Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00588-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00588-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00588-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
7 de febrero de 2025
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
Demandados: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
Tema: Privación de la libertad de un juez. Se confirma la decisión de
absolver a la Fiscalía General de la Nación porque no fue apelada.
Se confirma la decisión de condenar a la Rama Judicial porque se
demostró la ilegalidad de la sentencia condenatoria de primera
instancia impuesta por el tribunal y a partir de la cual de dispuso la
detención del demandante. La Corte Suprema de Justicia revocó la
condena por considerar que no hubo dolo en la conducta del juez
demandante, ni existió el delito por el cual fue condenado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Rama
Judicial contra la sentencia del 6 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, en la cual
se dispuso:
<<PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, en lo que respecta a la
Fiscalía General de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Declarar extracontractualmente responsable a la Nación – Rama
Judicial, por la privación de la libertad que padeció el señor Samuel Darío
Rodríguez Duarte, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Condenar a la Nación – Rama Judicial a indemnizar por concepto de
perjuicios morales, las siguientes sumas:
• Para el señor Samuel Darío Rodríguez Duarte, víctima directa de la privación
injusta de la libertad, la suma de cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 SMLMV), de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para el señor Rubén Darío Rodríguez Duarte, padre de la víctima directa, la
suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV), de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Blanca Nelly Duarte de Rodríguez, madre de la víctima
directa, la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
(50 SMLMV), de la fecha en que se efectúe el pago.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
• Para la señora Blanca Viviana Rodríguez Cuervo, hija de la víctima directa,
la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV), de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Silvana Karina Rodríguez Rozo, hija de la víctima directa, la
suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV), de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Daniela Pauline Rodríguez Rozo, hija de la víctima directa, la
suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV), de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para el señor Diego Andrés Rodríguez Rozo, hijo de la víctima directa, la
suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV), de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Dora Beatriz Montes Melo, compañera permanente de la
víctima directa, la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (50 SMLMV), de la fecha en que se efectúe el pago.
CUARTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: CONDENAR a la NACION – RAMA JUDICIAL a pagar a la parte
demandante, por concepto de agencias en derecho, la suma de CATORCE
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (14 SMLMV), de la fecha
en que se efectúe el pago de las agencias>>.
La sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
150 y 152, numeral 5, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
Los recursos fueron interpuestos en vigencia de la Ley 2080 de 2021; el recurso
de la Rama Judicial se admitió mediante auto del 5 de diciembre de 20231 y el de
la parte demandante se admitió el 31 de enero de 20242. El Ministerio Público
solicitó que se revocara la decisión que concedió las pretensiones de la demanda
porque no existió un daño antijurídico; indicó que el proceso penal contra el
demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte cumplió el debido proceso.
Al presente caso se le dará prelación conforme a lo acordado por la Sala Plena
de la Sección Tercera de esta Corporación en el acta No. 10 del 25 de abril de
2013, que decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños
causados por privaciones injustas de la libertad pueden decidirse por las
Subsecciones, sin sujeción al turno.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 9 de diciembre de
2021 por la víctima directa, Samuel Darío Rodríguez Duarte, y su grupo familiar.
1 Se admitió el recurso de apelación de la Rama Judicial; el recurso de apelación presentado por los
demandantes se rechazó por extemporáneo.
2 Se admitió el recurso de apelación adhesiva que presentaron los demandantes. Índice 15 SAMAI.
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Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para obtener
la reparación del daño causado por la privación injusta de su libertad ocurrida
entre el 18 de agosto de 2017 y el 9 de octubre de 20193, es decir por un término
de dos (2) años, un (1) mes y veintidós (22) días. En el proceso penal se le imputó
el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo.
2.- En la demanda se formularon las pretensiones que se resumen a continuación
debido a su extensión:
2.1.- Que se declare a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación -
Rama Judicial <<responsables de los daños causados a los demandantes con
motivo de la detención, acusación, imputación, que concluyó con la privación
injusta de la libertad, de la que fue objeto el señor SAMUEL DARÍO RODRÍGUEZ
DUARTE con ocasión del proceso adelantado en la SALA PENAL DEL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA,
radicado bajo el No. 54001600113120120198600, por tres delitos de prevaricato
por acción entre el 18 DE AGOSTO DE 2017 y el 9 DE OCTUBRE DE 2019>>.
2.2.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Nación – Fiscalía General
de la Nación y a la Nación - Rama Judicial reconocer y pagar a favor de los
demandantes los siguientes perjuicios inmateriales:
a.- Perjuicios morales a favor de cada demandante por la suma de cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
b.- Perjuicios por daño a la vida en relación y/o alteración grave de las
condiciones de existencia, por la suma de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.
c.- El perjuicio por la afectación relevante al derecho convencional y al derecho a
la libertad, correspondiente <<a la aplicación de medidas de justicia reparadora
integral y en ese sentido, la garantía de no repetición; o en el evento que se
considere, el subrogado pecuniario equivalente hasta cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes [a favor de la víctima directa]>>.
d.- El perjuicio por la afectación relevante al derecho convencional al derecho a
la familia, al buen nombre, al honor y la honra a favor de los demandantes por el
valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.3.- <<Como consecuencia de lo anterior y en garantía del derecho a la
reparación integral, se ordene a la Nación – Fiscalía General de la Nación y la
Nación - Rama Judicial que inmediatamente posterior (sic) a la ejecutoria de la
sentencia, realice la publicación de unas disculpas públicas a favor del señor
Samuel Darío Rodríguez Duarte, en su condición de Juez Tercero Laboral del
Circuito de Cúcuta y de su núcleo familiar, en la que se incluya de manera
concreta pero íntegra, (a) un relato del motivo de las disculpas públicas, (b) la
3 Estas fechas corresponden a las indicadas en las pretensiones de la demanda.
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Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
referencia a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 9 de octubre de
2019, radicado N°52829, Acta 265, SP4302-2019 que dispuso la revocatoria de
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta del
27 de abril de 2018, dentro de la radicación 54001600113120120198600, (c) la
identificación de las víctimas de la privación injusta de la libertad>>.
2.4.- Se ordene a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación - Rama
Judicial reconocer y pagar a favor de los demandantes los siguientes perjuicios
materiales:
a.- Daño emergente a favor de Samuel Darío Rodríguez Duarte por los siguientes
conceptos:
• El valor de cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000) por concepto de
honorarios profesionales pagados a Leonardo Cruz Bolívar, abogado
especialista en derecho penal.
• El valor de quince millones de pesos ($15.000.000) por concepto de tarifa,
asesoría y honorarios del proceso de cese de pagos de las deudas que tenía
con entidades bancarias, cooperativas y personas naturales, que lo obligó a
promover un proceso de insolvencia económica ante el Centro de
Conciliación e Insolvencia Asociación Manos Amigas, que terminó con un
acuerdo de acreedores, según acta de acuerdo Nro. 000027-20 del 4 de
septiembre de 2020.
• El valor de setenta millones de pesos ($70.000.000) como consecuencia de
la pérdida de derechos de seguros respecto de las pólizas de vida y
educativas adquiridas a Seguros Suramericana S.A.
• El valor de sesenta y seis millones ciento ochenta y tres mil quinientos
sesenta y cinco pesos ($66.183.565) como consecuencia del retiro de sus
cesantías parciales para sobrellevar los costos derivados del daño causado.
