Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00496-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00496-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00496-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
19 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025
Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: reparación directa - Responsabilidad del Estado por permitir la venta de los activos
de una EPS - Liquidación de Entidad Promotora de Salud (EPS) - No pago de deudas a un
proveedor del servicio de salud.
Síntesis del caso: la sociedad demandante reclama la responsabilidad del Estado porque
el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud
permitieron y facilitaron la venta de los activos de la EPS de la que era acreedora, en
detrimento de los derechos de crédito de los terceros de buena fe.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 5 de julio de 2024, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 150 del CPACA1. El Tribunal Administrativo
conoció el proceso en primera instancia por la cuantía estimada en la
demanda, según el numeral 6 del artículo 152 del mismo Código.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de octubre de 2021, Pharmasan SAS presentó demanda2, en
ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de
1 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de
los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código”.
2 Índice Samai 1 del Tribunal.
Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
Salud, con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones (se
trascribe):
“PRIMERO: Que se declare que el Ministerio de Salud y Protección Social en
solidaridad con la Superintendencia Nacional de Salud, incumplieron sus
obligaciones frente a sus obligaciones control, vigilancia e inspección del proceso
de venta de CAFESALUD E.P.S. S.A. y posterior liquidación de la misma empresa.
SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al
Ministerio de Salud y Protección Social en solidaridad con la Superintendencia
Nacional de Salud al reconocimiento del daño causado a un proveedor del
servicio nacional de Salud PHARMASAN S.A.S., en las siguientes sumas de dinero:
2.1. TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.033.350.633) MCTE, por concepto de daño
emergente, correspondiente al valor que no le ha cancelado la empresa de
CAFESALUD E.P.S. S.A.
2.2. SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, por concepto de daño
emergente, correspondiente al valor cancelado por concepto de honorarios de
abogado que tuvo que cancelar para el ejercicio de su defensa técnica dentro
del presente proceso.
2.3. Las condenas respectivas serán actualizadas de conformidad con lo previsto
en el artículo 187 del C.P.A.C.A. y se reconocerán los intereses legales y moratorios
hasta la fecha en que se le dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al
proceso”.
2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
3. (1) La Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución 801 de
mayo de 2011, intervino a SaludCoop EPS por un periodo inicial de dos
meses, el cual fue prorrogado por doce meses. Luego, mediante la
Resolución 51 de 17 de enero de 2013, dispuso la vigilancia especial sobre
dicha EPS, medida que se prorrogó hasta 2016.
4. (2) El 25 de noviembre de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social
y la Superintendencia Nacional de Salud ordenaron la liquidación de
SaludCoop EPS y trasladaron a Cafesalud EPS SA —entidad que también
estaba intervenida desde el 2013—a 4.6 millones de usuarios, junto con los
contratos que tenía suscritos con distintas IPS.
5. (3) Surtido el trámite anterior, “se inició la estructuración de la venta de
activos de Cafesalud EPS SA”, la cual fue liderada por SaludCoop EPS —en
liquidación—, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia
Nacional de Salud.
6. (4) El 30 de diciembre de 2016, el agente liquidador de SaludCoop EPS
publicó el reglamento de venta de Cafesalud EPS SA.
7. (5) Entre el 13 de enero de 2017 y el 11 de abril de 2017 se surtió el
proceso: se evaluaron las ofertas. Los interesados fueron EPS Sanitas y el
consorcio Prestasalud.
8. (6) Mediante el Decreto 2117 de 2016 y, en especial, el Decreto 718 de
4 de mayo de 20173 “se habilitó legalmente la reorganización institucional
de Cafesalud EPS S.A., en los términos pretendidos por SaludCoop en
3 Adicionó el artículo 2.1.13.9 del Decreto 780 de 2016 “por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”.
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Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
liquidación”. Antes de estos decretos, se entendía que la venta comprendía
todos los activos, pasivos y otros, incluidos los contratos y obligaciones con
los proveedores, pero el Decreto 718 autorizó las cesiones parciales.
9. (7) La Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular 5 de 2017,
que modificó la Circular 47 de 2007, en lo relativo a la escisión, fusión y
creación de EPS en las que se pretenda ceder la habilitación o autorización
para operar, los afiliados y los contratos asociados. Con esta nueva circular
se autorizó para que una EPS sometida a vigilancia especial o intervención
forzosa, como era el caso de Cafesalud, pudiera “enervar la causal” siempre
que justificara que las razones que sirvieron de soporte a la medida podían
solventarse con la reorganización. Así, tanto el Decreto 718, como la Circular
5, permitieron la venta de Cafesalud y de las acciones de Esimed S.A., en los
términos diseñados por el equipo asesor de SaludCoop (Lazards S.A.S.)
