Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00386-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00386-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00386-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
2 de agosto de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Demandante: SIXTO ARÉVALO MANTILLA
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – NULIDAD DEL ACTO
QUE DECLARÓ INCUMPLIMIENTO E IMPUSO MULTA
Síntesis del caso: la parte actora pide que se declare la nulidad de las resoluciones
mediante las cuales se impuso multa durante la ejecución del contrato de concesión minera
en atención a la modificación dispuesta en la Ley 1450 de 2011 sobre el artículo 115 de la
Ley 685 de 2001 (Código de Minas); el tribunal de primera instancia concedió la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados por el hecho de haber dado aplicación a
lo dispuesto en una ley posterior cuando debió prevalecer lo determinado en la ley especial,
esto es, el Código de Minas. Inconforme con la decisión la entidad demandada se opone a
la sentencia e insiste en que la ley posterior por el hecho de modificar la anterior prevalece
sobre aquella.
Temas: prevalencia en la aplicación de la ley en el tiempo – criterio cronológico sobre el
especial – multas en contratos de concesión minera – Ley 1450 de 2011 – Ley 685 de 2001.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia de 4 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C que declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Minas y Energía,
declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y denegó las
demás súplicas de la demanda en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Nación – Ministerio de Minas y Energía.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la decisión
contenida en las resoluciones no. VSC-001045 del 15 de noviembre de
2019, mediante la cual la Agencia Nacional de Minería impuso una multa
al consorcio minero Los Laches, equivalente a 416 SMLMV, en el marco
del contrato de concesión minera no. 2599T, y de la resolución no. VSC-
00242 de 23 de junio de 2020, por la que rechazó por extemporáneo el
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
recurso de reposición y redujo la multa impuesta a 349 SMLMV, bajo el
entendido de que el valor de la multa impuesta al concesionario asciende
a 10,47 SMLMV y se negarán las demás pretensiones.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: NO CONDENAR en costas.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría
DEVUÉLVASE al interesado sin necesidad de desglose los anexos y el
remanente de la suma que se ordenó para gastos del proceso si la
hubiere, déjese constancia de dicha entrega y ARCHÍVESE el
expediente” (fl. 25 índice no. 2 SAMAI – negrillas y mayúsculas fijas del
original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 28 de julio de 2021 en la Oficina Judicial de Cúcuta
(Norte de Santander) 1, el señor Sixto Arévalo Mantilla, actuando por intermedio de
apoderado judicial interpuso demanda en contra de la Nación – Ministerio de Minas
y Agencia Nacional de Minería (ANM) en ejercicio del medio de control jurisdiccional
de controversias contractuales (índice no. 2 SAMAI) 2 con las siguientes súplicas:
“PRIMERO: Que se declare por parte de ese Honorable Tribunal la
nulidad de la Resolución 01045 del 15 de noviembre de 2019.
SEGUNDO: Que se declare nula la Resolución número 0242 del 23 de
junio de 2020, la cual decide negar el recurso de reposición de la
Resolución 01042 del 15 de noviembre de 2019.
TERCERO: Que se restablezca el derecho que tiene el consorcio según
el contrato de concesión 2599T, firmado el 13 de junio de 2005 de
conformidad con el artículo 46 y 115 de la Ley 685 del 2001 en
concordancia con la cláusula décima quinta del contrato de concesión
2599T.
CUARTO: Que se decrete por parte de ese Honorable Tribunal como
1 Por auto de 5 de agosto de 2021, el proceso fue remitido por competencia al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, luego de constatar que el contrato de concesión objeto de demanda fue celebrado
en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley 685 de 2011
(documento no. 9 – índice no. 2 SAMAI).
2 La demanda fue inadmitida por auto del 25 de octubre de 2021, luego de la debida subsanación
presentada por la parte actora fue admitida mediante providencia del 21 de febrero de 2022 y,
posteriormente, fue admitida la adición a la demanda presentada dentro de la oportunidad
(documentos números 15, 18, 20, 23 y 30 – índice no. 2 SAMAI).
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
medida cautelar la suspensión provisional de las resoluciones 1045 del 15
de noviembre de 2019 y 0242 del 23 de junio de 2020, demandadas las
cuales sustentaré en escrito separado.