Estas sumas deberán ser canceladas al señor Rodríguez Duarte y
consignadas al fondo de cesantías Fondo Nacional del Ahorro.
b.- El lucro cesante a favor de Samuel Darío Rodríguez Duarte.
c.- El daño emergente a favor de Blanca Viviana Rodríguez Cuervo, Silvana
Karina, Daniela Pauline y Diego Andrés Rodríguez Rozo por los siguientes
conceptos:
A favor de Silvana Karina y Diego Andrés Rodríguez Rozo, el valor de
cuarenta millones de pesos ($40.000.000), por concepto de honorarios
profesionales pactados y causados hasta la lectura de la sentencia de
segunda instancia, pagados a favor de José María Peláez Mejía, abogado
especialista en derecho penal.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
• El valor de quince millones de pesos ($15.000.000) por concepto de
honorarios profesionales pactados y causados por la presentación del escrito
de solicitud de libertad por vencimiento de términos, pagados a favor de Mario
Germán Iguarán Arana, abogado especialista en derecho penal.
2.5.- Que se ordene a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación -
Rama Judicial que paguen, a favor de la DIAN, el valor total de los impuestos que
resulten de la liquidación y condena que se imponga en esta sentencia, y que
resulte como gravable a la misma.
2.6.- Que se ordene el reconocimiento de los intereses moratorios de ley sobre
las cantidades que resulten en favor de los citados, desde la fecha en que deba
hacerse el pago hasta aquella en que efectivamente se realice.
3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal
allegadas por la parte actora, se extrae que:
3.1.- La investigación penal tuvo origen por la compulsa de las copias que la Corte
Constitucional realizó en las sentencias T-087 de 2012 y T-055 de 2012 para que
la Fiscalía adelantara investigaciones contra el demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte. La Corte consideró que, en su calidad de Juez Tercero Laboral
del Circuito de Cúcuta, concedió el amparo de tres tutelas (2011-00235, 2011-
00260 y 2011-00277) con desconocimiento de los principios de inmediatez y
subsidiariedad, y de los criterios de competencia territorial.
3.2.- El 25 de septiembre de 2015, el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Garantías de Cúcuta le imputó al demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte
el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo. En dicha
audiencia no se solicitó medida de aseguramiento en su contra.
3.3.- El 12 de febrero de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta
celebró audiencia de acusación y el 2 de mayo de 2016 realizó la audiencia
preparatoria.
3.4.- El 18 de agosto de 2017 el tribunal anunció el sentido del fallo condenatorio
y ordenó la detención inmediata del demandante Samuel Darío Rodríguez
Duarte, la cual se llevó a cabo ese mismo día.
3.5.- El 27 de abril de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta dio
lectura a la sentencia condenatoria proferida contra el demandante Rodríguez
Duarte, y le impuso una pena de 131 meses de prisión. La anterior decisión fue
apelada por el demandante Rodríguez Duarte.
3.6.- El 9 de octubre de 2019 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
revocó la sentencia condenatoria contra el demandante Samuel Darío Rodríguez
Duarte, y ordenó su libertad inmediata. En concepto de la Corte, <<no se
encuentra demostrada la consciencia del acusado respecto a que efectivamente
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
sus decisiones se ofrecían manifiestamente contrarias a la ley, razón suficiente
para desestimar el dolo>>. El 11 de octubre de 2019 se dio lectura a la sentencia
de segunda instancia.
4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se
surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el 18 de agosto de 2017 la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta anunció el sentido del fallo
condenatorio y ordenó la detención de la víctima directa, la cual ocurrió el mismo
día; y (ii) el 9 de octubre de 2019 la Corte Suprema de Justicia resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la víctima directa contra el fallo condenatorio
y la absolvió en segunda instancia.
5.- Según la parte actora, el demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte fue
privado injustamente de su libertad por la inexistencia de un elemento objetivo de
tipo del delito de prevaricato.
B.- Posición de las entidades demandadas
6.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda porque: (i) no
existió un daño antijurídico, pues la decisión de privar de la libertad al
demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte fue consecuencia de un actuar
legal y constitucional, en ejercicio del ius puniendi del Estado, y en procura del
interés general. Como excepciones propuso: (i) la ausencia de causa petendi por
inexistencia de un daño antijurídico y (ii) la falta de legitimación en la causa por
pasiva porque el daño fue causado por la Fiscalía General de la Nación.
7.- La Fiscalía también se opuso a las pretensiones. Como argumentos de
defensa expuso que la privación de la libertad del demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte se produjo como consecuencia del cumplimiento de una
sentencia condenatoria y no por una medida de aseguramiento de detención
preventiva. Por consiguiente, no existe un nexo causal entre el daño y el actuar
de esta entidad. Como excepciones propuso (i) la falta de legitimación en la
causa por pasiva y (ii) el cumplimiento de un deber legal e inexistencia del daño
antijurídico, debido a que la víctima directa estaba en el deber de soportar una
investigación penal derivada de un actuar legítimo de la Fiscalía.
C.- Sentencia recurrida
8.- En la sentencia del 6 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A dispuso:
8.1.- Absolver a la Fiscalía porque su actuar se ajustó al ordenamiento jurídico,
pues la actividad investigativa se originó por la compulsa de copias que ordenó
la Corte Constitucional en sede de revisión de los fallos de tutela proferidos por
el demandante, la cual permitió inferir la posible tipicidad de la conducta.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
8.2.- Condenar a la Rama Judicial porque se acreditó la ilegalidad de la privación
de la libertad de la víctima directa porque en primera instancia el tribunal condenó
a la víctima directa a pesar de que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, no se encontraba demostrado el dolo o elemento subjetivo del tipo
penal que le fue imputado, esto es el delito de prevaricato por acción. Por el
contrario, estaba acreditado que el demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte
actuó sin conciencia de cometer la conducta punible.
9.- En relación con los perjuicios, el tribunal:
9.1.- Reconoció la indemnización de los perjuicios morales en las cuantías
transcritas al principio de esta providencia a la víctima directa, a sus padres, hijos
y compañera permanente. Negó el reconocimiento de este perjuicio a las
hermanas Nohora Stella y Carmen Natalia Rodríguez Duarte y a sus nietos
Samuel Alejandro y Hanna Sophia Reis Rodríguez porque (i) no existía
presunción a su favor, y (ii) la prueba testimonial no acreditaba un perjuicio
particular y concreto pues, en su testimonio, la psicóloga clínica Ximena
Cárdenas Acevedo refirió de manera general que los nietos de la víctima directa
se vieron afectados por la privación de la libertad de su abuelo, pero no explicó
como evidenció esa afectación y si esta fue especialmente grave.
9.2.- Negó el reconocimiento de las medidas de reparación no pecuniarias
solicitadas en la demanda porque los demandantes no aportaron prueba alguna
que acreditara la afectación de derechos constitucionalmente amparados.
9.3.- Negó el reconocimiento del daño emergente por concepto pago de
honorarios por la defensa penal porque este perjuicio no se acreditó.
9.4.- Negó la indemnización del pago que el demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte tuvo que realizar por concepto de honorarios profesionales,
para promover un proceso de insolvencia ante el Centro de Conciliación e
Insolvencia Manos Amigas porque los demandantes no aportaron prueba del
pago, de quién lo realizó y de la forma como se efectuó. Adicionalmente, tampoco
se probó el nexo causal, pues no obra prueba de la fecha en la que el
demandante incurrió en mora en el pago de sus obligaciones, esto es, si fue antes
o después de la privación de la libertad.
