Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2012-00375-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2012-00375-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2012-00375-02
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
3 de diciembre de 2020
Radicado: 25000-23-37-000-2012-00375-02 (23540)
Demandante: Fiduciaria Bogotá S. A. y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., tres (03) de diciembre de dos mil veinte (2020)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2012-00375-02 (23540)
Demandantes: Fiduciaria Bogotá S. A. (Fidubogotá S. A.), Inversiones los Sauces
Bermúdez & Cía. SCA, Ramírez Monzón y Cía. Ltda., Álvaro
Eduardo García Jiménez.
Demandada: Secretaría Distrital de Planeación
Temas: Participación en la plusvalía. Hecho generador. Englobe de predios.
Licencia de urbanismo. Actuación urbanística.
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 2020CE-SUJ-4-006
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 25 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A (ff. 530 a 550), que negó las
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previa solicitud de licencia de construcción, radicada el 16 de febrero de 2010 por
Inversiones los Sauces Bermúdez & Cía. SCA, Ramírez Monzón y Cía. Ltda. y Álvaro
Eduardo García Jiménez (ff. 22 y 23 caa), concedida por la Curaduría Urbana nro. 3 de
Bogotá, a través del acto LC 10-3-00345, del 13 de mayo del mismo año (ff. 110), la
Secretaría Distrital de Planeación, mediante la Resolución nro. 0712, del 12 de junio de
2012, determinó oficialmente la plusvalía para el englobe de los predios con folios de
matrícula inmobiliaria nros. 50C-574420, 50C-38986 y 50C-134201, ubicados en la UPZ
Chicó Lago, estableciéndola en $108.288,65 por metro cuadrado y fijando, en su favor,
una participación del 50 %, i. e., $54.144,32 por m2 (ff. 152 a 155), decisión que, tras la
interposición del recurso de reposición, fue confirmada por la Resolución nro. 067, del
05 de febrero de 2013 (ff. 254 a 263).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Radicado: 25000-23-37-000-2012-00375-02 (23540)
Demandante: Fiduciaria Bogotá S. A. y Otros
Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), los demandantes formularon las siguientes
pretensiones (ff. 243 a 245) 1:
Primera pretensión: que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la
Resolución 0712, del 12 de junio de 2012, proferida por la Secretaria Distrital de Planeación, por
medio de la cual se liquidó el efecto plusvalía para el englobe de predios ubicados en la carrera 3
nro. 76-05, carrera 3 nro. 76-17 y diagonal 76 nro. 3-05, identificados con Chip AAA0093YRPA,
AAA0093YROM y AAA0093YRNX y folios de matrícula inmobiliaria nros. 50C-00574420, 50C-
38986 y 50C-134201. Englobados en el inmueble ubicado en la carrera 3 nro. 76-35, identificado
con folio de matrícula 50C-1850171 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá.
Segunda pretensión: que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la
Resolución 067 del 05 de febrero de 2013, proferida por la Secretaría Distrital de Planeación, por
medio de la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo
contenido en la Resolución 0712, del 12 de junio de 2012, en la cual se liquide el efecto plusvalía
para el englobe de predios ubicados en la carrera 3 nro. 76-05, carrera 3 nro. 76-17 y diagonal 76
nro. 3-05, identificados con Chip AAA0093YRPA, AAA0093YROM y AAA0093YRNX y folios de
matrícula inmobiliaria nros. 50C-00574420, 50C-38986 y 50C-134201, englobados en el inmueble
ubicado en la carrera 3 nro. 76-35, identificado con folio de matrícula 50C-1850171 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Bogotá.
Tercera pretensión: que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, se declare
que no hay lugar a la causación de la plusvalía para el englobe de los predios ubicados en la
carrera 3 nro. 76-05, carrera 3 nro. 76-17 y diagonal 76 nro. 3-05, identificados con Chip
AAA0093YRPA, AAA0093YROM y AAA0093YRNX y folios de matrícula inmobiliaria nros. 50C-
00574420, 50C-38986 y 50C-134201 Englobados en el inmueble ubicado en la carrera 3 nro. 76-
35, identificado con folio de matrícula 50C-1850171 de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Bogotá.
Cuarta pretensión: que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, se restablezca
el derecho de mis mandantes y se ordene a la Secretaría Distrital de Planeación la restitución de la
suma de ciento dos millones treinta y nueve mil pesos ($102.032.000,00), pagados por concepto
de participación por plusvalía para los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria
nros. 50C-00574420, 50C-38986 y 50C-134201. Englobados en el inmueble ubicado en la carrera
3 nro. 76-35, identificado con folio de matrícula 50C-1850171 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Bogotá.
Quinta pretensión: que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, se restablezca
el derecho de mis mandantes y se ordene la cancelación de cualquier inscripción relacionada con
la liquidación del efecto plusvalía con base en la Resolución 0712, del 12 de junio de 2012 y 067
del 05 de febrero de 2013, en los folios de matrícula nros. 50C-00574420, 50C-38986 y 50C-
134201 y lo que se segreguen de estos.
Sexta pretensión: que se condene a la Secretaría Distrital de Planeación a pagar a mis mandantes
los valores señalados en la pretensión anterior, indexados y actualizados en los términos del inciso
4.° articulo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Séptima pretensión: que se condene a la Secretaría Distrital de Planeación a pagar a mis
mandantes intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso
sobre cualquier suma que sea reconocida a título de restablecimiento del derecho, en los términos
del inciso 3.° del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Octava pretensión: que se condene a la Secretaría Distrital de Planeación a las costas y agencias
en derecho, de confinidad con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1 La demanda fue corregida para reformar las pretensiones, actos demandados, hechos, concepto de violación,
pruebas y los sujetos procesales. Mediante auto del 28 de agosto de 2013, el tribunal negó la reforma de la demanda
frente a los sujetos procesales y, en lo demás, la aceptó (ff. 344 a 346). La demandante, apeló para que se aceptaran
como demandantes a las sociedades Inversiones los Sauces Bermúdez & Cía. SCA, Ramírez Monzón y Cía. Ltda. y
el señor Álvaro Eduardo García Jiménez (ff. 347 a 353), impugnación que fue decidida favorablemente por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en auto del 10 de noviembre de 2015 (ff. 372 a 380).
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A los anteriores efectos, invocaron como violados los artículos 82 y 363 de la
Constitución; 8.º, 74, 79, 80 y 81 de la Ley 388 de 1997; 435 del Decreto Distrital 619 de
2000; 9.º del Decreto Distrital 084 de 2004, y 334 del Decreto Distrital 190 de 2004. El
concepto de violación de estas disposiciones se resume así (ff. 248 a 281):
Expresaron que, con posterioridad al Acuerdo 6 de 1990, el distrito expidió el POT 619
de 2000 y, con ocasión de este, el Decreto 075 de 2003 reglamentó la UPZ 88/97 El
Refugio, Chicó Lago, que otorgó mejores condiciones de edificabilidad para los predios
allí ubicados desde su entrada en vigor el 26 de febrero de 2003. Para la fecha de
entrada en vigencia del referido decreto, el concejo distrital no había adoptado la
participación en plusvalía, puesto que esta fue establecida en el Acuerdo 118 de 2003,
que entró a regir el 30 de diciembre de ese año.
