Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00463-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00463-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2023-00463-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA – Supone establecer si
la entidad o persona demandada tuvo una participación real en los hechos que de acuerdo
con la pretensión originaron el daño cuya reparación se reclama / SENTENCIA
ANTICIPADA / ARTÍCULO 182A DE LA LEY 1437 DE 2011 - La falta de legitimación
material en la causa por pasiva puede definirse mediante sentencia anticipada cuando
resulte manifiesta, caso en el cual no se justifica mantener en el proceso a quien carece de
un vínculo sustancial con la pretensión / SENTENCIA ANTICIPADA PARCIAL – No se
opone al régimen previsto en la Ley 1437 de 2011 cuando la excepción se encuentra
acreditada respecto de alguno de los sujetos procesales demandados – Se aplica el artículo
278 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA, en cuanto permite depurar el litigio
y continuar el proceso respecto de las demás cuestiones sometidas a debate.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia anticipada parcial por medio de la cual se declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de
Justicia y del Derecho y de la Fiscalía General de la Nación.
Se pretende la reparación de los perjuicios que los demandantes atribuyen al
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y al error jurisdiccional
en que incurrió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al proferir la
sentencia del 25 de marzo de 2021, en el marco de un proceso de extinción de
dominio.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión anticipada proferida el 14 de mayo de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
medio de la cual declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Fiscalía General
de la Nación.
2. Las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se edificó
la demanda que dio origen al proveído antes indicado fueron los siguientes:
Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
3.Mediante escrito presentado el 21 de septiembre de 2023, la señora Gladis
Zapata Farjath y otros herederos1 del señor “Camilo Arturo o Juan Camilo Zapata
Vásquez”2, interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama
Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho,
con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por los perjuicios
ocasionados por el error jurisdiccional en que incurrió el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá al proferir la sentencia del 25 de marzo de 2021, y por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de las
actuaciones adelantadas en el marco del proceso de extinción de dominio radicado
bajo número 11001312000320120003202.
4.A título de indemnización, los demandantes solicitaron el reconocimiento de
perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente3, lucro cesante4 y
perjuicios morales5.
5. Como soporte fáctico de esas pretensiones, indicaron que, con fundamento en el
Decreto 1038 de 1984, mediante el cual se declaró el estado de sitio 6, y a partir de
informes rendidos por el Ejército Nacional sobre la presunta utilización de inmuebles
para actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, se ordenaron
diligencias de registro respecto de varios bienes del señor Zapata Vásquez.
6. El Juzgado Segundo Especializado de Bogotá acumuló las indagaciones
preliminares relacionadas con siete inmuebles del mencionado señor. Por su parte,
el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá tramitó y acumuló las actuaciones
preliminares n.º 402 y 471, relacionadas con otros bienes de su propiedad.
Agotadas las investigaciones inciales, en los distintos procesos se resolvió
abstenerse de iniciar investigación penal y ordenar la devolución de los bienes al no
encontrar que estuviesen vinculados con actividades de narcotráfico ni que tuviesen
un origen ilícito.
7. El 26 de noviembre de 1993 falleció el señor Zapata Vásquez, por lo que dichos
bienes pasaron a integrar la masa sucesoral. Sin embargo, en enero de 2001, la
DIJIN remitió a la Fiscalía General de la Nación un informe relacionado con bienes
registrados a nombre del fallecido y con información sobre su presunta vinculación
con el denominado “Cartel de Medellín” y, mediante Resolución del 3 de agosto de
2001, la Fiscalía Segunda Especializada inició una nueva indagación preliminar
1 Identificados en la demanda como: Marisol Zapata Mosquera, Margarita María Zapata Farjath, Álvaro Zapata
Ramírez; Germán Alexander Zapata Echeverri, Salsabel Farkash Zapata y Nashwa Farkash Zapata.
2 En la demanda se identifica de manera indistinta como “CAMILO ARTURO o JUAN CAMILO ZAPATA
VÁSQUEZ”. Para efectos de esta sentencia, se hará referencia al señor Zapata Vásquez.
3 Como pretensión principal, solicitaron el pago del valor de los bienes inmuebles con base en el valor histórico
comercial que tenían al momento de su ocupación, actualizado conforme a la variación del IPC hasta el pago
de la condena; subsidiariamente, pidieron que se reconociera la suma de $1.189.241’725.425, correspondiente
a los avalúos comerciales de los inmuebles efectuados al 13 de junio de 2023.
