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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00484-01

Caducidad por ocupación temporal de inmuebles: no resulta procedente, extender el inició del

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2023-00484-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por los motivos expuestos en la presente decisión. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante sin fijación de agencias en derecho por las razones anotadas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2023-00484-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa
de Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa

CADUCIDAD POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE INMUEBLES- no resulta procedente, extender el inició del
cómputo de caducidad hasta que cese la ocupación, en los eventos donde la administración ostente la calidad
de poseedora art. 762 C.Civil- o los derechos sobre el inmueble estén en disputa ante una autoridad judicial;
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO L.600- la cancelación de registros se trata de una medida cautelar
hasta que no exista decisión definitiva; PREJUDICIALIDAD-ante una disputa sobre derechos sobre la cosa,
se puede solicitar la suspensión del proceso a efecto, la pretensión indemnizatoria no resulte desprovista de
fundamento, ante la falta de un pronunciamiento judicial pendiente- debe solicitarse, no procede de oficio-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia anticipada del 12 de febrero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección «C», que
declaró probada la caducidad del medio de control.

SÍNTESIS DEL CASO

Un predio ubicado en la ciudad de Bogotá, perteneciente a la sociedad Hernando
Ramírez e Hijos LTDA, fue objeto de transferencia mediante el uso de instrumentos
públicos fraudulentos a la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales Ltda.,
quien posteriormente lo vendió al Distrito Capital de Bogotá. Como resultado de la
investigación penal iniciada a partir de la denuncia presentada por el Banco Popular,
acreedor hipotecario, la Fiscalía General de la Nación inició un incidente de
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 22 de la Ley 600 de 2000. En
dicho incidente se ordenó la cancelación de los registros derivados del negocio
fraudulento, incluida la compraventa realizada por el ente territorial a través de la
UAESP. Sin embargo, este incidente aún no ha concluido con una decisión definitiva
y la sociedad demandante acude a esta jurisdicción, con el objeto de que se declare
la tenencia ilegal del inmueble por parte del ente territorial demandado y se le
indemnice los perjuicios derivados de la misma.

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

ANTECEDENTES
La demanda

El 5 de octubre de 20231, por intermedio de apoderado judicial, la sociedad
Hernando Ramírez e Hijos LTDA interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa, con la finalidad de que se declare la responsabilidad
patrimonial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) del
Distrito Capital de Bogotá, por la ocupación permanente/tenencia irregular del
inmueble identificado con el folio de matrícula 50C-287677 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Bogotá. Las pretensiones se formularon en los siguientes
términos:

«(…) 1. Que se declare que la demandada, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA – UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP, de acuerdo con las
decisiones emitidas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales se encuentran en firme, está
detentando ilegalmente y sin derecho alguno la tenencia y posesión material del inmueble a que se
refieren los hechos de esta demanda.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la demandada, DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS –
UAESP, restituir a la demandante, HERNANDO RAMIREZ E HIJOS LTDA., de manera inmediata
o en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga
fin al proceso, el inmueble de su propiedad a que se refieren los hechos de esta demanda.

3. Que se condene a la demandada, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA – UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP a pagar a la demandante,
HERNANDO RAMIREZ E HIJOS LTDA., el valor correspondiente al lucro cesante dejado de
percibir por la ocupación, uso, goce y explotación ilegal e irregular del inmueble desde el 21 de
septiembre de 2005 hasta la fecha en que se produzca la restitución real y material del inmueble,
representado en la renta que, a título de arrendamiento, debió pagar mensualmente por dicho uso,
goce y explotación y que se estima en la suma mínima de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($600´000.000.oo.) o la que se determine mediante dictamen pericial de perjuicios.

4. Subsidiariamente, se solicita se condene a la demandada, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA -
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP, para mantener el
uso, goce, explotación y titularidad del inmueble, a pagar a la demandante, HERNANDO RAMIREZ
E HIJOS LTDA., a título de compraventa, el valor comercial del inmueble, el cual se determinará
mediante dictamen pericial, que a la fecha se estima en la suma de $ 1.200´000.000.oo., así como
el valor correspondiente al lucro cesante dejado de percibir por la ocupación, uso, goce y
explotación del inmueble desde el 21 de septiembre de 2005 hasta la fecha en que se produzca la
restitución real y material del inmueble, representado en la renta que, a título de arrendamiento,
debió pagar mensualmente por dicho uso, goce y explotación y que se estima en la suma mínima
de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 600´000.000.oo.) o la que se determine
mediante dictamen pericial de perjuicios.

Como fundamento de las pretensiones, en la demanda se expuso que la sociedad
Hernando Ramírez e Hijos Ltda. es la propietaria inscrita de un inmueble ubicado
en la ciudad de Bogotá, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 50C-
287677 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad.
Según lo relatado por la actora, sobre el referido inmueble se encontraba inscrita

1 SAMAI TA índice 00001 radicación, demanda ib. índice 002«Expediente Digital»
5_ED_DEMANDA05102023_1254(.pdf) NroActua 2; subsanación SAMAI TA indice 0009.
2

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

una hipoteca a favor del Banco Popular, la cual fue registrada y consta en la
Escritura Pública número 7720 del 26 de noviembre de 1993, otorgada en la Notaría
31 del Círculo de Bogotá.

Explicó que, de conformidad con lo determinado por la Fiscalía 106 Seccional en
providencia del 27 de abril de 2016 —confirmada posteriormente por decisión del 5
de noviembre de 2021 de la Fiscalía 66 Especializada de la Unidad de Ley 600 de
2000 de Bogotá—, la hipoteca en favor del Banco Popular fue levantada mediante
la Escritura Pública número 868 del 5 de febrero de 2002, otorgada en la Notaría 37
del Círculo de Bogotá, instrumento que tuvo el carácter de falso.

Una vez levantado el gravamen que pesaba sobre el inmueble, se registró la
escritura pública número 1203 del 11 de marzo de 2003, otorgada en la Notaría 20
del Círculo de Bogotá, en la cual se consignó de manera simulada que la sociedad
Hernando Ramírez e Hijos Ltda. había vendido el inmueble a la sociedad
Movimiento y Transporte de Materiales Ltda. Posteriormente, mediante la escritura
pública número 1388 del 21 de septiembre de 2005, otorgada en la Notaría Tercera
del Círculo de Bogotá y registrada en el folio de matrícula número 50C-287677, se
inscribió la venta del inmueble por parte de esta última sociedad al Distrito Capital
de Bogotá.

Indicó que, de conformidad con las resoluciones penales precitadas, se verifica que
el Distrito Capital de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP), aún conserva la tenencia del inmueble objeto de la litis,
el cual debía ser restituido a la sociedad Hernando Ramírez e Hijos Ltda. Expuso
que, en el referido lote, la UAESP opera hornos crematorios sin realizar pago alguno
a la parte demandante.