10. (8) El 9 de mayo, los dos interesados presentaron las ofertas económicas.
11. (9) El Procurador General de la Nación remitió una carta al agente
liquidador de Saludcoop en donde le indicó que, de acuerdo con las
condiciones del proceso de selección, solo había un “único oferente
integral”, por lo que no habría una verdadera puja que favoreciera
económicamente al sistema y que, por el contrario, se iba a conducir a la
integración vertical, por la consolidación de la posición dominante del
proponente único
12. (10) El 24 de mayo de 2017, el consorcio Prestasalud, oferente único,
resultó adjudicatario de la venta de Cafesalud EPS y Esimed IPS “en un
proceso totalmente irregular”. A raíz de lo cual, se constituyó Medimás EPS
SAS, quien adquirió los clientes, afiliados y la infraestructura física de
Cafesalud EPS, “pero no sus deudas”. La recién creada Medimás se
comprometió a pagar una parte de las deudas de Cafesalud o, en otras
palabras, “que parte de las ganancias de la naciente EPS pagaran deudas
de su antecesora”. Estas irregularidades fueron “efectuadas y promovidas
por el Estado, representado en las entidades demandadas”.
13. (11) La delegada para la supervisión de riesgos de la Superintendencia
Nacional de Salud expidió un concepto el 13 de junio de 2017, en donde
consideró que los integrantes del consorcio no estaban inhabilitados y que
la evaluación financiera a las doce entidades que conformaban el
consorcio arrojaba un resultado favorable para mitigar el riesgo financiero
de la operación.
14. (12) El 14 de julio de 2017, la Superintendencia delegada para la
supervisión institucional profirió un concepto técnico en el que avaló el plan
de reorganización institucional presentado por Cafesalud, de acuerdo con
la circular externa 5 del Superintendente, artículo 3.2.1. Con todo ello, la
Superintendencia desconoció que la entidad no cumplía con el
aseguramiento en salud de la población y aceptó mantener una EPS que
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Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
llevaba más de cinco años intervenida y que, con esta operación, “trasladó
todo su activo defraudando claramente a sus proveedores”.
15. (13) Mediante la Resolución 2426 de 19 de julio de 2017, el
Superintendente Nacional de Salud aprobó el plan de reorganización
institucional de Cafesalud, que preveía que el pasivo de la red de
prestadores no sería cedido a la nueva Medimás, afectando así los derechos
económicos de empresas del sector salud. Debido a la aprobación,
Medimás EPS inició su operación el 1 de agosto de 2017, de acuerdo con el
contrato y con la resolución 2426.
16. (14) En el año 2018, Medimás dejó de pagarle a Cafesalud, ya que “no
tenía capacidad y experiencia para desarrollar su actividad”.
17. (15) Mediante Resolución 7172 de 22 de julio de 2019, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión de los
bienes y la intervención forzosa administrativa para liquidar a Cafesalud EPS
SA, “liquidación que no tendría recursos para pagar las deudas de los
proveedores de buena fe, ya que todos los activos (…) habían sido
trasladados previamente, demostrándose una defraudación clara a
acreedores de buena fe, actuación promovida y avalada por el Estado”.
18. (16) En 2019, Cafesalud demandó a Medimás, con el objeto de forzar el
pago del dinero pactado por la transferencia de usuarios, que, desde 2018,
había incumplido. La deuda ascendía a $390.000. millones; también,
Medimás debía $85.000 millones de pesos, por la venta de Esimed. Allí
también contrademandó Medimás porque, a su juicio, Cafesalud ocultó
información relevante para la toma de la decisión de comprarla.
19. (17) Mediante Sentencia de acción popular de 19 de abril de 2019, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó “suspender los efectos del
contrato por el que CAFESALUD le transfirió sus afiliados a Medimás”. A la
fecha de presentación de la demanda no se había resuelto la segunda
instancia.
