Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2012-00462-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2012-00462-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2012-00462-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
7 de abril de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2012-00462-01 (25580)
Demandante: Makro Supermayorista S. A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., siete (07) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2012-00462-01 (25580)
Demandante: Makro Supermayorista S. A.
Demandada: DIAN
Temas: Sanción por devolución improcedente. Base de cuantificación multa del
artículo 670 del ET.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 11 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, que decidió (índice 2) 1:
Primero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución Sanción nro. 312412011000042, de 7 de junio de
2011, y la Resolución nro. 900.166, de 17 de julio de 2012, proferidas por la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, respectivamente,
por medio de las cuales impuso sanción a la sociedad demandante por devolución improcedente, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar: (i) la sociedad Makro Supermayorista S.
A. tiene la obligación de reintegrar a la DIAN la suma indebidamente devuelta en la suma de
$2.252.442.000; (ii) pagar los intereses moratorios a que haya lugar, conforme al artículo 670 del ET,
modificado por el artículo 293 del ET, y (iii) pagar la sanción del 20 % del valor devuelto indebidamente,
esto es, $450.488.400, por las razones expuestas en la parte motiva.
Tercero. No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
(…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante sanción por devolución improcedente, la autoridad ordenó a la actora reintegrar
la suma de $2.252.442.000, junto con los intereses incrementados en un 50 %, debido a
que esa cifra fue objeto de devolución y compensación, pero posteriormente devino en
improcedente, ya que, a través de liquidación oficial de revisión, la Administración modificó
la declaración de la actora por el impuesto sobre la renta del año gravable 2006,
disminuyendo el saldo a favor en el equivalente a la cuantía que se ordenó reintegrar. El
acto sancionatorio fue confirmado tras resolverse el recurso de reconsideración interpuesto
(índice 2).
1 Del historial de actuaciones registradas en el aplicativo informático Samai. Las demás menciones a «índice» están
referidas al mismo repositorio.
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Radicado: 25000-23-37-000-2012-00462-01 (25580)
Demandante: Makro Supermayorista S. A.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):
Primera. Que se declaren nulos los siguientes actos administrativos:
(i) La Resolución Sanción nro. 312412011000042, del 7 de junio de 2011, por medio de la cual se
profirió sanción por devolución y/o compensación improcedente en contra de Makro Supermayorista S.
A. por la devolución del saldo a favor liquidado en la declaración del impuesto de renta del año 2006,
disminuido mediante liquidación oficial de revisión.
(ii) La Resolución nro. 900.166, del 17 de julio de 2012, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reconsideración que confirmó en todas sus partes la Resolución Sanción nro. 312412011000042, del 7
de junio de 2011. (…)
Segunda. De manera subsidiaria, solo en caso de no prosperar la pretensión principal, solicito se
excluya de la base para el cálculo de la sanción por devolución improcedente, la suma correspondiente
a la sanción por inexactitud, ya que sobre esta no es posible liquidar intereses moratorios.
A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 13, 29, y 363 de la
Constitución; y 634, 670 y 683 del ET (Estatuto Tributario). El concepto de violación
planteado se sintetiza así (índice 2):
Sostuvo que los actos acusados incurrieron en falsa motivación al desatender que, de
acuerdo con el artículo 670 del ET, la base para calcular la sanción por devolución
improcedente no puede incluir a la sanción por inexactitud, dado que la multa es sobre la
suma devuelta o compensada de forma improcedente que equivale al mayor impuesto a
cargo determinado oficialmente, el cual incidirá en un menor saldo a favor antes de la
sanción del artículo 647 ibidem. Además, señaló que, si bien esta multa de inexactitud
influye en el resultado de un menor saldo a favor determinado oficialmente por la DIAN en
los actos que le modificaron la declaración de renta del año gravable 2006, su inclusión en
la base para calcular la sanción del artículo 670 ídem significaría la doble imposición de
sanción, lo cual está proscrito por el artículo 29 constitucional.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2). A su juicio, dado que en
la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2006, la actora autoliquidó un
saldo a favor por el monto de $4.522.808.000 y este fue disminuido por la Administración al
valor de $2.270.366.000, la diferencia entre esos valores era el saldo a favor devuelto de
forma improcedente ($2.252.442.000), el cual debía reintegrarse totalmente, junto con los
intereses incrementados en el 50 % «que correspondieran», siendo esto último la sanción
por devolución improcedente que no se calcularía sobre la multa por inexactitud. Por lo
demás, aseguró que los actos demandados sí estuvieron debidamente motivados y no
incurrieron en falsa motivación, puesto que el criterio allí adoptado guarda concordancia
con la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado (sentencia C-075 de 2004,
emitida por la Corte Constitucional y las sentencias del 10 de julio de 2002, exp. 11629, CP:
Juan Ángel Palacio Hincapié; y del 19 de septiembre de 2002, exp. 12594, CP: María Inés
Ortiz Barbosa, proferidas por el Consejo de Estado).
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Radicado: 25000-23-37-000-2012-00462-01 (25580)
Demandante: Makro Supermayorista S. A.
