Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2022-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisdiccional: requisitos para la configuración de título de imputación: trascendencia, suficiencia y debida
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2022-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2022-00010-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: ABRAHÁN CUÉLLAR CABRERA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011
Temas: REPARACIÓN DIRECTA - Daños causados por la Administración de Justicia / ERROR
JURISDICCIONAL - Requisitos para la configuración de título de imputación: trascendencia, suficiencia y debida
argumentación respecto de la decisión cuestionada / PRESUNCIÓN DE ACIERTO DE LAS PROVIDENCIAS
JUDICIALES - Los reproches deben apuntar a la decisión demandada y no contra determinaciones anteriores
ejecutoriadas.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia anticipada del 21 de junio de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
2. Se confirmará la providencia de primera instancia. El auto enjuiciado no incurrió
en error judicial. Se limitó a aplicar decisiones ejecutoriadas del proceso ejecutivo
laboral sobre la imposibilidad del reintegro, la improcedencia de los perjuicios
compensatorios y el período liquidable de las acreencias laborales. Además, el
recurrente no presenta una sólida y fundamentada argumentación de los cargos
para sostener que se modificó el contenido del título ni el sujeto obligado a cumplirlo.
ANTECEDENTES
Demanda
3. El 18 de enero de 20221, el señor Abrahán Cuéllar Cabrera presentó demanda
de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial para que se le indemnicen
los perjuicios causados por el error judicial contenido en el auto del 26 de febrero
de 2020, dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, dentro del proceso ejecutivo laboral con radicado 2009-00851-002.
4. Solicitó el reconocimiento y pago de: (i) $514.424.779 por salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir entre el 15 de septiembre de 2009 y mayo3 de 2020; (ii)
$514.424.779 por la pérdida de la oportunidad de reintegro y (iii) $703.739.835 por
la imposibilidad de obtener la pensión de jubilación, más indexación e intereses
moratorios4.
1 Archivo 2 del expediente digitalizado del Tribunal.
2 “PRIMERA: DECLARAR que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL es administrativamente responsable por los daños
antijurídicos ocasionados (…) por ERROR JURISDICCIONAL, por parte del TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA LABORAL en que incurrió en el auto del 26 de febrero de 2020
proferido dentro del trámite del proceso ejecutivo laboral (…) Rad. 11001310500920090085100, ejecución de
sentencia del 19 de noviembre de 2010 del mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la que
se condenó al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (…)”.
3 No precisó el día.
4 “SEGUNDA: A TÍTULO DE REPARACIÓN: El valor de las condenas ordenadas por el Tribunal Superior del
Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
Hechos
5. La parte actora narró los siguientes hechos:
6. En diciembre de 20095, el señor Abrahán Cuéllar Cabrera promovió demanda
especial de reintegro por fuero sindical contra la E.S.E. Policarpa Salavarrieta, en
liquidación.
7. En sentencia del 30 de abril de 2010, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de
Bogotá “absolvió” a la entidad demandada, decisión que revocó el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el 19 de noviembre de ese año. En consecuencia,
ordenó al Ministerio de la Protección Social6 reintegrarlo al cargo de odontólogo, así
como reconocer y pagar los emolumentos laborales dejados de percibir desde el
despido hasta la materialización de tal orden.
8. El actor radicó demanda ejecutiva para obtener el cumplimiento de esa sentencia
y, en auto del 17 de mayo de 2011, el Juzgado libró mandamiento de pago: (i)
dispuso el reintegro; y (ii) el pago de las acreencias reconocidas. Precisó que, de
no cumplirse la obligación inicial, se pagaran los perjuicios compensatorios.
9. El 21 de agosto de 2014, al resolver la objeción de la ejecutada al juramento
estimatorio del accionante, el Juzgado declaró extinguido ese concepto y continuó
con el trámite de las demás condenas, decisión que confirmó el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el 18 de junio de 2015.
10. El 13 de octubre de 2015, el señor Abrahán Cuéllar Cabrera presentó liquidación
del crédito, mientras que la entidad ejecutada guardó silencio. En auto del del 11 de
mayo de 2016, el Juzgado la modificó para ajustarla a las condenas impuestas y la
aprobó por $212.658.472, derivados de salarios, prestaciones y costas.
11. El ejecutante la apeló lo anterior y, en providencia del 16 de enero de 2017, el
Tribunal la confirmó.
12. El 9 de noviembre de 2018, el Juzgado declaró no probadas las excepciones
alegadas. La ejecutada pidió la terminación del proceso por pago total de la deuda.
Para ello, aportó una consignación por $147.166.578.
13. El ejecutante allegó nueva liquidación del crédito y, en auto del 12 de febrero de
2019, el Juzgado la modificó de oficio, para un total de $319.365.397, lo que fue
Distrito Judicial de Bogotá (…) en la sentencia del 19 de noviembre de 2010, más el daño material y moral
ocasionados por su incumplimiento.
A) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: desde la fecha del despido del demandante, 15 de septiembre
de 2009 y hasta mayo de 2020, fecha para el cual del demandante cumplió los 62 años para pensión de vejez,
la suma de $514.424.779, la que deberá pagarse debidamente indexada.
B) PÉRDIDA DEL DERECHO AL REINTEGRO: Conforme la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (Caso 13922, Informe de admisibilidad 55/20 del 26 de febrero de 2020) y los parámetros
establecidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (AL-1231-2020, Rad. 83257), que calculamos
en una suma igual a los salarios y prestaciones dejados de percibir: $514.424.779, la que deberá pagarse
debidamente indexada.
C) PÉRDIDA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN: El demandante perdió el derecho a obtener una pensión de
jubilación por no haberse hecha efectiva la condena de pago de cotizaciones a la seguridad social de más de
once años, cuantificamos esta pretensión en la suma de $703.739.835 (valor pensión de veinte años, por 13
mesadas anuales y el 85% del salario de abril de 2020), la que deberá pagarse con los correspondientes intereses
moratorios”.
5 No se indica el día.
6 Para la fecha esa era su denominación y tuvo a cargo las obligaciones de la E.S.E. liquidada. Hoy Ministerio
de Salud y Protección Social.
2
Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
cuestionado por ambas partes a través de recursos de reposición y apelación.
14. El ejecutante solicitó el reintegro ordenado, la indexación de las obligaciones y
la inclusión de la prima de navidad. En cambio, el Ministerio insistió en revocar el
auto por pago de la deuda.
15. El Juzgado repuso parcialmente la decisión anterior, para incluir “la prima de
navidad en la liquidación” y descontar el monto pagado por la ejecutada. A su vez,
concedió las apelaciones.
16. A través de providencia del 7 de mayo de 2019, el Tribunal declaró la nulidad
del auto anterior y dispuso estarse a lo resuelto en la decisión del 16 de enero de
2017.