9.5.- Negó la reparación del perjuicio causado por la pérdida de derechos de
seguros respecto de pólizas de vida y educativas adquiridas, y del retiro de las
cesantías que se utilizaron para sobrellevar los costos derivados de la privación
de la libertad de la víctima directa. Lo anterior porque: (i) con la certificación de
la compañía de seguros Suramericana acreditaron que la víctima directa y su
compañera permanente se encontraban asegurados, pero desde una fecha
posterior a la de la privación de la libertad del demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte y (ii) el retiro de las cesantías no estaba acreditado ni se probó
que las cesantías hubieren sido retiradas para sufragar los costos derivados de
la privación de la libertad.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
9.6.- Negó el reconocimiento de los honorarios profesionales que los
demandantes pagaron al abogado José María Peláez Mejía, pues no se tenía
certeza sobre quién estaba legitimado para solicitar la indemnización del perjuicio
reclamado y tampoco acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que se efectuaron los presuntos pagos. Así mismo, el tribunal negó el
reconocimiento de los honorarios de Mario Iguarán Arana, pues para demostrar
ese hecho los demandantes solo aportaron una petición en la que solicitan la
expedición de una constancia de pago de honorarios, lo que no acreditaba pago
alguno.
9.7.- Negó la indemnización del lucro cesante porque el demandante Samuel
Darío Rodríguez Duarte adelantó un proceso contencioso administrativo laboral
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que
se le reconocieran los perjuicios derivados de la suspensión de su cargo de Juez
Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta.
D.- Recursos de apelación
10.- La Rama Judicial solicita que se revoque integralmente el fallo de primera
instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda porque no
se demostró la existencia de un daño antijurídico. Sostiene que la sentencia penal
condenatoria estaba fundamentada en los lineamientos definidos por la Corte
Constitucional.
11.- Los demandantes presentaron una apelación adhesiva en la que solicitan
que se revoque el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, que se ordene la indemnización de la totalidad de los perjuicios reclamados
en la demanda porque:
11.1.- Con los testimonios de Eddy Avellaneda, Germán Pérez Carvajal y Lady
Alexandra Montes Melo, las constancias de las diversas atenciones psicológicas
y psiquiátricas y la certificación remitida por el INPEC respecto de las visitas
recibidas por el señor Rodríguez Duarte en el centro de reclusión, están
acreditados tanto la afección moral, a la vida de relación y psicológica sufrida por
los demandantes Nohora Stella y Carmen Natalia Rodríguez Duarte, Samuel
Alejandro y Hanna Sophia Reis Rodríguez, como el daño emergente a favor del
señor Diego Andrés Rodríguez.
11.2.- En cuanto a los perjuicios sufridos por los menores Samuel Alejandro y
Hanna Sophia Reis Rodríguez, los demandantes señalan que, en su declaración
técnica, la psicóloga Ximena Cárdenas Acevedo afirmó que la privación de la
libertad de su abuelo generó un perjuicio moral en los menores que se vio
reflejado en su comportamiento y en su desempeño escolar.
11.3.- Con historia clínica allegada se acreditó que el demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte desarrolló una serie de condiciones afectivas y emocionales
como consecuencia de su detención, razón por la cual se debió reconocer el daño
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
causado por la afectación a derechos constitucionalmente y convencionalmente
amparados.
11.4.- El perjuicio al buen nombre está acreditado si se analiza de forma indiciaria
la posición del demandante Rodríguez Duarte como juez de la República, pues
su imagen se afectaba ante cualquier reproche de su decoro, máxime si se trata
de una condena penal.
11.5.- Se debe reconocer el lucro cesante con fundamento en el salario
devengado por la víctima directa, el tiempo que en promedio una persona tarda
en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel y las prestaciones
sociales, en aplicación del principio de reparación integral, establecido en el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
11.6.- La sentencia recurrida omitió pronunciarse sobre la pretensión del
reconocimiento y pago de los intereses moratorios.
11.7.- Se debe reconocer el pago de las cesantías que los demandantes debieron
retirar para equilibrar las deudas derivadas de la imposibilidad que tenía el
demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte de trabajar durante el tiempo en el
que estuvo recluido.
11.8.- Se debe reconocer el pago de honorarios profesionales de los abogados
porque su pago sí fue acreditado.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales
12.- La sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que absolvió a la
víctima directa, momento desde el cual acaece el daño en los términos del
artículo 164 del CPACA, según lo ha precisado la jurisprudencia en los eventos
de privación injusta de la libertad. En efecto: (i) la providencia que absolvió al
demandante quedó ejecutoriada el 9 de octubre de 20194; (ii) la solicitud de
conciliación se presentó el 11 de octubre de 20215 y los términos se
suspendieron hasta el 9 de diciembre de 20216, cuando la audiencia de
conciliación se declaró fallida; y (iii) la demanda fue interpuesta a tiempo el 9 de
diciembre de 2021.
13.- Se confirmará la decisión de absolver a la Fiscalía porque no fue apelada
por la parte demandante, quien era la que tenía interés procesal para recurrir.
Adicionalmente, la sala advierte que no se estudiará el perjuicio reclamado a
4 Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta–
Sala Penal. Fl. 727, c.1.
5 El 10 de octubre de 2021 era domingo.
6 Archivo acta de audiencia de conciliación y constancia fallida, expediente digital SAMAI.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
favor de la DIAN, por el valor total de los impuestos que resulten de la liquidación
y condena que se imponga en esta sentencia, porque la indemnización de este
perjuicio fue negada en primera instancia y esa decisión no fue objeto de
apelación por la parte demandante.
F.- Exposición del litigio, decisiones a adoptar y plan
14.- A partir de la boleta de libertad7 y el certificado de libertad expedido por
INPEC8, está probado que el demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte
estuvo privado de su libertad entre el 18 de agosto de 2017 y el 10 de octubre
de 2019, es decir por un término de dos (2) años, un (1) mes y veintitrés (23)
días. Sin embargo, en las pretensiones los demandantes solicitaron la
indemnización por la detención del demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte
entre el 18 de agosto de 2017 y el 9 de octubre de 2019. Por lo tanto, la sala
limitará el daño al período de privación de la libertad señalado en la demanda.
15.- También está demostrado que, mediante providencia del 9 de octubre de
2019, la Corte Suprema de Justicia– Sala Plena: (i) absolvió a la víctima directa
por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo porque
consideró que no se encontraba acreditado el dolo o elemento subjetivo del tipo
penal; por el contrario, estableció que estaba probado que el demandante
Samuel Darío Rodríguez Duarte actuó sin conciencia de cometer la conducta
punible y (ii) ordenó la libertad inmediata de la víctima directa.
16.- La sala confirmará la decisión de condenar a la Rama Judicial porque se
probó la ilegalidad de la privación de la libertad de la víctima directa.
G.- Plan de exposición
17.- La sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta subsección
del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad 9. En
consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) la
entidad imputada, (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación
de los perjuicios y la reparación.
