RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2012-00239-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2012-00239-01

Principio de congruencia de la sentencia: noción y alcance. Reiteración de jurisprudencia

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2012-00239-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Ekko Promotoras S.A. contra la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2012-00239-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez

14 de junio de 2018

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA - Noción y alcance. Reiteración de jurisprudencia / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA - Acepciones. Congruencia externa e interna / CONGRUENCIA INTERNA DE LA SENTENCIA - Noción / CONGRUENCIA EXTERNA DE LA SENTENCIA - Noción / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA - Objeto

El artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, establece que “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda... y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”. De la norma transcrita se desprende que el denominado principio de congruencia de la sentencia exige, de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva –congruencia interna– y, de otra, que la decisión sea concordante con lo pedido por las partes, tanto en la demanda como en el escrito de oposición –congruencia externa–, es decir, que se tome la decisión conforme se ha delimitado la controversia en el proceso. (Sentencia del 8 de febrero de 2018, expediente 22469, CP: Milton Chaves García). Este principio, según precisó la Sala en la sentencia del 8 de febrero de 2018, expediente 18580, persigue la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la contestación, si la posición procesal es la del demandante. (…) [L]a Sala considera que la sentencia de primera instancia no desconoció el principio de congruencia, porque la parte resolutiva de la providencia corresponde con la argumentación de la parte motiva, y porque las causales de nulidad fueron abordadas y resueltas conforme se propusieron en la demanda.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 281 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 306

PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA – Noción. Reiteración de jurisprudencia. Es el derecho de las entidades públicas a participar en el mayor valor que generen las acciones urbanísticas / PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA – Hecho generador. Lo constituyen las decisiones urbanísticas previstas en la Ley 388 de 1997 / ACCIONES URBANÍSTICAS – Enunciación / FACULTAD IMPOSITIVA DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS EN LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA – Alcance. Reiteración de jurisprudencia. Le permite a los municipios o distritos cobrar las actuaciones administrativas constitutivas de acción urbanística, a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONSTITUTIVAS DE ACCIÓN URBANÍSTICA – Alcance / PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA EN EL DISTRITO CAPITAL – Marco normativo

De conformidad con el artículo 82 de la Constitución, la participación en plusvalía es el derecho que tienen las entidades públicas a participar en el mayor valor que generen las acciones urbanísticas. La Ley 388 de 1997 estableció el marco general del desarrollo territorial en los municipios y distritos del país y, en el capítulo noveno, reguló la participación en la plusvalía. El artículo 74 de la ley referida señala como hecho generador de la participación en plusvalía las decisiones administrativas constitutivas de acciones urbanísticas que autoricen destinar el inmueble a un uso más rentable o incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada. Por su parte, el artículo 8 Ley 388 establece que son decisiones urbanísticas, entre otras: (i) clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana; (ii) establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas; (iii) calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social y, (iv) determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas. Con fundamento en las disposiciones normativas antes referidas, la Sala dijo en la sentencia del 5 de diciembre de 2011, expediente 16532, que la plusvalía es el tributo que pueden cobrar los municipios o distritos a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción, como consecuencia de una actuación administrativa constitutiva de una acción urbanística relacionada con: (i) la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano; (ii) el establecimiento o la modificación del régimen o zona del uso del suelo y, (iii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo por una edificación, bien sea por elevar el índice de ocupación o el índice de construcción, o los dos. En el caso de Bogotá, la participación en plusvalía fue adoptada mediante el Acuerdo 118 de 2003 (Modificado por el artículo 13 del Acuerdo Distrital 352 de 2008), que en el artículo 3 estableció como hecho generador del tributo las acciones urbanísticas consistentes en las autorizaciones específicas para destinar el inmueble a un uso más rentable o para incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo establecido en el POT, en los siguientes casos: (i) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana; (ii) el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo; (iii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez y, (iv) cuando se ejecuten obras públicas consideradas de macroproyectos de infraestructura previstas en el POT y/o en los instrumentos que lo desarrollen, y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización. El parágrafo primero del artículo 3 del Acuerdo 118 de 2003 también establece que en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se deben especificar y delimitar las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones urbanísticas que deben ser tenidas en cuenta -en conjunto o por separado- para determinar el efecto de la plusvalía.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 82 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 8 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 74 / ACUERDO DISTRITAL 118 DE 2003 – ARTÍCULO 3 / ACUERDO DISTRITAL 352 DE 2008 - ARTÍCULO 13

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causación de la participación por plusvalía y la facultad impositiva de los municipios y distritos para adoptarla y regularla en su jurisdicción, se reitera la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 5 de diciembre de 2011, radicado 25000-23-27-000-2005-00262-01(16532), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

HECHO GENERADOR DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA CON LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO DISTRITAL 327 DE 2004 – Configuración. El Decreto 327 de 2004 constituye la acción urbanística que hizo efectivo el cambio de régimen de uso del suelo adoptado por el Decreto 619 de 2000, toda vez que materializó la incorporación a suelo urbano del predio que, en vigencia del Acuerdo 06 de 1990, se ubicaba en área urbana de expansión / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ACUERDO 06 DE 1990 - Alcance. El Decreto 619 de 2000 permitió la aplicación de las normas del Plan del Ordenamiento Territorial POT adoptado por el Acuerdo 06 de 1990 y sus reglamentos, hasta tanto se expidiera la reglamentación del nuevo POT / TRATAMIENTO DE DESARROLLO DEL DECRETO 619 DE 2000 - Reglamentación. Se adoptó mediante el Decreto Distrital 327 de 2004 / TRATAMIENTO DE DESARROLLO DEL ACUERDO DISTRITAL 06 DE 1990 - Reglamentación. Se adoptó mediante los Decretos Distritales 373 y 374 de 1993 / DESARROLLO URBANÍSTICO POR INCORPORACIÓN A SUELO URBANO DE PREDIO UBICADO EN ÁREA URBANA DE EXPANSIÓN EN VIGENCIA DEL DECRETO 619 DE 2000 – Normativa aplicable. No se aplican las normas reglamentarias del Acuerdo 06 de 1990 (Decretos 373 y 374 de 1993), sino el Decreto 327 de 2004, que reglamentó el Decreto 619 de 2000, porque la aplicación de este último se supeditaba a la adopción de su reglamentación, que solo se verificó con la expedición del Decreto 327 de 2004 / TRATAMIENTO DE DESARROLLO EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ACUERDO 06 DE 1990 – Normativa aplicable. En virtud del Régimen de Transición previsto en el artículo 515 del Decreto 619 de 2000, para efectos del desarrollo urbanístico de las situaciones enmarcadas dentro del tratamiento de desarrollo del Acuerdo 06 de 1990, se aplicaban las normas reglamentarias del mismo, esto es, los Decretos 373 y 374 de 1993

