Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00621-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2021-00621-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2021-00621-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de diciembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes: 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138)
Actor: LIBERTY SEGUROS SA
Demandado: MUNICIPIO DE SOACHA
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
CONTRACTUALES – DERECHO AL DEBIDO
PROCESO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL
CONTRATO ESTATAL
Síntesis del caso: el municipio de Soacha (Cundinamarca) y el Consorcio Ediviales Soacha
suscribieron un contrato de obra para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado;
Liberty Seguros SA expidió la garantía única del negocio (póliza número 2295023). La entidad
contratante hizo efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo sin citar
a la referida compañía aseguradora quien controvierte en este proceso la legalidad de esa
decisión por violación del debido proceso. El tribunal de primera instancia concedió
parcialmente las súplicas de la demanda. La demandada es apelante única y se confirma la
sentencia de primera instancia.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Soacha
(Cundinamarca) en contra de la sentencia de 19 de marzo de 2025, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección C
resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de las Resoluciones nos. 881 del 15
de julio de 2019 y 1402 del 15 de octubre de 2019 proferidas por el Municipio
de Soacha por violación a la defensa y audiencia de Liberty Seguros S.A.,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento de derecho,
CONDENAR al Municipio de Soacha a RESTITUIR a Liberty Seguros S.A.,
la suma de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE
($738.290.926), de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
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Exp: 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138)
Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
CUARTO: NO CONDENAR en costas.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría
DEVUÉLVASE al interesado sin necesidad de desglose los anexos y el
remanente de la suma que se ordenó para gastos del proceso si la hubiere,
déjese constancia de dicha entrega y ARCHÍVESE el expediente. (fl. 35
sentencia, índice 78 SAMAI tribunal - negrillas y mayúsculas fijas del
original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2021 (acta de reparto, índice 57
SAMAI1), Liberty Seguros SA promovió demanda en ejercicio de la acción de
controversias contractuales en contra del municipio de Soacha (Cundinamarca) con
el fin de obtener las siguientes pretensiones:
“PRIMERA PRINICPAL: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 881
del 15 de julio de 2019 (acto administrativo inicial) y de la Resolución No.
1402 del 09 de septiembre de 2019 (acto administrativo definitivo) que
resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera,
proferidas por el MUNICIPIO DE SOACHA, mediante las cuales hizo
efectiva la Póliza expedida por LIBERTY -en calidad de garante-, con
fundamento en la violación del derecho de audiencia y de defensa.
PRIMERA SUBSIDIARIA: DECLÁRESE la nulidad del artículo segundo de
la Resolución No. 881 del 15 de julio de 2019 (acto administrativo inicial) y
el artículo tercero numeral segundo de la Resolución No. 1402del 09 de
septiembre de 2019 (acto administrativo definitivo), que resolvió el recurso
de reposición interpuesto en contra de la primera, proferidas por el
MUNICIPIO DE SOACHA, mediante las cuales, hizo efectiva la Póliza
expedida por LIBERTY -en calidad de garante-, con fundamento en la
violación del derecho de audiencia y de defensa.
SEGUNDA PRINCIPAL: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 881
del 15 de julio de 2019 (acto administrativo inicial) y de la Resolución No.
1402 del 09 de septiembre de 2019 (acto administrativo definitivo) que
resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera,
proferidas por el MUNICIPIO DE SOACHA, mediante las cuales, hizo
efectiva la Póliza expedida por LIBERTY -en calidad de garante-, por haber
sido proferida en desconocimiento a las normas en que deberían fundarse.
SEGUNDA [SUBSIDIARIA] DECLÁRESE la nulidad del artículo segundo de
la Resolución No. 881 del 15 de julio de 2019 (acto administrativo inicial) y
el artículo tercero numeral segundo de la Resolución No. 1402 del 09 de
1 En el índice 57 SAMAI se incorporó el vínculo a la carpeta digital que contiene las actuaciones
digitalizadas surtidas hasta la remisión del expediente al Consejo de Estado.