QUINTO: Como consecuencia de lo anterior La Nación – Ministerio de
Minas – Agencia Nacional de Minería, sean condenados a pagar las
expensas y agencias en derecho, que incurrió mi poderdante, desde la
interposición del recurso pasando por la conciliación y la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, incoada en este Tribunal de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 y 188 de la Ley 1437
del 18 de enero de 2011 en concordancia con los artículos 365 y 366 del
Código General del Proceso.” (fls. 10 y 11 del documento no. 18 – índice
no. 2 SAMAI – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 13 de junio de 2005, el Instituto Colombiano de Geología y Minería
(Ingeominas) celebró el contrato de concesión no. 2599T con el consorcio Minero
Los Laches (integrado por la compañía Minas San Jorge y Cia Ltda y los señores
Luis Hernando Gil Vargas, Diomedes José Golú Sandoval, Bernabé Ortega, Pedro
Miranda Ramírez, Gladis Arismendi Parada, Sixto Arévalo Mantilla y Fernel Arévalo
Mantilla) con el objeto de llevar a cabo “la exploración y explotación de carbón
(clasificación definida por el proponente) carbón mineral (clasificación definida
mediante Resolución no. 181108 de 2003 expedida por el Ministerio de Minas)” (fl.
84 documento anexos demanda – índice no. 2 SAMAI), en una extensión
superficiaria total de 246 hectáreas y 6.450 metros cuadrados con un plazo de
treinta (30) años.
2) El 7 de mayo de 2007, mediante la Resolución no. 0124 la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) otorgó al consorcio Minero Los
Laches licencia ambiental por una vigencia de treinta (30) años.
3) El 24 de septiembre de 2014, el consorcio Minero Los Laches allegó a la ANM la
actualización del programa de trabajos y obras (PTO), en atención a los
requerimientos realizados a través de la Resolución GSC-ZN-000041 de 30 de
agosto de 2013.
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
4) El 7 de abril de 2015, mediante el concepto PARCU-0148 la ANM decidió no
aprobar el programa de trabajos y obras (PTO).
5) El 15 de noviembre de 2019, a través de la Resolución no. 001045 la ANM impuso
al consorcio Minero Los Laches una multa de cuatrocientos dieciséis (416) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
6) El 17 de diciembre de 2019 el consorcio Minero Los Laches interpuso recurso de
reposición en contra de la Resolución no. 001045 mediante el envío de un mensaje
de datos a los correos electrónicos anm@anm.gov.co y contactenos@anm.gov.co.
7) El 19 de diciembre de 2019, el consorcio Minero Los Laches radicó un recurso
de reposición en contra de la Resolución no. 001045 en forma física, con aclaración
de que el mismo había sido remitido a través de mensaje de datos el 17 de diciembre
de 2019.
8) El 6 de noviembre de 2020, la ANM mediante la Resolución no. 0242 de 23 de
junio de 2020 rechazó el recurso de reposición formulado en contra de la Resolución
001045 de 2019.
3. Fundamento de la demanda
1) En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho y
concepto de violación normativa, en resumen, lo siguiente:
Las Resoluciones números 001045 de 15 de noviembre de 2019 y 00242 de 23 de
junio de 2020, mediante las cuales la ANM impuso una multa al consorcio Minero
Los Laches y rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la
Resolución no. 001045 de 2019, adolecen de nulidad, por el hecho de haber sido
expedidas con falsa motivación, por razón de un único cargo de nulidad: violación
del derecho del debido proceso, del derecho de defensa y del principio “pacta sunt
servanda”, respecto del cual hizo el siguiente razonamiento:
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Con la expedición de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre de 2019, la
ANM desconoció lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 685 de 2001 en virtud del
cual la multa aplicable era hasta de treinta (30) salarios mínimos mensuales
vigentes y no de cuatrocientos dieciséis (416) como arbitrariamente fue impuesta,
decisión que constituye un actuar unilateral alejado de lo dispuesto por las partes
en el negocio jurídico y en las normas jurídicas que lo regulan.
De otra parte, con la expedición de la Resolución no. 00242 de 20 de junio de 2020,
la ANM desconoció que el consorcio Minero Los Laches había hecho uso del
recurso de reposición en contra de la Resolución no. 001045 de 2019 dentro del
término que tenía para ello mediante la remisión de un mensaje de datos a los
correos electrónicos de la entidad pero, fue declarada su interposición
extemporánea, pues, solo se tuvo en cuenta la radicación física del recurso
realizada en forma posterior a la electrónica.
2) Con el escrito de adición de la demanda, la parte actora agregó al concepto de
violación la desviación de poder, infracción de las normas en que debía fundarse y
de los principios de confianza legítima, legalidad y buena fe, con base en lo
siguiente:
En el presente asunto, se tiene que la ANM expidió unos actos administrativos
dentro de su órbita de competencia, con observancia de las formalidades previstas
en la ley, pero, usó sus poderes con fines distintos a los conferidos en ella ya que,
con la expedición de tales resoluciones violó los principios de legalidad, buena fe y
confianza legítima, situación que configura el vicio de desviación de poder de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del CCA (artículo 137 CPACA).