4 Por este concepto pidieron los ingresos dejados de percibir sobre los bienes inmuebles, así: (i) como
pretensión principal, sobre su valor histórico comercial al momento de la imposición de las medidas cautelares,
con aplicación de un interés puro o técnico del 6% anual hasta el pago de la condena; (ii) subsidiariamente, a
partir de junio de 2023, sobre los avalúos comerciales aportados con la demanda, con aplicación de la misma
tasa.
5 Solicitaron el reconocimiento de mil (1.000) SMLMV para cada uno de los demandantes.
6 El Decreto 1856 del 18 de agosto de 1989, que dispuso medidas para reprimir el narcotráfico mediante el
comiso de los bienes vinculados directa o indirectamente con tales actividades.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
respecto de bienes que habían sido objeto de las actuaciones adelantadas entre
1990 y 1991.
8. En el curso de esta actuación, los herederos de Zapata Vásquez se opusieron al
embargo de dichos bienes. Mediante Resolución del 20 de enero de 2010, la
Fiscalía Segunda Especializada declaró improcedente la acción de extinción de
dominio respecto de aquellos que habían sido afectados en las actuaciones
anteriores al considerar configurada la cosa juzgada.
9. Contra la anterior decisión, la Dirección Nacional de Estupefacientes presentó
recurso de apelación y, a través de Resolución del 28 de marzo de 2012, la Fiscalía
Primera Delegada ante el Tribunal del Distrito de Extinción de Dominio y contra el
Lavado de Activos confirmó la decisión de primera instancia y dispuso remitir el
proceso a los juzgados penales del circuito especializados.
10. El 12 de enero de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bogotá declaró la existencia de cosa juzgada respecto de los bienes previamente
afectados y, por ende, la improcedencia de la acción de extinción de dominio frente
a ellos. El Ministerio de Justicia y del Derecho interpuso recurso de apelación contra
esa decisión y, el 25 de marzo de 2021, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia y
dispuso la extinción del derecho de dominio sobre los bienes objeto de la acción.
Fundamentos de derecho
11. Los demandantes atribuyeron a la sentencia del 25 de marzo de 2021 un error
jurisdiccional, que se concretó en los siguientes yerros: (i) de derecho, por la
interpretación errónea de las normas que regulan la cosa juzgada y el principio de
non bis in idem, así como por la inobservancia del trámite previsto en el artículo 136
de la Ley 1708 de 2014 frente a la solicitud de declaratoria de improcedencia de la
acción de extinción de dominio; y, (ii) de hecho, por la indebida valoración de las
pruebas en las que se sustentó la decisión.
12. Además, señalaron que se configuró un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia con ocasión de los allanamientos y la incautación
practicados con fundamento en informes, señalamientos e indicios genéricos sobre
actividades ilícitas que no fueron demostradas, así como por la duración del trámite
de extinción de dominio que desconoció el principio de plazo razonable7.
13. Frente a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la parte actora sostuvo
que desconoció el principio de cosa juzgada al interponer recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, lo que permitió al Tribunal Superior de
Bogotá revisar aspectos que no debían ser revocados. En cuanto a la Fiscalía
General de la Nación, cuestionó que no hubiera presentado recurso alguno y que
hubiera permanecido pasiva frente a la decisión de la Sala de Extinción de Dominio
7 SAMAI: Expediente digital: Tribunal, índice 2, archivo: “4_ED_DEMANDA21092023_1400(.pdf) NroActua 2”
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
del Tribunal Superior de Bogotá, pese a que previamente había considerado
improcedente dicha acción8.
La defensa
14. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho
contestaron la demanda y propusieron la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva9. La primera señaló que, de acuerdo con lo planteado en la
demanda, el daño alegado se originó en la sentencia del 25 de marzo de 2021,
mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de primera
instancia y decretó la extinción de dominio, decisión que corresponde a la
jurisdicción especializada. Explicó que en el proceso de extinción de dominio, la
Fiscalía adelanta la fase investigativa y determina la procedencia o improcedencia
de la acción, mientras que corresponde al juez de conocimiento adoptar la decisión
definitiva, de ahí que no estuviera llamada a responder por actuaciones u omisiones
ocurridas en una etapa judicial ajena a su competencia10.
15. El Ministerio de Justicia y del Derecho sostuvo que no tiene asignadas funciones
jurisdiccionales ni intervino en la expedición de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, pues los jueces actúan con autonomía e independencia en el
ejercicio de sus funciones. Señaló que la única actuación que la parte actora le
reprochó fue la interposición del recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, mecanismo procesal previsto para que las partes e intervinientes
controviertan las decisiones judiciales y planteen sus inconformidades; además, en
el caso particular, constituía un derecho y deber legal para la defensa del interés
jurídico de la Nación11.