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Exp: 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138)
Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
septiembre de 2019 (acto administrativo definitivo), que resolvió el recurso
de reposición interpuesto en contra de la primera, proferidas por el
MUNICIPIO DE SOACHA, mediante las cuales, hizo efectiva la Póliza
expedida por LIBERTY -en calidad de garante, por haber sido proferida en
desconocimiento a las normas en que deberían fundarse.
TERCERA PRINCIPAL: RESTABLÉZCASE el derecho de mi mandante y,
en ese sentido, ORDÉNESE al MUNICIPIO DE SOACHA el reintegro de la
totalidad de las sumas de dinero que pagó LIBERTY, con ocasión a las
Resoluciones demandadas, esto es, la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE
($518.151.441,30), actualizado al momento del reintegro total, suma sobre
la cual deberán calcularse intereses moratorios a la máxima tasa autorizada
por la ley.
CUARTA PRINCIPAL: CONDÉNESE al MUNICIPIO DE SOACHA, como
consecuencia de la anterior declaración, a pagar a favor de LIBERTY,
intereses de mora, a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 de
noviembre de 2019, cuando se dio cumplimiento a la sanción impuesta en
las Resoluciones demandadas y hasta que se realice el pago efectivo de las
condenas impuestas en el presente proceso.
QUINTA: CONDÉNESE en costas y agencias en derecho a la parte
convocada (fls. 5-7 demanda, índice 57 SAMAI – negrillas y mayúsculas
sostenidas originales).
2. Hechos
La demanda se sustentó, en síntesis, en lo siguiente:
1) El municipio de Soacha (Cundinamarca) y el Consorcio Ediviales Soacha
suscribieron el contrato de obra número 774 de 23 de diciembre de 2013 cuyo objeto
fue la construcción de redes de acueducto, alcantarillado y saneamiento en unos
determinados sectores, por valor de $18.387.123.874, con un anticipo del 50%. La
compañía Liberty Seguros SA expidió la garantía única de cumplimiento del referido
negocio, contenida en la póliza número 2295023. El 23 de diciembre de 2015 el
contrato fue cedido al Consorcio Hidrosanitario Soacha.
2) El 6 de febrero de 2019, el municipio de Soacha inició un procedimiento
administrativo en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tendiente a hacer
efectiva la garantía del contrato por la supuesta no inversión del anticipo; sin embargo,
el 19 de marzo de 2019 dio por terminada la actuación “según recomendación de la
Oficina Asesora Jurídica del Municipio, pues el proceso tenía como único objeto
afectar la Póliza expedida por mi mandante en su amparo de buen manejo de la
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Exp: 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138)
Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
anticipo (sic), más (sic) no una declaratoria de incumplimiento.” (fl. 9 demanda, índice
57 SAMAI). Adicionalmente, el municipio inició otros procedimientos “con pretensión
sancionatoria” pero ninguno terminó con afectación de la garantía.
3) El 30 de julio de 2019, Liberty Seguros SA recibió la notificación de la Resolución
número 881 de 15 de julio de 2019 por la cual se hizo efectivo el amparo de buen
manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de $1.095.728.366, pese a que
no adelantó un procedimiento para expedirla ni citó a la aseguradora para tal efecto;
la decisión se fundamentó en un informe técnico rendido por un contratista de la
administración quien no tenía funciones de supervisión del contrato, evidencia esta
que no pudo ser controvertida.
4) La aseguradora interpuso recurso de reposición en contra de la resolución número
881 y fue modificada con la Resolución 1402 de 2019 en el sentido de reducir el valor
impuesto a la suma de $518.151.441,50 valor que la aseguradora pagó el 12 de
noviembre de 2019 mediante abono en cuenta del municipio.