El Decreto 619 de 2000 adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y derogó, expresamente, el Acuerdo 6 de 1990, que adoptó el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá. No obstante, la derogatoria del Acuerdo 6 de 1990, el artículo 515 del Decreto 619 de 2000 estableció un régimen de transición para la aplicación de las normas del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante esa norma. El numeral nueve del artículo 515 ibídem estableció que “[L]as normas sobre usos y tratamientos, contenidas en el Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios, se continuarán aplicando hasta tanto se expida la reglamentación del presente Plan.”La reglamentación a que se refiere la norma transcrita, en lo que al tratamiento de desarrollo corresponde, fue adoptada mediante el Decreto 327 de 2004. Según la demandante, en aplicación del artículo 515 del Decreto 619 de 2000, el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 podía ser desarrollado conforme la incorporación al suelo urbano dispuesta por el Plan de Ordenamiento Territorial y que, en lo pertinente, debía aplicarse la reglamentación prevista en los decretos 373 y 374 de 1993. La Sala considera que, contrario a lo que la demandante alega, los decretos 373 y 374 de 1993 no eran aplicables para efectos del desarrollo urbanístico, de conformidad con la incorporación al suelo urbano dispuesta por el Decreto 619 de 2000, pues esas normas reglamentaban el Acuerdo 6 de 1990, norma según la cual, el predio estaba ubicado en un área urbana de expansión. Si bien es cierto que los decretos 373 y 374 de 1993 reglamentaron el tratamiento de desarrollo, esa reglamentación fue adoptada en el marco del Acuerdo 6 de 1990, de tal forma que su aplicación, al amparo de lo previsto en el artículo 515 del Decreto 619 de 2000, tenía lugar en la medida en que tuvieran por objeto regular situaciones que se enmarcaran como tratamiento de desarrollo, pero según lo previsto en el Acuerdo 6 de 1990. En consecuencia, la Sala considera que el Decreto 619 de 2000 no modificó el régimen de uso del suelo aplicable al predio, porque su aplicación estaba supeditada a la adopción de la reglamentación correspondiente, condición que solo vino a verificarse con la expedición del Decreto 327 de 2004. Por el contrario, y como se señala en los actos demandados, la acción urbanística que efectivamente modificó el régimen del uso del suelo fue el Decreto 327 de 2004, que materializó la incorporación a suelo urbano que dispuesta en el Acuerdo 6 de 1990.

FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 / ACUERDO DISTRITAL 6 DE 1990 / DECRETO DISTRITAL 373 DE 1993 / DECRETO DISTRITAL 374 DE 1993 / DECRETO DISTRITAL 619 DE 2000 – ARTÍCULO 515 NUMERAL 9 / DECRETO DISTRITAL 734 DE 1993 / DECRETO DISTRITAL 737 DE 1993

CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación

[C]on relación a la condena en costas, el artículo 188 del CPACA determina que la liquidación y ejecución de la eventual condena en costas se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Por su parte, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), dispone en el numeral octavo que: Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. En el caso concreto, no aparece ningún elemento de prueba que justifique la imposición en esta instancia de las costas solicitadas. En consecuencia, no existe fundamento para su imposición.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-37-000-2012-00239-01(20967)

Actor: EKKO PROMOTORA SA

Demandado: DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 12 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó las pretensiones que más adelante se transcriben.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 28 de julio de 2011, mediante la Resolución 1055, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá liquidó el efecto plusvalía para el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 y determinó el monto de la participación en plusvalía.

El 22 de mayo de 2012, mediante la Resolución 0622, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá confirmó la Resolución 1055 del 28 de julio de 2011.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Ekko Promotora SA formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la Resolución 1055 del 28 de julio de 2011 proferida por la SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, por medio de la cual se liquidó el efecto plusvalía para el predio sujeto a tratamiento de desarrollo ubicado en la Diagonal 2B No. 82-30, identificado con CHIP AAA0137PJSY y folio de matrícula inmobiliaria No. 50S– 40034610 y se determinó el monto de la participación en plusvalía.

SEGUNDA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la Resolución No. 0622 del 22 de mayo de 2012 proferida por la SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, por medio de la que se resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 1055 del 28 de julio de 2011.

TERCERA PRETENSIÓN: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad deprecada, se restablezca el derecho de mis mandantes declarando que no están obligados a pagar suma alguna por el precálculo del impuesto al efecto plusvalía determinado en los actos demandados.

CUARTA PRETENSIÓN: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, se restablezca el derecho de mis mandantes y se ordene a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN pagar a mis mandantes la suma CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($405.326.492.) o lo que resulte probado en el proceso, valores pagados por concepto de participación por plusvalía para el predio sujeto a tratamiento de desarrollo ubicado en la Diagonal 2B No. 82-30, identificado con CHIP AAA0137PJSY y folio de matrícula inmobiliaria No. 50S–40034610, 50S-40445217 y 50S-40445218.

QUINTA PRETENSIÓN: Que se ordene la cancelación de la anotación del tributo por plusvalía liquidado mediante Resoluciones No. 1055 del 28 de julio de 2011 y 0622 del 22 de mayo de 2012, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S–40034610, 50S-40445217 y 50S-40445218 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá.

SEXTA PRETENSIÓN: Que se condene a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN a pagar a mis mandantes las sumas líquidas reconocidas a título de restablecimiento del derecho, indexadas y actualizadas en los términos del inciso 4° artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA PRETENSIÓN: Que se condene a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN a pagar a mis mandantes intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso sobre cualquier suma que sea reconocida a título de restablecimiento del derecho, en los términos del inciso 3° del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVA PRETENSIÓN: Que se condene a la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN a las costas y agencias en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La demandante invocó como normas violadas los artículos 338 y 363 de la Constitución; 30, 38, 39, 73, 74 y 83 de la Ley 388 de 1997; 1, 26, 43, 44, 333, 334 y 349 del Decreto 327 de 2004; los acuerdos 6 de 1990 y 118 de 2003 y, los Decretos Distritales 734 y 737 de 1993.

El concepto de la violación de las anteriores normas se resume así:

Manifestó que en la Resolución 1055, del 28 de julio de 2011, la Secretaría Distrital de Planeación señaló que la acción urbanística que cambió el régimen de uso de suelo fue el Decreto Reglamentario 327 de 2004; mientras que en la Resolución 622, del 22 de mayo de 2012, la entidad demandada afirmó que para efectos de la participación en plusvalía el Plan de Ordenamiento Territorial no constituye el hecho generador del tributo, porque es una norma general y abstracta que no contiene reglas específicas relacionadas con predios en particular, sino que la autorización específica que materializa el hecho generador es la expedición de la licencia urbanística, que concreta las normas generales en usos específicos del suelo.

Nulidad por falsa motivación

Adujo que ni el Decreto 327 de 2004 ni la licencia urbanística constituyen hecho generador de la participación en plusvalía. Que, de ser el caso, el hecho generador del tributo en cuestión sería la expedición del Decreto 619 de 2000, con el cual se adoptó el Plan del Ordenamiento Territorial de Bogotá.

Explicó que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, la clasificación y delimitación del uso del suelo solo puede realizarse mediante el Plan de Ordenamiento Territorial.

Que, en ese sentido, el Decreto 327 de 2004 no puede clasificar o delimitar el uso del suelo, y, por esa razón, no puede tenerse como constitutivo de hecho generador de la participación en plusvalía.