La decisión del Tribunal12
16. Con fundamento en el numeral 3 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, el
Tribunal profirió sentencia anticipada parcial y declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho y de
la Fiscalía General de la Nación.
8 Estos argumentos fueron esgrimidos por la parte actora en el escrito de subsanación de la demanda (SAMAI:
Tribunal, índice 8, archivo “10_RECIBEMEMORIALES_SUBSANADE_DEMANDASUBSANADARE(pdf)
NroActua 8”), presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el auto inadmisorio del 9 de octubre de 2023, en
el que se requirió “establecer de manera puntual la acción u omisión que le imputa a cada una de las entidades
demandadas, y los hechos que lo fundamentan” (SAMAI: Tribunal, índice 4).
9 Únicamente se hará referencia a esta excepción, dado que el objeto del litigio en esta instancia se circunscribe
a su resolución.
10 SAMAI: Tribunal, índice 17, archivo
“22_RECIBEMEMORIALES_PODERYAN_EK2497609CONTESTAC(.pdf) NroActua 17”
11 SAMAI: Tribunal, índice 19, archivo “33_RECIBEMEMORIALES_PODERYAN_CONTESTACIONGZF(.pdf)
NroActua 19”.
12 Mediante auto del 29 de noviembre de 2024, el Tribunal dispuso dictar sentencia anticipada, de conformidad con
lo previsto en el numeral tercero del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 y corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión (SAMAI: Tribunal, índice 35). En las alegaciones, la parte
actora señaló que el Ministerio de Justicia y del Derecho fue el único sujeto procesal que interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, actuación que dio lugar a la decisión que posteriormente
ocasionó el daño. En relación con la Fiscalía General de la Nación, adujo que, aunque la decisión definitiva sobre
la extinción de dominio correspondía al juez, dicha entidad debió verificar antes de asignar el trámite, la existencia
de actuaciones anteriores con identidad de objeto, sujeto y causa, pues de haberlo hecho se habrían respetado
las decisiones adoptadas en 1990 y 1991 (SAMAI: Tribunal, índice 39). El Ministerio de Justicia y del Derecho
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda (SAMAI: Tribunal, índice 42).
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
17. En relación con el primero, consideró que si bien interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, dicha actuación no incidió en la decisión
adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que en ejercicio de su
independencia judicial revocó el fallo y decretó la extinción de dominio respecto de
los bienes que se encontraban afectados dentro del proceso.
18. Frente a la Fiscalía General de la Nación, consideró que las actuaciones que se
le reprocharon —no presentar recurso frente a la decisión del Tribunal y no advertirle
que no correspondía declarar la extinción de dominio— no guardaban relación con
sus funciones jurisdiccionales. Además, conforme lo expuesto por la propia parte
actora, el daño alegado tuvo como causa la expedición de la sentencia de segunda
instancia por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá13.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
19. La parte actora sostuvo que el Tribunal confundió la legitimación en la causa
por pasiva de hecho con la material, pues esta última supone determinar si la
entidad demandada participó efectivamente en la causación del daño, cuestión que
solo podía establecerse luego del debate probatorio y al dictar una decisión de
fondo. En ese sentido, afirmó que tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como
la Fiscalía General de la Nación tuvieron una participación en el trámite de extinción
de dominio, razón por la cual no procedía excluirlos anticipadamente del proceso.
20. En relación con el Ministerio, dijo que fue el único sujeto procesal que apeló la
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, actuación que fue trascendente en la causación del daño, pues permitió
que se revocara la decisión favorable a los demandantes y se profiriera la sentencia
que lo produjo.
21. Respecto de la Fiscalía, adujo que fue la entidad que inició nuevamente el
trámite de extinción de dominio y que mantuvo una participación durante el mismo
y, aunque su decisión estuvo finalmente ajustada a derecho, su intervención se
prolongó aproximadamente por quince años, tiempo durante el cual el Estado se
apropió de los bienes y los administró, por lo que su actuación continuaba causando
perjuicios a los demandantes. Agregó que, aunque la decisión definitiva sobre la
extinción de dominio correspondía al juez especializado, la Fiscalía debió verificar
antes de iniciar un nuevo trámite, la existencia de actuaciones anteriores con
identidad de objeto, sujeto y causa, pues, de haberlo hecho, las decisiones
adoptadas en 1990 y 1991 se habrían respetado y no se hubiese causado el daño14.
22.En el trámite de segunda instancia no hubo pronunciamiento de las entidades
demandadas ni del Ministerio Público15.