3. Cargos
La pretendida ilegalidad de la declaración de incumplimiento se sustentó en la
supuesta violación del debido proceso por el hecho de haberse impuesto la sanción
sin permitir el ejercicio del derecho de contradicción y defensa, con violación del
artículo 29 Superior y del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 que dispone el
procedimiento a seguir para tal efecto. La empresa aseguradora demandante insistió
en el hecho de que nunca fue informada del inicio de un procedimiento administrativo
en su contrato ni citada a este, tampoco tuvo conocimiento de los hechos en que se
fundamentó ni pudo conocer y controvertir el informe que sirvió de fundamento para
la decisión. También se violó el artículo 83 de la Ley 80 de 1993 porque se
desconocieron las figuras de la supervisión e interventoría del contrato previstas para
realizar el seguimiento técnico de su cumplimiento y ejecución; como el contrato
estaba sujeto a interventoría, la entidad tenía el deber de tener en cuenta el informe
rendido por el interventor para efectos del procedimiento sancionatorio; no obstante,
el informe técnico que se tuvo como prueba se suscribió por un contratista que no era
el supervisor del negocio. La contratación del interventor debía ceñirse al
procedimiento legal so pena de la nulidad absoluta del correspondiente contrato.
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Exp: 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138)
Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
4. La sentencia apelada
El 19 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y condenó al municipio de Soacha a restituirle a la demandante el valor pagado con
base en aquellos ($518.151.441), actualizado con el IPC desde la fecha del pago
(diciembre de 2019) hasta la época del fallo de primera instancia (marzo de 2025),
para un total de $738.290.926 y negó el reconocimiento de intereses moratorios,
decisión que sustentó de la siguiente manera:
1) A pesar de que el contrato estatal de obra fue liquidado unilateralmente mediante
la Resolución número 774 de 2013, esta no fue notificada a la aseguradora por lo cual
“no le era exigible a la demandante atacar la legalidad de dicho acto administrativo
que finiquitó la relación contractual entre los contrayentes e incluyó la efectividad de
la póliza de garantía en el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo”
(fl. 21 sentencia de primera instancia, índice 47 SAMAI).
2) No todas las facultades unilaterales otorgadas a la administración tienen naturaleza
sancionatoria. La declaración de caducidad, la imposición de multas y la efectividad
de la cláusula penal pecuniaria sí tienen dicha connotación; sin embargo, la efectividad
de las garantías no conlleva per se una sanción, pero, el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011 es aplicable a la declaración de incumplimiento cuya consecuencia es la
declaración de la efectividad de la garantía.
3) Así, aunque el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 permite hacer efectivas las
garantías del contrato con la sola notificación al asegurador del acto administrativo
que declare el siniestro, “lo procedente será interpretar que a) corresponde a las
entidades públicas adelantar el procedimiento administrativo previsto en el artículo 86
de la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, declarar la
ocurrencia del siniestro y hacer efectivas las pólizas del contrato, b) cuando las
garantías refieran el contrato de seguro, será necesario citar a la aseguradora y
garantizar el debido proceso previo (Art. 86 de la Ley 1474 de 2011) y c) cuando las
garantías no refieran la constitución de pólizas de seguro (sino garantías bancarias,
fiducias en garantía y las demás permitidas por la ley), no será necesario citar al
asegurador al respectivo proceso, sino que bastará con que se notifique el acto
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Exp: 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138)
Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
administrativo, el cual podrá ser atacado en sede administrativa ante la jurisdicción
contencioso administrativa judicial (Art. 7° de la Ley 1150 de 2007)” (fl. 28 sentencia
de primera instancia, índice 47 SAMAI).
4) En consecuencia, como el municipio de Soacha no adelantó el procedimiento
administrativo previsto en la ley en forma previa a la expedición de los actos
demandados ni le permitió ejercer el derecho de contradicción y defensa, los actos
que hicieron efectiva la garantía son nulos y, por ello, la entidad territorial debe
reintegrar, indexados, los valores que Liberty Seguros SA probó haber pagado como
indemnización por tal concepto. Los intereses moratorios son incompatibles con la
indexación y por ende no se reconocen.
5) No hay lugar a condena en costas, “pues pedirle al demandante que solo acuda al
juez si tiene la plena certeza de ganar el proceso o a la parte demandada que se allane
a la demanda es atentar contra el derecho fundamental al juez natural para que le
defina, de manera definitiva, sus derechos. Si no fuera de esta manera, ¿qué sentido
tendría que todo ciudadano tenga derecho a participar en los asuntos que le afectan
si ni siquiera puede de manera espontánea acudir a su juez natural? (Art. 2 y 95 C.P.).
