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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00228-01

Daño antijurídico: no se demostró en el presente caso. Para su configuración la

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00228-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las razones expuestas en el presente proveído. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte actora, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, monto que deberá ser pagado en favor de la Rama Judicial. El salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia. 56 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo. 57 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 64401 y sentencia del 19 de marzo de 2021, exp. 63836. 58 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”. 22 Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2023-00228-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error judicial /
DAÑO ANTIJURÍDICO – No se demostró en el presente caso. Para su configuración la
providencia debe estar desprovista de una justificación o argumentación razonable.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 23 de mayo de 2024, mediante la cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación -Rama Judicial, por
el supuesto error judicial contenido en la sentencia del 26 de julio de 2021, dictada
por la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia; en
criterio del actor, se debió casar la sentencia del 19 de junio de 2018, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y, en consecuencia, ordenar el
reintegro de César Augusto Montero González a las Empresas Públicas de Neiva
ESP.

ANTECEDENTES

3. En escrito1 presentado el 9 de mayo de 20232, César Augusto Montero González,
por conducto de apoderado judicial, demandó en reparación directa a la Nación –
Rama Judicial, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable de los
perjuicios3 a él irrogados, como consecuencia del supuesto error judicial en el que,

1 Demanda a folios 1 a 26 del documento denominado “015ED_EXP
TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN” del expediente digital, que obra en Samai.
2 Según el documento denominado “016ED_EXP TRIBUN_4_ALDESPACHO_2023228” del

expediente digital, que obra en Samai.
3 A continuación, la transcripción literal de las declaraciones y condenas consignadas en el escrito

inicial (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“PRIMERA: DECLARAR que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, es administrativamente responsable por los daños antijurídicos
ocasionados con violación al derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29), libre acceso a
la administración de justicia (C.P., Arts. 228 y 229), derecho a la igualdad y no discriminación C.P.,
art. 13) en armonía con los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos
Humanos, garantías judiciales (Art. 8), Derecho a Indemnización por daños del Estado (Art. 10),
protección judicial (art. 25), derechos económicos sociales y culturales (Art. 26); por ERROR
JURISDICCIONAL en que incurrió la SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN No. 4 de la Honorable
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA al proferir la sentencia de casación SL- 3262/2021, Rad. 82348

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

a su juicio, incurrió la Sala Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia del 26 de julio de 2021.

4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

5. El señor Montero González interpuso demanda ordinaria laboral en contra de las
Empresas Públicas de Neiva ESP, lugar donde laboró entre el 28 de abril de 2011
y el 28 de diciembre de 2012, en el cargo de “profesional especializado nivel 3,
grado 28, líder de acciones judiciales”. La referida demanda, identificada con el
radicado 11001310500920080063000, tenía el propósito de que se le reintegrara al
cargo que ocupaba al momento de su despido “unilateral y sin justa causa”, así
como el pago de los emolumentos laborales a que hubiera lugar -salarios,
prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad social y vacaciones dejadas de
percibir, con sus respectivos aumentos legales y/o convencionales -.

6. El conocimiento de la demanda en primera instancia le correspondió al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Neiva, autoridad judicial que, mediante providencia
del 16 de septiembre de 2015, desestimó las pretensiones, decisión que fue
confirmada, el 19 de junio de 2018, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva.

7. Contra la última de las sentencias indicadas, César Augusto Montero González
presentó recurso extraordinario de casación. El 26 de julio de 2021, la Sala Laboral
de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la referida
providencia.

8. A juicio del actor, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
incurrió en error judicial, por cuanto: i) cometió un defecto fáctico al omitir un “estudio
de fondo” de las pruebas legalmente aportadas al expediente, “lo [que] condujo a
[que] afirmar[a] como conclusión que el cargo de profesional especializado, nivel 3
grado 28, líder de acciones judiciales desapareció de la planta de personal”, pese a
que considera que ello nunca ocurrió; en este punto, refirió que el análisis del
documento denominado “Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional” y del
Acuerdo 002 del 12 de diciembre de 2012, expedido por la Junta Directiva de
Empresas Públicas de Neiva, permitían concluir que dicho cargo se tercerizó y

(26 de julio de 2021) dentro del proceso ordinario laboral de CÉSAR AUGUSTO MONTERO
GONZÁLEZ contra EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, E.S.P.
SEGUNDA: A TITULO DE REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO, CONDENAR a la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA a pagar al
demandante el daño ocasionado por el error jurisdiccional, que para este preciso caso, equivaldría
al valor que le habría podido corresponder por concepto de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones, cotizaciones a la seguridad social y demás beneficios laborales legales y
convencionales, pasados como futuros, si se hubiese ordenado el reintegro al cargo que ocupaba
para la fecha del despedido, como ocurrió en otros dos casos exactamente iguales; condena que
estimamos en suma superior a los cuatro mil ciento setenta y dos millones seiscientos setenta
y tres mil dieciocho pesos ($4.172.673.018.00)”.
[Se precisa que en el acápite denominado “estimación razonada de la cuantía”, se solicitó: i) por
concepto de “salarios y prestaciones sociales dejados de percibir”, la suma de $2.086’336.509,00 y
ii) por “pérdida de la opción del reintegro y el poder haber continuado laborando hasta obtener la
pensión de jubilación”, el monto $2.086’336.509,00, en favor del demandante].

2

Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

nunca se suprimió, y ii) obró en contravía del principio de igualdad, toda vez que
dos compañeras de trabajo del actor, simultáneamente, tramitaron procesos por los
“mismos hechos, derechos y medios probatorios” y que en éstos la Corte Suprema
de Justicia casó las sentencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -
que negaban las pretensiones laborales- y, como consecuencia, ordenó el reintegro
de estas personas, lo cual evidencia “un acto abiertamente discriminatorio por parte
de una misma corporación judicial”.

Trámite relevante en primera instancia

9. Mediante proveído del 10 de mayo de 20234, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda. El 17 de
octubre siguiente, el a quo advirtió que el escrito inicial no había sido contestado y
fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial5. El 19 de octubre de 2023, la
apoderada de la Rama Judicial interpuso recurso de reposición en contra del auto
del 17 de octubre de 2023, al considerar que no se le allegó copia de la demanda
ni de sus anexos, pese a que así lo disponía el artículo 199 del CPACA, por lo que
“se entendió que no se trataba de la notificación personal del auto admisorio de la
demanda”; subsidiariamente, propuso incidente de nulidad por indebida
notificación6. El 3 de noviembre de 20237, el referido Tribunal decidió no reponer el
auto del 17 de octubre de esa anualidad, así como negar la solicitud de nulidad
presentada por la entidad demandada; las consideraciones expuestas se sintetizan
a pie de página8.

