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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00125-01

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00125-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de 30 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, en lo relativo a la condena en costas a cargo del demandado. 2º) Condénase en costas de segunda instancia a la parte apelante Consorcio Tecnocapital en favor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tasénse en forma concentrada por el tribunal de primera instancia. 3º) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2023-00125-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: BOGOTÁ DC – SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Demandado: CONSORCIO TECNOCAPITAL
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – NULIDAD DEL ACTO DE
ADJUDICACIÓN - CONDENA EN COSTAS

Síntesis del caso: la parte actora pide que se declare la nulidad de la resolución mediante la cual
ordenó adjudicar el proceso de selección en la modalidad de concurso de méritos abierto, por
adolecer de nulidad por infracción de las normas en que debería fundarse, toda vez que, la
entidad desconoció lo dispuesto en el pliego de condiciones al momento de evaluar los criterios
de desempate de las ofertas y, además, el proponente adjudicado no otorgó su consentimiento
para revocar el acto directamente; el tribunal de primera instancia declaró la nulidad de la
resolución de adjudicación y condenó en costas al demandado; el demandado apela la condena
en costas.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de
la sentencia de 30 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución N.° 836 de 2022, mediante
la que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adjudicó al
Consorcio Tecnocapital el proceso de selección N.° SCJ-SIF-CMA-005-2022
con el objeto de realizar la “interventoría administrativa, financiera, técnica,
contable, jurídica y ambiental del sistema de videovigilancia de Bogotá”.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR a la demandada a pagar a favor de Bogotá D.C. -
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia por agencias en
derecho en esta instancia, la suma de DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES a la ejecutoria de la sentencia. Esta suma
deberá incluirse en el auto de liquidación de costas, a cargo de la parte vencida,
en este caso la parte demandada.

CUARTO: INFORMAR que el canal para todo documento y actuación que se
dirija al expediente de la referencia es ÚNICAMENTE la ventanilla virtual del
aplicativo web SAMAI: Ventanilla virtual SAMAI, sin perjuicio del deber de los
apoderados de acreditar ante el despacho el haber corrido traslado de sus
actuaciones a los demás sujetos procesales (artículo 78.14 del CGP).

2
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, por la Secretaría de la sección
LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del proceso y DEVUÉLVASE el remanente
si hay lugar, de conformidad con los artículos 7 y 9 del Acuerdo No. 2552 de
2004 del Consejo Superior de la Judicatura.” (fls. 14 y 15 - índice 56 SAMAI
TAC – negrillas, subrayado y mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 10 de marzo de 2023, la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, por intermedio de apoderado judicial presentó demanda en
ejercicio del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del Consorcio Tecnocapital (índice 2 SAMAI TAC – archivo 30) con las siguientes
pretensiones:

“1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD de la Resolución 00836 de 27 de
diciembre de 2022 “Por la cual se ordena la adjudicación del Proceso por
Concurso de Méritos Abierto No. SCJ-SIF-CMA-005-2022” proferida por
BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA, a partir del cual se ordenó en desconocimiento al ordenamiento
jurídico la adjudicación del proceso SCJ-SIF-CMA-005-2022 a favor del
proponente CONSORCIO TECNOCAPITAL.

2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO QUE:

• SE ORDENE al CONSORCIO TECNOCAPITAL representado legalmente por
el señor JORGE IVÁN MARTINEZ JARAMILLO, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 16.736.010 o quien haga sus veces, consorcio conformado por
las sociedades LEKTEC S.A.S., SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS
COLECTIVO – BIC NIT. 901.250.374 - 1, y REDTIC INGENIERIA S.A.S. – BIC
NIT. 901.628.416 – 5, abstenerse se (sic) solicitar ante BOGOTÁ D.C. -
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA o
cualquier autoridad administrativa y/o judicial, el reconocimiento de derechos en
virtud de lo señalado en la Resolución 00836 de 27 de diciembre de 2022
“Por la cual se ordena la adjudicación del Proceso por Concurso de Méritos
Abierto No. SCJ-SIF-CMA-005-2022”.