Contestación de la Unidad Administrativa especial -UAESP-2

A través de su apoderado judicial, solicitó que se desestimaran las pretensiones de
la demanda. Indicó que el inmueble identificado con matrícula número 50C-287677
fue objeto de una promesa de compraventa entre el ente territorial y el representante

2 SAMAI TA índice 00016 Archivo: «23_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 16».
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Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

legal de la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales Compañía Limitada, la
cual se perfeccionó mediante escritura pública del 21 de septiembre de 2005. Una
vez adquirido, el predio fue incorporado al Inventario Inmobiliario Distrital – Sector
Central, con el número de registro del Patrimonio Inmobiliario Distrital (RUPI) 2-
1300.

Indicó que la anterior compraventa fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria
No. 50C-287677, anotación No. 20, de fecha 29 de septiembre de 2005, con
radicación 2005-94372, la cual aún se encuentra vigente, fecha desde la cual señaló
que (…) el Distrito es propietario y tenedor de buena fe de dicho bien inmueble,
cuya posesión, uso y usufructo que de manera continua, reiterada y con ánimo de
señor y dueño (…).

Expuso que, según la decisión del 14 de diciembre de 2022, proferida por la Fiscalía
103 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, se indicó
que las anotaciones 18 y 20 del folio de matrícula No. 50C-287677 no han sido
anuladas; simplemente se prohibieron nuevas anotaciones mientras se resolvía de
forma incidental el asunto. Asimismo, se ordenó no permitir nuevas inscripciones ni
trámites, con el fin de preservar los derechos reclamados por los afectados. Como
excepciones, propuso: la caducidad, pleito pendiente, inexistencia de los elementos
para declarar la responsabilidad patrimonial, hecho determinante de un tercero y el
cobro de lo no debido.

Consideró que el demandante omitió exponer en su demanda que, mediante
decisión del 14 de diciembre de 2022, la Fiscalía 103 Delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá revocó el numeral de la decisión del 5 de noviembre de 2021,
en la cual se habían dejado incólumes las medidas de restablecimiento del derecho.
Por lo tanto, no podía contabilizarse la caducidad desde el 5 de noviembre de 2021.
A juicio de la parte accionada, la caducidad debía computarse desde el 21 de
septiembre de 2005, fecha de la supuesta «apropiación y ocupación ilegal» o en su
defecto, el 30 de septiembre de 2005, el día después de haberse registrado la
escritura pública que contuvo el negocio jurídico.

Sentencia de primera instancia

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Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

Por sentencia anticipada fechada el 12 de febrero de 20253, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa.

A efectos de proferir esta decisión, la Sala comprendió que la demanda buscaba
que se declarara la responsabilidad de la parte demandada por la presunta
apropiación y ocupación ilegal e indebida del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 50C-287677, desde el 21 de septiembre de 2005. Dicha ocupación
fue considerada como permanente, al provenir de la compraventa del Distrito
Capital, la cual ocurren en un único momento y supone el ejercicio de atribuciones
del señor y dueño por parte del ente territorial demandado.

Así, para la Sala de decisión, el medio de control fue interpuesto cuando ya había
operado la caducidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda se presentó
el 5 de octubre de 2023, mientras que el cómputo de la caducidad comenzó, por lo
menos, el 30 de septiembre de 2005. En efecto, la sentencia expuso que en la
demanda y en el escrito de subsanación se reconoció la tenencia material de la
entidad demandada sobre el predio objeto de la litis desde el 21 de septiembre de
2005. Sin embargo, el a quo consideró que, sin lugar a dudas, la parte actora debía
conocer la ocupación del inmueble que señala como de su propiedad desde el 29
de septiembre de 2005.

En esta última fecha tuvo lugar el registro, en el folio de matrícula inmobiliaria
número 50C-287677, de la compraventa efectuada por la sociedad Movimiento y
Transporte de Materiales y Compañía Limitada (MTM y Cía. Ltda.) a favor del
Distrito Capital de Bogotá, protocolizada mediante la escritura pública número 1388
del 21 de septiembre de 2005, otorgada en la Notaría 3 del Círculo de Bogotá.

Al respecto, la decisión descartó los argumentos de la parte actora, según los cuales
el cómputo de la caducidad debía comenzar desde el momento en que cesara la
ocupación, ya que esta persistía. Lo anterior, por considerar que la ocupación
alegada es de carácter permanente y, por ende, constituye un daño de ejecución
instantánea. Además, se concluyó que el proceso penal originado en las
anotaciones fraudulentas registradas en el folio de matrícula inmobiliaria N.° 50C-
287677 no tenía incidencia en la contabilización de la caducidad, por tratarse de dos

3 SAMA TAI Índice 040 «Sentencia»

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Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

procesos autónomos.

Accesoriamente, se estimó que, incluso si se admitiera la existencia de un daño
derivado de la presunta falla en el servicio por parte de la entidad demandada —
consistente en no haber realizado el estudio de títulos correspondiente—, la Sala
consideró que dicha situación se configuró con la Resolución del 27 de abril de 2016
(adicionada por la Resolución del 19 de mayo de 2016), proferida por la Fiscalía
General de la Nación, Unidad Segunda de Fe Pública y Patrimonio Económico –
Fiscalía Seccional 106, en la cual se resolvió restablecer el derecho de la parte
demandante. En tal caso, también se concluyó que se configuraba la caducidad,
considerando que no resultaba aplicable el antecedente del 18 de octubre de 2007,
radicado 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG).

Por último, la Sala consideró que no había lugar a pronunciarse sobre la restitución
del inmueble, al tener que esta corre la misma suerte que las pretensiones
indemnizatorias de la demanda, al provenir del mismo hecho generador y en todo
caso tratarse un asunto que debe resolverse por la justicia penal.

Recurso de apelación parte demandante4

Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el cual aseveró que la decisión de primera instancia incurrió en un
error respecto al cómputo del término de caducidad. que la ocupación del inmueble
objeto de la litis se originó en un iter criminis que se consolidó cuando el Distrito
Capital adquirió el bien de la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales Ltda.,
la cual ostentaba la propiedad mediante títulos fraudulentos. Agregó, además, que
la sociedad demandante no tenía por qué conocer la situación jurídica del inmueble,
ya que no existía razón alguna para pensar que su derecho de dominio estuviera en
riesgo, ni participó en ninguna de las transferencias de propiedad que se realizaron
con títulos falsos.

Expuso que, antes de que se aclarara en el proceso penal promovido por el Banco
Popular, la propiedad registrada en el certificado de tradición y libertad reposaba en
cabeza de la entidad territorial demandada, circunstancia que solo se esclareció
mediante el auto del 5 de noviembre de 2021, por medio del cual se precluyó la

4 SAMAI TA índice 00037

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Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

acción penal y se mantuvieron incólumes las decisiones de restablecimiento del
derecho a favor de las víctimas. Dicha decisión fue recurrida por el apoderado de la
UAESP y el recurso fue resuelto mediante la Resolución del 14 de junio de 2022.
En consecuencia, la parte actora consideró que solo a partir de esta última fecha
contaba con legitimación en la causa por activa para ejercer el medio de control de
reparación directa.