17. El 26 de junio siguiente, el Juzgado ordenó la entrega del título judicial a favor
del señor Cuéllar Cabrera y avanzó con la ejecución con fundamento en que “con
lo pagado no quedaba cumplida la totalidad de la obligación y por tanto no se puede
dar por terminado el proceso y se ordena pagar las cotizaciones a pensión”7.
18. El ejecutante instauró acción de tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá,
“por proferir el auto del 7 de mayo de 2019” y, en sentencia del 29 de septiembre de
2019, la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo y ordenó al accionado
resolver de fondo las apelaciones.
19. Por auto del 26 de febrero de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá “mantuvo el
incumplimiento” de la orden de reintegro, pago de salarios, prestaciones sociales y
costas, e incluso condenó al ejecutante a devolver “una cuantiosa suma de dinero”8.
20. Inconforme, el señor Abrahán Cuéllar Cabrera promovió incidente de desacato,
pero no prosperó. Por eso formuló una nueva acción de tutela que la Corte Suprema
de Justicia negó.
21. En criterio del demandante, el auto del 26 de febrero de 2020 constituye error
jurisdiccional porque9:
(i) No acató la orden de reintegro ni sus consecuencias económicas, pese a
que nunca se demostró la imposibilidad de ejecutarla10.
7 Hecho 21 de la demanda.
8 Esto graficó:
Auxilio cesantías $37.980.644
Intereses sobre las cesantías $3.163.382
Prima de servicios $278.957
Vacaciones $3.163.382
Prima de vacaciones $1.581.681
Prima de navidad $3.163.382
Menos indemnización por despido sin justa causa $3.163.382
Menos el título judicial pagado el 25 de julio de 2016 -$65.491.894
Total liquidación -$147.166.578
-$160.184.041
9 Citó los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13,25, 39, 53, 55, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; 140 del CPACA;
405, 406, 407, 408, 410 del Código Sustantivo del Trabajo; y 8, 16, 25 y 26 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
10 “Sobre el Reintegro del demandante si bien podría ser física y jurídicamente imposible su cumplimiento, no
demostrada en el expediente, por ley, equidad y justicia se debió haber buscado una solución al incumplimiento
de ese derecho fundamental, adquirido e irrenunciable que tiene el demandante de que se cumpla la sentencia
judicial que lo protege; podría ser, además de los salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad
social, los perjuicios compensatorios pedidos en la demanda ejecutiva. La imposibilidad física y jurídica del
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Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
(ii) Vulneró la cosa juzgada de la sentencia del 19 de noviembre de 2010 al
restringir los efectos de la condena en la liquidación de las acreencias
reconocidas y ordenarle la devolución de $160.184.041, decisión que era
ajustada a derecho11.
(iii) Vinculó a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta (liquidada) para que cubriera
las obligaciones declaradas, aunque no fue parte del proceso ejecutivo y
el Ministerio de la Protección Social era quien debía asumirlas12.
Contestación de la demanda13
22. La Rama Judicial dijo que el demandante pretende reabrir asuntos decididos
íntegramente por el juez natural y utilizar la demanda de reparación solo para
obtener una solución más favorable a sus intereses.
23. A su modo de ver, el Tribunal Superior de Bogotá actuó en el marco de sus
competencias cuando definió el alcance de las obligaciones discutidas y liquidó el
crédito, por lo que la decisión enjuiciada no fue arbitraria, sino el resultado de un
análisis razonado de las pruebas y las normas aplicables al caso.
24. Propuso las excepciones de: (i) ausencia de causa para demandar; (ii) “no
estructuración de un daño antijurídico”; y (iii) la innominada14.
Sentencia de primera instancia15
25. El 21 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones porque no se configuró un error judicial en el auto del 26 de febrero de
202016.
26. Aunque en la última providencia se revocó la decisión del Juzgado Noveno
Laboral del Circuito de Bogotá sobre la liquidación del crédito, la conclusión se
adoptó con base en las pruebas obrantes en el expediente, en las providencias
ejecutoriadas dictadas con anterioridad y en las normas sobre la materia.
27. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá constató
que se liquidaron salarios y prestaciones sociales hasta 2019, a pesar de que ya se
reintegro debe ser demostrada, no se puede suponer o compararla con otra entidad”.
11 “La sentencia ordinaria laboral por estar debidamente ejecutoriadas hace tránsito a cosa juzgada y es
inmodificable por lo que el juez ejecutivo no puede apartarse del título para incluir órdenes que este no contiene,
en tanto su análisis se debe limitar a verificar que el título ejecutivo reúna las condiciones legales y necesarias
para ser considerado como tal (…) se negó a darle eficacia real y material a una decisión judicial, la cambió
radical y sustancialmente, tanto que cambiaron de entidad demandada, de entidad encargada de cumplir con
el reintegro y el pago de salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad social e indemnizaciones.
Y para el colmo del abuso judicial (…) condenaron al trabajador a devolverle a su ex empleador una
multimillonaria cantidad de dinero por haberse atrevido a pensar y actuar”.
12 Sostuvo: “Al establecer que quien deberá cumplir la orden de reintegro del demandante es la Nación Ministerio
de la Protección Social; la entidad obligada y condenada era el Ministerio de la Protección Social, entidad que
no ha sido liquidada. En esta providencia del 26 de febrero de 2020, los magistrados del Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Laboral para desconocer la sentencia del 19 de noviembre de 2010, cambiaron de entidad
condenada, ignoraron que la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta no era parte del proceso porque
así lo había decidido diez años antes una sentencia judicial”.
13 El 24 de agosto de 2022, el Tribunal inadmitió la demanda por imprecisiones frente a la identidad de la
demandada y porque no se aportaron los anexos para el traslado. Como esto se cumplió, el 26 de septiembre
de 2023 se admitió (archivos 5, 8 y 10 del expediente digital del Tribunal).
14 Archivo 21 del expediente digital del Tribunal.
15 El 29 de febrero de 2024, el Tribunal indicó que no existían excepciones previas por resolver ni pruebas por
recaudar, por tal motivo, dictaría sentencia anticipada, previa fijación del litigio y disposición del término a las
partes para alegar de conclusión por escrito (Archivo 33 del expediente digital del Tribunal).
16 Archivo 40 del expediente digital del Tribunal.
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Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
había establecido que la relación laboral del señor Abrahán Cuéllar Cabrera con la
extinta E.S.E. Policarpa Salavarrieta finalizó el 25 de mayo de 2011. Igualmente,
que la obligación estaba saldada cuando se le entregó un título judicial por
$147.166.578, de ahí que conminara al Ministerio a recuperar los valores pagados
en exceso.
28. También precisó que no había lugar a incluir perjuicios compensatorios en la
liquidación, pues ese aspecto se resolvió en el auto del 21 de agosto de 2014,
confirmado por ese Tribunal el 18 de junio de 2015. En esas decisiones se declaró
extinguida la ejecución por ese concepto. Además, no era posible indexar los
emolumentos laborales, pues la sentencia ejecutada no dio esa orden.