13 SAMAI: Tribunal, índice 49.
14 SAMAI: Tribunal, índice 52.
15 SAMAI: índice 11.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La legitimación en la causa por pasiva
23. La jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre la legitimación de
hecho y la material. La primera surge de la relación procesal que se establece con
la demanda: quien formula la pretensión queda legitimado de hecho por activa,
mientras que quien es llamado a responder por ella, una vez notificado, queda
legitimado de hecho por pasiva. Su fundamento está en la formulación de la
pretensión y en la integración del contradictorio.
24. La legitimación material en la causa por pasiva se refiere a la relación sustancial
entre el demandado y la situación jurídica que se debate en el proceso, de manera
que su determinación exige establecer si la conducta que se le atribuye guarda
relación con las funciones o competencias que le corresponden. Tratándose de
entidades públicas, este análisis debe realizarse a partir del marco constitucional,
legal y reglamentario que define sus competencias y funciones, en contraste con las
actuaciones que se les imputan en la demanda.
25. De esta distinción se sigue que un sujeto puede estar correctamente vinculado
al proceso porque la demanda lo señala como partícipe o responsable de los
hechos; sin embargo, al examinar la causa petendi y el fundamento fáctico y jurídico
de la demanda, puede concluirse que no existe una relación sustancial que permita
atribuirle responsabilidad o que vincule su actuación con los hechos que sustentan
la pretensión. En ese contexto, la legitimación material constituye una condición
necesaria para dictar una decisión de mérito favorable y su ausencia conduce a
negar las pretensiones respecto de quien no tenga esa relación sustancial con el
litigio.
26. Por regla general, la legitimación material en la causa por pasiva se establece
mediante el examen de las pruebas encaminado a determinar la relación del
demandado con los hechos que sustentan la pretensión, razón por la cual su
definición corresponde a la sentencia que resuelve de fondo el litigio.
27. No obstante, en algunos eventos, su ausencia puede establecerse de manera
anticipada cuando resulte manifiesta, caso en el cual no se justifica mantener en el
proceso a quien carece de un vínculo sustancial con la pretensión. Así lo contempla
actualmente el artículo 182A de la Ley 1437 de 201116, al facultar al juzgador para
proferir sentencia anticipada cuando encuentre probada, entre otras, la falta
manifiesta de legitimación en la causa.
16 Adicionado por el artículo 41 de la Ley 2080 de 2021. El texto original del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011
incluía expresamente la falta de legitimación en la causa entre las excepciones que debían resolverse en la
audiencia inicial. En particular, su numeral 6 disponía que de prosperar alguna de ellas, se daría por terminado
el proceso cuando a ello hubiere lugar, y que la decisión sería susceptible de apelación o súplica, según el caso.
Actualmente, el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 41 de la Ley 2080 de 2021, prevé la posibilidad
de dictar sentencia anticipada cuando se encuentre probada, entre otras, la falta manifiesta de legitimación en
la causa.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
28. En el presente asunto no existe controversia sobre la legitimación de hecho del
Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Fiscalía General de la Nación, pues
ambas entidades fueron vinculadas como extremo pasivo de la litis, contestaron la
demanda y ejercieron su derecho de defensa. La discusión se circunscribe a su
legitimación material, para lo cual deberá establecerse si hay una manifiesta falta
de legitimación, lo que debe resultar de analizar si las actuaciones que la parte
actora atribuye a cada una de ellas guardan una relación sustancial con el daño
cuya reparación se pretende. La Sala anticipa que modificará parcialmente la
sentencia.
29. No es acertado indicar como elemento definitorio del asunto que la legitimación
material sólo puede examinarse luego del debate probatorio y al dictar una decisión
de fondo. La posibilidad de resolver anticipadamente esta excepción tiene amparo
legal y constituye una manifestación de los principios de economía y celeridad
procesal, pues permite poner fin al trámite cuando se encuentra suficientemente
acreditada, sin que resulte necesario agotar las demás etapas del proceso respecto
de quien evidentemente carece de una relación sustancial con la pretensión.
30. Se agrega a lo anterior que la posibilidad de proferir sentencia anticipada parcial
respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva no se opone al régimen
previsto en la Ley 1437 de 2011 cuando la excepción se encuentra acreditada
respecto de alguno de los sujetos procesales demandados. Esta Subsección17 ha
admitido esta posibilidad, en aplicación del artículo 278 del Código General del
Proceso18, por remisión del artículo 306 del CPACA19, en cuanto permite depurar el
litigio y continuar el proceso respecto de las demás cuestiones sometidas a debate.