Indicó que resultaba contradictorio declarar la caducidad del medio de control, a
pesar de lo determinado por la justicia penal, ya que, aunque se ordenó el
restablecimiento del derecho en sede penal, la parte demandante no cuenta con
ningún mecanismo judicial para recuperar los frutos civiles de su inmueble desde el
año 2005. Señaló que la ocupación ilegal adelantada por la UAESP se ha mantenido
hasta el día de hoy y que, pese a la medida de restablecimiento ordenada por la
Fiscalía General de la Nación, aún se mantiene la inscripción apócrifa en el
certificado de matrícula inmobiliaria del predio.

Por último, se consideró que este es el escenario donde deben discutirse
«contraprestaciones reciprocas» entre las partes, y la restitución o conservación del
inmueble, aludiendo que la Fiscalía podía terminar el incidente de restablecimiento
del derecho manifestando que carece de competencia para conocer resolver estas
pretensiones.

Trámite en la segunda instancia

El 21 de abril de 20255, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante. Una vez aportado el expediente al Consejo de Estado, el
despacho sustanciador por auto del 17 de septiembre de 20256 admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante. En el término de ejecutoria de la
anterior providencia7, las partes guardaron silencio; de igual forma, en la
oportunidad de la que trata el numeral 6 del artículo 247 del CPACA (modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), el ministerio público no pronunció.

I. CONSIDERACIONES

5 FF. 707-708 CP.
6 Folio 720 CP.
7 Se notificó por estado del 13 de mayo de 2025.

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Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

1. Como la demanda se presentó el 5 de octubre de 2023, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso-administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA,
modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
pues el valor de la pretensión material mayor supera los 1000 SMLMV exigidos por
el artículo 152.5 del CPACA, esto es, $1.160’000.0008.

2. Medio de control procedente

3. La reparación directa, art. 140 del CPACA, es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa, o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, o por cualquiera
otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma, o por cualquiera otra causa. En este
caso procede por solicitarse, en la demanda, la indemnización de perjuicios
derivados de la alegada «tenencia irregular» del inmueble identificado con el folio

8 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2023 ($1’.160.000) por 100. La pretensión mayor

(artículo157 CPACA) fue estimada en la suma de $ 1.200’000. 000.oo “Daño Emergente”.
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Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
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Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

de matrícula inmobiliaria 50C-287677, del cual la sociedad Hernando Ramírez e
Hijos Ltda. aduce ser propietaria.

Sobre el término de caducidad del medio de control de reparación directa en
los casos de ocupación de inmuebles

4. La jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterativa en indicar que la ocupación
puede ser temporal o permanente, distinción que adquiere relevancia por las
afectaciones que se derivan y, de contera, por las reglas que frente al término de
caducidad resultan aplicables. Así:

«Se entiende que existe una ocupación permanente cuando la administración se
instala en el terreno, ya sea construyendo allí una obra pública, destinándolo como
lugar de asentamiento de algún grupo humano determinado, ubicando una unidad
militar, etc, [sic] es decir cuando toma posesión definitiva del mismo,
asumiéndolo como propio -de facto-, para desarrollar allí cualquiera de los
fines estatales. La ocupación es temporal, cuando esa posesión o instalación en el
terreno es apenas transitoria, ocurre para atender una necesidad específica.»9.
(Negrillas fuera del texto original).

5. En este sentido, la ocupación es temporal cuando la Administración se instala en
el inmueble de manera limitada en el tiempo, para atender una necesidad
específica, restringiendo el uso del bien por un lapso determinado, sin que comporte
una afectación física o material definitiva, de modo que la satisfacción de la
necesidad coincide con la finalización de la invasión. En estos casos, el término de
caducidad se computa desde el día siguiente a aquel en el que cesó la ocupación,
que es el momento a partir del cual, el afectado padece de un perjuicio cierto10,
causado durante el tiempo de la instalación11, salvo que, por razones especiales, el
perjudicado únicamente conozca la producción del daño con posterioridad, caso en
el cual, el inicio del conteo se desplaza hasta ese momento12.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre

del 2000. Exp: 11417, CP Alier Eduardo Hernández Enríquez [Fundamento de derecho 1]
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto de

Unificación del 9 de febrero de 2011. Rad: 54001-23-31-000-2008-00301-01(38271), CP Danilo Rojas
Betancourth [Fundamento de derecho 3]. En vigencia del CCA, pero extensible a hechos ocurridos en rigor del
CPACA, como lo determinó la Corte Constitucional en sentencia del 29 de agosto de 2023, SU-335 de 2023,
MP Diana Fajardo Rivera [Fundamento de derecho f].
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 2 de noviembre de
2000, exp: 18086 Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 17 de febrero de 2005, 68001-23-15-000-
2004-01086-01(28360), CP Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 10 de junio del 2009, Rad: 73001-
23-31-000-2000-00006-01(22461), CP Enrique Gil Botero [ Fundamento de derecho 1].
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de mayo de

2008. 68001-23-15-000-1996-01456-01(16922), CP Ruth Stella Correa [ Fundamento de derecho 3.2].
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Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

6. En contraposición, la ocupación permanente, supone un cambio de afectación13
de un bien, generalmente al «uso público», que no siguió los causes regulares (ej:
expropiación y/o adquisición voluntaria, L.9/89). En consecuencia, la ausencia de
un título jurídico sobre la cosa, con el cual acreditar su dominio, repercute en que
esta también constituya una vulneración del derecho de propiedad de un
administrado, particular y/o entidad pública14, sobre este escenario el profesor
Miguel S. Marienhoff, precisó:

«(…) Para que la administración pública pueda afectar válidamente una cosa al uso
público, es indispensable que dicha cosa se halle en poder del Estado en virtud de
un título jurídico que le haya permitido adquirir el dominio de la cosa. La doctrina
está conteste en ello. Tal exigencia es fácilmente comprensible, pues el Estado no
puede afectar al uso público cosas que no le pertenezcan. Si la administración
Pública afectase al uso público cosas ajenas, es decir de los administrados o
particulares, sin contar con la conformidad de éstos o sin cumplir con los requisitos
establecidos en la ley fundamental, vulneraría la garantía constitucional de
inviolabilidad de la propiedad (…)»15(negrilla y subrayado por fuera del original)

7. En consonancia a las anteriores reflexiones doctrinales, la jurisprudencia de esta
Sección al referirse al alcance de la responsabilidad por ocupación permanente
agregó que esta última debe tener «(…) la virtud suficiente para limitar las
atribuciones del titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble, y que
además tenga vocación de permanencia en el tiempo aun cuando no se
busque la realización de una obra por parte de la administración (…).»16
(Negrillas fuera del texto original).