Adicionalmente, con la expedición de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre
de 2019 la ANM incurrió en la inaplicación de las normas en que debía fundarse,
pues, en la cláusula decimoquinta del contrato se estipuló que las multas por
incumplimiento podían imponerse en forma sucesiva en cuantía hasta de treinta (30)
salarios mensuales legales vigentes y, en claro desconocimiento de los principios
de la confianza legítima, legalidad y buena fe la ANM impuso una multa por un
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
monto de cuatrocientos dieciséis (416) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
4. Posición de la parte demandada
4.1 Ministerio de Minas y Energía
A través de escrito radicado el 6 de mayo de 2022 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones, formuló excepciones y solicitó que fueran negadas las
súplicas (documento no. 26 – índice no. 2 SAMAI) con los siguientes argumentos:
1) Según lo dispuesto en el Decreto 4134 de 2011, mediante el cual se creó la
Agencia Nacional de Minería, como agencia estatal de naturaleza especial adscrita
al Ministerio de Minas y Energía, la competencia asignada a dicha entidad en
condición de autoridad minera es la de suscribir los contratos de concesión, realizar
el respectivo seguimiento e imponer las sanciones a que haya lugar por razón del
incumplimiento de las obligaciones contenidas en dichos negocios jurídicos.
2) Propuso como excepción la “falta de legitimación en la causa por pasiva y
ausencia de participación del Ministerio en la expedición de los actos administrativos
cuestionados”, toda vez que el Ministerio de Minas y Energía no tuvo injerencia ni
participación en la determinación de las decisiones adoptadas con las Resoluciones
números 001045 de 2019 y 00242 de 23 de junio de 2020.
4.2 Agencia Nacional de Minería
El 19 de mayo de 2022 mediante memorial contestó la demanda con oposición a
las pretensiones, formuló excepciones y solicitó que fueran negadas las súplicas
(documento no. 27 – índice no. 2 SAMAI) con apoyo en el siguiente razonamiento:
1) En el presente asunto, el consorcio demandante afirma haber remitido el recurso
de reposición en contra de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre de 2019
a través de los correos electrónicos a las direcciones de la entidad; sin embargo, no
aporta la constancia de recibo de sus mensajes que arroja el sistema en forma
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
automática, en los términos en que lo establece el artículo 61 de la Ley 1437 de
2011.
2) Asimismo, el sistema en respuesta a la radicación de cualquier comunicación
remite un número de radicación, información que no aporta al expediente el
demandante.
3) De otra parte, la oficina de sistemas de la ANM emitió una certificación en la que
se constata que durante los días 17 a 18 de diciembre de 2019 el señor Sixto
Arévalo Mantilla no formuló comunicación electrónica alguna.
4) Los fundamentos y consideraciones adoptados con la Resolución no. 001045 de
15 de noviembre de 2019 corresponden al análisis realizado entre las situaciones
fácticas acaecidas en contraste con la tasación y graduación de la multa, ejercicio
que concluyó con una actuación que encuadraba en nivel grave, entre 9 o más
faltas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 (numeral 2) de la Resolución
no. 91455 de 24 de diciembre de 2014 expedida por la ANM.
5) Propuso como excepciones las que se relacionan a continuación:
a) “Existencia de una obligación legal o reglamentaria y la omisión en su
cumplimiento”, en la medida en que la decisión adoptada en las resoluciones
acusadas de ilegalidad en el presente asunto fue soportada en lo dispuesto en la
Ley 685 de 2001, normatividad especial y de aplicación preferente en los asuntos
mineros.
b) “Inexistencia de daños y perjuicios económicos causados por parte de la Agencia
Nacional de Minería”, por cuanto en el expediente no se encuentra probada la
existencia de perjuicios, pues, el titular minero es quien no ha dado cumplimiento a
las obligaciones contractuales adquiridas desde la suscripción del contrato de
concesión.
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C en
providencia del 4 de mayo de 2023 (documento no. 63 – índice no. 2 SAMAI) declaró
la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de
Minas y Energía, declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas y
denegó las restantes súplicas de la demanda con fundamento en lo siguiente:
1) Como elemento inicial se precisa que la Nación – Ministerio de Minas y Energía
no fue la entidad que profirió los actos administrativos cuya nulidad se persigue y,
aunque la ANM se encuentra adscrita al ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 4134 de 2011, dicha entidad cuenta con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, por lo que el ministerio de
Minas y Energía carece de legitimación en la causa por pasiva para comparecer a
este proceso.
2) En los términos de la cláusula decimoquinta del contrato de concesión no. 2599T
se tiene que, ante los incumplimientos del contratista la ANM puede imponer “multas
sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales vigentes, cada vez y
para cada caso de infracción” (fl. 18 ibidem), texto que refleja con idéntica redacción
lo dispuesto por el legislador en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001.