20. (18) El agente liquidador de Cafesalud profirió, el 19 de mayo de 2020, la
Resolución A-003629 en la que reconoció, calificó y graduó con prelación B,
una acreencia presentada oportunamente por Pharmasan SAS, por
$2.919.416.120, pero, tras decidir el recurso de reposición, el 24 de agosto de
2020, modificó el monto reconocido a $3.033.350.633.
21. (19) A la fecha de presentación de la demanda no había pago alguno
de la acreencia, pero “validando los estados financieros de CAFESALUD EPS
S.A., no posee liquidez, ni patrimonio alguno para hacer el pago a un
proveedor estratégico del sistema de salud”.
22. Como fundamento jurídico de las pretensiones, alegó que la
estructuración del negocio de venta de Cafesalud contó con la
participación de las entidades públicas, tanto en la negociación, como en
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Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
la expedición del Decreto 718 de 2018 y la circular 5 de 2017, que permitió
la operación que tuvo por objeto defraudar a los acreedores. Explicó que,
al permitir con el Decreto 718 de 2018 que una EPS objeto de una medida
de vigilancia especial cediera sus activos, incluida la habilitación como EPS,
pero conservara sus pasivos, sin tener participación en la nueva entidad,
Cafesalud quedó convertida en una entidad sin objeto social, destinada
solo a pagar sus pasivos, pero únicamente con lo recibido por la cesión.
23. Adicionalmente, cuestionó que se permitiera que la cesión se hiciera en
beneficio de una entidad sin experiencia en aseguramiento en salud (el
consorcio Prestasalud), en lugar de una entidad que garantizara la
prestación adecuada del servicio y, por esta vía, que se honraran las
obligaciones de los acreedores. Además, expuso que se violó el límite de
integración vertical, previsto en el artículo 15 de la Ley 1122 de 2007 porque
la mayoría de los miembros del consorcio eran prestadores del servicio de
salud, con lo que se superaba el límite del 30% de integración vertical.
Asimismo, consideró que el daño también se causó porque en la
compraventa se autorizó que “hasta el 50% del valor de la compraventa del activo
intangible será pagado por la condonación de las deudas, como manera de extinguir las
acreencias de las sociedades prestadores del servicio de salud integrantes del consorcio
PRESTASALUD, respecto de CAFESALUD EPS S.A. en calidad de deudor ” y se autorizó a
Cafesalud a determinar el orden de pago y preferencia respecto de sus
deudas.
24. Así, consideró que el Ministerio de Salud y de la Protección Social era
responsable del no pago de las acreencias a Pharmasan SAS “al expedir el
Decreto 718 de 2017, que constituyó la génesis de la vulneración sistemática de los
derechos patrimoniales de terceros de buena fe (…) al facilitar el marco legal con el cual
se permitió la reorganización institucional de CAFESALUD EPS”.
Por su parte, la
Superintendencia Nacional de Salud debía ser declarada responsable por
el no pago de las acreencias “al haber aprobado el Plan de Reorganización
Institucional presentado por CAFESALUD EPS S.A., y permitido la entrada en operación de
MEDIMAS EPS S.A.S., con la amenaza a la prestación al servicio público esencial a la salud
que ello representaba, por la falta de experiencia en aseguramiento del consorcio
adjudicatario del proceso de venta, por la vulneración al límite de integración vertical que
su elección representaba, y por la forma de pago por la compraventa de los activos que
amenazaba con la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud ”.
También, por haber expedido la Circular externa 5 de 25 de mayo de 2017,
que “facilitó el proceso de reorganización institucional de CAFESALUD EPS S.A.S., que se
encontraba en una medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud”. De esta manera, la Superintendencia avaló la cesión “para
que adquiriera obligaciones de pago sin que tuviera la experiencia para generar las
utilidades económicas y cumplir sus obligaciones”. Al aprobar la operación, realizó
“un indebido análisis técnico, operativo y financiero de la nueva entidad con la amenaza
a la prestación al servicio público esencial a la salud que ello representaba, por la falta de
experiencia en aseguramiento del consorcio adjudicatario del proceso de venta, ya que
no cumplía con ninguno de los requisitos mínimos para ser aprobada como EPS”. También
vulneró el límite de integración vertical y avaló una forma de pagó que
amenazaba la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
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Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
1.2. Posición de la parte demandada
25. La Superintendencia Nacional de Salud4 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones. Adujo que en el presente caso no se configuró una
falla en el servicio. Especificó que ejerció las funciones de inspección,
vigilancia y control respecto de Cafesalud EPS SA de manera diligente y
oportuna y dando aplicación a las normas que regulan el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, por lo que, al advertir el riesgo en el manejo
de los recursos públicos, ordenó su intervención y posterior liquidación.