Véase que esta ocupación no está llamada a cesar, por lo que no puede sujetarse
al mismo derrotero que a la temporal a efectos del cómputo de la caducidad17, de
manera que la jurisprudencia ha determinado que (…) la ocupación permanente de
un inmueble implica un daño de ejecución instantánea, que se produce en un
único momento claramente determinable en el tiempo y que establece un punto

13 Sobre el alcance del término «afectación» ver: Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de mayo de 2012, Rad: 25000-23-26-000-1993-04137-
01(21906) CP: Mauricio Fajardo Gómez [ Fundamento jurídico 2.2.1].
14 Evento posible, tratándose de bienes fiscales de las entidades públicas (dominio privado), por ejemplo:

Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P.: Danilo Rojas
Betancourth, Sentencia del 25 de septiembre de 2017, 25000-23-26-000-2007-00411-01(38141) [ Fundamento
jurídico 12 y sigs.]
15 Marienhoff Miguel S., Tratado del Dominio Público, Tipografía Editora Argentina, (Buenos Aires- Argentina)

1960, p.167.
16 Ibídem Exp. 38271 [Fundamento de derecho 35]. Haciendo referencia a: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de abril del 2008. 08001-23-31-000-2005-03756-
01(33834), CP Ramiro Saavedra Becerra [ Fundamento de derecho 1. 2.].
17 En la medida en la que las situaciones no pueden quedar permanentemente indefinidas, contrariando la

seguridad jurídica. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sentencia del 9
de mayo de 2012, Rad: 25000-23-26-000-1993-04137-01(21906) CP: Mauricio Fajardo Gómez [ Fundamento
de derecho 1.2] y Sentencia del 5 de julio de 2018, rad. 47001-23-31-000-2006-00937-01(43916), CP Marta
Nubia Velásquez Rico [ Fundamento de derecho 2], entre otras.
10

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

de referencia para computar el término de caducidad de la acción de reparación
directa(…)18 (negrillas fuera del texto original).

En casos en los que la ocupación se ha dado (…) con ocasión de la realización de
una obra pública con vocación de permanencia (…), el término (…) debe calcularse
desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la
obra sin haberla podido conocer en un momento anterior (…)19.

En estos eventos, el propietario del bien ocupado permanentemente sufre, entre
otros, la lesión a su derecho real de manera definitiva20, al punto que la reparación
es compensatoria y consiste en el valor del bien21, sin perjuicio de que se puedan
reconocer otros perjuicios siempre que se prueben.

En otras palabras, el propietario del bien tiene la certeza de la producción del daño
desde que la Administración terminó la construcción en su predio, sin haber
constituido la servidumbre o surtido el trámite de enajenación, momento a partir del
cual, en consecuencia, debe computarse el término de caducidad.

Caso concreto, la configuración de la caducidad frente la tenencia material del
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-287677.

8. Previstas las consideraciones de la decisión de primera instancia y los cargos
formulados en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si en el
presente caso se configuró la caducidad del medio de control. Esta determinación,
a la luz del caso concreto, implica establecer la fecha desde la cual debe
computarse dicho término; en otras palabras, si debe contabilizarse desde la
adquisición o tenencia material del inmueble por parte del Distrito Capital de Bogotá,
en septiembre de 2005, o, por el contrario, desde un momento posterior, en virtud
de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en relación con el
referido inmueble.

18 Supra, Exp: 38271 [ Fundamento de derecho 43].
19 Supra, Exp: 38271.[ Fundamento de derecho 31]
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del rad. 12 de febrero

de 2004, rad. 25000-23-26-000-1995-01497-01(15179), CP Ramiro Saavedra Becerra. Reiterado en sentencia
del 10 de agosto del 2005, rad. 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338), CP Ruth Stellla Correa [ Fundamentos
de derecho 5.1 y 6]
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 1997.

Exp: 9718, CP Ricardo Hoyos Duque [ Fundamento de derecho1]. Criterio reiterado en sentencias del 10 de
mayo del 2001, rad.: 20001-23-31-000-1993-00273-01(11783), C.P. Jesús María Ballesteros [ Fundamento de
derecho 2]; y del 10 de agosto de 2005, rad: 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338) [ Fundamento de derecho
I]. Conclusión que emanaba, en su momento, del artículo 220 del CCA y, actualmente, del artículo 190 del
CPACA.
11

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

9. Para abordar la problemática planteada, la Sala, en primer lugar, apreciará
las pruebas pertinentes con el fin de valorar la situación jurídica del inmueble objeto
del presente litigio. Una vez identificada dicha situación, la Sala expondrá, con base
en la jurisprudencia de la Corporación, desde cuándo debe computarse el término
de caducidad y, en consecuencia, concluirá si en el presente caso corresponde
confirmar o revocar la decisión de primera instancia.

10. Con la demanda se aportó el Certificado de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-
28767722, relativo al predio urbano ubicado en la Dirección Calle 24 No. 18 48 de la
ciudad de Bogotá. Según este documento la sociedad Hernando Ramírez e Hijos
LTDA por Escritura Pública No. 1837 del 15 de diciembre de 1981 protocolizada
ante la Notaría 17 de la ciudad de Bogotá y registrada el 25 de enero de 1982
(anotación Nro. 007) adquirió de la sociedad Suramericana de Licores LTDA la
propiedad del inmueble, en un negocio de compraventa. Por otro lado, en la
anotación Nro. 12 aparece registrada la Escritura Pública 7720 del 26 de diciembre
de 1993 de la Notaría 31 de Santafé de Bogotá, por la cual la sociedad Hernando
Ramírez e Hijos Limitada constituyó una hipoteca abierta, sin límite de cuantía, en
favor del Banco Popular.

Más adelante, el documento da cuenta que por Escritura Pública del 868 del 5 de
febrero de 2002 de la Notaría 37 de Bogotá, se canceló la hipoteca abierta que se
había constituido en favor del Banco Popular (anotación 17). El propio folio de
matrícula indica que este acto, resulta espurio al expresar que: «***ESTA
ANOTACIÓN NO TIENE VALIDEZ***».

Luego, por Escritura Pública 1203 del 11 de marzo de 2003 protocolizada ante la
Notaría 20 de Bogotá el referido bien fue adquirido, en virtud de un contrato de
compraventa por la sociedad Movimiento y Transporte de Materiales y Compa/IA
Limitada M.T.M. y CIA Ltda. Este negocio jurídico aparece registrado el 1 de junio
de 2005 (anotación Nro.18). Enseguida, se expone que el Distrito Capital de Bogotá
adquirió el inmueble de esta última sociedad, en virtud de la compraventa efectuada
a través de la Escritura Pública 1388 del 21 de septiembre de 2005 ante la Notaría
3 de Bogotá D.C. (anotación No. 20).