29. Entonces, la providencia cuestionada obedeció a valoraciones razonadas y no
causó un daño susceptible de reparación a cargo de la Rama Judicial.
30. Condenó en costas a la parte vencida y, a título de agencias en derecho, fijó el
0.5% de lo pedido en la demanda17.
Recurso de apelación de la parte actora
31. Pidió que se revoque la sentencia de primera instancia por estas razones18:
32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solo replicó los fundamentos del
auto del 26 de febrero de 2020, sin estudiar que la sentencia del 19 de noviembre
de 2010 ordenó el reintegro del trabajador y el pago de las acreencias laborales
causadas hasta su materialización. No tuvo en cuenta que la imposibilidad de la
reincorporación se declaró indebidamente durante el trámite ejecutivo, circunstancia
que condujo a desconocer las consecuencias económicas de la condena.
33. Tampoco examinó si la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá respetó el alcance de la providencia que servía de título ejecutivo. Desde
su perspectiva, esa decisión restringió los efectos de las obligaciones declaradas,
vulneró la cosa juzgada y justificó la restitución de sumas recibidas durante la
ejecución, aunque estas provenían del cumplimiento de la sentencia ordinaria.
34. No resolvió lo referente a que el auto cuestionado “ignor[ó] que la ESE Policarpa
Salavarrieta no era parte del proceso” y el Ministerio de la Protección Social era el
obligado al pago.
Trámite en segunda instancia
35. El 25 de noviembre de 2024, esta Corporación admitió la apelación 19. Los
sujetos procesales no intervinieron.
CONSIDERACIONES
36. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia porque no se configura causal de nulidad que invalide lo
17 Sin establecer un monto particular.
18 Archivo 41 del expediente digital del Tribunal.
19 Archivo 3 del expediente digital del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
actuado y se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción20, competencia21,
conciliación prejudicial22, caducidad23 y legitimación24.
Alcance de la apelación
37. La competencia para pronunciarse como juez de segunda instancia no es plena:
está limitada por las referencias conceptuales y argumentativas del recurso contra
la decisión impugnada25.
38. El Tribunal de instancia sostuvo que no existía error jurisdiccional en el auto del
26 de febrero de 2020, en vista de que fue expedido con fundamento en los medios
de convicción disponibles, las decisiones ejecutoriadas y las normas aplicables.
39. El demandante alega que esa autoridad pasó por alto que el Tribunal Superior
de Bogotá desconoció las órdenes impartidas en la sentencia del 19 de noviembre
de 2010; vulneró la cosa juzgada al restringir el alcance económico de la condena;
y no revisó que se modificó indebidamente la entidad obligada a cumplirla.
40. Los dos primeros reparos se relacionan con lo examinado por el juez de primera
instancia y, por tanto, serán objeto de revisión. El tercero, aunque no fue
desarrollado expresamente en la sentencia apelada, integró la imputación de la
demanda y fue controvertido en esta instancia. La Sala lo resolverá en aplicación
del principio de congruencia de los artículos 187 del CPACA26 y 281 del CGP27, y
por el deber de complementar la sentencia del inferior previsto en el artículo 287 del
último estatuto24 cuando la parte perjudicada con la omisión apeló28.
20 Según el numeral 1 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo
conoce de los procesos sobre “la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que
sea el régimen aplicable”. En este caso, la demanda se instauró contra la Rama Judicial, ente estatal de
naturaleza constitucional, autónoma e independiente, encargada de ejercer la función pública de administrar
justicia.
21 De acuerdo con los artículos 150 y 152.6 de la Ley 1437 de 2011, se trata de la apelación de una sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso de doble instancia debido a la cuantía.
La pretensión por lucro cesante asciende a $703.739.835 y para la fecha de presentación de la demanda
superaba el monto exigido de $500.000.000.
22 El requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161.1 del CPACA y en la Ley 640 de 2001 se agotó ante
la Procuraduría. La solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 11 de octubre de 2021 y se declaró fallida
el 15 de diciembre de ese año, por la falta de ánimo conciliatorio de las partes (paginación 36 - 40 del archivo 2
del expediente digital del Tribunal).
23 Como se demandó el error judicial contenido en el auto del 26 de febrero de 2020, la demanda debía
presentarse dentro de los dos años siguientes a su ejecutoria (literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA).
Aunque la providencia se notificó por estrados el 27 de febrero de 2020, en los términos del artículo 41 del
Código Procesal del Trabajo (Decreto ley 2158 de 1948), quedó en firme el 4 de marzo de ese año, según el
artículo 302 del CGP, aplicable en virtud de la remisión del artículo 145 del primer cuerpo normativo. En
consecuencia, el plazo vencía el 5 de marzo de 2022 y la demanda se radicó en tiempo el 18 de enero de ese
año.
24 El señor Abrahán Cuéllar Cabrera fue demandante en el proceso ejecutivo laboral con radicado 2009-00851-
00, en el que se dictó la decisión que en este litigio se cataloga de errónea, por tal motivo, le asiste legitimación
en la causa por activa para actuar en el presente asunto.
La legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial se configura tras la imputación formulada en su
contra en la demanda.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6
de abril de 2018, expediente 46.005.
26 “Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas
y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada el silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)”.
27 “Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
28 “Artículo 287. Adición. (…) El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero sí dejó de resolver la demanda de reconvención o
la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria (…)”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
Problema jurídico
41. ¿Se debe confirmar la sentencia de primera instancia que descartó el error
judicial invocado, o revocar porque, como lo sostiene el apelante, el auto del 26 de
febrero de 2020: (i) excluyó de la liquidación del crédito los valores reclamados con
ocasión del reintegro y los perjuicios derivados de su incumplimiento; (ii) alteró el
alcance de las obligaciones definidas en la sentencia del 19 de noviembre de 2010
y trasgredió la cosa juzgada; y (iii) modificó el sujeto obligado a cumplir la condena?
Tesis
42. Se confirmará la sentencia apelada. La providencia enjuiciada no incurrió en
error jurisdiccional. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá ajustó la liquidación del crédito a los autos ejecutoriados que resolvieron la
imposibilidad del reintegro, la improcedencia de los perjuicios compensatorios y el
período liquidable de las obligaciones laborales objeto de ejecución. Además, el
recurrente no presenta una argumentación sólida y fundamentada de los cargos
para sostener que se modificó el contenido del título ni el sujeto obligado a cumplirlo.