En ese entendido, manifestaron que, aunque sus predios estaban ubicados en la
referida UPZ y se vieron beneficiados del Decreto 075 de 2003 en un incremento de los
índices de edificabilidad, ello no concretó la realización del hecho generador de la
participación en la plusvalía en los términos establecidos en la Ley 388 de 1997 y en el
Acuerdo 118 de 2003, porque en ese momento dicha plusvalía todavía no había sido
implementada en la ciudad y, una interpretación contraria, quebrantaría el principio de
no retroactividad en materia tributaria (artículo 363 Constitución). Sin perjuicio de ello,
recalcaron que lo relevante era que ese decreto fue el que aumentó los índices de
edificabilidad, a pesar de que no constituyera hecho generador del tributo pues aún no
se había adoptado.
Con posterioridad, el Decreto 059 de 2007 subrogó el Decreto 075 de 2003, aquella
norma continuó la reglamentación de la UPZ 88/97 El Refugio, Chicó Lago. En el año
2010, estando vigente el Decreto 059 de 2007, los predios de la parte demandante
fueron sometidos a englobe y, dado que sobre los mismos se había solicitado licencia
para demoler y construir obra nueva, el ente demandado, en el trámite de la expedición
de la licencia, consideró que se había causado la participación en plusvalía porque, de
una parte, el Decreto 059 de 2007 constituyó la acción urbanística que aumentó los
índices de edificabilidad en comparación con los previstos en el Acuerdo 6 de 1990
(anterior norma que regulaba el ordenamiento territorial) y, por otra parte, el englobe de
los predios producía un aumento en los índices edificabilidad configurativo del hecho
generador de la participación en plusvalía, conforme al artículo 7.º del Decreto
Reglamentario 084 de 2004 (reglamentario del Acuerdo 118 de 2003).
Plantearon que no se causó la plusvalía discutida, en tanto que el Decreto 059 de 2007
no otorgó un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, pues mantuvo los
mismos índices de edificabilidad que traía el Decreto 075 de 2003 para el sector
normativo en el que se encontraban los predios sometidos a englobe. En ese sentido, a
juicio de los actores, el distrito erró al comparar los índices de edificabilidad entre el
Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 059 de 2007, pues olvidó que la norma que había
aumentado los índices de edificabilidad lo había sido el Decreto 075 de 2003, así que la
comparabilidad que debió hacerse para corroborar si hubo acción urbanística que
brindara mejor aprovechamiento del uso del suelo era entre los decretos 075 de 2003 y
el 059 de 2007, este último expedido en vigencia del acuerdo que adoptó la
participación en plusvalía. Que, si bien ambos decretos se expidieron dentro del mismo
POT, cada uno constituyó una acción urbanística, de tal forma que no se trató de la
misma, como de forma equivocada lo interpretó la entidad demandada.
Adicionalmente, precisaron que el procedimiento de englobe no podía hacer parte del
hecho generador del efecto plusvalía, pues, a la luz del artículo 3.º del Acuerdo 118 de
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2003, en consonancia con el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, el hecho imponible lo
constituiría la realización de las acciones urbanísticas allí fijadas y, para el caso
discutido, se trataba de establecer si se otorgó un mayor aprovechamiento del suelo en
edificación.
Seguidamente, sostuvieron que los actos acusados fueron expedidos de forma
irregular, dado que el cálculo del efecto plusvalía no se sujetó al procedimiento y al
término previsto en los artículos 80 de la Ley 388 de 1997 y 1.° del Decreto Distrital 084
de 2004.
Contestación de la demanda
El distrito se opuso a las pretensiones de la demanda (ff. 175 a 199 y 355 a 358), en los
siguientes términos:
Formuló las excepciones de inepta demanda por vicios en el poder y en la identificación
del representante legal de la fiduciaria demandante y su domicilio, así como la falta de
agotamiento del requisito de la conciliación. Sin embargo, en la audiencia inicial
celebrada el 02 de febrero de 2017, el tribunal las declaró no probadas, debido a que la
actora subsanó los defectos formales de la demanda y a que, por ser un asunto de
carácter tributario, no podía tramitarse la conciliación (ff. 384 a 404).
En lo que atañe a la defensa de los cargos de nulidad, consideró que la realización del
hecho generador del efecto plusvalía previsto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997,
en algunas ocasiones, se configura con la acción urbanística contenida en una norma
general que se completa con la posterior expedición de un acto administrativo
particular, que reconoce lo que la norma general autoriza.
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que, si bien el Decreto 075 de 2003 estableció unos
índices de ocupación y construcción superiores a los del Acuerdo 06 de 1990, es lo
cierto que esas mejores condiciones de edificabilidad se concretaron con la expedición
de la licencia de construcción y el englobe de los predios, todo lo cual ocurrió en el año
2010, esto es, con posterioridad al Acuerdo 118 de 2003 y en vigencia del Decreto 059
de 2007.
Al efecto, afirmó que, como a la entrada en vigencia del Decreto 075 de 2003, los
englobes no entraban en los cálculos y previsiones del efecto plusvalía, ante el
advenimiento de esa posibilidad, tanto el Decreto 084 de 2004, como el Decreto 059 de
2007, permitieron la ulterior verificación del plusvalor que generó esos englobes. Por
ello, antes de tramitar la licencia de construcción, la curaduría debió oficiar a la
Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, para comprobar esa situación.
Sostuvo que el POT (Decreto 619 de 2000) y los decretos 075 de 2003 y 059 de 2007
son una misma acción urbanística, de manera que, a efectos de determinar la
concreción del hecho generador de la participación en la plusvalía, resulta
improcedente que estas normas se comparen entre sí. Teniendo en cuenta esto, y
siendo que este último decreto era la norma vigente para cuando se tramitó la licencia y
se realizó el englobe, por lo mismo debe ser esta norma la que se compare con el
Acuerdo 06 de 1990.
Por último, adujo que el hecho de que la Administración no hubiera liquidado de forma
general el efecto plusvalía para toda la UPZ 88/97 El Refugio, Chicó Lago, dentro de los
términos fijados en los artículos 80 de la Ley 388 de 1997 y 1.° del Decreto Distrital 084
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de 2004, no significaba que no lo pudiera hacer con ocasión de la expedición de la
licencia de construcción, puesto que, según el entendimiento del Consejo de Estado,
los términos procesales que tiene la Administración para adoptar sus decisiones son
perentorios, mas no preclusivos.
Sentencia apelada
El a quo negó las pretensiones de la demanda (ff. 530 a 550), para lo cual:
Consideró que, en el caso específico, el hecho generador de la participación en la
plusvalía se perfeccionó con la licencia de urbanismo y el englobe, en tanto que esas
actuaciones administrativas permitieron materializar la mayor edificabilidad autorizada
por la acción urbanística, compuesta por el POT y los decretos 075 de 2003 y 059 de
2007, edificabilidad que, los predios individualmente considerados, no alcanzaban a
desarrollar.
Añadió que, contrario al entendimiento de la parte demandante, los decretos 075 de
2003 y 059 de 2007, que desarrollaron la UPZ 88/97 El Refugio, Chicó Lago, no
constituyen una decisión autónoma del POT, por cuanto son la herramienta de
ejecución de las políticas y directrices señaladas en ese plan, de modo que la
comparación normativa, a efectos de establecer la ocurrencia del hecho generador de
la participación en la plusvalía, no podía hacerse entre los mentados decretos.