22 SAMAI Indice 002 «Expediente Digital», Archivo: 9ED_06PruebaCertificadod(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua

2.
12

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

En las anotaciones 21 y 22 del referido folio de matrícula, se registraron los Oficios
Nro.090 del 8 de abril de 2010 y 468 del 18 de junio de 2010 de la Fiscalía General
de la Nación, que comunicaron las ordenes de abstenerse de dar cualquier trámite
y/o anotación, dichas anotaciones se registraron el 21 de abril de 2010 y el 29 de
junio de 2010, respectivamente. Por último, aparece registrado, con fecha del 8 de
junio de 2016, el Oficio 0124 del 1 de junio de 2016 de la Unidad de Ley 600 de
2000, así:

(…) Se cancela anotación No. 17, 18, 20
ESPECIFICACIÓN: CANCELACIÓN PROVIDENCIA JUDICIAL: 0841;
CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL ORDEN CANCELACIÓN
ANOTACIONES 17, 18, 20, POR RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
DEJANDO INCOLUMNE LA ANOTACIÓN 12 (…)

11. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se destaca que en el plenario se
aportaron las piezas penales obrantes en el proceso adelantado por la Fiscalía
General de la Nación dentro del radicado S-83106023, seguido por la presunta
comisión del delito de estafa, derivado del irregular levantamiento de la hipoteca
que la sociedad Hernando Ramírez e Hijos Ltda. había constituido el 23 de
diciembre de 1993 en favor del Banco Popular. De dicho proceso se destacan las
siguientes decisiones: obra en el expediente la providencia del 18 de junio de 2008,
proferida por el Despacho 178 de la Fiscalía General de la Nación24, mediante la
cual se dispuso la apertura de la instrucción, la cual fue cerrada por las decisiones
del 20 de diciembre de 201125 y del 10 de enero de 201226, emitidas por la Fiscalía
Seccional 178 de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá.

En lo que respecta a la medida de restablecimiento del derecho (art. 21 L. 600 de
200027), obra en el expediente el auto del 27 de abril de 201628, por el cual la Fiscalía
Seccional Ciento Seis (106) de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico
decidió, «(…) restablecer el derecho al señor HERNANDO RAMIREZ BAEZ
solicitando a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá zona centro
que cancele las anotaciones 18 y 20 de la matrícula 50C-287677. (…)». Esta

23 El proceso aportado por la Fiscal 66 Especializada de la Fiscalía General de la Nación obra en el índice 32

del SAMAI del tribunal de primera instancia. Aunque se aportaron copias de algunas de las decisiones con la
demanda y con la contestación de la misma.
24 SAMAI TA índice 0032. Archivo: «40_250002336000202300484002MemorialWeb20241126211931» Pp.

163-165
25Ib.p.623
26Ib. pp. 767-771
27 (…) Artículo 21. Restablecimiento y reparación del derecho. El funcionario judicial deberá adoptar las medidas

necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al
estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. (…)
28 SAMAI TA índice 0032. Archivo: «41_250002336000202300484003MemorialWeb20241126211932 » pp.

189-197.
13

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
Servicios Públicos-UAESP
Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

decisión fue adicionada por auto del 19 de mayo de 201629 de la misma
dependencia, en el sentido de incluir la cancelación de la anotación 17 del
respectivo folio de matrícula.

Posteriormente, ante la solicitud del apoderado de la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos -UAESP- de dar apertura a trámite incidental donde se tuviera
a su representada como «Tercero de Buena Fe» la Fiscalía 106 Seccional por
decisión del 1 de septiembre de 201630, negó dicha solicitud y la encaminada a
reconocer el restablecimiento del derecho al Distrito Capital. Esta decisión fue
revocada en auto del 17 de enero de 201731 de la Fiscal 43 de la Unidad Delegada
ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó tener al Distrito Capital de Bogotá
representado por la UAESP como «Tercero Incidental».

Posteriormente, el apoderado del distrito elevó petición dirigida a que se revoque la
decisión del 27 de abril de 2016, que fue negada por la Fiscalía 106 Seccional de la
Unidad Ley 600 de 2000, a través de providencia del 15 de agosto de 201732.Contra
la anterior decisión el apoderado de la UAESP interpuso los recursos de reposición
y en subsidio de apelación, que fueron resueltos por las providencias del 6 de
septiembre de 2017 de la Fiscalía 106 Seccional Unidad Ley 600 de 200033 y del 25
de octubre de 2017 de la Fiscal 43 de la Unidad de Fiscalía Delegada Ante El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La primera decisión, negó el
recurso de reposición y apelación de la UAESP por falta de sustentación y confirmó
la resolución del 5 de agosto de 2017; la segunda decisión desechó el recurso de
queja de la UAESP por falta de sustentación.

Con la demanda y el expediente penal se allegó copia de la Resolución del 5 de
noviembre de 2021 de la Fiscalía 66 Especializada al interior del radicado SIJUF:
S-83106034, por la cual se ordenó:

(…) RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR la prescripción de la acción penal de la conducta de estafa
agravada materia de investigación respecto de los procesados (…) de condiciones
civiles y personales conocida en el plenario por las razones expuestas en el presente
proveído.

29 Ib. 217-221.
30 SAMAI TA indice 0032. Archivo: «44_250002336000202300484006MemorialWeb20241126211935» pp. 27-

35.
31 Ib. pp.193-215.
32 Ib. 223-229.
33 Ib. 239-243
34 SAMAI Índice 002 «Expediente Digital»; archivo: 10ED_07PruebaDiligenciaIn(pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua

2.
14

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
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Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

SEGUNDO. En consecuencia, PRECLUIR LA INVESTIGACIÓN respecto de los
procesados (…). A titulo de autores de reato de estafa agravada, conforme a las
razones expresadas en la parte motiva de esta resolución

TERCERO. MANTENER INCOLUMNES las decisiones adoptadas a lo largo de la
investigación de cara al restablecimiento del derecho de las víctimas, en
consideración a las apreciaciones efectuadas sobre el particular; e INSTAR al
tercero incidental para que acometa las acciones que considere pertinentes
enfiladas a las afectaciones causadas con el desplegar de los aquí investigados.
(…)

Por último, como última providencia interlocutoria35 en el referido proceso penal,
obra la decisión del 14 de diciembre de 202236 de la Fiscalía 103 de la Unidad
Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por la cual se
confirmó la decisión del 5 de noviembre de 2021. Sin embargo, dicha decisión en
sus numerales segundo y tercero decidió:

(…) Segundo – Revocar el numeral tercero de dicha providencia de primera
instancia. En cuanto Hace referencia al Tercero Incidental, este debe ser
escuchado en estas diligencias en relación con las anotaciones No. 17, 18 y
20 de la Matrícula Inmobiliaria No. 50C-287677 del inmueble ubicado en la
Calle 24 No. 28-4858 de Bogotá D.C:

Tercero. Iniciar trámite de “incidente” para escuchar a los sujetos
procesales, especialmente al tercero Incidental, “UAESP” de conformidad
con lo dicho en el acápite 6.3.2 de esta providencia. (…)»

12. Vale precisar que, al cotejar las anotaciones del certificado de matrícula
inmobiliaria con las decisiones proferidas dentro del proceso penal radicado bajo el
número 831060-103, se verifica que la última anotación registrada en el folio de
matrícula del inmueble 50C-287677 corresponde a la orden emitida por el ente
investigador mediante auto del 27 de abril de 2016. Dicha anotación se ha
mantenido sin modificación, y no se encuentran registradas otras providencias que
indiquen que el ente investigador haya alterado la situación jurídica definitiva del
inmueble que dio origen a la controversia.