31. Así las cosas, la Sala procede a verificar si la falta de legitimación material por
pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Fiscalía General de la Nación
17 En sentencia del 1º de septiembre de 2025, expediente: 72.491, se indicó: “En esta oportunidad, la
Subsección considera que existen razones para sostener que la declaratoria de una excepción perentoria de
falta de legitimación en la causa por pasiva de manera fraccionada no pugna con el CPACA., atendiendo a las
siguientes razones: (i) la exclusión del vocablo parcial del artículo 182A no implica forzosamente que el
legislador haya prohibido la aplicación de la figura respecto a excepciones perentorias que se encuentren
fundadas de manera fraccionada, sino que implica la necesidad de integrar o completar el ordenamiento
contencioso-administrativo en desarrollo del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011; (ii) bajo ese entendimiento, la
aplicación del artículo 278 del CGP, en cuanto permite que se dicte la sentencia anticipada parcial, propende
por la depuración del litigio, liberando a las partes y al juzgador para dedicar esfuerzos en temas sustantivos
del proceso; (iii) la excepción así declarada no constituye una nulidad por pretermisión de instancia, como quiera
que para que tal hecho se erija en un hecho invalidante debe ser integral, vale decir, debe ‘haberse obviado en
su totalidad la primera o la segunda instancia, y no solamente de forma parcial alguna de aquellas, toda vez
que la cualificación dada por el legislador a esta causal implica la total inobservancia de los procedimientos
instituidos con la vulneración grave de los principios de doble instancia y acceso a la administración de justicia’
y (iv) en todo caso, la posibilidad de que el juzgador dicte una decisión que declare fundada la excepción es
pasible de recurso de alzada en el efecto suspensivo, que en caso de prosperar, implicará la revocatoria de la
decisión y la devolución del expediente al juzgador de primer grado para que continúe con su trámite y resuelva
en una misma sentencia cada uno de los aspectos debatidos por las partes”.
18 “Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.
Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera
que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que
resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.
En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes
eventos (…)
“3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la
carencia de legitimación en la causa”.
19 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
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era manifiesta y podía determinarse con los elementos disponibles al momento de
proferir la sentencia anticipada.
Legitimación de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho
32. En el recurso de apelación, la parte actora cuestionó la decisión del a quo, al
considerar que la actuación del Ministerio de Justicia y del Derecho resultó
trascendente para la causación del daño, pues fue el único sujeto procesal que
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, lo que dio
lugar a que ésta fuera revocada y se expidiera la decisión que produjo el daño.
33. Al examinar el petitum de la demanda, la Sala advierte que las pretensiones se
sustentaron en la configuración de un error jurisdiccional en la sentencia proferida
el 25 de marzo de 2021 por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, así como en un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia derivado de las actuaciones adelantadas en el marco de
ese proceso.
34. Asimismo, el fundamento fáctico y jurídico de la demanda revela que el daño
alegado tuvo como causa principal la sentencia referida, a la que se atribuyeron
errores en la interpretación de las normas sobre cosa juzgada y non bis in idem, la
inobservancia del trámite previsto en el artículo 136 de la Ley 1708 de 2014 y la
indebida valoración de las pruebas en que se sustentó la decisión. A su vez, se
invocó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia respecto de
las actuaciones adelantadas durante ese trámite, principalmente, por la apertura de
una nueva investigación penal con fundamento en informes, señalamientos e
indicios genéricos sobre actividades ilícitas que no fueron demostradas y que ya
habían sido objeto de pronunciamiento. Nada se dijo que el error tenía fuente o
había sido propiciado por manifestaciones o actuaciones del referido Ministerio.
35. La Ley 270 de 1996 contempla el error jurisdiccional y el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia como títulos de imputación de la
responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la función jurisdiccional. En
particular, el artículo 66 define el error judicial como aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional al proferir una providencia contraria a
derecho, mientras que el artículo 69 establece el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia respecto de los daños antijurídicos causados con ocasión
de la función jurisdiccional en los eventos no comprendidos en los artículos 66 y 68
de la misma ley20.
36. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el
primero se refiere a los daños derivados de una providencia judicial abiertamente
irregular o arbitraria, mientras que el segundo comprende las actuaciones u
20 Los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996 regulan la responsabilidad del Estado por la actuación de
sus agentes judiciales. El artículo 65 establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados “por la acción u omisión de sus agentes judiciales”, y contempla
como supuestos el error jurisdiccional, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. El artículo 66 define el error jurisdiccional; el artículo 67 establece sus presupuestos;
el artículo 68 regula la privación injusta de la libertad y el artículo 69 el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
omisiones ocurridas con ocasión del ejercicio de la función de administrar justicia
que no se concretan en una decisión judicial, pero que tienen lugar en el desarrollo
del curso del proceso21.