10. En la audiencia inicial el magistrado conductor del proceso fijó el litigio en torno
a las circunstancias fácticas que estaban en controversia, a saber, si “i) las
decisiones judiciales a través de las cuales sí se accede al reintegro de dos
trabajadoras eran en idéntica situación a la planteada por el demandante; ii) los
defectos atribuidos a la sentencia SL-3262/2021, Rad. 82348, entre otros el fáctico,
por omitir un estudio de fondo del Estudio técnico de Fortalecimiento Institucional y
el Acuerdo 002 del 12 de diciembre de 2012 de la Junta Directivas de Empresas
Públicas de Neiva”. En esa misma diligencia, después de que el a quo decretara los

4 Documento denominado “017ED_EXP TRIBUN_5_AUTOADMITEDEMANDAp” del expediente
digital, que obra en Samai.
5 Documento denominado “019ED_EXP TRIBUN_008_AUTOFIJAFECHApdf” del expediente digital,

que obra en Samai.
6 Documento denominado “056ED_EXP TRIBUN_002_RECIBEMEMORIALES.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
7 Documento denominado “026ED_EXP TRIBUN_023_AUTOQUERESUELVEp” del expediente

digital, que obra en Samai.
8 1) El a quo no repuso la decisión en cuestión, porque: 1.1) en el auto que admitió la demanda se

dispuso expresamente que no era procedente realizar el traslado de la demanda y de sus anexos,
en atención a lo previsto en el artículo 6 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto Legislativo 806 del
4 de junio de 2020; 1.2) la citada providencia fue notificada por estado y personalmente por correo
electrónico el 23 de mayo de 2023; 1.3) la apoderada de la entidad demandada manifestó conocer
el auto que admitió la demanda, lo que evidenciaba que el mensaje de notificación personal sí había
sido entregado al buzón electrónico para notificaciones judiciales de la Rama Judicial, y 1.4) la
demandada, pese a conocer del auto que admitió la demanda, no interpuso recurso, por lo que en
firme esta decisión, se surtió el traslado para contestar el escrito inicial.
2) A su vez, el Tribunal negó la solicitud de nulidad, porque el auto del 10 de mayo de 2023, a través
del cual se admitió la demanda, se encontraba en firme, y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo
del artículo 133 del CGP: “las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no
se impugnan oportunamente”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

medios de convicción allegados por la parte actora, se indicó que, ante la ausencia
de pruebas por practicar, se concedería el término de dos días para que la Rama
Judicial informara por escrito si tenía alguna contradicción frente a los medios de
convicción decretados y/o si era necesario fijar fecha para la audiencia de pruebas,
advirtiendo que, de no haber manifestación, se continuaría con el trámite procesal
correspondiente.

11. La Rama Judicial presentó un memorial en el que no se refirió a los medios de
convicción decretados ni a la necesidad de practicar una audiencia de pruebas, pero
aprovechó la oportunidad para consignar sus argumentos de defensa.

12. Señaló que la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del
señor Montero González no configuraba un daño antijurídico, por cuanto para ello
se requería demostrar el error en que incurrió el funcionario judicial; a lo que agregó
que la decisión acusada fue debidamente motivada y contenía una apreciación
razonada de las pruebas allegadas al expediente, por lo que en el sub-lite no se
configuraban los requisitos para declarar la responsabilidad del Estado.

13. Enfatizó en que el reintegro del ahora demandante al cargo que desempeñaba
en las Empresas Públicas de Neiva ESP era “improcedente”, debido a la supresión
de este empleo; agregó que esto último obedeció a una depuración en la planta de
personal de la referida ESP, que se realizó por las dificultades financieras que
atravesaba. Dijo que, en cualquier caso, el señor Montero González fue
debidamente indemnizado por su despido sin justa causa.

14. Mencionó que, por disposición de la sentencia C-037 de 1996, el título de
imputación de error judicial no procedía en contra de decisiones proferidas por las
Altas Cortes, pues ello equivaldría a “reconocer que por encima de los órganos
límite se encuentran otros superiores”, con lo cual se comprometería la seguridad
jurídica, pilar esencial del Estado de Derecho.

15. El 12 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prescindió
de la audiencia de pruebas y corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto,
oportunidad en la que intervino la parte demandante9, haciendo énfasis en los
argumentos expuestos en su demanda. La Rama Judicial y el Ministerio Público
guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

16. Mediante sentencia del 23 de mayo de 202410, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda. Las razones expuestas para arribar a dicha conclusión fueron las
siguientes:

9 Documento denominado “045ED_EXP TRIBUN_042RECIBEMEMORIAL_AL” del expediente
digital, que obra en Samai.
10 Documento denominado “048ED_EXP TRIBUN_045SENTENCIA_1220230” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

17. 1) Indicó que la parte actora alegó como “daño” los “salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones, cotizaciones a la seguridad social y demás beneficios
laborales legales y convencionales, pasados como futuros, dejados de percibir”, y
que éste no se probó; al respecto, mencionó que obraba un documento titulado
“liquidación de pretensiones de la demanda” en el que se afirmó que el demandante,
en el 2012, devengaba mensualmente la suma de $4’400.000, pero que no se
aportó certificación salarial u otra prueba que corroborara dicho monto.

18. 2) Concluyó que no se configuraron los requisitos para declarar la
responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, dado que la decisión del 26 de
julio de 2021 estuvo debidamente motivada y contenía una apreciación razonada
de las pruebas allegadas al expediente. Explicó que, en la sentencia acusada, la
Corte Suprema de Justicia hizo énfasis en la imposibilidad física de ordenar el
reintegro de César Augusto Montero González, en atención a la restructuración de
la planta de personal de las Empresas Públicas de Neiva y la consecuente supresión
del cargo que ocupaba -el de profesional especializado, nivel 3, grado 28, líder de
acciones judiciales-, lo que encontró fundamento en el documento denominado
“estudio técnico de fortalecimiento institucional”. Agregó que la afirmación
consistente en que dicho cargo se tercerizó, y no se suprimió, era una “apreciación
subjetiva de la parte actora que carec[ía] de fundamento”.

19. Expresó que, aunque en los procesos interpuestos por Elsa Patricia Muñoz y
Fanny Peña Javela se accedió a sus respectivos reintegros a la planta de personal
de las Empresas Públicas de Neiva, “no e[ra] dable considerar que se vulneró el
derecho a la igualdad del actor”, puesto que los empleos que ocupaban dichas
señoras eran distintos al de César Augusto Montero González, en tanto que la
primera de ellas era “asistente nivel 5 grado 24 del nivel técnico”, cargo que estaba
incluido en diferentes dependencias, aunado a que era madre cabeza de familia
para la fecha en que se dio por terminado su contrato de trabajo y la segunda era
“asistente nivel 5 grado 24, en la dependencia de pagaduría” y este empleo no
presentó cambio o modificación alguna.

20. 3) Finalmente, condenó en costas al demandante, para lo cual fijó las agencias
en derecho en la suma de “$125’180.190”, atendiendo a que debían calcularse
“entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”.

El recurso de apelación

21. La parte actora interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria
de la sentencia del 23 de mayo de 2024, con los argumentos que se sintetizan a
continuación11:

22. 1) Explicó que acreditó el daño que alegó, pues en la Resolución 719 de 2012
figuraba cuál era el salario que devengaba César Augusto Montero González para
el momento de los hechos.

11 Documento denominado “049ED_EXP TRIBUN_046_MemorialWeb_Recu.pdf”, del expediente
digital, que obra en Samai.

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Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

23. 2) Insistió en que se configuró un error jurisdiccional en la sentencia acusada.
Al respecto: i) explicó que no se analizaron integralmente los cargos de casación
que alegó el actor, pues en uno de ellos alegó siete errores de hecho en que incurrió
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y la Corte Suprema de Justicia solo
se refirió a dos de ellos y ii) que hubo una deficiente valoración probatoria del
documento denominado ”estudio técnico de fortalecimiento institucional”, lo que
condujo a que la Corte Suprema de Justicia concluyera erróneamente que el cargo
de “profesional especializado, nivel 3, grado 28, líder de acciones judiciales” había
sido suprimido de la planta de personal, cuando dicho empleo fue tercerizado;
además, que no tuvo en cuenta que quedaron vigentes nueve cargos de esas
mismas características y que Empresas Públicas de Neiva no demostró cuáles
criterios de diferenciación tuvo en cuenta para determinar las personas que
continuarían vinculadas y las que serían despedidas. Llamó la atención, además,
en las “arbitrariedades [e] ilegales insinuadas en dicho estudio técnico”, que
pretendía la no aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo y que la consideró
como la “mayor amenaza para la empresa”; afirmaciones que debieron ser
rechazadas de plano por la Corte Suprema de Justicia como “juez en un Estado
Social de Derecho”.