13. Para comprender el alcance de las anotaciones efectuadas en el certificado de
matrícula y el contenido de las decisiones del ente investigador, hay que referirse
en primer lugar al contenido el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, que precisó:

35 La última decisión de trámite se trata del auto del 31 de julio de 2024, por el cual ordenó gestionar copias del

proceso y precisó que «cumplido lo anterior vuelvan las diligencias al Despacho proceder a lo correspondiente
en puno del trámite incidental» SAMAI TA índice 0032. Archivo:
41_25000233600020230048403MemorialWeb20241126211932» p. 669
36SAMAI TA indice 0032. Archivo: «44_250002336000202300484006MemorialWeb20241126211935»pp. 373-

403
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«(…) Artículo 66. Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En
cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los
elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de
propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté
conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos.
(…)
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los
títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el
funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que tomen las
decisiones correspondientes.

Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de
buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental.

El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo de los bienes, sin
necesidad de requisitos especiales, por el tiempo que sea necesario. (…)» (Negrilla
por fuera del original)

13. Frente al alcance de la disposición mencionada, la Subsección advierte que
tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional37 como la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia38 han otorgado prevalencia a los derechos de las
víctimas del delito sobre los denominados «terceros incidentales»,
independientemente de que estos acrediten su condición de terceros de buena fe.
Esta interpretación permite la cancelación de los registros y títulos derivados de
actuaciones fraudulentas, como medida preventiva o cautelar en cualquier momento
de la actuación penal. Tales criterios fueron valorados por el ente investigador en la
decisión del 14 de diciembre de 2022, en la cual se expuso lo siguiente:

«(…) 6.2.1 la decisión anterior, [preclusión de la acción penal] para nada
implica que la Fiscalía a través del funcionario instructor no deba o no pueda
dar aplicación a todo lo relacionado con el “restablecimiento de derechos de
las víctimas”, obviamente conforme a los elementos probatorios allegados se
concluye una tal situación, pero aun así con respeto y rigor jurídico para no
alterar o perjudicar personas o derechos adquiridos de buena fe, tal cual lo
expone la jurisprudencia constitucional, sentencias: C-245 de 1993, C-060 de
2008, C-775 de 2003 y SU 036 de 2018, que expresan lo ateniente a dicha
obligatoriedad, con independencia de si el proceso penal culmina por
cualquier razón jurídica, bastando para ello la demostración de los elementos
objetivos del tipo penal , o la ocurrencia de una conducta típica desde el punto
de vista meramente objetivo , todo lo cual fue debidamente reseñado por la
Sala de Casación Penal de la Corte, entre otras razones por cuanto el
derecho de los posibles afectados se torna “intemporal”, es decir
imprescriptible así: (…)

6.2.2 Como bien se aprecia, en relación con el planteamiento del apoderado
apelante en cuanto a la tesis según la cual no se pueden anular los registros

37 Corte Constitucional, sentencia del 30 de marzo de 2006, T-259 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

[Fundamentos de derecho 3 y 4] Corte Constitucional, Sentencia del 3 de mayo de 2018, SU 036 de 2018, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez [Fundamento de derecho 2.6.22];
38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 22 de noviembre de 2023, rad. 60.879,

Sentencia del 21 de noviembre de 2012, Exp. 39858 [Fundamento de derecho iv]; Sentencia del 13 de abril de
2011, rad. 35946 M.P, Carlos Roberto Solórzano Garavito[ Fundamento de derecho 5.5].
16

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
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espurios si no existe decisión de fondo que comprometa la responsabilidad
de los sindicados, por aquello de que si el proceso termina por causas
distintas se mantendría la presunción de inocencia, solo debe decirse que
actualmente no es ese el postulado acogido por la jurisprudencia , por cuanto
se sigue insistiendo en que la ley no ampara títulos falsos ni actuaciones de
mala fe, así lo expresa la SCP de la CSJ en sentencia de 8 de mayo de 2019,
Rad. 52944: (…)

6.3.1. Tal cual se viene analizando, en principio se puede concluir que los
derechos legítimos de los propietarios de un inmueble no se pierden ni
desaparece por el simple paso del tiempo, es decir en voces de la CSJ es un
derecho “intemporal”, pues se mantiene la propiedad en cabeza de sus
legítimos, por lo menos mientras no exista alguna acción judicial que lo
impida, como sería el caso de un proceso de pertenencia u otras situaciones
no aplicables a este tema.

En ese caso se estaría en presencia de posibles “víctimas “ de una conducta
punible, y por ello no todos los intervinientes pueden tener esa categoría
jurídica, como lo pretende el apelante, pues aún en el eventual caso de que
hubieses resultado estafados , la UAESP solo tiene el carácter de “tercero
incidental” atribución que le fue reconocida en providencia del 17 de enero
de 2017 proferida por la Fiscalía 43 de la Unidad delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá, y es en razón a ello por lo que deben atenderse sus
reclamos.

La cuestión que se presenta en este caso resulta por demás algo exótica, por
cuanto pese a las decisiones y órdenes impartidas por la Fiscalía de primera
instancia en diversas actuaciones dirigidas a “cancelar” los registros espurios
de venta y de compra del inmueble en cuestión, lo cual debería obrar en las
anotaciones No. 18 y 20 del Certificado de Libertad y Tradición del dicho bien,
aun así estas prosiguen intactas, es decir por alguna razón hasta ahora no
muy clara la Oficina de Registro correspondiente no ha hecho la acotación o
aclaración individual en cada una de dichas acotaciones, ni se ha efectuado
otra anotación, pues tal cual aparece en la foliatura el documento en cuestión
solo tiene 22.

(…) Como corolario de estos acontecimientos así descritos, la actual
situación del inmueble es en cierta forma beneficiosa para todos los
involucrados en el proceso, pues mientras no se permitan nuevas
anotaciones ni trámites, el original propietario y el Banco acreedor están
asegurados de no perder sus aparentes derechos, pero igualmente el actual
poseedor quien figura aún como comprador ,esto es , el Distrito Capital a
través de la UAESP tampoco resulta afectado , pues aún puede acudir ante
la Fiscalía a través de trámite “incidental” a ser escuchado y procurar hacer
valer los derechos que considera conculcados, lo cual implica la
obligatoriedad para la instructora de abrir o iniciar dicho trámite incidente en
donde todos deben ser escuchados, para ahí si tomar una decisión final
acorde con la jurisprudencia referida en precedencia , respetando el debido
proceso y garantías tanto de las posibles víctimas como del tercero
incidental(…)

14. En contraste con lo sostenido por la parte demandante, las piezas procesales
aportadas al expediente no permiten evidenciar que el conflicto jurídico relacionado
17

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
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Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

con los derechos sobre el inmueble haya sido resuelto de forma definitiva por la
jurisdicción penal o civil, pues: i) en el folio de matrícula 50C-287677 no aparecen
inscripciones posteriores a la anotación 23, ni se ha levantado la medida cautelar
registrada en la anotación 22, la cual prohíbe la inscripción de nuevos trámites
relacionados con dicho inmueble; ii) dentro de las decisiones aportadas por el ente
investigador, se advierte que la última decisión corresponde a la Resolución del 14
de diciembre de 2022, mediante la cual se inició el trámite del incidente, sin que en
el expediente obren actuaciones posteriores ni se deduzca la existencia de
decisiones definitivas del folio de matrícula inmobiliaria, que, hasta la fecha, no ha
sido objeto de nuevas anotaciones39.