37. Precisamente, en atención al planteamiento de la demanda, los títulos de
imputación invocados y los hechos en que se soporta, el a quo la inadmitió y requirió
a la parte actora para que, entre otros aspectos, precisara la acción u omisión que
le imputaba al Ministerio de Justicia y del Derecho.
38. Al subsanar la demanda, la parte actora señaló que el daño también resultaba
imputable a dicha entidad, por cuanto, al interponer el recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, instó al Tribunal Superior de Bogotá a revisar
aspectos que ya habían hecho tránsito a cosa juzgada y, en consecuencia, a
revocar la decisión adoptada en primera instancia.
39. Al respecto, resulta importante destacar que el Ministerio de Justicia y del
Derecho integra la Rama Ejecutiva del Poder Público y, de conformidad con el
marco constitucional y legal que define sus competencias, tiene a su cargo la
formulación, adopción y ejecución de las políticas públicas correspondientes al
sector justicia y derecho. Dentro de sus funciones no se encuentra el ejercicio de la
función jurisdiccional ni la prestación del servicio de administrar justicia.
40. En materia de extinción de dominio, el artículo 32 de la Ley 1708 de 201422,
disponía expresamente la intervención de esa cartera ministerial, en defensa del
interés jurídico de la Nación y en representación del ente responsable de la
administración de los bienes afectados, al tiempo que le otorgaba la facultad de
presentar las solicitudes y los recursos que estimara necesarios en procura de los
intereses del Estado. En esa medida, se trataba de una intervención como sujeto
procesal y no como autoridad judicial.
41. De manera que la interposición del recurso de apelación no implicaba que el
Tribunal Superior de Bogotá estuviera obligado a revocar la sentencia de primera
instancia. Dicho recurso constituye un mecanismo procesal de control previsto por
el ordenamiento que habilita a ese Ministerio a controvertir las decisiones judiciales
adoptadas en el marco del proceso de extinción de dominio y someter sus
inconformidades al conocimiento del superior, lo que le permite examinar los
argumentos planteados por el recurrente y confrontarlos con el conjunto de las
actuaciones surtidas en el proceso23 para determinar, en ejercicio de su autonomía
e independencia, si había lugar a confirmar o revocar la decisión de primera
instancia.
21 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de febrero de 2026,
expediente: 71.794, AG; del 24 de octubre de 2025, expediente: 71.588.
22 El artículo 32 de la Ley 1708 de 2014 fue modificado por el artículo 7 de la Ley 1849 de 2017. Sin embargo,
esta última disposición entró en vigor el 19 de julio de 2017, fecha de su promulgación, por lo que no resulta
aplicable a la interposición del recurso de apelación objeto de análisis, efectuada el 27 de enero de 2017
(SAMAI: Expediente Digital, Tribunal, índice 3, archivo “2. PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”).
23 Incluidas las adelantadas en la etapa de investigación, las decisiones adoptadas por la Fiscalía, la sentencia
de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
42. En esa medida, si bien el recurso interpuesto por el Ministerio de Justicia y del
Derecho contra la sentencia de primera instancia dio lugar a que el Tribunal Superior
de Bogotá desatara la alzada, no puede equipararse el ejercicio de esa actuación
procesal con la causación del daño alegado. Las facultades que el ordenamiento le
confería para intervenir en el proceso de extinción de dominio tenían como finalidad
permitirle velar por los intereses jurídicos de la Nación, de manera que la posibilidad
de controvertir las decisiones judiciales constituía, al mismo tiempo, un derecho
procesal y un instrumento para el cumplimiento de ese deber de defensa, que
imponía a la entidad el deber de recurrir cuando advirtiera razones de inconformidad
o considerara que la decisión no se ajustaba al ordenamiento jurídico.
43. En esas condiciones, ninguno de los títulos invocados guarda correspondencia
con las funciones que constitucional y legalmente tiene atribuidas el Ministerio de
Justicia y del Derecho. La sentencia que la parte actora identifica como fuente del
daño fue proferida por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de
Bogotá, y las actuaciones procesales desplegadas por el Ministerio, incluida la
interposición del recurso de apelación, se produjeron en ejercicio de la facultad legal
de intervenir en el trámite y defender los intereses del Estado, no en ejercicio de
una función jurisdiccional.