Para el caso concreto, la Sala no condenará en costas a la parte vencida porque no
existe prueba que la justifique.” (fl. 30 sentencia de primera instancia, índice 47
SAMAI).
5. El recurso de apelación
En la oportunidad legal prevista para tal efecto, el municipio de Soacha apeló con el
fin de que se revoque la sentencia y, en su lugar, se denieguen las súplicas de la
demanda (índice 50 SAMAI); los motivos de inconformidad con la decisión de primera
instancia son los siguientes:
1) La sentencia incurre en yerro por el hecho de concluir que el procedimiento del
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 era obligatorio para que el municipio de Soacha
pudiera hacer efectiva la garantía del contrato y afectar el amparo de buena manejo y
correcta inversión del anticipo; ese procedimiento solo es aplicable a las actuaciones
de naturaleza sancionatoria, pero no para el ejercicio de una prerrogativa contractual
unilateral. Como sustento de este argumento citó la sentencia de la Sección Tercera
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Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
del Consejo de Estado proferida el 27 de marzo de 2014, expediente 2001-02301, MP
Danilo Rojas Betancourth.
2) Los actos demandados no tenían efectos punitivos, sino que, conllevaron una
decisión declarativa, que solo imponía el deber de motivar, pero no de adelantar un
procedimiento previo.
3) La aseguradora fue notificada formalmente del acto que hizo efectiva la garantía y
producto de ello, pudo ejercer su derecho de contradicción y defensa. El recurso
interpuesto fue rechazado por ser inadmisible porque el apoderado que dijo actuar en
nombre de Liberty Seguros SA no presentó poder conferido en legal forma; esta
situación fue producto del error exclusivo de la demandante y no puede trasladarse,
válidamente, a la demandada.
4) Liberty Seguros SA no probó cuáles fueron los medios de defensa de los que se le
privó ni demostró que de haberse adelantado una audiencia ella habría conducido a
variar el contenido de los actos administrativos demandados; “no puede presumirse la
configuración de una vulneración sustancial del derecho de defensa cuando no existe
una afectación real, directa y demostrable de sus garantías procesales” (fl. 4 recurso
de apelación, índice 50 SAMAI).
5) No toda irregularidad formal del procedimiento comporta la nulidad y en este caso
el administrado pudo conocer los fundamentos del acto administrativo y controvertirlo.
6) El informe técnico que sustentó los actos demandados fue elaborado por un
profesional vinculado contractualmente a la entidad como apoyo a la supervisión y la
decisión demandada no se fundó en apreciaciones arbitrarias sino en hechos
verificables y objetivos. El contratista aceptó las actas parciales de obra que dan
cuenta del uso dado al anticipo.
7) “El fallo apelado incurre en un falso juicio de valoración probatoria, al exigir
requisitos que no corresponden al régimen jurídico aplicable a la supervisión directa,
y al descalificar una prueba técnica sin fundamento normativo ni sustento material.
Este error afecta la validez del juicio de nulidad y compromete el respeto al principio
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Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
de autonomía de la Administración en la gestión contractual.” (fl. 5 recurso de
apelación, índice 50 SAMAI).
8) “El fallo apelado parte de la premisa incorrecta según la cual, una vez iniciado el
procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la administración
queda obligada a culminarlo indefectiblemente mediante audiencia pública, sin
posibilidad de reconsiderar su necesidad o finalidad. Esta interpretación restringe de
forma inaceptable el margen de apreciación y de decisión de la entidad pública, y
desconoce la naturaleza finalista y no sacramental del procedimiento administrativo.