H.- La ilegalidad de la privación de la libertad
18.- El demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte fue detenido en la audiencia
de lectura del sentido del fallo condenatorio del 18 de agosto de 2017 proferida
por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Penal, en la que se
ordenó su captura por haber cometido el delito de prevaricato por acción en
concurso homogéneo y sucesivo. Lo anterior, porque el juez penal encontró
probado que el demandante Rodríguez Duarte transgredió los criterios de
7 Fl. 218, c.4.
8 Fl. 735, cuaderno de poderes, pruebas y anexos.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del
4 de junio del 2019, expediente 39.626. M.P. Alberto Montaña Plata.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
competencia y los principios de inmediatez y subsidiariedad al conceder tres
amparos en procesos de tutela iniciados contra Ecopetrol.
19.- Con base en las piezas procesales de dichos procesos de tutela, el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Penal condenó a la víctima directa
porque concluyó que había incurrido en el delito de prevaricato por acción al
desconocer el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la
aplicación de la subsidiariedad de la acción de tutela en la solución de
controversias contractuales laborales o al pago de acreencias de ese origen. Sin
embargo, esa condena fue posteriormente revocada por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, quien absolvió al demandante.
20.- La Sala estima que está acreditada la ilegalidad de la privación de la libertad
de la víctima directa porque:
20.1.- El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Penal no cumplió
los requisitos legales para ordenar la detención de la víctima directa en la
audiencia del anuncio del sentido del fallo.
20.2.- El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Penal condenó
en primera instancia a la víctima directa, a pesar de que no estaba demostrado
que obró con dolo, elemento subjetivo del delito prevaricato y, por lo tanto, de
que no existió dicho delito.
i) El incumplimiento de los requisitos legales para ordenar la detención
de la víctima directa en la audiencia del anuncio del sentido del fallo
21.- El artículo 450 de la Ley 906 de 2004 dispone lo siguiente sobre la detención
de los acusados en la audiencia del anuncio del sentido del fallo:
<<ARTÍCULO 450. ACUSADO NO PRIVADO DE LA LIBERTAD. Si al momento
de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare
detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de
dictar sentencia.
Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el
juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.>>
22.- La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta disposición en la
sentencia C-342 de 2017, en la que señaló lo siguiente:
<<Debe señalarse, que el artículo 450 de la Ley 906 de 2004 no establece un
mandato, ni la regla general en virtud de la cual “resulta imperativo que la
privación de la libertad se ordene en el mismo momento en el que se anuncia el
sentido del fallo”, cuando este conlleva la imposición de una pena privativa de la
libertad cuya ejecución no puede ser suspendida, conforme lo señala la Corte
Suprema de Justicia. La norma demandada no establece un mandato, sino una
facultad de acuerdo con la cual, si el acusado declarado culpable se encontrare
en libertad, “el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento
de dictar sentencia”, salvo que la detención sea necesaria “de conformidad con
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
las normas de este código”. Esta circunstancia resulta aún más comprensible si
se tiene en cuenta, que el acto específico que contiene el anuncio del sentido del
fallo y la decisión sobre la libertad de quien ha sido hallado culpable, tiene como
mecanismo de impugnación el recurso de apelación contra la sentencia
definitiva, la que será proferida “en un término que no podrá exceder de quince
(15) días contados a partir de la terminación del juicio oral”, conforme lo dispone
el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.
10.7. La Sala precisa, que la expresión “necesidad” de la privación de la libertad
que se disponga con el anuncio del sentido del fallo, contenida en el inciso final
del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal demandado, conforme al
cual “Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este
código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de
encarcelamiento”, no se refiere a los presupuestos reiterados para privar de la
libertad a un ser humano durante la etapa de la investigación previstos en los
artículos 308 a 310 del Código de Procedimiento Penal, relacionados con que la
medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el
imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, pues para el momento en el
que se anuncia el sentido del fallo, las etapas de investigación y juzgamiento ya
han terminado; o porque el imputado constituye un peligro para la seguridad de
la sociedad o de la víctima, porque dicha valoración corresponde a la etapa inicial
del proceso y no a la condena; o porque resulte probable que el imputado no
comparecerá al proceso, pues el mismo ha llegado a la fase final con el anuncio
del sentido del fallo, sino que se refiere a los criterios y reglas para la
determinación de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa
de la libertad, especialmente consignados en los artículos 54 y 63 del Código
Penal. Solo así puede entenderse la expresión “necesidad” contenida en el
artículo 450 del Código de Procedimiento Penal.
10.8. Desde la anterior comprensión, la Sala encuentra que la orden de
encarcelamiento excepcional establecida por el artículo 450 del C.P.P. respeta
las garantías que la Constitución ha dispuesto en favor de ese derecho, como
son la reserva judicial, la reserva legal y el carácter excepcional de las medidas
privativas de la libertad. Se mantiene el respeto por la garantía de la reserva
judicial, en tanto que la orden de encarcelamiento es proferida por el juez penal
de conocimiento, quien ha asistido al desarrollo de la etapa del juicio oral en
cumplimento del principio de inmediación. De otro lado se satisface también la
garantía de la reserva legal, pues se dispone la orden de detención por un motivo
previamente establecido en la ley, como lo es el anuncio de la declaratoria de
responsabilidad penal por la comisión de una conducta delictiva previamente
establecida en las normas penales. Adicionalmente se trata de una medida de
carácter excepcional, que únicamente ocurre en el primer momento del acto
jurídicamente complejo en que consiste la sentencia condenatoria, y que tan solo
procede tras la satisfacción de los criterios de necesidad de conformidad con los
artículos 54 y 63 del Código Penal, relacionados con los criterios y reglas para la
determinación de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa
de la libertad, como ha quedado dicho.
10.9. Igualmente considera la Sala, que la orden de detención que se dispone
con el anuncio del sentido del fallo condenatorio no viola las garantías del debido
proceso. Al respecto deben ser referidos los medios de control que tiene esa
orden de detención. El procedimiento oral establecido en el Capítulo V del Título
IV del C.P.P., que regula lo relacionado con la Decisión y sentido del fallo, prevé
en el artículo 447, que anunciado el sentido del fallo, el juez le dará la palabra al
fiscal y al defensor “brevemente y por una sola vez”, “para que se refieran a las
condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de
todo orden del culpable”, luego de lo cual fijará lugar, fecha y hora para proferir
la sentencia.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
Los medios de control de la decisión son dos. De un lado, la declaratoria de
nulidad del sentido del fallo y de la orden de detención. Si de conformidad con lo
señalado por la Sala de Casación Penal, la sentencia condenatoria es un acto
jurídico complejo, constituido por el anuncio del fallo y el texto de la sentencia,
se tiene que no procede su revocatoria, pues las sentencias no son revocables
por el funcionario que las profirió, sino que tan solo procede la nulidad del acto,
pues como lo registró esa Sala de Casación: “Ya se dijo, y se reitera, que ese
acto de anunciar el sentido del fallo es sustancial, forma parte de la estructura
básica del proceso, luego su desconocimiento sólo puede tener lugar por medio
de la declaratoria de nulidad, pues únicamente así surge de nuevo la posibilidad
de que sea emitido conforme a derecho y sean de recibo los trámites y
consecuencias que se derivan de él.”
