Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2022-00017-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia: tiene lugar en varios
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2022-00017-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2022-00017-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera, María
Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA- Tiene lugar en varios
escenarios, entre ellos cuando hay retardo injustificado en la duración de la investigación penal/CARGA
PROBATORIA- Conforme al artículo 167 del CGP, es carga probatoria de la parte activa probar la existencia
del daño y de los perjuicios deprecados.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que resolvió:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la demandante a pagar a favor de La Nación –
Fiscalía General de la Nación por agencias en derecho en esta instancia, la
suma equivalente al cinco por ciento (5%) al valor de las pretensiones de la
demanda. Esta suma deberá incluirse en el auto de liquidación de costas, a
cargo de la parte vencida, en este caso la parte demandante.
TERCERO: INFORMAR que el canal para todo documento y actuación que
se dirija al expediente de la referencia es ÚNICAMENTE la ventanilla virtual
del aplicativo web SAMAI: Ventanilla virtual SAMAI, sin perjuicio del deber
de los apoderados de acreditar ante el despacho el haber corrido traslado
de sus actuaciones a los demás sujetos procesales (artículo 78.14 del CGP).
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, por la Secretaría de la sección
LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del proceso y DEVUÉLVASE el
Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
remanente si hay lugar, de conformidad con los artículos 7 y 9 del Acuerdo
No. 2552 de 2004 del Consejo Superior de la Judicatura.
SÍNTESIS DEL CASO
El extremo demandante alega haber sufrido perjuicios materiales y morales por la
mora en la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación en
contra de los señores Myriam Estella García Morales y Hernando Villalba Herrera,
por el delito de enriquecimiento ilícito de particular y lavado de activos. Así como
por el error judicial al haber iniciado la mencionada investigación con sustento en
un informe del DAS, que, en consideración de la parte activa, carecía de requisitos
legales para ser tenido como una denuncia.
ANTECEDENTES
El 21 de enero de 2022, por medio de apoderado judicial, los señores Myriam Stella
García Morales, Hernando Villalba Herrera, María Fernanda Villalba García y Jorge
Armando Villalba García presentaron demanda de reparación directa en contra de
la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual presentaron las siguientes
pretensiones:
1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, de los perjuicios causados a los
demandantes con motivo del daño proferido a los señores MYRIAM ESTELLA
GARCIA MORALES, HERNANDO VILLALBA HERRERA, a sus hijos MARÍA
FERNANDA VILLALBA GARCÍA Y JORGE ARMANDO
VILLALBA GARCÍA y a sus empresas, con el mantenimiento sub judice por
más de 19 años.
2. Segunda.- Condenar a la Nación FISCALIA GENERAL DE LA NACION, a
pagar a favor de mis representados MYRIAM ESTELLA GARCIA MORALES;
HERNANDO VILLALBA HERRERA, los perjuicios materiales cuya cuantía se
estima en la suma de diecisiete mil quinientos millones de pesos
($17.500.000.000).
3. Tercero.- Condenar a la Nación FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, a
pagar a favor de mis representados, los perjuicios morales sufridos,
estimables en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000
SMLMV) por cada uno, para un total de cuatro mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (4.000 SMLMV).
4. Cuarto.- El pago de las costas y agencias en derecho a que hubiere lugar.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
Como sustento de las pretensiones previamente transcritas, el demandante señaló
que, el desde el 19 de abril del año 2002, la Fiscalía General de la Nación inició el
proceso penal No. 1.805 (672), adelantado por la Fiscalía Octava Especializada
contra el Lavado de Activos en contra de los señores Myriam Estella García
Morales y Hernando Villalba Herrera, por el delito de enriquecimiento ilícito de
particular y lavado de activos, con sustento en un informe del DAS donde se afirmó
un presunto incremento patrimonial injustificado.
Añadió que, a consecuencia de la apertura de dicho proceso penal “los vincularon
injustamente en los medios informativos hablados y escritos y televisados, así
mismo por la naturaleza del delito investigado sus cuentas bancarias y las de sus
empresas fueron canceladas, negocios realizados de finca raíz fueron desechos y
quedaron en síntesis muertos económicamente y para el sector financiero por
cuenta de la investigación”. Igualmente, señaló que tal situación había generado
efectos adversos en los hijos de los señores García Morales y Villalba Herrera,
quienes habían sido víctimas de rechazo en los colegios donde adelantaban sus
estudios, así como también había ocasionado la muerte del padre de Hernando
Villalba, debido a la angustia que sintió frente a la situación.
Finalmente, relató que la Fiscalía General de la Nación, luego de 17 años de
investigación, profirió la resolución de preclusión a favor de los señores Myriam
Estella García Morales y Hernando Villalba Herrera por inexistencia de los hechos
investigados.
En vínculo con lo anterior, sostuvo que la sola iniciación del proceso penal no
comportaba la violación al derecho a la honra y al buen nombre que resultó
afectando los bienes patrimoniales de los demandantes, sino el hecho de
“mantenerlos sin decisión durante tanto tiempo, 17 años para determinar la
inocencia”.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
Contestaciones de la demanda
Fiscalía General de la Nación1
La entidad partió por advertir que “el acervo probatorio no trae prueba de los
presuntos daños en que incurrió el entonces señor Hernando Villalba y otros, en
que consiste el daño, cual fue la perdida de oportunidad, cuales fueron los bienes
muebles sacados del comercio o cuales bienes fueron objeto de extinción de
dominio entre otros”.
Esta entidad excepcionó la ausencia de falla en el servicio, pues consideró que
esta no se estructuraba, en razón a que la Fiscalía no había efectuado ninguna
actuación ilícita, toda vez que “obra judicialmente dentro de una investigación
penal a petición de parte o de oficio o mediante denuncia, querella, y por ende le
corresponde investigar y acusar a los presuntos infractores de la ley2”.
Igualmente, señaló que no existía un nexo causal y tampoco la prueba de la
pérdida de la oportunidad ni de ningún otro perjuicio aducido por la parte
demandante.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia
En sentencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la demanda por las consideraciones que, a continuación,
se exponen:
En primer lugar, resaltó que el 19 de abril de 2002, el Departamento Administrativo
de Seguridad rindió ante la Fiscalía General de la Nación un informe denominado
“informe para judicialización Hernando Villalba”, en el que
1 SAMAI 15, expediente de primera instancia, 22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACION20240(.pdf) NroActua 15.