26. Aclaró que el proceso de liquidación de dicha EPS fue adelantado por
el agente especial liquidador, que como auxiliar de la justicia, contaba con
autonomía para tomar decisiones. Refirió, además, que el liquidador no es
un empleado o contratista de la Superintendencia Nacional de Salud,
respecto de quien no existe ninguna relación de subordinación o
dependencia, por lo que sus actos administrativos gozan de plena
presunción de legalidad.
27. Expuso que esta entidad, en ejercicio de sus funciones, realiza una labor
de seguimiento ex post sobre las actuaciones del interventor, sin que sea
posible que durante el desarrollo del proceso de liquidación impartiera
órdenes al auxiliar de la justicia sobre cómo realizar su trabajo, ya que esta
es una prerrogativa que no se encuentra dentro de su competencia.
28. Indicó que en la demanda se refirió que el daño provino del rechazo
parcial de unas acreencias por parte del agente liquidador a través de las
Resoluciones A-3629 de 2020 y A-4833 de 2020, sin que existiera ninguna
relación de causalidad entre la emisión y su contenido y las presuntas fallas
atribuidas a la Superintendencia Nacional de Salud. Afirmó que el daño
reclamado no es antijurídico, ya que, de acuerdo con las normas que rigen
los procesos de insolvencia, el demandante está en la obligación de
soportar el no pago como acreedor de quinta clase, al no haber presentado
la reclamación en debida forma y con el cumplimiento de los requisitos
legales.
29. Propuso como excepciones: “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“inexistencia de falla administrativa imputable a la superintendencia de salud – inexistencia
del nexo causal”, “inexistencia de daño especial e inexistencia de daño antijurídico”,
“improcedencia del medio de control de reparación directa”, “inexistencia de subrogación
y solidaridad de las obligaciones causadas a favor de la demandante”, “los actos
administrativos que supuestamente causaron el daño a la IPS”, “son responsabilidad
exclusiva de un tercero”, “inexistencia de solidaridad entre la superintendencia nacional de
salud y la demandada CAFESALUD EPS SA en liquidación”, “los actos y/o omisiones del
agente especial son autónomos e independientes de la superintendencia nacional de
salud”.
30. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social5 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones de la parte actora. Señaló que no tenía entre
sus funciones vigilar, controlar o intervenir a entidades en liquidación, por lo
4 Índice SAMAI 14 del Tribunal.
5 Índice SAMAI 15 del Tribunal.
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Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
que, al no haber sido la autoridad que expidió y notificó los actos
administrativos que, según la demanda, habrían causado el daño no estaba
la legitimada en la causa y, en todo caso, no existió una falla del servicio.
Precisó que tanto la Superintendencia Nacional de Salud como el
liquidador, tienen plena autonomía respecto de sus decisiones, en las cuales
no interviene el Ministerio.
31. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“inexistencia del daño cuya indemnización se reclama”, “ausencia de responsabilidad del
Ministerio de Salud y Protección Social”, “presunción de legalidad de los actos
administrativos”, “inexistencia de solidaridad entre entidades y el Ministerio de Salud y
Protección Social” y “prescripción”.
1.3. Sentencia de primera instancia
32. El 5 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C profirió Sentencia de primera instancia en la que
negó las pretensiones de la demanda6. El Tribunal consideró que no se probó
un daño cierto y antijurídico, como primer elemento de responsabilidad, ya
que, si bien mediante las Resoluciones 3629 de 19 de mayo de 2020 y 4833
de 24 de agosto de 2020, se reconoció parcialmente la acreencia
presentada de manera oportuna por la parte actora como crédito de
prelación B por valor de $3.033.350.633, no se probó que esta no fuera
pagada, máxime cuando la directora de reconocimiento de prestaciones
de Cafesalud EPS SA el 2 agosto de 2019, informó que para esa fecha no
había culminado el pago de las acreencias. Además, porque tampoco se
aportó la resolución a través de la cual se hubiera declarado que este
crédito reconocido dentro del proceso liquidatario quedaba insoluto.