• SE ORDENE al CONSORCIO TECNOCAPITAL representado legalmente por
el señor JORGE IVÁN MARTINEZ JARAMILLO, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 16.736.010 o quien haga sus veces, consorcio conformado por
las sociedades LEKTEC S.A.S., SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS
COLECTIVO – BIC NIT. 901.250.374 - 1, y REDTIC INGENIERIA S.A.S. – BIC
NIT. 901.628.416 – 5, devolver y reintegrar favor (sic) de BOGOTÁ D.C. -
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA los
derechos que eventualmente le hayan sido reconocidos como consecuencia de
lo señalado en la Resolución 00836 de 27 de diciembre de 2022 “Por la cual
se ordena la adjudicación del Proceso por Concurso de Méritos Abierto No.
SCJ-SIF-CMA-005-2022”, debidamente indexados, junto con los intereses
moratorios que ello devengue a partir de la referida sentencia.

3
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
3. QUE SE CONDENE a la parte demandada en costas y agencias en derecho.”
(fl. 2 – archivo 30 – índice 2 SAMAI – negrillas y mayúsculas sostenidas del
original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:

1) La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia convocó un concurso de
méritos abierto con el fin de escoger el contratista para la realización de la interventoría
administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental del sistema de
videovigilancia de Bogotá.

2) Al proceso concurrieron tres (3) oferentes, el Consorcio Tecnocapital, Iteco
Consultores SAS BIC y el Consorcio Inter-vigilancia 2022, los cuales presentaron empate
en el puntaje total de la evaluación de sus ofertas.

3) El 26 de diciembre de 2022, el comité evaluador de la entidad realizó audiencia de
desempate y tuvo como factores de desempate los siguientes: i) preferir la oferta de
bienes o servicios nacionales frente a los bienes o servicios extranjeros y, ii) preferir la
oferta presentada por mujer cabeza de familia o mujer víctima de violencia intrafamiliar.

4) Los tres oferentes cumplieron con el primer factor de desempate, pero, el segundo
criterio de desempate únicamente fue cumplido por el Consorcio Tecnocapital, por lo cual
los demás oferentes quedaron excluidos del orden de elegibilidad.

5) A través de la Resolución no. 00836 de 27 de diciembre de 2022, la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia adjudicó el concurso de méritos al Consorcio
Tecnocapital.

6) El 28 de diciembre de 2022, la firma Iteco Consultores SAS BIC solicitó la revocatoria
directa de dicho acto administrativo debido a que no se validó la documentación que
presentó para acreditar el segundo criterio de desempate, según lo indicado en el numeral
2 del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021.

7) El 29 de diciembre de 2022, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
pidió al Consorcio Tecnocapital su consentimiento para revocar directamente la
Resolución no. 00836 de 2022, por cuanto, se profirió con violación de las normas en que
debería fundarse ya que, se desconoció que el proponente Iteco Consultores SAS BIC

4
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
también cumplió con el segundo criterio de desempate; sin embargo, el mencionado
consorcio dio respuesta negativa.

3. Fundamentos de la demanda

La solicitud de nulidad del acto administrativo demandado se sustentó en cuatro
diferentes cargos de nulidad, a saber:

1) “Nulidad por haber sido expedidas con violación de la Constitución Política donde se
establece que las autoridades públicas deben salvaguardar el ordenamiento
constitucional y el principio de legalidad en todas sus actuaciones (arts. 2.º, 4.º, 6.º, 29,
121, 122, 123 inc. 2.º y 209), así como del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 CPACA”.
El comité evaluador del concurso de méritos no aplicó en debida forma las normas que
regulan la actuación administrativa contractual, pues, recomendó adjudicar el proceso al
Consorcio Tecnocapital y, de manera equivocada, consideró que el proponente Iteco
Consultores SAS BIC no cumplió con el segundo factor de desempate por el hecho de
no haber presentado los documentos que permitieran acreditar la participación accionaria
de la mujer cabeza de familia y/o víctima de violencia intrafamiliar, según lo establecido
en el Código de Comercio; la entidad entendió que se debía presentar obligatoriamente
el acta de junta de socios, empero, el pliego de condiciones establecía que ello también
se podía acreditar con una certificación suscrita por el revisor fiscal bajo la gravedad de
juramento mediante la cual acreditara que más del cincuenta por ciento (50%) de la
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica estuviese constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, según lo
prescribe el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, como
efectivamente Iteco Consultores SAS BIC lo acreditó en su oferta.

2) “Nulidad por haber sido expedida con desconocimiento del principio de buena fe
contenido en el artículo 83 de la Constitución Política”. La ausencia de prueba,
fundamento y justificación del demandado Consorcio Tecnocapital en autorizar la
revocatoria directa de la Resolución no. 00836 de 27 de diciembre de 2022 constituye
una flagrante violación del principio de buena fe.