24. Reiteró que los procesos ordinarios laborales presentados por Elsa Patricia
Muñoz y Fanny Peña Javela tenían idénticas pretensiones que el interpuesto por
César Augusto Montero González, y que ellas habían sido despedidas en las
“mismas condiciones, el mismo día y por la misma razón que el aquí demandante”;
todo lo que implicaba una violación al derecho fundamental a la igualdad frente a la
ley.

25. 3) Finalmente, cuestionó la fijación de las agencias en derecho en la suma de
$125’180.190, porque “resulta[ba] exorbitante y atenta[ba] contra el libre acceso a
la Administración de Justicia”, por lo que solicitó la reducción de dicho monto. Aclaró
que, aunque en la demanda se fijaron preliminarmente las pretensiones en la suma
de $4.172’673.018, las agencias en derecho debían tasarse conforme a las
“condenas proferidas”.

Trámite relevante en segunda instancia

26. En auto del 17 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación 12. En
el término para alegar de conclusión, las partes y el Ministerio Público guardaron
silencio13.

CONSIDERACIONES

27. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por

12 Documento denominado “056Autoqueadmite_71586ADMITEAPELACION.pdf” del expediente
digital, que obra en Samai.
13 Índice 10 de Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

activa y por pasiva y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial,
procede la Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis.

Problemas jurídicos a resolver

28. Previo a determinar los aspectos sobre los cuales se pronunciará la Sala, es
necesario precisar que las providencias proferidas por las Altas Cortes -como la que
aquí se acusa- pueden incurrir en eventuales errores jurisdiccionales. Si bien en
la Sentencia C-037 de 199614 se indicó que “en principio” esto no resultaba posible,
lo cierto es que, con posterioridad , tanto la Corte Constitucional15 como el Consejo
de Estado16 han precisado que el artículo 90 de la Constitución Política no excluye
a ninguna autoridad pública de ser responsable patrimonialmente, y ello incluye a
todos los órganos y corporaciones constitucionalmente constituidas, incluidas las
Altas Cortes; además que el artículo 10 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos dispuso explícitamente que toda persona tiene derecho a ser
indemnizada en caso de error judicial. Así pues, esta jurisdicción ha sido enfática,
en reiteradas oportunidades17, en que la regla fijada en la Sentencia C-037 de 1996
no la vincula actualmente.

29. Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que no existe contradicción
alguna entre la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pues
ambas corporaciones coinciden en que el análisis de responsabilidad por error
jurisdiccional contra las providencias proferidas por las altas cortes debe ser
riguroso y su procedencia es excepcional, en los eventos en que se advierta la
configuración de un error de hecho -para el Consejo de Estado-18 o una vía de hecho
-para la Corte Constitucional-19, derivados de una indebida apreciación o valoración

14 Providencia que profirió la Sala Plena de la Corte Constitucional al hacer el control previo y
automático del proyecto de la Ley Estatutaria.
15 Corte Constitucional, C-038 de 2006.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de

agosto de 2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 70.680; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, exp. 52.091;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de mayo de 2022, exp. 67.570. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. sentencia del 6 de marzo de 2013,
exp. 24.841.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 26 de marzo de 2014,

expediente 30.300 C.P. Enrique Gil Botero.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Al

respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario
entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía
funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación
o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de
justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación
subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin
ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde
pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas
-según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras
palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los
mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha
definido como una “vía de hecho”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

probatoria, una falta de aplicación de la norma o una indebida aplicación de la
misma.

30. Una vez precisado lo anterior, en esta instancia, le corresponde a la Sala
pronunciarse sobre los reparos concretos expuestos contra la sentencia de primer
grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para
ventilar la controversia.

31. En ese orden, de los argumentos de apelación planteados por la parte actora se
desprende que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: 1)¿se reúnen
los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional,
contenido en la sentencia del 26 de julio de 2021, proferida por la Sala Laboral de
Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia?, y 2) ¿procede la reducción
de las agencias en derecho fijadas por el a quo?; por último, se abordará la
imposición de la condena en costas en esta instancia. Con las precisiones que
anteceden, procede esta Sala a analizar el caso concreto.

Relación de hechos probados relevantes para resolver la controversia20

32. Se considera pertinente reconstruir las circunstancias que rodearon el caso bajo
examen.

33. - César Augusto Montero González estuvo vinculado a las Empresas Públicas
de Neiva ESP en el cargo de “profesional especializado, nivel 3, grado 28” desde el
28 de abril de 2011, fecha en la que, además, se afilió al sindicato de trabajadores
de esa entidad –denominado SINTRA EPN-, por lo que “goza[ba] de todos los
beneficios convencionales y estatutarios que implica[ba] [dich]a vinculación”21.

34. - En septiembre de 2012, la Fundación Creamos Colombia presentó ante las
Empresas Públicas de Neiva ESP el documento denominado “Estudio Técnico –
Fortalecimiento institucional”, a través del cual propuso una nueva estructura interna
y organizacional de la entidad, bajo fundamentaciones conceptuales y técnicas y la
determinación de que estaba “haciendo valer los principios de eficiencia y
racionalidad de la gestión pública, evitando la duplicidad de funciones”22.

35. - El 9 de diciembre de 2012, a través del Acuerdo 002, la junta directiva de las
Empresas Públicas de Neiva ESP, en ejercicio de sus facultades legales y
reglamentarias, modificó la planta de personal de la entidad, para lo cual suprimió
varios cargos. En la parte considerativa de dicho acto administrativo se indicó que:
1) mediante el Acuerdo Número 003 del 23 de abril del 2012, el Concejo de Neiva
le otorgó al alcalde municipal, entre otras facultades, la de determinar la nueva

20 Se aclara que aunque obran otros elementos probatorios que fueron allegados a este proceso, no

resulta indispensable que la Sala se refiera a los mismos, pues esta instancia se ceñirá a lo resuelto
en el fallo apelado y a los argumentos del recurso de apelación.
21 Así consta en la certificación del 24 de enero de 2014, expedida por el presidente del referido

sindicato y que obra a folio 44 del documento “015ED_EXP
TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
22 Folios 140 a 339 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

estructura de la administración municipal sector central y descentralizado; 2) la
Gerencia General de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. presentó a consideración
de la Junta Directiva el “ Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional", de cuyo
contenido se extraía una propuesta para determinar la nueva planta de personal de
la entidad, y 3) el alcalde de Neiva expidió los decretos 0933 del 18 de octubre de
2012, "por el cual se determina la estructura de la administración municipal y se
dictan otras disposiciones" y 0935 del 19 de octubre de 2012, "por el cual se
establece la estructura interna de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P”23.

36. - El 28 de diciembre de 2012, mediante Oficio 015721, el Gerente General de
las Empresas Públicas de Neiva ESP le comunicó a César Augusto Montero
González que daba por terminado su contrato de trabajo, de conformidad con “el
artículo 51 del Decreto 2127 del 8 de agosto de 1945 [,] la cláusula sexta de su
contrato de trabajo referente a su término o plazo y terminación” y el Estudio Técnico
de Fortalecimiento Institucional y “demás productos elaborados por la Fundación
Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012”. De ese escrito se
extrae, también, que la ESP le indicó al ahora actor que procedería a pagar “todo
saldo por concepto de salarios y prestaciones”, así como “la indemnización que le
corresponde de acuerdo al régimen legal y convencional al cual se encuentra
sometido, por su condición de trabajador oficial” 24.

37. - Ese mismo día -28 de diciembre de 2012-, por medio de la Resolución 719, el
entonces gerente de las Empresas Públicas de Neiva ESP reconoció el pago de la
suma de $78’707.804 en favor del señor Montero González, por concepto de: i)
prestaciones -$11’070.452-; ii) indemnización convencional -$50’677.445- y iii)
plazo presuntivo -$16’959.907-, derechos laborales a los que tenía derecho por la
terminación de su contrato de trabajo25.