33. Especificó que, en todo caso, de haberse declarado la existencia de
una deuda insoluta por el agotamiento de los recursos de la entidad
liquidada, con ello no se demostraría el daño antijurídico, ya que, dentro del
proceso de liquidación forzosa, los acreedores de créditos reconocidos
dentro del proceso de liquidación se encuentran en la obligación de
soportar su no pago, por el agotamiento de los activos de la liquidada, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 663 de 1993.
1.4. Recurso de apelación
34. La parte demandante presentó recurso de apelación7. Por una parte,
alegó que, contrario a lo expuesto por el tribunal, con la demanda no se
pretendía el cobro de los valores debidamente reconocidos y aceptados
por parte del liquidador de Cafesalud EPS SA, sino los daños ocasionados
con la expedición del Decreto 2117 de 2016 y el Decreto 718 de 2017 que
adicionó el artículo 2.1.13.9 del Decreto 780 de 2016, con los cuales se
flexibilizó la transferencia de activos de la EPS y se habilitó su reorganización,
en los términos pretendidos por Saludcoop EPS y su equipo asesor.
6 Índice SAMAI 56 del Tribunal.
7 Índice SAMAI 59 del Tribunal.
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35. Refirió que el Decreto 718 de 2017 y la Circular 5 de 2017 expedida por
la Superintendencia Nacional de Salud autorizaron a Cafesalud EPS SA a
ceder los activos y los contratos y, a conservar los pasivos, a excepción de
lo atinente a los trabajadores, con lo que se desprotegió el derecho de los
acreedores de buena fe, ya que no se conservó un activo suficiente para
responder por los pagos pendientes.
36. Señaló que, dentro de las funciones de las entidades demandadas se
encontraba la vigilancia y control de los recursos públicos que hacen parte
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las cuales no se limitaban
a la supervisión, sino que, exigían que se hiciera de manera eficiente y
efectiva, lo cual no ocurrió respecto de las decisiones adoptadas para la
liquidación de Saludcoop EPS, cuando se ordenó el traslado de 4.6 millones
de usuarios, junto con los contratos suscritos con las IPS a Cafesalud EPS SA,
la cual estaba intervenida desde el 2013.
37. Por otra parte, adujo que la decisión del tribunal carecía de motivación
y no valoró todos los medios probatorios allegados al proceso con los que se
demostraba que la EPS no contaba con liquidez para responder por las
acreencias que reclama la demandante, en particular, los estados
financieros de Cafesalud.
38. Especificó que: “Para el caso que atañe, se pretende de manera taxativa que se
declare que el Ministerio de Salud y Protección Social en solidaridad con la
Superintendencia Nacional de Salud, incumplieron sus obligaciones frente a sus
obligaciones control, vigilancia e inspección del proceso de venta de CAFESALUD E.P.S. S.A.
y posterior liquidación de la misma empresa y conforme a lo anterior, se ordene el
reconocimiento del daño causado a un proveedor del servicio nacional de Salud, en este
caso al de mi poderdante PHARMASAN S.A.S., por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES MILLONES TRECIENCOS CINCUEN-TA MIL SEISCIENTOS TRESINTA Y TRES PESOS
($3.033.350.633) MCTE, por concepto de daño emergente, correspondiente al valor que no
le ha cancelado la empresa de CAFESALUD E.P.S. S.A. y SESENTA SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES, por concepto de daño emergente, correspondiente al valor
cancelado por concepto de honorarios de abogado que tuvo que cancelar para el
ejercicio de su defensa técnica dentro del presente proceso”.
39. El Ministerio Público rindió concepto8 en el que consideró que el
demandante atacó indirectamente los fundamentos de los actos
administrativos, por lo que, de estudiarse estas acusaciones, se tendría que
analizar su legalidad. Así, a su juicio, hay indebida escogencia de la acción
y, adicionalmente, habría caducidad de la acción pertinente. Pese a ello,
solicitó que confirmara la negativa de las pretensiones de la demanda.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3. Condena
en costas.
8 Índice 11 SAMAI.
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Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
2.1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
40. Pharmasan, en calidad de acreedora de Saludcoop EPS y,
posteriormente, de Cafesalud EPS, como resultado de una cesión de
créditos, demandó a la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, así
como a la Superintendencia Nacional de Salud porque, a su juicio, estas
entidades públicas habrían permitido y facilitado la venta de activos de
Cafesalud, a través de un contrato que dejó desprotegidos los derechos de
crédito de sus acreedores. Pharmasan sostuvo que el crédito que se le
reconoció en el proceso de liquidación de Cafesalud no será satisfecho,
debido a que, fruto de la operación facilitada y autorizada por estas
entidades públicas, no habría suficientes bienes para que se le pagara su
crédito, de acuerdo con los estados financieros de la entidad en liquidación.