43. La tesis se desarrollará en los siguientes capítulos: (i) error jurisdiccional como
título de imputación; (ii) presupuestos de la imputación aplicable; (iii) liquidación del
crédito en el marco de un proceso ejecutivo laboral; (iv) antecedentes relevantes de
la providencia demandada; (v) decisión cuestionada: auto del 26 de febrero de 2020;
(vi) solución a los cargos de la apelación y (vii) costas en segunda instancia.
Error jurisdiccional como título de imputación
44. El error jurisdiccional se configura cuando una providencia es contraria a la ley.
Puede presentarse por un yerro de derecho o de hecho.
45. El primero: exige la identificación de las normas vulneradas y explicar el motivo
de la trasgresión. El segundo: requiere que se indiquen las pruebas omitidas o
indebidamente valoradas y demostrar su incidencia en la decisión.
46. El desacierto debe ser determinante, pues no basta advertir una imprecisión sin
aptitud para modificar el sentido de la providencia. Es decir, la incorrecta aplicación
de las normas sustanciales o procesales o las falencias en la valoración probatoria
deben comprometer su legalidad y conducir a una conclusión jurídicamente distinta.
47. Además, esta Sala29 ha puntualizado que quien invoca la responsabilidad del
Estado por error judicial debe atender las cargas de claridad, precisión y debida
argumentación que desvirtúan la presunción de acierto de la providencia
examinada, acompañadas del respaldo probatorio necesario para demostrar la
imputación atribuida30.
29 Se pueden consultar: sentencias del 20 de noviembre de 2019, expediente 43.042, del 12 de diciembre de
2019, expedientes 45.602 y 44852, y del 10 de septiembre 2020, expediente 55.004.
30 La Sala ha señalado: “La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer comprensivas
las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error judicial, es decir, que el objeto y concepto de
violación esté determinado o sea determinable. La precisión implica que se deben identificar las razones que
sirvieron de base de la decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento central de la decisión que se estima
causó un daño, la reparación directa sería denegatoria, pues la providencia todavía se mantendría incólume y
no habría causado, entonces, un daño antijurídico. La debida argumentación tiene que ver con los aspectos
mínimos de suficiencia en las consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la claridad
y la precisión, para efectos de que opere el error jurisdiccional.
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Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
48. En definitiva, el juez administrativo debe cerciorarse de que la eventual
equivocación en la decisión revisada sea trascendente —tenga la vocación de mutar
el sentido— y suficiente —destruya todos los fundamentos del pronunciamiento—
para su procedencia.
Presupuestos de la imputación aplicable
49. Conforme a los artículos 66, 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, el error judicial exige
que la decisión se encuentre en firme y que el afectado hubiera interpuesto los
recursos ordinarios de ley.
50. En este caso, el auto del 26 de febrero de 2020, dictado por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, quedó ejecutoriado31 y contra este no procedían
recursos ordinarios, de acuerdo con el artículo 15 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social32. Por este motivo, se encuentran satisfechos los requisitos
para el estudio de fondo.
Liquidación del crédito en el marco de un proceso ejecutivo laboral
51. En línea con el artículo 100 del CPTSS33, las sentencias en firme prestan mérito
ejecutivo y su ejecución debe sujetarse a las obligaciones reconocidas en el título y
a las decisiones en firme que hubieran precisado su alcance.
52. Conforme a los artículos 14534 de ese cuerpo normativo y 44635 del CGP, la
Para la Sala, es indispensable que la crítica de la providencia aparentemente contentiva del error judicial guarde
adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar. Valga decir, que se refiera
directamente a las bases decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la decisión. De ahí que,
si el ataque se hace bajo apreciaciones subjetivas del demandante y no a lo que objetivamente constituye el
fundamento de la providencia, se configura una carencia demostrativa de la imputación jurídica de la
demandada, lo que confluiría en un fallo denegatorio de pretensiones.
En ese orden, el interesado debe circunscribir sus argumentos fácticos y jurídicos a desvirtuar la presunción
de juridicidad y acierto que abriga la totalidad de la providencia judicial cuestionada o que conforman su ratio
decidendi (suficiencia), al tiempo que permita verificar que el resultado del pronunciamiento habría sido distinto
de no cometerse el yerro (trascendencia), no de manera imprevista, sino con sujeción a requisitos previamente
establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el
juez contencioso administrativo sin entrar a suplantar la esfera del juez natural.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha considerado que para romper con la presunción de
legalidad que ampara a las decisiones judiciales es necesario que la equivocación enrostrada al
pronunciamiento judicial sea trascendente; es decir, que tenga la suficiente relevancia como para cambiar el
sentido del proveído y, además, que se refiera a la totalidad de sus fundamentos, pues, de conservar al menos
uno de los sustratos, el fallo no podrá ser declarado como transgresor del ordenamiento” (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de junio de 2022,
expediente 51.407).
31 Como se explicó en el pie de página 19.
32 “Artículo 15. Competencia de la sala de casación laboral de la corte suprema de justicia y de las Salas
Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. (…) Parágrafo. Corresponde a la sala de decisión
dictar las sentencias, los autos interlocutorios que decidan los recursos de apelación y de queja y los que
resuelvan los conflictos de competencia. Contra estos autos no procede recurso alguno (…)”.
33 “Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación
originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante
o que emane de una decisión judicial o arbitral firme. Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se
desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su
cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en
los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”.
34 “Artículo 145. Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se
aplicarán las normas análogas de este Decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial”.
35 “Artículo 446. liquidación del crédito y las costas. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán
las siguientes reglas:
1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las
excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la
liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su
presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo
dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el
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liquidación del crédito tiene por objeto cuantificar las obligaciones exigibles dentro
de la ejecución. En ejercicio de esa función, el juez puede modificarla cuando se
aparte del título ejecutivo o de las providencias vinculantes proferidas durante el
trámite36.
53. La liquidación no representa una oportunidad para redefinir la condena ni para
incorporar derechos o conceptos distintos de los reconocidos. Su finalidad consiste
en fijar el valor de las obligaciones pendientes de cobro según los parámetros
establecidos en el proceso.
Antecedentes relevantes de la providencia demandada
54. El accionante radicó demanda especial de reintegro por fuero sindical contra el
Ministerio de la Protección Social para que se declarara que, al 15 de septiembre
de 2009, gozaba de protección especial como vicepresidente del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Seguridad Social y se ordenara reintegrarlo al cargo de
odontólogo que desempeñaba en la E.S.E. Policarpa Salavarrieta, en liquidación,
así como el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir37.
55. El 30 de abril de 2010, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá negó
las pretensiones38. En sentencia del 19 de noviembre de 2010, la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá39 revocó esa decisión y condenó al
Ministerio a reintegrar al actor y pagarle los salarios, prestaciones y aportes a la
seguridad social causados desde el despido hasta su reincorporación. En el mismo
fallo declaró, “para todos los efectos”, que no existió solución de continuidad en la
prestación del servicio40.
