamento de Cundinamarca incurrió
en “una falla del servicio por vulnerar el principio de confianza legítima”, lo cierto es
que como se expuso anteriormente el daño reclamado no se acreditó, de modo que,
el análisis de la imputación resultaría inane y, en todo caso, ninguna de las pruebas
decretadas y practicadas en el proceso permitió establecer, con grado de certeza,
que la inejecución de la fase III del proyecto “Innovación en el modelo de gestión
del medicamento en el Departamento de Cundinamarca” hubiera cambiado
súbitamente en razón a un ejercicio caprichoso de la Administración, ni mucho
menos que ésta resquebrajara una esperanza legítima del administrado por un
cambio abrupto en sus comportamientos o decisiones47.
45 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por
disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
46 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de
julio de 2018, Exp. 25000232400020090034801
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Demandante: FUNDACIÓN FEDESALUD Y OTRAS
Por lo anteriormente expuesto, se confirmará la sentencia del 1º de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó la causación de un
daño indemnizable.
8. Condena en costas
Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.
Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.
En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia.
Precisamente, debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron
pruebas en el trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 202148, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.
48 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
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Demandante: FUNDACIÓN FEDESALUD Y OTRAS
En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no desplegó
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago,
pues, no existe una causación material que así las sustente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1º de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS.
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
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