2
SAMAI 15, expediente de primera instancia, 22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACION20240(.pdf) NroActua 15, página 6 del documento.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
afirmó que el demandante podía estar “incurso en el delito de enriquecimiento
ilícito proveniente del narcotráfico”, debido a que su patrimonio se había
incrementado de manera considerable, por lo que el 2 de mayo de 2002, la Fiscalía
profirió la resolución de apertura de investigación preliminar.
El 16 de septiembre de 2010, el Fiscal Quince Especializado profirió resolución en
la que resolvió inhibirse de iniciar la investigación penal contra el señor Hernando
Villalba Herrera por considerar que de las pruebas recaudadas no se podía concluir
que él hubiera cometido los delitos que se le pretendían endilgar. No obstante, el
Ministerio Público interpuso recurso de apelación, en virtud del cual, el 25 de
octubre de 2012, la resolución inhibitoria fue revocada porque se consideró que la
entidad no había cumplido con su función investigativa.
En cumplimiento de lo anterior, el 27 de diciembre de 2012 la fiscalía delegada
ordenó la realización de una seria de medidas con el fin de continuar la
investigación penal.
El 11 de febrero de 2013, el señor Hernando Villalba Herrera rindió versión libre
ante la fiscalía delegada y durante dicho año, el año 2014 y el año 2015 el a quo
encontró que la fiscalía llevó a cabo varias labores de investigación.
Igualmente, el Tribunal encontró demostrado que durante el año 2016 se emitieron
órdenes para continuar con el recaudo de las pruebas y se dispuso la realización
de una inspección judicial, sobre la cual se insistió en el año 2017, pues aún no se
había practicado. En el mismo año, indicó el a quo “la funcionaria de la policía
judicial informó a la fiscalía delegada que ‘no ha sido posible ubicar el proceso ya
que no se encuentra en el SPOA’, y solicitó una prórroga de 30 días. Y el 22 de
junio siguiente dio cumplimiento a dicha orden”.
El 26 de febrero de 2018, la Fiscalía solicitó al grupo de contadores del CTI
designar a un perito contador para realizar un estudio financiero y patrimonial con
el objeto de “establecer si el señor Hernando Villalba Herrera presenta incrementos
patrimoniales por justificar, respecto de los años 1992 a 2007”, con la información
que para el momento se encontraba recopilada. El mencionado
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
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Proceso: Reparación directa
peritaje fue rendido el 6 de agosto de 2018, después de que el perito solicitara dos
prórrogas, en razón de la complejidad de la información y los cotejos que de la
misma debía efectuar.
El 10 de septiembre de 2018, la Fiscalía corrió traslado del informe a los sujetos
procesales y el 05 de febrero de 2019 “vinculó a la investigación mediante
indagatoria a los señores Hernando Villalba Herrera y Myriam Stella García
Morales porque el dictamen pericial refleja un incremento patrimonial por justificar
para los años 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2004”.
El 30 de abril de 2019, la Fiscalía profirió “resolución de preclusión de la instrucción
por extinción de la acción penal (…)’ por haber operado el fenómeno de la
prescripción por los hechos sucedidos hasta el año 2.004’. Y respecto de los
presuntos delitos de los años 2005 a 2009 decidió “abstenerse de imponer medida
de aseguramiento” contra los demandantes. Decisión que, conforme lo señaló el
a quo, quedó en firme el 14 de mayo de 2019.
Advirtió el Tribunal que, el 2 de septiembre de 2019, “la fiscalía calificó ‘el mérito
de las sumarias con Resolución de preclusión de la instrucción a favor de los
procesados’. Y ordenó cancelar las anotaciones ‘que por cuenta de este proceso
se haya hecho’ contra los demandantes. Resolución que el 24 de septiembre de
2019 quedó en firme”.
Más adelante indicó, que el mencionado informe elaborado y suscrito por el DAS
si resultó suficiente para que la demandada iniciara la investigación bajo los
parámetros regulados por la norma penal, contrario a lo que señaló el demandante.
Así como tampoco era cierto que la Fiscalía no contara con soportes necesarios
para continuar con la investigación, puesto que las “pruebas decretadas y
practicadas durante el proceso penal fueron suficientes para justificar la
permanencia de la investigación penal adelantada contra los demandantes porque
la Fiscalía General de la Nación tenía indicios de una presunta conducta punible
para atribuirle a ellos”.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
En consideración a lo anterior, el a quo concluyó que no se encontraba probada la
mora judicial alegada por la parte demandante, en razón a que “al contrastar el
lapso de la investigación penal con las actuaciones ya analizadas sobre ese
trámite, se concluye que no fue injustificado por aspectos como: la complejidad del
asunto, las actuaciones surtidas en dicho proceso, la necesidad de recaudar las
diversas pruebas decretadas en el proceso penal y la falta de prueba sobre un
volumen reducido de la carga del despacho penal”.
Recurso de apelación3
La parte activa censuró, en primer lugar, que el a quo no hubiera tenido en
consideración la falta de ‘legitimidad´ de la denuncia inicial, por cuanto el informe
del DAS, que sirvió de base para aperturar la investigación penal, fue expedido
fuera de la competencia de dicha entidad, puesto que “el DAS carecía de
facultades legales para formular denuncias penales bajo la Ley 600 de 2000, ya
que su función era de inteligencia y seguridad, no jurisdiccional” y porque, además,
según indicó, los informes de investigación y los de inteligencia no tienen valor
probatorio por expresa disposición del artículo 319 de la Ley 600 de 2000.
A lo dicho en precedencia, adicionó que “La denuncia no cumplió con el artículo
29 de la Ley 600 de 2000, al carecer de elementos concretos que vincularan a los
demandantes con actividades ilícitas. El informe se limitó a especulaciones sobre
incrementos patrimoniales sin contrastar con fuentes válidas”.
Así entonces, este primer cargo se sintetiza en que la investigación penal a la que
fueron sometidos los demandantes se inició “con base en sospechas y sin que
mediara información corroborable que sirviera de base”.