56. Para obtener el cumplimiento de la condena, el señor Abrahán Cuéllar Cabrera
inició un proceso ejecutivo y pidió el pago de las acreencias reconocidas y de los
término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo
trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores
puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable
cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto
diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es
objeto de apelación.
4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la
ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme (…)”.
36 La Corte Constitucional indicó que la liquidación del crédito “constituye una operación que tiene como finalidad
calcular la deuda final a cobrar” y que debe sujetarse al mandamiento de pago y a la sentencia que resolvió las
excepciones, pues esta última define los parámetros con los que debe continuar la ejecución y hace tránsito a
cosa juzgada (sentencia T-753 de 2014).
37 Paginación 65 - 72 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
38 Paginación 73 - 87 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
39 Paginación 41 - 54 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
40 Esto se dijo: “(...) se concluye que en atención a que el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL actúa
como “fideicomitente cesionario” de los contratos de fiducia celebrados con el fin de administrar el patrimonio
autónomo conformado con los activos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POLICARPA SALAVARRIETA,
es quien debe asumir las obligaciones remanentes a cargo de la entidad liquidada. Así pues, quien deberá
cumplir la orden de reintegro del demandante es la NACIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (…).
(...) RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el fallo apelado y en su lugar se profieran las siguientes decisiones.
A) CONDENAR a LA NACIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL a reintegrar al demandante
ABRAHAM CUELLAR CABRERA, al cargo de ODONTÓLOGO (…), así como a pagarle los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido (15 de septiembre de 2009), hasta cuando
se produzca el reintegro. Igualmente, deberá efectuar los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social
Integral, durante el mismo lapso, a las entidades a las que se encontraba afiliado el actor al momento del
despido.
B) DECLARAR que para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad en la prestación del
servicio.
C) AUTORIZAR a la entidad demandada a descontar de las sumas adeudadas al actor en virtud de la sentencia,
lo pagado por indemnización y auxilio de cesantías a la terminación de la vinculación”.
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perjuicios compensatorios, en caso de no ser posible el reintegro41.
57. En auto del 17 de mayo de 2011, el Juzgado libró mandamiento de pago por la
reincorporación y los emolumentos laborales42. Sin embargo, negó los perjuicios
compensatorios43.
58. Ambas partes apelaron44. El 29 de febrero de 201245, al resolver el recurso del
ejecutante, el Tribunal ordenó que se incluyeran esos perjuicios en el mandamiento
de pago, lo que el Juzgado acató en auto del 9 de agosto de 2012 y los fijó en
$774.891.329, según la cuantificación del actor46.
59. El 30 de septiembre de 2013, el Tribunal decidió la apelación de la ejecutada,
que quedó pendiente por error y confirmó su decisión inicial. Precisó que, según la
ficción de no solución de continuidad declarada en la sentencia que se ejecuta, el
vínculo laboral se extendió hasta el 25 de mayo de 2011, fecha de la certificación
en la que el Ministerio declaró su imposibilidad de cumplir la obligación de hacer.
Por eso, los salarios y prestaciones se causaron entre el 15 de septiembre de 2009
y esa fecha, circunstancia que habilitaba el pago de los perjuicios compensatorios,
sin relevar a la entidad de las demás obligaciones laborales47.
60. La ejecutada objetó por excesiva la estimación de esos perjuicios presentada
por el ejecutante48. El 21 de agosto de 2014, el Juzgado los negó porque el actor
no probó el daño ni el nexo causal necesario para su reconocimiento. A su vez,
extinguió la obligación de hacer correspondiente al reintegro, declaró terminada la
ejecución por concepto de perjuicios compensatorios y ordenó continuarla por las
demás pretensiones49.
61. El 18 de junio de 2015, en virtud de la apelación del actor, el Tribunal confirmó
la decisión. Reiteró que aquel no cumplió con la carga que le asistía ante la objeción
del Ministerio al juramento estimatorio. En cualquier caso, de haberse probado, los
perjuicios solo se hubieran causado hasta el 25 de mayo de 2011, “cuando culminó
la relación de trabajo” 50.
62. El ejecutante presentó liquidación del crédito y el ejecutado guardó silencio. En
providencia del 11 de mayo de 2016, el Juzgado la modificó para ajustarla a las
condenas impuestas y la aprobó por $212.658.472, derivados de salarios,
prestaciones y costas51.
63. El actor apeló porque no se incluyeron todos los factores salariales indexados
ni el reintegro52, acto frente al cual el Ministerio no se pronunció. El 16 de enero de
2017, el Tribunal confirmó la liquidación bajo el entendido de que se ajustaba al
41 Paginación 107 - del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
42 Paginación 115 - 116 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
43 Solo se indicó “se niega el mandamiento de pago solicitado sobre los perjuicios compensatorios e intereses
moratorios, toda vez que las obligaciones que se recaudan deben ser claras, expresas y exigibles, y como el
despacho observa que no hay un título ejecutivo que contenga tales rubros y como en el fallo que se ejecuta no
se reconocieron condenas por dichos conceptos, se abstiene de librar orden de apremio”.
44 Paginación 118 - 123 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
45 Paginación 125 - 129 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
46 Paginación 117 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
47 Paginación 130 - 134 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
48 Paginación 135 - 139 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
49 Paginación 146 - 148 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
50 Paginación 156 - 162 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
51 Paginación 170 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
52 Paginación 171 - 177 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
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título ejecutivo y que no podían reabrirse asuntos definidos, como la extinción de la
obligación de reintegro y la improcedencia de los perjuicios compensatorios53.
64. El 9 de noviembre de 2018, el Juzgado declaró no probada la excepción de
“indebida representación de la parte formulada por la ejecutada”, ordenó seguir
adelante con la ejecución y presentar la liquidación del crédito en los términos del
artículo 446 del CGP. El demandante presentó nueva liquidación y se corrió traslado
a la contraparte54.
65. A través de auto del 12 de febrero de 2019, el Juzgado modificó la liquidación y
ajustó el retroactivo salarial, prestaciones sociales, aportes pensionales y costas
desde 2009 hasta 2019, para un total de $319.365.397, lo que fue impugnado por
ambas partes mediante recursos de reposición y apelación55.
66. El ejecutante solicitó el reintegro ordenado, la indexación de las obligaciones y
la inclusión de la prima de navidad. En cambio, el Ministerio insistió en revocar el
auto por pago de la deuda.
67. El 5 de marzo siguiente, el Juzgado repuso parcialmente el auto anterior para
agregar la prima de navidad y restar $147.166.578, monto consignado por el
Ministerio. Asimismo, concedió las apelaciones56.
68. En auto del 7 de mayo de 2019, el Tribunal declaró la nulidad de la providencia
antes citada. Encontró configurada la causal de nulidad del artículo 133.2 del CGP,
esto es, proceder contra providencia ejecutoriada del superior. Por ello, negó la
apelación del ejecutante y ordenó estarse a lo resuelto en el auto del 16 de enero
de 201757.
