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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00579-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00579-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la excepción de caducidad del medio de control, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2021-00579-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: LUIS ALFREDO TORRES
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Tema: Irregularidades en los actos de registro de un folio de matrícula
inmobiliaria. Indebida escogencia del medio de control.
Adecuación del medio de control. Caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. No se
configuraron costas procesales en el trámite de segunda
instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 8 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
de reparación directa.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012, otorgada en la Notaría
16 de Bogotá, Luis Alfredo Torres adquirió por dación en pago de la sociedad C.I.
Otilia Flowers E.U. el predio denominado “La Estancia” identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, de la cual, en fecha indeterminada se solicitó
su inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá. No
obstante, el 17 de abril de 2012 dicha oficina expidió “nota devolutiva” para que
previa inscripción se realizaran unos pagos que estaban pendientes.

El 10 de marzo de 2016, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Zipaquirá por orden de la Fiscalía adscrita a la Dirección de Extinción de Dominio
de Bogotá registró en la anotación No. 47 del folio de matrícula inmobiliaria No. 176-
7524, una “prohibición judicial” consistente en la “suspensión del poder dispositivo

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

derivado del contrato de dación en pago contenido en escritura 430 del 14-03-2012
de la Notaría 16 Bogotá”. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2016, la referida
oficina registró en la anotación No. 52 del mencionado folio el “inicio de proceso de
liquidación judicial” de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., ordenado por la
Superintendencia de Sociedades. Luego, el 26 de junio de 2018, mediante escritura
pública No. 1646 otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá, la sociedad C.I. Otilia
Flowers E.U. en liquidación judicial, representada por el liquidador Carlos Alberto
Sánchez Rincón transfirió, mediante compraventa, el derecho de dominio del
inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 a las sociedades Decobe
S.A.S., Decopa S.A.S. y AZ Inmobiliaria S. en C.S., negocio jurídico que el 18 de
octubre siguiente fue registrado en el folio de matrícula No. 176-7524.

La parte demandante considera que la Superintendencia de Notariado y Registro es
patrimonialmente responsable por el daño causado en su patrimonio, al ser
despojado de la propiedad del inmueble identificado con folio de matrícula No. 176-
7524, con ocasión de los trámites administrativos de registro adelantados por dicha
entidad, los cuales califica de ilegales.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 10 de febrero de 20211-2, Luis Alfredo Torres en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentó demanda en contra de la Superintendencia de
Notariado y Registro, para que fuera declarada patrimonialmente responsable por
los perjuicios causados por la expedición y ejecución irregular e ilegal de decisiones
administrativas de registro que dieron lugar al despojo de la propiedad del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 176-7524, adquirido en virtud de una
dación en pago.

Como pretensiones de su demanda, Luis Alfredo Torres solicita condenar a la
entidad demandada a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $1.000.000.000;

1 Archivo “1_REPARTOYRADICACION_00220210057900CO.PDF”, expediente digital, Samai.
2 Subsanación demanda. Archivo “4_RECIBEMEMORIALES_SUBSANADEMANDAAPOD.PDF”,
expediente digital, Samai.

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Demandante: Luis Alfredo Torres

por daño emergente, la suma de $184.997.950.000; y, por lucro cesante, la suma
de $25.438.514.000.

En apoyo de las pretensiones, se afirma que, mediante escritura pública No. 430
del 14 de marzo de 2012, otorgada en la Notaría 16 de Bogotá, Luis Alfredo Torres
adquirió (por dación en pago de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.) el predio
denominado “La Estancia” identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-
7524 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá, con un área
de 376.253.17 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado en la vereda Río
Grande del municipio de Cajicá (Cundinamarca).

Refiere que en fecha indeterminada Luis Alfredo Torres radicó la escritura pública
No. 430 del 14 de marzo de 2012, en la Oficina de Registro de Instrumentos de
Zipaquirá para su correspondiente registro, no obstante, el 17 de abril de 2012 dicha
oficina presentó “nota devolutiva” para que previa inscripción se realizaran unos
pagos pendientes que presentaba el inmueble.

Manifiesta que en fecha indeterminada Luis Alfredo Torres canceló la plusvalía
ordenada por el municipio de Cajicá y presentó nuevamente la solicitud de registro
de la escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012.

Destaca que mediante oficio No. 2015600004711 del 28 de abril de 2015, la Fiscalía
General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro bloquear
el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 en atención a que “El señor Luis
Alfredo Torres continuó realizando negocios jurídicos, entre ellos la presunta Dación
en Pago del bien “La Estancia”, con el señor Marco Antonio Gil Garzón, a pesar de
estar éste ya incluido en la lista Clinton. Así mismo, no debe perderse de vista que
el no permitir el registro de la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2013, por el
Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, simplemente tomaría
en inane e ineficaz la entrega de bienes del señor Marco Antonio Gil Garzón alias
“El Papero”. Igualmente, permitir la anotación, seguramente inmediata, de la
supuesta Dación en Pago contenida en la Escritura Pública 430 del 14 de marzo de
2012 de la Notaria 16 de Bogotá D.C., conllevaría a permitir que el bien pueda ser
transferido a otros adquirientes de buena fe, antes de que el ente investigador logre

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Demandante: Luis Alfredo Torres

dilucidar la verdad y el estado jurídico del bien. En este orden de ideas y mientras
se adelantan las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General
de la Nación, me permito solicitarle a usted señor Superintendente de Notariado y
Registro, el bloqueo inmediato de la Matricula Inmobiliaria N° 176-7524 de
Zipaquirá.”

Indica que, mediante oficio del 7 de mayo de 2015, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá informó a la directora del Fondo Especial para
la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, que esa oficina de
registro procedió a bloquear el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524.

Señala que “sin que existiera constancia del levantamiento del bloqueo” del folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Zipaquirá registró de forma “ilegal” en la anotación 52 el proceso de liquidación
judicial de la Superintendencia de Sociedades a la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.,
sin tener en cuenta que Luis Alfredo Torres había solicitado previamente el registro
de la escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012, es decir, en su sentir, la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá debió proceder con el
registro de la escritura pública de dación en pago No. 430 y negarse a registrar el
proceso de liquidación de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.

Subraya que en fecha indeterminada la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 64 del folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-7524, la “escritura pública 1646 del 26/06/2018 de la Notaria 5°
de Bogotá” mediante la cual la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación
judicial realizó una venta de derechos sobre ese inmueble a las sociedades AZ
Inmobiliaria S. en C.S., Decobe S.A.S. y Decopa S.A.S.

Relata que con la anterior actuación, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Zipaquirá lesionó los intereses de Luis Alfredo Torres y lo despojó “ilegalmente
de la propiedad” del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-
7254, pues en la anotación No. 47 de dicho folio estaba registrada la “Suspensión
del poder dispositivo derivado del contrato de dación en pago, contenido en la
escritura 430 del 14/03/2012 de la Notaria 16 de Bogotá radicado ordenado por la

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Demandante: Luis Alfredo Torres

Fiscalía 38 adscrita a la Dirección Nacional Especializada de Extinción de Derecho
de Dominio”.