Sentencia apelada
El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados y no condenó en costas
(índice 2). Para dicha corporación, la suma a ser reintegrada sí debía incluir el pago de la
multa por inexactitud mientras se mantenga la presunción de legalidad de la liquidación
oficial de revisión donde se impuso. No obstante, la sanción por devolución improcedente
que equivalía al incremento de los intereses de mora en un 50 % sobre la suma devuelta o
compensada de forma impropia no podía calcularse sobre la sanción por inexactitud y,
debido a que la Administración así lo hizo, sumado al hecho de que también incluyó en la
base la sanción autoliquidada por la contribuyente, concluyó que se vulneró el artículo 670
del ET. Con todo, de conformidad con el principio de favorabilidad constitucional, determinó
la nulidad de los actos al aplicar el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, que redujo la
sanción por devolución improcedente, lo que significó aplicar el 20 % sobre el menor saldo
a favor resultando la sanción por devolución impropia en el monto de $450.488.400.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia (índice 2). Estuvo de acuerdo con
que la multa por devolución y compensación improcedente se redujera en aplicación del
principio de favorabilidad al porcentaje del 20 %, sin embargo se opuso a que la base sobre
la cual se aplicaría ese porcentaje fuera el menor saldo a favor originado en la modificación
que se hiciere a su declaración privada por parte de la liquidación oficial de revisión, pues
dentro de ese menor saldo estaba incluida la sanción por inexactitud y ello resulta
improcedente a la luz de la redacción anterior del artículo 670 del ET y del artículo 293 de
la Ley 1819 de 2016 que redujo la multa a imponerse. De esa manera, indicó que el monto
de la multa en realidad correspondía a $173.264.800 —calculado sobre el mayor impuesto
a cargo de $866.324.000— y no a la establecida en el fallo de primer grado. Por otra parte,
aseguró que el tribunal no analizó los demás cargos de anulación propuestos, pues se limitó
a reproducir un fallo previamente emitido, en el que intervino la misma parte demandante,
pero en relación con la sanción por devolución improcedente del saldo a favor generado en
la declaración de renta del período 2008, así que consideró que por ese motivo el a quo
transgredió el debido proceso.
Alegatos de conclusión
La demandante reiteró los argumentos planteados en la apelación y alegó que el estudio
de los demás cargos de la demanda, que no analizó el tribunal, debería efectuarse solo en
el evento en que no prosperara el cargo principal de su apelación, el cual consiste en que
la base del cálculo de la multa por devolución improcedente no puede incluir la sanción por
inexactitud (índice 40). Su contraparte reprodujo los argumentos de la contestación (índice
39). Y el ministerio público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Previo a resolver el litigio que nos convoca en esta instancia judicial, la Sala advierte que
la consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó estar impedida para
conocer del presente proceso, por incurrir en la causal del numeral 2.° del artículo 142 del
CGP (índice 42) y, dado que mediante auto del 29 de julio de 2021 se aceptó el impedimento
manifestado por la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello (índice 13), se desintegró el
cuórum decisorio para resolver el impedimento manifestado por la doctora Carvajal, razón
por la cual el magistrado sustanciador, mediante auto del 14 de marzo de 2022, ordenó a
la Secretaría de la Sección sortear un conjuez para integrar la Sala (índice 45), lo cual se
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llevó a cabo en la Sala del 17 de marzo de 2022, correspondiendo el sorteo a la conjuez
Sonia Esther Osorio Vesga (índice 48), a quien se le comunicó la designación (índice 49) y
la aceptó (índice 51). Estando integrado el cuórum decisorio con la designada conjuez,
procede la Sala a decidir la manifestación de impedimento efectuada por la magistrada
Stella Jeannette Carvajal Basto, posterior a lo cual se dictará sentencia. Al respecto, la Sala
constata que la consejera admitió la demanda en primera instancia y adelantó otras
actuaciones procesales cuando fungía como magistrada del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (índice 2), por lo que el impedimento se declarará fundado, de conformidad
con el artículo 141.2 del Código General del Proceso (CGP, Ley 1564 de 2012). Dada esa
circunstancia, queda separada del conocimiento del asunto.
2- La Sala, integrada como quedó en los anteriores términos, juzga la legalidad de los actos
demandados, atendiendo a los cargos de impugnación planteados por la demandante en
calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Concretamente, corresponde a la Sala
decidir si el monto sobre el cual se calcula la sanción por devolución improcedente es el
menor saldo a favor incluida la sanción por inexactitud, o si debía serlo sin la inclusión de
la multa por inexactitud aún en la versión del artículo 670 del ET, modificado por el artículo
293 de la Ley 1819 de 2016. De ser necesario se resolverán los demás planteamientos de
nulidad que formuló la actora y que no se analizaron en primera instancia.
3- La Sala precisa que adoptará la decisión teniendo en cuenta la sentencia del 06 de
diciembre de 2017 (exp. 19581, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), esta última que aprobó
la conciliación sobre los intereses y multa impuesta en la liquidación oficial de revisión que
fundamentó la expedición del acto sancionador demandado en el sub lite, decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada y que reafirmó la legalidad del acto de liquidación y, por ende, de la
procedencia de la sanción por devolución improcedente objeto de esta demanda. Asimismo,
para dirimir la controversia se aplicará en lo pertinente la sentencia 2020CE-SUJ-4-001, del
20 de agosto de 2020 (exp. 22756, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), en la que se
establecieron reglas de unificación jurisprudencial en materia de imposición de sanción por
devolución improcedente.