Puntualizó que, como el hecho generador de la participación en la plusvalía se
perfeccionó en el año 2010 con la expedición de la licencia de urbanismo y la
realización del englobe, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo
118 de 2003, no hubo aplicación retroactiva del tributo.
Por último, estableció que, teniendo en cuenta que el hecho generador se perfeccionó
en el año 2010, no hubo expedición irregular de los actos demandados, ya que una vez
solicitada la licencia se activó el procedimiento de determinación de la participación en
plusvalía.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia (ff. 559 a 584), así:
Reprochó que el tribunal hubiera considerado que la autorización específica a que hace
referencia el artículo 74 de Ley 388 de 1997, como hecho generador de la participación
en la plusvalía, corresponda a la expedición de la licencia de construcción, ya que, por
disposición legal, la autorización específica para desarrollar usos más rentables o
aumentar potencial edificatorio de un predio solo puede darse por el ejercicio de la
función pública del ordenamiento territorial, esto es, a través del POT y/o los
instrumentos que lo complementan y desarrollan, como las Unidades de Planeamiento
Zonal —UPZ—. Al efecto, realizó la distinción entre actuación urbanística (licencia de
construcción) y acción urbanística, para indicar que solo esta última puede configurar el
hecho generador de la referida participación.
Agregó que, en el caso específico, esa acción urbanística está contenida en el Decreto
075 de 2003, que adoptó la UPZ 88/97 El Refugio, Chicó Lago, porque fue la norma
que permitió una mayor edificabilidad de la zona, en relación con lo que autorizaba el
Acuerdo 06 de 1990, pero que, como a la entrada en vigencia de ese decreto no se
había establecido en el Distrito Capital la participación en la plusvalía, ese aumento de
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edificabilidad no concretó ningún hecho generador de este gravamen, a menos que se
haga una aplicación retroactiva del tributo.
Luego, insistió en que el POT y la UPZ 88/97 El Refugio, Chicó Lago son acciones
urbanísticas autónomas e independientes, aun cuando las UPZ dependan del POT. En
ese entendido, reiteró que, para efectos de liquidar el efecto plusvalía, el estudio de
comparabilidad debe efectuarse entre los decretos 075 de 2003 y 059 de 2007 y que,
como este último no estableció usos más favorables en relación con la norma anterior,
no hubo hecho generador de la participación. A continuación, reprodujo el cargo
relacionado con que la liquidación del plusvalor no se expidió dentro del término fijado
en los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997.
Alegatos de conclusión
La parte demandante y el demandado reiteraron los argumentos de apelación y de la
contestación, respectivamente (ff. 11 a 34 y 35 a 41 c 2). Con todo, el distrito recabó
acerca de que los actos acusados se refieren a una situación fáctica y jurídica compleja:
el englobe, frente al cual la Ley 388 de 1997 no estableció norma o procedimiento
específico, como sí lo hizo la normativa local a través de los artículos 7.° del Decreto
Distrital 084 de 2004 y 14 del Decreto 059 de 2007. Igualmente, hizo hincapié en que el
hecho generador se concretó con el englobe y con la licencia para construir.
El Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- En ejercicio de sus atribuciones constitucionales como tribunal supremo de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y con fundamento en los artículos 270 y
271 del CPACA y 14, ordinal 2.º, del Reglamento Interno de esta corporación (Acuerdo
nro. 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado profiere sentencia de
unificación jurisprudencial sobre el hecho generador del efecto plusvalía, previsto en el
Acuerdo 118 de 2003, emitido por el Concejo Distrital de Bogotá, en consonancia con el
artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
La necesidad de sentar y unificar las reglas que dan respuesta a la cuestión que se
abordará en el caso objeto de enjuiciamiento, está dada por la importancia que tiene la
participación en plusvalía en la ordenación del territorio, pues se encuentra destinada a
cumplir los fines previstos en el artículo 85 de la Ley 388 de 1997, pero en la práctica su
funcionamiento ha dado lugar a numerosas discusiones. De allí que resulte necesario
que la jurisprudencia analice las normas que gobiernan este instrumento urbanístico, en
particular, las relacionadas con el hecho generador y la exigibilidad de este, a efectos
de establecer criterios claros que encaminen la correcta determinación del mismo y
guíen la normativa local que lo adopta y, de paso, unificar posiciones jurisprudenciales
contrapuestas en torno a la expresión «autorización específica», del artículo 74 de la
Ley 388 de 1997.
2- En esas condiciones, esta corporación decide sobre la legalidad de los actos
demandados, de conformidad con los cargos de apelación formulados por la parte
demandante contra la sentencia del tribunal que negó la nulidad de aquellos.
En concreto, corresponde analizar si se configuró el hecho generador de la
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participación en plusvalía liquidada en los actos demandados a cargo de la parte
demandante. De ser así, se pasará a estudiar si la expedición de estos actos
desconoció el procedimiento fijado para liquidar este gravamen.
2.1- En relación con el primer planteamiento jurídico, a juicio de la parte apelante, las
normas que se debieron comparar, a efectos de establecer si hubo mayor
aprovechamiento de los índices de edificabilidad, eran los decretos 075 de 2003 y el
059 de 2007 y tal confrontación arrojaba que no hubo hecho generador de participación
en plusvalía. Al efecto, señala que cada uno de esos decretos constituyeron acciones
urbanísticas. El Decreto 059 de 2007 fue expedido con posterioridad al Acuerdo 118 de
2003, que adoptó la participación en plusvalía en el Distrito Capital, y se encargó de
reglamentar la UPZ 88/97 El Refugio, Chicó Lago; entre otras cosas, reguló los índices
de edificabilidad aplicables al sector normativo donde se encontraban los predios de
Fiduciaria de Bogotá. La norma inmediatamente anterior a esa disposición del 2007 fue
el Decreto 075 de 2003, que respecto de los índices de edificabilidad del sector en el
que se ubican los referidos predios coincide con los establecidos en el Decreto 059 de
2007, de manera que este último mantuvo esos índices y no generó un mayor
aprovechamiento del suelo en relación con la normativa predecesora.
En contraste, el distrito sostiene que el Decreto 619 de 2000 (POT), junto con los
decretos 075 de 2003 y 059 de 2007 conformaron una sola acción urbanística que
aumentó los índices de edificabilidad en relación con los establecidos en el Acuerdo 6
de 1990. El hecho generador de la participación en plusvalía se perfeccionó cuando la
licencia de construcción anunció que los predios de Fiduciaria de Bogotá se someterían
a englobe, sucesos que tuvieron lugar en el año 2010, en vigencia del Decreto 059 de
2007. Como la norma inmediatamente anterior a ese decreto fue el Acuerdo 6 de 1990,
que establecía unos índices de edificación menores a los ulteriormente otorgados a la
UPZ El Refugio, Chicó Lago, el demandado halló que hubo un mayor aprovechamiento
del suelo que causó el efecto plusvalía. En ampliación de su posición, en la
contestación consideró que, a la luz del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, el englobe
de los predios fungió como una autorización específica que perfeccionó el hecho
generador del instrumento urbanístico discutido y también enfatizó que el englobe
aseguró un mayor aprovechamiento en la edificación, pues el artículo 7.º del Decreto
084 de 2004 difirió en el tiempo la concreción del hecho generador en los casos en que
hubiera englobe.
