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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00040-02

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00040-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. SEGUNDO: Sin costas en segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, INCORPORARLA al expediente digital y remitir copia al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2023-00040-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

Temas: ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO / DAÑO - Elemento Estructural de la responsabilidad patrimonial del Estado –
Artículo 90 de la Constitución Política – Le corresponde a la parte actora acreditar su
configuración / CERTEZA DEL DAÑO - Se traduce en una afectación real del patrimonio o
de la esfera jurídica del demandante, sin que resulte procedente el resarcimiento de daños
eventuales o hipotéticos / FRUSTRACIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO PREVISTO
EN EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL - El contenido del acuerdo de
reorganización empresarial y del plan de negocios allegado al proceso evidencia que el
proyecto urbanístico se encontraba en una fase meramente prospectiva y dependía de
diversas contingencias futuras e inciertas / AFECTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
ECONÓMICA Y DESVALORIZACIÓN DEL INMUEBLE / DICTAMEN PERICIAL - Para que
una experticia tenga mérito demostrativo no basta con la formulación de conclusiones o
estimaciones económicas, sino que resulta indispensable que el perito exponga el proceso
cognoscitivo que condujo a tales conclusiones / CONDENA EN COSTAS - la Sala modifica
su postura bajo el entendido de que solo hay lugar a fijar agencias en derecho cuando se
encuentre probada su causación en el expediente derivada de la actuación efectiva de los
apoderados, esto en consonancia con la exigencia dispuesta en el mencionado numeral 8
del artículo 365 del CGP.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los perjuicios causados por la afectación patrimonial del
inmueble de propiedad del actor y la imposibilidad de ejecutar el acuerdo de
reorganización empresarial aprobado por la Superintendencia de Sociedades, en su
condición de persona natural comerciante, cuyo cumplimiento dependía del
desarrollo de un proyecto inmobiliario en dicho predio. El demandante atribuye estos
daños a la inclusión del bien en la Reserva Forestal Regional Productora del Norte
de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1.
Corresponde a la proferida el 21 de noviembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada el 23

1

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

de enero de 20231 por el señor Luis Edilberto Rodríguez Quintana en contra de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –en adelante CAR–.

2. Las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre los que el
Tribunal se pronunció, fueron las siguientes:

Pretensiones
3.
El demandante solicitó declarar administrativamente responsable a la CAR
por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la afectación del 100% de su
inmueble denominado “Lote 1 Las Mercedes”, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 50N-20652603, con ocasión de la declaración de la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”, mediante el
Acuerdo 11 del 19 de julio de 2011.
4.
A título de indemnización, solicitó el reconocimiento de perjuicios morales2 y
materiales. Por concepto de daño emergente pidió la suma de $7.560’259.200,
correspondiente al valor comercial del inmueble y, por concepto de lucro cesante,
la suma de $30.000’000.000, derivada de la imposibilidad de explotar
económicamente el predio conforme quedó consignado en un plan de
reorganización empresarial.

Hechos
5.
En la demanda se indicó que, el 15 de mayo de 2009, el señor Luis Edilberto
Rodríguez Quintana adquirió el referido inmueble con fines de explotación
económica, particularmente para el desarrollo de proyectos de construcción y
urbanización. Mediante el Acuerdo 11 de 2011, la CAR declaró y delimitó la Reserva
Forestal “Thomas Van der Hammen”, dentro de la cual quedó comprendido el
predio.
6.
La anotación de dicha afectación en el folio de matrícula inmobiliaria se
efectuó el 30 de noviembre de 2020, circunstancia que solo fue conocida por el actor
el 10 de noviembre de 2021, al solicitar el correspondiente certificado de libertad y
tradición.
7.
La declaratoria de reserva forestal impidió la explotación económica,
urbanización, comercialización y disposición del inmueble. Adicionalmente, el predio
constituía un activo esencial dentro del acuerdo de reorganización empresarial
adelantado por el señor Luis Edilberto Rodríguez Quintana, en su condición de
persona natural comerciante, ante la Superintendencia de Sociedades, cuyo
cumplimiento frente a los acreedores dependía del desarrollo de un proyecto
inmobiliario en dicho predio. Por ello, el demandante sostiene que la declaratoria
ambiental frustró la ejecución del plan de negocios previsto y agravó su situación
financiera.

1 SAMAI: Expediente digital: archivo “2_ED_CORREO_RADICACIOND”.
2 No especificó el monto en las pretensiones ni en el acápite de estimación de la cuantía , pero solicitó decretar

un “PERITAJE con el fin de establecer los perjuicios materiales y morales ocasionados a la parte actora como
consecuencia de la declaratoria de zona de reserva forestal del bien inmueble de propiedad de la parte
demandante”.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

Fundamentos de derecho

8.
El demandante sostuvo que los daños alegados eran imputables a la CAR a
título de daño especial, en tanto no cuestionaba la legalidad de la actuación
administrativa mediante la cual se declaró como reserva ambiental la zona en la que
se encontraba ubicado su lote, sino el detrimento patrimonial que dicha decisión le
ocasionó, con lo cual se quebrantó la igualdad frente a las cargas públicas3.

La defensa

9.
La CAR se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el
demandante pretendía equiparar las limitaciones ambientales impuestas sobre el
inmueble a una expropiación, pese a que el predio conservaba posibilidades de
explotación económica y no se encontraba privado de su titularidad ni de su
capacidad de disposición. Sostuvo que el Plan de Manejo Ambiental permitía
diversos usos compatibles con la conservación ambiental, así como la continuidad
regulada de actividades económicas preexistentes y que, en todo caso, el actor no
acreditó haber adelantado gestiones concretas para desarrollar proyectos
urbanísticos, ni la existencia de una situación jurídica consolidada que permitiera
afirmar la ocurrencia de un daño cierto y actual, de manera que los perjuicios
alegados se sustentaban únicamente en expectativas de un eventual
aprovechamiento económico.

10.
Adicionalmente, explicó que la expedición del Acuerdo 11 de 2011 obedeció
al ejercicio legítimo de sus competencias de protección ambiental y que las
restricciones impuestas a predios ubicados en áreas de especial importancia
ecológica constituían cargas públicas que los propietarios estaban llamados a
soportar en atención a la función ecológica y social de la propiedad. Con
fundamento en ello, propuso la excepción que denominó “No configuración de los
elementos de la teoría del daño especial”4.

11.
Concluido el debate probatorio5, en el término para alegar de conclusión, las
partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda6 y su contestación7.

La decisión del tribunal

12.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda. Consideró que no se acreditó un daño susceptible de indemnización.

3 SAMAI: Expediente digital: archivo: “3_ED_DEMANDA”.
4 SAMAI: Expediente digital: archivo: “053_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMAMND”.
5 En la audiencia inicial llevada a cabo el 9 de agosto de 2022, el Tribunal decretó las siguientes pruebas:

Documentales: 1. Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
50N-20652603. 2. Solicitud de conciliación elevada ante la entidad convocada. 3. Copia del avalúo del inmueble
4. Copia del acuerdo de reorganización empresarial y sus anexos. 5. Antecedentes administrativos y Acuerdo
11 de 2011. 6. Informe escrito bajo juramento del director administrativo de la Car (art. 195 del CGP).
Testimonial: 1. David Alberto Calderón Cortés. 2. Luz Karime Lemus Yepes. 3. William Polo León. Dictamen:
con el fin de establecer el “valor del inmueble, con sus mejoras y construcciones y posibilidad de explotación
económica, pérdida de valor como consecuencia de la afectación, propuesta económica de venta sobre el
mismo y repercusiones económicas por incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Empresarial aportado
con la demanda para probar la afectación económica por la disminución de reservas de explotación”. (SAMAI:
expediente digital, archivo “63AUDIENCIAINICI_20230004000ACTAAUDIENCIAINICIAL160224OKPDF”.
6 SAMAI: Expediente digital: archivo “86_MEMORIALWEB_ALEGATOS-ALEGATOSPDF”. Tribunal, índice 92.
7 SAMAI: Expediente digital: archivo “89_MEMORIALWEBALEGATOS-ALEGATOSCONCLUSION”.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

13.
En relación con el incumplimiento del acuerdo de reorganización empresarial,
sostuvo que la construcción del conjunto residencial correspondía a una mera
expectativa o plan de negocio futuro y no a una situación jurídica consolidada.
Destacó que no existía prueba de que antes de la inscripción de la reserva forestal,
el demandante hubiese adelantado gestiones concretas para obtener licencias
urbanísticas, permisos de construcción o autorizaciones administrativas que
permitieran siquiera inferir la viabilidad del proyecto inmobiliario, circunstancia que
impedía considerar demostrado un daño cierto y determinado.

14.
De otro lado, desvirtuó la alegada imposibilidad de explotación económica
del predio, al encontrar probado que el inmueble continuaba siendo objeto de
aprovechamiento económico mediante actividades comerciales de parqueadero,
arrendamiento de locales y almacenamiento de maquinaria, desarrolladas desde
antes de la declaratoria de reserva. Señaló, además, que las limitaciones derivadas
de dicha afectación no comportaban la pérdida del uso o aprovechamiento
económico del bien, sino la obligación de ejercerlo conforme a los lineamientos y
restricciones ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, de manera
que el demandante conservaba las facultades propias del derecho de propiedad 8.

II. RECURSO DE APELACIÓN

15.
El demandante interpuso recurso de apelación. Sostuvo que el Tribunal
incurrió en una indebida valoración probatoria, dado que desconoció el contenido
del acuerdo aprobado por la Superintendencia de Sociedades y por los acreedores,
en el que expresamente se contempló el desarrollo de un proyecto urbanístico en el
predio “Lote 1 Las Mercedes” como mecanismo para garantizar el pago de las
obligaciones y recuperar su estabilidad financiera. Aseguró que la acreditación del
daño no dependía exclusivamente de la obtención previa de licencias urbanísticas
o permisos de construcción, pues el material probatorio, valorado en su integridad,
demostraba que en el citado lote se proyectaba desarrollar un conjunto residencial
y que tal posibilidad se frustró con ocasión de la inscripción de la reserva forestal.