Ahora bien, el apelante también formuló una censura que, aunque vinculó al primer
cargo, resulta independiente a aquel, toda vez que reprochó que el a quo
3 SAMAI, índice 41 del expediente digital del Tribunal.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
no hubiera tenido en cuenta que “las normas de la Ley 600 de 2000 establecían
claros límites al valor probatorio de los informes de policía judicial, lo que
desconoció los derechos al debido proceso de mis representados”. No obstante,
observa la Sala que se trata de un argumento nuevo con respecto a la demanda,
en donde no se hizo referencia a este aspecto, razón por la cual, en virtud del
principio de congruencia, la Sala no analizará este cargo, toda vez que implicaría
una alteración de la causa petendi4.
En segundo lugar, reprochó que el Tribunal no hubiera encontrado probada la mora
judicial. Censura que sustentó en los siguientes puntos: (i) en que la investigación
duró 17 años, desde el 2002 hasta el 2019, período que, según indicó, excedía
ampliamente los estándares de duración razonable, conforme al artículo 8 CADH
y al artículo 230 del Constitución Política, (ii) las prórrogas solicitadas para la
elaboración del dictamen pericial “reflejan negligencia en la gestión del caso, no
complejidad”, además, advirtió que “pasaron 5 años de inactividad absoluta, esto
es desde 2002 a 2007 cuando avoca conocimiento la Fiscalía Décima Delegada,
y luego de esto, no por complejidad, sino por negligencia, 6 años para que un perito
rindiera un dictamen pericial”.
En tercer lugar, censuró que el a quo no hubiera observado la inexistencia de
pruebas sustanciales que sustentaran la continuación de la investigación penal,
especialmente porque “el dictamen pericial de 2018 analizó incrementos
patrimoniales entre 1992-2007, pero se basó en información desactualizada y no
contrastó con declaraciones de renta u otros documentos válidos”. Igualmente,
reprochó que se hubieran realizado una serie de actividades “que estuvieron
encaminadas a la pérdida de tiempo. Las inspecciones judiciales a otros procesos
(ej.: estación de servicio en Villavicencio) carecían de relación directa con los
hechos investigados, violando el principio de pertinencia (Art. 177 CGP).
4
Se recuerda que esta Subsección, en un caso similar señaló: “…por la vía del recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia no es posible modificar la causa petendi, ni tampoco adicionar
la demanda ni su sustento, dado que se estaría sorprendiendo a la contraparte con cargos nuevos
frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse y, en caso de permitir tales actuaciones,
se desconocería el principio de congruencia y el debido proceso”. Consejo de Estado, Sentencia
del 19 de mayo de 2025,M.P. Nicolás Yepes Corrales, expediente 68473.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
La demora en dicho recaudo, de una prueba”. Sin embargo, este cargo se trata de
un argumento nuevo con respecto a la demanda, pues en ella no se hizo referencia
a este aspecto, razón por la cual, en virtud del principio de congruencia, la Sala no
analizará este cargo, tal como se explicó en precedencia frente a un punto previo.
Finalmente, reprochó que el Tribunal no hubiera valorado el testimonio de la
señora Luz Marina Guatame, el cual ‘acreditaba los perjuicios sufridos por los
demandantes’.
Trámite de segunda instancia
El 29 de abril de 2025, el a quo concedió el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante5 y el 19 de enero de 2026, el Despacho lo admitió6.
El 22 de enero de 2026, el Ministerio Público rindió concepto 7, por medio del cual
concluyó que la sentencia de primera instancia debía confirmarse, por cuanto
señaló que las garantías constitucionales no se habían desconocido con la
apertura de la investigación preliminar, “pues existía motivación suficiente para que
la Fiscalía procediera al averiguatorio respecto a la información suministrada por
el DAS”. Igualmente, frente a la mora judicial, alegada por los demandantes, en el
concepto se señaló que los implicados no quedaron ‘sub judice’ durante 17 años,
pues la investigación formal tuvo una duración de 6 meses.
Habida consideración de que no se decretaron pruebas en segunda instancia no
fue necesaria la presentación de alegatos de conclusión, tal como lo dispone el
numeral 5 del artículo 247 del CPACA. El 28 de enero de 2026, el proceso ingresó
al Despacho par a fallo8.
5 SAMAI, índice 42 de primera instancia.
6 SAMAI, índice 5.
7 SAMAI, índice 11.
8 SAMAI, índice 12.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
CONSIDERACIONES
1. Habida consideración que la demanda se presentó el 21 de enero de 2022, el
régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –en adelante CPACA–, que empezó a regir desde el 2
de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 del CPACA, en los
aspectos no regulados se seguirá el Código General del Proceso, en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
1. Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como guardián del orden
jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño
cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104
del CPACA, jurisdicción que se reafirma en este caso por cuanto el extremo pasivo
está integrado por la Fiscalía General de la Nación.
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del
presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor, que se
encuentra expresada en el peritaje elaborado por el señor Edgar Betancourt, la
cual corresponde a los perjuicios materiales, supera los 500 SMLMV exigidos por
el artículo 152.6 del CPACA9.
9 La pretensión mayor asciende a $17.500.000.000.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
2. Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo que se aduce ilegal10,
en este caso es el mecanismo procedente, puesto que se aduce que el origen del
daño se produjo como consecuencia de hechos y acciones imputables a la entidad
demandada.
3. Demanda en tiempo
4. El término para formular pretensiones en ejercicio del medio de control de
reparación directa, según el artículo 164 numeral 2), literal i) del CPACA,
corresponde a dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior.
En el caso concreto, el demandante edificó su demanda en dos aspectos, en
primer lugar, por la apertura infundada de la investigación, por cuanto señaló que
el informe rendido por el DAS no contaba con los elementos jurídicos necesarios
para servir de fundamento a la Fiscalía para dicho propósito. En sede de
apelación, el demandante controvirtió el mencionado informe aduciendo que el
DAS no tenía competencia para expedirlo y que, además, no reunía los requisitos
de la denuncia consagrados en el artículo 29 de la Ley 600 de 2000.
En relación con lo anterior, la Sala advierte que este cargo no se dirige al DAS sino
a la Fiscalía, implica una censura contra la decisión de la Fiscalía de abrir la
investigación penal, decisión que fue materializada en la Resolución de inicio de
10 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos, cuando no se encuentra en controversia su legalidad. Cfr.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos
jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
investigación preliminar de fecha 2 de mayo de 2002, con radicado 56408 11. Ahora
bien, teniendo en cuenta que se trata de una decisión judicial 12, resulta evidente
para la Sala que la censura presentada en contra de esta actuación, tanto en la
demanda como en la apelación, se dirige a endilgarle a la Fiscalía un error
jurisdiccional.