Agregó que de haberse configurado el hecho generador de la participación en plusvalía, por prever una variación más favorable en el uso del suelo, este sería la expedición del Decreto 619 de 2000.

Que, de esa manera, el estudio comparativo que exige la determinación del tributo en cuestión debía realizarse entre el Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 619 de 2000, y no entre el primero y el Decreto 327 de 2004. Para sustentar su afirmación, señaló que antes de la expedición del Decreto 619 de 2000, la norma que regulaba el ordenamiento territorial en Bogotá era el Acuerdo 6 de 1990.

Indicó que en vigencia del Acuerdo 6 de 1990, el predio con matrícula inmobiliaria 50S–40034610 estaba ubicado en un área suburbana de expansión, sometido al tratamiento de incorporación. Es decir que era un predio que debía surtir el proceso de incorporación de nuevas áreas urbanas, para que pudiera ser desarrollado urbanísticamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Acuerdo 6 de 1990.

Advirtió que el predio no fue objeto de desarrollo por urbanización, esto es, que no fue incorporado al suelo urbano, y que, por esa razón, no le fueron otorgadas autorizaciones relativas a uso y edificabilidad.

Explicó que, con la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, mediante el Decreto 619 de 2000, el predio entró a formar parte del suelo urbano, es decir que cambió la autorización del uso del suelo. En este sentido, planteó que fue la expedición del Decreto 619 de 2000 la que concretó la acción urbanística constitutiva del hecho generador de la participación en plusvalía.

Sostuvo que ese decreto derogó el Acuerdo 6 de 1990, pero, al tiempo, previó un régimen de transición que permitía aplicar la norma derogada y sus reglamentos, en lo que a los usos y tratamientos correspondía, hasta tanto el Plan de Ordenamiento Territorial fuera reglamentado.

Consideró así que, por tanto, para el año 2000 y hasta el 11 de octubre de 2004, fecha de inicio de la vigencia del Decreto 327, para poder desarrollar un predio sometido a tratamiento de desarrollo en suelo urbano, y, en consecuencia, obtener la licencia de urbanismo, se debían aplicar los decretos reglamentarios del Acuerdo 6 de 1990 para el tratamiento de desarrollo, esto es, los decretos 737 y 734 de 1993.

Advirtió que, según lo previsto en el Decreto 619 de 2000, el desarrollo por urbanización de los predios ubicados en suelo urbano de tratamiento de desarrollo podía llevarse a cabo mediante un plan parcial.

Que, según el artículo 351 del Decreto 619 de 2000, los predios ubicados en suelo urbano con áreas mayores a 10 hectáreas no requerían la adopción de un plan parcial. Añadió que como el área del predio con matrícula inmobiliaria 50S–40034610 era de 11.571,92m2, su desarrollo urbanístico no exigía un plan parcial sino la obtención de una licencia de urbanismo.

Explicó que el Decreto 469 de 2003 modificó el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el Decreto 619 de 2000, normas que luego fueron compiladas por el Decreto 190 de 2004. Que, en todo caso, el Decreto 469 de 2003 no modificó la exigencia relativa a la adopción de planes parciales, de tal manera que aun bajo la vigencia de esa norma, las licencias de urbanismo se otorgaban de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 6 de 1990 y sus reglamentos.

Con fundamento en lo anterior, insistió en que el estudio comparativo de que da cuenta la Resolución 1055 del 28 de julio de 2011 era errado, pues lo contrario implicaría suponer que antes de la expedición del Decreto 327 de 2004, los predios en controversia no podían ser desarrollados por urbanización, conforme con las reglas del Acuerdo 6 de 1990 y los decretos 737 y734 de 1993.

Concluyó que la expedición del Decreto 327 de 2004 no constituyó una acción urbanística que concretara el hecho generador de la participación en plusvalía, pues no representó un cambio normativo que hubiera creado nuevas o mejores situaciones para los predios sino que se trata de una reglamentación de las normas del tratamiento de desarrollo, al que el predio en controversia estaba sometido desde la expedición del Decreto 619 de 2000.

Además, reiteró que la Secretaría Distrital de Planeación confundió el hecho generador de la participación en plusvalía con la exigibilidad del tributo, y, por tanto, la Resolución 622 del 22 de mayo de 2012 es nula por desconocer el artículo 83 de la Ley 388 de 1997.

Nulidad por violación de los artículos 338 y 363 de la Constitución

Afirmó que el hecho generador de la participación en plusvalía, esto es, la expedición del Decreto 619 de 2000, tuvo lugar antes de que el tributo fuera adoptado en Bogotá mediante el Acuerdo 118 de 2003.

Señaló que la Ley 388 de 1997, al crear la participación en plusvalía, fijó algunos elementos del tributo, pero dejó a los municipios la competencia de reglamentar la tarifa y lo correspondiente a su aplicación en el respectivo ente territorial, de modo que solo hasta que el concejo municipal, mediante la expedición del acuerdo correspondiente, decidiera adoptar ese tributo, la participación en plusvalía no era exigible.

Sostuvo que la participación en plusvalía en Bogotá fue adoptada mediante el Acuerdo 118 de 2003. Que, por tanto, los hechos que hubieran tenido lugar antes de la expedición de esa norma local, aunque conforme con la Ley 388 de 1997 pudieran calificarse como generadores del tributo, no daban lugar al nacimiento de la obligación.

Advirtió que lo contrario implicaría aplicar retroactivamente el Acuerdo 118 de 2003, en contra de lo previsto en los artículos 338 y 363 de la Constitución.

Que en el caso del predio con matrícula inmobiliaria 50S–40034610 no se configuró el hecho generador de la participación en plusvalía, porque la acción urbanística que pudiera generar un cambio normativo tuvo lugar en el año 2000.

Nulidad por expedición irregular

Planteó que la exigencia de la participación en plusvalía antes de la liquidación definitiva del tributo desconoció el trámite establecido para esos propósitos.

Señaló que la Secretaría Distrital de Planeación pretende exigir el pago de la participación en plusvalía basada en un oficio mediante el que efectuó un “precálculo” del tributo, sin efectuar la liquidación definitiva.

Contestación de la demanda

El Distrito Capital se opuso a las pretensiones de la demandante. Para el efecto, propuso excepciones y formuló argumentos de fondo.

Puntualmente, planteó las excepciones de inepta demanda y de indebida representación de la demandante.

Respecto de la excepción de inepta demanda planteó que la demanda no cumple con las exigencias del artículo 162 del CPACA, por cuanto no se identificó al representante legal de Ekko Promotora SA ni se indicó la dirección de notificaciones de esa sociedad.

En relación con la indebida representación de la demandante, dijo que el poder con que actúa el apoderado judicial de Ekko Promotora SA fue conferido por el segundo suplente del presidente de esa sociedad.

Advirtió que según los estatutos sociales de la compañía, los suplentes del presidente pueden ejercer la representación legal cuando se dé alguno de los supuestos de falta temporal o absoluta expresamente previstos. Que, en el caso concreto, no se acreditó alguno de esos eventos.