Menciona que el 3 de febrero de 2017, Luis Alfredo Torres elevó ante la
Superintendencia de Sociedades “una solicitud de exclusión y entrega de bienes”
para que el lote denominado “La Estancia” no fuera objeto del inventario patrimonial
de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial, en tanto dicho bien
había salido del dominio de esa sociedad.

La parte demandante considera que la Superintendencia de Notariado y Registro es
patrimonialmente responsable por el daño causado en su patrimonio, al haber sido
despojado de la propiedad del inmueble identificado con folio de matrícula No. 176-
7524, con ocasión de los trámites administrativos de registro adelantados por dicha
entidad, los cuales califica de ilegales.

Textualmente, solicitó: “Declarar que la Nación - Superintendencia de Notariado y
Registro, es responsable por los hechos, omisiones, irregularidades, vías de hecho,
falla administrativa, y actuaciones materiales vinculadas a la expedición y ejecución
irregular e ilegal de decisiones administrativas que dieron origen al registro de la
escritura pública de compraventa No. 1646 del 26 de junio de 2018, de la Notaria 5°
de Bogotá que se registra en la anotación 064 del folio de matrícula inmobiliaria,
teniendo pendiente la anotación 47 en el que se ordenó bloqueo del mismo por parte
de la Fiscalía General de la Nación, en el cual estaba suspendida la inscripción de
la escritura 430 del 14/03/2012 de la Notaria 16 de Bogotá.”

2. Contestación

El 9 de mayo de 20223 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la parte demandada, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al ministerio público.

3 Archivo “6_AUTOADMITEDEMANDA.docx”, expediente digital, Samai.

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Demandante: Luis Alfredo Torres

2.1. La Superintendencia de Notariado y Registro4 solicitó negar las pretensiones
de la demanda en atención a que sus actuaciones se surtieron conforme la ley y las
ordenes expedidas por la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de
Sociedades. Adicionalmente, sostuvo que el medio de control incoado por la parte
actora se ejerció de forma extemporánea, pues Luis Alfredo Torres conoció del
supuesto daño el 10 de octubre de 2018 pero interpuso la demanda el 10 de febrero
de 2021.

Con fundamento en lo anterior, la autoridad administrativa propuso las excepciones
de caducidad, inepta demanda por indebida escogencia de la “acción”, inexistencia
de una falla en el servicio, hecho de un tercero, rompimiento del nexo causal por
inexistencia del daño y culpa exclusiva de la víctima.

3. De las excepciones, alegatos de conclusión en primera instancia y orden de
sentencia anticipada

3.1. Mediante auto del 31 de octubre de 20225, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se pronunció acerca de las excepciones propuestas por la parte
demandada e indicó que las de “caducidad e inepta demanda por indebida
escogencia de la acción” tenían el carácter de previas.

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el último inciso del parágrafo 2° del
artículo 175 y el numeral 3° del artículo 182A del CPACA, ordenó correr traslado a
las partes para alegar de conclusión, al ministerio público para emitir concepto y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para su intervención, con el fin
de proferir sentencia anticipada respecto a la excepción de caducidad.

3.2. La parte demandante6 alegó de conclusión y solicitó no declarar probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, al considerar
que el daño alegado en la demanda ocurrió el 18 de octubre de 2018, cuando se
registró en la anotación 64 del folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 la

4 Índice 15. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.
5 Índice 18. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.
6 Índice 23. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.

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Demandante: Luis Alfredo Torres

escritura pública No. 1646 del 26 de junio de 2018 otorgada en la Notaria 5° de
Bogotá, mediante la cual la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial
realizó una venta de derechos sobre ese inmueble a las sociedades AZ Inmobiliaria
S. en C.S., Decobe S.A.S. y Decopa S.A.S.

3.3. La Superintendencia de Notariado y Registro7 alegó de conclusión y solicitó
declarar probada la excepción de caducidad del medio de control, pues el daño
ocurrió el 17 de abril de 2012 cuando se negó el registro de la escritura pública No.
430 de 2012, o, a lo sumo, el 22 de septiembre de 2016 cuando el referido inmueble
se incluyó en la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.

3.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado8 intervino y presentó
alegatos de conclusión en los que solicitó declarar probada la excepción de inepta
demanda por indebida escogencia del medio de control o en su defecto la
caducidad. Como fundamento de tal solicitud, sostuvo que las pretensiones de la
demanda están encaminadas a controvertir la legalidad de la anotación No. 64 del
18 de octubre de 2018 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524. Por otro
lado, refirió que de prosperar el medio de control debía declararse la caducidad,
pues la parte actora conoció de la ocurrencia del daño el 22 de septiembre de 2016
cuando se realizó la anotación No. 52 en el folio de matrícula antes referido,
consistente en la inclusión del predio objeto de dación en pago como parte de la
liquidación de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., no obstante, presentó la demanda
el 10 de febrero de 2021, superando el término de 2 años para ejercer el derecho
de acción.

3.5. El ministerio público guardó silencio

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de febrero de 20239 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa, al considerar que el término para ejercer el derecho de acción

7 Índice 22. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.
8 Índice 25. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.
9 Índice 29. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

transcurrió entre el 23 de septiembre de 2016 (día siguiente al que la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación 52 del folio
de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia
Flowers E.U.) al 23 de septiembre de 2018, sin embargo, la demanda se interpuso
el 10 de febrero de 2021, esto es, cuando ya habían trascurrido los 2 años para
demandar.

Textualmente sostuvo: “Así que, aunque el demandante plantea que la
materialización del daño se concretó con la anotación No. 64, esto es, la que reportó
la compraventa entre la sociedad CI OTILIA FLOWERS EU en Liquidación y las
empresas AZ INMOBILIARIA S. EN. C.S., DECOBE S.A.S. y DECOPA S.A.S., para
la Sala la situación jurídica del bien en cuanto a la disposición o titularidad del
derecho de dominio se perdió no por la inscripción (Anotación 64) sino por la
inclusión como parte de la liquidación judicial iniciada por la Superintendencia,
situación que ya era conocida por el demandante. Para estos efectos, téngase en
cuenta que la solicitud o derecho de petición que el mismo demandante, a través de
su apoderada judicial, formuló ante la Superintendencia de Sociedades, en febrero
3 de 2017, advierte precisamente las implicaciones de incluir este predio y generar
la anotación en el folio de matrícula que, como se pudo observar, años después
abrió paso a la inscripción de la venta a los terceros, denominados sociedades AZ
INMOBILIARIA S. EN. C.S., DECOBE S.A.S. y DECOPA S.A.S. (…) Dicho esto, la
Sala concluye que se configura la excepción previa de caducidad, porque los
términos para demandar transcurrieron entre el 23 de septiembre de 2016 y el 23
de septiembre de 2018, sin que pueda considerarse flexibilización alguna (…) ya
que no se encuentra en el expediente elementos de pruebas que conlleven a una
inferencia razonable que el demandante no tuvo la oportunidad de conocer ese
reporte en una fecha distinta a la de su inscripción en el folio de matrícula; por el
contrario, con los documentos que reposan en el plenario, es posible deducir que sí
conoció de dicho registro poco tiempo después de su publicación, por cuanto radicó
solicitud de retiro de la inscripción ante la entidad que la generó, como se destacó
en líneas anteriores, a través del derecho de petición referido.”