16.
Cuestionó la conclusión según la cual no existió afectación frente al uso y
explotación económica del inmueble, pese a que las pruebas obrantes en el
expediente, especialmente el dictamen pericial y los testimonios, acreditaban que la
declaratoria de reserva forestal implicó una limitación severa de las facultades
inherentes al derecho de propiedad. Sostuvo que el a quo omitió valorar dicha
experticia y no expuso razones jurídicas para desestimarla, pese a que ésta
demostraba que el predio perdió la totalidad de su valor comercial ante la
imposibilidad de destinarlo al proyecto urbanístico para el cual fue adquirido, así
como para utilizarlo como garantía. Agregó que la destinación del predio a
actividades como parqueadero, arrendamiento de locales o almacenamiento de
maquinaria no desvirtuaba el daño alegado, pues la afectación recaía
específicamente sobre la imposibilidad de explotar el inmueble conforme a su

8 SAMAI: Tribunal, índice 79.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

vocación urbanística y de emplearlo como activo de respaldo económico y financiero
dentro del acuerdo de reorganización empresarial9.

17.
Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 201110.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18.
Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, y
analizados los presupuestos procesales correspondientes, procede la Sala a
resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso

19.
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria al concluir que no se acreditó el daño antijurídico alegado por
la parte demandante, particularmente respecto de la frustración del proyecto
urbanístico previsto en el acuerdo de reorganización empresarial y la alegada
pérdida de valor y aprovechamiento económico del inmueble.

Prueba del daño en el caso concreto

20. La acreditación del daño antijurídico no se satisface con la simple demostración

abstracta de una limitación normativa sobre un bien o derecho, sino que exige probar
la existencia de una lesión real y actual o futura pero cierta, respecto de una situación
jurídicamente consolidada. Por tanto, no son indemnizables los perjuicios eventuales
o soportados en expectativas de ganancia, posibilidades de negocio o
potencialidades de desarrollo que no alcancen un grado suficiente de concreción,
por cuanto el daño resarcible debe encontrarse suficientemente acreditado en su
existencia, alcance y repercusión jurídica.

21. Con el propósito de determinar si los daños invocados por la parte demandante
se encuentran acreditados, la Sala procederá a reseñar los hechos probados
relevantes para la resolución de esta instancia.

22. De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se acreditó
que el 15 de mayo de 2009 el señor Luis Edilberto Rodríguez Quintana adquirió, a
título de compraventa, el inmueble denominado “Lote 1 Las Mercedes”, identificado
con matrícula inmobiliaria No. 50N-20652603¹¹, ubicado en la localidad de Suba,
Bogotá, D. C.

9 SAMAI: Tribunal, índice 82.
10 El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada, al considerar que el proyecto urbanístico
contemplado en el acuerdo de reorganización empresarial correspondía únicamente a una expectativa de
destinación futura del inmueble, prevista como un plan de ejecución a largo plazo para atender las obligaciones
frente a los acreedores, mas no a un derecho incorporado al patrimonio del demandante. Señaló, además, que
la disminución del valor comercial del predio derivada de la declaratoria de reserva forestal, aun de encontrarse
probada, no configuraba por sí sola un perjuicio indemnizable, máxime cuando estaba acreditado que el
inmueble continuaba siendo objeto de explotación económica y que las restricciones impuestas respondían al
ejercicio legítimo de la función social y ecológica de la propiedad, sin afectar su núcleo esencial ni imponer una
carga pública desproporcionada. SAMAI: índice 11.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

23. En la anotación No. 7 del certificado de tradición y libertad expedido el 10 de

noviembre de 2021 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá,
Zona Norte, figura la inscripción del Oficio 2181879 del 10 de noviembre de 2020,
proferido por la CAR, mediante el cual se ordenó registrar la afectación a reserva
forestal declarada mediante Acuerdo 11 de 201111.

24. La referida Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá fue
adoptada en cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones 475 y 621 de 2000,
expedidas por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
para lo cual la CAR profirió el Acuerdo 11 del 19 de julio de 2011, mediante el cual
se establecieron los objetivos principales 12 y previó que el régimen definitivo de
zonificación, usos y aprovechamiento sería desarrollado posteriormente a través de
un Plan de Manejo Ambiental que debía expedir la misma entidad. Mientras se
adoptaba dicho instrumento, el Acuerdo fijó un régimen principal y transitorio de usos
-forestal y de conservación-; se admitieron usos compatibles relacionados con
investigación científica y recreación pasiva; y se condicionó la permanencia de usos
residenciales, dotacionales y agropecuarios preexistentes al cumplimiento de la
función ecológica de la propiedad y a los determinantes ambientales fijados por la
autoridad competente.

25. Igualmente, se prohibió la expedición de nuevas licencias de urbanismo y
construcción al interior de la reserva, sin perjuicio de permitir intervenciones sobre
construcciones preexistentes, y se estableció que las actividades desarrolladas
antes de la publicación de la Resolución 621 de 2000 podrían continuar siempre que
garantizaran un manejo ambiental sostenible. Finalmente, el Acuerdo dispuso que
las áreas declaradas como reserva integrarían la estructura ecológica principal del
Distrito Capital y que, en todo caso, se respetarían los derechos adquiridos conforme
a la normatividad vigente13.

26. En el informe rendido bajo juramento por el Director General de la CAR 14 ,
presentado en cumplimiento de la prueba decretada por el Tribunal al amparo del
artículo 195 del Código General del Proceso15, con el fin de absolver el cuestionario
formulado por la parte demandante en relación con la afectación registrada sobre el

11 “ANOTACION: Nro 007 Fecha: 30-11-2020 Radicación: 2020-49793

Doc: OFICIO 2181879 del 10-11-2020 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -
CAR de BOGOTA D. C.
ESPECIFICACION: RESERVAS FORESTALES PRODUCTORAS (DECRETO 1076 DE 2015): 0953
RESERVAS FORESTALES PRODUCTORAS (DECRETO 1076 DE 2015) POR LA DECLARATORIA DE LA
RESERVA FORESTAL REGIONAL PRODUCTORA DEL NORTE DE BOGOTA D.C DECLARADA A TRAVES
DEL ACUERDO CAR 011 DE 2011”. SAMAI: Expediente digital: archivo:
“27_RECIBEMEMORIALESLUISRODRIGUEZTOMO”, páginas 62 a 64.
12 Tales como la preservación y restauración de los ecosistemas altoandinos, la conectividad ecológica entre los

Cerros Orientales y el río Bogotá, la protección de la fauna, flora y servicios ambientales de la zona, así como la
sustitución progresiva de usos no forestales por coberturas compatibles con la conservación ambiental.
13 SAMAI: Expediente digital: archivo: “050_RECIBEMEMORIALES_ANTECEDENTES”.
14 SAMAI: Expediente digital, archivo: “075RECIBEMEMORIALINFORMEJURAMENTADOVF”.
15 Dicho informe, cuya regulación está en el inciso segundo del artículo 195 del CGP, no constituye confesión

judicial ni tiene la virtualidad de comprometer automáticamente la responsabilidad estatal; sin embargo, sí
corresponde a un medio de prueba susceptible de valoración conforme a las reglas de la sana crítica y en
conjunto con los demás medios de prueba obrantes en el expediente, de manera que su eficacia demostrativa
dependerá de su coherencia, precisión, soporte y concordancia con el restante acervo probatorio. Corte
Constitucional, sentencia C-551/16.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

predio objeto de la litis16, la entidad indicó que el “Lote 1 Las Mercedes” se encuentra
ubicado en suelo rural de Bogotá D. C. y que la totalidad de su área (100%) se
localiza al interior de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá
“Thomas Van der Hammen”, circunstancia que dio lugar a la anotación No. 7 en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria y cuya delimitación y manejo implica la
sujeción al marco constitucional y legal aplicable a las áreas protegidas,
particularmente al Decreto 2372 de 201017.

27. En relación con la pregunta referida a las consecuencias jurídicas y económicas

derivadas de la afectación ambiental del inmueble frente a eventuales proyectos
urbanísticos, la CAR reiteró que el predio se encuentra ubicado en suelo rural, razón
por la cual, desde antes de la declaratoria de reserva, existía una imposibilidad
normativa para adelantar proyectos de urbanización y construcción, dado que la
legislación colombiana no permite expedir licencias urbanísticas con usos,
intensidades y densidades propias del suelo urbano en esta clase de suelos.

28. Agregó que el propietario continuaba ejerciendo explotación económica del bien,

situación que no se modificó con ocasión de la declaratoria de la reserva forestal.
Asimismo, precisó que la afectación no impedía la realización de actos de
disposición sobre el inmueble, tales como su venta, constitución de garantías y el
desarrollo de los usos permitidos y condicionados por el respectivo PMA.

29. Frente a la pregunta que perseguía establecer si la CAR había suministrado al

demandante algún plan o guía para la explotación económica del inmueble, la
entidad indicó que el PMA de la Reserva Forestal “Thomas Van der Hammen” fue
adoptado mediante el Acuerdo CAR No. 21 de 2014, publicado en la página web de
la entidad18 y constituía el instrumento rector para definir los usos permitidos en cada
predio ubicado al interior del área protegida, pues contenía la zonificación ambiental
de la reserva, elaborada con fundamento en los “usos existentes para el año 2011”,
así como la determinación de los usos permitidos, compatibles, condicionados y
prohibidos aplicables a cada zona.