Pero una vez proferido el texto de la sentencia, procede el recurso de apelación
en contra de la misma como segundo medio de control, en virtud del cual podrá
ser impugnada tanto la condena, como la orden de privación de la libertad. La
procedencia de la segunda instancia en ese momento procesal es la
consecuencia inevitable del hecho de estar frente al acto jurídicamente complejo
que involucra el anuncio el sentido del fallo y el texto de la sentencia. El artículo
179 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1395 de 2010,
dispone que el recurso de apelación contra la sentencia “se interpondrá en la
audiencia de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado dentro
de la misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes”, norma que fue
declarada exequible por medio de la Sentencia C-371 de 2011, donde esta
Corporación dijo además, que “25. Sobre las finalidades que orientan este medio
ordinario de impugnación ha sentenciado la Corte, que su propósito es el de
remediar los errores judiciales y permitir una nueva evaluación del caso, que
suministre el convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó
en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció
pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y
un juicio diferente.”
La Sala reitera que el anuncio del sentido fallo y la sentencia constituyen una
unidad, en cuanto acto jurídico complejo, y precisa que el anuncio del sentido del
fallo y la decisión que se adopte acerca de la libertad de quien ha sido hallado
culpable, no son impugnables. Si bien la decisión del juez de conocimiento puede
implicar la privación de la libertad de esa persona, el término de quince (15) días
dispuesto por el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal no resulta
desproporcionado en sus efectos frente a la libertad, por el breve transcurso de
tiempo que acontece entre el referido anuncio y la sentencia.
De este modo se tiene que la apelación es el recurso judicial efectivo dispuesto
por el ordenamiento penal respecto del fallo condenatorio, medio que involucra
el control judicial sobre la sentencia y lo decidido en ella, para el caso, la
detención sobrevenida con el anuncio del fallo, como elemento constitutivo de
aquella.
10.10. Atiende la Sala al cargo por la eventual violación de la presunción de
inocencia. Esta Corporación ha sostenido que “La presunción de inocencia es un
derecho en virtud del cual la persona deberá ser tratada como inocente mientras
no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas
las garantías, en el cual se le haya declarado judicialmente culpable mediante
sentencia ejecutoriada” .
A los efectos del problema jurídico que aquí se examina, debe precisarse si la
detención del sentenciado que se da con el anuncio del sentido del fallo
condenatorio, viola la presunción de inocencia, y la respuesta es que no la viola.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
En el presente caso el accionante plantea que la orden de detención que se dicta
con el anuncio del sentido del fallo viola la presunción de inocencia, pues la
restricción de la libertad se da antes de la ejecutoria del fallo condenatorio. De
este modo sostiene, que acontece un cumplimiento anticipado de la pena.
Para la Sala, la premisa sostenida por el demandante sería correcta, en relación
con la presunción de inocencia, que ciertamente se mantiene hasta la ejecutoria
del fallo condenatorio, si la conclusión de su razonamiento no fuera equivocada,
pues la detención que se decrete con el sentido del fallo, sobreviene propiamente
como consecuencia de la satisfacción del criterio de necesidad ya precisado, y
no únicamente como consecuencia de la condena y la pena dispuesta, que tan
solo aflorarán con el texto escrito del fallo y su posterior ejecutoria. Es justamente
por esto que el acto debe ser motivado, de modo tal que en el momento procesal
adecuado, es decir, con la emisión del texto escrito de la sentencia, sobrevenga
la apelación como medio de control efectivo.>>10
23.- En consecuencia, debido a que la víctima directa estaba en libertad para el
momento en el cual se realizó la audiencia de anuncio del sentido del fallo, el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Penal tenía la carga
argumentativa de justificar la necesidad de su detención. Sin embargo, no la
cumplió. En dicha audiencia, el tribunal no expuso los motivos que justificaban tal
necesidad, en violación de los artículos 309 a 312 y 450 de la Ley 906 de 2004.
ii) El tribunal condenó a la víctima directa a pesar de que no estaba
demostrada la existencia de la conducta punible
24.- La ilegalidad de la privación de la libertad de la víctima directa está
acreditada porque, tal como lo advirtió la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia al revocar la condena en segunda instancia, en el proceso penal no se
acreditó que el demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte hubiese incurrido
en prevaricato. El prevaricato, como lo indica la Corte es un delito doloso, y en
este caso lo que hizo el juez fue acatar el precedente vertical del tribunal, razón
por la cual de modo alguno se puede considerar que desonoció abiertamente una
disposición legal para concluir que incurrió en el delito. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia señaló en la sentencia absolutoria:
<<El examen del elemento objetivo del tipo penal de prevaricato por acción conduce
a concluir que, si bien, el trámite adelantado por el acusado en las tres acciones de
tutela cubre a cabalidad, o cuando menos, no se observa en franca contradicción
con la ley, los principios de competencia e inmediatez, sí representa ostensible
desapego con el principio de subsidiaridad.
Frente a este panorama, importa destacar la cronología del actuar del acusado con
respecto al mismo tipo de acciones adelantadas por los trabajadores de Ecopetrol
afectados con las sanciones posteriores a la huelga, declarada ilegal, de 2004.
Así, en el asunto con radicación 246 de 2010, el 4 de junio de esa anualidad se dictó
fallo, firmado por el procesado, en el cual se desatendieron las peticiones de los
accionantes, entre otras razones, por contar con mecanismos eficaces de defensa
y no demostrar la materialidad de algún perjuicio irremediable. De similar manera,
en el radicado 447 de 2010, en sentencia emitida el 27 de septiembre de ese año,
10 Corte Constitucional. Sentencia C-342 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
fueron desestimadas las pretensiones de los trabajadores de la estatal petrolera, por
razones afines con las destacadas en el párrafo anterior.
Sin embargo, en ambos casos las decisiones denegatorias del amparo fueron
revocadas por la Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta, en cuanto, estimó que
efectivamente se habían violado derechos de los trabajadores, entre otros el de
igualdad, y no existe otro medio de defensa judicial para hacer valer las
recomendaciones de la OIT.
Con posterioridad a estas revocatorias, se expidieron por parte del acusado los tres
fallos de tutelas objeto de estudio aquí, en los cuales se mutó la posición anterior
del despacho, referida a denegar el amparo.
(…) Lo hasta ahora referido permite llegar a las siguientes conclusiones: (i) el
procesado venía negando los amparos solicitados por los trabajadores de la
empresa estatal Ecopetrol, para lo cual advertía no cubiertos los presupuestos de
inmediatez o subsidiaridad; (ii) una vez la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta, revocó esas decisiones y protegió los derechos, reintegrando a los
accionantes y ordenando el pago de sumas atrasadas por estimar vulnerados
derechos como los de igualdad y asociación sindical, el acusado modificó su criterio
y acudió expresamente a esos antecedentes para explicar el cambio de postura; (iii)
en la parte motiva de las decisiones posteriores -que hoy se dicen prevaricadoras
por la Fiscalía- el procesado argumentó la violación del derecho a la igualdad,
advirtiendo que debe atender al precedente vertical para su preservación.
Ahora bien, en torno del precedente radicado en las decisiones de los Tribunales,
aunque el fallador de primer grado buscó minimizar su efecto o carácter obligacional,
destacando aspectos como los de autonomía e independencia judiciales, es lo cierto
que, si comportan las manifestaciones del órgano jerárquicamente superior de los
jueces, un plus que por lo general estos atienden, sea por razones estrictamente
jurídicas o apenas por motivos de autoprotección.
(…) En el caso que se examina, rememora la Sala, la sucesión fáctica indica que la
Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta, desde un inicio decidió adoptar la postura de
acceder a las pretensiones de los accionantes, empleados de Ecopetrol, y en
función de ello adoptó una línea argumental reiterada y pacífica que en esos casos
-no solo los fallados por el aquí acusado- implicó revocar la decisión de los jueces
que las negaron. Entiende la Corte que ello creó un estado de cosas generalizado
con respecto a las muchas acciones instauradas contra la empresa estatal, que
necesariamente generó el concepto de que el Tribunal efectivamente apoyaba las
pretensiones tutelares, a despecho de lo que los jueces decidieran.