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

5. Recurso de apelación

El 28 de mayo de 202410 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 2 de mayo de 202311 y admitido el 16 de junio siguiente12.

5.1. El extremo activo13 solicitó revocar la sentencia recurrida. En sustento,
puntualizó que el hecho de haberse inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No.
176-7524 la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., no daba lugar
a suponer que la medida cautelar ordenada por la Fiscalía General de la Nación,
consistente en el bloqueo del referido folio se había levantado. Seguidamente,
sostuvo que fue un error de la Superintendencia de Sociedades incluir en el
patrimonio de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial el inmueble
con folio de matrícula No. 176-7524 y que a la postre, la Superintendencia de
Notariado y Registro hubiese registrado esos actos “por cuanto existía una medida
de prohibición” previamente inscrita por orden de la fiscalía.

Por último, resaltó que el medio de control de reparación directa no se encontraba
caducado, toda vez que la liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.
no fue la que afectó los derechos de Luis Alfredo Torres, como si lo hizo la
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 de la escritura pública
de venta No. 1646 del 26 de junio de 2018 otorgada en la Notaría 5 de Bogotá.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

No se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de
conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley
2080 del 202114, no se decretaron pruebas en segunda instancia. El ministerio público

10 Índice 33. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.
11 Índice 35. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.
12 Índice 4. Samai, expediente digital.
13 Índice 33. Samai, “gestión en otros despachos – Tribunal”.
14 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si

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Demandante: Luis Alfredo Torres

y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en esta oportunidad guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 8 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15015 y 15716 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la
demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia
ante esta Corporación17.

2. Medio de control procedente

Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la
reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la pretensión procedente
para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por
vía jurisdiccional18.

fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
15 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
16 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la

demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión
mayor […]”.
17 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $184.997.950.000, por concepto de

daño emergente, lo cual es superior a 500 SMLMV ($454.426.300) del año en que ésta se presentó
(2021).
18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769; Sentencia

del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.

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Demandante: Luis Alfredo Torres

La pretensión ejercida tiene evidentes efectos en el ejercicio de defensa y
contradicción del demandado, en tanto ofrece los límites dentro de los que el sujeto
pasivo del medio de control puede estructurar los diferentes medios de defensa a
su disposición. Escoger indebidamente la acción procesal no puede entenderse
como un simple defecto formal de la demanda, sujeto a la corrección del juez de
conocimiento19.

Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar el medio de
control indebidamente formulado, siempre que el derecho de defensa del
demandado no resulte afectado y no exista una variación de la causa petendi ni de
las pretensiones de la demanda20. En todo caso, la parte demandada debe contar
con las oportunidades procesales para pronunciarse sobre aquello alegado por el
demandante y sobre lo cual se edifica la adecuación del medio de control o la
pretensión.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la reparación directa es el medio de control
idóneo para indemnizar daños ocasionados por el acto de registro de una escritura
pública en el folio de matrícula inmobiliaria que se considera se hizo de forma ilegal.

4. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 8 de febrero
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa, la parte actora sostuvo que el
hecho de haberse inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 la
liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., no daba lugar a suponer
que la medida cautelar ordenada por la Fiscalía General de la Nación, consistente
en el bloqueo del referido folio, se había levantado. Seguidamente, sostuvo que fue
un error de la Superintendencia de Sociedades incluir en el patrimonio de la
sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial el inmueble con folio de

19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, Rad: 26870.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

matrícula No. 176-7524 y que a la postre, la Superintendencia de Notariado y
Registro hubiese registrado esos actos “por cuanto existía una medida de
prohibición” previamente inscrita por orden de la fiscalía. Por último, resaltó que el
medio de control de reparación directa no se encontraba caducado, toda vez que la
liquidación judicial de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. no fue la que afectó los
derechos de Luis Alfredo Torres, como si lo hizo la inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-7524 de la escritura pública de venta No. 1646 del 26 de junio
de 2018 otorgada en la Notaría 5 de Bogotá.

Ahora bien, antes de proceder al estudio del fondo del asunto, la Sala debe
establecer cuáles son los hechos probados, para determinar si el medio de control
fue el adecuado. Ello se debe realizar de esta manera, pues en caso de concluir
que no lo fue, se deberá adecuar al procedente.

4.1. Hechos probados21

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

4.1.1. Está acreditado que el 14 de marzo de 2012, mediante escritura pública No.
430 otorgada en la Notaría Dieciséis de Bogotá, la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.,
representada por Marco Antonio Gil Garzón, transfirió mediante dación en pago el
derecho de dominio del inmueble “lote” identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-7524 a Luis Alfredo Torres, según da cuenta la referida
escritura pública22.

4.1.2. Consta que el 17 de abril de 2012 la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Zipaquirá expidió “nota devolutiva” de la solicitud de registro de la
escritura pública No. 430 del 14 de marzo de 2012 otorgada en la Notaría Dieciséis

21 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente.”
22 Páginas 78 a 89, Archivo “5_RECIBEMEMORIALES_PRUEBASDEMANDA.PDF”, expediente

digital, Samai.

13

Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

de Bogotá. Según da cuenta copia de la referida nota devolutiva23, de cuyo
contenido se destaca lo siguiente:

“El documento Escritura Nro. 00430 del 14-03-2012 de Notaria 16 Bogotá, D.C. fue
presentado para su inscripción como solicitud de registro de documentos con
radicación: 2012-3541 vinculado a la: matricula inmobiliaria: 176-7524 y certificado
asociado: 2012-17889.

Conforme con el principio de Legalidad Registral previsto por el artículo 37 del
Decreto Ley 1250 de 1970 (Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos), se
rechaza sin registrar el citado documento por las siguientes razones y fundamentos
de derecho: - 1.- Previa la inscripción de la escritura de dación en pago debe
cancelarse la oferta de compra. inciso 2 art. 14 Ley 9 de 19891. 2.- Sobre el citado
folio se halla inscrito gravamen de plusvalía ordenado por la alcaldía mpal de Cajicá
en decreto 067/2009 (Ley 388/97 y D.R. 1599/98)** En la nueva entrada se debe
cancelar $ 15.300 por actualización de área y linderos del resto.

Una vez subsanada (s) la (s) causal (es) que motivó la negativa de inscripción, favor
radicar nuevamente en esta oficina (…).”

4.1.3. Se constató que el 17 de enero de 2014, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 42 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, una medida cautelar de embargo ordenado
dentro del proceso penal con radicado No. 5324 seguido por la Unidad Nacional
para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la
Fiscalía General de la Nación, según da cuenta copia del certificado de libertad y
tradición expedido por la referida oficina de registro24.

4.1.4. Se evidenció que el 23 de diciembre de 2014, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 43 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, la cancelación del embargo ordenado dentro
del proceso penal con radicado No. 5324 seguido por la Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía
General de la Nación, según da cuenta copia del certificado de libertad y tradición
expedido por la referida oficina de registro25.

23 Páginas 25 a 26, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
24 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
25 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

4.1.5. Demostrado quedó que el 16 de enero de 2015, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 44 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, el comiso definitivo ordenado por el Juzgado
Octavo Penal Municipal del Circuito Especializado de Bogotá, según da cuenta
copia del certificado de libertad y tradición expedido por la referida oficina de
registro26.