3) La ANM, además, con la expedición de la Resolución no. 001045 de 15 de
noviembre de 2019 impuso multa al concesionario por un monto de cuatrocientos
dieciséis (416) salarios mínimos mensuales vigentes en atención a lo previsto en el
artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, cuantía que posteriormente redujo a trescientos
cuarenta y nueve (349) salarios mínimos mensuales vigentes.
4) En el presente asunto, surge un conflicto entre la regla general contenida en el
artículo 38 de la Ley 153 de 1887 en virtud de la cual a todo contrato se entienden
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración y la norma especial en
materia minera contenida en la Ley 685 de 2001.
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5) El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece una premisa general, según la
cual en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de
su celebración y, a renglón seguido, la misma norma introduce la excepción de que
la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido.
6) Por su parte, el artículo 46 de la Ley 685 de 2001 preceptúa que se entenderán
incorporadas al contrato las leyes vigentes al tiempo de su celebración y determina
que dicha premisa debía ser aplicada sin excepción o salvedad alguna.
7) En ese contexto normativo, se estima fundado el cargo de nulidad consistente en
infracción de las normas en que debía fundarse puesto que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 685 de 2001, norma posterior y especial de
prevalente observancia en el ámbito minero, la norma que gobernaba el contrato de
concesión no. 2599T en materia sancionatoria sería la contenida en el artículo 115
de ese mismo código, disposición que, además, era la más favorable para el sujeto
de la pena.
8) En ese orden, con el propósito de tasar el monto de la multa que habrá de
imponerse en contra del demandante, se parte del análisis realizado con apoyo en
el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 con base en el cual las multas se incrementan
hasta en mil (1.000) salarios mínimos mensuales vigentes, razón por la cual, como
el monto impuesto fue de trescientos cuarenta y nueve (349) salarios mínimos
mensuales vigentes, se calculará el 34,9% del tope máximo de treinta (30) salarios
mínimos mensuales previsto en las disposiciones aplicables, de lo cual se obtiene
una suma equivalente a diez punto cuarenta y siete (10.47) salarios mínimos
mensuales, que será el valor al que se condene a pagar al concesionario por
concepto de multa.
7. El recurso de apelación
La Agencia Nacional de Minería en condición de entidad demandada interpuso
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia (documento no.
65 – índice no. 2 SAMAI) el cual fue concedido por el a quo mediante auto de 26 de
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
junio de 2023 (documento no. 67 – índice no. 2 SAMAI), impugnación que fue
sustentada en los términos que se reseñan a continuación:
1) El tribunal de primera instancia pasó por alto que el contrato de concesión no.
2599T fue suscrito en vigencia de la Ley 685 de 2001 y que posteriormente esa
normatividad fue modificada con la Ley 1450 de 2011 y actualmente es la que se
encuentra vigente.
2) Al respecto, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone expresamente que la
“infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido” y, a
su turno, el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 prescribe que “las multas previstas
en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, se incrementarán hasta en mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada vez y para cada caso de
infracción de las obligaciones contractuales”.
3) En atención al criterio hermenéutico cronológico la Ley 1450 de 2011 resulta de
prevalente aplicación por ser posterior a la Ley 685 de 2001 y no como
equívocamente el a quo realizó el ejercicio respecto de la Ley 153 de 1887, máxime
si se tiene en cuenta que la Ley 1450 solo amplió el monto de las multas a imponer
sin modificar las conductas susceptibles de sanción.
8. Actuación surtida en segunda instancia
1) El 11 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de apelación (índice no. 5
SAMAI).
2) Posteriormente, el 13 de diciembre de 2023 se notificó al Ministerio Público del
auto admisorio (índice no. 9 SAMAI) y, en los términos del numeral 5 del artículo
247 del CPACA se le informó que no había solicitud ni decreto de pruebas en
segunda instancia y se corrió traslado para emitir el respectivo concepto (índice
no.10 SAMAI).
3) En dicho término las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (índice no.
11 SAMAI).
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La demanda está dirigida a obtener la nulidad de la Resolución no. 001045 de 15
de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al concesionario en cuantía
de cuatrocientos dieciséis (416) salarios mínimos mensuales legales vigentes y, de
la Resolución no. 00242 de 23 de junio de 2020, a través de la cual se rechazó el
recurso de reposición formulado en contra de la Resolución no. 001045 de 2019 y
se redujo el monto de la multa impuesta a trescientos cuarenta y nueve (349)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, ambos actos administrativos emitidos
por la ANM.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación -
Ministerio de Minas y Energía, declaró la nulidad parcial de las resoluciones
demandadas y denegó las demás súplicas de la demanda, en atención a que la Ley
685 de 2001 (ley especial) era la aplicable al presente asunto en forma preferente
a la ley posterior y, en consecuencia, que la multa impuesta resultaba superior al
tope máximo establecido por el legislador.