38. César Augusto Montero González radicó, a través de apoderado judicial, una
demanda ordinaria laboral en contra de las Empresas Públicas de Neiva ESP, con
la finalidad de que se declarara la existencia de una relación laboral desde el 28 de
abril de 2011 hasta el 28 de diciembre de 2012, su terminación unilateral sin justa
causa e “ilegal” y que se ordenara su reintegro al mismo cargo que ocupaba para la
fecha del despido, así como que se reconocieran y pagaran los emolumentos
laborales a que hubiera lugar. Sobre esto último, se precisa que la pretensión de
reintegro la fundamentó el ahora actor en: i) lo pactado en la cláusula cuarta de la
19ª Convención Colectiva de Trabajo suscrita, el 10 de noviembre de 1987, entre
las Empresas Públicas de Neiva ESP y el sindicato de trabajadores -denominado
SINTRA EPN-, que disponía el reintegro en casos de terminación del contrato de

23 Folios 134 a 139 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai.
24 Folio 42 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
25 Folio 43 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

trabajo por despido sin justa causa y ii) que el cargo que desempeñaba no había
sido suprimido de la planta de personal26.

39. El proceso fue identificado con el radicado 41001310500220140009100, por
reparto fue asignado al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, el cual,
mediante sentencia del 16 de septiembre de 2015, declaró que César Augusto
Montero González no probó la calidad de trabajador oficial durante el lapso en que
prestó sus servicios en las Empresas Públicas de Neiva ESP, lo que conducía a la
negativa de las pretensiones27.

40. Surtido el trámite procesal correspondiente, que incluyó la acumulación del
proceso de César Augusto Montero González con el promovido por Elsa Patricia
Muñoz con radicación 4100131050022015012330128, el 19 de junio de 2018, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva dictó sentencia de segunda instancia;
respecto del aquí demandante, modificó la decisión del Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Neiva, en la medida que declaró que entre el actor y las Empresas
Públicas de Neiva ESP sí existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el
28 de abril de 2011 y el 28 de diciembre de 2012, pero confirmó la negativa de las
demás pretensiones de la demanda.

41. El apoderado de César Augusto Montero González interpuso recurso
extraordinario de casación contra la decisión que profirió el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva29. Esa demanda, radicada con el número 82.348, fue
resuelta el 26 de julio de 2021 por la Sala de Descongestión 4 de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no casar la sentencia del 19 de
junio de 2018, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva30.

42. Adicional a las pruebas relacionadas de manera precedente, la parte actora

26 En la demanda ordinaria laboral, que obra a folios 45 a 49 del documento “015ED_EXP
TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del expediente digital, que obra en Samai, se formularon
las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: DECLARAR que entre el demandante CESAR AUGUSTO MONTERO GONZALEZ y las
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. existió un contrato de trabajo a término indefinido entre
el 28 de abril de 2011 y el 28 de diciembre de 2012, el cual finalizó por decisión unilateral, injusta e
ilegal por parte del empleador, razón por la que fue indemnizado.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la EMPRESAS
PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.:
A) AL REINTEGRAR al demandante CESAR AUGUSTO MONTERO GONZÁLEZ al mismo cargo
que ocupaba para la fecha del despido, 28 de diciembre de 2012, LÍDER DE ACCIONES
JUDICIALES, de conformidad con los artículos 39,53 y 55 de la Constitución Política y la cláusula
cuarta (4*) de la Décima Novena Convención Colectiva de Trabajo pactada el 10 de noviembre de
1986.
B) CONSECUENCIALMENTE al reintegro, CONDENAR a la EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
E.S.P. a pagar al demandante todos los salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad
social, indemnizaciones, vacaciones, dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta cuando
se produzca efectivamente el reintegro, con sus respectivos aumentos legales y/o convencionales”.
27 Folios 71 y 72 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
28 Así lo reseñó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en la sentencia que dictó el 19 de

junio de 2018.
29 Folios 77 a 98 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
30 Folios 105 a 128 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

aportó dos sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, del 14 de diciembre de 2017 y 9 de mayo de 2018, en los
procesos interpuestos por Elsa Patricia Muñoz -radicado 82.370-31 y Fanny Peña
Javela -radicado 78.161-32, respectivamente. En esas decisiones se casaron las
providencias de segunda instancia y, como consecuencia, se condenó a las
Empresas Públicas de Neiva ESP -hoy Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva
ESP-, a reintegrar a las mencionadas señoras en los cargos que desempeñaban al
momento de la terminación de su vínculo laboral, o uno de superior jerarquía, junto
con el pago de los salarios, prestaciones y aportes a pensión y salud dejados de
percibir hasta la fecha en que fueran efectivamente reinstaladas. También allegó
una recomendación del Comité de Libertad Sindical de noviembre de 1999,
ratificada por la OIT en “marzo de 2000, marzo 2001, marzo 2002, noviembre 2006,
junio 2008 y junio 2017”, que hizo referencia a los “despidos contrarios a la
convención colectiva en contextos de reestructuración”33.

Análisis del caso concreto

43. Se advierte, de entrada, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
consideró que en el sub lite el daño consistió en los emolumentos laborales dejados
de percibir por César Augusto Montero González; por tanto, como primer argumento
para negar las pretensiones aseguró que éste no se probó, pues no se aportó
certificación salarial u otro medio de convicción que demostrara que el señor
Montero González devengaba lo que se consignó en la demanda -la suma mensual
de $4’400.000-. Frente a esta conclusión, el actor aseguró que ello sí quedó
acreditado, pues la Resolución 719 de 2012 daba cuenta del salario por él
devengado para el momento en que fue despedido.

44. Es importante resaltar que el cargo de apelación planteado en el párrafo anterior
fue formulado como consecuencia de la errada apreciación del Tribunal a quo que,
en este punto, equiparó el daño al perjuicio34.

31 Folios 371 a 414 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai.
32 Folios 438 a 470 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
33 Folios 516 a 521 del documento “015ED_EXP TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
34 Se destaca la importancia de distinguir conceptualmente ambas figuras, entendiendo el primero

como la lesión del derecho en sí misma considerada y, al segundo, como las consecuencias que
sufrió la demandante en la esfera patrimonial o extrapatrimonial con ocasión de esa lesión.
Al respecto, se ha considerado: “Sobre la diferencia entre daño y perjuicio, en un sentido general,
JUAN CARLOS HENAO señala: ‘En esencia dos consecuencias (de la diferencia entre daño y
perjuicio) merecen entonces ser tenidas en cuenta desde la perspectiva que aquí interesa. La
primera (...) permite concluir que el patrimonio individual, es el que sufre el perjuicio proveniente del
daño. El patrimonio no sufre daño sino perjuicio causado por aquel. Lo anterior es de utilidad en la
medida en que se plantea con claridad una relación de causalidad entre el daño –como hecho, como
atentado material sobre una cosa, como lesión- y el perjuicio –menoscabo patrimonial que resulta
del daño, consecuencia del daño sobre la víctima-, lo cual permite sentar la siguiente regla: se
indemniza solo el perjuicio que proviene del daño’ (...)”. Texto de la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 18 de octubre de 2007, exp.
25000-23-27-000-2001-00029-01(AG), M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

45. Según la demanda35, el error contenido en una providencia proferida por una
Alta Corte le causó un daño a César Augusto Montero González; bajo esa óptica, la
lesión de los derechos que aquí se reclama es la posible afectación al acceso a la
Administración de Justicia y a la tutela judicial efectiva36 del actor con la expedición
de una sentencia supuestamente “contraria a la ley” por parte de la Corte Suprema
de Justicia -que no casó la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva pese a que, a juicio del actor, lo adecuado era hacerlo y consecuencialmente
reintegrarlo al cargo que desempeñaba-, lo que le causó, como perjuicio que dejara
de percibir los salarios y prestaciones sociales a los que tenía derecho si esa
Corporación no hubiese incurrido en el error alegado -esto último, en los términos
textuales del aquí demandante-.