En consideración al anterior aserto, se advierte que el término de caducidad de las
acciones dirigidas contra providencias que se enjuician por incurrir en error judicial
se empieza a contar, por regla general, desde la notificación de dicha decisión. No
obstante, observa la Sala que no consta en el expediente que dicha providencia
hubiera sido objeto de notificación, incluso, se destaca que el señor Hernando
Villalba Herrera, por medio de memorial de fecha 3 de agosto de 2009, solicitó a la
Fiscalía General de la Nación que le informara si en su contra se estaba
adelantando alguna investigación penal13, lo cual indica que hasta ese momento
no tenía conocimiento de la Resolución de apertura de investigación preliminar
proferida el 2 de mayo de 2002.
El 24 de agosto de 2009, la Fiscalía dio respuesta al requerimiento del señor
Villalba Herrera, señalando que “por informe ejecutivo procedente de la Dirección
General Operativa del DAS, se adelanta investigación donde se encuentra
relacionado, respecto a los presuntos delitos de Lavado de Activos y
Enriquecimiento Ilícito de Particulares (…) sin que hasta la presente se haya
vinculado legalmente, por lo cual no puede autorizarse copias de la investigación,
hasta tanto se lleve a cabo esta vinculación formalmente como imputado o
sindicado dentro de este diligenciamiento”14.
11 SAMAI, índice 29, archivo
‘38_RECIBEMEMORIALES_ALLEGAEXP_ONEDRIVE_1_1462023(.zip) NroActua 29’, Cuaderno
1, páginas 15 y 17 del PDF.
12 Conforme al numeral 3 del artículo 161 de la Ley 906 de 2004.
13 SAMAI, índice 29, archivo
‘38_RECIBEMEMORIALES_ALLEGAEXP_ONEDRIVE_1_1462023(.zip) NroActua 29’, Cuaderno
1, folio 285.
14 SAMAI, índice 29, archivo
‘38_RECIBEMEMORIALES_ALLEGAEXP_ONEDRIVE_1_1462023(.zip) NroActua 29’, Cuaderno
1, página 395 del PDF.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
Ahora bien, advierte la Sala que no consta con exactitud el momento de la
imputación o sindicalización del señor Villalba Herrera; sin embargo, en el oficio
No 2145 del 8 de febrero de 2011, expedido por la Fiscalía, se indicó que el sujeto
mencionado tenía la calidad de ‘imputado’15, por lo que se puede establecer que
para este momento el señor Villalba Herrera ya había logrado acceder, en dicha
condición, a la copia del expediente, donde pudo enterarse del contendido de la
Resolución de apertura de investigación preliminar de fecha 2 de mayo de 2002.
En tal virtud, aunque el conocimiento del contenido e la Resolución de apertura de
investigación preliminar de fecha 2 de mayo de 2002, ocurrió previo al oficio del 8
de febrero de 2011, al no tenerse certeza de cuándo exactamente el señor Villalba
Herrera accedió al contenido de este acto y, en consideración al principio pro
actione, la Sala tomará como hito temporal para el inicio del cómputo de la
caducidad esta última fecha. De manera que, debe entenderse que, para el 8 de
febrero de 2011, el demandante tenía la posibilidad de presentar la acción
correspondiente contra la mencionada resolución de apertura por estar sustentada
en el informe del DAS, el cual, a su vez, contenía los defectos anunciados por el
actor en el escrito de demanda y en la apelación. No obstante, el demandante
decidió accionar 11 años después de tener conocimiento de la acción causante del
daño, por lo que este medio de control se presentó fuera de la oportunidad debida.
Así, la Subsección no analizará los cargos dirigidos contra el informe del DAS, que
finalmente comportan un cuestionamiento frente a la resolución de apertura de la
investigación preliminar, toda vez que, tal como se indicó en precedencia, estos
cargos se dirigen a la alegación de un error judicial, cuyo medio de control se
encuentra caducado.
15 SAMAI, índice 29, archivo
‘38_RECIBEMEMORIALES_ALLEGAEXP_ONEDRIVE_1_1462023(.zip) NroActua 29’, Cuaderno
1, página 473 del PDF.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
Así, como se anunció, observa la Sala que, en segundo lugar, el demandante
edificó su demanda en la mora judicial presente en la investigación penal
adelantada en contra de los demandantes, especialmente en contra del señor
Villalba Herrera.
Frente a lo anunciado en precedencia, se advierte que la investigación penal en
contra de los demandantes concluyó el 2 de septiembre de 2019 16, con la
Resolución de la Preclusión de la Instrucción, la cual quedó ejecutoriada el 24 de
septiembre de 201917. En tal virtud, el extremo activo tenía hasta el 27 de
septiembre de 202118, por lo que, en principio, la demanda también se habría
presentado fuera de la oportunidad procesal frente a este hecho dañoso. No
obstante, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
En primer lugar, por cuenta de la Pandemia del Covid-19, el Consejo Superior de
la Judicatura expidió el acuerdo número 11517 del 15 de marzo de 2020, “Por el
cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública”, por medio
del cual se resolvió: “ARTÍCULO 1. Suspender los términos judiciales en todo el
país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020”, suspensión que fue prorrogada
por varios acuerdos, concluyendo el 30 de junio de 2020, por disposición del
Acuerdo PCSJA20-11581, por tal razón los términos se reanudaron el 1 de julio de
2020.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el 24 de septiembre de 2021 se
solicitó la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Novena
Judicial II para Asuntos Administrativos y esta se llevó a cabo el 20 de enero de
2022, declarándose fallido dicho intento conciliatorio19, por lo que se llevó a cabo
16 SAMAI, índice 1, archivo ‘1_REPARTOYRADICACION_00220220001701CO(.PDF) NroActua
1’, páginas 24 a 49 del PDF.
17 SAMAI, índice 1, archivo ‘1_REPARTOYRADICACION_00220220001701CO(.PDF) NroActua
1’, páginas 52 del PDF.
18 Por corresponder al siguiente día hábil.
19 SAMAI, índice 1, archivo ‘1_REPARTOYRADICACION_00220220001701CO(.PDF) NroActua
1’, páginas 16 a 23 del PDF.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
el efecto suspensivo de la caducidad consagrado en el artículo 56 de la Ley 2220
de 2022.