30. Añadió que durante la formulación del PMA, la CAR adelantó un proceso de
participación dirigido a los distintos actores sociales vinculados con el área de la
reserva, entre ellos propietarios, sectores comerciales, industriales, agropecuarios y
organizaciones sociales, con el propósito de identificar intereses y propuestas
relacionadas con el manejo y aprovechamiento del territorio. Además, explicó:

“Con todos y cada uno de estos sectores se desarrollaron reuniones y talleres, que se
registraron en relatorías de reunión y listados de asistencias. Evidencia de esto se
puede encontrar en el enlace https://www.car.gov.co/vercontenido/1153

16 “1. INFORME al Despacho que afectación impuso la CAR al predio de propiedad del demandante identificado

con el No. de matrícula 50N20652603 LOTE LAS MERCEDES y 2. INFORME al Despacho que porcentaje de
afectación impuso la CAR al predio de propiedad del demandante identificado con el No. de matrícula 50N-
20652603 LOTE LAS MERCEDES”. SAMAI: Expediente digital: archivo:
“065RECIBEMEMORIALINFORME1PDF”.
17 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-

ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo
conforman y se dictan otras disposiciones”.
18 En enlace de acceso fue incorporado en el informe rendido bajo juramento con el fin de facilitar su consulta.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

“El 25 de mayo de 2013 (relatoría y listado de asistencia incluido en el ‘Anexo 01 -
Soportes de reuniones con las comunidades’, página 119, al que se puede acceder
por el enlace https://www.car.gov.co/uploads/files/5acbb4262d858.pdf), en el
Gimnasio Pascal ubicado dentro de los límites de la Reserva Forestal, se desarrolló
un taller que tuvo amplia participación de los sectores arriba enunciados. Este taller
tuvo dos propósitos: Socializar el primer componente del plan de manejo ambiental
como es el diagnóstico y, formular el escenario deseado de la reserva como parte de
la prospectiva del componente de ordenamiento. De esta forma, cada uno de los ocho
sectores formulaba gráficamente su escenario deseado y hacía la correspondiente
relatoría, que resultaba ser la memoria explicativa respectiva.

En el listado (Anexo 01 - Soportes de reuniones con las comunidades), página 130, al
que se puede acceder por el enlace
https://www.car.gov.co/uploads/files/5acbb4262d858.pdf)19 se identifica que el señor
Luis Edilberto Rodríguez identificado con cédula… representante del sector
Pequeño propietario, con dirección Kra 111 No. 157 – 30, número de celular… correo
electrónico obrasciviles1@yahoo.com y firma… participó del taller del 25 de mayo de
2013”.

31. Finalmente, frente a la pregunta relacionada con el porcentaje de afectación y las
actividades económicas permitidas en el inmueble 20 , la CAR respondió que las
limitaciones derivadas de la anotación registral debían analizarse conforme al PMA,
según el cual el inmueble “Lote 1 Las Mercedes” se encuentra comprendido en dos
categorías de zonificación: (i) zona de restauración y (ii) zona de uso sostenible –
subzona de alta densidad de uso, así:

19 En relación con la información y documentación a la que remiten los enlaces electrónicos incorporados en el

informe rendido bajo juramento, la Sala considera procedente su valoración. Ello, por cuanto dicha información
fue suministrada en desarrollo de una prueba solicitada por la parte demandante y decretada por el Tribunal,
escenario en el cual el Director General de la CAR no solo absolvió el cuestionario formulado, sino que además
indicó las fuentes documentales e institucionales que servían de soporte a las respuestas emitidas. En ese
contexto, los enlaces incorporados no constituyen medios de prueba independientes del informe principal, sino
mecanismos de acceso a información pública y documentos oficiales publicados en la página web de la entidad
sobre la declaratoria de reserva ambiental y adopción del PMA, utilizados para respaldar y complementar el
contenido de la prueba practicada. Adicionalmente, se advierte que en la audiencia de pruebas celebrada el 2
de mayo de 2024 (SAMAI: Tribunal índice 52), se corrió traslado del referido informe a la parte demandante y
al Ministerio Público, quienes manifestaron no tener objeción, reparo o cuestionamiento alguno respecto de su
contenido, de los documentos de soporte ni de los enlaces electrónicos allí referenciados. En esas condiciones,
como se garantizó su contradicción y no existe controversia sobre su autenticidad o incorporación al proceso,
la información y documentación a la que remiten dichos enlaces puede ser apreciada por la Sala en conjunto
con los demás medios de convicción obrantes en el expediente, conforme a las reglas de la sana crítica y
atendiendo a la suficiencia demostrativa que, en cada caso, corresponda reconocerles.
20 “5. INFORME al Despacho en que porcentaje y respecto de qué actividades económicas en el predio se deriva

la imposición de la afectación del predio identificado con el No. de matrícula 50N-20652603 LOTE LAS
MERCEDES”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

32. Explicó que la mayor parte del inmueble corresponde a zona de restauración,

destinada principalmente a actividades de recuperación ecológica, conectividad
ambiental y conservación, en la que se prohíben expresamente usos relacionados
con urbanización, vivienda nueva, construcción de redes viales, actividades
industriales y comerciales no autorizadas, así como desarrollos urbanísticos distintos
de los usos principales, compatibles o condicionados previstos en el respectivo plan
ambiental.

33. En cuanto a la zona de uso sostenible – subzona de alta densidad de uso, la

entidad señaló que esta comprende áreas con “usos preexistentes a la declaratoria
de la reserva”, dentro de las cuales podían mantenerse determinadas actividades
comerciales y de servicios, tales como parqueaderos, almacenamiento, provisión de
alimentos o servicios asociados al ecoturismo, bajo los determinantes ambientales
exigidos por la norma y con prohibición de ampliar el índice de ocupación actual.
Precisó igualmente que las “construcciones preexistentes podían continuar siendo
utilizadas conforme a los usos desarrollados antes de la declaratoria de la reserva”;
y que en esta zona tampoco se permitía adelantar proyectos de urbanización o
construcción de vivienda nueva, por tratarse de usos expresamente prohibidos21.

34. Mediante Auto 460-010615 del 8 de octubre de 2020, la Supersociedades admitió

la solicitud de reorganización empresarial de persona natural presentada por el
señor Luis Edilberto Rodríguez Quintana y, el 9 de marzo de 2021, éste radicó el
acuerdo de reorganización aprobado por los acreedores22.

35. En el acápite de declaraciones y generalidades del acuerdo, el deudor manifestó

que su actividad económica se encontraba relacionada con el desarrollo de
proyectos de infraestructura, administración y explotación de finca raíz, y que
atravesaba una situación de crisis económica que hacía necesaria la celebración del
acuerdo para preservar y normalizar sus relaciones crediticias. Asimismo, indicó que
el acuerdo se celebraba entre el deudor y los acreedores (internos y externos)
reconocidos dentro del trámite de reorganización, frente a obligaciones que
ascendían aproximadamente a la suma de $1.236’757.635, y que tendría una
vigencia de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la providencia que lo
confirmara.

36. Como anexo del citado acuerdo se adjuntó un “Plan de Negocios”23, documento

en el que el deudor expuso que la estrategia prevista para superar la crisis financiera
y atender el pago de las obligaciones consistía en explotar su experiencia y
trayectoria en el sector de la construcción mediante el desarrollo de un proyecto

21 Esta última información también registra en el memorando DGOAT del 4 de agosto de 2023, suscrito por el

director DGOAT de la CAR. SAMAI: Expediente digital, archivo:
“052_RECIBEMEMORIALES_UMEMORANDODGOATPD”.
22 Acompañado de los siguientes anexos:
(i) texto del acuerdo aprobado por la mayoría de los acreedores; (ii)
calificación y graduación de los créditos y derechos de voto definitivo; (iii) anexo del tipo de acreedores; (iv)
relación de los acreedores con voto positivo a favor del acuerdo; (v) copia de los votos emitidos por los
acreedores con copia de cédula y certificación de existencia y representación legal según corresponde; (vi) flujo
de caja y (vii) plan de negocios. SAMAI: Expediente digital: archivo,
“27_RECIBEMEMORIALES_LUISRODRIGUEZTOMO”, páginas 1 a 55.
23 SAMAI: Expediente digital: archivo, “27_RECIBEMEMORIALES_LUISRODRIGUEZTOMO”, páginas 45 a 56.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

inmobiliario sobre el predio “Lote 1 Las Mercedes”, para lo cual señaló
expresamente:

“ENTORNO EMPRESARIAL: Luis Edilberto Rodríguez Quintana ha tenido una
amplia trayectoria en el sector de la construcción, como gerente de una empresa
dedicada al suministro de equipos de construcción, diseños estructurales y
arquitectónicos, proyectos que ha realizado desde su cimentación hasta su exitosa
culminación, con diferentes empresas constructoras en la ciudad de Bogotá y sus
alrededores.

“(…) De igual manera... realiza arrendamientos de locales que se encuentran en el
predio, denominado Las Mercedes, y del terreno, como parqueadero y zona de
almacenaje de equipos.

OBJETIVO GENERAL: Explotar su know-how y el activo reputacional con el objeto
de desarrollar su propio proyecto constructivo en cooperación con constructores,
con quienes ha desarrollado grandes proyectos en la ciudad de Bogotá, para un
proyecto que le permita honrar a sus acreedores que han confiado en él.

OBJETIVO ESPECÍFICO: - Realizar la construcción de conjunto residencial en el
lote Las Mercedes de su propiedad. - Formular estrategias de venta que le permitan
autofinanciar su proyecto. - Lograr en asociación con una firma constructora el
desarrollo del conjunto con un buen margen de rentabilidad gracias a su experticia
en el sector. - Corregir las circunstancias que lo llevaron a atravesar las actuales
dificultades de crisis. - Crear un parámetro a seguir en busca de la recuperación y
estabilización”.