46. La falencia del a quo, radicada en la falta de distinción conceptual entre daño y
perjuicio, permite que esta Sala se aparte, en punto de su competencia para ventilar
esta controversia, de los derroteros fijados con este argumento del fallo cuestionado
y la consecuente censura propuesta en sede de apelación; esto último, en la medida
en que la comprobación, o no, de la suma que devengaba César Augusto Montero
González para el momento de los hechos resulta irrelevante para la acreditación del
daño, pues en dicho estudio lo que debe determinar la Subsección es si la
providencia acusada efectivamente incurrió en un error de hecho -por una omisión
de decreto o práctica de pruebas o una defectuosa apreciación probatoria- y/o de
derecho -por la infracción directa, la interpretación errónea o la aplicación indebida
de la ley- que incidió en la decisión judicial y que causó una lesión personal, cierta
y antijurídica37 al aquí demandante. Dicho análisis será realizado en el acápite
siguiente.

De los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado por error
jurisdiccional, debido a la expedición de la sentencia del 26 de julio de 2021

47. El demandante pretende que se declare la responsabilidad del Estado por el
supuesto error jurisdiccional en que incurrió la Corte Suprema de Justicia, al definir
su causa en sentencia de casación; al respecto, se debe precisar, de entrada, que

35 La pretensión se transcribe de forma literal:

“PRIMERA: DECLARAR que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, es administrativamente responsable por los daños antijurídicos
ocasionados con violación al derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29), libre acceso a
la administración de justicia (C.P., Arts. 228 y 229), derecho a la igualdad y no discriminación C.P.,
art. 13) en armonía con los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos
Humanos, garantías judiciales (Art. 8), Derecho a Indemnización por daños del Estado (Art. 10),
protección judicial (art. 25), derechos económicos sociales y culturales (Art. 26); por ERROR
JURISDICCIONAL en que incurrió la SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN No. 4 de la Honorable
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA al proferir la sentencia de casación SL- 3262/2021, Rad. 82348
(26 de julio de 2021) dentro del proceso ordinario laboral de CÉSAR AUGUSTO MONTERO
GONZÁLEZ contra EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, E.S.P.
(…)” (se destaca).
36 Es pertinente indicar que en otras decisiones en las que también se alegó la configuración
de un error jurisdiccional, esta Subsección ha tenido la oportunidad de precisar que este título jurídico
plantea un vínculo con el derecho de acceso a la Administración de Justicia y de tutela judicial
efectiva, y que el daño debe entenderse como la lesión a esos derechos. Al respecto, se puede
consultar, entre otras, la sentencia del 4 de marzo de 2022, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 66.867.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de

agosto de 2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

unas son las competencias de esa Alta Corte cuando se pronuncia como tribunal de
casación y otras las asumidas por las autoridades judiciales de instancia; así,
mientras “los jueces de primera y segunda instancia examinan la conducta de los
particulares frente al derecho vigente”, en el recurso extraordinario de casación
“varía el objeto del control, pues el Tribunal o Corte de Casación realiza control
jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los juzgadores de instancia,
para decidir luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley”38. Lo anterior cobra
mayor relevancia si se tiene en cuenta que el recurso de casación, como medio
extraordinario de impugnación, no activa una nueva instancia judicial, sino que su
función consiste en proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del
derecho objetivo.

48. Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, la Corte Constitucional39
ha dicho que, en materia de casación, es razonable concluir que “la regla general
es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos
previstos en la ley”, lo que explica entonces que “la ley, sin caer en formalismos
innecesarios y excesivos (…) puede establecer requisitos más severos para
acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique
que, por ese solo hecho, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto (…)
para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos
casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias”.

49. Entonces, para que prospere una acusación por error jurisdiccional cometido
por la Corte Suprema de Justicia cuando profiere una decisión de casación, es
imperativo que la parte actora no solo identifique el yerro de hecho y/o de derecho
cometido, sino que además tenga en cuenta el marco fundamental de
competencia de un tribunal de casación, al cual le corresponde pronunciarse
únicamente sobre los aspectos singularmente acusados por el casacionista, quien
debe encuadrarlos en una o varias de las causales consagradas de forma taxativa
en la ley.

50. Lo expuesto implica que, cuando se trate de decisiones de casación, el estándar
para identificar el error -de hecho o de derecho- es aún más riguroso, en la medida
en que el juez de la reparación debe verificar no solo que la providencia de casación
censurada contenga un yerro que haya producido un daño a quien lo alega, sino
que debe tener en cuenta, además, que la competencia de la Corte Suprema de
Justicia estuvo circunscrita a una o varias causales de casación y “a los contenidos
valorativos que caracterizan e identifican cada causal en sus singulares motivos y
sentidos de violación”40.

38 Así lo explicó la Corte Constitucional, en la sentencia C-252 de 2011, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
39 Corte Constitucional, sentencia C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“[L]a casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene
esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia.
Por ende, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los
conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento
prevé el trámite de las instancias”.
40 Pabón Gómez, Germán, “De la casación y la revisión en el Estado Constitucional, Social y

Democrático de Derecho”, página 124.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

51. Aclarado lo anterior, el análisis del título de imputación por error jurisdiccional 41
está supeditado a que el afectado con la decisión cuestionada hubiera interpuesto
los recursos de ley y que la providencia se encuentre en firme -artículo 67 de la Ley
270 de 199642-. Los referidos presupuestos se hallan satisfechos en el presente
asunto, por cuanto la sentencia del 26 de julio de 2021 fue proferida por la Corte
Suprema de Justicia y contra ella no procedía ningún medio ordinario de
impugnación, decisión que, además, quedó en firme43. Es necesario señalar que,
en el sub lite la argumentación del demandante le permite a esta Sala estudiar los
supuestos errores que, afirma, contiene la providencia acusada, en la medida en
que especificó cuál fue el medio de convicción sobre el que aparentemente recayó
el yerro en la actividad probatoria, al tiempo que señaló por qué considera que se
transgredió su derecho fundamental a la igualdad frente a la ley; no obstante, la
Subsección después de analizar los motivos de inconformidad esbozados en el
recurso de apelación considera que los errores alegados no se configuraron por las
razones que se explican a continuación.

52. 1) La decisión acusada estuvo debidamente motivada. No puede perderse
de vista que la competencia de la Corte Suprema de Justicia estuvo circunscrita a
dos causales de casación, en las que el actor manifestó que la sentencia del 19 de
junio de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva era
violatoria de la ley sustancial por “aplicación indebida” y por “interpretación errónea”.