Habida consideración de las prenotadas suspensiones que operaron frente al
término de la caducidad, se concluye que la demanda presentada el 21 de enero
de 2022 fue radicada dentro de la oportunidad frente al hecho dañoso de la
supuesta mora judicial por parte de la Fiscalía en el desarrollo de la investigación
penal adelantada en contra de los señores Myriam Estella García Morales y
Hernando Villalba Herrera.
4. Legitimación en la causa
5. En relación con este presupuesto debe tenerse en cuenta que la
legitimación “es la aptitud de ser parte en un proceso concreto. La legitimación
presupone que no toda persona con capacidad procesal puede ser parte en un
proceso, sino únicamente las que se encuentran en determinada relación con la
pretensión”20.
Por activa
6. Los señores Myriam Estella García Morales y Hernando Villalba Herrera se
encuentran legitimados en la causa por activa, por ser los sujetos vinculados a la
investigación penal, la cual, a su vez, es la supuesta fuente del daño deprecado.
Por su parte, María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García se
encuentran legitimados en la causa por activa, pues en la demanda se señaló que
también habían resultado lesionados con la apertura de la investigación penal.
20 González Pérez, Jesús, “Derecho Procesal Administrativo hispanoamericano”, Temis, Bogotá,
1985, p. 115.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
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Proceso: Reparación directa
Por pasiva
7. La Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva,
por tratarse del ente investigador en el caso frente a los señores Myriam Estella
García Morales y Hernando Villalba Herrera.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Fiscalía General de la Nación es
responsable de reparar el daño sufrido por la parte demandante por cuenta del
supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la mora
judicial ocurrida en la investigación penal adelantada en contra de los señores
Myriam Estella García Morales y Hernando Villalba Herrera.
6. Análisis de la Sala
6.1. El daño: primer presupuesto de la responsabilidad del Estado
8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este
postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial
del Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando
debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos
de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese
orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de
Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño
sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.
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9. De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación,
vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito 21 22 es el primer elemento que
debe quedar certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-
, sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este
sentido la doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo
esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la
conducta del autor resultará necio e inútil”23.
10. El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto24, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023,
Expediente 61.340.
22 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los
intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración
de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación
si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar-
se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile
extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad
de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el
artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación
sustancial en todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva
“La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho
administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
23 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por
Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.
13.186 ““…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
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ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 25. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.
11. Así entonces, en el caso concreto se evidencia que en la demanda se
solicitó el reconocimiento del daño consistente en la permanencia de los señores
Myriam Estella García Morales y Hernando Villalba Herrera en una investigación
de tipo penal. No obstante, se recuerda que para que este daño sea reparado debe
cumplir con la condición de ser antijurídico, situación que solo se puede evidenciar
una vez comprobado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
puesto que, como lo ha reiterado esta Corporación:
“los ciudadanos se encuentran en la obligación de soportar investigaciones
(...) Esa carga, sin embargo, no es irrestricta, y se rompe cuando se detecta,
como en este caso, la existencia de afectaciones mayores e injustificadas,
con lo cual se abre paso a la posibilidad de demandar la responsabilidad del
Estado”26
12. De manera que, el deber jurídico de soportar el daño, este último visto en
relación con el sub lite como el hecho de estar incurso en una investigación penal,
depende de la conducta defectuosa del Estado, si esta se comprueba, el daño
será, entonces, antijurídico. Así, dadas estas particularidades, advierte la
Subsección que, previo a establecer la existencia de los perjuicios deprecados, se
debe determinar si la parte demandada incurrió o no en la mora deprecada por el
extremo activo, pues con ello se puede establecer si el daño es o no antijurídico y
con ello analizar sus consecuencias.
25 Henao Perez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio
1998, P. 88 y 104
26 Consejo de Estado, Sentencia del 8 de septiembre de 2021, M.P. Alberto Montaña Plata.
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00585-01(43437).
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
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6.2. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
retardo injustificado del proceso
13. Desde antes de la Constitución de 1991 la jurisprudencia admitió la
responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio de la administración
de justicia, como una categoría diferente del error judicial. 27 Posteriormente, la
Sala mantuvo este criterio al estudiar fallas de la administración de justicia no
contenidas en decisiones judiciales, sino en actuaciones encaminadas a adelantar
los procesos o la ejecución de providencias judiciales28.
La Ley 270 de 1996 hizo suyo ese criterio jurisprudencial en su artículo 69 al
disponer que, si el daño no se origina en los casos de error judicial o privación
injusta de la libertad, el título aplicable es el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Este título se contrae, entonces, a aquellas actuaciones
que se producen con ocasión de la actividad de administrar justicia pero que no
comportan la función de interpretación o aplicación del derecho. Al respecto, ha
dicho la jurisprudencia:
(…) El régimen jurídico de responsabilidad invocado en la demanda es el
de falla del servicio, por defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia y error judicial. Para la época de ocurrencia de los hechos, esto es,
el momento en el cual se desarrolló la investigación penal y se profirieron
las decisiones que se señalan como constitutivas de dichas fallas estaba
vigente la ley 270 de 1996, que desarrolló, en relación con la actuación
judicial, el artículo 90 de la Constitución Política que prevé la
responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos
causados por las autoridades públicas.
Cabe destacar que la consagración constitucional de la responsabilidad del
Estado por todos los daños que le sean imputables, sin importar cuál sea
la fuente del daño, y la interpretación amplia de las normas que prevén la
responsabilidad del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
derechos de las personas y en el correlativo deber del Estado de reparar
los daños que se produzcan como consecuencia
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de julio 1966, Rad. 1966-N1808
28 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 3 de junio de 1993, Rad.7859.
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de su acción y omisión, cualquiera que fuere la autoridad que los cause
(…)
En relación con la actividad jurisdiccional, la jurisprudencia distinguió,
desde aquella época, la actividad propiamente judicial y las actuaciones
administrativas de la jurisdicción. En relación con las segundas admitió la
responsabilidad por los daños que se causara en desarrollo de la misma,
bajo el régimen de falla del servicio. Sin embargo, tratándose de la
actividad jurisdiccional, se consideró que no era posible deducir
responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños que se
produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los
ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad, en orden a
preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica;
de manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal
para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de
Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que éste hubiera actuado con
error inexcusable.