En el caso concreto, el Municipio de Soacha inició de forma preventiva el trámite del
artículo 86, convocando a los interesados en los términos reglamentarios. Sin
embargo, al analizar jurídicamente la situación, con base en concepto emitido por su
Oficina Asesora Jurídica, concluyó que la decisión de hacer efectiva la garantía no
constituía una sanción ni implicaba la declaración de incumplimiento del contratista,
sino el ejercicio de una facultad legal autónoma prevista en el clausulado contractual
y en la ley. En consecuencia, resolvió terminar el procedimiento y continuar mediante
acto administrativo directo, lo cual se encuentra plenamente justificado en el
expediente.” (fl. 6 recurso de apelación, índice 50 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Surtido el trámite procesal, sin que se advierta nulidad que lo invalide 2, la Sala decide
el recurso de apelación formulado la parte demandada, quien funge como única
apelante, con el siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, (ii) la garantía del debido proceso y su desconocimiento en el caso concreto
y, (iii) costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La empresa Liberty Seguros SA en la condición de aseguradora de un contrato estatal
pretendió la declaración de nulidad de los actos administrativos por medio de los
cuales el municipio de Soacha hizo efectiva la garantía única de un contrato estatal y
2 En forma previa a analizar el fondo del asunto se verifica que no operó la caducidad del medio de
control jurisdiccional promovido con las demandas, toda vez que fueron presentadas antes de que
transcurrieran los dos (2) años posteriores a la liquidación unilateral del contrato y, por ende, fueron
oportunas.
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Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
afectó el amparo de anticipo, por estimar que se le vulneró el debido proceso porque
no se adelantó un procedimiento previo en el cual hubiera podido ejercer las garantías
de contradicción y defensa; también cuestionó que no pudo controvertir el informe de
incumplimiento en el cual se sustentó la decisión y que este fue irregularmente
adoptado por un contratista de la administración municipal que no era el interventor ni
el supervisor del contrato. Como consecuencia de la nulidad pidió el reintegro de las
sumas pagadas por concepto de indemnización del siniestro indebidamente
declarado, la indexación e intereses de mora.
El tribunal de primera instancia accedió a las súplicas de la demanda por estimar que,
a pesar de que la efectividad de la garantía del contrato no constituye una sanción,
debió adelantarse el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
en forma previa a su imposición; a título de restablecimiento del derecho ordenó la
devolución de la indemnización pagada por la aseguradora, indexada con el IPC y
negó los intereses de mora por estimarlos incompatibles con la actualización
reconocida.
El municipio de Soacha es apelante único, sostiene que el tribunal erró por considerar
que la efectividad del siniestro imponía la realización de una audiencia previa a pesar
de que no se impuso sanción; agregó que la aseguradora fue notificada de la decisión
y pudo controvertirla, que no acreditó que de haberse citado a audiencia el resultado
de la actuación habría sido distinto, que la decisión se fundó en hechos verificables
no desvirtuados, la presentación extemporánea del recurso en contra de esta es
imputable a ella y no a la administración, el informe de incumplimiento fue elaborado
por un contratista asignado a apoyar la supervisión de los contratos de la entidad, no
podían exigirse requisitos no previstos en la ley para admitir dicha evidencia y no había
fundamento para sostener que el procedimiento iniciado en forma previa a la decisión
demandada debió concluir indefectiblemente con un acto administrativo definitivo.
La Sala confirma la sentencia apelada, porque se violó el debido proceso de la garante
del contrato por el hecho de que la decisión demandada fue adoptada de plano, sin
previa audiencia del afectado y sin la posibilidad de agotar el procedimiento expresa
e inequívocamente previsto por el legislador para estos eventos. Los demás
argumentos de apelación no controvierten aspectos que fuesen objeto de decisión en
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Actor: Liberty Seguros SA
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la sentencia de primera instancia; pese a que sí fueron planteados cargos en la
demanda en dicho sentido, la parte accionante no apeló con el fin de insistir en ellos.
2. La garantía del debido proceso y su desconocimiento en el caso concreto
1) El artículo 29 de la Constitución dispone que el debido proceso es aplicable a todas
las actuaciones judiciales y administrativas, su respeto comporta la aplicación de las
formas propias de cada procedimiento y el derecho de audiencia y de defensa de los
involucrados, por lo cual no es cierto que solo sea aplicable cuando el Estado ejerce
una facultad sancionadora o punitiva; en materia de contratación estatal el artículo 17
de la Ley 1150 de 2007 dispone lo siguiente respecto del procedimiento para declarar
el siniestro de incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria:
“ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido
proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de
control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el
objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta
decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá
tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido
proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la
ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán
declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la
cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.
PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán
efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el
efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas
adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para
obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se
entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal
pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la
expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las
partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para
imponerlas y hacerlas efectivas.” (resalta la Sala).
2) Contrario a lo que estima el apelante, esa consagración expresa de la garantía del
debido proceso en casos de declaración de incumplimiento previa a la imposición de
la cláusula penal del contrato y de multas no constituye negación de su aplicación a
otras actuaciones administrativas contractuales ni de dicha garantía a las
aseguradoras del cumplimiento de los contratos estatales. Aunque en algunos
antecedentes jurisprudenciales se ha sostenido la necesidad de diferenciar entre las
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Actor: Liberty Seguros SA
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actuaciones que conllevan un carácter sancionatorio de aquellas puramente
administrativas encaminadas a hacer efectiva la garantía del contrato 3 y el hecho de
que la exigibilidad del amparo de buen manejo del anticipo no conlleva
necesariamente la declaración de incumplimiento contractual, la Sala se aparta de
esas conclusiones; por el contrario, estima que la disposición del artículo 7 de la Ley
1150 de 2007 según la cual “el acaecimiento del siniestro que amparan las garantías
será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la
notificación del acto administrativo que así lo declare” no es habilitación legal para
hacer efectiva la garantía del contrato sin que la aseguradora pueda y deba ser
previamente oída y se le permita controvertir las pruebas y presentar las que estime
pertinentes para la defensa de sus intereses.
3) El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 despejó cualquier duda en relación con la
aplicación del debido proceso en favor de la aseguradora del cumplimiento del
contrato estatal cuando se profieren decisiones que involucren al asegurador del
contrato porque, en forma inequívoca, hizo extensiva la obligación de citarla a un
procedimiento reglado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo,
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo
ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos
que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión
en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista
en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado,
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará
las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto
3 Crf. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 5 de julio de 2018, exp. 52.495,
MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Exp: 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138)
Actor: Liberty Seguros SA
Controversias contractuales
seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne
lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en
dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no
de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así
proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá,
sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se
entenderá notificada en la misma audiencia;
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad
o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición
de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas
que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se
señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por
terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene
conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.” (negrillas
adicionales).
4) No puede perderse de vista la naturaleza de la garantía expedidas en favor de las
entidades estatales, que corresponde a un seguro de cumplimiento en el cual la
aseguradora afianza la ejecución de las obligaciones del contratista de la
administración; de este modo, la efectividad de la póliza comporta, en forma
inescindible, un pronunciamiento sobre la debida ejecución de las obligaciones
afianzadas y, por lo tanto, no puede adoptarse de plano, a espaldas del tomador y de
su garante.
5) En esa línea de argumentación, a juicio de la Sala, la efectividad de la garantía
única de cumplimento del contrato estatal lleva ínsita la declaración de incumplimiento
con el fin de configurar el siniestro que sustenta cada uno de los amparos otorgados,
todos ellos ligados con la ejecución de las obligaciones derivadas del negocio. En ese
contexto, no es admisible estimar que se trata de una simple decisión declarativa de
la efectividad del seguro que puede adoptarse de plano, interpretación contraria a la
Constitución y a la ley.
6) Por consiguiente, el ejercicio del derecho fundamental del debido proceso comporta
la posibilidad de presentar argumentos, conocer y controvertir los cargos y pruebas
que se aducen en contra del administrado y solicitar las práctica de aquellas que se
consideren necesarias para la defensa de los propios intereses, lo cual descarta la
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Actor: Liberty Seguros SA
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posibilidad de que la decisión sobre la efectividad de la garantía que, se insiste, lleva
ínsito un pronunciamiento sobre la inejecución de lo pactado en el contrato, sea
declarada de plano, pues el contratista tiene la obligación contractual de correcto y
buen manejo del anticipo y esta es justamente la que se declara incumplida para
afectar el amparo correspondiente.