53. En el primer cargo de casación, César Augusto Montero González esbozó que
la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva violó la ley sustancial,
por “vía indirecta por aplicación indebida” de los artículos que se citan a pie de
página44; para sustentar lo anterior, alegó que se había presentado una indebida
valoración de varios elementos de prueba -mencionó la carta de terminación del
contrato y el estudio técnico de fortalecimiento institucional y demás productos
elaborados en desarrollo del contrato 075 de 2012- y planteó la configuración de los
errores de hecho que se transcriben:

41 El error jurisdiccional es uno de los supuestos por los cuales el Estado debe responder por los

daños antijurídicos causados por acción o la omisión de sus agentes judiciales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Además, esta
Corporación ha señalado que para su configuración se requiere que: i) se trate de una providencia
proferida por una autoridad investida de la facultad jurisdiccional y en ejercicio de la misma; ii) contra
la providencia atacada se hubieren interpuesto los recursos de ley y aquella se encuentre en firme;
iii) resulte contraria a la realidad procesal (error fáctico) o al ordenamiento jurídico (error de derecho),
sin que ello signifique que la contradicción sea grosera, abiertamente ilegal o arbitraria y iv) que el
error en ella contenido incida en la decisión judicial y cause un daño personal, cierto y antijurídico.
Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
42 “Artículo 67: El error jurisdiccional se sujeta a los siguientes presupuestos: 1. el afectado deberá

haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos
de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial;
2. la providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
43 En el expediente obra la constancia de notificación de dicha providencia, un edicto se desfijó el 6

de agosto de 2021, a las 5 pm, visible a folio 129 del documento “015ED_EXP
TRIBUN_3_ED_EXPEDIENTEDEMAN.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
44 En este cargo, mencionó los artículos 1º, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos

43, 49 y 51 del Decreto 2127 de 1945; el artículo 2° del Decreto 2400 de 1968; artículos 1°, 4°, 13,
25, 39, 53, 58, 93, 122, 123, 210, 228, 229, 238 y 230 de la Constitución Política; los artículos 2°, 61
y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Segundad Social; los Convenios Internacionales 87 y
98 de la OIT, ratificados por las Leyes 26 y 27 de 1976; los artículos 27 y 28 del Código Civil; la Ley
1429 de 2010, y los artículos 1°, 2°, 8° y 12 de la Ley 153 de 1887.

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

“1. Dar por demostrado, sin estarlo que el Estudio Técnico de Fortalecimiento
Institucional y demás productos elaborados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012, fue un estudio realizado con
apego al régimen laboral y fundamentado en el principio de la prevalencia del
interés general.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el Estudio Técnico de Fortalecimiento
Institucional y demás productos elaborados por la Fundación Creamos
Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012, determinó o recomendó la
supresión del cargo desempeñado por el demandante en los términos
consagrados en el decreto (sic) 2400 de 1968.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la que el Estudio Técnico de
Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados por la Fundación
Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012, recomendó fue la
supresión del empleado (del demandante de la planta de personal) y no del
empleo por el ocupado.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la reestructuración y modernización
de las Empresas Públicas de Neiva, E.S.P., con fundamento en el Estudio
Técnico de Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012, se hizo
con violación a la ley laboral al recomendar tercerización de cargo
desempeñado por el demandante y demás trabajadores despedidos, lo que
desvirtúa el supuesta interés general alegado en la contestación de la demanda.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la reestructuración y modernización
de las Empresas Públicas de Neiva, B.S.P., con fundamentó en el Estudio
Técnico de Fortalecimiento Institucional y demás productos elaborados por la
Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075 de 2012, se hizo
pretendiendo la no aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo,
considerada como una amenaza, lo que desvirtúa el supuesto interés general
alegado en la contestación de la demanda.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la verdadera causa recomendada en
el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional y demás productos
elaborados por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo del contrato 075
de 2012, para despedir al demandante no fue el cargo de Lider (sic) de acciones
judiciales en la Subdirección Jurídica, profesional especializado nivel 3, grado
28 por el (sic) desempeñado, sino lo económico que le resultaba el despido con
el pago de la indemnización convencional.

7. No dar por demostrado, estándolo, que si lo que se pretendía con la
reestructuración y modernización administrativa de las Empresas Públicas de
Neiva, [sic) E.S.P., era la racionalidad del gasto público y sostenibilidad
financiera, porque el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional y demás
productos elaborados por la Fundación Creamos Colombia en desarrollo del
contrato 075 de 2012, no recomendó eliminar la planta de personal paralela
existente en la empresa, por el contrario recomienda aumentarla con los cargos
supuestamente suprimidos”.

54. En el segundo cargo de casación, el ahora demandante indicó que la decisión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva desconoció que la tercerización
estaba prohibida y que “no se p[odía] situar dentro de los conceptos de empleo y
empleado del artículo 2° del Decreto 2400 de 1968”; dijo que lo expuesto conllevó

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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00228-01 (71.586)
Demandante: César Augusto Montero González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

a la violación directa de los artículos legales y constitucionales que se citan a pie de
página45, en la “modalidad de interpretación errónea”.

55. En sede de apelación, la parte actora denunció que el casacionista alegó siete
errores de hecho en que incurrió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y
que la Corte Suprema de Justicia solo se refirió a dos de ellos. Al respecto, advierte
la Sala que el artículo 287 del Código General del Proceso contempla la adición de
una sentencia, de oficio o a solicitud de parte, cuando en ésta se omita resolver
sobre cualquiera de los extremos de la litis u otro punto que debía ser objeto de
pronunciamiento -de conformidad con la Ley-.

56. Se resalta, en primer lugar, que a las partes, en el trámite de sus asuntos
judiciales, les resulta exigible diligencia -artículo 95 Superior46- que conlleva a que
hagan uso de los mecanismos que tengan a su alcance para que, con su activación,
se habilite la posibilidad de que las fallas sean enervadas por los jueces naturales
de las distintas controversias, lo que, consecuencialmente, redunda en que los
errores, que no están exentos de cometer, no tendrán que alegarse posteriormente
como fuente de daño en otro proceso distinto, para el caso, en uno de reparación
directa, con todo lo que ello implica en términos de congestión judicial 47. Aclarado
lo anterior, llama la atención de esta Subsección que, dentro del trámite de casación,
el aquí demandante no solicitó la adición de la sentencia del 26 de julio de 2021,
que ahora acusa por incompleta, pese a que tenía la posibilidad de hacerlo en los
términos dispuestos en el Código General del Proceso; luego, resulta reprochable
que el actor no empleara esta herramienta, con la que contaba, que permitía que la
Corte Suprema de Justicia, como juez natural, enmendara la supuesta omisión por
medio de providencia complementaria dentro del mismo proceso judicial.

57. En cualquier caso, la sentencia de casación no omitió resolver sobre ningún
punto, si se tiene en cuenta que lo planteado por el señor Montero González fue
desestimado con suficiencia por la Corte Suprema de Justicia, en tanto razonó, en
el primer cargo de casación, que: i) no se explicó en qué consistió la indebida
valoración del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva de la carta de
terminación del contrato de trabajo, pero que “de su examen queda[ba] al
descubierto que no exist[ió] falencia alguna en su apreciación”, y ii) la decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva no incurrió en ninguno de los errores
de hecho alegados -previamente transcritos- porque, en efecto, “era imposible
físicamente” ordenar el reintegro del aquí demandante, en atención a que en el
proceso ordinario laboral sí se acreditó que Empresas Públicas de Neiva ESP fue

45 En este cargo, mencionó el artículo 2° del Decreto 2400 de 1968; los artículos 1°, 467 y 468 del

Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 48, 49 y 51 del Decreto 2127 de 1945; el artículo 11 de
la Ley 6° de 1945; los artículos 1°, 4°,13, 25, 39, 53, 93, 122, 123, 125, 210, 228, 229, 238 y 230 de
la Constitución Política; los artículos 2, 61, 66A y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, y los artículos 1°, 2°, 8° y 12 de la Ley 153 de 1887.
46 Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
(…).
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia (...).
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 17 de octubre de 2023, exp. 69.865.

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Demandado: Nación – Rama Judicial
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objeto de reestructuración y que ello ocasionó la supresión del cargo que
desempeñaba el señor Montero González.

58. No sobra agregar que la Alta Corte también descartó el segundo cargo de
casación, después de determinar que no hubo interpretación errónea del artículo 2°
del Decreto 2400 de 1968, ni de las demás normas enunciadas en la acusación,
pues el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva no ordenó el reintegro de
César Augusto Montero González a las Empresas Públicas de Neiva ESP por la
sencilla razón de que su “empleo ya no exist[ía]”.