3) “Nulidad por haber sido expedida con violación del debido proceso, por haberse
adjudicado el proceso contractual SCJ-SIF-CMA-005-2022 desconociendo los
documentos aportados en las ofertas por los proponentes y de lo previsto en el pliego de
condiciones del proceso contractual SCJ-SIF-CMA-005-2022 que constituye ley para las
partes como lo ha establecido el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso

5
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
Administrativo”. En la Resolución no. 00836 de 27 de diciembre de 2022, a través de la
cual se ordenó la adjudicación del concurso de méritos abierto al Consorcio Tecnocapital,
no se revisó con rigurosidad normativa las propuestas presentadas por todos los
oferentes dentro del proceso de verificación y cumplimiento de los requisitos de
desempate, toda vez que, la oferta de Iteco Consultores SAS BIC sí cumplió con el
segundo factor de desempate; de modo que, lo que correspondía era continuar con la
verificación de los criterios de desempate previstos en el pliego de condiciones y en la
ley para determinar el adjudicatario del proceso contractual, situación que configura una
violación del derecho del debido proceso por haberse desconocido los documentos
aportados en las ofertas y lo preceptuado en el pliego de condiciones.

4) “Nulidad por haber sido expedida con desconocimiento de lo dispuesto en el artículo
2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860
de 2021, la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y el numeral 4.6. del Pliego de
Condiciones”. Se desconocieron los requisitos 2.1 y 2.4 del numeral 4.6 del pliego de
condiciones del proceso SCJ-SIF-CMA-005-202254, relacionado con la participación
accionaria de la mujer cabeza de familia y/o víctima de la violencia intrafamiliar, pues,
para el caso de personas jurídicas dicho criterio se podía acreditar de la siguiente manera:
i) cuando uno de los socios dependiendo el tipo de sociedad, tenga el mayor porcentaje
de participación de acuerdo con el monto de sus acciones o de sus aportes, respecto de
los demás socios que la conforman, mediante el certificado de existencia y representación
legal y demás documentos, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio
o, ii) con la certificación suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal (según
corresponda), en la cual se indique la información y las condiciones de las mujeres
cabeza de familia y/o víctima de violencia intrafamiliar y su participación accionaria; para
el efecto, Iteco Consultores SAS BIC cumplió con este último requisito.

4. Trámite procesal en primera instancia

1) Mediante auto de 4 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A admitió la demanda y ordenó la notificación a la parte
demandada (índice 25 SAMAI TAC).

2) El Consorcio Tecnocapital no contestó la demanda.

3) A través de auto de 12 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección A resolvió la solicitud de pruebas de la parte actora, fijó

6
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
el litigio y dispuso proferir sentencia anticipada en aplicación de lo dispuesto en el artículo
182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 (índice 42 SAMAI
TAC).

5. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A en
sentencia anticipada del 30 de enero de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y declaró la nulidad de la Resolución no. 00836 de 2022 mediante la cual
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adjudicó el proceso de
selección no. SCJ-SIF-CMA-005-2022 al Consorcio Tecnocapital, con fundamento en
que el criterio para adjudicar el proceso de selección es contrario a los principios de la
contratación estatal y de la función pública, específicamente los de imparcialidad y
calificación objetiva de las propuestas, en tanto que el acto administrativo infringe el
numeral 4.6 del pliego de condiciones y el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de
2015 por el hecho de excluir a los otros dos proponentes quienes también cumplieron
con el segundo factor de desempate; de otro lado, negó las súplicas de restablecimiento
del derecho por cuanto no se suscribió el contrato de interventoría; finalmente, condenó
en costas al Consorcio Tecnocapital por ser la parte vencida y fijó como agencias en
derecho la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de
la demandante en atención a la duración del proceso en el que la entidad actuó en las
distintas etapas, para cuyo efecto aplicó los parámetros establecidos en el Acuerdo 1887
de 26 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura (índice 56 SAMAI TAC).

6. El recurso de apelación

La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia (índice 59 SAMAI TAC), únicamente en relación con la condena en costas, por
las razones que en resumen se exponen a continuación:

1) El Consejo de Estado1 ha establecido que cuando la entidad pública es quien demanda
su propio acto en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en la modalidad de lesividad, no es procedente la condena en costas debido a que, en
esos casos, se ventilan intereses públicos como lo es el patrimonio estatal, por lo cual,

1
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias de 8 de febrero de 2018, proceso no. 68001-23-33-
000-2014-00747-02 y 25 de junio de 2020, proceso no. 2013-00577.