Como, además, la Corporación entregó amplia motivación para el efecto, con
reseñas constitucionales y verificaciones de novedosos derechos conculcados,
particularmente, el de igualdad, a partir del examen de las recomendaciones de la
OIT y de los acuerdos últimamente firmados por Ecopetrol con otros empleados en
similares condiciones, pudo entender perfectamente el aquí acusado -sin que se
omita advertir que, finalmente, el único principio pasado por alto lo fue el de
subsidiaridad, como se explicó antes-, que tales decisiones se hallaban prevalidas
de legalidad y, por ende, que asumirlas en sus próximos fallos no verificaba el
elemento normativo del prevaricato.
Bajo las consideraciones anteriores, concluye la Sala que no se encuentra
demostrada la consciencia del acusado respecto a que efectivamente sus
decisiones se ofrecían manifiestamente contrarias a la ley, razón suficiente
para desestimar el dolo. Y si bien, es factible señalar que, en atención a sus
conocimientos y experiencia, el procesado estaba en la posibilidad de superar el
convencimiento en cuestión, incluso con un más depurado examen de la
jurisprudencia constitucional, lo que torna en vencible el error, ello ninguna
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
consecuencia trascendente entrega para lo debatido, dado que el delito de
prevaricato por acción no admite la modalidad culposa, nicho jurídico del error
vencible>>.
25.- En consecuencia, la sala concluye que la privación de la libertad del
demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte fue ilegal debido a que no se
encontró demostrado que no existió prevaricato, pues no se acreditó que el
demandante fuera consciente de (i) que sus decisiones eran manifiestamente
contrarias a la ley, pues estas se hallaban prevalidas de legalidad, y (ii) que
asumirlas en sus próximos fallos conducía a cometer el delito de prevaricato.
26.- Para la sala la decisión absolutoria de la Corte Suprema de Justicia no solo
refleja la inexistencia de dolo en la conducta del Juez demandante, sino que
revela la inexistencia del delito en cuanto lo que se indica con toda claridad es
que la decisión adoptada por el Juez demandante en la cual dio por cumplido el
requisito de subsidiariedad de las acciones de tutela estaba respaldada en
decisiones previas del Tribunal Superior, en las cuales se había dado por
cumplido ese requisito. La Corte indica entonces que por esta razón el Juez
decidió modificar el criterio jurídico inicial que él había adoptado en el cual había
considerado que no estaba cumplido el requisito de subsidiariedad. La
absolución no solo se fundamenta en que el juez no violó la ley con la intención
de hacerlo: se fundamenta en que la decisión no puede considerarse constitutiva
de prevaricato porque es una decisión fundamentada, entre otros en los
precedentes del superior funcional del juez que eran vinculantes para este.
27.- En efecto, para la fecha en la que el condenado profirió las sentencias de
tutela <prevaricadoras>> (2011), existía una línea jurisprudencial vertical sólida
por parte del superior jerárquico del demandante: la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cúcuta consideraba procedentes las acciones de tutela que los
trabajadores de Ecopetrol presentaron para que se concediera el reconocimiento
y pago de prestaciones laborales e indemnizaciones contra Ecopetrol, a pesar
de que el requisito de subsidiariedad no se cumplía. Y la víctima directa se limitó
a seguir esa línea fijada por su superior jerárquico.
I.- Entidad imputada
28.- Como la privación de la libertad de Samuel Darío Rodríguez Duarte fue
dispuesta por el juez de conocimiento en la sentencia condenatoria y en vigencia
de la Ley 906 de 2004, el daño causado es imputable únicamente a la Rama
Judicial.
J.- Análisis de la culpa de la víctima
29.- Las autoridades demandadas no acreditaron que la víctima directa hubiera
realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes
para proferir la sentencia condenatoria. Y de las pruebas aportadas al proceso,
la sala tampoco encuentra configurada la culpa exclusiva de la víctima.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
K.- Determinación de los perjuicios y reparación
i) Perjuicios morales
30.- La sala aplicará las reglas jurisprudenciales señaladas en la sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 202111 para la acreditación y cuantificación
de los perjuicios morales debido a que la demanda fue presentada con
posterioridad a ese fallo.
31.- Para el cálculo de los perjuicios morales de la víctima directa se tendrá en
cuenta que estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario entre el 18
de agosto de 2017 y el 9 de octubre de 2019, es decir por un término de dos
(2) años, un (1) mes y veintidós (22) días. En consecuencia, se reconocerá a su
favor una indemnización de 100 SMLMV.
32.- Debido a que los demandantes Rubén Darío Rodríguez Rosales12, Blanca
Nelly Duarte de Rodríguez, Blanca Viviana Rodríguez Cuervo, Silvana Karina,
Diego Andrés y Daniela Pauline Rodríguez Rozo y Dora Beatriz Montes Melo
tienen la condición de padres, hijos y compañera permanente de la víctima
directa, la sala tendrá por acreditado los perjuicios morales con la demostración
de tal calidad, de conformidad con la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 202113. Su parentesco y relación con el demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte se probó así:
32.1.- Con el registro civil de Samuel Darío Rodríguez Duarte se probó que los
demandantes Rubén Darío Rodríguez Duarte y Blanca Nelly Duarte de
Rodríguez14 son sus padres.
32.2.- Con los registros civiles de nacimiento se probó que los demandantes
Viviana Rodríguez Cuervo15, Silvana Karina16, Diego Andrés17 y Daniela Pauline
Rodríguez Rozo 18 son sus hijos.
32.3.- La demandante Dora Beatriz Montes Melo concurrió al proceso en calidad
de compañera permanente de la víctima directa, y la sala le reconocerá esa
calidad. La parte actora aportó dos declaraciones extrajuicio19 privadas,
provenientes de terceros y que son válidas sin necesidad de ratificación alguna,
en los términos del artículo 188 del CGP; en estas se señalaba la existencia de
una relación entre la antes nombrada y el demandante Samuel Darío Rodríguez
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021, expediente 46681.
12 Copia de la cedula de ciudadanía visible a folio 265, c.1.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021, expediente 46681.
14 Archivo en SAMAI poderes – pruebas y anexos – Fl. 3.
15 Archivo en SAMAI poderes – pruebas y anexos – Fl. 9.
16 Archivo en SAMAI poderes – pruebas y anexos – Fl. 11.
17 Archivo en SAMAI poderes – pruebas y anexos – Fl.15.
18 Archivo en SAMAI poderes – pruebas y anexos – Fl. 13.
19 Declaraciones extraprocesales de Dora Beatriz Montes Melo y la víctima directa. Archivo en SAMAI
poderes – pruebas y anexos – Fls. 21-24.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
Duarte desde el 19 de julio de 2012. Así mismo, en las declaraciones rendidas
dentro del proceso de reparación directa, Eddy Avellaneda Duarte, prima de la
víctima directa20, Lady Alexandra Montes Melo21, hermana de Dora Beatriz
Montes Melo y Germán Pérez Carvajal22, amigo de Samuel Darío Rodríguez
Duarte, manifestaron que, al momento de la captura, Dora Beatriz Montes Melo
convivía desde 2012 con el demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte. Por lo
tanto, su calidad se tiene por probada.