59. Se recuerda que a la Corte Suprema de Justicia solo le correspondía
pronunciarse sobre los aspectos singularmente acusados y decidir si casaba o no
la sentencia puesta a su consideración; solo en el primer evento debía emitir un fallo
de reemplazo; de lo contrario, le atañía explicar las razones por las cuales los
aspectos acusados no tenían vocación de prosperidad. Este último escenario fue el
que se presentó en el sub lite, en tanto que la Corte Suprema de Justicia, después
de analizar los cargos de casación, explicó los motivos por los cuales debían
desestimarse, y fueron precisamente estos argumentos los que le sirvieron de
fundamento para no casar la sentencia que dictó el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva.

60. 2) La sentencia de casación apreció razonadamente las pruebas y, en
concreto, el estudio técnico. En el recurso de apelación, la parte actora llamó la
atención en que hubo una deficiente valoración probatoria del documento
denominado “estudio técnico de fortalecimiento institucional”, lo que condujo a que
la Corte Suprema de Justicia: i) concluyera erróneamente que el cargo del actor
había sido suprimido, cuando en realidad fue tercerizado, y ii) omitiera que en la
planta de personal quedaron vigentes nueve cargos de “profesional especializado
3, grado 28” y que las Empresas Públicas de Neiva no demostraron cuáles fueron
los criterios de diferenciación tenidos en cuenta para determinar las personas que
serían despedidas.

61. Sea lo primero indicar que no resulta procedente que esta Sala estudie en este
proceso si debía reintegrarse al señor Moreno González al cargo que ocupaba para
la fecha de su despido; porque ello sería una suerte de instancia adicional a la
tramitada dentro del cauce laboral en el que se aduce la configuración del supuesto
error judicial, lo que resulta improcedente, si se tiene en cuenta que este proceso
judicial no tiene esa vocación48.

48 En un caso similar, esta Subsección sostuvo lo siguiente:

“Para la Sala no resulta viable que, a través de la reparación directa, se pretenda acceder a una
suerte de tercera instancia, en la cual se intente una nueva valoración de las pruebas y los
argumentos planteados en el proceso disciplinario, aunado a que la discusión de la demandante se
centró en señalar que su conducta no podía ser calificada como de desatención elemental. Es dable
recordar, que el error judicial no constituye una vía alternativa para darle trámite a una tercera
instancia de cualquier conflicto ordinario o disciplinario, pues el propósito claro de este tipo de
responsabilidad es reparar el daño antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una
de las funciones que le son inherentes, como es la de administrar justicia.
Por lo anterior, el juez administrativo debe ser extremadamente cuidadoso al momento de efectuar
análisis como el que ahora enfrenta la Sala, por cuanto no puede, bajo el propósito de revisar la
materialización de un posible menoscabo antijurídico, entrar a fungir como un nuevo juzgador

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62. Aclarado lo anterior, se concluye que la Corte Suprema de Justicia, en la
decisión acusada, recordó que, de conformidad con los artículos 315-749 y 305-750
de la Constitución Política, estaba permitida la supresión de los empleos a nivel
ejecutivo en entidades territoriales, y que la terminación del nexo laboral del señor
Montero González obedeció al documento denominado ”estudio técnico de
fortalecimiento institucional”, elaborado por la Fundación Creamos Colombia, a
través del cual se aconsejó sobre la necesidad de la reestructuración organizacional
de las Empresas Públicas de Neiva ESP, determinación que fue acogida i) en el
Decreto 0933 de 2012, a través del cual el alcalde de Neiva dispuso el proceso de
modernización y reorganización administrativa de la ESP tantas veces mencionada
y estableció su estructura interna, con el fin de propender por el cumplimiento de su
objeto social -prestar los servicios públicos de alcantarillado, acueducto y aseo a la
población del municipio de Neiva-, y ii) en el Acuerdo 002 de 2012, a través del cual
la junta directiva de las Empresas Públicas de Neiva ESP modificó la planta de
personal. Con fundamento en lo anterior, la Alta Corte concluyó que sí se suprimió
el cargo de “profesional especializado nivel 3, grado 28, líder de acciones judiciales”
en las Empresas Públicas de Neiva ESP y que ello fue, incluso, aceptado por el
mismo señor Moreno González cuando indicó que “una cosa e[ra] la supresión del
empleo y otra e[ra] que las funciones pasaran a ser ocupadas por un tercero”,
porque lo cierto era que “en la planta de personal solo existía el empleo de jefe de
oficina jurídica y de asuntos disciplinarios” y no figuraba ninguno relacionado con
acciones judiciales.

63. De lo anterior la Sala estima que no podría hablarse de una valoración probatoria
deficiente del documento ”estudio técnico de fortalecimiento institucional”, pues fue
producto de su análisis que la Alta Corte advirtió que la reestructuración
organizacional allí propuesta fue acogida en actos administrativos, uno a través del
cual se definió la nueva estructura interna de la EPS en cuestión y otro en el que
efectivamente se suprimió el empleo que desempeñaba César Augusto Montero
González para ese entonces; al tiempo que aclaró que el hecho de que las
actividades por él desarrolladas fueran efectuadas por un tercero daba cuenta,
precisamente, de la eliminación de su cargo.

ordinario de la causa puesta a su conocimiento y proceder a estudiarla como si se tratara de una
nueva instancia procesal”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 49666. C.P. María Adriana Marín.
Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de la Sección Tercera:
Sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24.690;
sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 28.189; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 28.215;
sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 28.428; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 29.540;
sentencia del 1° de octubre de 2014, exp. 27.862, y sentencia de 10 de julio de 2020. exp. 56763).
C.P.: Nicolás Yepes Corrales, entre otras.
49 “Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: (…)

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y
fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que
excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado”.
50 “Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: (…)

7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y
fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro
departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo
servicio en el presupuesto inicialmente aprobado”.

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64. El otro aspecto enunciado en el recurso de apelación -referente a la vigencia de
nueve cargos de las mismas características- fue descartado por el Tribunal
Administrativo después de concluir que “ese argumento no [había] sido planteado
en el proceso ordinario laboral” pero que, en cualquier caso, de acuerdo con el
estudio técnico, los cargos de “profesional especializado 3, grado 28” que
permanecieron en la planta de personal fueron en las dependencias de “planeación
y análisis financiero, subgerencia administrativa, comercial, técnica, operativa y
técnica de acueducto”, mientras que el que ocupaba el actor sí había sido suprimido,
pues este hacía parte de la “oficina asesora jurídica y asuntos disciplinarios”. El
señor Montero González, en su impugnación, no presentó ningún argumento de
inconformidad dirigido a rebatir la conclusión del a quo, razón suficiente para que
en esta instancia dicha determinación se mantenga incólume, pues se recuerda el
juez de segunda instancia “no puede ir al extremo de suponer las razones de
inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las
cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”51.

65. Para finalizar, en la impugnación objeto de análisis se indicó que el “estudio
técnico de fortalecimiento institucional” pretendió la no aplicación de la Convención
Colectiva de Trabajo, y que ello debió ser rechazado “de plano” por la Corte
Suprema de Justicia, como “juez en un Estado Social de Derecho”, argumento este
que, a juicio de la Sala, adolece de dos falencias. En primer lugar, no tiene en cuenta
que, como se explicó en precedencia, lo que puede reprochársele a la Corte
Suprema de Justicia, en términos de error judicial, es el hecho de no casar la
sentencia que dictó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, y no la falta
de “rechazo de plano” de algún otro aspecto; la premisa del apelante parte de un
entendimiento errado según el cual la casación activaba una nueva instancia
judicial, cuando en realidad la competencia de esta Corte estuvo circunscrita a
las causales de casación anteriormente mencionadas y a sus puntuales contenidos
de violación, y éstas fueron debidamente descartadas. En cualquier caso, el aspecto
alegado no podría configurar un error de hecho, en vista de que el apelante no
refiere alguna apreciación probatoria defectuosa del documento en cuestión por
parte de la Alta Corte, sino que manifiesta, en términos generales, su inconformidad
con el mismo, por razones, además, completamente subjetivas -pues en el proceso
ordinario laboral se estimó que consistía en un “estudio profundo” que aunque habló
sobre la necesidad de una “depuración de la planta de personal” ello fue con
fundamento en la prevalencia del interés general y la racionalización del gasto
público con miras a alivianar la carga presupuestal de las Empresas Públicas de
Neiva ESP-.