Sobre la configuración del hecho generador de la participación en plusvalía adujo que, contrario a lo que señala la demandante, la expedición del Decreto 619 de 2000 no constituye el hecho generador de la participación en plusvalía.

Señaló que, según el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, el hecho generador de la participación en plusvalía son las acciones urbanísticas que autoricen destinar el inmueble a un uso más rentable o aumentar el índice de aprovechamiento del suelo.

Que, según la norma referida, constituye hecho generador del tributo en cuestión, entre otros supuestos, “[L]a incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.”

Agregó que, en el caso concreto, la incorporación a suelo urbano que tuvo lugar con el Decreto 619 de 2000 no tuvo la aptitud de permitir el desarrollo de usos más rentables ni mayor edificabilidad.

Lo anterior, en razón a que, con la expedición del Decreto 619, el predio en controversia no podía desarrollar usos más rentables ni mayor edificabilidad a la permitida por el Acuerdo 6 de 1990, puesto que era necesaria la adopción de una reglamentación especial, bien fuera mediante unidades de planeamiento zonal –UPZ–, ficha de reglamentación o decreto reglamentario de tratamiento de desarrollo.

Señaló que, por tanto, la incorporación a suelo urbano podía constituir hecho generador de la participación en plusvalía, siempre que, al momento de esa actuación, el predio contara con reglamentación para uso y edificabilidad. Que, en esas condiciones, el Decreto 327 de 2004 fue la decisión administrativa que concretó la actuación urbanística que permitió el cambio del uso del suelo a uno más rentable, pues antes de su expedición, aun con la incorporación del Decreto 619 de 2000, los predios solo podían desarrollarse según los usos permitidos por el Acuerdo 6 de 1990, es decir, usos agrícolas.

De otra parte, afirmó que no era cierto que las regulaciones del uso del suelo solo puedan hacerse mediante planes de ordenamiento territorial, pues el Decreto 619 de 2000 estableció que los instrumentos de planeamiento urbanístico, como las reglamentaciones y las disposiciones urbanísticas referidas al ordenamiento del territorio, desarrollan y complementan el Plan de Ordenamiento Territorial.

Advirtió que, en consecuencia, el Decreto 327 de 2004 constituye una acción urbanística de carácter general que regula el uso del suelo, y que, por esa razón, el estudio comparativo de normas debía hacerse con esa noma y no con el Acuerdo 6 de 1990, como la demandante lo alegó.

Sostuvo que como en vigencia del Acuerdo 6 de 1990, los predios con matrículas inmobiliarias 50S-40445217 y S-40445218 no fueron incorporados al área urbana y no les fueron asignados usos de edificabilidad ni usos urbanos, estos conservaron los usos agrícolas hasta la expedición del Decreto 327 de 2004.

Advirtió que no era cierto que con la sola incorporación al suelo urbano de los predios, que tuvo lugar con la expedición del Acuerdo 619 de 2000, se les hubiera permitido el desarrollo urbanístico previsto en los decretos 737 y 734 de 1994 –reglamentarios del Acuerdo 6 de 1990–.

Lo anterior, porque el Acuerdo 6 de 1990 fue derogado por el Decreto 619 de 2000, y porque la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 515 ibídem no permitía aplicar las normas reglamentarias como desarrollos de la norma vigente, esto es, del Decreto 619.

Por último, dijo que la posibilidad de desarrollar los predios sin la adopción de un plan parcial, por tener un área inferior a 10 hectáreas, solo fue establecida hasta la expedición del Decreto 327 de 2004; de tal forma que no podía aplicarse para el desarrollo urbanístico regulado en el Acuerdo 6 de 1990.

Sobre la nulidad por violación de los artículos 338 y 363 de la Constitución insistió en que la acción urbanística que generó la participación en plusvalía fue la expedición del Decreto 327 de 2004, que es posterior al Acuerdo 118 de 2003, mediante el que se reglamentó el tributo en Bogotá.

Sobre la nulidad por expedición irregular señaló que el Decreto 084 de 2004, “por el cual se definen los lineamentos para regular la operatividad de la liquidación del efecto plusvalía y la determinación privada de la participación en plusvalía”, reguló los actos administrativos de precálculo del efecto plusvalía.

Explicó que el parágrafo primero del artículo 8 del Decreto 084 de 2004 establece que si al momento de expedición de la licencia de urbanismo no se encuentra en firme el acto administrativo de cálculo del efecto plusvalía y del monto de participación, el contribuyente puede optar por tramitar la licencia acreditando la presentación y el pago de una declaración de autorretención, para lo que debe aportar, como base de determinación, las estimaciones generales del efecto plusvalía que por cada UPZ o Plan Parcial elabore el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Advirtió que los actos administrativos de precálculo del efecto plusvalía tienen como propósito permitir el desarrollo de proyectos urbanísticos, para que la expedición de la liquidación definitiva no se convierta en un obstáculo. Agregó que estos son actos definitivos e independientes de la actuación administrativa del cálculo definitivo de la participación en plusvalía.

Sentencia apelada

Mediante sentencia del 12 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las consideraciones que a continuación se reseñan:

Consideró que de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo 118 de 2003, el hecho generador de la participación en plusvalía debe verificarse según lo que establezcan el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. Por tanto, en el caso debatido, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá fue adoptado por el Decreto 619 de 2000 y el instrumento que lo desarrolló fue el Decreto 327 de 2004, que reglamentó el tratamiento de desarrollo y que permitió que el predio pudiera ser desarrollado urbanísticamente, pues hasta la adopción de esa reglamentación, únicamente tenía permitido usos agrícolas.

Precisó que el Decreto 327 de 2004 es posterior al Acuerdo 118 de 2003 (mediante el que se adoptó la participación en plusvalía en Bogotá), y que, por tanto, no podía alegarse, como la demandante lo hizo, que el tributo fue determinado con desconocimiento del principio de retroactividad de los tributos.

En el mismo sentido, señaló que el Decreto 327 de 2004 es la disposición legal a partir de la que debía hacerse el estudio comparativo de norma, para verificar el mayor valor por metro cuadrado a partir del que determinase la participación en plusvalía.

De otra parte, dijo que el literal b) del artículo 5 del Decreto 327 de 2004 estableció que para las zonas clasificadas como suelo urbano, con tratamiento de desarrollo con un área igual o superior a 10 hectáreas, era obligatoria la formulación de planes parciales. Por tanto, como el predio en controversia tenía un área inferior a la señalada, y, por ende, no estaba sujeto a la exigencia de formulación de un plan parcial, el hecho generador de la participación en plusvalía tuvo lugar con la expedición del Decreto 327 de 2004.

Sobre la nulidad de los actos administrativos por expedición irregular, dijo que los actos mediante los que la Secretaría de Planeación Distrital hizo el precálculo de participación en plusvalía no fueron demandados y que, por consiguiente, no eran objeto del control de legalidad resuelto.

Recurso de apelación

La demandante apeló la sentencia.

En primer lugar, alegó que el tribunal desconoció el principio de congruencia, porque no resolvió todos los problemas jurídicos propuestos en la fijación del litigio.