44. Por consiguiente, de cara a la formulación de las pretensiones y su fundamento,
no se advierte una relación sustancial entre el Ministerio de Justicia y del Derecho
y el daño cuya reparación se solicita, concretado en la pérdida o valor de los bienes
objeto de extinción de dominio, pues la conducta que se le atribuye no se produjo
en ejercicio de las funciones a las que la Ley 270 de 1996 vincula el error
jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. De ahí
que carezca de legitimación material en la causa por pasiva y, en consecuencia,
frente a este demandado se confirmará la sentencia apelada.
La Nación – Fiscalía General de la Nación
45. La parte actora cuestionó la decisión respecto de la referida entidad, al señalar
que tuvo una participación en el trámite de extinción de dominio, pues fue la que
promovió nuevamente su apertura, el cual se prolongó durante aproximadamente
quince años, período en el que el Estado mantuvo la administración de los bienes.
Agregó que, antes de iniciar el nuevo trámite, la Fiscalía debió verificar la existencia
de procesos anteriores y advertir la identidad de sujeto, objeto y causa.
46. Para establecer el alcance de las actuaciones atribuidas a la Fiscalía General
de la Nación, debe atenderse a la normativa vigente al momento en que se inició el
“nuevo” trámite de extinción de dominio24. Para entonces regía la Ley 333 de 1996,
conforme a la cual correspondía a la Fiscalía adelantar la fase inicial de la acción,
incluida su iniciación y la práctica de las actuaciones necesarias para determinar la
procedencia de la extinción de dominio, mientras que la decisión definitiva sobre el
derecho de dominio correspondía al juez competente.
24SAMAI: Expediente Digital, Tribunal, índice 3, archivos “2. PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”,
“CUADERNO PRINCIPAL 1”, páginas 251 a 260.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
47. Posteriormente, la Ley 793 de 2002 derogó la Ley 333 de 1996 y estableció un
nuevo régimen para la acción de extinción de dominio. En relación con los procesos
que se encontraban en curso, su artículo 20 dispuso que los términos y recursos
que hubieren comenzado a correr se regirían por la ley vigente al momento de su
iniciación y que, en lo demás, se aplicaría la nueva regulación. Por ello, la actuación
iniciada por la Fiscalía en agosto de 2001 bajo la Ley 333 de 1996 continuó su
trámite bajo la Ley 793 de 2002, en los términos previstos por esta disposición.
48. Bajo ambos regímenes, la Fiscalía tenía a su cargo una intervención sustancial
en la fase inicial del trámite, distinta de la función de juzgamiento atribuida al juez.
En particular, la normativa le confería facultades para adelantar la investigación y
adoptar las decisiones propias de esa etapa, mientras que correspondía al juez
competente resolver definitivamente sobre la extinción del derecho de dominio.
49. En desarrollo de esa fase de investigación preliminar, la Fiscalía tenía a su
cargo la identificación de los bienes, la investigación y el recaudo de los elementos
de prueba relacionados con las causales de extinción, ordenar la apertura de la
investigación, así como decretar la aprehensión y ocupación de los bienes y las
medidas preventivas pertinentes, cuando estas no se hubieran adoptado
previamente en una actuación penal. Culminada la anterior etapa, debía
pronunciarse sobre la procedencia o no de la extinción del dominio y, de
considerarla procedente, remitir lo actuado al juez competente para que adoptara la
decisión definitiva25.
50. Conforme lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-740 de 2003, el
ejercicio de estas atribuciones confería a la Fiscalía la condición de “autoridad
judicial instructora” cuya intervención en las primeras etapas del procedimiento no
se limitaba a la práctica de actuaciones investigativas, sino que comprendía también
la adopción de decisiones relevantes sobre la procedencia o improcedencia de la
extinción de dominio.
51. En ese contexto, la Sala considera que las imputaciones formuladas contra la
Fiscalía General de la Nación guardan relación con las funciones que le
correspondían dentro del trámite de extinción de dominio. En la demanda se
cuestionaron las actuaciones desplegadas por dicha entidad con ocasión de la
ocupación y el secuestro de los bienes inmuebles, la apertura de un nuevo trámite
pese a la existencia de actuaciones anteriores respecto de las mismas propiedades
y la duración de la actuación, por considerar que se prolongó injustificadamente la
afectación de los bienes. Por tanto, la determinación de su legitimación material en
la causa por pasiva y del título de imputación pertinente para establecer si existe
responsabilidad a su cargo corresponde al análisis de fondo.