66. 3) La sentencia del 26 de julio de 2021 no vulneró el derecho a la igualdad
del actor. Se recuerda que el a quo concluyó que aunque en los procesos
interpuestos por Elsa Patricia Muñoz y Fanny Peña Javela se accedió a sus

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente No. 44.707, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez. En esa misma línea ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación: i) sentencia del 10 de noviembre de 2017,
expediente No. 54.675; ii) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 51.212; iii) auto
del 14 de octubre de 2015, expediente No. 48.502, M.P. Hernán Andrade Rincón y iv) sentencia del
9 de abril de 2014, expediente No. 27.550, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Referencia: Reparación directa

respectivos reintegros a la planta de personal de las Empresas Públicas de Neiva,
“no e[ra] dable considerar que se vulneró el derecho a la igualdad del actor”, pues
Elsa Patricia Muñoz era “asistente nivel 5 grado 24 del nivel técnico” y ese empleo
estaba incluido en diferentes dependencias, aunado a que era madre cabeza de
familia para la fecha en que se dio por terminado su contrato de trabajo, mientras
que Fanny Peña Javela ostentaba un cargo que no presentó cambio o modificación
alguna, el de “asistente nivel 5 grado 24 en la dependencia de pagaduría”. Tal
determinación será confirmada por esta Sala, en atención a que el recurrente no
expuso ningún reparo concreto que ataque cuestione o controvierta este
fundamento del fallo de la primera instancia.

67. En su recurso de apelación, la parte actora se limitó a afirmar que Elsa Patricia
Muñoz y Fanny Peña Javela habían sido despedidas en las “mismas condiciones,
el mismo día y por la misma razón que el aquí demandante”, sin explicaciones
adicionales. En el escenario descrito se presentó una falencia argumentativa del
recurrente, teniendo en cuenta que lo determinante para cuestionar la conclusión
del Tribunal Administrativo no era el día ni la razón por la que fueron despedidas las
referidas señoras, sino el hecho de que los empleos que ellas ostentaban -asistente
nivel 5 grado 24, una del nivel técnico y otra en la dependencia de pagaduría- eran
distintos al que tenía César Augusto Montero González -profesional especializado
3, grado 28, en la subdirección jurídica-, porque la discusión recayó, precisamente,
en que este último empleo fue suprimido de la planta de personal de las Empresas
Públicas de Neiva ESP.

68. Sin perjuicio de lo anterior, e incluso al margen de los cargos que desempeñaban
las personas hasta aquí mencionadas, tampoco podría concluirse que medió
vulneración del principio de igualdad y/o de precedente jurisprudencial. Es
importante señalar que de los procesos ordinarios laborales promovidos por Elsa
Patricia Muñoz y Fanny Peña Javela esta Sala únicamente conoce las sentencias
proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 14 de
diciembre de 2017 y el 9 de mayo de 2018, respectivamente, sin que se tenga
acceso a los fundamentos de derecho que fueron alegados ni a los medios de
convicción que se aportaron en dichos procesos; de ahí que tendría que razonar
esta Subsección que no cuenta con elementos suficientes para establecer si el actor
estaba, o no, en una circunstancia idéntica a la de Elsa Patricia Muñoz o a la de
Fanny Peña Javela en la que debía dársele un trato igualitario y si, entonces, se
presentaron sentencias “contradictorias” por parte de una misma autoridad judicial.

69. En conclusión, lo que observa esta Sala es que la providencia acusada no
incurrió en error de hecho ni de derecho, por lo que no puede hablarse de que medió
una lesión antijurídica al ahora demandante. Debe tenerse en cuenta que promover
un proceso judicial no implica necesariamente que las decisiones que correspondan
deban ser favorables a las pretensiones de quien demanda y, además, que la
procedencia del recurso de casación es excepcional, en los puntuales casos
previstos en el ordenamiento jurídico52. Aunque la decisión de casación acusada le

52 Al respecto, se ha dicho lo siguiente:

Es oportuno precisar que cuando un ciudadano acude a la Administración de Justicia para que por
intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión

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resultó desfavorable al señor Montero González -y a sus intereses económicos- ese
solo hecho corroborado no puede considerarse como un daño antijurídico.

70. Lo hasta aquí expuesto permite que la Sala confirme el fallo de primera instancia,
que negó las pretensiones de la demanda.

La condena en costas

71. Para finalizar, el recurrente llamó la atención en que las agencias en derecho en
primera instancia -$125’180.190- fueron fijadas en una suma “exorbitante” que
atentaba “contra el libre acceso a la Administración de Justicia”, por lo que solicitó
su disminución bajo el entendimiento de que debían tasarse conforme a las
“condenas proferidas”, y no con fundamento en las pretensiones de la demanda.

72. Al respecto, conviene destacar que en otras oportunidades53 esta Subsección
ya ha establecido que el motivo de disenso antes mencionado no es pasible de ser
estudiado en esta providencia, toda vez que lo impugnado, en los términos
planteados por el demandante, no recae sobre la imposición de la condena en
costas, sino sobre el monto de las expensas y/o agencias en derecho, lo cual solo
sería cuestionable mediante el recurso de reposición y/o apelación en contra del
auto que aprueba la liquidación de las costas54, de conformidad con lo consignado
en el artículo 366-5 del CGP55.

73. Ahora bien, de conformidad con lo consagrado en el artículo 188 del CPACA y
su remisión en este tema al Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del
Proceso), según el artículo 365 del Código General del Proceso, se establece un
criterio objetivo de condena en costas, que impone condenar en este asunto a la
parte vencida en este litigio. Así las cosas, el artículo 361 del Código General del

que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar
un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que
corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 49493; reiterada por esta Subsección, entre otras, en:
sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 53212 y en sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 52026
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 25 de octubre de 2024, exp. 71.484. Ver además: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, exp.
65.018 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 8 de octubre de 2021, exp. 66.114.
54 El magistrado ponente estima que este criterio se refiere, en concreto, a los casos en los que el

importe de las costas no se establece en la sentencia de instancia, sino que se determina después,
por medio del auto que aprueba su liquidación, escenario en que resulta lógico que deban activarse
los recursos de reposición y apelación exclusivamente frente al mencionado auto. Sin embargo,
también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala Plena de la
Sección Tercera no unifique la subregla- acogerá la actual posición mayoritaria de esta Subsección.
55 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: [...] 5. La
liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse
mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas
(...)”.

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Proceso establece que las costas están integradas por la totalidad de las expensas
y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

74. En el presente caso, se condenará en costas a la parte demandante, debido a
que se le resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación que interpuso 56 -
numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso-, incluso pese a que la
Rama Judicial no alegó de conclusión en sede de segunda instancia, pues tal hecho
no desvirtúa que, en todo caso, debió ejercer una labor de vigilancia del proceso,
dado que contaba con un apoderado que asumió su representación judicial; así lo
ha considerado esta Subsección en varias oportunidades57. Así pues, la Sala fijará
las agencias en derecho en segunda instancia, en aplicación del parágrafo 3° del
artículo 3 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente.

75. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo,
en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso58.

76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
por las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte actora,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del
Proceso. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, monto que deberá ser pagado en favor de la Rama Judicial.
El salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la fecha de
ejecutoria de la presente sentencia.

56 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la

demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
57 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del 19

de febrero de 2021, exp. 64401 y sentencia del 19 de marzo de 2021, exp. 63836.
58 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Demandante: César Augusto Montero González
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Referencia: Reparación directa

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.

VF

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