3- En contexto de lo que hoy conocemos como participación en plusvalía, debe
mencionarse que con ocasión del artículo 106 de la Ley 9 de 1989 se estableció una
contribución de desarrollo municipal a cargo de los propietarios o poseedores de
predios urbanos o suburbanos que como resultado del esfuerzo social o estatal
adquirieran una plusvalía en sus terrenos, norma que enfrentó cuestionamientos
relacionados con su validez, habida consideración de que no tenía sustento en los
principios tributarios constitucionales. Ese antecedente que pretendía reconocer un
plusvalor a favor de la Administración fue superado a partir de la Constitución de 1991;
puntualmente, el artículo 82 estableció el derecho de participar en el plusvalor de los
terrenos a favor de las entidades públicas por cuenta de la acción urbanística por ellas
adelantada. De esa forma, en vigencia de la Carta de 1991, el Gobierno promovió los
proyectos de ley 95 de 1995 y 52 de 1995 que se unificaron en el trámite legislativo, lo
que dio como resultado la Ley 388 de 1997, modificatoria tanto de la referida Ley 9 de
1989 como de la Ley 3 de 1991, esta última relacionada con el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social. En particular, esta nueva ley propende por intervenir el
ordenamiento y reordenamiento urbano, así como regular los mecanismos de
financiación para proveer los bienes y servicios que se necesitarían ante el crecimiento
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de las urbes, por lo cual derogó el mencionado artículo 106 de la Ley 9 de 1989. La
expresión de «entidades públicas» que trae el artículo 82 constitucional, en consonancia
con las disposiciones de la Ley 388 de 1997 conducen a concluir que, de momento,
este derecho solo lo tienen los municipios, distritos y áreas municipales cuando ejercen
esa función pública.
En concordancia con los objetivos indicados en el artículo 1.º de la Ley 388 de 1997, el
artículo 8.° ibidem dispone que la función pública del ordenamiento del territorio se
ejerce a través de la acción urbanística y, a continuación, relaciona una serie de
acciones urbanísticas no taxativas, relacionadas con el ordenamiento territorial,
tendentes a regular los usos del suelo y del espacio aéreo urbano. Dentro de estas,
merecen destacarse, por interesar al caso, «la zonificación y localización de los centros
de producción, actividades terciarias y residenciales, y [la] defini[ción] de los usos
específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de
ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas»
(ordinal 3.°), acciones estas que deben estar contenidas o autorizadas en los planes de
ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen, en
los términos previstos en dicha ley (parágrafo).
Según la noción del artículo 73 de la Ley 388 de 1997 que se afinca en lo prescrito en el
artículo 82 constitucional, solo cuando la acción urbanística genera beneficios por el
mejor aprovechamiento del suelo y del espacio aéreo, que, de suyo, implica una
plusvalía de la tierra, surge el derecho de los municipios, distritos y áreas
metropolitanas a participar en ese plusvalor. Con ocasión de ello, la norma señala que
los concejos municipales y distritales podrán adoptar la participación en plusvalía,
mediante acuerdos de carácter general y su destino será para fomentar el interés
común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar
equitativamente: (i) los costos del desarrollo urbano; (ii) el mejoramiento del espacio
público, y (iii) la calidad urbanística del territorio municipal o distrital.
Así, la participación en plusvalía es un instrumento urbanístico que permite capturar los
aumentos de valor de la tierra, concretamente, los que se producen por una decisión
administrativa sobre el uso del suelo, que es un bien propiedad del Estado. Por lo tanto,
aun cuando comparte algunos rasgos con los tributos, su naturaleza es propia, de allí
que encaje mejor dentro del sistema de reparto y del principio de distribución equitativa
de cargas y beneficios del derecho urbano. La finalidad de la participación en comento,
más que proveer el financiamiento del gasto público, es captar el plusvalor para evitar
fenómenos económicos indeseables, como la especulación que se da ante el
imperfecto mercado del suelo, y redistribuirlo mediante gastos que permitan desarrollar
el derecho a la ciudad.
En esa línea, en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 se indican cuáles son los hechos
generadores que dan derecho a participar en la plusvalía y, a tal fin, nuevamente la
norma aduce que se trata de acciones urbanísticas como las señaladas en el
mencionado artículo 8.º ídem que autorizan específicamente a destinar el inmueble a un
uso más rentable o a incrementar el aprovechamiento del suelo, permitiendo una mayor
área edificada, de acuerdo con lo reglado en los planes de ordenamiento territorial o en
los instrumentos que lo desarrollen o complementen. Específicamente, la norma tipifica
tres supuestos: (i) la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la
consideración de parte del suelo rural como suburbano; (ii) el establecimiento o
modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo, y (iii) la autorización de un
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mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de
ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez2.
Una vez adoptada en la jurisdicción municipal la participación en la plusvalía, la
configuración del hecho generador requiere que con posterioridad a su entrada en vigor
se adopte una acción urbanística, y su causación se dará desde el mismo momento en
que los usos del suelo y los índices de edificabilidad muten a unos potencialmente más
favorables, independientemente de que esas mejores condiciones sean o no
aprovechadas materialmente por el propietario.
3.1- Ahora bien, la acción urbanística, vista desde el derecho urbano, emana de la
autoridad pública que tenga competencia en materia de ordenamiento territorial y de
regulación en el nivel de reglamentación, dado que cada una de las acciones
urbanísticas que enumera el artículo 8.º de la Ley 388 de 1997 tiene como común
denominador el hecho de que atañe a las funciones que sirven para desarrollar el
territorio y estas solo pueden ser ejercidas por las autoridades que fija la Constitución y
la ley.
A propósito de ello, en su momento, el artículo 7.º de la ley en comento, asignó las
distintas competencias en ordenamiento territorial que tendrían la nación y los entes
territoriales, pero dicha norma se declaró inconstitucional por parte de la Corte
Constitucional en la sentencia C-795 de 2000, dado que debía ser una ley orgánica la
que fijara ese tipo de atribuciones (art. 288 constitucional). Solo fue con la expedición
de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011 que se superó el defecto
de la referida ley ordinaria, sin que pueda desconocerse que, incluso antes de la ley
orgánica, la Constitución había encomendado a los concejos municipales y distritales la
adopción de planes y programas de obras públicas y la reglamentación de los usos del
suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades
relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda
(artículo 313, numerales 1 y 7 de la Carta)3. De esta forma, la autoridad que tendrá
competencia para realizar acciones urbanísticas que, eventualmente, signifiquen un
aprovechamiento del suelo corresponderá al señalado concejo municipal o distrital y a
quienes indique la ley.
Por ello, el parágrafo del artículo 8.º de la Ley 388 de 1997 establece que las acciones
urbanísticas deben estar contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento
territorial o en los instrumentos que la desarrollen o complementen, pues no se trata de
que cualquier autoridad pueda regular el territorio y asignar usos del suelo y el
establecimiento de obras de infraestructura, sino que, en principio y con las salvedades
que fija la ley, debe ser un órgano de representación popular quien ordene el territorio y
fije los planes y programas de obras públicas.