4.1.6. Está probado que, mediante oficio del 28 de abril de 2015, la directora del
Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación
solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro bloquear la “matrícula
inmobiliaria No. 176-7524 de Zipaquirá” en atención a que dentro del proceso penal
de extinción de dominio seguido contra Marco Antonio Gil Garzón alias “el papero”,
el Juzgado Octavo Penal del Circuito profirió sentencia anticipada el 10 de
septiembre de 2013, en donde dispuso, entre otros, “el comiso definitivo a favor de
la Fiscalía General de la Nación de la sociedad comercial denominada C.I. Otilia
Flowers empresa unipersonal sigla Otilia Flowers EU en liquidación”, según da
cuenta copia del referido oficio27, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:

“(…) Dentro de los bienes de propiedad o activos de la sociedad CI Otilia Flowers,
se encuentra el predio denominado “La Estancia” identificado con matrícula
inmobiliaria No. 176-7524 de Zipaquirá, toda vez que, según anotación 18 inscrita
en el registro correspondiente, mediante escritura pública 4566 del 27 de diciembre
de 1994 fue cedido como aporte a la mencionada sociedad por parte de Marco
Antonio Gil Garzón alias ‘el papero’.

Teniendo en cuenta que al ser decretado el comiso definitivo de la sociedad
comercial, la totalidad de sus activos debían quedar registrados a nombre de la
Fiscalía General de la Nación, se procedió el día 16 de enero de 2015 a solicitar a
la Oficina Seccional de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá la inscripción
de la prenombrada sentencia judicial en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-
7524, lo cual en efecto sucedió mediante anotación 44 de la misma fecha.

Contra la mencionada actuación de la Oficina de Instrumentos Públicos, el señor
Luis Alfredo Torres, presentó recurso de reposición por considerar vulnerados sus
derechos como presunto tercer adquiriente de buena fe, teniendo en cuenta que
mediante Escritura Pública 430 del 14 de marzo de 2012 (…) el señor Marco Antonio
Gil Garzón alias ‘el papero’ le había transferido el dominio del predio denominado
‘La Estancia’, la cual no se pudo inscribir en su momento, al parecer, por existir
registrada medida cautelar por parte del municipio de Cajicá por concepto de

26 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
27 Páginas 14 a 17, Archivo “5_RECIBEMEMORIALES_PRUEBASDEMANDA.PDF”, expediente

digital, Samai.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

impuesto de plusvalía y posteriormente por medida cautelar solicitada por la Fiscalía
28 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio.

Posteriormente, la Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Zipaquirá
(E), mediante Resolución No. 035 del 24 de abril de 2015, después de realizar una
serie de consideraciones jurídicas, concluyó que no existía orden del Juzgado
Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá para afectar el folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-7524 y que en dicha providencia no se encontraba plenamente
identificado el inmueble, por lo cual era improcedente su inscripción, y
consecuentemente revocó el acto administrativo de inscripción que publicitó la
anotación No. 44 en cuanto a la inscripción de la sentencia que decretó el comiso
definitivo de la sociedad CI Otilia Flowers.

(…) Ahora bien, es preciso detallarle a usted señor Superintendente, una serie de
antecedentes relacionad con el señor Luis Alfredo Torres, presunto adquirente de
buena fe del predio denominado ‘La Estancia’, que pueden hacer presumir que
podría causarse un perjuicio irremediable a la Fiscalía General de la Nación y al
patrimonio público, en caso de permitir más anotaciones o transferencias de dominio
del bien con matrícula inmobiliaria No. 176-7524, así:

• El señor Marco Antonio Gil Garzón alias ‘el papero’ actuando como
representante legal, realizó la presunta dación en pago al señor Luis Alfredo
Torres, cuando ya la sociedad CI Otilia Flowers se encontraba en proceso
de liquidación, por lo que la validez de este negocio jurídico se encuentra en
estudio por parte de la Fiscalía General de la Nación, por razones de
competencia, orden de acreedores y otra serie de situaciones jurídicas.

• El señor Luis Alfredo Torres entregó a la Dirección de Fiscalía Especializada
de Extinción de Dominio varios bienes que eran propiedad de Marco Antonio
Gil Garzón alias ‘el papero’.

• La Fiscalía General de la Nación adelanta una serie de investigaciones
penales en donde ha sido o puede resultar vinculado el señor Luis Alfredo
Torres, por ejemplo, las investigaciones No. 12973 y No. 11274 de la Fiscalía
Especializada 33 de Extinción de Dominio.

• El señor Luis Alfredo Torres continuó realizando negocios jurídicos, entre
ellos la presunta dación en pago del bien ‘La Estancia’, con el señor Marco
Antonio Gil Garzón, a pesar de estar este ya incluido en la lista Clinton.

(…) Igualmente, permitir la anotación, seguramente inmediata, de la supuesta
dación en pago contenida en la escritura pública 430 del 14 de marzo de 2012 de la
Notaría 16 de Bogotá D.C., conllevaría a permitir que el bien pueda ser transferido
a otros adquirentes de buena fe, antes de que el ente investigador logre dilucidar la
verdad y el estado jurídico del bien.”

4.1.7. Se evidenció que, el 30 de abril de 2015 la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró una “salvedad” en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-7524, consistente en “revocar el acto administrativo de
inscripción de la anotación 44 contentiva del comiso definitivo a favor de la Fiscalía
General de la Nación, conforme Resolución Nro. 035 del 24 de abril de 2015

16

Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

proferido por la Registradora”. De ello, da cuenta copia del certificado de libertad y
tradición expedido por la referida oficina de registro28.

4.1.8. Demostrado quedó que el 17 de junio de 2015, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 45 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, una medida cautelar consistente en la
suspensión del poder dispositivo del inmueble ordenada por el Juzgado 72 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá dentro del proceso de
radicado 201580011, según da cuenta copia del certificado de libertad y tradición
expedido por la referida oficina de registro29.

4.1.9. Consta que el 12 de febrero de 2016, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 46 del folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-7524, la cancelación de la “prohibición judicial consistente en
la suspensión del poder dispositivo, ordenada dentro del proceso Nro. 201580011”,
en virtud de la decisión proferida por el Juzgado 32 Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá, según da cuenta copia del certificado de libertad y
tradición expedido por la referida oficina de registro30.

4.1.10. Se evidencia que el 10 de marzo de 2016, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 47 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, una “prohibición judicial” consistente en la
“suspensión del poder dispositivo derivado del contrato de dación en pago contenido
en escritura 430 del 14-03-2012 de la Notaría 16 Bogotá”, la cual fue ordenada por
la Fiscalía adscrita a la Dirección de Extinción de Dominio de Bogotá. De ello, da
cuenta copia del certificado de libertad y tradición expedido por la referida oficina de
registro31.

28 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
29 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
30 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
31 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.

17

Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

4.1.11. Está probado que el 2 de mayo de 2016, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró una “corrección” en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-7524, consistente en “invalidar la anotación 46 por falta de
claridad del oficio RU-O-1873 del 8 de febrero de 2016 (…) al no indicar
correctamente el despacho judicial que inicialmente emitió la cautela”. De ello, da
cuenta copia del certificado de libertad y tradición expedido por la referida oficina de
registro32.