69. Inconforme, el señor Abrahán presentó acción de tutela. En sentencia del 29 de
septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos esa decisión y
ordenó al Tribunal resolver de fondo las apelaciones de las partes58.
Decisión cuestionada: auto del 26 de febrero de 2020
70. En virtud de la sentencia de tutela, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá revocó el auto del 12 de febrero y con el del 5 de marzo de 2019” y modificó
la liquidación presentada por el ejecutante y estableció que existía un saldo final a
53 Paginación 178 - 182 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
54 Paginación 183 - 187 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
55 Paginación 188 - 190 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
56 Paginación 191 - 192 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
57 Se sostuvo: “(…) al haber celebrado el a quo la audiencia de resolución de excepciones el 9 de noviembre
de 2018, diligencia en la que resolvió, entre otras determinaciones: i) declarar no probada la excepción
denominada como indebida representación de las partes; ii) ordenar seguir adelante con la ejecución; y iii)
practicar la liquidación del crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446 del Código General del
Proceso y al haberse emitido la nueva liquidación del crédito y su aprobación por parte del jugado el 12 de
febrero de 2019 (sic), determinación esta última que fue modificada parcialmente por el sentenciador de primer
grado al resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutante y contra la cual las partes
interpusieron el recurso de apelación, no le resalta otra cosa al tribunal que desatar la alzada y no, de manera
desacertada, haber declarado la nulidad de la providencia cuestionada”.
58 Fls. 226 - 241 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
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favor del Ministerio por $160.184.04159. Los fundamentos se resumen así60:
➢ Del reintegro y los perjuicios compensatorios: la discusión sobre estos perjuicios
ya había sido resuelta en decisiones ejecutoriadas del 21 de agosto de 2014 y 18
de junio de 2015. No podía reabrirse el asunto ni afectar la liquidación del crédito.
➢ De la indexación: era improcedente la indexación de salarios y prestaciones. La
sentencia que sirve de título ejecutivo no la ordenó y en la ejecución no pueden
incluirse conceptos ajenos a la condena.
➢ De la prima de navidad: debía agregarse a la liquidación al ser una prestación
percibida por el actor durante su vinculación laboral.
➢ Del período objeto de liquidación: los salarios, prestaciones y aportes solo podían
liquidarse entre el 15 de septiembre de 2009 y el 25 de mayo de 2011, fecha en que
59 “Del reintegro y la obligación de hacer (…) El argumento del ejecutante relativo a que se incorporen valores
por concepto de la obligación de hacer, como perjuicios compensatorios o indemnización, carece de visos de
prosperidad, pues olvida que este asunto quedó zanjado con anterioridad, como quiera que en decisión del 21
de agosto de 2014 se declaró extinguido el proceso frente a los perjuicios compensatorios, decisión que como
se indicó fue confirmada por el Tribunal Superior mediante providencia del 18 de junio de 2015 (…). Por tanto,
al estar debidamente ejecutoriadas este aspecto no puede servir de sustento para alterar la liquidación. De la
indexación (…), el mandamiento ejecutivo es el cobro forzado de las condenas que han sido impuestas en la
sentencia que sirve de base de ejecución, por lo que no es dable incorporar conceptos que no han sido
ordenados. En ese orden, al verificarse la sentencia del 30 de noviembre de 2010 (sic) proferida por el Tribunal
en la que dispuso el reintegro del actor, no se avizora que la misma haya ordenado que el pago de los salarios
y prestaciones sociales se hiciere en forma indexada, situación que conduce a negar la inclusión de este factor
en la liquidación del crédito. De la prima de navidad (…), el ejecutante en su condición de empleado de la
Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta devengaba entre sus prestaciones sociales, la prima de
navidad, prueba de ello, además, es que en la liquidación final este concepto le fue reconocido, por lo que
resulta necesaria su inclusión en la liquidación. (…) En providencias del 30 de septiembre de 2013 y 18 de junio
de 2015, la Sala Laboral indicó que tanto los salarios como las prestaciones sociales cuyo pago se dispuso en
la sentencia que ordenó el reintegro, corresponden a los causados entre el 15 de septiembre de 2009 y el 25
de mayo de 2011, data en la que se extinguió el vínculo laboral del demandante, por lo que así se procederá
en la liquidación del crédito, sobre la cual, se descontará lo que por indemnización le fue cancelado al ejecutante
a la terminación del vínculo laboral, conforme se dispuso en el literal c) del numeral primero de la sentencia del
30 de noviembre de 2010 (sic). (…) Se evidencia que lo correspondiente a salarios y prestaciones sociales del
ejecutante ascendía a $32.474.431, monto al que una vez descontado el valor cancelado por indemnización,
que lo fue de $65.491.894, nos arroja un saldo negativo para el ejecutante de $13.017.452, que se encuentra a
favor de la parte ejecutada. (...) En conclusión, se advierte que él juzgado erró al momento de realizar la
liquidación del crédito, pues no tuvo en cuenta que, en providencias proferidas por esta colegiatura, ya se había
indicado que el extremo final de la vinculación laboral del actor con la extinta ESE Policarpa Salavarrieta, lo fue
el 25 de mayo de 2011 y que no se probaron los perjuicios compensatorios, no obstante, el juzgador procedió
a liquidar los salarios, prestaciones sociales y aportes al SGSS hasta el año 2019. (…) Al verificarse con la
documental obrante que el 25 de julio de 2019, se entregó el título judicial 400100006207723 a la parte actora
por valor de $147.166.578, cuando ya la obligación se encontraba saldada, el saldo a favor de la ejecutada
aumentó a $160.184.041, por lo tanto, se conmina a la ejecutada (…) para que se realice las gestiones (…) que
estime necesarias, tendientes a obtener la devolución de los dineros pagados demás al demandante”.
60 “(...) RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el auto del 12 de febrero y con él, el del 5 de marzo de 2019, que dispuso modificar la
liquidación del crédito presentada por el ejecutante y aprobar la elaborada por el juzgado, para en su lugar,
indicar que la liquidación del crédito es la siguiente:
SEGUNDO: REQUERIR a la parte ejecutante para que informe a cuáles entidades del Sistema General de
Seguridad Social Integral (salud y pensión) se encuentra afiliado, para que el ejecutado proceda a pagar a
dichos entes los respectivos aportes.
TERCERO: CONMINAR a las ejecutadas para que realice las gestiones administrativas o judiciales que estime
necesarias, tendiente a obtener la devolución de los dineros pagados de más al demandante”. Paginación 57 -
64 del Archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
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se extinguió el vínculo laboral y descontarse lo pagado previamente al ejecutante.