La entidad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia sobre la base de sostener que la Ley 1450 de 2011 modificó la
Ley 685 de 2001 y que en ese sentido la normatividad aplicable al caso concreto es
la posterior.
La sentencia apelada será confirmada.
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2. Análisis de la impugnación
2.1 Hechos probados
Examinadas las pruebas allegadas al proceso, se encuentran debidamente
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión que debe adoptase:
1) El 13 de junio de 2005, el Instituto Colombiano de Geología y Minería
(Ingeominas) celebró el contrato de concesión no. 2599T con el consorcio Minero
Los Laches (integrado por la compañía Minas San Jorge y Cia Ltda y los señores
Luis Hernando Gil Vargas, Diomedes José Golú Sandoval, Bernabé Ortega, Pedro
Miranda Ramírez, Gladis Arismendi Parada, Sixto Arévalo Mantilla y Fernel Arévalo
Mantilla) con el objeto de llevar a cabo “la exploración y explotación de carbón
(clasificación definida por el proponente) carbón mineral (clasificación definida
mediante Resolución no. 181108 de 2003 expedida por el Ministerio de Minas)” (fl.
84 documento anexos demanda – índice no. 2 SAMAI), en una extensión
superficiaria total de 246 hectáreas y 6450 metros cuadrados y con un plazo de
treinta (30) años (fls. 84 a 94 documento no. 6 – índice no. 2 SAMAI).
2) La cláusula decimoquinta del contrato de concesión no. 2599T prevé
expresamente lo siguiente:
“CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Multas. En caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones por parte de EL CONCESIONARIO, previo
requerimiento, LA CONCEDENTE podrá imponer administrativamente
multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, cada vez y para cada caso de infracción de las
obligaciones emanadas del presente contrato, siempre que no fueren
causal de caducidad o que LA CONCEDENTE, por razones de interés
público expresamente invocadas, se abstuviera de declararla. Cada multa
deberá ser pagada por EL CONCESIONARIO dentro del término de diez
(10) días hábiles contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada
la providencia que la imponga. SI EL CONCESIONARIO no cancelare
oportunamente las multas de que trata esta cláusula, LA CONCEDENTE
las hará efectivas con cargo a la póliza de cumplimiento, sin perjuicio de
que se declare la caducidad. En el caso de contravenciones de las
disposiciones ambientales, la autoridad ambiental aplicará las sanciones
previstas en las normas ambientales vigentes.” (fl. 91 ibidem –
mayúsculas sostenidas, subrayado y negrillas del original)
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Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) El 15 de noviembre de 2019, la ANM mediante la Resolución no. 001045 declaró
el incumplimiento del consorcio Minero Los Laches en la ejecución del contrato de
concesión no. 2599T en relación con los hallazgos de la inspección de campo sobre
aspectos de higiene y seguridad minera, como consecuencia de lo anterior impuso
una multa de cuatrocientos dieciséis (416) salarios mínimos mensuales legales
vigentes (fls. 13 a 68 documento. 6 – índice no. 2 SAMAI).
4) El 17 de diciembre de 2019, a través de mensaje de datos dirigido a las
direcciones de correo electrónico de la ANM, el consorcio Minero Los Laches
interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución no. 001045 de 15 de
noviembre de 2019 (fls. 95 y 96 ibidem).
5) El 19 de diciembre de 2019, mediante radicación no. 20199070427392 el
consorcio Minero Los Laches presentó recurso de reposición en contra de la
Resolución no. 01045 de 2019 en forma física (fl. 4 documento no. 6 – índice no. 2
SAMAI).
6) El 23 de junio de 2020, la ANM rechazó el recurso de reposición formulado por
parte del consorcio Minero Los Laches por haber sido presentado en forma
extemporánea, pues, la remisión del escrito realizada aparentemente por mensaje
de datos nunca llegó a la bandeja de entrada de los correos electrónicos de la
entidad y, sin perjuicio de lo anterior, se redujo el monto de la multa a trescientos
cuarenta y nueve (349) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en atención
a la división efectuada por los promedios para establecer el valor fijado según el
rango de producción, típico y número de fallas cometidas (fls. 3 a 12 ibidem).
2.2 El caso concreto
1) En los precisos términos del recurso de apelación ejercido por la entidad
demandada, el tribunal de primera instancia concedió la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados con la indebida determinación de que la ley especial
prevalece sobre la posterior, pasando por alto que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 las infracciones se castigan con arreglo a la ley
vigente al momento en que se hubieren cometido.