4.1.12. Se constató que el 22 de junio de 2016, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 49 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, la cancelación de la anotación No. 45 que a su
vez tenía registrada la suspensión del poder dispositivo del inmueble por orden
judicial. De ello, da cuenta copia del certificado de libertad y tradición expedido por
la referida oficina de registro33.

4.1.13. Consta que el 22 de septiembre de 2016, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 52 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 176-7524, el “inicio de proceso de liquidación judicial” de
la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., ordenado por la Superintendencia de
Sociedades, según da cuenta copia del certificado de libertad y tradición expedido
por la referida oficina de registro34.

4.1.14. Probado está que el 3 de febrero de 2017, Luis Alfredo Torres presentó ante
la Superintendencia de Sociedades escrito denominado “solicitud de exclusión y
entrega de bienes que no hacen parte del patrimonio a liquidar”, en el que peticionó
a dicha entidad la exclusión y entrega del lote de terreno denominado “La Estancia”,
con matrícula inmobiliaria No. 176-7524 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Zipaquirá, por no hacer parte del patrimonio a liquidar de la sociedad

32 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
33 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
34 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

C.I Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial, según da cuenta copia de la referida
petición35.

4.1.15. Está acreditado que el 26 de junio de 2018, mediante escritura pública No.
1646 otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá, la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U.
en liquidación judicial, representada por el liquidador Carlos Alberto Sánchez Rincón
transfirió mediante compraventa el derecho de dominio del inmueble “lote”
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 a las sociedades
Decobe S.A.S., Decopa S.A.S. y AZ Inmobiliaria S. en C.S., según da cuenta la
referida escritura pública36.

4.1.16. Se comprobó que el 18 de octubre de 2018, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en las anotaciones No. 64 y 65 del folio
de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, la escritura pública No. 1646 del 26 de junio
de 2018 otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá, según da cuenta copia del
certificado de libertad y tradición expedido por la referida oficina de registro37.

4.1.17. Consta que el 12 de febrero de 2020, Luis Alfredo Torres presentó “petición”
ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá para que esta
dispusiera iniciar una “actuación administrativa para la cancelación de las
anotaciones No. 52 a la 65 del folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524
correspondiente a un inmueble denominado lote La Estancia, relativas a la
intervención del proceso de liquidación judicial de la C.I. OTILIA FLOWERS E.U. en
liquidación judicial, por ser la anotación 52 y siguientes ilegales (…)”. De ello, da
cuenta copia de la referida petición38.

35 Páginas 124 a 150, Archivo “5_RECIBEMEMORIALES_PRUEBASDEMANDA.PDF”, expediente

digital, Samai.
36 Páginas 100 a 116, Archivo “5_RECIBEMEMORIALES_PRUEBASDEMANDA.PDF”, expediente

digital, Samai.
37 Páginas 11 a 24, Archivo “8_RECIBEMEMORIALES_CONTESTADEMANDAYA.pdf”, expediente

digital, Samai.
38 Páginas 34 a 37, Archivo “5_RECIBEMEMORIALES_PRUEBASDEMANDA.PDF”, expediente

digital, Samai.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

4.2. Medio de control procedente y oportunidad para presentarlo en tiempo

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la pérdida
patrimonial padecida por el demandante, con ocasión del despojo de la propiedad
del inmueble adquirido a través de escritura pública 430 del 14 de marzo de 2012 e
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, debido a varios actos
de registro sobre ese predio, que el actor califica de ilegales y que conllevaron a
que se registrara la escritura pública No. 1646 del 26 de junio de 2018 otorgada en
la Notaría Quinta de Bogotá.

A estos efectos, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra
acreditado lo siguiente: i) que el 14 de marzo de 2012, mediante escritura pública
No. 430 otorgada en la Notaría Dieciséis de Bogotá, la sociedad C.I. Otilia Flowers
E.U. representada por Marco Antonio Gil Garzón transfirió mediante dación en pago
el derecho de dominio del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria
No. 176-7524 a Luis Alfredo Torres (hecho probado 4.1.1); ii) que en fecha
indeterminada Luis Alfredo Torres solicitó el registro de la escritura pública 430 del
14 de marzo de 2012, no obstante, el 17 de abril de 2012 la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá expidió “nota devolutiva” con el objeto de que
se hicieran unos pagos pendientes sobre el referido inmueble (hecho probado
4.1.2); iii) que mediante oficio del 28 de abril de 2015, la directora del Fondo
Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación
solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro bloquear la “matrícula
inmobiliaria No. 176-7524 de Zipaquirá” en atención a que dentro del proceso penal
de extinción de dominio seguido contra Marco Antonio Gil Garzón alias “el papero”,
el Juzgado Octavo Penal del Circuito profirió sentencia anticipada el 10 de
septiembre de 2013, en donde dispuso, entre otros, “el comiso definitivo a favor de
la Fiscalía General de la Nación de la sociedad comercial denominada C.I. Otilia
Flowers empresa unipersonal sigla Otilia Flowers EU en liquidación” (hecho probado
4.1.6); iv) que el 17 de junio de 2015, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 45 del folio de matrícula
inmobiliaria No. 176-7524, una medida cautelar consistente en la suspensión del
poder dispositivo del inmueble ordenada por el Juzgado 72 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá. Posteriormente, dicha suspensión del

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

poder dispositivo fue cancelada mediante anotación No. 49 del 22 de junio de 2016
(hechos probados 4.1.8 y 4.1.12); v) que el 10 de marzo de 2016, la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 47 del
folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, una “prohibición judicial” consistente
en la “suspensión del poder dispositivo derivado del contrato de dación en pago
contenido en escritura 430 del 14-03-2012 de la Notaría 16 Bogotá”, por orden de
la Fiscalía adscrita a la Dirección de Extinción de Dominio de Bogotá (hecho
probado 4.1.10).

En ese orden de ideas, se constató: vi) que el 22 de septiembre de 2016, la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá registró en la anotación No. 52
del folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, el “inicio de proceso de liquidación
judicial” de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., ordenado por la Superintendencia
de Sociedades (hecho probado 4.1.13); vii) que el 3 de febrero de 2017, Luis Alfredo
Torres solicitó a la Superintendencia de Sociedades excluir el inmueble denominado
“la Estancia” del patrimonio de la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U. en liquidación
judicial, toda vez que dicho predio no le pertenecía, por lo que, además, solicitó su
devolución (hecho probado 4.1.14); y, viii) que el 26 de junio de 2018, mediante
escritura pública No. 1646 otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá, la sociedad C.I.
Otilia Flowers E.U. en liquidación judicial, representada por el liquidador Carlos
Alberto Sánchez Rincón transfirió mediante compraventa el derecho de dominio del
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524 a las
sociedades Decobe S.A.S., Decopa S.A.S. y AZ Inmobiliaria S. en C.S., negocio
jurídico que, a la postre se registró el 18 de octubre de 2018 en el respectivo folio
de matrícula (hechos probados 4.1.15 y 4.1.16).

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación 39, la
procedencia de las acciones o medios de control en ejercicio de los cuales se deben
tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no depende de la
discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin
pretendido.

39Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 51534 y sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 57265
CP: Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

En este sentido, debe recordarse que la administración manifiesta unilateralmente
su voluntad mediante actos que producen efectos jurídicos, en tanto crean,
modifican o extinguen situaciones de los afectados, frente a los cuales la legislación
contencioso administrativa ha establecido las acciones y medios de control
dispuestos para verificar su legalidad.

Así, conviene advertir que la acción de simple nulidad y la de nulidad y
restablecimiento del derecho tienen como objeto que el juez declare la ilegalidad de
actos administrativos (normativos o particulares y concretos) que infrinjan normas
de carácter superior o que incurran en los demás vicios a que aluden los artículos
13740 y 13841 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según corresponda.

Por el contrario, las acciones de reclamación, como la de reparación directa, son el
mecanismo judicial para obtener la reparación del daño antijurídico causado por el
hecho, la omisión, la operación administrativa, la ocupación de inmuebles para
trabajos públicos o por un acto administrativo, siempre que no se cuestione su

40 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se

declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de
contenido particular en los siguientes casos: 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la
sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho
subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso
público. 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden
público, político, económico, social o ecológico. 4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de
un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.”
41 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general
y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un
acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir
de la notificación de aquel.”

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

legalidad, según lo dispone el artículo 14042 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por otro lado, de conformidad con los dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley
1579 de 201243, “el registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado
por el Estado”, con los objetivos básicos de: a) servir de medio de tradición del
dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos 44
de conformidad con el artículo 756 del C.C.45; b) dar publicidad a los instrumentos
públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten,
modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces y; c) revestir de
mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos a inscripción46, conforme
lo dispone el artículo 46 de la Ley 1579 de 2012, según el cual “ninguno de los títulos
o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido
inscrito o registrado en la respectiva Oficina”.

Es así como el registro de instrumentos públicos, además de su naturaleza
constitutiva, cumple funciones de servir de prueba y de publicidad, por cuanto es el
medio para dar a conocer y acreditar frente a terceros quién es el propietario o titular
de derechos sobre el inmueble y quién puede disponer de él.
De conformidad con lo anterior, el artículo 4º del citado Estatuto de Registro de

42 “Artículo 140. Reparación Directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma
pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.”
43 “Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras

disposiciones”
44 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de septiembre de 1973,

Gaceta Judicial, Tomo CXLVII, nº. 2372 a 2377, p. 160, [fundamento jurídico 1] y sentencia del 2 de
septiembre de 1970, Gaceta Judicial, Tomo CXXXV, nº. 2330 a 2332, pág. 115.
45 "Artículo 756. La tradición del dominio de los bienes raíces [se efectuará por la inscripción del título

en la oficina de registro de instrumentos públicos. De la misma manera se efectuará la tradición de
los derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca.”
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2014, Exp. 23128, “el certificado

que expida el registrador de instrumentos públicos en el cual aparezca la situación jurídica de un
determinado inmueble y en el cual se identifique como propietario –por la correspondiente inscripción
del título que dio lugar a ello- la persona que alegue esa condición en un juicio que se adelante ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para efectos de acreditar la legitimación en la causa
por activa, constituye plena prueba de ese derecho.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

Instrumentos Públicos, vigente para la época de los hechos, dispone que está sujeto
a registro: a) todo acto, contrato o decisión contenido en escritura pública,
providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración,
aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar,
traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre
bienes inmuebles; b) las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o
administrativas que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la
caducidad administrativa en los casos de ley y; c) los testamentos abiertos y
cerrados, así como su revocatoria o reforma de conformidad con la ley.

De allí que, ningún título sujeto a inscripción o registro tendrá mérito probatorio o
surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción47,
según el artículo 4748 de la Ley 1579 de 2012, en concordancia con los artículos
78949, 253450 y el artículo 375.1051 del CGP.

Bajo el anterior contexto, de la lectura integral del libelo introductorio, encuentra la
Sala que con los fundamentos expuestos en la demanda de reparación directa se
busca controvertir la legalidad de unos actos administrativos, en tanto la parte
actora pretende el resarcimiento de perjuicios causados por la ilegalidad de varios
actos de registro, entre ellos, el registro de la escritura pública No. 1646 del 26 de
junio de 2018 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, por parte de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá (hechos probados 4.1.15
y 4.1.16).

47 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de octubre de 1954,

Gaceta Judicial, Tomo LXXVIII, nº. 2147, pág. 373.
48 “Artículo 47. Oponibilidad. Por regla general, ningún título o instrumento sujeto a registro o

inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de su inscripción o registro.”
49 “Artículo 789. Cesación de la posesión inscrita. Para que cese la posesión inscrita, es necesario

que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el
poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial.
Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no
adquiere posesión de ella, ni pone fin a la posesión existente.”
50 “Artículo 2534. Efectos de la declaración judicial de la prescripción. La sentencia judicial que

declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de
derechos reales constituidos en ellos; pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción.”
51 Artículo 375. […] En las demandas sobre declaración de pertenencia de bienes privados, salvo

norma especial, se aplicarán las siguientes reglas: […] 10. La sentencia que declara la pertenencia
producirá efectos erga omnes y se inscribirá en el registro respectivo. Una vez inscrita nadie podrá
demandar sobre la propiedad o posesión del bien por causa anterior a la sentencia.”

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

Justamente, de las pretensiones y los hechos expuestos en la demanda se
evidencian argumentos de legalidad sobre los actos de registro, lo cuales son del
siguiente tenor:

“(…) Pretensiones:
PRETENSIÓN PRIMERA: Declarar que la Nación - Superintendencia de Notariado
y Registro, es responsable por los hechos, omisiones, irregularidades, vías de
hecho, falla administrativa, y actuaciones materiales vinculadas a la expedición y
ejecución irregular e ilegal de decisiones administrativas que dieron origen al
registro de la escritura pública de compraventa No. 1646 del 26 de junio de 2018,
de la Notaria 5° de Bogotá que se registra en la anotación 064 del folio de matrícula
inmobiliaria, teniendo pendiente la anotación 47 en el que se ordenó bloqueo del
mismo por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el cual estaba suspendida
la inscripción de la escritura 430 del 14/03/2012 de la Notaria 16 de Bogotá.

(…) Hechos

(…) Sin embargo, sin que existiera constancia del levantamiento del bloqueo, en la
anotación 52 de ese folio de matrícula inmobiliaria se registra “INICIO DE
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES A LA SOCIEDAD C.I. OTILIA FLOWERS E.U.”, sin tener en cuenta
que mi mandante ya había solicitado nuevamente el registro de la escritura pública
No. 430 del 14 de marzo de 2012 de la Notaria 16 del Circulo de Bogotá, es decir,
que la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tenía pendiente la inscripción
de esa escritura, ya que se encontraba pendiente por la orden dada por la fiscalía,
sin embargo, sin haber levantado el bloqueo antes mencionado, procedió a inscribir
la orden dada por la Superintendencia de Sociedades, sin que legalmente
estuviera facultado para ello.

9. Ahora bien, si a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá no
se levantó el bloqueo por parte de la Fiscalía que lo ordenó, entonces todas las
anotaciones a partir de la anotación 47 son ilegales, pues hasta tanto no fuera
desbloqueado dicho folio, no se podía hacer ningún tipo de registro.