Advirtió que si bien en la audiencia inicial fueron propuestos seis problemas jurídicos que debían ser resueltos en la sentencia, el fallo apelado señala que la discrepancia entre las partes radicaba en “determinar cuál es el hecho generador de la participación en plusvalía y cuál es el momento en que la misma ocurre”, y sobre este punto limitó su decisión.

Que, de esa forma, la providencia apelada violó los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil en tanto que, sin justificación alguna, descartó resolver la totalidad de las cuestiones en las que se concretó la controversia, y varió el objeto del litigio delimitado en la audiencia inicial.

De otra parte, reiteró que el Decreto 327 de 2004 no constituye hecho generador de la participación en plusvalía, porque si bien es cierto que se trata de un instrumento que desarrolló el Plan de Ordenamiento Territorial, no constituía una acción urbanística que mejorara las condiciones de edificabilidad o las condiciones de uso del predio.

Insistió en que, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, el hecho generador de la participación en plusvalía son las acciones urbanísticas que produzcan mejoras en los predios, bien sea en las condiciones de edificabilidad o usos posibles, en comparación con lo dispuesto sobre el particular en normas anteriores.

Dijo que el Decreto 327 de 2004 no aumento el índice de aprovechamiento del suelo ni posibilitó el desarrollo de usos más rentables que los previstos en la normativa anterior, y que, por el contrario, las desmejoró.

Sostuvo que desde la expedición del Decreto 619 de 2000, el predio que generó el tributo en controversia podía desarrollar usos más rentables y contaba con mayores índices de aprovechamiento de uso del suelo, esto en aplicación del régimen de transición del artículo 515 ibídem.

Alegó que la acción urbanística que, desde su expedición, autorizó el desarrollo de usos de suelo más rentables y con mayores índices de edificabilidad, fue el Decreto 619 de 2000, al incorporar dentro de la clasificación del suelo urbano el predio de la demandante.

Que esa norma permitió que se aplicaran las disposiciones de usos del suelo y tratamientos previstos en los decretos 734 y 737 de 1993 y en el Acuerdo 26 de 1996, que regulaban el desarrollo de los usos autorizados en el suelo urbano en el marco de lo establecido en el Acuerdo 6 de 1990.

Agregó que el tribunal no analizó la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 515 del Acuerdo 619 de 2000, y asumió que hasta la reglamentación del tratamiento de desarrollo, mediante el Decreto 327 de 2004, el predio de la demandante solo podía desarrollar usos agrícolas, como si hasta ese momento continuaran clasificados como suelo suburbano de expansión, en desconocimiento de lo dispuesto por el Acuerdo 619 de 2000.

Enfatizó en que la incorporación al suelo urbano que hizo el Acuerdo 619 de 2000 tuvo efectos inmediatos y, por tanto, no estaba supeditada a la reglamentación del tratamiento urbanístico de desarrollo.

Por último, dijo que los actos enjuiciados desconocieron el principio de irretroactividad tributaria, previsto en los artículos 338 y 363 de la Constitución, porque liquidaron la participación en plusvalía sobre un hecho –la expedición del Decreto 619 de 2000– que tuvo lugar antes de que el tributo hubiera sido adoptado en Bogotá mediante el Acuerdo 118 de 2003.

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró los argumentos del escrito de apelación y agregó que los actos demandados eran nulos por expedición irregular, porque la Secretaría Distrital de Planeación exigió el pago de la participación en plusvalía con base en un oficio que no corresponde a la liquidación definitiva sino a un “precálculo”.

El Distrito Capital señaló que el tribunal no modificó el litigio fijado en la audiencia inicial ni resolvió sobre cuestiones que no fueron propuestas en la demanda.

Sostuvo que el tribunal concluyó que el hecho generador de la participación en plusvalía fue la expedición del Decreto 327 de 2004, y no la expedición del Decreto 619 de 2000, como la demandante lo alegó. Que, por esa misma razón, los actos controvertidos no desconocieron el principio de irretroactividad.

Dijo que, en esas condiciones, el tribunal no estaba obligado a pronunciarse sobre todos los argumentos expuestos en la demanda, dirigidos a controvertir que la expedición del Decreto 327 de 2004 no constituía hecho generador del tributo en discusión.

Advirtió que la sentencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso, estaba en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, de tal forma que atendía al mandato de la congruencia.

De otra parte, señaló que la sentencia apelada debía ser confirmada, porque estaba en armonía con la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo en materia de participación en plusvalía. En concreto, se remitió a las providencias dictadas en los expedientes 19402, 18063, 18944 y 19526.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público pidió confirmar la decisión de primera instancia.

Dijo que la sentencia apelada no desconoció el principio de congruencia, porque resolvió todas las causales de nulidad propuestas en la demanda, esto es, la falsa motivación, la violación de las normas en que debían fundarse y la expedición irregular

De otra parte, señaló que el artículo 185 del Acuerdo 6 de 1990 establecía que mientras los predios no fueran incorporados como áreas urbanas, el desarrollo de los terrenos de las áreas suburbanas estaba destinado a usos agrícolas.

Sostuvo que, de igual manera, el artículo 89 del Decreto 619 de 2000 dispuso que hasta tanto no se incorporara el suelo de expansión al perímetro urbano mediante planes parciales, este tendría usos agropecuarios y forestales.

Advirtió que, en consecuencia, no es cierto que con la sola expedición del Decreto 619 de 2000 el predio fuera incorporado al suelo urbano y que, por tanto, se debía aplicar el Acuerdo 6 de 1990 y los decretos 734 y 737, por remisión del artículo 515 de decreto.

Señaló que si bien antes de la expedición del Decreto 619 de 2000, el predio estaba ubicado en suelo de expansión, en los términos de los acuerdos 6 de 1990 y 26 de 1996, su incorporación al área urbana se debía hacer mediante la adopción de un plan parcial o decreto de asignación de tratamiento.

Alegó que aun cuando el Decreto 619 de 2000 clasificó el predio como urbano, la norma de transición era aplicable a los inmuebles no urbanizables incluidos dentro de las áreas urbanas en los polígonos de reglamentación señalados en los planes de zonificación y tratamientos que hacen parte del Decreto 737 de 1993; características que no cumplían los predios en controversia.

Dijo que el Decreto 469 de 2003, que revisó el Plan de Ordenamiento Territorial, precisó que el proceso de desarrollo por urbanización para las áreas de suelo urbano que no requerían de plan parcial, se podía llevar a cabo con la solicitud de la licencia de urbanismo.

Concluyó que, en consecuencia, no estaba desvirtuado el hecho de que no se hubiera incorporado el predio al área urbana, que estaba sujeta a la expedición de un plan parcial urbano o de un decreto de asignación de tratamiento, que, como lo explicó, tuvo lugar con la expedición del Decreto 327 de 2004.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por Ekko Promotora SA contra la sentencia del 12 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra la Resolución 1055 del 28 de julio de 2011 y su confirmatoria la Resolución 0622 del 22 de mayo 2012, por medio de las que la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá liquidó el efecto plusvalía para el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 y determinó el monto de la participación en plusvalía.