37. En el acápite del plan de negocios denominado “Mercado”, se describió el predio

“Lote 1 Las Mercedes” como un inmueble ubicado en una zona de expansión
urbanística de la localidad de Suba, frente a la Clínica y Complejo Universitario
Corpas, con potencial para el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales
orientados principalmente a personas vinculadas al sector salud, estudiantes y
residentes del sector. Dentro de las fortalezas del proyecto destacó su experiencia
en el sector de la construcción y la titularidad del terreno; a su vez, identificó como
debilidades la falta de recursos financieros suficientes para desarrollar directamente
la obra, la necesidad de acudir a alianzas con firmas constructoras y la existencia de
una medida cautelar sobre el predio.

38. En relación con las estrategias de implementación del acuerdo, señaló que
esperaba “levantar la medida cautelar que pesa sobre el inmueble para poderlo
entregar a una fiducia”, luego adelantar los diseños constructivos, la obtención de
permisos, la asociación con una firma constructora encargada del desarrollo de la
obra, la consecución del crédito constructor que permitiría dar inicio a la misma,
mientras se adelantaba la venta sobre planos de las unidades habitacionales y
comerciales. Además, explicó que (se transcribe conforme obra):

“(…) mientras se desarrolla el proyecto, se puede seguir contando con los ingresos
que se obtienen por efectos del arrendamiento de los locales comerciales, el terreno
como parqueadero y parte del terreno para almacenamiento de equipos de
construcción, que de igual manera, como se presenta en el flujo de caja proyectado
a 10 años, es suficiente para dar cumplimiento con los pagos de las diferentes
acreencias que serán objeto del proceso de reorganización” (destaca la Sala).

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

39. El 26 de abril de 2021, la Supersociedades llevó a cabo la audiencia de
resolución de objeciones, aprobación de la calificación y graduación de créditos,
determinación de derechos de voto y confirmación del acuerdo de reorganización
del señor Luis Edilberto Rodríguez Quintana (Decreto Ley 772 de 2020)24.
40. En dicha diligencia se surtió el control de legalidad del trámite
reorganizacional, la verificación del cumplimiento de acreencias y el estudio del
acuerdo puesto a consideración de los acreedores. La autoridad confirmó su
contenido, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares vigentes sobre los
bienes del deudor y dispuso la inscripción de la decisión ante la Cámara de
Comercio y demás autoridades competentes. Asimismo, ordenó remitir copia de la
providencia y de los documentos correspondientes al grupo de acuerdos de
insolvencia en ejecución de la entidad para el trámite pertinente.
41. Para acreditar los supuestos daños y perjuicios causados al demandante con
ocasión de la afectación a reserva forestal del inmueble “Lote 1 Las Mercedes”, con
la demanda se allegó un dictamen pericial25, con fecha del 22 de marzo de 2023,
elaborado por el señor William Robledo Giraldo, ingeniero catastral y geodesta,
especializado en avalúos de la Universidad Externado de Colombia y con maestría
en construcción de obras viales de la Universidad Santo Tomás, vinculado a la
empresa W.R Ingenieros Avaluadores, cuyo objeto consistió en:

“Obtener el valor comercial del inmueble, al momento de la afectación del bien,
como resultado de la implementación de la Reserva Forestal Productora Regional,
por la resolución de formación de la reserva Van Der Hammen, (Acuerdo No. 011
del 19 de julio de 2011 de la CAR Cundinamarca, por la cual se declara el Área de
Reserva Forestal Productora Regional del Norte de Bogotá D. C. ‘Thomas Van Der
Hammen’) y determinar el lucro cesante y el daño emergente, causados por la
citada resolución. Situación evidente, pues en el momento de la inscripción de la
afectación en el folio de matrícula inmobiliaria y/o cambio de la destinación
económica, mediante acuerdo municipal, el predio inmediatamente sale del
mercado inmobiliario de bienes inmuebles, pues se torna en un predio
MONOPSONICO, es decir, el único hipotético comprador es el Estado” (se resalta).

42. Para ello, el perito identificó las características físicas del inmueble y del
sector, la reglamentación urbanística, según la cartografía del Plan de
Ordenamiento Territorial aprobado mediante Decreto 555 del 29 de diciembre de
2021, y estableció los usos permitidos, compatibles, condicionados y prohibidos
previstos en la reglamentación ambiental vigente26. Determinó el área de terreno y
de construcción (121.115,80 m2 y 1948,4 m2), la distribución del inmueble, las
especificaciones de construcción y las generalidades del terreno, e hizo referencia
a los métodos valuatorios a aplicar, así:

“Los métodos valuatorios utilizados son conforme a lo establecido por la Resolución
No. 620 de fecha 23 de septiembre de 2.008, expedida por el IGAC ‘Por la cual se
establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997’ y bajo el Decreto 1420 de 1998 y demás normas complementarias.

24 SAMAI: Expediente digital: archivo, “27_RECIBEMEMORIALES_LUISRODRIGUEZTOMO”, páginas 56 a 61.
25 SAMAI: Expediente digital: archivo, “25_RECIBEMEMORIALES_SUBA2023”.
26 Los cuales coinciden con los ya desarrollos en el informe bajo juramento presentado por el Director General

de la CAR.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

Método de comparación o de mercado.
Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial.

Método de costo de reposición:
Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de
estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del
objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada”.

43. En el capítulo 8, denominado “Investigaciones desarrolladas”, el perito señaló
que efectuó un análisis del comportamiento histórico de los precios de la tierra en el
sector, así como un estudio de precios unitarios contenidos en revistas
especializadas como Guía Inmobiliaria y Construdata, complementado con
consultas a profesionales especializados y a la base de datos de la firma W.R.
Ingenieros Avaluadores. Tomó como referencia un inmueble ubicado en la localidad
de Suba27, con un área de 74.000 m2 y uso dotacional educativo, frente al cual se
fijó un valor de venta de $64.380’000.000, equivalente a $870.000 por m2.

44. Seguidamente, realizó un proceso de “homogenización de mercado”28,
teniendo en cuenta la diferencia de áreas entre el inmueble comparable y el predio
objeto del avalúo, aplicando un factor de corrección de 1.2529, conforme a los
criterios expuestos por Sergio Antonio Abunahman en su texto de ingeniería legal y
tasaciones30. A partir de dicha operación concluyó que el valor de referencia
ascendía a $1’087.500 por metro cuadrado, razón por la cual adoptó un valor final
de $1’100.000 por metro cuadrado para el terreno objeto de estudio.
45. Con base en el área de terreno identificada -12.115,80 m2- determinó que su
valor total ascendía a $13.327’380.000. El dictamen precisó que dicho valor
“correspondía al predio sin afectación derivada de la declaratoria de reserva forestal,
es decir, considerando el potencial de aprovechamiento económico y de desarrollo
del inmueble antes de la imposición de las restricciones ambientales”.

46. El capítulo 10, referente al “Cálculo valor construcción”, el perito explicó que
empleó el método de reposición a nuevo31. Para ello, estableció que el inmueble
contaba con un área construida de 1.948,4 m 2, respecto de la cual calculó costos

27 Al costado sur de la Clínica Corpas.
28
Es el procedimiento por el cual se analizan las características del inmueble que se valora, en relación con los
testigos obtenidos en venta y/o renta que, si bien deben ser similares no idénticos. Consiste en ajustar y hacer
comparables distintos inmuebles de referencia, corrigiendo variables como ubicación, área, uso, topografía, vías
de acceso o condiciones jurídicas. Su finalidad es obtener un valor unitario uniforme y técnicamente comparable
para determinar el valor comercial real de un predio.
29 Porcentaje o coeficiente que se aplica a un inmueble comparable para ajustar sus diferencias frente al predio

objeto de avalúo. Permite incrementar o disminuir el valor de referencia según variables como ubicación, área,
forma, topografía, servicios, uso o afectaciones jurídicas, con el fin de obtener comparaciones homogéneas y
técnicamente equivalentes.
30 “Área promedio del mercado (74000m2) Área predio avaluó (12115.8 m2) Como la diferencia de áreas es

superior al 30% respecto al predio del avalúo, según el Ing., Sergio Antonio Abunahman, en su texto de
ingeniería legal y de tasaciones, pagina 202, el factor de corrección por área se aplica así: Cuando la diferencia
de áreas es superior al 30%, se obtiene mediante la aplicación de fa = (área del elemento investigado/área del
elemento tasable) ^ (0.125). Fa= (74000/12115.8) ^ (0.125) = 1.25 Valor de referencia:
$870.000*1.25=$1.087.500.”.
31 Que tiene como objetivo estimar el costo de construir nuevamente un inmueble semejante al objeto de avalúo

y descontar posteriormente la depreciación acumulada derivada de su antigüedad y estado de conservación.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Medio de control: Reparación directa

directos equivalentes al 80% ($1’200.000 por m2), costos indirectos equivalentes al
20% ($300.000 por m2), así como costos administrativos y financieros del 15%
($225.000 por m2), para un costo total de construcción de $1’725.000 por m2.

47. Con base en esos valores, se determinó que el valor de reposición de la
construcción en obra nueva ascendía a $3.360’990.000, y adicionó una utilidad del
constructor del 10%, estableciendo un valor total de la construcción de
$3.697’089.000. Además, estimó una vida útil de 70 años, una antigüedad
aproximada de 12 años y un estado de conservación clasificado en nivel 2 (“bueno”),
concluyendo que la depreciación acumulada correspondía al 12,31%
($455’111.656). En consecuencia, fijó el valor total actual de la construcción en la
suma de $3.312’280.000.

48. En el capítulo referente al “Resultado del avalúo”, el perito distinguió entre el
valor del inmueble sin afectación y el valor del inmueble con la afectación derivada
de la declaratoria de la reserva. Fijó el valor del predio sin afectación en la suma de
$16.639’660.000, compuesto por el valor del terreno ($13.327’380.000) y el valor de
las construcciones ($3.312’280.000). Frente al inmueble con afectación, el perito
sostuvo que la declaratoria de reserva forestal restringió sustancialmente el
potencial de desarrollo urbanístico y económico del predio, limitando sus
posibilidades de uso y comercialización. En particular, indicó que el inmueble pasó
a ser un “predio monopsónico”, en tanto el único eventual comprador sería el
Estado, y afirmó que las restricciones ambientales únicamente permitían
actividades asociadas a “la recreación pasiva o reforestación con especies nativas”.