33.- En relación con la intensidad de los perjuicios sufridos por Dora Beatriz
Montes Melo, Rubén Darío Rodríguez Rosales, Blanca Nelly Duarte de
Rodríguez, Blanca Viviana Rodríguez Cuervo, Silvana Karina, Diego Andrés y
Daniela Pauline Rodríguez Rozo, los testigos Eddy Avellaneda Duarte, Lady
Alexandra Montes Melo, Germán Pérez Carvajal y Rafael Mantilla Celis hicieron
referencia a que los antes nombrados <<sufrieron mucha angustia>> y se
turnaban para visitarlo en la cárcel. Especialmente, señalaron que Dora Beatriz
Montes Melo <<amanecía cocinando para llevarle la comida a la cárcel>>. Por lo
tanto, el perjuicio moral para estos demandantes se cuantificará para cada uno
en el 50% de la víctima directa, esto es, 50 SMLMV.
34.- En las declaraciones de Germán Pérez Carvajal, Rafael Mantilla Celis y del
demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte se señaló que el señor Rubén Darío
Rodríguez Rosales falleció un mes antes de la audiencia de pruebas. Sin
embargo, no se allegó al proceso su registro civil de defunción. En consecuencia,
los perjuicios morales sufridos por este serán reconocidos a su nombre.
35.- La sala negará la reparación de los perjuicios morales solicitada por los
demandantes Nohora Stella23 y Carmen Natalia Rodríguez Duarte24, y Samuel
Alejandro25 y Hanna Sophia Reis Rodríguez26, quienes comparecieron en calidad
de hermanas y nietos de la víctima directa porque: (i) a estos demandantes no le
es aplicable la presunción de perjuicios morales derivada del parentesco con la
víctima directa; (ii) no acreditaron el dolor causado por la detención de su familiar.
Los testimonios se limitaron a señalar, de forma genérica, que la familia había
sufrido por la detención de la víctima directa y que el demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte les había ayudado con el estudio, sin hacer alusión, de forma
puntual, a la situación de estos demandantes. Adicionalmente, en el reporte de
ingreso y salida de visitas por interno del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta27 se observa que los demandantes antes señalados no
visitaron a la víctima directa durante el tiempo en el que estuvo privado de la
libertad. Esta afirmación se corrobora con el testimonio de Lady Alexandra
Montes Melo, quien indicó que Carmen Natalia Rodríguez Duarte no fue a
visitarlo a la cárcel; (iii) si bien en el testimonio de la doctora Ximena Cárdenas
20 Audiencia de pruebas minuto 10:30 - 27:20.
21 Audiencia de pruebas minuto 29:30 – 55:30.
22 Audiencia de pruebas minuto 1:21:40 – 1:42:20.
23 Archivo de SAMAI “poderes – pruebas y anexos” – fls. 3 y 5.
24 Archivo de SAMAI “poderes – pruebas y anexos” – fls. 3 y 7.
25 Archivo de SAMAI “poderes – pruebas y anexos” – fl. 9 y 17.
26 Archivo de SAMAI “poderes – pruebas y anexos” – fl. 9 y 19.
27 Índice 10 de SAMAI tribunal.
18
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
Acevedo señaló que Samuel Alejandro y Hanna Sophia Reis Rodríguez, nietos
de la víctima directa, se vieron afectados por la privación de la libertad de su
abuelo, lo cierto es que ella atendía a la víctima directa y no fue la profesional
que asistió a sus nietos. En todo caso, en su declaración cuando le preguntaron
por los nietos de la víctima, se limitó a señalar que <<los menores se habían
afectado por la privación de la libertad de su abuelo, dado que él era la figura
paterna para ellos>>28 sin que ella estableciera el contexto en el que los menores
lo señalaron, y si esto se realizó en consulta, pues no se acreditó que fuera la
profesional que los asistía.
ii) Daño al buen nombre
36.- La parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios por afectación a
bienes constitucionalmente y convencionalmente protegidos.
37.- Como lo ha explicado la sala en diversos pronunciamientos, toda privación
injusta de la libertad, sin importar el delito que hubiera sido imputado a la
entonces procesado, trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen
nombre de quien la padeció. Por lo tanto, con fundamento en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014 de esta sección, es procedente ordenar en
estos casos, inclusive de oficio, la adopción de medidas no pecuniarias para la
reparación de este perjuicio29.
38.- Debido a que la privación de la libertad a la que fue sometido el demandante
Samuel Darío Rodríguez Duarte afectó su derecho al buen nombre, la sala
ordenará a la Rama Judicial que expida un comunicado en el que se le ofrezcan
disculpas por el perjuicio causado y se reconozca que no era responsable del
delito que se le imputó. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de
reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, el demandante le
informará a la Rama Judicial, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta
providencia, si dicho documento solamente debe entregársele en físico o si,
además, desea que se publique en la plataforma de comunicación y difusión de
la entidad; a ello se procederá una vez así sea comunicado. De no hacerse
ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta por
que las disculpas se expresen de manera privada en documento físico, por lo
que así se cumplirá inmediatamente.
iii) Daño a la vida de relación
39.- La sala negará la indemnización del daño a la vida de relación solicitado por
los demandantes. La denominación de dicha tipología de perjuicio fue
abandonada a partir de la sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011.
En todo caso, la parte actora solicitó bajo este concepto la indemnización de los
perjuicios causados por <<terribles afectaciones que produce para una persona
28 Continuación audiencia de pruebas SAMAI, Min. 07:30-37:30.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, Radicación
05001-23-25-000-1999-01063-01, expediente 32988.
19
Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
quien se desempeña como Juez de la República y su núcleo familiar cercano la
estigmatización producto de una privación injusta de la libertad, máxime
tratándose de una persona quien goza de la imagen, el prestigio y reputación que
se presume (artículos 155 y siguientes de la Ley 270 de 1996) gozan los
funcionarios judiciales que superan un concurso de méritos y que acceden al
empleo público a través de la carrera administrativa>>. Esto no corresponde a
una afectación distinta a los perjuicios inmateriales previamente reconocidos.
iv) Daño emergente
40.- Por este concepto, la parte actora solicitó en su recurso de apelación lo
siguiente: (i) los gastos en los que incurrió la víctima directa para pagar los
honorarios de los abogados que le brindaron la defensa judicial; (ii) los gastos en
que incurrió dentro del proceso de insolvencia económica para el cese de pagos
de las deudas que tenía el demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte; (iii) el
retiro de sus cesantías para sobrellevar los costos derivados del daño causado y
(iv) los intereses moratorios de ley.
41.- Respecto de la indemnización del pago que tuvo que realizar al abogado
Leonardo Cruz Bolívar por concepto de honorarios profesionales para que
asumiera su defensa en la primera instancia del proceso penal y el pago que tuvo
que realizar por concepto de honorarios profesionales para promover un proceso
de insolvencia ante el Centro de Conciliación e Insolvencia Manos Amigas, la
parte actora aportó:
41.1.- Un escrito del 5 de agosto de 2021, en el que el demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte le solicitó al abogado Leonardo Cruz Bolívar expedir
constancia de pago de cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000) por
concepto de honorarios profesionales causados a su favor dentro de la primera
instancia del proceso penal30.