Conforme se alega en la apelación, la Sala decidirá si la sentencia de primera instancia desconoció el principio de congruencia y si los actos acusados son nulos por falsa motivación, en tanto que el Decreto Distrital 327 de 2004 no constituye hecho generador de la participación en plusvalía, y por violación del principio de irretroactividad tributaria.

La Sala pone de presente que no se pronunciará sobre la nulidad de los actos administrativos demandados por expedición irregular, conforme fue expuesto en la demanda y reiterado en los alegatos de conclusión de segunda instancia, porque ese aspecto no fue debatido en la apelación.

De la violación del principio de congruencia

En la apelación, la demandante alegó el que el tribunal desconoció el principio de congruencia de la sentencia, porque no resolvió la totalidad de los problemas jurídicos propuestos en la fijación del litigio, y que, con esto, varió el objeto de la controversia delimitada en la audiencia inicial.

El artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, establece que “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda... y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

De la norma transcrita se desprende que el denominado principio de congruencia de la sentencia exige, de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva –congruencia interna– y, de otra, que la decisión sea concordante con lo pedido por las partes, tanto en la demanda como en el escrito de oposición –congruencia externa–, es decir, que se tome la decisión conforme se ha delimitado la controversia en el proceso. (Sentencia del 8 de febrero de 2018, expediente 22469, CP: Milton Chaves García).

Este principio, según precisó la Sala en la sentencia del 8 de febrero de 2018, expediente 18580, persigue la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la contestación, si la posición procesal es la del demandante.

Conforme se expuso en el aparte de antecedentes procesales, la demandante pidió declarar la nulidad de las resoluciones 1055 del 28 de julio de 2011 y 0622 del 22 de mayo 2012, mediante las que la Secretaría Distrital de Planeación liquidó el efecto plusvalía para el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 y determinó el monto de la participación en plusvalía.

Contra esos actos administrativos, la demandante formuló tres causales de nulidad: la falsa motivación, la violación del principio de irretroactividad y la expedición irregular.

En relación con la falsa motivación, que es la que interesa en esta instancia, señaló que la expedición del Decreto 327 de 2004 no constituyó hecho generador de la participación en plusvalía, y que, a lo sumo, lo sería la expedición del Acuerdo 6 de 1990, norma que, en todo caso, no se aplica por ser anterior al Acuerdo 118 de 2003.

En la audiencia inicial realizada el 21 de marzo de 2013 (Fols. 261 al 275), el tribunal fijó el litigio en los siguientes términos:

Con fundamento en los hechos, normas violadas y razones de la violación planteadas en la demanda, así como en los hechos y las razones de la defensa, que no es del caso repetir en esta acta, el litigio consiste en aquellos puntos de hecho y de derecho en los cuales se presentan discrepancias entre las partes y que debe ser resueltos en la sentencia, así:

Si existió falsa motivación en los actos acusados al considerar la Administración en la Resolución No. 1055 de 15 de diciembre de 2011, que el hecho generador es la adopción del Decreto Distrital 327 de 2004, que cambió el régimen de usos del suelo (licencia urbanística que permitió el desarrollo del suelo).

Si el hecho generador del efecto plusvalía que determina la Ley 388 de 1997, no pudiera tener aplicación sino hasta la expedición del Acuerdo 118 de 2003.

Determinar si las normas señaladas en el Acuerdo 6 de 1990 tenía aplicación, al caso concreto debido a que para el año 2000 y hasta el 11 de octubre de 2004, para poder desarrollar un predio sometido al tratamiento de desarrollo urbano, y obtener la aprobación de la licencia de urbanismo, se debía dar aplicación a los Decretos Reglamentarios, Decreto Distrital 737 y 734 de 1993.

Si en virtud del régimen de transición señalado en el Decreto Distrital 619 de 2000, las normas aplicables para el desarrollo de los predios ubicados en suelo urbano serían las normas que regulaban el Tratamiento de Desarrollo del Acuerdo 6 de 1990 (Decreto 737 y 734 de 1993).

Establecer de acuerdo con la Ley 388 de 1997 y el acuerdo 118 de 2003, cuál es el hecho generador del efecto plusvalía.

Si al exigir la Secretaría Distrital de Planeación el pago del tributo por participación en plusvalía con base en el oficio mediante el cual se efectuó en el precalculo del mismo, sin efectuar liquidación de definitiva desconoció las normas legales y reglamentarias que reglamentan el procedimiento de determinación del efecto plusvalía.

En la sentencia apelada, luego de hacer un recuento de los alegatos expuestos por las partes, el tribunal señaló que “la litis […] radica en determinar cuál es el hecho generador de la participación en plusvalía, y cuál es el momento en que la misma ocurre. Establecido ese punto, se debe determinar para el caso concreto, si para el predio de la litis es posible afirmar que se produjo el hecho generador.”

Al resolver el caso concreto, el tribunal concluyó que la expedición del Decreto 324 de 2004, efectivamente, constituyó hecho generador de la participación en plusvalía, porque fue esa norma la que modificó el régimen del uso del suelo aplicable al predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610, que no la expedición del Decreto 619 de 2000, como la demandante lo alegó.

Con fundamento en el anterior planteamiento, el tribunal descartó los alegatos de la demandante referidos a que al tributo en discusión fue determinado de manera retroactiva y con desconocimiento de las normas de transición del Acuerdo 619 de 2000.

Revisado lo anterior, la Sala considera que la sentencia de primera instancia no desconoció el principio de congruencia, porque la parte resolutiva de la providencia corresponde con la argumentación de la parte motiva, y porque las causales de nulidad fueron abordadas y resueltas conforme se propusieron en la demanda.

De la nulidad por falsa motivación

A juicio de la demandante, la expedición del Decreto 327 de 2004 no configuró el hecho generador de la participación en plusvalía, porque esa norma no modificó el régimen de uso del suelo ni el área edificable del predio, es decir, no mejoró las condiciones de edificabilidad. Según alegó, el cambio en el uso del suelo tuvo lugar con la expedición del Decreto 619 de 2000, que incorporó el predio al suelo urbano.

La entidad demandada, por su parte, sostuvo que el hecho generador de la participación en plusvalía fue la expedición del Decreto 327 de 2004, y que si bien es cierto que el Decreto 619 de 2000 dispuso la incorporación del predio al suelo urbano, también lo es que esa incorporación no tuvo la aptitud de permitir el desarrollo de usos más rentables ni una mayor edificabilidad, puesto que era necesaria la adopción de una reglamentación especial, para el caso, el Decreto 327.

El tribunal le concedió la razón al Distrito Capital, porque, a su juicio, el hecho generador de la participación en plusvalía tuvo lugar con la expedición del Decreto 327 de 2004, norma que, al reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial, permitió que el predio pudiera ser desarrollado urbanísticamente, ya que hasta la adopción de esa reglamentación, el predio, únicamente, tenía permitido usos agrícolas.

De conformidad con el artículo 82 de la Constitución, la participación en plusvalía es el derecho que tienen las entidades públicas a participar en el mayor valor que generen las acciones urbanísticas.