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2) En el presente asunto se ponen en contraste varias normatividades que deben
valorarse e interpretarse con el fin de determinar la realmente aplicable a este caso
objeto de estudio:
a) El contrato de concesión no. 2599T fue suscrito el 13 de junio de 2005, es decir,
que le es aplicable la Ley 685 de 2001 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 153 de 1887 ya que, “[e]n todo contrato se entenderán incorporadas las
leyes vigentes al tiempo de su celebración”.
b) En ese mismo articulado, el legislador expresamente exceptuó de la aplicación
de las leyes vigentes al tiempo de la suscripción de los negocios jurídicos “[l]as
[normas] que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual será
castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido” (numeral 2 del
artículo 38 de la Ley 153 de 1887).
c) A su turno, el artículo 46 de la Ley 685 de 2001 “[p]or la cual se expide el Código
de Minas y se dictan otras disposiciones”, en cuanto a la normatividad del contrato
de concesión consagra lo siguiente:
“ARTÍCULO 46. NORMATIVIDAD DEL CONTRATO. Al contrato de
concesión le serán aplicables durante el término de su ejecución y durante
sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al tiempo de su
perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas leyes
fueren modificadas o adicionadas con posterioridad, al
concesionario le serán aplicables estas últimas en cuanto amplíen,
confirmen o mejoren sus prerrogativas exceptuando aquellas que
prevean modificaciones de las contraprestaciones económicas
previstas en favor del Estado o de las de Entidades Territoriales.”
(mayúsculas y negrillas del original – resalta la Sala).
Es preciso relievar en importancia el hecho de que el legislador en la norma antes
trascrita limitó la aplicación de la norma modificada o adicionada con posterioridad
a las que contengan mejoras en las prerrogativas del concesionario, salvo las que
se refieran a modificaciones sobre las contraprestaciones económicas en favor del
Estado o entidades territoriales, aspecto este último que no aplica al presente
asunto.
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Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
d) En relación con las multas, la Ley 685 de 2001 dispone en el artículo 115 que la
entidad estatal concedente puede imponer multas “sucesivas de hasta treinta (30)
salarios mínimos mensuales”.
e) Posteriormente, la Ley 1450 de 2011 en el artículo 111 reguló expresamente lo
siguiente:
“ARTÍCULO 111. MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS.
Las multas previstas en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, se
incrementarán hasta en mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones
contractuales, en particular de aquellas que se refieren a la seguridad
minera. El Ministerio de Minas y Energía reglamentará los criterios de
graduación de dichas multas.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).
2) El debate puesto a consideración parte de un conflicto de leyes en el tiempo,
puesto que la ley especial (ley 685 de 2001) fue modificada a través de la Ley 1450
de 2011, pero, dicha normatividad especial dispuso que su aplicación no podía
someterse a excepciones o salvedades.
3) En relación con el conflicto normativo relacionado con la prelación en la aplicación
de las normas en el presente asunto, hay que remitirse a lo dispuesto en los artículos
1 y 2 de la Ley 153 de 1887 que preceptúan lo siguiente:
“Art. 1°. Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra
oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el
tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la
república, y especialmente las judiciales, observarán las reglas
contenidas en los artículos siguientes.
Art. 2°. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que
una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al
hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.” (negrillas del original).
De la lectura de las normas antes transcritas, en consonancia igualmente con lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 3, es claro que existen tres (3) criterios
3 El artículo 5 de la Ley 57 de 1887 dispone expresamente lo siguiente: “Art. 5° Cuando haya
incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella. Si en los códigos
que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su
aplicación las reglas siguientes: 1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
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Actor: Sixto Arévalo Mantilla
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Apelación de sentencia
para solucionar los conflictos temporales en la aplicación de las leyes: i) el criterio
jerárquico, según el cual la norma superior prevalece sobre la inferior; ii) el criterio
cronológico, que reconoce la prevalencia de la norma posterior sobre la anterior y,
iii) el criterio de especialidad, a partir del cual la norma especial prima sobre la
general, aun cuando la última sea posterior 4.
4) En el presente asunto el conflicto surge respecto de la aplicación o no de la
modificación del artículo 115 de la Ley 685 de 2001 realizada por el artículo 111 de
la Ley 1450 de 2011, como se explica a continuación:
a) La Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 5, es un cuerpo normativo que se compone de dos (2) partes, una general y
otra contentiva del plan de inversiones, en la “que se incluyen los presupuestos
plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional
y [la] especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”6.
b) El inciso tercero del artículo 341 de la Constitución Política preceptúa
expresamente que “[e]l Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley
que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos
constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin
necesidad de la expedición de leyes posteriores”.
Sobre el punto en cuestión, la Corte Constitucional en la sentencia C-557 de 2000 7,
en relación con la prelación de esta norma determinó: “[e]sta prelación legislativa no
carácter general; 2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se
hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y si estuvieren
en diversos códigos preferirán por razón de estos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal,
Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de
Beneficencia y de Instrucción Pública.”