En ese entendimiento, debe diferenciarse las acciones urbanísticas de las actuaciones
urbanísticas que señala el artículo 36 ídem, dado que estas se concentran en gestiones
y ejecución de medidas orientadas por el plan de ordenamiento y corresponden a la
parcelación, urbanización y edificación de inmuebles. Tales actuaciones podemos
agruparlas en el licenciamiento o autorización que emiten ciertas autoridades —
curadurías— para intervenir suelos u obras específicas (licencias de urbanización,
2 Cabe registrarse, que el artículo 87 de la citada ley, establece que los municipios pueden financiar obras públicas
con la participación en plusvalía, en cuyo caso no podrá determinarse y cobrarse la contribución de valorización, pero
para el caso que se propone unificar esta Sala de decisión, baste con puntualizarse que el análisis recaerá sobre la
acción urbanística como hecho generador del efecto plusvalía.
3 Lo propio hizo con las asambleas departamentales (artículos 300 Constitución).
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parcelación y construcción), actos administrativos que no pueden equipararse a las
acciones urbanísticas, por cuanto no tienen la entidad de ordenar el territorio. A este
respecto, de conformidad con el inciso tercero de la citada norma, la regulación de
dichas actuaciones administrativas puede derivar en que los municipios, distritos o
áreas metropolitanas deban adoptar acciones urbanísticas que, eventualmente,
generen mayor valor a los inmuebles en cuyo caso se causará el derecho a participar
en el plusvalor, pero, aún en ese evento, es la acción urbanística la que concretará la
realización del hecho generador, que no la actuación urbanística.
A la luz de lo expuesto, debemos precisar que no toda acción urbanística consolidará el
hecho generador de la participación en plusvalía, pues dependerá de que esa decisión
administrativa genere la destinación del inmueble a un uso más rentable o incremente
el aprovechamiento del suelo. De igual forma, dentro de un mismo POT la autoridad
podrá crear varias acciones urbanísticas según ello le permita desarrollar o
complementar el plan de ordenamieto. Finalmente, se advierte que la acción urbanística
se diferencia sustancialmente de la actuación administrativa, en la medida en que esta
última no puede interpretarse como parte del hecho generador de la plusvalía, dado que
no tiene el alcance por si sola de ordenar el territorio y otorgar plusvalor a la propiedad.
Es por ello que la licencia de construcción (actuaciones urbanísticas) o el trámite de
englobe de los predios no tienen la naturaleza de ordenar el territorio ni complementar
ese tipo de normativa, sino que sirven para concretar las modificaciones que se
pretendan sobre los predios.
3.2- La Sección Cuarta, al resolver controversias sobre el nacimiento de la obligación
de la participación en plusvalía, ha sostenido dos posiciones. Una primera que ha fijado
que el hecho generador se causa con la acción urbanística que otorgue un mejor
provecho al predio del propietario o poseedor, pues ha entendido que esta es la
autorización específica prevista por la ley4 de manera que la expedición de la licencia
de urbanismo y construcción, los actos de transferencia del dominio, el cambio de uso
efectivo, la adquisición de títulos de edificabilidad, la construcción y el desarrollo son los
momentos fijados por la norma para la exigibilidad. Una segunda tesis tendió a
identificar dos supuestos en la causación de la plusvalía, con una suerte de figura de
hecho generador compuesto, en la cual se requiere inicialmente de la expedición de
una norma general y, posteriormente, de una autorización específica entendida esta
como las licencias urbanísticas u otro tipo de trámite administrativo que recayera sobre
el inmueble, como lo podría ser el sometimiento a englobe5.
La línea judicial que reconocía dos momentos de realización del hecho generador partía
de la interpretación del artículo 74 de Ley 388 de 1997, según el cual el hecho
imponible de la plusvalía son las decisiones administrativas que configuran acciones
urbanísticas «y que autorizan específicamente ya sea destinar el inmueble a un uso
más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo (…)». Al acotarse lo que
4 Posición sentada en la sentencia del 24 de marzo de 2011 (exp. 17083, CP: William Giraldo Giraldo) y reiterada por
la Sección en las sentencias del 13 de septiembre de 2012 (exp. 18063, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), del
08 de junio de 2017 (exp. 21001, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), del 10 de abril de 2019 (exp. 21882, CP:
Stella Jeannette Carvajal Basto), del 25 de julio y del 01 de agosto de 2019 (exps. 22268 y 21937, CP: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez).
5 Entre otras, las sentencias que se filiaron con esa idea fueron las siguientes: del 05 de diciembre de 2011, (exp.
16532, CP: Carmen Teresa Ortiz); del 10 de septiembre de 2014 (exp. 19402, CP: Martha Teresa Briceño De
Valencia); del 12 de diciembre de 2014 (exp. 18944, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); del 26 de febrero de
2015 (exps. 20349 y 19526, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia y Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
respectivamente); del 19 de noviembre de 2015 (exp. 21064, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia); del 25 de
septiembre de 2017 (exp. 21596, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); del 07 de noviembre de 2017 (exp. 20596,
CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez); del 03 de mayo de 2018 (exp. 20612 del 03 de mayo de 2018, CP: Milton
Chaves García), y del 18 de julio y 18 de octubre de 2018 (exps. 21941 y 21698, CP: Milton Chaves García).
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se entendía como autorización específica, la Sección incluyó como parte de la
causación la expedición de licencias de construcción, como la concreción del
aprovechamiento de la rentabilidad del predio.
En sintonía con la primera corriente de providencias, la sentencia del 24 de marzo de
2011 (exp. 17083, CP: William Giraldo Giraldo) estableció que el hecho generador de la
participación en plusvalía consiste en una acción urbanística que brinde mayor
provecho a los predios, la cual ha de estar contenida en los planes de ordenamiento
territorial o en los instrumentos que lo desarrollen o complementen. De esa forma, la
expedición de la licencia de construcción es un hecho contemplado por la ley como el
momento de la exigibilidad del instrumento urbanístico, que no el de causación de este.
Si bien la Sala en sentencias del 10 de abril de 2019 (exp. 21882, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto), del 25 de julio y del 01 de agosto de 2019 (exps. 22268 y 21937, CP:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez) fue contundente en reiterar que la acción urbanística
es la que configura el nacimiento de la obligación, de forma tal que la expedición de la
licencia de construcción y demás actuaciones urbanísticas harán parte del momento de
la exigibilidad de la participación en plusvalía, lo cierto es que no puede desconocerse
que hubo otras providencias que con anterioridad plasmaron la idea de que el hecho
generador era compuesto, todo ello, a partir del entendimiento que la Sección Cuarta
daba a la expresión «autorización específica» que trae la definición de hecho generador
del artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
Teniendo en cuenta que la variación en las posiciones de la Sala recae sobre la
interpretación de lo que por autorización específica debería considerarse, en esta
ocasión, la Sala unificará como regla de decisión ese aspecto, y fijará la consecuencia
de tal entendimiento con respecto a la aplicación de la ley en el tiempo, así:
1) A efectos del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, la autorización específica que
configura el hecho generador de la participación en plusvalía es la acción
urbanística, entendida en los términos del artículo 8.º ibidem, que permita la
destinación del predio a un uso más rentable o incrementar el aprovechamiento
del suelo, en los eventos señalados en la disposición. La acción urbanística
podrá estar contenida en los planes de ordenamiento territorial, o en los
instrumentos que lo desarrollan o complementan (art. 9 Ley 388 de 1997) e,
incluso, se podrá generar una nueva acción urbanística en vigencia de un
mismo plan.