La Constitución de 1991 al consagrar la responsabilidad del Estado por “los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas”, previó una fórmula general de
responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había
lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u
omisión de la Administración de Justicia.
En vigencia de la Constitución 1991 se mantuvo la diferencia entre la
actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por
medio de las cuales se declarara o hiciera efectiva el derecho subjetivo o
no, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia se siguió predicando de las demás actuaciones
judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las
providencias judiciales, sin que hicieran parte de ellas las de interpretar y
aplicar el derecho. “Dentro de ese concepto están comprendidas todas las
acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la
función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino
también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los
empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales…”29. Así, se
declaró la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de
la Administración de Justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas,
o pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados al
depositario, o que no eran de propiedad del demandado30.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia del 15
de octubre de 2008, exp. 16.826, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, rad. 16826.
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Sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como evento
de responsabilidad dentro del ejercicio de la función judicial, el Consejo de Estado
en la sentencia del 11 de agosto de 2010 señaló:
“(…) Ahora bien, se observa que, como parte de las actividades propias de
la Administración de Justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los
cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse
en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en
providencias judiciales, otras en hechos concretos y unas más en simples
trámites secretariales o administrativos; es por ello que surgió doctrinal y
jurisprudencialmente una clasificación, posteriormente recogida por el
legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la
Administración de Justicia, que comprende los casos, consagrados hoy en
día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, correspondientes a
la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia.
En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida
privativa de la libertad y tampoco discute una decisión judicial, sino que
atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial
adelantada en el Juzgado Doce Civil del Circuito, que condujo a que la
diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere
tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto de un bien
inmueble que no fue debidamente identificado en el aviso por medio del
cual se dio publicidad a la futura diligencia.
Así pues, el origen del daño se halla en un trámite que no envuelve decisión
alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una
actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial,
que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia que se enmarca dentro de
la teoría general de la falla del servicio y por el cual, de encontrarse
probado, puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación, si
además se acredita el daño antijurídico que con el mismo se hubiere
causado31.
14. En esa línea, como se trata de un régimen de responsabilidad subjetivo,
debe acreditarse que el daño es producto de una falla del servicio, esto es, de una
actuación irregular derivada del funcionamiento anormal del aparato judicial,
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia del 11
de agosto de 2010, exp. 17.301, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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en este caso, por mora judicial. Frente a este evento de defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, la Sala tiene determinado que el simple retardo en
la decisión o el incumplimiento de los términos legales no configura -por sí solo- la
existencia de una falla en el servicio de justicia, pues debe tenerse en cuenta el
promedio de duración de los procesos –según sus circunstancias especiales y su
grado de complejidad–, el comportamiento de las partes y el volumen de trabajo
del despacho judicial32. Al respecto, ha dicho la Corporación:
“Según la doctrina, el funcionamiento anormal de la administración de
justicia está referido a unos estándares de lo que se considera un
funcionamiento normal:
“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el
funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos
standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de
una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos
históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento
anormal, que no toda deficiencia en la Administración de Justicia, son
generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos
patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las
necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de
funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia, aunque
tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que
actúa como factor desencadenante de la imputación “33.
Por su parte, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre al interpretar
el artículo 6, número 1 de la Convención Europea para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ha considerado que
el “carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse
según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta
fundamentalmente ´la complejidad del asunto, el comportamiento del
recurrente y la forma en que el asunto haya sido llevado por las autoridades
administrativas y judiciales’.
Ese mismo Tribunal ha precisado que no existe dilación indebida por el
mero incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos,
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, Rad. 17.293.
33 PerfectoAndrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Edit. Tecnos,
1986. P. 358.
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esto es, que no se ha constitucionalizado el derecho a los plazos, sino que
la Constitución consagra el derecho de toda persona a que su causa se
resuelva en un tiempo razonable34.
Ya en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho
a la indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular,
por el retardo injustificado de adoptar decisiones que causan daño a las partes
o a terceros35.
En síntesis, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la
responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas
del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no
justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del
asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el
caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los
estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se
señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el
que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no
desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de
justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que
supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para
atenderla36” 37.
15. En ese orden, con el objeto de verificar si la investigación penal significó un
retardo injustificado en términos del plazo razonable en el servicio de la justicia, es
menester tener en cuenta una diversidad de aspectos. En primer
34 No obstante, sobre este criterio existe controversia en la doctrina. Por ejemplo, Montero Aroca
considera que “Todo incumplimiento de los plazos debe dar lugar a declarar la existencia de un
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sin que ello signifique sin más el derecho
a la indemnización, pero por la razón distinta de que puede o no puede haber existido daño o
perjuicio”. Responsabilidad Civil del Juez y del Estado por la actuación del poder judicial. Madrid,
Edit. Tecnos, 1988., p. 35.
35 Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se
entregó al secuestre, sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la intemperie
por un período prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, exp.7859; el embargo de un vehículo,
que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, y que
permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del
bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, exp: 12.791.
36 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad,
haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y
omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de
lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su
alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, rad. 22322.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
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lugar, es importante precisar que la investigación inició en vigencia de la Ley 600
de 2000, conforme a esta normatividad, según disposición del artículo 325 38 la
etapa de investigación previa debía durar seis meses. A su vez, según el 329 39, la
etapa de instrucción debió tardar 24 meses. Una vez ejecutoriado el cierre de la
investigación, debían transcurrir los 8 días del traslado precalificatorio y 15 días
más para proferir la resolución para la calificación correspondiente (artículo 393)40.
16. Observa la Sala que la etapa de investigación previa inició el 2 de mayo de
2002 con la expedición de la Resolución de apertura de investigación preliminar,
posteriormente, la Fiscalía llevó a cabo otras actuaciones de las
38 Artículo 325. Duración de la investigación previa y derecho de defensa. La investigación
previa se realizará en el término máximo de seis (6) meses, vencidos los cuales se dictará
resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria. Quien tenga conocimiento que en su
contra se ventilan imputaciones en una investigación previa, tiene derecho a solicitar y obtener que
se le escuche de inmediato en versión libre y a designar defensor que lo asista en ésta y en las
demás diligencias.
39 Artículo 329. Término para la instrucción. El funcionario judicial que haya dirigido o realizado
la investigación previa, si fuere competente, será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo
que se haya dispuesto su desplazamiento.