4 Al respecto, pueden consultarse, entre otras providencias, el auto de unificación de la Sala Plena
del Consejo de Estado, de 13 de febrero de 2014, en el expediente con radicación 11001-03-26-000-
2013-00127-00 (48521) con ponencia de Enrique Gil Botero y la sentencia de la Corte Constitucional
C-078 de 1997 con ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz.
5 La Corte Constitucional en la sentencia C-077 de 2012 con ponencia de Mauricio González Cuervo
aclara que, si bien en el encabezado se señala que el Plan Nacional de Desarrollo es del 2010 a
2014, en el artículo 1 de dicho cuerpo normativo se corrige e indica que el cuatrienio al que
corresponde es de 2011 a 2014.
6 Sentencia de la Corte Constitucional C-077 de 2012 con ponencia de Mauricio González Cuervo,
decisión mediante la cual se analizó la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1450 de
2011.
7 Sentencia que decidió sobre la constitucionalidad de la Ley 508 de 1999 por la cual se expidió el
Plan Nacional de Desarrollo para los años 1999-2002.
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
Actor: Sixto Arévalo Mantilla
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
se deriva, como han pretendido entenderlo algunos, de la supuesta naturaleza de
ley orgánica de la Ley del Plan de Desarrollo, naturaleza que no tiene pues se trata
de una ley ordinaria. Emana, en cambio, como se explica adelante, de la naturaleza
misma de la Ley del Plan, y de la voluntad del constituyente expresada en el inciso
tercero del artículo 341” 8.
c) El artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 del título III de los mecanismos para la
ejecución del plan, modificó el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 en el sentido de
incrementar las multas previstas hasta en mil (1.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
d) De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que el artículo 111 de la Ley
1450 de 2011 mediante el cual se modificó el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 no
hace parte del título II a través del cual se expidió el plan cuatrienal de inversiones,
razón por la cual no tiene prelación normativa, por lo tanto, constituye una ley
ordinaria.
e) En atención a que la Ley 1450 de 2011 responde a la naturaleza de ley ordinaria
en los aspectos que no conforman la parte correspondiente al plan cuatrienal de
inversiones, el análisis de aplicación normativa se ubica ahora en la definición del
criterio que se deberá aplicar, pues, nos encontramos ante una modificación de una
ley posterior y general a una anterior especial, en otros términos, se deberá elegir
entre el criterio cronológico y el de especialidad para solucionar el conflicto.
Al respecto, la doctrina ha previsto una solución a dicho conflicto en los siguientes
términos:
“2. Conflicto entre el criterio de especialidad y el cronológico. Este conflicto
tiene lugar cuando una norma anterior - especial es incompatible con una
norma posterior - general. Existe conflicto porque al aplicar el criterio de
especialidad se le da prevalencia a la primera norma, y al aplicar el criterio
cronológico se da prevalencia a la segunda. También aquí se ha
establecido una regla general: lex posterior generalis non derogat priori
speciali. Con base en esta regla el conflicto entre el criterio de
8 Corte Constitucional sentencia C-557 de 2000 con ponencia de Vladimiro Naranjo Mesa.
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
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Apelación de sentencia
especialidad y el criterio cronológico debe ser resuelto a favor del primero:
la ley general posterior no elimina la ley especial anterior. 9”
Esta Corporación en un caso similar al presente, señaló lo siguiente:
“(…) la ley posterior deroga la ley anterior cuando ambas tienen la misma
generalidad o la misma especialidad, pero la especial, aunque sea
anterior a una general, subsiste en cuanto se refiere a la materia concreta
regulada en ella, a menos que la segunda derogue expresamente la
primera, o que entre ellas exista incompatibilidad. 10
(…).
La interpretación de las normas jurídicas tiene que hacerse bajo una
perspectiva razonable, esto es, lo que tanto la doctrina como la
jurisprudencia constitucional han denominado “la lógica de lo
razonable” 11, es decir, que al margen de la exégesis que se desprende de
la literalidad (positivismo) de las normas jurídicas, el juez cuenta con un
ámbito hermenéutico en el que se persigue la razonabilidad del
ordenamiento jurídico.” 12
La providencia en comento concluyó que “desde ningún punto de vista la legislación
posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma posterior deroga en
todos los eventos a la anterior” y para la solución del caso en debate prevaleció la
normatividad especial sobre la general.
5) En línea con lo anterior, como en el presente asunto no se trata de un caso de
derogación de la ley posterior general sobre la especial, sino de una modificación,
la ley especial subsiste solo que se prefiere la aplicación de lo dispuesto en la ley
especial, con fundamento en el criterio de especialidad.
6) Contrario a lo pretendido por la entidad demandada en el recurso de apelación,
no es correcto afirmar que la Ley 1450 de 2011 por el hecho de modificar la Ley 685
de 2001 es la actualmente vigente, pues, se trata de una modificación que no le es
aplicable al presente asunto, por tratarse de un cambio normativo realizado por una
ley general (ordinaria) sobre una especial.