15. Lo anterior resulta relevante en la medida en que la responsabilidad que puede
derivarse de una ocupación -sea esta permanente o temporal- parte del supuesto
de que el presunto afectado es titular de un derecho real o personal incompatible
con la ocupación por parte de una entidad de derecho público sobre el mismo bien40.
Sin embargo, pese a que —contrario a lo afirmado por el ente investigador— se
cancelaron los registros correspondientes a las anotaciones 17, 18 y 20, el alcance
de los derechos sobre el referido inmueble aún es objeto de discusión ante la
Fiscalía General de la Nación, dado que dicha cancelación tiene carácter de medida
cautelar mientras no exista una decisión definitiva41. Este hecho no permite
descartar que la administración pueda ser considerada como tercero de buena fe,
cuya tenencia del bien esté justificada en una posesión regular, conforme a lo
dispuesto en el artículo 762 del Código Civil.

16. Desde un aspecto puramente cronológico, la tenencia que ejerza la
administración sobre el bien inmueble, en calidad de presunta poseedora, tiene
vocación de permanencia en el tiempo, mientras no se profiera una decisión que
ordene la restitución o reivindicación del inmueble. En ese sentido, no puede
admitirse que, existiendo un interés legítimo del Distrito Judicial para conservar la

39 Para el efecto, el despacho sustanciador se consultó el folio de matrícula el 3 de noviembre de 2025.
40 Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del

11 de marzo de 2004, rad. 15001-23-31-000-1992-02221-01(12289), C.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez
41 Así lo refirió la Corte Constitucional, Sentencia del 3 de mayo de 2018, SU 036 de 2018, M.P. Luis Guillermo

Guerrero Pérez [Fundamento de derecho 2.6.22]. (...) Adicionalmente, respecto al incidente de cancelación de
títulos y registros obtenidos fraudulentamente, en la citada sentencia se señaló que, si bien la medida a adoptar
en ese trámite se orienta a dejar vigente un estado de cosas existente con antelación a la comisión de un ilícito,
dicha decisión, en cuanto que toca con “(…) aspectos esenciales de la garantía del derecho a la propiedad
privada como lo son el registro y los gravámenes sobre bienes sometidos a aquél, sólo podrá ser tomada
luego de haberle permitido al sindicado y a los terceros de buena fe ejercer su derecho de contradicción,
entendiéndose que se trata de una medida provisional, hasta tanto se profiera sentencia condenatoria[87].
En tal sentido, el artículo 66 de la Ley 600 de 2000 precisa que dicha cancelación procederá ´sin perjuicio de
los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental´”. (Negrilla fuera
de texto original) (…) sentencia citada C-245 de 1993.
18

Radicación: 11001-23-36-000-2023-00484-01 (72.757)
Demandante: Hernando Ramírez e Hijos Ltda. En Liquidación
Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa de
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Proceso: Reparación Directa Medio de control: Reparación directa

tenencia del inmueble, el cómputo de la caducidad deba seguir los lineamientos
previstos para la ocupación temporal, pues en derecho no existe razón para que la
administración deba cesar su ocupación, al no poder calificarse como una mera
tenencia u ocupación de hecho42, al considerarse que existía un derecho en disputa.
Una ilustración de lo anterior es la revocación de la orden frente al tercero incidental,
efectuada mediante decisión del ente investigador del 14 de diciembre de 2022.

17. En este sentido, el cómputo del término de caducidad debía iniciar desde el
momento en que la parte demandante conoció de la ocupación o tenencia del bien
que reputa de su propiedad, sin que en dicho razonamiento tenga injerencia la
calidad que esta parte se atribuya frente al inmueble43, es decir, si en el registro
figuraba como último propietario o no.

18. Asimismo, cabe precisar que en el antecedente unificado44 de la corporación se
reconoce el carácter publicitario del servicio público registral, (…) en tanto da a
conocer a terceros quién es el propietario del bien y, en consecuencia, quién puede
disponer del mismo, así como su real situación jurídica, lo cual otorga a los
usuarios de dicho servicio seguridad jurídica respecto de sus actuaciones sobre
bienes inmuebles (…) (negrilla por fuera del original). Teniendo en cuenta lo
anterior, el conocimiento del daño, cuando tiene su causa en el cambio de la
situación jurídica del inmueble, resulta evidente tanto para terceros como para el
propietario desde la fecha en que dicho cambio es objeto de publicidad en el folio
de matrícula inmobiliaria. Es innegable que el propio propietario es el primer
interesado en verificar la situación jurídica en el folio, entre otras razones, para evitar

42 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Mauricio Fajardo Gómez,

Sentencia del 17 de abril de 2013, Rad: 730012331000200001054 – 01 (27.326) [ Fundamento de derecho 3.2]. (…) En el
presente caso concreto, la parte actora no acreditó la existencia de la ocupación temporal o permanente del inmueble de su
propiedad con maquinaria de excavación, la cual, según indicó, habría ocurrido presuntamente a finales de 1998, razón por la
cual se denegarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, aun cuando existiera prueba de que la maquinaria de
excavación entró en el predio a finales de 1998, lo cierto es que la ocupación alegada por la parte actora no podría ser calificada
como una ocupación de hecho en el sentido del artículo 86 C.C.A., por cuanto ella encontraba sustento en el acuerdo suscrito
por la demandante y el INAT, el 14 de noviembre de 1995, mediante el cual se constituyó servidumbre sobre el predio objeto
de la demanda que ahora se decide en segunda instancia, para la construcción del referido canal y de su carreteable.(…)
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 28

de marzo de 2019, rad. 08001-23-31-000-2009-01139 01(49258), CP Marta Nubia Velásquez Rico[ Fundamento
de derecho 3] (…) Lo expuesto para significar que el cambio de la calidad de poseedora a propietaria no incide
en la oportunidad para el ejercicio de la acción de reparación directa y, si así se entendiera, debería concluirse
que para el momento en que se le adjudicó el bien -2 de noviembre de 2004- ya conocía las características y
limitaciones del baldío adjudicado, por lo que no resultaría acertado considerar la existencia de un daño
antijurídico.(…).
44 Sobre el carácter publicitario de los registros ver:, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de unificación del

13 de mayo de 2014, rad: 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128), CP Mauricio Fajardo Gómez [ Fundamento
de derecho 3.2] «(…) Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha expresado que uno de los aspectos
más importantes del servicio público registral lo constituye el hecho de que sirve, justamente, de publicidad , en
tanto da a conocer a terceros quién es el propietario del bien y, en consecuencia, quién puede disponer del
mismo, así como su real situación jurídica, lo cual otorga a los usuarios de dicho servicio seguridad jurídica
respecto de sus actuaciones sobre bienes inmuebles, cuando éstas se fundamentan en los registros que lleva
la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; de ahí que las inscripciones deben adelantarse en
forma cuidadosa respetando el antiguo principio de los derechos reales de conformidad con el cual el primero
en el tiempo ha de prevalecer en el derecho -prius in tempore, potior iure-. (…)».
19

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que un tercero prolongue la posesión regular de su inmueble en los términos del
artículo 785 del Código Civil.45.