41. La sentencia de primera instancia negó las pretensiones porque
consideró que el daño alegado no era cierto y que, en todo caso, de serlo,
los acreedores de la EPS en liquidación debían soportar las consecuencias
de la insuficiencia de recursos. La parte demandante apeló la sentencia
porque, contrario a lo concluido por la primera instancia, el daño alegado
no consistía en la no satisfacción de su crédito, sino en el daño derivado de
la expedición de los actos administrativos del Ministerio y de la
Superintendencia. También sostuvo que se valoraron, de manera indebida
las pruebas, porque de los estados financieros de Cafesalud se podía
concluir que los recursos eran insuficientes para cubrir los pasivos de la
liquidación.
42. Se encuentran reunidos los presupuestos procesales para fallar de fondo:
contrario a lo conceptuado por el agente del Ministerio Público, la acción
de reparación directa sí es, en este caso, el medio de control procedente
para decidir las pretensiones de la demanda. En efecto, aunque la
demanda imputa la responsabilidad de las entidades públicas porque, a su
juicio, con la expedición del Decreto 718 de 4 de mayo de 2017, por parte
del Ministerio de Salud, y con la adopción de la Circular externa 5 de 25 de
mayo de 2017, por parte de la Superintendencia, se habrían dispuesto las
condiciones jurídicas que, a la postre, permitieron que Cafesalud transfiriera
sus activos a un consorcio que creó una nueva EPS (Medimás), sin garantía
para la satisfacción de los créditos de los acreedores de Cafesalud. Aunque
la demanda hace varias acusaciones a la validez de estos dos actos
administrativos a los que, de manera expresa y clara imputa como la causa
de su daño, en realidad, no es posible exigirle que sus pretensiones las
hubiera presentado mediante demandas de nulidad simple o de nulidad y
restablecimiento del derecho, de acuerdo con la teoría de los móviles y las
finalidades –contra el decreto reglamentario que modificó el Decreto único
reglamentario del sector salud y contra la circular externa-, porque
cronológicamente estos actos administrativos son anteriores a la ocurrencia
del daño por el que reclama la reparación.
43. Debe tenerse en cuenta que ambos actos administrativos son de 2017,
año en el cual Pharmasan todavía guardaba la expectativa de que sus
9
Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
créditos serían honrados por Cafesalud. Fue con posterioridad a ellos y, en
su aplicación, que el 24 de mayo de 2017 se adjudicó la venta de la EPS al
consorcio Prestasalud. Más de dos años después de la expedición de los
actos administrativos que acusa de ser causa de su daño, el 22 de julio de
2019, mediante la Resolución 7172, se ordenó la toma de posesión e
intervención forzosa de Cafesalud, con fines de liquidación y, tan solo en
2020, se le reconocieron sus créditos en el proceso de liquidación.
44. De aceptar la tesis del Ministerio Público y declarar la indebida
escogencia de la acción, se estaría configurando una violación manifiesta
al derecho de acceso a la administración de justicia, porque se le estaría
exigiendo el cumplimiento de una carga imposible o, al menos,
desproporcionada al demandante9, esto es, que previera desde 2017,
(cuando se expidieron los actos administrativos) que, más de tres años
después, sus créditos debían ser presentados en un proceso de liquidación
en el que, a su juicio, no se habrían de pagar. Así las cosas, la acción de
reparación directa, en este caso y en estas circunstancias, es el medio de
control que permite examinar las pretensiones de esta demanda, en los
términos en los que se encuentra planteada.