25 En la sentencia C-740 de 2003, proferida por la Corte Constitucional se explicó que: “(…) la configuración
legal del proceso de extinción de dominio consagra una estructura de la que hacen parte tres etapas: Una fase
inicial que se surte ante la Fiscalía, en la que se promueve una investigación para identificar bienes sobre los
que podría iniciarse la acción de extinción de dominio y en la que puede haber lugar a medidas cautelares; una
segunda fase, que se inicia con la decisión de la Fiscalía de perseguir bienes determinados y que culmina con
la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio y la remisión de lo actuado al juez
competente y una última fase, que se surte ante el juez de conocimiento, y en la que hay lugar a un traslado a
los intervinientes para que controviertan la decisión de la Fiscalía General y a la emisión de la sentencia
declarando la extinción de dominio o absteniéndose de hacerlo”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
52. En estas condiciones, la resolución de la excepción propuesta en el caso
concreto exige examinar y valorar las pruebas allegadas, especialmente las
actuaciones surtidas dentro del proceso de extinción de dominio, para determinar si
las decisiones que dieron lugar a su apertura, las adoptadas durante su desarrollo
y el tiempo que tomó proferir una sentencia definitiva pueden comprometer la
responsabilidad de la entidad demandada.
53. En ese orden de ideas, con los elementos disponibles en esta etapa del proceso
no es posible afirmar que la Fiscalía General de la Nación carece manifiestamente
de legitimación material en la causa por pasiva, pues el fundamento de las
pretensiones revela imputaciones relacionadas con las competencias y actuaciones
que dicha autoridad ejercía dentro del trámite de extinción de dominio, cuya
incidencia en el daño alegado requiere un examen integral de lo actuado.
54. Por consiguiente, se revocará la sentencia apelada en cuanto declaró probada
la aludida excepción respecto de la Fiscalía General de la Nación, sin que esta
determinación implique un pronunciamiento sobre la configuración de la falla
alegada ni sobre su eventual responsabilidad patrimonial, asuntos que deberán
resolverse al dictar una decisión de fondo.
55. Comoquiera que la sentencia apelada resolvió de manera anticipada sobre la
legitimación en la causa por pasiva, y que dicha decisión será modificada en esta
instancia, se impone devolver el expediente al Tribunal de origen para que continúe
el trámite del proceso sin la desvinculación de la Nación – Fiscalía General de la
Nación. De conformidad con el artículo 292 y el parágrafo 1º del artículo 243 del
CPACA, el recurso de apelación contra las sentencias se concede en el efecto
suspensivo26, de manera que la decisión apelada no adquirió firmeza ni produjo
efectos definitivos que impidan la continuación del proceso respecto de dicha
entidad, a lo que se agrega que no se han surtido etapas posteriores del proceso
en primera instancia27.
Condena en costas
56. Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por la
Ley 2080 de 202128, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en
esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil, hoy
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).
57.El numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso dispone que “En
caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
26 Sobre la procedencia del recurso de apelación en el efecto suspensivo frente a la decisión que declara
fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva mediante sentencia anticipada, remitirse a
pie de página 17, en el que se hace referencia a: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 1.º de septiembre de 2025, exp. 72.491.
27 Revisado el Sistema de gestión Judicial SAMAI del Tribunal de origen, no se advierte que con posterioridad
a la concesión del recurso de apelación, se haya registrado actuación alguna relacionada con la continuación
del trámite del proceso.
28 Que resulta aplicable debido a la fecha de interposición del recurso de apelación -el 13 de noviembre de
2025-.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión”.
58. La jurisprudencia de esta Sección ha señalado que la citada disposición es
aplicable en aquellos eventos en los cuales el recurso interpuesto prospere
parcialmente29.
59.Así las cosas, como en el presente asunto prosperó parcialmente el recurso de
apelación presentado por la parte demandante, el despacho se abstendrá de
condenarla en costas en segunda instancia.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia anticipada parcial proferida el 14 de mayo
de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta manifiesta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho.
“SEGUNDO: ORDENAR que la Fiscalía General de la Nación continúe vinculada
al proceso, con el fin de que su responsabilidad sea analizada al dictar decisión
de fondo.
“TERCERO: Sin condena por concepto de costas (expensas y gastos
procesales) ni agencias en derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en la segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, incorporarla al expediente digital y
remitirla al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que continúe con el
trámite del proceso en la etapa que corresponda, con la vinculación de la Fiscalía
General de la Nación.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
29 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
11 de octubre de 2024, expediente: 69.523, auto del 15 de octubre de 2020, expediente: 66.040, entre otros.
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Radicación: 25000-23-36-000-2023-00463-01(74.708)
Actor: Gladis Zapata Farjath y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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