En los eventos en los que no exista la necesidad de definir situación jurídica, el término de
instrucción será máximo de un año. En los demás casos, el término de instrucción no podrá exceder
de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. El Texto Subrayado fue
Declarado Inexequible por la Sentencia de la Corte Constitucional 760 de 2001 .
No obstante, si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de
veinticuatro (24) meses.
Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación.
40 Artículo 393. Cierre de la investigación. Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para
calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se
notificará personalmente, la cual sólo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la
investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación.
Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a
los sujetos procesales, para presentar las solicitudes que consideren necesarias en relación con
las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la
calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
cuales se resalta la Resolución del 29 de enero de 200341, por medio de la cual la
Fiscalía ordenó:
“ARTICULO PRIMERO: ASIGNAR a la Unidad Nacional de Fiscalías para
la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, la
investigación relacionada en la parte motiva de esta decisión.
ARTICULO SEGUNDO: FACULTAR al Fiscal Delegado con funciones de
Jefe de la Unidad sobre la cual recae la asignación, para que destaque el
Fiscal Delegado que en calidad de FISCAL ESPECIAL, tramite la
investigación objeto de asignación”.
Conforme a lo anterior, el 3 de febrero de 2003, esta entidad, dispuso:
“PRIMERO: Asignar las diligencias radicadas con el N°1805 L.A.,
mencionadas en la parte motiva de este proveído al Fiscal Delegado Ante
los Jueces Penales del Circuito N°10 (Dr. JUAN CARLOS GARRIDO
BARRIENTOS), adscrito a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho
de Dominio y Contra el Lavado de Activos, quien se destacará como Fiscal
Especial en las presentes diligencias”42.
Siguiendo lo ordenado en esta Resolución, el 11 de enero de 2007, la Fiscalía 10
Delegada ante la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
Contra el Lavado de Activos dispuso:
“Se avoca el conocimiento de las presentes diligencias y en consecuencia
se ordena la práctica de las siguientes pruebas:
Solicitar respecto de HERNANDO VILLALBA HERRERA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 17.300.557:
• Ante el Departamento Administrativo de Seguridad y Oficina del
C.I.S.A.D. de la Fiscalía General de la Nación los antecedentes
judiciales que este registre.
41 SAMAI, índice 29, archivo
‘38_RECIBEMEMORIALES_ALLEGAEXP_ONEDRIVE_1_1462023(.zip) NroActua 29’, Cuaderno
1, páginas 209 a 211 del PDF.
42 SAMAI, índice 29, archivo
‘38_RECIBEMEMORIALES_ALLEGAEXP_ONEDRIVE_1_1462023(.zip) NroActua 29’, Cuaderno
1, páginas 205 a 207 del PDF.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
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Proceso: Reparación directa
• Ante el Departamento A.F.I.S., adscrito a la Fiscalía General de la
Nación, copia de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía
y/o copia decadactilar”.
De lo anterior se puede colegir que la etapa de investigación previa excedió
ampliamente la duración razonable establecida por la ley, que correspondía a seis
meses para esta etapa, exceso que no se encontró justificado en el expediente, a
contrario sensu, de las piezas probatorias se puede extraer que las órdenes
impartidas el 29 de enero de 2003 y el 3 de febrero de 2003 solo fueron acatadas
hasta el 11 de enero de 2007, sin que se haya demostrado la existencia de
razones que justificaran la inacción del ente investigador por cuatro años.
17. Ahora bien, frente a la mora en la investigación penal por causa de las
prórrogas solicitadas para la elaboración del dictamen pericial, la Sala las
encuentra justificadas en la dificultad del análisis probatorio que debía llevar a cabo
el perito, tal como él lo señaló al solicitarlas43 e igualmente fueron proporcionales
en su duración.
18. Por lo tanto, la Sala encuentra que la mora en el adelantamiento de la
investigación previa se originó únicamente en la inactividad de la Fiscalía entre los
años 2003 a 2007, puesto que, aunque la investigación previa concluyó hasta el 5
de febrero de 2019, cuando se dio apertura a la etapa de instrucción44, lo cierto es
que, a partir del año 2007, la Fiscalía adelantó gestiones constantes en el marco
de la investigación mencionada.
19. Es menester aclarar que la mora judicial solo se encuentra probada frente a
la investigación adelantada en contra del señor Hernando Villalba Herrera, no
43 SAMAI, índice 29, archivo
‘38_RECIBEMEMORIALES_ALLEGAEXP_ONEDRIVE_1_1462023(.zip) NroActua 29’, Cuaderno
3, páginas 367 a 369 del PDF.
44 SAMAI, índice 29, archivo
‘38_RECIBEMEMORIALES_ALLEGAEXP_ONEDRIVE_1_1462023(.zip) NroActua 29’, Cuaderno
1, páginas 473 a 477 del PDF.
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Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
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Proceso: Reparación directa
así frente a la señora Myriam Estella García Morales, quien no fue sujeto de
investigación sino hasta el 5 de febrero de 2019, con la Resolución de apertura a
la instrucción.
20. De lo anterior, se concluye que el señor Hernando Villalba Herrera no tenía
el deber jurídico de soportar dicha investigación en el periodo en el que fue
acreditada la mora judicial. No obstante, dicha acreditación no es suficiente para
proceder a la condena en contra del demandado, pues se hace necesario
comprobar la existencia de los perjuicios deprecados en el libelo demandatorio.
6.3. Sobre la prueba de los perjuicios deprecados
21. Adujo el apelante que el a quo no había valorado el testimonio de la señora
Luz Marina Guatame, por medio del cual se acreditaban los perjuicios sufridos por
los demandantes. En efecto, observa la Sala que la mencionada declaración no
fue valorada por considerar innecesario su estudio al no encontrar probado el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la mora en la
investigación penal. Como en el sub judice este elemento si se encuentra
acreditado, se proseguirá con el examen de la prueba de los perjuicios
deprecados, partiendo por la valoración del aludido testimonio.