45. La acción fue presentada de manera oportuna. El tribunal que adelantó
la primera instancia inadmitió la demanda, entre otras razones, para que
precisara “la fecha en la que se configuró el daño cierto, particular y concreto por el que
se persigue la indemnización” a efectos del conteo de la caducidad de la
acción. En respuesta a este requerimiento, en el escrito de subsanación de
la demanda se indicó que “El día 4 de octubre de 2019, el Liquidador de CAFESALUD
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CAFESALUD EPS S.A., declara cerrado el periodo para
presentar acreencias en el proceso liquidatario ordenado por la Superintendencia de
Salud. Validando el mismo, se puede corroborar que PHARMASAN S.A.S. entidad
demandante, presentó acreencia el día 24 de septiembre de 2019 (pág 47 Anexo No. 6),
fecha cierta y clara en que se conoció la existencia del proceso liquidatario de CAFESALUD
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CAFESALUD EPS S.A. y por lo tanto, el demandante
tuvo conocimiento de la existencia real y efectiva del daño”10. Pese a esta respuesta,
la primera instancia11 contó la caducidad desde la Resolución A-003639 de
24 de agosto de 2020, proferida por el agente liquidador que, tras decidir el
recurso de reposición, reconoció la acreencia por $3.033.350.633. Ahora
bien, el inicio del conteo de la caducidad debía ser el de la fecha de
terminación del proceso de liquidación. Sin embargo, no se cuenta con
dicha información. Pese a ello, incluso si se cuenta la caducidad desde una
fecha anterior, como lo hizo la primera instancia, la acción habría sido
presentada de manera oportuna. Así, si se toma la fecha de reconocimiento
del crédito, el término inicial se extendía hasta el 25 de agosto de 2022. Sin
embargo, dicho término se suspendió entre el 28 de julio de 2021 y se levantó
9 “El derecho fundamental de acceso a la justicia no sólo implica que las condiciones y
cargas sean previstas por el legislador, sino que éstas sean realizables, razonables y
proporcionadas y que exista certeza respecto de la manera de cumplirlas, de suerte que el
no cumplimiento dependa exclusivamente de la voluntad consciente del justiciable, o de
su falta de cuidado o diligencia, mas no de la ausencia de claridad o de la complejidad
del sistema”: Corte Constitucional, Sentencia C-283/17.
10 Expediente digital, documento 12.
11 Expediente digital, documento 14.
10
Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
el 23 de septiembre de 2021, por el cumplimiento del requisito de la
conciliación prejudicial12. Por ello, la demanda presentada el 19 de octubre
de 2021 fue oportuna.
46. La decisión de primera instancia será confirmada porque el daño
alegado por Pharmasan es incierto y, en todo caso, no habría nexo causal
entre dicho daño y los actos administrativos que, a juicio del demandante,
lo habrían provocado. En todo caso, de existir nexo causal, el daño no sería
antijurídico por la presunción de legalidad no desvirtuada de dichos actos
administrativos.
2.2. Análisis sustantivo
47. Le asistió razón al tribunal de primera instancia al considerar que, en este
caso, no se demostró el primer elemento de la responsabilidad patrimonial
del Estado: un daño que revista el carácter de cierto. No se trata de
demostrar un “daño antijurídico”, como lo sostuvo la primera instancia, ya
que el carácter jurídico o antijurídico del daño solo podrá determinarse tras
establecer si se reúnen o no los otros elementos de la responsabilidad. Se
trata, de entrada, de establecer si existe un daño personal y cierto y por
ende susceptible de ser reparado.
48. El recurso de apelación afirmó que su daño no consistía en el no pago
de los créditos reconocidos en la liquidación, sino en el daño que produjeron
los actos administrativos del Ministerio y de la Superintendencia. En realidad,
la apelación intentó infructuosamente solventar la falta de certeza del daño
que identificó, con razón, la primera instancia pero, por una parte, no es
posible que el recurso de apelación modifique la causa de la demanda
que, en este caso, es clara y, por otra parte, el recurso de apelación es
contradictorio porque, tras afirmar que su daño no consiste en el no pago
de sus créditos, insiste expresamente en que sus pretensiones consisten,
esencialmente, en el pago del monto reconocido en la liquidación.
49. La ausencia de certeza del daño se evidencia por el hecho de que, al
momento de presentación de la demanda, Pharmasan conservaba la
expectativa jurídica del pago de sus acreencias reconocidas, ya que, en el
oficio GRP 1595, del 2 de agosto de 2019, proferido por la Directora de
reconocimiento de prestaciones de Cafesalud13 se informa: “ (…) De manera
atenta me permito informar que, una vez revisados los archivos de Cafesalud EPS, se
observa que el prestador PHARMASAN S.A.S tiene acreencia firmada - por Cafesalud EPS,
en la cual se reconoció a favor de la IPS la sumade $3.517,453.544.00; así mismo, en la
cláusula cuarta de dicho documento, se estableció que el pago se realizaría una vez
Cafesalud EPS culminará el proceso de reconocimiento de acreencias con todos los
prestadores y determinará su pasivo. Así las cosas, le informo que a la fecha no se ha
culminado el reconocimiento de las acreencias de los prestadores de Cafesalud EPS, razón
por la cual hasta que no se culmine la gestión anteriormente indicada, no se programará
el pago de la acreencia.(…)”.