7) En este caso, la violación del debido proceso tiene la entidad suficiente para derruir
la presunción de legalidad del acto administrativo y el administrado no tenía la carga
de demostrar que habría podido obtener un resultado diferente en la actuación -como
lo pretende la apelante-, cuando fue precisamente la administración quien lo privo de
la posibilidad de defenderse e imposibilitó conocer el resultado de un debate jurídico
y probatorio acorde con el procedimiento legal previsto para tal efecto. Por tal motivo,
la sola notificación de la decisión y la posibilidad de presentar recursos en su contra
no basta para entender garantizado el debido proceso porque se desconoció el
procedimiento reglado para la adoptación de la decisión y la sujeción a este hace
parte del núcleo de la garantía violada.
8) Para efecto del caso concreto basta analizar el contenido de la Resolución 881 de
15 de julio de 2019 (índice 57 SAMAI archivo resolución 881) que se demanda para
concluir, en forma inequívoca, que esta comporta una declaración de incumplimiento
de las obligaciones del contratista de las obligaciones relacionadas con el manejo del
anticipo por el hecho de estimar que no se invirtió, conclusión que se sustentó en un
informe de incumplimiento que la aseguradora demandante no tuvo la oportunidad de
controvertir. En la Resolución 102 de 15 de octubre de 2019 (ibidem, archivo
resolución 1402) se rechazó de plano el recurso de reposición interpuesto por la
aseguradora por insuficiencia del poder conferido al apoderado que dijo obrar en
nombre de Liberty Seguros SA; sin embargo, se mantuvo la decisión de
incumplimiento en el manejo del anticipo por no inversión cuando se resolvió el
recurso del contratista y se redujo el valor por el cual se hizo efectivo el amparo
producto de un descuento que se realizó a este último por la suma de $577.576.925.
9) De otra parte, los demás argumentos del recurso relacionados con la indebida
representación de Liberty Seguros SA al momento de recurrir la Resolución 881 de
2019, la valoración del informe de incumplimiento en el que se fundó y de la supuesta
obligación de terminar los procedimientos administrativos iniciados antes de la
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Actor: Liberty Seguros SA
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expedición de las resoluciones demandadas no fueron objeto de análisis por el
tribunal y, por lo tanto, no hay lugar a pronunciarse sobre los reparos relacionados
con estos ni a revisar aspectos en favor de quien no recurrió.
10) En consecuencia, se debe actualizar el valor de la condena de primera instancia
con las series de empalme del IPC, desde el mes siguiente al que tuvo en cuenta el
tribunal de primera instancia, hasta el último conocido en la fecha de esta sentencia,
así:
Fórmula = VA = VH *if/if
VH = $738.290.926
Índice inicial: = 149,66 (abril de 2025)
Índice final: = 151,76 (octubre de 2025)
VA = $748.650.480.
Esta actualización corresponde a la obligación de mantener el valor de las sumas
ordenadas en el fallo de primera instancia, esto es, se trata del mismo valor traído a
precios del presente, por lo cual ello no constituye reforma en contra del único
apelante.
3. Costas
El tribunal de primera instancia se abstuvo de imponer condena en costas, decisión
que no fue recurrida por la demandante afectada con esta y, por ende, se mantiene;
por su parte, se condenará en costas de segunda instancia al municipio de Soacha
cuyo recurso no prosperó, en los términos del numeral 1 del artículo 365 del CGP. En
aplicación de lo dispuesto en el artículo 366 ibidem estas se tasarán por el tribunal de
primera instancia, incluido el valor de las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Actor: Liberty Seguros SA
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FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de 19 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección C.
2°) Actualízase el valor de la condena en la forma indicada en la parte motiva, por lo
cual queda en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
($748.650.480).
3°) Condénase en costas de segunda instancia al municipio de Soacha en favor de
Liberty Seguros SA. Tásense en el tribunal de primera instancia.
4°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas
las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Presidente de la Subsección B
(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Ponente
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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