49. Con fundamento en dichas consideraciones, el auxiliar aplicó una afectación
del 70% sobre el valor del terreno inicialmente determinado, pues “basados en la
experiencia avaluadora nacional, las zonas de reserva como máximo alcanzaran
(sic) el 30% el valor de las áreas circundantes sin ningún tipo de restricción, pues
este porcentaje es el que maneja los ordenamientos territoriales como índice de
ocupación del área de predios rurales los cuales tienen de forma prioritaria, la
conservación o recuperación de la vegetación nativa”. Como consecuencia, redujo
el valor del m2 de terreno a $330.000 y fijó el valor del terreno afectado en
$3.998’214.000. Sumado el valor de las construcciones, que mantuvo en
$3.312’280.000, concluyó que el valor total del inmueble con afectación ascendía a
$7.310’494.000, así:

13

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
Actor: Luis Edilberto Rodríguez Quintana
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50. Por último, en el capítulo del “Cálculo perjuicios”32, en relación con el lucro
cesante por desvalorización, indicó que el predio perdió su potencial de desarrollo
a partir de la declaratoria de reserva forestal y que, adicionalmente, la inscripción
de la afectación en el folio de matrícula inmobiliaria restringió sustancialmente sus
posibilidades de negociación, insistiendo en que se volvió un “predio monopsónico”.

51. Para cuantificar dicho perjuicio, tomó como base la diferencia entre el valor
del inmueble con y sin afectación, indexó esa suma con base en el IPC, a efectos
de actualizar las cifras al momento en que se registró la reserva en el folio de
matrícula inmobiliaria -noviembre de 2020-. Con base en ello, determinó un valor
por concepto de desvalorización de $7.556’624.460.

52. Por otra parte, para calcular la “pérdida monetaria” u “oportunidad”, el perito
acudió a la metodología de “Expectativa de Pérdida Anual”33 para modelar el
impacto económico derivado de “riesgos o amenazas”. Para ello, tomó el valor
comercial del inmueble sin afectación, actualizado a 2020, lo que arrojó un total de
$13.478’124.600, y estimó como amenaza la pérdida de la negociación de venta del
predio. A partir de un factor de exposición del 100%34 y una tasa anualizada de
ocurrencia del 50%, correspondiente a la hipótesis de pérdida de negociación “una
vez cada dos años”35, concluyó que la pérdida monetaria ascendía a
$6.739’062.300. A partir de lo cual concluyó que el valor total de los perjuicios
causados al propietario del inmueble ascendía a $14.295’686.760.

53. En la audiencia de contradicción del dictamen36, el perito indicó que el avalúo
se realizó conforme a la metodología prevista en la Resolución 620 de 2008 y el
Decreto 1420 de 1998, y reiteró la información contenida en el informe pericial.
Explicó que, ante la ausencia de inmuebles plenamente comparables, acudió a un
proceso de homogeneización con fundamento en un predio de mayor extensión
identificado en la zona, lo que permitió fijar el valor del terreno sin afectación en
$1’100.000 por m2 y, posteriormente, determinar una reducción del 70 % de su valor
por efecto de la inclusión en la Reserva Forestal “Thomas Van Der Hammen”.

54. Manifestó que la declaratoria de reserva restringió significativamente los usos
del predio, pues el Acuerdo 11 de 2011 reconocía expresamente la existencia de
usos preexistentes en la zona, tales como agropecuarios, residenciales,
industriales, comerciales, dotacionales y de servicios; pero que, con posterioridad a
la afectación, solo era posible desarrollar actividades compatibles con la
preservación ambiental, como recreación pasiva, reforestación y algunos

32 Capítulo 13.
33 Es una técnica utilizada en valoración económica, financiera y de riesgos para estimar cuánto dinero, en

promedio, se espera perder cada año como consecuencia de un evento adverso o una restricción que puede
ocurrir periódicamente.
Se calcula combinando dos variables principales: i) la magnitud de la pérdida económica cuando ocurre el
evento, y ii) la probabilidad o frecuencia anual de ocurrencia.
34 Significa que el bien estuvo totalmente expuesto al riesgo analizado durante todo el período considerado; es

decir, el riesgo podía materializarse de manera plena y continua, sin restricciones parciales.
35 Una tasa anualizada de ocurrencia del 50 %, bajo la hipótesis de pérdida de negociación “una vez cada dos

años”, indica que estadísticamente se estima que el evento dañino o la pérdida económica ocurriría, en
promedio, una vez cada dos años. En términos probabilísticos, eso equivale a una frecuencia anual del 50 %,
porque: existe una probabilidad equivalente al 50 % de que ocurra la pérdida de negociación.
36 Llevada a cabo el 2 de mayo de 2024 (SAMAI: Tribunal índice 52).

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aprovechamientos ecológicos. En ese sentido, afirmó que el inmueble perdió su
“potencial de desarrollo”, por cuanto no podían adelantarse proyectos residenciales,
industriales o institucionales. Adujo que no verificó si el demandante contaba con
licencias, permisos urbanísticos, conceptos de uso del suelo o gestiones
adelantadas ante autoridades distritales o ambientales para desarrollar un proyecto
urbanístico específico en el inmueble, por considerar que dicha información no era
necesaria para el ejercicio valuatorio.

55. Aunque afirmó que antes de la declaratoria se permitían “desarrollos
residenciales”, reconoció que no podía precisar cuántas viviendas o cuántos pisos
podían construirse, pues ello dependía de variables técnicas y urbanísticas
específicas, tales como los índices de ocupación y construcción definidos en el POT.
Frente a las actividades económicas desarrolladas actualmente en el inmueble,
señaló que no fueron incorporadas dentro de su valoración como explotación
económicamente relevante, puesto que en la reglamentación aplicable, los
parqueaderos no aparecían expresamente previstos dentro de los usos compatibles
de la reserva y que la apreciación consignada en el dictamen, según la cual el
inmueble únicamente podía destinarse a recreación pasiva o reforestación,
obedecía al criterio de “mayor y mejor uso” aplicado en el avalúo.

56. En la misma audiencia de pruebas37, rindieron testimonio los señores: (i) Luz
Karime Lemus Yepes, abogada, quien manifestó haber acompañado al demandante
en la parte inicial proceso de reorganización empresarial 38 presentado ante la
Superintendencia de Sociedades; (ii) William Polo León, que afirmó conocer al
demandante desde hace aproximadamente veinte años, tanto por una relación de
amistad como laboral, pues se desempeñó como “almacenista” en varios proyectos
de obra civil ejecutados por el señor Luis Edilberto Rodríguez Quintana; y (iii) David
Alberto Calderón Cortés, ingeniero mecánico, quien aseguró que mantenía una
relación de amistad con el demandante desde hacía varios años y que actualmente
arrendaba un espacio en el predio objeto del litigio para almacenar maquinaria de
su propiedad.

57. La primera sostuvo que dentro del acuerdo de reorganización se formuló “un
proyecto de construcción residencial” en el predio “Lote 1 Las Mercedes”, el cual se
presentó como garantía del proceso y parte del “plan de negocios” previsto para
atender las obligaciones frente a los acreedores, por cuanto el señor Luis Edilberto
Rodríguez siempre había trabajado en temas de construcción y que, de hecho, tenía
una empresa constructora que también se encontraba en proceso de
reorganización.

58. Precisó que la finalidad del señor Rodríguez Quintana era desarrollar un
proyecto residencial en el predio y vender los apartamentos que se construyeran
dentro de un plazo de diez años (duración del acuerdo) y, mientras iniciaba su
ejecución, pretendía atender sus obligaciones con los ingresos derivados de los
arrendamientos del inmueble, el cual para entonces estaba destinado a

37 SAMAI: Tribunal índice 52. Audiencia de pruebas celebrada el 2 de mayo de 2024.
38 Afirmó que estuvo encargada de realizar todo el proceso de admisión a la reorganización y adelantar los

temas de depuración de cartera con los fondos de pensión.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
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parqueadero, locales comerciales y bodegas. Agregó que el demandante tenía la
intención de vender el predio, pero “no conozco exactamente si le realizaron la
propuesta y sí lo hizo o no”.

59. Asimismo, afirmó que, en noviembre de 2021, éste se enteró de la afectación
ambiental del inmueble y, por tal razón, no pudo continuar con el proyecto, situación
con la que se vio “bastante perjudicado”. No obstante, señaló: “tengo entendido”
que continuó cumpliendo las obligaciones del acuerdo con los cánones de
arrendamiento percibidos del predio, y que desconocía el estado actual del acuerdo.
Finalmente, adujo que no conocía cuál era el uso del suelo antes de la afectación
ambiental, pero que según lo que había entendido, el proyecto era viable porque ya
se habían contratado arquitectos y el certificado de tradición del inmueble para la
fecha en que se consultó no registraba afectaciones. Sin embargo, aclaró que no
sabía los términos específicos del proyecto ni “hasta donde avanzaron” con éste.

60. Por su parte, el señor Polo León señaló que conocía el predio denominado
“Las Mercedes”, en el cual funcionaba una zona de parqueaderos, locales y
almacenamiento de equipos de construcción, actividad que relacionó con la labor
desarrollada por el demandante, quien, según indicó, “toda la vida ha estado en el
gremio de la construcción”.