12 Expediente digital. cuaderno de pruebas, doc. 6, folio 75
13 Folio 29 cuaderno de pruebas. Expediente digital doc. 6.
11
Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
50. Ahora bien, en el documento de 21 de junio de 2023, remitido al tribunal
de primera instancia, se da cuenta de “[q]ue el 15 de febrero de 2022 se
profirió la Resolución No. 003 de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL EL LIQUIDADOR
DECLARA CONFIGURADO EL DESEQUILIBRIO DE CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN. Posteriormente, mediante Resolución No. 331 de 2022
publicada el 23 de mayo de 2022 se declaró la terminación de la existencia
legal de Cafesalud EPS S.A.”14. Sin embargo, dicha resolución no obra en el
expediente y no se cuenta con elementos probatorios que permitan afirmar,
de manera concluyente, si los créditos reconocidos a Pharmasan, en el
proceso de liquidación, fueron finalmente satisfechos o insatisfechos, total o
parcialmente. Del análisis de los estados financieros de Cafesalud tampoco es
posible determinar, con grado de certeza, si el patrimonio resultaba
insuficiente para pagar total o parcialmente las obligaciones de Pharmasan,
porque no se cuenta con el panorama completo de los créditos reconocidos
y graduados en el proceso de liquidación y, en todo caso, dichos cálculos
financieros requerían de un dictamen contable especializado que la parte
actora no solicitó, razón por la cual la Sala no cuenta con elementos técnicos
suficientes para suplir esa carga probatoria.
51. Aunque la falta de certeza del daño por el que se demanda la reparación
sería suficiente para confirmar la negativa de las pretensiones, debe resaltarse
que, en todo caso, la imputación de responsabilidad que realiza la demanda
es propia de un examen de causalidad a partir de la teoría de la equivalencia
de las condiciones y no de la causalidad adecuada. Así, la expedición del
Decreto 718 de 2017, que modificó el Decreto único reglamentario del sector
Salud, así como de la circular 5 de 25 de mayo de 2017, no son, de manera
alguna, la causa adecuada o eficiente del no pago de las obligaciones en
favor de Pharmasan, sino simples antecedentes. Es cierto que, de acuerdo
con el relato de los hechos que hace la demanda, la venta de los activos de
Cafesalud no hubiera sido posible sin estos actos administrativos, sin embargo,
no todo aquello que antecede un daño puede ser considerado como su
causa. Así, en realidad, la causa eficiente del no pago de las obligaciones de
Cafesalud es la insuficiencia de recursos en su patrimonio, fruto de varios
factores que allí confluyeron y que, en últimas, condujeron a la toma de
medidas administrativas, incluida su liquidación. De las pruebas del
expediente, no es posible atribuir dicha insuficiencia de recursos a la acción u
omisión de las entidades públicas, mucho menos, por la expedición de actos
administrativos generales, impersonales y abstractos.
52. Finalmente, de considerar que el daño habría sido causado por los actos
administrativos en mención, los que, en realidad, son simples antecedentes del
daño, lo cierto es que habría que concluirse que el daño es jurídico, teniendo
en cuenta que se encuentran cubiertos por la presunción de legalidad y, por
lo tanto, no se darían los requisitos para declarar la responsabilidad del Estado,
en los términos del artículo 90 de la Constitución.
14 Expediente digital doc. 51.
12
Radicación: 25000-23-36-000-2021–00496-01(71.983)
Demandante: Pharmasan SAS
Demandado: Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: confirma la negativa de las pretensiones
2.2. Condena en costas
53. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, y el artículo 365.1 del CGP, se
condenará a la parte demandante porque su recurso no prosperó. El tribunal
de origen liquidará la condena en costas de manera concentrada, de
acuerdo con el artículo 366 del CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar la Sentencia de primera instancia, proferida el 5 de julio
de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, que denegó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas del proceso a la parte demandante. La
liquidación se hará de manera concentrada en el tribunal de primera
instancia.
TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
13
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