La Ley 388 de 1997 estableció el marco general del desarrollo territorial en los municipios y distritos del país y, en el capítulo noveno, reguló la participación en la plusvalía.

El artículo 74 de la ley referida señala como hecho generador de la participación en plusvalía las decisiones administrativas constitutivas de acciones urbanísticas que autoricen destinar el inmueble a un uso más rentable o incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada.

Por su parte, el artículo 8 Ley 388 establece que son decisiones urbanísticas, entre otras: (i) clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana; (ii) establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas; (iii) calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social y, (iv) determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.

Con fundamento en las disposiciones normativas antes referidas, la Sala dijo en la sentencia del 5 de diciembre de 2011, expediente 16532, que la plusvalía es el tributo que pueden cobrar los municipios o distritos a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción, como consecuencia de una actuación administrativa constitutiva de una acción urbanística relacionada con: (i) la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano; (ii) el establecimiento o la modificación del régimen o zona del uso del suelo y, (iii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo por una edificación, bien sea por elevar el índice de ocupación o el índice de construcción, o los dos.

En el caso de Bogotá, la participación en plusvalía fue adoptada mediante el Acuerdo 118 de 2003 (Modificado por el artículo 13 del Acuerdo Distrital 352 de 2008), que en el artículo 3 estableció como hecho generador del tributo las acciones urbanísticas consistentes en las autorizaciones específicas para destinar el inmueble a un uso más rentable o para incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo establecido en el POT, en los siguientes casos: (i) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana; (ii) el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo; (iii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez y, (iv) cuando se ejecuten obras públicas consideradas de macroproyectos de infraestructura previstas en el POT y/o en los instrumentos que lo desarrollen, y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización.

El parágrafo primero del artículo 3 del Acuerdo 118 de 2003 también establece que en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se deben especificar y delimitar las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones urbanísticas que deben ser tenidas en cuenta -en conjunto o por separado- para determinar el efecto de la plusvalía.

Para resolver la causal de nulidad que se le imputa a los actos demandados, la Sala advierte que en el expediente están acreditados los siguientes hechos:

Los predios con matrículas inmobiliarias 50S-40445217 y 50S-40445218 resultaron del desenglobe del predio de mayor extensión con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 (Fols. 2 a 5 caa).

El predio con matrícula inmobiliaria 50S-40445218 fue aportado a un patrimonio autónomo administrado por la Fiduciara Bogotá SA. Más tarde, fue adquirido por Diseño Urbano El Arte de Construir SA, sociedad que luego pasara a denominarse Ekko Promotora SA.

El 28 de febrero de 2007, Fiduciara Bogotá SA solicitó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40445218 (Fl. 104).

El 30 de mayo de 2007, mediante el oficio 3-2007-04085, la Dirección de Planes Parciales de la Secretaría de Planeación Distrital expidió el estudio técnico comparativo de norma para el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 (Fols. 39 a 75 del caa).

El 17 de junio de 2007, la Curaduría Urbana 5 de Bogotá otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40445218 (Fl. 104).

El 11 de julio de 2007, mediante la Resolución 0551, la Secretaría de Planeación Distrital, con base en el oficio 3-2007-04085 del 30 de mayo de 2007, “declaró como pre-cálculo del efecto plusvalía por metro cuadrado” para los predios con matrículas inmobiliarias 50S-40445217 y 50S-40445218 la suma de $92.351 (Fols. 76 y 77 caa).

El 24 de junio de 2007, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 0551 del 11 de julio de 2007 (Fl. 90 a 101 caa).

Mediante las resoluciones 0746 del 21 de septiembre y 0907 del 22 de noviembre de 2007, la Secretaría Distrital de Planeación confirmó la Resolución 0551 del 11 de julio de 2007 (Fols. 118 a 145 de caa).

El 22 de noviembre de 2007, la demandante declaró y pagó la autoretención de la participación en plusvalía del predio con matrícula inmobiliaria 50S-40445218, por un valor de $39.743.000 (Fl. 184).

El 19 de febrero de 2009, la Secretaría Distrital de Planeación solicitó a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital efectuar el cálculo del efecto plusvalía por metro cuadrado del predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 (Fols. 151 y 152 caa).

El 14 de diciembre de 2009, mediante el Oficio 1-2009-54433, la Unidad Administrativa de Catastro Distrital remitió el informe de determinación y cálculo del efecto plusvalía (Fols. 156 a 173 caa).

El 28 de julio de 2011, mediante la Resolución 1015, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá determinó el efecto plusvalía por metro cuadrado para el predio con matrícula inmobiliaria 50S–40034610 en $112.180,61. (Fols. 61 a 54).

El 9 de septiembre de 2011, la demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1015 del 28 de julio de 2009 (Fols. 157 a 166).

El 22 de mayo de 2012, mediante la Resolución 0622, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá confirmó la Resolución 1115 del 28 de julio de 2011. (Fl. 55 a 66).

Para resolver la causal de nulidad que se les imputa a los actos administrativos demandados, la Sala parte de advertir que estos tienen sustento en el oficio 3-2007-04085 del 30 de mayo de 2007, mediante el que la Dirección de Planes Parciales de la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá emitió el estudio técnico comparativo de norma y en el Oficio 1-2009-54433 del 14 de diciembre de 2009 de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital.

El oficio 3-2007-04085 del 30 de mayo de 2007, correspondiente al estudio técnico comparativo de norma, señala:

Para efectos de considerar, si para el predio de la referencia se configura algún hecho generador de plusvalía, el estudio técnico comparativo de norma aplicable al predio, parte de la base normativa descrita a continuación:

Acuerdo 6 de 1990
POT – Decreto 327 de 2004
En el marco del Acuerdo 6 de 1990 el predio se encontraba por fuera del polígono de reglamentación del área suburbana de expansión. El Acuerdo 26 de 1997 Plan de Ordenamiento Físico del Borde Occidental de la Ciudad, lo clasificó en la Zona sector Tintal con las siguientes condiciones:

Art 18. La incorporación de áreas suburbanas en los sectores sin desarrollar se hará a través de planes parciales urbanos, dentro de los cuales las unidades mínimas de actuación serán importantes.

Art 19. Unidad mínima de Actuación en el borde occidental: 50 hectáreas.

El predio objeto de este estudio no realizó la incorporación establecida en el artículo 18 del Acuerdo 26 de 1997 ya que las disposiciones sobre usos y edificabilidad no fueron precisadas en un plan parcial mediante decreto de incorporación.
Tratamiento de Desarrollo en Área de actividad Residencial en Zona Residencial con actividad económica en la vivienda.
Usos
Usos
No aplica
Uso principal: Vivienda
Usos complementarios: Equipamientos colectivos y recreativos de escala zonal y vecinal; servicios urbanos básicos de escala zonal; comercio de escala zonal y vecinal; servicios empresariales de escala zonal; servicios personales de escala vecinal y zonal.