La participación en plusvalía se causa siempre y cuando el ente territorial,
previo a la acción urbanística, haya adoptado dicha exacción.
2) La anterior regla jurisprudencial de unificación rige para los trámites pendientes
de resolver en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a conflictos
decididos con antelación.
En consonancia con esta regla, la Sala puntualiza que la expedición de la licencia y los
trámites de englobe, en tanto que no son acciones urbanísticas, corresponden al
momento de exigibilidad de la participación en plusvalía. Es decir, tal como lo dispone el
artículo 83 de la Ley 388 de 1997 (antes y después de la modificación del Decreto Ley
019 de 2012), surgirá la exigibilidad de dicha obligación, previa liquidación, cuando: (i)
el acto administrativo que lo liquide fije el plazo del momento de su pago, como puede
suceder cuado se financian obras públicas con ese método de participación en el
plusvalor (art. 87 ibidem); (ii) ante la liquidación que surja para obtener la respectiva
licencia llamada en su momento de urbanismo o de construcción y que con ocasión del
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Decreto 1469 de 2011, en concordancia con el Decreto Ley 019 de 2012, pasaron a
denominarse licencias urbanísticas que podrán ser de urbanización, parcelación
subdivisión, construcción e intervención y ocupación del espacio público, según sea el
caso y de acuerdo con las normas que modifiquen dichas clases de licencias; (iii)
cuando haya transferencia de dominio del inmueble se podrá exigir el pago de la
participación en plusvalía en los casos de las acciones urbanísticas establecidas en los
numerales 1 y 3 del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, previa liquidación, y (iv) cuando
las administraciones expidan títulos valores representativos de los derechos adicionales
de construcción y desarrollo y estos sean adquiridos, el momento de la exigibilidad de la
deuda estará atado a las situaciones previstas en el artículo 88 y siguientes de la Ley
388 de 1997.
4- Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala pone de presente que, en el caso concreto,
los hechos relevantes que contextualizan la controversia son los siguientes:
(i) El 16 de febrero de 2010, los demandantes solicitaron a la Curaduría Urbana nro. 3
de Bogotá, licencia de urbanismo, en la modalidad de demolición y construcción de
obra nueva, sobre un globo de terreno conformado por los predios con folios de
matrícula nros: 50C-574420, 50C-38986 y 50C-134201 (ff. 22 y 23 ca). La curaduría
informó esta situación a Planeación Distrital, a fin de que estudiara si, por efecto del
futuro englobe, se configuraba el hecho generador de la participación en plusvalía (f. 1
ca). Planeación elaboró un estudio preliminar a través de cual concluyó que «para el
englobe mencionado, se presenta un incremento del potencial constructivo de 199.30
m2, por aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los instrumentos que lo
desarrollan, en este, el Decreto 059 de 2007, que reglamentó la UPZ 88-97 “El Refugio
– Chicó Lago”, frente a las normas del Acuerdo 6 de 1990; por tanto, se configura el
hecho generador de plusvalía por mayor área edificable». Con base en ese estudio
concluyó que se generaba una plusvalía de $144.971 por metro cuadrado a la cual
tenía derecho el distrito a participar en un porcentaje del 50 %, según el tipo establecido
en el Acuerdo 118 de 2003 (ff. 29 a 31).
(ii) Con base en el anterior estudio, el 10 de mayo de 2010, la Secretaría Distrital de
Hacienda liquidó preliminarmente la plusvalía generada sobre cada uno de los predios a
englobar, fijándola en $24.841.000, $19.260.000 y $57.938.00 (ff. 102, 104 y 105), la
cual fue pagada el 13 de mayo de 2010 (ff. 100, 101 y 103), a efectos de que se
expidiera la licencia de urbanismo, tras lo cual, finalmente, fue otorgada a través del
acto LC 10-3-0345, del 13 de mayo de 2010 (ff. 110 y 111).
(iii) Mediante Escritura Pública nro. 3275, del 14 de junio de 2012, de la Notaría 32 del
Círculo de Bogotá, Fiduciaria de Bogotá S. A. sometió a englobe los siguientes
inmuebles identificados con certificados de tradición nros: 50C-574420, 50C-38986 y
50C-134201 (f. 114). Al predio resultante del englobe se le aperturó el folio de matrícula
nro. 50C-1850171 (ff. 114 y 115).
(iv) Teniendo en cuenta que la liquidación de la participación en la plusvalía que se
había hecho el 10 de mayo de 2010 era preliminar, a efectos de determinarla
oficialmente, la Secretaría Distrital de Planeación continuó con el correspondiente
trámite, realizando un nuevo estudio denominado «Informe técnico de la memoria del
cálculo y liquidación del efecto plusvalía, englobe de predios», con base en el cual
expidió la Resolución nro. 0712, del 12 de junio de 2012, que determinó oficialmente la
plusvalía para el englobe de los referidos predios estableciéndola en $108.288,65 por
metro cuadrado, y fijando, en su favor, una participación del 50 %, i. e., $54.144,32 por
m2 (ff. 152 a 155), decisión que, tras la interposición del recurso de reposición, fue
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confirmada por la Resolución nro. 067, del 05 de febrero de 2013 (ff. 254 a 263 c 1).
4.1- Como se precisó al inicio de las consideraciones, la parte actora considera que la
comparación entre las acciones urbanísticas debió hacerse entre el Decreto 075 de
2003 y el Decreto 059 de 2007, lo cual arrojaría que no se causó el hecho generador de
la participación en plusvalía, dado que no hubo aumento de los índices de edificabilidad
en el sector normativo en que se ubican los predios.
Por su parte, el distrito, a lo largo de la actuación administrativa y del proceso judicial,
sostiene que los decretos 075 de 2003 y 059 de 2007 son una misma acción
urbanística originada en el POT (Decreto Distrital 619 de 2000) que no puede
compararse consigo misma. Para ello, consideró que la comparación normativa debe
efectuarse entre el Decreto 059 de 2007, por ser la norma vigente para cuando se
configuró el hecho generador de la participación en la plusvalía por el englobe del
predio, y el Acuerdo 06 de 1990, por ser la acción urbanística anterior.
4.2- Respecto del Acuerdo 6 de 1990 que invoca el distrito, se advierte que ese fue el
Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá y, con base en
dicho acuerdo, se expidió el Decreto 736 de 1993, que regulaba los índices de
edificabilidad permitidos en el sector en que se ubican los predios de la parte
demandante. Puntualmente, el decreto establecía una altura máxima de dos pisos
(conforme al Decreto 125 de 1990) y la tipología de construcción era aislada (f. 149 ca).
El referido acuerdo estuvo vigente hasta la expedición del Plan de Ordenamiento
Territorial proferido con el Decreto 619 de 2000, este fue emitido conforme a los
lineamientos de la Ley 388 de 1997, disposición a la que ya se hizo mención en esta
providencia.