7
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
no es posible afirmar que el titular de la prestación sea la parte “vencida” en el litigio, aun
cuando resulte afectado con la decisión.

2) La condena en costas no tiene validez, porque, i) el acto administrativo anulado no
produjo efectos jurídicos ya que, no se firmó el contrato de interventoría, por lo cual no
se generó ningún perjuicio, erogación o prestación en detrimento de la entidad; ii) la
demanda no contenía pretensiones económicas y la sentencia accedió parcialmente a
las pretensiones, pues, solo prosperaron las de nulidad, de modo que el tribunal podía
abstenerse de condenar en costas; iii) si bien fue notificado de la existencia de la
demanda no se opuso a las pretensiones anulatorias, sino que, decidió allanarse y
guardar silencio; por lo tanto, no existió controversia ni actividad probatoria y la duración
del proceso atendió a los trámites normales del medio de control y a las posibilidades de
actuación del tribunal, de manera que su celeridad o demora fue ajena y, iv) según el
numeral 8 del artículo 365 del CGP la condena en costas solo procede cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, mas no se
aplica en forma inmediata a la parte “vencida”, sin embargo, el tribunal no expresó los
fundamentos de su decisión.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la
impugnación y, 3) condena en costas en segunda instancia.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El centro de la controversia consistío, originalmente, en determinar la legalidad de un acto
administrativo de adjudicación; sin embargo, la competencia de esta Sala se restringe a
determinar si procede la condena en costas de primera instancia en contra del
demandado de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 365 del Código
General del Proceso, único aspecto que es materia del recurso de alzada.

La Sala confirmará la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia,
porque el Consorcio Tecnocapital sí es parte vencida dentro del proceso, en tanto que en
la demanda se cuestionó la legalidad del acto administrativo de adjudicación y el tribunal

8
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
de primera instancia declaró la nulidad de dicho acto administrativo que creó una
situación jurídica en su favor.

2. Análisis de la impugnación

1) La Ley 1437 de 2011 reguló el instituto de las costas en materia procesal y modificó el
criterio subjetivo establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger uno objetivo, el cual se
aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes. El nuevo precepto
contenido en el artículo 188 prevé: “salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

2) La remisión normativa al Código de Procedimiento Civil actualmente se debe entender
hecha al Código General del Proceso, especialmente a los artículos 3652 y 366 que
establecen las reglas para la condena en costas y el trámite para su liquidación,
respectivamente.

3) Del artículo 188 objeto de análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: i)
retornó a un criterio objetivo que no atiende a la subjetividad o elemento volitivo de las
partes o sujetos procesales; ii) estableció una regla general según la cual en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas con independencia, se insiste, del
comportamiento de las partes y, iii) la excepción a la regla general de la condena en
costas, se encuentra prevista para aquellos procesos en los cuales se “ventile un interés
público”, de manera que se debe precisar qué se debe entender por “interés público” para
efectos de la condena en costas.

4) Sobre este punto, la Sala reitera lo ya expuesto en ocasión anterior3 que la expresión
“interés público” necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas, contencioso

2
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
(…).
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
(…).
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.” (negrillas adicionales).
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, exp. no. 2019-
00011-00 (63.217), CP Fredy Ibarra Martínez.

9
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al principio de
interpretación del efecto útil de las normas4.

Al respecto, en la citada providencia de 11 de octubre de 2021 se expuso lo siguiente:

“En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas,
tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir
controversias y litigios en los que participan entidades públicas y estas a su vez
procuran la satisfacción del interés general. Sin embargo, este entendimiento
amplio o extensivo de la norma conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que
esta perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues no procedería la
condena en costas en ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción.

De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y eficacia real a la norma es
equiparar “interés público” a “medios de control públicos” (v.gr. nulidad por
inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros).”.

En esa perspectiva, en los procesos contenciosos subjetivos en los que se ventilen
intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los particulares (v.gr.
medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias contractuales; reparación
directa, repetición, entre otros) procederá la condena en costas a la parte vencida, sin
importar si es demandante o demandada.