Así, en audiencia pública llevada a cabo el 6 de julio de 2023, se practicó el
testimonio de la señora Luz Marina Guatame, quien conocía sobre los hechos
objeto de la controversia por haber desempeñado algunas labores de contaduría
para los demandantes. De la declaración se destacan los siguientes apartes:
“TESTIGO: Los bancos le decían a don Hernando que no le podían sostener
los créditos porque él estaba en un proceso en la Fiscalía (…) por la falta de
los ingresos no tenía la suficiente plata para pagar las cuotas. PREGUNTÓ:
Qué significa esa situación sobre el cierre de los créditos bancarios, es decir,
qué tanto porcentaje de créditos se cerraron y cómo eso generó
consecuencias contables si lo recuerda. RESPONDIÓ: No, ahí si le estaría
diciendo mentiras si yo le doy cifras porque la verdad no lo recuerdo y no
tengo acá el informe que hicimos en su momento (…) lo que nos dimos
cuenta en algunas promesas de compraventa que suscribía
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pues había algunos negocios que se reversaron y no se llevaron a cabo (…)
don Hernando nos explicó qué era lo que había pasado, que era por eso que
no se habían llevado a cabo con algunas sanciones y todo eso. PREGUNTÓ.
[apoderado de la parte demandante] usted sabe o conoce si aparte de la
afectación patrimonial a la que ya hizo referencia tuvo algún otro tipo de
afectación el señor Villalba o la señora García. RESPONDIÓ. Pues sobre
todo don Hernando en la parte de salud, cuando no podía conseguir plata se
desesperaba bastante (…) entonces digamos que en la parte de salud
también se vio afectado él”.
22. Encuentra la Sala que ni de este ni de otro aparte de la declaración se puede
extraer la prueba del daño moral que alegan haber vivido los demandantes, menos
aún se puede establecer la existencia de los perjuicios materiales. Al respecto,
observa la Sala que en la demanda estos se estimaron así: (i) Daño Emergente:
(…) por concepto de defensa jurídica durante 19 años y
5 meses que duró el proceso, por un monto de $500.000.000 (…) copias,
papelería, escrituras y documentos aportados a la Fiscalía durante todo el proceso,
por la suma de $37.500.000 (…) traslados, viáticos y alojamiento de la defensora
para atender el proceso penal, correspondiente al valor de 120.000.000.
Igualmente, reclamó el valor de $8.500.000.000, por concepto de “negocios que
se deshicieron por cuenta de la existencia del proceso al existir reporte negativo
en listas vinculantes”.
(ii) Lucro Cesante por concepto de la cancelación de cuentas bancarias e
imposibilidad de acceder al sector financiero por cuenta del proceso, perjuicio que
estimó en la suma de $6.524.000.000 y (iii) la pérdida de la oportunidad en la
celebración de negocios, estimada en la suma de $1.818.500.000.
En el mismo aparte indicó: “El total de la indemnización se refleja en la certificación
de la contadora que contiene la situación financiera antes y después del inicio del
proceso y será soportada en el peritaje que se habrá de allegar con la demanda”.
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No obstante, ni en la demanda ni en otra oportunidad procesal se allegó ningún
dictamen pericial. Igualmente, cabe resaltar que ‘la certificación de la contadora’
tampoco se aportó al proceso, en razón a que en el acta de la audiencia inicial del
27 de marzo de 202345 se consignó “La Magistrada decretó el testimonio de la
señora Luz Marina Guatame pero advirtió que no se permitirá que se acompañe
de la exhibición de documentos contables y financieros”.
De manera que, los perjuicios mencionados en precedencia no cuentan con ningún
soporte documental, tampoco pericial y no siendo idóneo el testimonio de la señora
Luz Marina Guatame, en razón a que dicho medio probatorio no resultó apto para
la aludida demostración, la Sala concluye que, por un lado, los perjuicios de daño
emergente y lucro cesante y, por el otro lado, el daño moral, no se encuentran
demostrados en el proceso, siendo carga del demandante su probanza, conforme
al artículo 167 del Código General del Proceso46.
Así entonces, se negarán las pretensiones de la demanda.
Costas
23. El artículo 188 del CPACA remitió en el tema de costas procesales al Código
de Procedimiento Civil, actualmente Código General del Proceso. En el artículo
365 del CGP, se establece un criterio objetivo de condena en costas, que impone
condenar en este asunto a la parte vencida en este litigio.
24. Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas sufragadas durante el curso del proceso
y por las agencias en derecho.
45 SAMAI, índice 24 de primera instancia.
46 Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
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Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
25. El artículo 365 del cuerpo normativo citado, en el numeral 1, dispone que se
“condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”.
26. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, por
tratarse de la parte vencida en el proceso.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en
los términos del artículo 366 del Código General del Proceso47.
Agencias en derecho
27. Para la condena en agencias en derecho correspondientes a esta instancia,
conforme lo consagrado en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se observa
que:
(i) Se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones equivalían
a la suma de $17.500.000.000, para los perjuicios materiales, y 4.000 SMLMV para
el daño moral.
(ii) En cuanto a la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa
que el extremo demandado, no intervino en segunda instancia, por lo que no se
condenará en agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
47 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta
providencia y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación
directa frente al error judicial, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la demandante a pagar a favor de La Nación –
Fiscalía General de la Nación por agencias en derecho en esta instancia, la
suma equivalente al cinco por ciento (5%) al valor de las pretensiones de la
demanda. Esta suma deberá incluirse en el auto de liquidación de costas, a
cargo de la parte vencida, en este caso la parte demandante.
CUARTO: INFORMAR que el canal para todo documento y actuación que
se dirija al expediente de la referencia es ÚNICAMENTE la ventanilla virtual
del aplicativo web SAMAI: Ventanilla virtual SAMAI, sin perjuicio del deber
de los apoderados de acreditar ante el despacho el haber corrido traslado
de sus actuaciones a los demás sujetos procesales (artículo 78.14 del CGP).
QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, por la Secretaría de la sección
LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del proceso y DEVUÉLVASE el
remanente si hay lugar, de conformidad con los artículos 7 y 9 del Acuerdo
No. 2552 de 2004 del Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: Condenar en costas en segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
ACLARACIÓN DE VOTO
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Radicación: 25000233600020220001701 (72876)
Demandante: Myriam Estella García Morales, Hernando Villalba Herrera,
María Fernanda Villalba García y Jorge Armando Villalba García.
Demandado: La Nación- Fiscalía General de la Nación
Proceso: Reparación directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
ACLARACIÓN DE VOTO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/document
os/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación
escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.
32
Sigue leyendo
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