Con ocasión del artículo 446 del Decreto 619 de 2000 —POT de Bogotá— las unidades
de planeamiento zonal serían instrumentos que desarrollaban el POT, conformadas por
un barrio o conjunto de barrios que tienen una unidad morfológica o funcional. Dentro
del listado de UPZ que se fijaron, el distrito creó las UPZ 88 El Refugio y 97 Chicó Lago,
en las que quedaron inmersos los predios de la parte actora. Estas UPZ fueron
reguladas en el Decreto 075 de 2003, disposición que, entre otras cosas, estableció los
índices de edificabilidad de los distintos sectores normativos que integraban las UPZ de
El Refugio y de Chicó Lago. De acuerdo con las fichas y planos de usos y edificabilidad
permitida, los predios de la parte actora quedaron comprendidos en el sector normativo
4, subsector de edificabilidad G y subsector de uso I de la UPZ, con las siguientes
características de edificabilidad que implicaron un incremento de los índices de
edificabilidad (ver cuaderno de planos):
Concepto Frente menor o Frente mayor a 25 Frente mayor a 35 mts
igual a 25 mts mts y/o área mínima y/o área mínima de
de 1200 m2 2500 m2 (nota 16)
Índice máximo de ocupación 0,7 0,6 0,5
Índice máximo de construcción 3,0 3,5 4,0
Altura máxima permitida (pisos) 7 (Nota 37) 8 10
Tipología edificatoria Aislada Aislada Aislada
6 Nota 1: Aplica únicamente a predios con sección mayor a de 22,00 m: los aislamientos laterales y posteriores se
deben plantear desde el nivel del terreno o de la placa superior del semisótano. En ese nivel se ubicará el 40 % del
equipamiento comunal privado con destino a zona verde arborizada como mínimo.
7 Los predios existentes con frente menor a 11 mts localizados en subsectores de tipología aislada que no puedan
aplicar pareamiento, quedan eximidos de aislamientos laterales y su edificabilidad será la resultante de aplicar una
altura máxima de 2 pisos con una ocupación máxima de 0,70.
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A pesar de que el precitado decreto, por primera vez, aumentó los parámetros de
edificabilidad de la zona en la que se encontraban los inmuebles de la demandante, lo
cierto es que para el momento en que empezó a regir esa disposición — i. e. 26 de
febrero de 2003— en el distrito aún no se había adoptado la participación en plusvalía,
pues ello tuvo lugar el 30 de diciembre de 2003, a través del Acuerdo 118 del mismo
año.
Lo anterior no desdibuja el hecho de que el Decreto 075 de 2003 constituyó una acción
urbanística en los términos del artículo 8.º de la Ley 388 de 1997, al margen de que no
tuvo la entidad de realizar el hecho generador de la participación en plusvalía, pues
fuerza concluirse que la causación del instrumento urbanístico dependía de su previa
adopción por parte del concejo distrital del ente demandado8.
Una vez entró en vigencia el Acuerdo 118 de 2003, que incorporó la participación en
plusvalía en Bogotá, fue expedida su reglamentación en el Decreto 084 de 2004 que
reguló lo atinente al procedimiento de liquidación del efecto de plusvalía y el momento
de exigibilidad de este. Vale indicarse que, en relación con los supuestos en que la
acción urbanística causa el hecho generador, el artículo 3.º del acuerdo los redujo a
dos: (i) el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo
a uno más rentable y (ii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en
edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o
ambos a la vez.
De forma paralela a la regulación e implementación de la participación en plusvalía en
el distrito, el POT del Decreto 619 de 2000 fue objeto de revisión a través del Decreto
469 de 2003 (posteriormente ambos decretos del POT fueron compilados en el Decreto
190 de 2004), lo que conllevó a que las regulaciones efectuadas tenían que ser
ajustadas y, por ello, el Decreto 059 de 2007 subrogó el mencionado Decreto 075 de
2003, reglamentario de la UPZ 88/97 El Refugio, Chicó Lago.
Para la Sala, en aplicación de la regla jurisprudencial del hecho generador de la
participación en plusvalía, en vigencia de un mismo POT podrán emitirse varias
acciones urbanísticas, pero la causación del instrumento urbanístico dependerá, en
primer lugar, que tal acción urbanística surja en vigencia del acuerdo que adopte la
participación en plusvalía y, como corolario, que la nueva acción urbanística prevea un
mayor aprovechamiento, en este caso, de los índices de edificabilidad que previamente
fueron aplicables.
Al revisarse el Decreto 059 de 2007 —el cual estuvo vigente al momento de la
liquidación del efecto plusvalía—, esta norma comportó una nueva acción urbanística
en relación con lo que establecía el Decreto 075 de 2003, por las siguientes razones:
• La revisión del POT del Decreto 619 de 2004 conllevó la actualización de la
reglamentación inicial de la UPZ 88/ 97 El Refugio, Chicó Lago, por medio del Decreto
059 de 2007. Esta nueva reglamentación se sometió al mismo proceso de concertación 2
con la comunidad (artículo 4.º de la Ley 388 de 1997) al que se había plegado el
8 Cabe registrarse que, aun cuando los artículos 467 y siguientes del Decreto 619 de 2000 anunciaba la participación
en plusvalía como un mecanismo de financiación del ordenamiento territorial y reprodujo la definición del hecho
generador que establece el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, lo cierto es que el POT no fue el acto que incorporó
ese instrumento urbanístico al distrito, pues no especificó todos los elementos de la obligación tributaria (la tarifa), a
más de que dicho POT fue expedido por el alcalde, ante el incumplimiento del plazo que fijó la Ley 388 de 1997 para
que el concejo distrital emitiera ese plan.
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decreto de 2003, dispuso «incorporar actividades consolidadas en la zona que no
fueron contempladas en la reglamentación del Decreto 075 de 2003, cuya importancia y
consolidación en la zona son relevantes para canalizar dinámicas urbanas positivas que
contribuyan a los propósitos generados por el POT y a las políticas y estrategias
trazadas por el presente ordenamiento». Al tiempo, dispuso subrogar el Decreto 075 de
2003 (artículo 17).
• En comparación con la anterior reglamentación de las referidas UPZ, el Decreto 059
de 2007 modificó los índices máximos de ocupación, de construcción y de altura
máxima de las edificaciones de los predios ubicados en ambas UPZ. Al respecto:
(i) Sector Normativo 1, Subsector 1-A, se redujo el IMC de predios de frente mayor a 35
metros y área mínima de 2.500 de 5.5. a 5.0. Subsector 1-E, se redujo el IMC
establecido para todos los predios de 3.8 a 3.5.
(ii) Sector Normativo 3. Se crea un nuevo subsector: el 3-E, al cual se le asignó unos
IMO, IMC y AMPP diferentes a los establecidos para los subsectores 1-A, 1-B y 1-C, los
cuales, permanecieron incólumes es esos aspectos en relación con lo que establecía el
Decreto 075 de 2003.
(iii) Sector Normativo 9. Subsector 9-A, se redujo el IMC y la AMPP de 4 a 3.8 y de 7 a
6, respectivamente. Subsector 9-B, se reducen esos mismos patrones de 3.8 a 2.5 y de
6 a 4, respectivamente, significando una desmejora en las condiciones de edificabilidad
establecidas en el Decreto 075 de 2003, para estos subsectores. Asimismo, en relación
con el subsector 9-C se aumentó el IMC y la AMPP de 2.5 a 3.5 y de 8 a 10,
respectivamente.