61. Asimismo, sostuvo que, en el 2021 cuando el demandante estaba adelantado
el proceso de reorganización empresarial, se presentaron “varias propuestas de
compra”, entre ellas por parte de Conconcreto y de un ingeniero de apellido
Calderón. Sin embargo, afirmó que, más o menos en noviembre de 2021, el
inmueble “entró en una cuestión que se llama la Van Der Hammen” y según entiendo
“congelaron todo”, razón por la cual “los compradores no podían hacer nada sobre
el predio”. Añadió que tuvo conocimiento de que el demandante atravesaba
dificultades económicas y tenía varias deudas pendientes; no obstante, aclaró que
desconocía los detalles del proceso de reorganización, así como el valor y las
condiciones de las ofertas formuladas frente al inmueble.

62. A su vez, el señor Alberto Calderón Cortés indicó que tuvo conocimiento, por
conversaciones sostenidas con el señor Rodríguez Quintana, de que entre los años
2020 o 2021 este estuvo próximo a vender el inmueble con el propósito de
solucionar dificultades económicas que venía afrontando, pero que dicha
negociación finalmente no se concretó debido a la afectación derivada de la reserva
forestal. Incluso afirmó que existió “una intención muy fuerte de compra” casi que
“una compraventa en firme”, que según recordaba ascendía a “14 o 15.000 millones
de pesos”, aunque aclaró que no conocía más detalles de la negociación.

63. Sostuvo que el demandante se dedicaba al sector de la construcción y que
uno de sus principales objetivos con el inmueble era desarrollar un proyecto
urbanístico a futuro, pues, este tipo de inversiones se adquieren “con la intención
de urbanizar o simplemente para después venderlo más caro”. Manifestó que
actualmente el predio continúa siendo explotado económicamente mediante el
arrendamiento de espacios para almacenamiento de maquinaria y parqueadero y
funcionamiento de algunas bodegas. Sin embargo, dijo que dicha actividad no
correspondía a la finalidad económica para la cual lo había adquirido el demandante

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00040-02 (74.149)
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y aseguró que los ingresos obtenidos resultaban insuficientes frente a las
obligaciones económicas que éste tenía.

64. Finalmente, afirmó que el señor Rodríguez Quintana realizó “las consultas
pertinentes” relacionadas con el proyecto urbanístico; no obstante, aclaró que no le
constaba si antes de la declaratoria de reserva, había solicitado permisos, licencias
o conceptos urbanísticos ante las autoridades competentes.

Frustración del proyecto urbanístico previsto en el acuerdo de reorganización
empresarial

65. La Sala comparte la conclusión del Tribunal, según la cual, la construcción
del conjunto residencial proyectado en el predio “Lote 1 Las Mercedes” correspondía
a una mera expectativa y no a una situación jurídica consolidada. Conforme lo
afirmó el actor en la demanda (hecho 4), desde la expedición y publicación del
Acuerdo CAR 11 de 2011 (Diario Oficial No. 48.156 del 9 de agosto de ese mismo
año), el inmueble “Lote 1 Las Mercedes” quedó incorporado al área de la Reserva
Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van der Hammen”,
momento a partir del cual comenzaron a regir unas determinantes ambientales
básicas y transitorias aplicables a los predios comprendidos dentro de dicha área
protegida.

66. En particular, el citado acuerdo previó un régimen principal de uso forestal y
de conservación, condicionó la permanencia de usos preexistentes y sometió el
otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas y de construcción a las restricciones
y determinantes ambientales previstas para el área de reserva, mientras se
adoptaba el correspondiente PMA.

67. Sin perjuicio de lo anterior, por tratarse de un acto administrativo de carácter
general, no puede afirmarse categóricamente que desde el momento de su
publicación el demandante tuviese conocimiento del alcance concreto y definitivo
de las restricciones aplicables a su inmueble, pues ello se estableció posteriormente
con la expedición del PMA adoptado mediante el Acuerdo CAR 21 de 2014.
Precisamente por ello adquiere especial relevancia el material probatorio
relacionado con el proceso de formulación participativa de dicho instrumento,
particularmente las reuniones y talleres adelantados por la CAR con los distintos
actores vinculados al área de la reserva.

68. Como soporte de las respuestas dadas por el Director General de la CAR -
ver párrafos 32 y 33-, en virtud de los interrogantes formulados por la apoderada del
actor, se allegaron las relatorías, registros fotográficos y listados de asistencia
correspondientes a las reuniones realizadas durante el proceso de formulación del
PMA, dentro de las cuales se encuentra acreditada la participación del señor Luis
Edilberto Rodríguez Quintana en la jornada adelantada el 25 de mayo de 2013, en
calidad de pequeño propietario. En dicha reunión se socializaron los avances en la
formulación del referido plan y aspectos relacionados con la zonificación de la
reserva, el régimen de usos aplicable a los predios ubicados en su interior y las
limitaciones derivadas de la declaratoria ambiental. Asimismo, se explicó que el

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referido instrumento definiría los usos permitidos, compatibles, condicionados y
prohibidos para cada zona de la reserva.

69. Se agrega a lo anterior que, para el momento en que el señor Luis Edilberto
Rodríguez Quintana radicó ante la Superintendencia de Sociedades el acuerdo de
reorganización empresarial -9 de marzo de 2021-, ya se encontraba inscrita en el
folio de matrícula inmobiliaria del inmueble la afectación derivada de la declaratoria
de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van der
Hammen”, anotación efectuada mediante el Oficio 2181879 del 10 de noviembre de
2020 expedido por la CAR.

70. En ese punto, la Sala no puede pasar por alto que la testigo Luz Karime
Lemus Yepes afirmó que fue la encargada de adelantar el trámite de admisión a la
reorganización empresarial y que el señor Rodríguez Quintana contó con asesoría
jurídica durante dicho procedimiento. En esas condiciones, si el referido inmueble
constituía el activo central sobre el cual se estructuraba el plan de negocios y la
propuesta de pago a los acreedores, resultaba razonable exigir, cuando menos, una
diligencia mínima de verificación de su situación jurídica y ambiental,
particularmente frente a las limitaciones que ya figuraban inscritas en el
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria y que, además, venían siendo
anunciadas y reglamentadas por la autoridad ambiental desde varios años atrás.

71. Adicionalmente, no obra en el expediente prueba de que entre la adquisición
del inmueble en el año 2009 y la declaratoria de la reserva forestal en 2011, o incluso
con posterioridad a esta, el demandante hubiera adelantado actuaciones concretas
orientadas a materializar el proyecto inmobiliario que afirma frustrado, tales como
solicitudes de licencia urbanística, elaboración de planos, trámites ante autoridades
competentes, estudios técnicos o gestiones administrativas que permitieran siquiera
inferir la viabilidad jurídica y urbanística de dicha iniciativa, lo cual evidencia una
situación incierta o eventual, y no una situación jurídica consolidada susceptible de
haber producido un perjuicio cierto, actual y verificable; menos aún, cuando el
ordenamiento jurídico no protege las meras expectativas de destinación que una
persona pueda tener sobre su propiedad, sino los derechos y situaciones jurídicas
efectivamente incorporados al patrimonio de su titular39.

39 En la sentencia C-192 de 2016, la Corte Constitucional señaló: “5.4. La jurisprudencia de la Corte ha
diferenciado los derechos adquiridos de las meras expectativas, indicando que estas últimas “consisten en
probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por
el Legislador, con sujeción a parámetros de justicia y de equidad.” Las meras expectativas se predican, en
consecuencia, de la situación en que se encuentran las personas que no han cumplido las condiciones
previstas en la ley para la consolidación de una determinada posición o relación y por lo tanto no la han
incorporado a su patrimonio.
“5.5. La importancia de la distinción entre derechos adquiridos y meras expectativas guarda además relación
con las competencias radicadas en las diferentes autoridades para regular o intervenir en el ejercicio del derecho
de propiedad y de los derechos adquiridos.
“Así, en el caso de los derechos adquiridos, la Carta señala expresamente que ellos no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por normas expedidas con posterioridad al cumplimiento de las condiciones para
su surgimiento, de manera que, se trata de posiciones y relaciones jurídicas especialmente protegidas. Ello no
se opone, como quedo dicho, a que en los casos en los cuales los derechos de los particulares colisionen
con motivos de utilidad pública o interés social se establezcan restricciones, cargas o modificaciones
a su ejercicio o, incluso, se disponga la expropiación de la propiedad (…)
“Las meras expectativas aluden al eventual surgimiento de un derecho en el evento de que, en el futuro, se
cumplan las condiciones previstas en la ley. Se trata solo de la posibilidad o probabilidad de adquirir un
derecho y, en esa medida, las autoridades en el marco de sus competencias podrían introducir reformas
no solo en las condiciones para su surgimiento sino también para definir su alcance. No obstante lo

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72. Por el contrario, el propio contenido del acuerdo de reorganización y del plan
de negocios allegado al proceso evidencia que, para marzo de 2021 -esto es, casi
diez años después de la declaratoria de la reserva y varios meses después de la
inscripción de la afectación ambiental en el folio de matrícula inmobiliaria-, el
proyecto urbanístico aún se encontraba en una fase meramente prospectiva y
dependía de diversas contingencias futuras e inciertas, tales como el levantamiento
de una medida cautelar que pesaba sobre el inmueble, la obtención de permisos y
licencias, la vinculación de una firma constructora interesada en asociarse con el
demandante, la consecución de financiación y la comercialización sobre planos de
las unidades proyectadas.

73. A lo anterior se suma que las anteriores propuestas se presentaron en el
marco de un proceso de reorganización empresarial, originado, precisamente, por
la insolvencia del demandante y debido al incumplimiento de sus obligaciones
económicas, circunstancia que razonablemente incidía en la viabilidad financiera y
comercial del proyecto, así como en la posibilidad cierta de obtener alianzas
empresariales, financiación o respaldo económico para su ejecución. En esas
condiciones, el proyecto descrito en el acuerdo de reorganización solo se refería a
una expectativa de negocio condicionada a diversas contingencias.