Sumado a lo anterior, en los antecedentes de la Corporación se identifican casos
análogos en los que el cómputo de la caducidad partió del conocimiento de los
cambios en la situación jurídica del inmueble, los cuales fueron objeto de publicidad
desde el registro del acto o medida que se reputa como generadora del daño, en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria.46.

19. Por otro lado, cabe recordar que la norma procesal admite la suspensión del
proceso, a solicitud de parte, cuando exista necesidad de esperar lo que se decida
en otro trámite judicial (art. 161.1 del CGP) (…) siempre que en un proceso surge
alguna cuestión sustancial que deba ser decidida en una causa diferente y sin cuya
decisión resulta imposible pronunciarse sobre el objeto de controversia de aquél
dada la estrecha relación entre dicho objeto y el aspecto sustancial referido (…),47
como lo es la finalización del incidente de restablecimiento del derecho adelantado
ante la Fiscalía General de la Nación, en el cual se definirían los derechos de la
sociedad referida y del Distrito de Bogotá. Con lo cual, de ser necesario demostrar
la calidad de propietario o poseedor, con fundamento en una decisión judicial
pendiente de otra autoridad, podía emplearse este mecanismo procesal para acudir
oportunamente ante la justicia sin tener que esperar el resultado del proceso del
incidente de restablecimiento de derecho, actualmente en curso ante la Fiscalía
General de la Nación48.

20. En este sentido, la Sala coincide con el juzgador de primera instancia en
considerar que la sociedad demandante debió conocer que el ente territorial
accionado ejercía la tenencia/posesión del bien identificado con el folio de matrícula
50C-287677 desde el momento en que se registró la Escritura Pública No. 1388 del
21 de septiembre de 2005, mediante la cual el Distrito de Bogotá accedió a ostentar

45 Artículo 785. posesión de bienes sujetos a registro

Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el registro de instrumentos públicos,
nadie podrá adquirir la posesión de ellas sino por este medio.
46 Al respecto ver: Subsección A, CP: Marta Nubia Velásquez Rico, Sentencia del 27 de abril de 2016.Radicación

número: 47001-23-31-000-2002-00215-01(34623) [Fundamento de derecho 2], Subsección B, Sentencia
dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), rad. 25000-23-26-000-2007-00294-01(44670) [
Fundamento de derecho E], entre otras.
47 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Seccion Segunda Subseccion “B” Consejera

ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012)
Radicación número: 25000-23-25-000-2008-00174-03(1867-12)
48 Postura afirmada también en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección C, Sentencia del 11 de agosto de 2025, rad: 050012333000201501114 02 (70025)CP William
Barrera Muñoz [ Fundamento de derecho 23].
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la propiedad del referido bien, esto es, el 29 de septiembre de 2005, aun cuando
con posterioridad se canceló el registro de este negocio jurídico.

21. En todo caso, si se admitiera la hipótesis planteada en la impugnación -según
la cual el cómputo debía iniciar desde la cancelación de los registros por parte del
ente investigador-, tal medida se hizo efectiva con su registro en el folio de matrícula
el 8 de junio de 2016, sin que las resoluciones adoptadas en noviembre de 2021 y
diciembre de 2022 alteraran dicha circunstancia o modificaran el momento de
conocimiento por parte de la sociedad demandante, por el contrario, dichas
providencias se limitaron a mantener dichas medidas.

En ambos escenarios se estima se configuró la caducidad del medio de control,
habida cuenta que la demanda se presentó hasta el 5 de octubre de 2023 y de
acuerdo con la constancia del Procurador 138 Judicial II para Asuntos
Administrativos49, se agotó la conciliación prejudicial entre el 7 de mayo y el 21 de
julio de 2023.

22. Por último, las pretensiones restitutivas -reparación in natura50- elevadas con la
demanda sufren la misma suerte de las demás, en la medida que el medio de control
se interpuso por fuera de la oportunidad para su ejercicio, en relación con la tenencia
del inmueble por parte del ente territorial desde septiembre de 2005. Sin embargo,
esta decisión no obsta para que las mismas sean reconocidas por parte del ente
investigador en el incidente de restablecimiento del derecho.

Asunto, donde debe aclararse que, lo resuelto en el presente proceso guarda
autonomía frente al incidente que pendiente de decisión ante la Fiscalía General de
la Nación, en el cual, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 600 de 2000 el ente
investigador puede adoptar (…) las medidas necesarias para que cesen los efectos
creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior
y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. (…), lo que
comprende la restitución del inmueble sustraído del dominio de la víctima en virtud
del ilícito.

49 SAMAI índice 002 «Expediente Digital» archivo: «008ED_05Prueba Constancia co.(pdf) nroActua2.pdf»
50 Sobre esta forma de reparación ver: . C. Henao, "Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado:

hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado", Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.° 28, enero-junio de 2015, pp. 277-366. DOI:
10.18601/01234366.n28.10
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En consecuencia, no es de recibo el cargo de apelación que pretende supeditar la
decisión sobre la configuración de la caducidad del medio de control al posible
sentido que la Fiscalía General de la Nación pueda otorgar al incidente de
restablecimiento del derecho, en favor de la sociedad demandante. De igual forma,
esta providencia tampoco puede anticipar el sentido de la decisión del ente
investigador respecto de la eventual restitución del inmueble a la sociedad
demandante, en el marco del referido incidente.

Por consiguiente, en virtud de las anteriores consideraciones la Sala confirmará la
sentencia del 12 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la caducidad del medio
de control.

Costas

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.

En este sentido, por no haber prosperado el recurso de apelación de la parte
demandante, se le condenará en costas en esta instancia; sin embargo, la Sala no
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fijará suma de agencias en derecho en segunda instancia a cargo de esta, por
observarse que, en el desarrollo de esta etapa procesal, la demandada no efectuó
actos de gestión judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por los
motivos expuestos en la presente decisión.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante sin
fijación de agencias en derecho por las razones anotadas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link .
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando
con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
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Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.

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