9 BOBBIO, Norberto (2017). Teoría General del Derecho (Ed.) Temis SA, Bogotá. ISBN 978-956-
392-235-6. (página 196).
10 Cita del original: MONROY Cabra, Marco Gerardo (2006) Introducción al Derecho (Ed.) Temis
S.A., Bogotá. (página 197).
11 Cita del original: Al respecto ver: sentencia T-174 de 2013, MP Jorge Iván Palacio y sentencia T-
406 de 1992, MP Ciro Angarita Barón.
12 Auto de Unificación de Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 13 de febrero
de 2014, radicación no. 11001-03-26-000-2013-00127-00 (48521), MP Enrique Gil Botero.
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Expediente no. 25000-23-36-000-2021-00386-01 (70.269)
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Apelación de sentencia
En ese sentido, la recurrente parte de un supuesto de hecho equivocado ya que, la
Ley 1450 de 2011 por la sola circunstancia de ser posterior no prevalece en la
aplicación del Código de Minas como normatividad especial sobre la materia.
7) Sin perjuicio de que lo anteriormente expuesto es suficiente para desestimar los
argumentos de la impugnación interpuesta por la parte demandada, existe otra
razón determinante para corroborar la no prosperidad del recurso de alzada, como
lo es el precepto superior consagrado en el artículo 29 constitucional, según el cual,
en materia punitiva, como lo es el derecho administrativo sancionador 13, prevalece
la norma más favorable al imputado, en este caso, la prevista en el artículo 115 de
la Ley 685 de 2001 por contener una sanción inferior a la posteriormente prevista
en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011.
En atención a que la entidad demandada propuso únicamente como argumento de
apelación la prevalencia de la Ley 1450 de 2011 para la solución del caso, sin
oponerse a ningún otro aspecto contenido en la sentencia de primera instancia, ante
la no prosperidad de sus argumentos la decisión deberá ser confirmada
integralmente, de acuerdo con lo dispuesto expresamente en el inciso primero del
artículo 328 del CGP 14.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la nulidad parcial de las Resoluciones
números 01045 de 15 de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al
consorcio Minero Los Laches en el marco de la ejecución del contrato de concesión
no. 2599T y 0242 de 23 de junio de 2020 a través de la cual se rechazó por
extemporáneo el recurso de reposición y se redujo la multa impuesta, ambas
expedidas por la Agencia Nacional de Minería.
13 En relación con la aplicación del principio de favorabilidad como parte integral del derecho
constitucional fundamental del debido proceso a todas las especies que integran el derecho punitivo
del Estado véanse, entre otras, las siguientes sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado: de 30 de mayo de 2000, expediente AC-9877; de 13 de febrero
de 2001, expediente AC-11.946; de 20 de noviembre de 2001, expediente 2001-0130 y de 12 de
junio de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-04791-01 (PI); asimismo, la sentencias de 7 de
marzo de 1985 de la Corte Suprema de Justicia, expediente 1259, MP Manuel Gaona Cruz y Corte
Constitucional, sentencia SU-424 de 2016, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 El texto de la norma en comento es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL
SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.” (negrillas y mayúsculas fijas del original).
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Apelación de sentencia
3. Conclusiones
La demanda formulada se dirigió a obtener la nulidad de la Resolución no. 001045
de 15 de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al concesionario
durante la ejecución del contrato de concesión no. 2599T y de la Resolución no.
00242 de 23 de junio de 2020, a través de la cual se rechazó el recurso de reposición
formulado en contra de la primera y se redujo el monto de la multa impuesta, ambos
actos administrativos emitidos por la ANM, por el hecho de que la Ley 1450 de 2011
modificó el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 en el sentido de incrementar el monto
de la multa a imponer, respecto de cuya determinación el tribunal de primera
instancia encontró configurado el cargo de infracción en las normas en que debía
fundarse y declaró la nulidad parcial de tales resoluciones.
En ese contexto, como la entidad demandada pretendió que, en el análisis de
aplicación normativa al presente asunto, se diera prevalencia al criterio cronológico
sobre el especial, determinación que no procede cuando se trata de una ley
posterior general sobre una ley anterior especial y menos aún por el hecho de
desconocer el principio de favorabilidad en materia punitiva consagrado en el
artículo 29 constitucional, no resulta acertada su oposición y, por consiguiente
deberá confirmarse la sentencia apelada.
4. Condena en costas y agencias en derecho
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la entidad demandada, esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, las
cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera
instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
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Apelación de sentencia
FALLA:
1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C del 4 de mayo de 2023.
2°) Condénase en costas a la Agencia Nacional de Minería (ANM), tásense en
forma concentrada en el tribunal de primera instancia.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado
Ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma
digital SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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