10. Pero lo más grave, de la falla administrativa en que incurre la Superintendencia
de Notariado, es que registra en la anotación 64 con fecha 18/10/2018 de dicho folio
de matrícula inmobiliaria, como: Escritura Pública 1646 del 26/06/2018 Notaria 5°
de Bogotá, venta de derechos sobre ese inmueble de la sociedad CI OTILIA
FLOWERS EMRPESA UNIPERSONAL EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, a AZ
INMOBILIARIA S. EN .C.S, DECOBE S.A.S y DECOPA S.A.S, y despojado con
ello ilegalmente esa propiedad al Señor Luis Alfredo Torres, fecha de inscripción
desde la cual se reclaman las pretensiones de esta demanda, pues el daño
ocasionado se concretó con dicha inscripción.

(…) 14. Como consecuencia del despojo ilegal, que desconoció los derechos de
propiedad de mi mandante, y que se materializaron con la venta a un tercero del
inmueble, según costa en anotación 64 de ese folio de matrícula inmobiliaria, se
registra una compraventa mediante escritura pública 1664 del 26/06/2018 de la
Notaria 5 de Bogotá y que fue registrada por la Oficina Registros de Instrumentos
Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca el día 18/10/2018, aun teniendo
conocimiento del radicado de la escritura 430 del 14/03/2012, emanada de la
Notaria 16 del Círculo de Bogotá, que se encontraba suspendida por el bloqueo del

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Demandante: Luis Alfredo Torres

folio 176-7524 de Zipaquirá, lo cual ocasiono los daños materiales y morales a mi
mandante (…)”. Subrayado y negrilla fuera del texto

De lo anterior se concluye que el menoscabo cuya reparación se pretende en
ejercicio del medio de control de reparación directa, como se indica en la demanda,
no se causó en virtud de operaciones, hechos u omisiones de la administración que
a su turno permitan aplicar el título de responsabilidad de falla en el servicio que
alega la parte actora, pues es evidente que el referido daño se originó en los
registros llevados a cabo por parte de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos
de Zipaquirá en el folio de matrícula inmobiliaria No 176-7524, frente al dominio del
predio del que presuntamente fue despojado el aquí demandante.

En efecto, los argumentos y fundamentos del escrito introductorio para obtener la
declaratoria de responsabilidad del Estado devienen de cuestionamientos sobre la
legalidad de los actos de registro realizados por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá, que constituyen la expresión de su voluntad en
ejercicio de una función administrativa.

De hecho, resulta claro para la Sala que el debate se centra fundamentalmente en
que la entidad accionada desconoció o no tuvo en cuenta la anotación No. 47 del
folio de matrícula No. 176-7524, consistente en una prohibición de disposición, lo
que, según el demandante, derivó en el registro “ilegal” del proceso de liquidación
judicial iniciado por la Superintendencia de Sociedades contra C.I. Otilia Flowers E.U.
en liquidación judicial y, por ende, la inclusión del predio en el patrimonio de la
sociedad en liquidación y finalmente el registro de la escritura pública No. 1646 del 26
de junio de 2018, por medio de la cual el liquidador de la C.I. Otilia Flowers E.U. en
liquidación judicial vendió el inmueble a las sociedades Decobe S.A.S., Decopa
S.A.S. y AZ Inmobiliaria S. en C.S. (hechos probados 4.1.10, 4.1.13, 4.1.15 y
4.1.16).

Corolario de lo expuesto, pese a que la parte actora intenta hacer ver que el daño
por el cual demanda, devino de hechos, omisiones y operaciones administrativas
de la entidad demandada, lo cierto es que el origen de este se concretó según el
libelo, con el registro, al parecer “ilegal”, de un proceso de liquidación judicial en el
folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, que conllevaba la inclusión del inmueble

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

en el patrimonio de la sociedad en liquidación e igualmente provino del registro de la
escritura pública No. 1646 del 26 de junio de 2018, situaciones que de facto
despojaron a Luis Alfredo Torres de la propiedad del mencionado predio.

En otras palabras, se evidencia que en el caso objeto de estudio el daño alegado
por la parte actora no deviene de hechos, omisiones y operaciones administrativas
de la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá, sino de unos actos de registro que considera
fueron ilegales.

Sobre este punto, es necesario poner de presente que las decisiones adoptadas por
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá, fueron verdaderos
actos administrativos, en tanto se trató de una auténtica decisión de la
Administración que produjo efectos jurídicos, esto es, al registrar el proceso de
liquidación judicial de la C.I. Otilia Flowers E.U. y posteriormente, la escritura pública
No. 1646 del 26 de junio de 2018 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524
(hechos probados 4.1.13, 4.1.15 y 4.1.16).

Precisamente, los actos de registro, constituyen actos administrativos porque tienen
la naturaleza de ser definitivos, en tanto ponen fin al procedimiento administrativo
registral y, en consecuencia, son susceptibles de control judicial a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho52.

Lo anterior se acompasa con el concepto que esta Corporación ha adoptado frente
a los actos administrativos, definiéndolos como “la expresión de voluntad de las
entidades públicas o de un particular en ejercicio de funciones públicas, con la
capacidad de producir efectos jurídicos”53.

Asimismo, el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prevé que “También puede pedirse que se declare la
nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.

52 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 7 de octubre de 2010, exp. 11001-03-24-000-

2004- 00300-01.
53 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 2 de junio de 2011, Rad.: 66001-23-31-000-

2005 0519-01.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

Precisamente, en sentencia del 7 de septiembre de 202354, esta Corporación
concluyó lo siguiente:

“[...] En efecto, en relación con este específico punto de la controversia son
pertinentes los siguientes antecedentes y criterios de decisión judicial:

a) En la Sección Primera, en cuanto a la naturaleza jurídica de los “actos de registro”,
se ha expresado que estos ostentan el carácter de verdaderos actos
administrativos por el hecho de que con ellos se pone fin a las actuaciones
administrativas y que, además, son pasibles de control jurisdiccional a través de
la acción de nulidad simple; el criterio de esa Sección también se ha orientado a
considerar que cuando se persigue el restablecimiento de un derecho o la
indemnización de un perjuicio como pretensión derivada de la nulidad de un acto
administrativo, el medio de control jurisdiccional procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho.
b) Por su parte, la Sección Tercera también ha determinado que el medio de control
jurisdiccional adecuado para controvertir la legalidad de los actos de registro es el
de simple nulidad y, solo de manera excepcional se ha indicado que el
contencioso de reparación directa es procedente cuando no se cuestiona la
legalidad de las decisiones relacionadas con la función registral, verbigracia en un
caso en que el correspondiente acto de registro ya había sido anulado por una
autoridad judicial.
c) A su turno, la Sección Quinta igualmente ha reconocido que los actos de registro
son verdaderos actos administrativos que impactan en los intereses particulares,
individuales y concretos de las personas naturales o jurídicas consistentes en la
creación, modificación y extinción de situaciones jurídicas relacionadas con el
derecho de dominio de bienes inmuebles cuya legalidad debe controvertirse a
través del medio de control de nulidad simple [...]”.