➢ Del error del juzgado: liquidó indebidamente salarios, prestaciones y aportes hasta
2019, aunque el vínculo laboral finalizó en 2011 y los perjuicios compensatorios se
descartaron.
➢ Del saldo final: luego de efectuar los descuentos correspondientes y verificar pagos
posteriores al ejecutante, existía un saldo a favor del Ministerio. Era necesario
adelantar gestiones para recuperar los valores pagados en exceso.
71. El ejecutante promovió incidente de desacato y “acción” de cumplimiento de la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2019. La Corte Suprema de Justicia
rechazó esas actuaciones el 22 de abril y 31 de agosto de 202061.
72. Después, instauró acción de tutela contra el auto cuestionado. El 17 de
noviembre de 2020, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
negó el amparo, porque el Tribunal resolvió las apelaciones dentro de los límites de
su competencia. Justificó que: (i) la discusión de los perjuicios compensatorios
quedó resuelta en autos ejecutoriados; (ii) la indexación era improcedente por no
ordenarse en el título ejecutivo; (iii) la prima de navidad debía liquidarse; y (iv) los
salarios y prestaciones solo podían reconocerse entre el 15 de septiembre de 2009
y 25 de mayo de 2011, según lo decidido en providencias anteriores 62.
73. En sentencia del 18 de agosto de 2021, la Sala de Casación Civil de esa
Corporación la confirmó63.
Solución a los cargos de la apelación
⮚ Primer cargo: desconocimiento de la orden de reintegro y de sus
consecuencias económicas
74. El recurrente sostiene que el juez de primera instancia pasó por alto que el auto
del 26 de febrero de 2020 desconoció la orden de reintegro impartida en la sentencia
del 19 de noviembre de 2010 y las consecuencias económicas derivadas de su
incumplimiento. Debatió que solo reprodujo los argumentos referidos por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y no verificó si esta
autoridad restringió indebidamente los efectos de la condena laboral.
75. Esta Sala no encuentra demostrado ese desacierto. La sentencia apelada sí
examinó la censura sobre la exclusión de valores asociados a la reincorporación.
Luego de reconstruir el trámite surtido dentro del proceso ejecutivo laboral, concluyó
que cuando se profirió el auto reprochado ya existían varias providencias en firme
que resolvieron la imposibilidad material del reintegro y la falta de acreditación de
los perjuicios compensatorios y que, por su firmeza, constituían un marco obligatorio
para la liquidación del crédito.
76. En particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca identificó que, en auto
del 21 de agosto de 2014, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá declaró
extinguida la ejecución frente a los perjuicios compensatorios, porque el ejecutante
no acreditó los elementos necesarios para su reconocimiento. El Tribunal Superior
de Bogotá confirmó esa decisión el 18 de junio de 2015, oportunidad en la que
61 Según los antecedentes del fallo 17 de noviembre de 2020.
62 Paginación 272 - 289 del Archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
63 Paginación 308 - 321 del Archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
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también precisó que, de haberse probado, solo se causarían hasta el 25 de mayo
de 2011, cuando finalizó la relación laboral ante la imposibilidad del reintegro.
77. Asimismo, tuvo en cuenta que, a través de providencia del 16 de enero de 2017,
el propio Tribunal Superior de Bogotá reiteró que no era posible reabrir debates
definidos durante la ejecución.
78. Frente a esas consideraciones, el apelante no explica por qué esas decisiones
no eran vinculantes ni por qué el Tribunal de instancia no debía tomarlas como
fundamento de su análisis. En realidad, insiste en una discusión resuelta por el juez
de la ejecución en los autos antes citados sobre la imposibilidad del reintegro, la
improcedencia de los perjuicios compensatorios y el alcance de la liquidación, sin
controvertir la premisa central de la providencia apelada: el auto cuestionado no
resolvió sobre esos aspectos, sino que aplicó determinaciones en firme que ya
habían resuelto esos puntos dentro de la ejecución.
79. La argumentación del demandante se centra en cuestionar la corrección de las
decisiones adoptadas en 2014, 2015 y 2017 sobre los asuntos citados, mas no en
desvirtuar la conclusión del juez de primera instancia acerca de la obligatoriedad de
tales providencias que gobernaban el proceso ejecutivo.
80. En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia de tutela del 17 de noviembre de 2020, confirmada por la Sala
de Casación Civil el 18 de agosto de 2021, concluyó que el Tribunal Superior de
Bogotá actuó dentro del ámbito de sus competencias al expedir el auto atacado con
fundamento en determinaciones previamente ejecutoriadas.
81. Tales pronunciamientos dan cuenta de un control judicial previo sobre ese auto,
que refuerza la solución adoptada por el juez de primera instancia.
82. En consecuencia, la Subsección comparte lo expuesto en la sentencia apelada.
La exclusión de tales rubros obedeció a la sujeción a autos en firme que años atrás
zanjaron ese aspecto de la ejecución y no a una actuación arbitraria o caprichosa
contenida en el auto del 26 de febrero de 2020. El recurrente muestra desacuerdo
con lo decretado en decisiones anteriores del proceso ejecutivo laboral (ajenas al
objeto de este litigio). Por tanto, el cargo no prospera.
⮚ Segundo cargo: alteración del alcance del título ejecutivo y vulneración de la
cosa juzgada
83. El señor Abrahán Cuéllar Cabrera indica que el juez de primer grado no advirtió
que el auto del 26 de febrero de 2020 alteró el alcance del título ejecutivo y vulneró
la cosa juzgada, pues restringió el período de liquidación de salarios, prestaciones
sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social, excluyó determinados conceptos
y dispuso la recuperación de sumas pagadas a su favor.
84. El cargo no tiene asidero jurídico. Aunque el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no desarrolló de forma amplia tal aspecto, avaló que la liquidación
del crédito no debió extenderse hasta el 2019, dado que en autos previos se precisó
la vigencia de la relación laboral del actor con la extinta E.S.E. Policarpa Salavarrieta
(liquidada).
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Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
85. Esto responde materialmente al planteamiento. No obstante, esta Subsección
precisa que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ajustó el cálculo
realizado por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá con base en
decisiones en firme que, antes del auto cuestionado, ya habían definido el período
de causación de las acreencias.
86. En concreto, los autos del 30 de septiembre de 2013 y 18 de junio de 2015
establecieron que las acreencias laborales se causaron entre “el 15 de septiembre
de 2009 y el 25 de mayo de 2011”64, fecha en la que se declaró la imposibilidad de
reintegrarlo65. Ese período constituía un parámetro obligatorio para la liquidación del
crédito.
87. Ese límite temporal no surgió de una apreciación del juez de la ejecución. En el
auto del 30 de septiembre de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá explicó que, según la ficción de no solución de continuidad
declarada en la sentencia que se ejecuta, el vínculo laboral del demandante se
extendió hasta el 25 de mayo de 2011, fecha de la certificación con la que el
Ministerio declaró su imposibilidad de cumplir la obligación de hacer. De esa
premisa concluyó que los salarios y las prestaciones cuyo pago se ordenó
correspondían a los causados entre el 15 de septiembre de 2009 y el 25 de mayo
de 2011.