Usos restringidos: Equipamientos colectivos y recreativos de escala urbana; comercio de escala metropolitana y urbana; servicios empresariales de escala urbana; servicios personales de escala urbana; servicios de alto de alto impacto de escala urbana (únicamente servicios de llenado de combustibles y expendio de bebidas alcohólicas) y zonal; actividad manufacturera de microempresas de bajo impacto.

Cambio en el régimen y zonificación de uso del suelo

El estudio normativo arroja que para el predio ubicado en la Diagonal 2B N° 82-32 Urbanización Naguara Américas identificado CHIP AAA0137 PJSY, se configuró un hecho generador de efecto plusvalía por cambio en el régimen y zonificación de usos del suelo, ya que el POT incorporó a usos urbanos un suelo que bajo el marco del Acuerdo 6 de 1990, estaba clasificado como suelo urbano de expansión.

Por su parte, el Oficio 1-2009-54433 del 14 de diciembre de 2009, expedido por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, señala:

NORMATIVA PARA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALIA

Para la realización del cálculo se aplican los lineamientos de la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998, la Resolución 620 de 2008 del IGAC, el Acuerdo 6 de 2003, el Decreto 327 de 2004.

(…)

Antes de la entrada en vigencia del Decreto 327 de 2004, el predio se encontraba reglamentado por el Acuerdo 6 de 1990, el cual se encontraba por fuera del polígono de reglamentación en área suburbana de expansión. El Acuerdo 26 de 1997 Plan de Ordenamiento Físico del Borde Occidental de la Ciudad, lo clasificó en la Zona sector Tintal con los parámetros y condiciones: Art 18. La incorporación de áreas suburbanas en los sectores sin desarrollar se hará a través de planes parciales urbanos, dentro de los cuales las unidades mínimas de actuación serán importantes.

El predio objeto de este estudio no realizó la incorporación establecida en el artículo 18 del Acuerdo 26 de 1997 ya que las disposiciones sobre usos y edificabilidad no fueron precisadas en un plan parcial mediante decreto de incorporación. De acuerdo con lo anterior y con base en el artículo 185 del Acuerdo 6 de 1990 “mientras no fueran incorporados como áreas urbanas, el desarrollo de terrenos en las áreas suburbanas estaba definido en usos agrícolas”.

NORMATIVA CON LA ACCIÓN URBANÍSTICA

El inmueble se encuentra actualmente reglamentado por el Decreto 190 de 2004, clasificándolo dentro del tratamiento de Desarrollo y en el Área de actividad residencial en Zona Residencial con actividad económica en la vivienda.

El Decreto No. 327 del 11 de octubre de 2004 que reglamenta el tratamiento de desarrollo establece lo siguiente:

Cesiones para parque y equipamientos: 25 % ANU
Índice de Ocupación: Vivienda Multifamiliar 0.28.
Índice de construcción: Básico 1.00: máximo 1.72 %.
Según el Plano No. 29 del Plan de Ordenamiento Territorial de nominado “Zonas Normativas por Demanda de Estacionamiento”, le corresponde la Zona D (demanda baja).
Uso Principal: Vivienda
Usos Complementarios: Equipamientos colectivos y recreativos de escala zonal y vecinal; servicios urbanos básicos de escala zonal; comercio de escala zonal y vecinal.
Usos restringidos: Equipamientos colectivos y recreativos de escala urbana; comercio de escala metropolitana y urbana; servicios empresariales de escala urbana; servicios personales de escala urbana.

Las partes no discuten que en vigencia del Acuerdo 6 de 1990, el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 estaba ubicado en área urbana de expansión. Tampoco controvierten que en vigencia del referido acuerdo, el predio no fue incorporado al suelo urbano, en tanto que no se dio trámite a la expedición de un plan parcial, como lo exigían las disposiciones entonces vigentes. Asimismo, las partes no discuten que el Decreto 619 de 2000 incorporó el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 al suelo urbano y que le asignó el tratamiento de desarrollo.

La discusión se centra en establecer si con la entrada en vigor del Decreto 619 de 2000, efectivamente, hubo lugar a un cambio en el régimen de uso del suelo aplicable al predio, o si, por el contrario, en aplicación de las normas de transición, el cambio en el régimen de uso del suelo estaba sujeto a la expedición de la reglamentación correspondiente.

El Decreto 619 de 2000 adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y derogó, expresamente, el Acuerdo 6 de 1990, que adoptó el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá.

No obstante, la derogatoria del Acuerdo 6 de 1990, el artículo 515 del Decreto 619 de 2000 estableció un régimen de transición para la aplicación de las normas del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante esa norma.

El numeral nueve del artículo 515 ibídem estableció que “[L]as normas sobre usos y tratamientos, contenidas en el Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios, se continuarán aplicando hasta tanto se expida la reglamentación del presente Plan.”

La reglamentación a que se refiere la norma transcrita, en lo que al tratamiento de desarrollo corresponde, fue adoptada mediante el Decreto 327 de 2004.

Según la demandante, en aplicación del artículo 515 del Decreto 619 de 2000, el predio con matrícula inmobiliaria 50S-40034610 podía ser desarrollado conforme la incorporación al suelo urbano dispuesta por el Plan de Ordenamiento Territorial y que, en lo pertinente, debía aplicarse la reglamentación prevista en los decretos 373 y 374 de 1993.

La Sala considera que, contrario a lo que la demandante alega, los decretos 373 y 374 de 1993 no eran aplicables para efectos del desarrollo urbanístico, de conformidad con la incorporación al suelo urbano dispuesta por el Decreto 619 de 2000, pues esas normas reglamentaban el Acuerdo 6 de 1990, norma según la cual, el predio estaba ubicado en un área urbana de expansión.

Si bien es cierto que los decretos 373 y 374 de 1993 reglamentaron el tratamiento de desarrollo, esa reglamentación fue adoptada en el marco del Acuerdo 6 de 1990, de tal forma que su aplicación, al amparo de lo previsto en el artículo 515 del Decreto 619 de 2000, tenía lugar en la medida en que tuvieran por objeto regular situaciones que se enmarcaran como tratamiento de desarrollo, pero según lo previsto en el Acuerdo 6 de 1990.

En consecuencia, la Sala considera que el Decreto 619 de 2000 no modificó el régimen de uso del suelo aplicable al predio, porque su aplicación estaba supeditada a la adopción de la reglamentación correspondiente, condición que solo vino a verificarse con la expedición del Decreto 327 de 2004.

Por el contrario, y como se señala en los actos demandados, la acción urbanística que efectivamente modificó el régimen del uso del suelo fue el Decreto 327 de 2004, que materializó la incorporación a suelo urbano que dispuesta en el Acuerdo 6 de 1990.

Por lo anterior, la Sala considera que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que están investidos los actos administrativos demandados. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

Por último, con relación a la condena en costas, el artículo 188 del CPACA determina que la liquidación y ejecución de la eventual condena en costas se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Por su parte, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), dispone en el numeral octavo que:

Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

En el caso concreto, no aparece ningún elemento de prueba que justifique la imposición en esta instancia de las costas solicitadas. En consecuencia, no existe fundamento para su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia del 12 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Ekko Promotoras S.A. contra la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sala

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.