(iv) Sector Normativo 22. En el Decreto 075 de 2003 era un único sector sin
subsectores, pero con el nuevo decreto se divide en subsectores 22-A, 22-B, 22-C y 22-
D, cada uno con IMC, IMO y AMPP distintos a los establecidos originalmente para el
único sector (ya sea aumentándolos o disminuyéndolos).
(v) Sector Normativo 23. Dividida originalmente en 31 manzanas, número que se
mantuvo con el Decreto 059 de 2007. Este nuevo decreto permitió el englobe de
predios que estaba prohibido en varias de estas manzanas. Asimismo, elevó el IMC,
IMO y AMPP, pasando en ocasiones en este último patrón de una altura máxima
permitida de 4 a 10 pisos.
(vi) Sector Normativo 24. Dividida en seis manzanas que se mantienen con la nueva
norma. Presentó una nueva regulación similar a la fijada para el Sector Normativo 23.
4.3- Ahora bien, aun cuando el Decreto 059 de 2007 constituye una nueva acción
urbanística, la Sala advierte que respecto del sector normativo 4, subsector de
edificabilidad G y subsector de uso I, donde se encuentran los predios de la parte
demandante que se sometieron a englobe, no hubo aumento de los índices de
edificabilidad, pues se mantuvieron los fijados en la acción urbanística inmediatamente
anterior, es decir, los que estableció el Decreto 075 de 2003 (ver fichas y planos de
usos y edificabilidad permitida).
A pesar de que la Sección Cuarta ha dicho en anteriores oportunidades que los
decretos 075 de 2003 y 059 de 2007 conforman, junto con el POT (Decreto 619 de
2000), una única acción urbanística, que no es posible escindirla a efectos de verificar
la ocurrencia de hechos generadores de la participación en la plusvalía (sentencia del
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18 de octubre de 2018, exp. 21698, CP: Milton Chaves García), en esta oportunidad, en
aplicación de la regla de unificación, la Sala debe replantear la tesis que indicaba esa
decisión, a efectos de ratificar que ambos decretos son acciones urbanísticas y que, en
aras de corroborar si la acción urbanística expedida en vigencia del acuerdo que adoptó
la plusvalía generó un mayor aprovechamiento de los índices de edificabilidad, la
comparación debió hacerse con el decreto anterior que fijaba los parámetros de
edificabilidad de la zona de ubicación de los predios, esto es, con el Decreto 075 de
2003.
Como no hubo un incremento en los índices de la edificabilidad no se causó el hecho
generador del instrumento urbanístico discutido y esta sería razón suficiente para
declarar la prosperidad del cargo de apelación de la parte actora. No obstante, debe
agregarse que, contrario a la defensa del demandado y siguiendo la regla de
unificación, el englobe no perfeccionó el hecho generador, ni hizo parte de la
participación en plusvalía, pues el establecimiento del momento de causación del hecho
generador es una potestad confiada al legislador por principio de reserva de ley, así que
la acción urbanística en los supuestos establecidos en el artículo 3.º del Acuerdo 118 de
2003, en consonancia con el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, surgirá exclusivamente
en esos supuestos. Dicho de otro modo, el procedimiento administrativo que someta a
englobe unos predios no concreta ninguno de los aspectos del hecho generador de la
participación en plusvalía.
Si bien el artículo 7.° del Decreto 084 de 20049 establece que «en el evento en que por
efecto del englobe de lotes de terreno se produzca un incremento en la edificabilidad el
predio resultante del englobe será objeto de la participación en plusvalía, la cual será
liquidada en el momento de la solicitud de licencia, con base en el efecto de plusvalía
por metro cuadrado calculado para la respectiva zona geoeconómica homogénea», la
Sala precisa que esa disposición es reglamentaria del Acuerdo 118 de 2003 y el
alcance interpretativo de la misma se debe restringir a que se trata de regular que la
base de determinación de la participación en plusvalía corresponde a la del predio
resultante, de tal forma que el efecto del plusvalor no se liquide por cada predio
individualmente considerado, sino sobre el predio resultante.
En ese entendido, el trámite de un englobe que se surte con autorización de una
autoridad pública (trámite que conllevará la apertura de un folio de matrícula ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos) no constituye una acción urbanística, tal
como quedó fijado en la regla jurisprudencial de unificación, así que la defensa de la
parte demandada no es acertada.
5- En conclusión, prospera el cargo de apelación que formularon los demandantes, lo
que es suficiente para anular los actos acusados y revocar la providencia de primera
instancia. Por esa razón, la corporación se releva de estudiar el otro cargo de apelación
que plantea la parte actora.
Se reconocerá a título del restablecimiento del derecho la declaración de que la parte
actora no adeuda concepto alguno relacionado con la participación en plusvalía
liquidada en los actos que se anularán, así como la cancelación de la anotación que se
hubiere efectuado sobre dicho respecto en el folio de matrícula inmobiliaria del predio
resultante del englobe. Sin embargo, no se atenderá la petición de devolución de sumas
pagadas con ocasión de la participación en plusvalía preliquidada y liquidada
9 Por el cual se definen los lineamientos para regular la operatividad de la liquidación del efecto plusvalía y la
determinación privada de la participación en plusvalía.
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definitivamente, dado que deberá seguir el trámite de devolución que establece la
normativa distrital.
6- Finalmente, para decidir sobre las costas en segunda instancia, la Sala tiene en
cuenta que el ordinal 8.º del artículo 365 del CGP dispone que «habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». Así, como en el plenario no existe prueba de su causación, no se
impondrá tal condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la interpretación de la
expresión «autorización específica» utilizada por las normas que regulan la
participación en plusvalía y su consecuencia respecto de la aplicación de la ley en el
tiempo, así:
1) A efectos del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, la autorización específica
que configura el hecho generador de la participación en plusvalía es la
acción urbanística, entendida en los términos del artículo 8.º ibidem, que
permita la destinación del predio a un uso más rentable o incrementar el
aprovechamiento del suelo, en los eventos señalados en la disposición.
La acción urbanística podrá estar contenida en los planes de
ordenamiento territorial, o en los instrumentos que lo desarrollan o
complementan (art. 9 Ley 388 de 1997) e, incluso, se podrá generar una
nueva acción urbanística en vigencia de un mismo plan.
La participación en plusvalía se causa siempre y cuando el ente territorial,
previo a la acción urbanística, haya adoptado dicha exacción.
2) La anterior regla jurisprudencial de unificación rige para los trámites
pendientes de resolver en sede administrativa y judicial. No podrá
aplicarse a conflictos decididos con antelación.
2. Revocar la sentencia apelada. En su lugar:
Primero. Declarar la nulidad de las resoluciones nros. 0712, del 12 de junio de 2012, y 067,
del 05 de febrero de 2013, proferidas por la Secretaría Distrital de Planeación, a través de la
cual liquidó la participación en plusvalía sobre los predios identificados con matrículas
inmobiliarias nros. 50C-574420, 50C-38986 y 50C-134201, ubicados en la UPZ Chicó Lago,
de la parte demandante, conforme a lo considerado en la sentencia de segunda instancia.
A título de restablecimiento del derecho, declarar que la parte actora no adeuda suma
alguna correspondiente a la participación en plusvalía liquidada en los actos anulados, de
manera que se cancelará la respectiva anotación que se hubiere efectuado en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio resultante del englobe.
Segundo. Negar las demás pretensiones.
Tercero. Sin condena en costas.
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3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
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