74. No pasa por alto la Sala que incluso las propias condiciones consignadas en
el acuerdo de reorganización empresarial y la declaración rendida por la señora Luz
Karime Lemus Yepes permiten concluir que no se acreditó la existencia de un daño
cierto derivado de la frustración del proyecto urbanístico. Lo anterior, por cuanto en
el aludido acuerdo se indicó que, mientras se desarrollaba el proyecto inmobiliario,
el deudor -aquí demandante- continuaba percibiendo ingresos provenientes del
arrendamiento de locales comerciales, del uso del terreno como parqueadero y del
almacenamiento de equipos de construcción, actividades que -según se afirmó en
el mismo flujo de caja proyectado a diez años- resultaban suficientes para atender
las obligaciones derivadas del acuerdo de reorganización. De la misma manera, la
referida testigo sostuvo que el señor Rodríguez Quintana continuó cumpliendo las
obligaciones del acuerdo con los cánones de arrendamiento percibidos del
inmueble, circunstancias que desvirtúan la existencia de un daño cierto.

Afectación de la explotación económica y desvalorización del inmueble

75. En primera instancia, el Tribunal concluyó que la declaratoria de reserva
forestal no implicó la pérdida del uso ni del aprovechamiento económico del
inmueble “Lote 1 Las Mercedes”. En el recurso de apelación, el demandante
cuestionó dicha conclusión y reprochó la falta de valoración del dictamen pericial
aportado con la demanda y de la prueba testimonial, pues, a su juicio, tales medios
de convicción acreditaban la afectación de las facultades inherentes al derecho de
propiedad, reflejada en la imposibilidad de destinar el predio a su vocación

anterior, en ocasiones, dichas expectativas deben ser protegidas en virtud del artículo 83 mediante la adopción
de medidas provisionales o de transición”. (se resalta).

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urbanística, utilizarlo como activo de respaldo financiero y la pérdida de su valor
comercial.

76. Con el propósito de acreditar tales afectaciones, el demandante aportó el
dictamen pericial previamente relacionado (párrafos 44 a 54), el cual fue objeto de
contradicción en la audiencia de pruebas celebrada el 2 de mayo de 2024 (párrafos
55 a 57). La referida experticia tuvo como finalidad establecer la supuesta
desvalorización del inmueble “Lote 1 Las Mercedes” y cuantificar los perjuicios que,
según el actor, se derivaron de su inclusión dentro de la Reserva Forestal. Durante
la audiencia de contradicción, el perito explicó que realizó una visita física al
inmueble, identificó sus características constructivas y efectuó un proceso de
homogeneización con fundamento en un predio ubicado en la misma zona, a partir
de lo cual concluyó que la declaratoria de reserva generó una disminución
equivalente al 70% del valor del terreno sin afectación.

77. Asimismo, afirmó que la inclusión del predio dentro de la reserva eliminó su
“potencial de desarrollo”, restringió sus posibilidades arquitectónicas y le otorgó una
condición “monopsónica”, bajo el entendido de que “el único hipotético comprador
sería el Estado”. Con fundamento en tales consideraciones, determinó una
desvalorización del inmueble equivalente a $7.556’624.460 y estimó los perjuicios
reclamados en una suma cercana a los catorce mil millones de pesos.

78. Sin embargo, tales afirmaciones carecen del soporte técnico y argumentativo
necesario para otorgar pleno mérito probatorio a la experticia, pues el análisis
integral del dictamen y de las respuestas suministradas por el perito durante la
audiencia de contradicción permite advertir deficiencias metodológicas y
conceptuales que afectan sustancialmente su fuerza demostrativa. Tales
inconsistencias se evidencian, particularmente, en: (i) el soporte técnico y probatorio
del porcentaje de afectación aplicado sobre el valor del terreno; (ii) la reconstrucción
normativa del régimen urbanístico aplicable al inmueble antes de la declaratoria de
reserva forestal; (iii) la acreditación concreta del supuesto potencial urbanístico
presuntamente perdido; (iv) la individualización específica de los usos permitidos
respecto del inmueble objeto de avalúo; y (v) la demostración de perjuicios ciertos,
actuales y verificables derivados de la imposibilidad de desarrollar un proyecto
urbanístico específico.

79. En primer lugar, se advierte que el dictamen no explica de manera detallada
cuáles fueron las variables de homogeneización y ponderación utilizadas40, cuál era

40 El experto explicó que acudió a un único predio de aproximadamente 74.000 m² ubicado en la zona (uso

dotacional educativo) y que, debido a la diferencia de áreas respecto del inmueble objeto de avalúo, aplicó un
proceso de homogenización reconocido por la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación. En los
avalúos por método comparativo o de mercado, las variables de homogenización son los factores utilizados
para hacer comparables entre sí los inmuebles analizados, corrigiendo las diferencias existentes entre el predio
objeto de avalúo y los inmuebles tomados como referencia. Por ejemplo, normalmente se homogenizan
variables como: 1. Área del terreno. 2. Ubicación. 3. Uso del suelo. 4. Frente y forma del lote. 5. Topografía. 6.
Topografía. 6. Accesibilidad. 7. Disponibilidad de servicios. 8. Tratamiento urbanístico. 9. Potencial edificatorio,
entre otras. Por su parte, las variables de ponderación corresponden al peso o incidencia que cada uno de
esos factores tiene dentro del análisis valuatorio, es decir, la medida en que determinada característica
incrementa o disminuye el valor del inmueble frente a los comparables utilizados. En este caso, l perito mencionó
un “proceso de homogenización”, pero en realidad únicamente desarrolló un ajuste por área, sin explicar: qué

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el comportamiento del mercado inmobiliario aplicable al sector ni las razones por las
cuales un único inmueble comparable resultaba suficiente para sustentar el avalúo
realizado. Tampoco se aportaron estudios de mercado, soportes documentales,
ofertas concretas, registros de transacciones comparables u otra información que
permitiera verificar objetivamente la razonabilidad de las cifras adoptadas.

80. Si bien en el capítulo 8 del dictamen, denominado “Investigaciones
realizadas”, se indicó que “las investigaciones realizadas dieron como resultado una
tendencia histórica del comportamiento de los precios de la tierra en el sector”, así
como análisis de precios unitarios en revistas especializadas como Guía Inmobiliaria
y Construdata, consultas a profesionales especializados y revisión de la base de
datos de W.R. Ingenieros Avaluadores, lo cierto es que ninguno de tales soportes
fue aportado con la experticia ni incorporado al proceso, de manera que no resulta
posible verificar objetivamente el sustento técnico de las conclusiones a las que
arribó el experto.

81. Varias de las conclusiones del dictamen se sustentan en referencias
generales a metodologías valuatorias, sin exteriorizar de manera suficiente y
verificable el proceso técnico y empírico que condujo a los resultados finales.
Durante la audiencia de contradicción el auxiliar reconoció que no adelantó un
análisis específico orientado a determinar si el proyecto urbanístico que perseguía
desarrollar el demandante era jurídicamente viable antes de la declaratoria de
reserva forestal, pues se limitó a aplicar el principio valuatorio de “mayor y mejor
uso” como criterio para estimar el potencial económico del inmueble.

82. No obstante, el principio de “mayor y mejor uso” no puede convertirse en un
habilitante para construir escenarios hipotéticos desvinculados de la realidad
jurídica y urbanística concreta del inmueble. Por el contrario, dicho criterio exige
identificar un uso física y jurídicamente permitido. Uno de los aspectos más
relevantes que advierte la Sala consiste en que el perito partió de la premisa según
la cual la inclusión del inmueble dentro de la Reserva Forestal Regional Productora
del Norte de Bogotá comportó, por sí misma, la pérdida de su potencial urbanístico
y económico, sin adelantar una reconstrucción técnica, individualizada y verificable
del régimen urbanístico aplicable al predio antes de la declaratoria ambiental.

83. Ciertamente, en la audiencia de contradicción el perito afirmó reiteradamente
que “la misma declaratoria de reserva reconoce unos usos preexistentes” y, a partir
de ello, concluyó que el inmueble podía desarrollar usos residenciales, industriales,
comerciales, institucionales y de servicios antes de la afectación. Sin embargo, tales
afirmaciones se sustentaron exclusivamente en referencias generales al contenido
del Acuerdo 11 de 2011 y no en un análisis concreto del inmueble objeto de avalúo.

84. El informe no relacionó certificados catastrales, conceptos urbanísticos,
fichas normativas, análisis cartográficos específicos, licencias, consultas de uso del
suelo, estudios de tratamiento urbanístico u otros documentos que permitieran
identificar con precisión las condiciones urbanísticas y de ordenamiento territorial

otras variables comparó, qué peso les asignó, cómo incidieron en el valor final, ni por qué un solo comparable
era suficiente para concluir una desvalorización tan significativa (70%).

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del predio ‘Lote 1 Las Mercedes’ antes del 9 de agosto de 2011. Tampoco se
acreditó si el inmueble se encontraba clasificado antes de dicha afectación
ambiental como suelo rural, suburbano o de expansión, cuáles eran los índices de
ocupación y construcción aplicables ni cuáles eran las condiciones técnicas y
urbanísticas relevantes para evaluar el potencial de desarrollo del proyecto
inmobiliario alegado por el actor.

85. El experto sostuvo que antes de la declaratoria se permitían “desarrollos
residenciales” y que, dentro de ese concepto, podían incluirse desarrollos
unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares. No obstante, simultáneamente
reconoció que no podía precisar cuántas viviendas podrían construirse, qué altura
estaba permitida, cuál era el índice de ocupación o cuál era el índice de construcción
aplicable, pues ello dependía del POT y de variables urbanísticas específicas que
no fueron analizadas en el dictamen.