De otro lado, la Sala advierte que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011-CPACA fue
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 20215 en el sentido de consagrar la
posibilidad de que aun en los procesos en que se ventile un interés público (contencioso
objetivo) sea procedente y viable la condena en costas, siempre y cuando se acredite
que la demanda se presentó con “manifiesta carencia de fundamento legal”; es decir, se
estableció una excepción a la excepción; con esta norma el objetivo del legislador es que
el ejercicio del derecho de acción a través de los medios de control se haga de manera
responsable, leal y seria con el fin de evitar un desgaste innecesario del aparato
jurisdiccional.

4
“Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última todo
efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura y simple.
Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad condicionada y de
inexequibilidad- serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más acorde con los principios
de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los principios mencionados, mantener
en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia jurídica, pues se contradice el principio del
efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo, una circunstancia que puede originar grave confusión
e incertidumbre” Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
5
“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.”.

10
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
5) De conformidad con lo expuesto, no son de recibo los argumentos del recurso de
alzada en tanto que los pronunciamientos jurisprudenciales6 invocados por el recurrente
no son aplicables a este particular caso concreto, pues, corresponden a asuntos de
carácter laboral distintos a este en los cuales en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho se demandaron actos propios de la administración en la
modalidad de lesividad, por medio de los cuales se reconocieron y ordenaron el pago de
derechos pensionales7; de otro lado, en atención al criterio objetivo de la condena en
costas resulta indistinta la conducta procesal que asumió el demandado consistente en
guardar silencio y no contestar la demanda, lo mismo que la duración del proceso, o el
hecho de no haber producido efectos el acto administrativo demandado, toda vez que, el
objeto del litigio fue discutir la legalidad de la Resolución no. 00836 de 2022 proferida por
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en virtud de la cual se le
confería un derecho al Consorcio Tecnocapital sobre el proceso de selección no. SCJ-
SIF-CMA-005-2022, derecho que perdió producto de la declaración de nulidad.

6) De otra parte, si bien es cierto que las pretensiones de la demanda prosperaron en
forma parcial por el hecho de que se negó el restablecimiento del derecho, por cuanto,
no se suscribió el contrato de interventoría, en los términos del numeral 5 del artículo 365
del CGP la condena en costas en estos eventos es potestativa en la medida en que “el
juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial”; no obstante,
en el presente caso el tribunal de primera instancia optó por condenar en costas en
atención a la duración del proceso y sobre la base de advertir que la entidad demandante
actuó en las distintas etapas procesales, posibilidad que está perfectamente contemplada
en la mencionada norma y que fue tenida en cuenta para la tasación de las agencias en
derecho; aunque esta no sea la oportunidad debida8 y que el recurso de alzada fue
genérico sobre el criterio de proporcionalidad de las costas, por economía procesal, la
Sala advierte que el monto de las agencias en derecho estuvo dentro de los límites
legalmente previstos sin que pueda verificarse alguna circunstancia desproporcionada,
excesiva o extraña en su tasación9, por lo cual el demandado debe asumir las costas.

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias de 8 de febrero de 2018, proceso no. 68001-23-33-
000-2014-00747-02 y 25 de junio de 2020, proceso no. 2013-00577.
7
Respecto de estos se consideró que, a pesar de tratase de actos administrativos particulares su ilegalidad
derivaba en una afectación patrimonial no solo de la institución pública sino, de todos los ciudadanos que
aportan recursos al sistema pensional colombiano, situación que llevó a concluir que el titular de la
prestación no es parte vencida en esos procesos por ventilar intereses públicos.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 70.092, CP
Fredy Ibarra Martínez.
9
Las agencias en derecho se fijaron en menos del 2% del valor de las pretensiones de la demanda; para
el efecto, la cuantía de la demanda se estimó en la suma de $2.924`567.800, que corresponde al
presupuesto del proceso de selección del concurso de méritos no. SCJ-SIF-CMA-005-2022.

11
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00125-01 (72.606)
Demandante: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia
7) Por consiguiente, se confirmará la condena en costas impuesta en la sentencia de 30
de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A.

3. Condena en costas en segunda instancia

En los términos del numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso se
impondrá condena en costas en esta instancia a cargo del demandado Consorcio
Tecnocapital, pues, el recurso de apelación por este interpuesto se resuelve
desfavorablemente.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de 30 de enero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, en lo relativo a la
condena en costas a cargo del demandado.

2º) Condénase en costas de segunda instancia a la parte apelante Consorcio
Tecnocapital en favor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,
tasénse en forma concentrada por el tribunal de primera instancia.

3º) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las
respectivas constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección Magistrado
Aclara voto (Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados
integrantes de la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la plataforma digital SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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