Así las cosas, a juicio de la Sala, el medio de control procedente en el sub lite no es
el de reparación directa, dado que la fuente del daño no es un hecho o una
operación administrativa como lo aduce la parte demandante, sino unos actos de
registro que resultaron desfavorables a Luis Alfredo Torres, pues otorgaron la
propiedad del inmueble “La Estancia” identificado con folio de matrícula No. 176-
7524 a terceros, razón por la cual el medio de control procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho.

De modo que el demandante debió manifestar su inconformidad ante la jurisdicción
dentro del término previsto para cuestionar los actos de registro, pues al no hacerlo,

54 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de septiembre de 2023, exp. 25000-23-36-

000-2014-00698-01. Rad. 61166.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

se entiende que aceptó lo resuelto y, en esa medida, no le está dado demandar con
posterioridad a través de la reparación directa55.

De ahí que, aunque a la demanda se le dio el trámite de reparación directa, lo cierto
es que, con base en los supuestos fácticos y las pretensiones planteadas, el daño
antijurídico que el actor estima irrogado se deriva de unos actos de registro frente a
los cuales debió ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del CPACA56. Sobre el punto se reitera, que la
escogencia de las acciones en ejercicio de las cuales se deben tramitar los asuntos
de conocimiento de esta jurisdicción, no depende de la discrecionalidad del
demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido.

En ese sentido, ha de recordarse que, en virtud de lo consignado en el parágrafo
del artículo 137 del CPACA, “[s]i de la demanda se desprendiere que se persigue el
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del
artículo siguiente”, razón suficiente para que, en función de dicha regla procesal de
adecuación57, el medio de control de reparación directa interpuesto por el extremo
activo se deba reconducir al realmente procedente en este juicio en particular, es
decir, al de nulidad y restablecimiento del derecho -artículo 138 ibidem-.

Ahora, en cuanto al ejercicio oportuno del medio de control procedente, esto es, el
de nulidad y restablecimiento del derecho, se observa que, de conformidad con el
artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA “cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de abril de 2020, exp. 46970.
56 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior […]”.
57 “Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos

legales y le dará el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía
procesal inadecuada […]”.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]”58.

Frente al caso concreto, el artículo 70 del CPACA establece que en relación con los
actos de inscripción y registro “se entenderán notificados el día en que se efectúe
la correspondiente anotación”, con la salvedad de que si el acto de inscripción
“hubiere sido solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular
del derecho, la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio
idóneo”.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido que el conteo del término de caducidad
relativo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, referido a los
actos de registro, iniciará a partir de la fecha probada en que se tuvo conocimiento
por parte del actor de dicho registro, en particular cuando no aparece acreditada la
comunicación a que se hace referencia en los citados artículos. Al efecto, en
proveído del 16 de noviembre de 200059, se precisó lo siguiente:

“[…] [S]i bien es cierto que el acto demandado no ameritaba de parte de la
Administración notificación al demandante y que el artículo 44 del C.C.A. consagra,
en relación con los actos de inscripción y registro, que éstos se entenderán notificados
el día en que se efectúe la correspondiente anotación, no lo es menos que, para
efectos de contabilizar el término de caducidad para demandar actos de registro, debe
tenerse como punto de partida de dicho cómputo el momento en que el interesado
conoció de dicho acto; lo contrario sería exigir a cada interesado una visita diaria a
las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para verificar si, en relación con los
inmuebles de su propiedad, se han efectuado anotaciones que atenten contra sus
derechos. Por lo anterior, no resulta acertado que el cómputo para el ejercicio de la
acción contra el acto demandado se haya verificado teniendo en cuenta solamente la
fecha de anotación sin importar el día en que se tuvo conocimiento de la misma,
circunstancia que se puede comprobar, por ejemplo, con la prueba de reclamación
ante la Administración en relación con la inscripción; con la constancia de que con
anterioridad se solicitó copia del certificado de libertad y tradición del inmueble; en fin,
mediante cualquier medio del que se infiera que el interesado conocía del acto de
registro […]”

58 En atención a lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo

624 del CGP, en este caso la caducidad se computará con las normas del CPACA, porque dicho
plazo empezó a correr en vigencia del artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA, pues los actos
que debieron demandarse datan del 12 y 15 de noviembre de 2013.
59 Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 16 de noviembre de 2000, Rad.: 6515; posición

reiterada en proveído del 6 de junio de 2013, Rad.: 2011-00168; sentencia del 11 de julio de 2013,
Rad.: 2007-00116; sentencia del 26 de octubre de 2003, Rad.: 1997 -5610; sentencia del 30 de
agosto de 2018, Rad.: 2017-00027, entre otros.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

Bajo el anterior contexto, la Sala estima que el daño irrogado a Luis Alfredo Torres
ocurrió el 22 de septiembre de 2016, cuando la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Zipaquirá registró en el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-7524, el
proceso de liquidación judicial seguido por la Superintendencia de Sociedades
contra la sociedad C.I. Otilia Flowers E.U., cuyo efecto jurídico fue la inclusión del
mencionado predio dentro del patrimonio de la sociedad objeto de liquidación, lo
cual lesionó los intereses del aquí demandante.

Ahora bien, conforme la jurisprudencia expuesta, la Sala no puede pasar por alto
que no existe prueba de que en esa misma fecha el actor hubiera conocido la
ocurrencia del daño. No obstante, está probado que el 3 de febrero de 2017, Luis
Alfredo Torres presentó ante la Superintendencia de Sociedad escrito denominado
“solicitud de exclusión y entrega de bienes que no hacen parte del patrimonio a
liquidar”, en el que peticionó a dicha entidad la exclusión y entrega del lote de terreno
denominado “La Estancia”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 176-7524, por
no hacer parte del patrimonio a liquidar de la sociedad C.I Otilia Flowers E.U. (hecho
probado (4.1.14), lo cual evidencia que desde ese momento el actor debió conocer
del daño.

Así las cosas, tomando como punto de partida para el cómputo del término de
caducidad el 6 de febrero de 2017 –día hábil siguiente a la petición presentada por
Luis Alfredo Torres ante la Superintendencia de Sociedades- se tiene que el plazo
para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho era hasta el 6
de junio de 2017, no obstante, la demanda se interpuso el 10 de febrero de 2021
cuando ya había vencido el término para ejercer el derecho de acción en tiempo de
conformidad con el término de 4 meses previsto en el artículo 164, numeral 2, literal
d) del CPACA.

Además, la anterior conclusión no se altera por la circunstancia de que el 3 de
septiembre de 202060, el accionante hubiera presentado solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, toda vez que para ese
momento ya había operado el fenómeno de la caducidad.

60 Páginas 1 a 2, Archivo “5_RECIBEMEMORIALES_PRUEBASDEMANDA.PDF”, expediente digital,

Samai.

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Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

En consecuencia, según lo expuesto, en la parte resolutiva de esta providencia se
confirmará la sentencia del 8 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control, pero por las razones expuestas en esta providencia.

8. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.

Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia.

Precisamente, debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron
pruebas en el trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 202161, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

61 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.

32

Radicado: 25000233600020210057901 (69946)
Demandante: Luis Alfredo Torres

En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no desplegó
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago,
pues, no existe una causación material que así las sustente.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandada
en segunda instancia trascurrió en silencio, no habrá lugar al pago de las agencias
en derecho a cargo del extremo activo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la excepción de caducidad
del medio de control, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLEASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF

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