86. En ese contexto, la Sala advierte que las conclusiones del dictamen sobre la
supuesta pérdida del potencial urbanístico del inmueble no se sustentaron en la
verificación concreta de las condiciones urbanísticas y de ordenamiento territorial
aplicables al predio objeto de avalúo, sino en apreciaciones generales acerca de las
restricciones derivadas de la declaratoria de reserva forestal, sin demostrar de
manera objetiva si antes de dicha afectación existían elementos que permitieran
inferir una posibilidad cierta y real de desarrollar el proyecto urbanístico pretendido
por el demandante.

87.
La prueba testimonial tampoco permite acreditar la posibilidad cierta de
desarrollo del proyecto inmobiliario referido, pues la señora Lemus Yepes manifestó
que desconocía cuál era el uso del suelo aplicable al predio antes de la afectación
ambiental y señaló que, según lo que había entendido, el proyecto resultaba viable
porque se habían contratado arquitectos y el certificado de tradición y libertad no
registraba afectaciones para ese momento; sin embargo, reconoció que no conocía
los términos específicos del proyecto ni el grado de avance de las gestiones
adelantadas para su ejecución.

88. De manera similar se pronunció el señor David Alberto Calderón Cortés,
quien aseguró que el demandante había realizado “las consultas pertinentes”; pero
que no le constaba si antes de la declaratoria de reserva se habían solicitado
permisos o licencias ante las autoridades competentes. En esas condiciones, las
declaraciones rendidas no aportan elementos de convicción adicionales que
permitan superar las deficiencias advertidas en el dictamen ni mucho menos
acredita que el proyecto inmobiliario alegado hubiera superado el ámbito de una
mera expectativa de negocio.

89. Por otra parte, la Sala resalta que el propio Acuerdo CAR 11 de 2011 y el
posterior PMA adoptado mediante el Acuerdo CAR 21 de 2014 reconocieron
expresamente la permanencia de usos preexistentes y la protección de situaciones
jurídicas consolidadas41. No obstante, el dictamen pericial omitió considerar que

41 En particular, el artículo 10 del Acuerdo 11 de 2011 dispuso que la declaratoria de reserva no desconocía

derechos adquiridos ni situaciones particulares y concretas consolidadas. Adicionalmente, el PMA reiteró que

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sobre el inmueble continuaban desarrollándose las actividades económicas que
venían ejecutándose con anterioridad a la declaratoria ambiental, particularmente
las relacionadas con parqueadero, bodegaje y arrendamiento de locales
comerciales, conforme quedó consignado en el acuerdo de reorganización
empresarial presentado ante la Supersociedades y fue corroborado por los testigos
Luz Karime Lemus Yepes, David Alberto Calderón Cortés y William Polo León.

90. En la audiencia de contradicción, el perito manifestó que no tuvo en cuenta
dichas actividades porque los parqueaderos no aparecían expresamente previstos
dentro de los usos compatibles de la reserva y, por ello, no los incorporó como una
explotación económicamente relevante dentro del análisis de perjuicios. Sin
embargo, tal apreciación desconoce que el análisis de los usos preexistentes exigía
valorar las condiciones particulares consolidadas sobre el inmueble antes de la
declaratoria ambiental, y no limitarse a un análisis general y abstracto del régimen
de usos previsto en la reglamentación de la reserva.

91. Otros aspectos problemáticos del dictamen corresponden a: (i) la afirmación
reiterada del perito según la cual el inmueble adquirió una condición “monopsónica”,
bajo el entendido de que “el único hipotético comprador sería el Estado” y, (ii) la
reducción del valor del predio equivalente al 70%, dado que “basados en la
experiencia avaluadora nacional las zonas de reserva como máximo alcanzarán el
30% del valor de las áreas circundantes sin ningún tipo de restricción”, pues dichas
afirmaciones no se encuentran respaldadas en estudios de mercado, análisis de
comportamiento inmobiliario, estadísticas de transacciones o muestras
comparables que permitan concluir razonablemente que el inmueble hubiese
quedado excluido del mercado inmobiliario privado o que sustente la depreciación
del inmueble en dicho porcentaje.

92. Por el contrario, la utilización de expresiones como “pareciera que el único
hipotético comprador es el Estado” evidencia el carácter especulativo y conjetural
de dicha afirmación. Asimismo, la referencia a la “experiencia valuatoria nacional”
constituye un criterio subjetivo y una afirmación general que, sin mayores
desarrollos técnicos o probatorios, resulta insuficiente para justificar la depreciación
estimada.

93. Finalmente, en relación con la tasación de perjuicios, se observa que el perito
estimó un perjuicio total de $14.295’686.760, suma integrada, de una parte, por la
supuesta desvalorización del inmueble derivada de la pérdida de su potencial
urbanístico y de las restricciones incorporadas en el folio de matrícula inmobiliaria
y, de otra, por una supuesta “pérdida monetaria” asociada a la eventual frustración
de la negociación o comercialización futura del predio. Sin embargo, no se
acreditaron negociaciones concretas frustradas, contratos preparatorios, promesas
de compraventa, etc., respecto del inmueble objeto de la litis.

94. Aunque los tres testigos refirieron eventuales propuestas de compra sobre el
inmueble, ninguna de sus declaraciones permite acreditar la existencia de

se mantendrían los desarrollos residenciales e institucionales existentes de conformidad con las normas
específicas mediante las cuales hubiesen sido aprobados.

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negociaciones concretas, pues no se demostraron aspectos esenciales como un
precio cierto y definitivo, condiciones contractuales específicas, capacidad
financiera de los interesados, acuerdos preliminares o etapas efectivamente
avanzadas de estructuración del supuesto negocio y, en esa medida, no obran
elementos de convicción que permitan concluir que la afectación a reserva forestal
hubiera frustrado una negociación cierta o una oportunidad real y/o consolidada de
venta del “Lote 1 Las Mercedes”.

95. Además, se advierten inconsistencias relevantes entre el contenido del
acuerdo de reorganización empresarial y los testimonios recaudados, en torno a la
destinación concreta que el demandante pretendía dar al inmueble, pues mientras
en el acuerdo se estipuló como eje central la construcción de un proyecto residencial
destinado a generar recursos para el pago de las acreencias, los testigos Luz
Karime Lemus Yepes, David Alberto Calderón Cortés y William Polo León afirmaron
que, entre los años 2020 y 2021, el actor también adelantaba conversaciones
orientadas a la venta del predio a terceros, supuestamente frustradas por la
existencia de la afectación ambiental. En esas condiciones, la prueba testimonial no
solo resulta insuficiente para acreditar la existencia de negociaciones ciertas y
consolidadas, sino que además evidencia la falta de congruencia sobre la
destinación económica que realmente pretendía darse al inmueble.

96. En suma, la Sala considera que el dictamen pericial carece de la suficiente
solidez metodológica y del soporte técnico y probatorio necesario para conferir
certeza sobre la cuantificación de la supuesta desvalorización del inmueble y de las
demás afectaciones alegadas en la demanda. Para que una experticia tenga mérito
demostrativo no basta con la formulación de conclusiones o estimaciones
económicas, sino que resulta indispensable que el perito exponga el proceso
cognoscitivo que condujo a tales conclusiones, esto es, las operaciones practicadas,
los criterios técnicos empleados, las fuentes de información utilizadas y los soportes
probatorios que permitan otorgar credibilidad a sus resultados.

97. Se agrega a lo anterior que la declaratoria de la Reserva Forestal no
comporta, por sí misma, una afectación del núcleo esencial del derecho de
propiedad ni una ruptura de las cargas públicas. Las limitaciones derivadas de la
regulación de usos del suelo y de la declaratoria de áreas protegidas constituyen
una manifestación de la función social y ecológica de la propiedad, reconocida por
la Constitución Política, y corresponden a cargas que, en principio, deben ser
soportadas por los propietarios en atención a finalidades de interés general
relacionadas con la protección ambiental. Además, tratándose de una reserva
forestal productora, el ordenamiento jurídico conserva posibilidades de
aprovechamiento económico del bien y reconoce la permanencia de usos
preexistentes y de situaciones jurídicas consolidadas, de modo que como no se
acreditó en este caso una restricción singular o que hubiere vaciado materialmente
el contenido del derecho de propiedad, no puede afirmarse que la medida hubiera
impuesto al demandante una carga especial susceptible de reparación.

98. Bajo ese contexto probatorio, las afectaciones alegadas por el actor se
sustentan en meras expectativas, insuficientes para estructurar un daño cierto e

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indemnizable, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas en segunda instancia

99. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación

y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, actualmente CGP. El artículo 361 ibidem establece que las
costas «están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso y por las agencias en derecho».

100.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 de esta
codificación42, sería procedente la condena en costas en esta instancia a la parte
demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve desfavorablemente el
recurso de apelación que propuso.

101. No obstante, el numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que
“solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.

102. Esta Subsección había considerado que era procedente condenar en costas
por el componente de agencias en derecho cuando el apoderado de la parte no
realizaba ninguna actuación, sobre la base de que la designación de un abogado
que ejerciera la defensa judicial de sus intereses genera agencias en derecho
incluso por la sola vigilancia del proceso, manteniendo las responsabilidades que el
mandato de apoderamiento conlleva y, aun en el evento de que se tratara de
apoderados vinculados a su planta de personal43.

103. No obstante, la Sala modifica su postura bajo el entendido de que solo hay
lugar a fijar agencias en derecho cuando se encuentre probada su causación en el
expediente derivada de la actuación efectiva de los apoderados, esto en
consonancia con la exigencia dispuesta en el mencionado numeral 8 del artículo
365 del CGP.

42 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas

se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
43 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden

consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo
366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado,
incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues incluso en ese caso tiene derecho a que se fije el monto
de las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho
a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un
apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que un
sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues el
hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en
derecho como componente de la condena en costas. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp: 68.199.

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IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

SEGUNDO: Sin costas en segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, INCORPORARLA al expediente
digital y remitir copia al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento parcial de voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.

VF

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