88. La sentencia declaró la continuidad del vínculo y ordenó pagar las acreencias
hasta la reincorporación. Cuando la entidad estatal declaró que no podía
reincorporar al demandante, la ficción dejó de operar y el período de causación
quedó cerrado en esa fecha.
89. Por ello era indispensable corregir la liquidación del crédito aprobada en 2019,
que extendió el reconocimiento de las obligaciones laborales y costas hasta ese
año, a pesar de las providencias en firme que fijaron 2011 como límite temporal de
la liquidación.
90. Aun si se discutiera la corrección jurídica de los autos del 30 de septiembre de
2013 y del 18 de junio de 2015, ese debate no permite atribuir un error autónomo al
auto del 26 de febrero de 2020. Esas decisiones quedaron en firme, vinculaban al
juez de la ejecución y no fueron demandadas en este proceso. El actor solo replica
el contenido de la sentencia ordinaria laboral, lo que es insuficiente para edificar un
error judicial.
91. Tampoco desvirtúa lo atinente a la indexación. Recuérdese que el Tribunal de
la reparación destacó que en el auto enjuiciado se negó ese reconocimiento porque
la sentencia que servía de título ejecutivo no lo contempló y en la ejecución no
podían incorporarse conceptos ajenos a este.
92. Frente a esa razón, el recurrente solo afirmó que la sentencia laboral dispuso el
pago de acreencias laborales hasta la reincorporación y que el juez de la ejecución
modificó la condena en detrimento de sus derechos laborales. Ese razonamiento no
explica por qué la conclusión del Tribunal de primera instancia era desacertada, ni
64 En el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia se dispuso que los salarios y prestaciones
sociales debían pagarse desde la fecha del despido (15 de septiembre de 2009) hasta el reintegro. En autos
del 30 de septiembre de 2013 y 18 de junio de 2015 se estableció que dichas acreencias solo eran exigibles
hasta el 25 de mayo de 2011, fecha en que el Ministerio declaró su imposibilidad de cumplir la obligación de
hacer.
65 Paginación 123 - 124 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
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Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
por qué la indexación podía incluirse en la liquidación pese a no estar prevista en el
título. Por tanto, el argumento es general y no tiene entidad para configurar un error
judicial ni para revocar la sentencia apelada66.
93. En cuanto a la recuperación de los valores pagados en exceso, se puntualizó
que esa determinación fue consecuencia directa del reajuste de la liquidación y de
la verificación de que el ejecutante recibió un título judicial cuando, en atención al
cálculo final, la obligación en ese momento ya estaba satisfecha.
94. Que la liquidación practicada arrojara una suma superior no significa que el
señor Cuéllar Cabrera tuviera derecho a percibirla, según lo pretende reflejar. Su
exigibilidad depende de su conformidad con el título ejecutivo y con las decisiones
ejecutoriadas adoptadas dentro del proceso, presupuesto que la liquidación de 2019
no observó, de ahí que el Tribunal Superior de Bogotá podía modificarla y ordenar
la recuperación de lo pagado en exceso.
95. En síntesis, lejos de desconocer la cosa juzgada, el auto del 26 de febrero de
2020 se amparó en decisiones ejecutoriadas y vinculantes en el proceso ejecutivo.
El recurso no identifica un defecto imputable a esa providencia, sino el desacuerdo
del actor con decisiones anteriores del proceso ejecutivo, ajenas al objeto de este
litigio. No prospera el cargo.
⮚ Tercer cargo: modificación del sujeto obligado a cumplir la condena
96. En los términos de la apelación, el auto de 26 de febrero de 2020 cambió la
entidad condenada. Hizo referencia a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta, cuando la
llamada a cumplir la sentencia era la Nación - Ministerio de la Protección Social.
97. Esa afirmación no tiene respaldo en el expediente. La sentencia del 19 de
noviembre de 2010 precisó que el Ministerio asumiría las obligaciones remanentes
de la entidad liquidada, como fideicomitente cesionario de los contratos de fiducia
que administran el patrimonio autónomo formado con los activos de la E.S.E.
98. De hecho, durante todo el trámite ejecutivo el Ministerio compareció como parte
ejecutada, ejerció su derecho de defensa y realizó los pagos que se consideraron
al liquidar el crédito.
99. El contenido del auto acusado confirma esa conclusión. Al rehacer la liquidación,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fijó el saldo a favor de la ejecutada
en $160.184.041 y conminó a la cartera ministerial para que adelantara las
gestiones administrativas o judiciales dirigidas a obtener la devolución de los dineros
pagados en exceso al demandante. En el mismo sentido, requirió al ejecutante para
que informara a cuáles entidades del Sistema General de Seguridad Social Integral
estaba afiliado, con el fin de que el ejecutado pagara los aportes respectivos.
Ninguna orden del auto se dirigió a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta ni le impuso una
carga.
100. Las referencias a la entidad liquidada identificaron la relación laboral que
originó el litigio. El actor confunde esas menciones con una sustitución del
ejecutado, que no ocurrió. Sin ella desaparece el presupuesto fáctico sobre el que
66 Afirmó que “la sentencia laboral ordenó el reintegro (…) y el pago de salarios, prestaciones sociales y
cotizaciones a la seguridad” hasta cuando se produjera aquel, y que esas condenas no se cumplieron, pues los
jueces que conocieron del proceso ejecutivo la modificaron totalmente en detrimento de los derechos laborales
judicialmente reconocidos”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2022-00010-01 (72.007)
Demandante: Abrahán Cuéllar Cabrera
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Reparación directa - Ley 1437 de 2011
se alega el error judicial. Este cargo tampoco prospera.
Costas en segunda instancia
101. El artículo 365.1 del CGP menciona que la condena en costas se impone a
“quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y el numeral 8 de
ese artículo la condiciona a “...cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.
102. No se condenará en costas. La apelación se resolvió desfavorablemente, pero
la entidad demandada no intervino en segunda instancia y no se causaron agencias
en derecho a su favor67.
103. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de junio de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta
actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
67 “El magistrado José Roberto Sáchica se acoge a la postura mayoritaria, pero precisa que considera que
condicionar las agencias en derecho a la existencia de actuaciones procesales efectivas y visibles restringe
indebidamente esta institución y desconoce la naturaleza objetiva de las costas. A su juicio, las agencias no
reembolsan honorarios ni remuneran actuaciones concretas, sino que compensan, en sentido amplio, la gestión
de defensa judicial de la parte vencedora, incluidas las responsabilidades inherentes al mandato judicial, entre
ellas, la vigilancia del proceso”.
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