41.2.- Una certificación expedida por el profesional del derecho Javier Antonio
Rivera Rivera, en la que indicó que el demandante Samuel Darío le canceló la
suma de quince millones de pesos ($15.000.000) por concepto de <<tarifa,
asesoría y servicios profesionales de las audiencias del procedimiento de
insolvencia de la persona natural no comerciante>>.
41.3.- El acta de acuerdo 0000127-20 del trámite de negociación de deudas del
4 de septiembre de 2020 expedida por Javier Antonio Rivera Rivera, operador de
insolvencia31.
42.- La sala negará la reparación de estos perjuicios por gastos de honorarios,
pues si bien en el expediente reposan los elementos probatorios antes aludidos,
lo cierto es que la parte actora no aportó la factura o el documento equivalente
30 Archivo SAMAI “poderes – pruebas y anexos” – fl. 408.
31 poderes – pruebas y anexos” – fl. 753-795.
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
para acreditar los gastos de defensa judicial, de conformidad con los parámetros
señalados en la sentencia de unificación del 18 de julio de 201932.
43.- Para acreditar el perjuicio ocasionado por el retiro de cesantías que el
demandante solicitó para solventar sus gastos mientras estaba privado de la
libertad, la parte actora aportó:
43.1.- Un escrito enviado desde el correo electrónico del demandante Samuel
Darío Rodríguez Duarte al correo electrónico smolina@fna.gov.co el 4 de octubre
de 2021, en el que solicitó al Fondo Nacional del Ahorro una certificación de las
cesantías que le habían consignado desde el 1° de septiembre de 2003 hasta la
fecha de presentación de dicha solicitud33.
43.2.- Certificación expedida por el Fondo Nacional del Ahorro el 4 de octubre de
2021, en el que se comunica el saldo en UVR y pesos de las cesantías del
demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte.
43.3.- El extracto de cuenta individual de los detalles de las cesantías del
demandante Samuel Darío Rodríguez Duarte entre el 18 de febrero de 2004 y el
10 de agosto de 2020, expedido por el Fondo Nacional del Ahorro el 4 de octubre
de 202134.
44.- La sala negará la reparación de este perjuicio porque con las pruebas antes
aludidas no se acreditó que el motivo del retiro de las cesantías haya sido
consecuencia de la privación de la libertad del demandante Samuel Darío
Rodríguez Duarte.
45.- Respecto al argumento de la apelación en el que los demandantes señalaron
que la sentencia recurrida olvidó pronunciarse sobre <<los intereses moratorios
de ley sobre las cantidades que resulten en favor de los citados, desde la fecha
en que deba hacerse el pago hasta aquella en que efectivamente se realice>>,
la sala advierte que el pago de intereses moratorios sobre la condena es un
perjuicio que no fue causado por la parte demandada. En las sentencias
condenatorias no se condena a la entidad a pagar intereses causados antes del
fallo; solo se dispone el pago de intereses, que se generan después de la
ejecutoria de la sentencia35 y que se realizará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 192 y el numeral 4 del artículo 195 del CPACA.
v) Lucro cesante
46.- La sala negará al demandante Rodríguez Duarte los perjuicios derivados de
la suspensión de su cargo de Juez Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta y por
el dinero que dejó de percibir durante el tiempo que tardó en reubicarse
32 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, proceso 2009-
00133-01 (44572).
33 Archivo SAMAI “poderes – pruebas y anexos” – fls. 737-738.
34 Archivo SAMAI “poderes – pruebas y anexos” – fls. 740-752.
35 Consejo de Estado, Subsección B, expediente 11001-03-26-000-2016-00187-00 (58501).
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Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
laboralmente tras recobrar su libertad. Lo anterior, como quiera que estos fueron
causados por el acto administrativo que ordenó su suspensión del cargo. En
consecuencia, el demandante debió solicitar oportunamente la reparación de
estos perjuicios a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en la que se cuestionara la legalidad del acto administrativo que ordenó la
suspensión de su cargo como juez, como efectivamente lo hizo36 y,
adicionalmente, por la negativa de reintegro de la remuneración dejada de
percibir durante ese periodo.
L.- Costas
47.- Dado que el tribunal no condenó en costas en primera instancia 37 y esto no
fue objeto de apelación, la sala confirmará dicha decisión.
48.- Como el recurso de apelación de la Rama Judicial no prosperó, esta entidad
debe ser condena en costas en segunda instancia, las cuales incluyen las
agencias en derecho, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del
CPACA, y serán tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de
acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada del 6 de julio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A,
cuya parte resolutiva quedará así:
<<PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda en lo que respecta a
la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE extracontractualmente responsable a la Nación –
Rama Judicial, por la privación de la libertad que padeció el señor Samuel Darío
Rodríguez Duarte, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
36 El demandante Rodríguez Duarte reconoció en la diligencia de interrogatorio de parte dentro de la
audiencia de pruebas de este proceso de reparación directa que presentó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y se encuentra bajo el radicado 54001-23-33-000-2022-00043-00.
37 <<En el presente caso, no se observa que en el trámite de esta instancia procesal se encuentren causadas
y menos demostradas, expensas por concepto de costas y por ello no habrá condena. Pero respecto a las
denominadas agencias en derecho, teniendo en cuenta lo ordenado por el numeral 3 del artículo 36546 del
C.G.P. y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, se condenará a la parte
demandada NACION - RAMA JUDICIAL al pago de las agencias en derecho a favor de la PARTE
DEMANDANTE, que se fijan en la suma de CATORCE SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (14 SMLMV)>>.
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Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial a indemnizar por
concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:
• Para el señor Samuel Darío Rodríguez Duarte, víctima directa de la privación
injusta de la libertad, la suma de cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 SMLMV) de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para el señor Rubén Darío Rodríguez Duarte, padre de la víctima directa, la
suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV) de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Blanca Nelly Duarte de Rodríguez, madre de la víctima
directa, la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
(50 SMLMV) de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Blanca Viviana Rodríguez Cuervo, hija de la víctima directa,
la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV) de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Silvana Karina Rodríguez Rozo, hija de la víctima directa, la
suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV) de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Daniela Pauline Rodríguez Rozo, hija de la víctima directa, la
suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV) de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para el señor Diego Andrés Rodríguez Rozo, hijo de la víctima directa, la
suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50
SMLMV) de la fecha en que se efectúe el pago.
• Para la señora Dora Beatriz Montes Melo, compañera permanente de la
víctima directa, la suma de cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (50 SMLMV) de la fecha en que se efectúe el pago.
CUARTO: ORDÉNASE al Director Ejecutivo de la Administración Judicial de la
Rama Judicial emitir un comunicado en el cual le ofrezca disculpas a Samuel
Darío Rodríguez Duarte por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la
privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.
QUINTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la Nación — Rama
Judicial, las cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia>>.
SEGUNDO: Las condenas se cumplirán en los términos del artículo 192 y el
numeral 4 del artículo 195 del CPACA.
TERCERO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino
a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.
CUARTO: RECONÓZCASE personería a la abogada Sandra Patricia Lesmes
Cogollos, titular de la tarjeta profesional No. 88.391 del Consejo Superior de la
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Radicado: 25000-23-36-000-2021-00588-01 (70377)
Demandantes: Samuel Darío Rodríguez Duarte y otros
Judicatura, para actuar como apoderada de la Fiscalía General de la Nación,
conforme al poder presentado en el índice No. 22 de SAMAI.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
24
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