3.1- En orden a resolver el primer problema jurídico planteado, la actora estuvo conforme
con que la multa por devolución improcedente fuera disminuida conforme al principio
constitucional de favorabilidad, en el equivalente al 20 % sobre la suma devuelta o
compensada de forma improcedente, atendiendo a la nueva redacción del artículo 670 del
ET, luego de su modificación por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016. Sin embargo,
reprochó que el a quo, pese a reconocer que en la versión anterior de dicha norma la multa
por devolución impropia no debía incluir la sanción por inexactitud para su cálculo, terminó
ordenando la nulidad de los actos cuantificando dicha sanción en el 20 % del menor saldo
a favor establecido en la liquidación oficial de revisión, lo cual incluía la multa de inexactitud.
3.2- De acuerdo con el criterio adoptado por la Sección Cuarta en la sentencia 2020CE-
SUJ-4-001, del 20 de agosto de 2020 (exp. 22756, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), la
sanción por devolución improcedente en ninguna de las versiones del artículo 670 del ET
permite que en su cálculo concurra «sobre el monto de otras sanciones impuestas al mismo
agente —ya sea en una liquidación oficial de revisión o autodeterminadas en una
declaración de corrección a aquella en la que se cuantificó el saldo a favor devuelto o
compensado—»; de hecho, la Sección, al analizar la aplicación de la anterior redacción del
artículo 670 del ET (i. e. la que le dio el artículo 131 de la Ley 223 de 1995), estableció que
el incremento en los intereses moratorios exigibles, a título de sanción por devolución o
compensación improcedente, no podía causarse sobre aquella parte del saldo a favor
improcedente que correspondiera a la sanción por inexactitud, sino que la cuantificación de
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los intereses de mora incrementados debía serlo sobre el mayor impuesto a pagar
determinado, conforme lo señala el artículo 634 del ET que dispuso la causación de los
intereses de mora sobre los mayores valores determinados por impuestos, anticipos o
retenciones, excluyendo de dicha suma dineraria a las multas por infracción del
ordenamiento tributario2.
En esa providencia se concluyó que, aún en el actual artículo 670 del ET, modificado por el
artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, la multa por devolución o compensación improcedente
no admite la inclusión dentro de su cálculo del monto correspondiente a la sanción por
inexactitud o de otras multas tributarias que influyeran en la disminución del saldo a favor
devuelto o compensado de forma indebida, en virtud del artículo 29 constitucional que
establece el derecho «a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho» y «la proscripción
de que se dé una múltiple valoración y punición, que es en lo que consiste la vertiente
material del non bis in ídem (sentencias de la Corte Constitucional C-229 de 2008, MP:
Jaime Araujo Rentería; C-521 de 2009, MP: María Victoria Calle Correa; y C-164 de 2019,
MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez)».
4- Como en el asunto debatido parte del saldo a favor devuelto y compensado, a la postre,
se determinó como improcedente al aprobarse la conciliación sobre la liquidación oficial de
revisión que declaró la inexactitud en que incurrió la contribuyente al cuantificar su impuesto
de renta del año gravable 2006 (sentencia del 06 de diciembre de 2017, exp. 19581, CP:
Julio Roberto Piza Rodríguez) (índice 2), resultaba imperativo para el tribunal detraer la
cuantía de la sanción del artículo 647 del ET de la base sobre la que cuantificó la multa por
devolución improcedente en aplicación del principio de favorabilidad, pues aun cuando
disminuyó la sanción de conformidad con la normativa más benéfica, mantuvo la ilegalidad
de los actos en cuanto se observa la concurrencia de sanciones. Al respecto, se observa
que la actora, tras corregir su declaración privada del impuesto sobre la renta del período
2006, autoliquidó un saldo a favor en el monto de $4.522.808.000, que luego de pedirlos en
parte en devolución y en otra parte en compensación, le fue aceptada su petición en la
Resolución nro. 608-0778, del 05 de julio de 2007 (índice 2). Con ocasión de la Liquidación
Oficial de Revisión nro. 3124120100000004, del 18 de febrero de 2010, y su acto
confirmatorio, la demandada determinó un mayor impuesto a cargo que devino en disminuir
el saldo a favor fijándolo en el monto de $2.270.366.000, lo que condujo a expedir los actos
demandados en el presente asunto, con el fin de que se reintegrase la suma de
$2.252.442.000.
Sin embargo, como ya fue explicado, ese menor saldo a favor que señaló la autoridad es
aquél establecido después de sanciones, incluida la sanción por inexactitud que, teniendo
en cuenta el fallo apelado, ascendió al valor de $1.386.118.000 por inexactitud y $2.248.000
por sanción autoliquidada, de tal forma que al detraer esas cuantías del saldo a favor
ordenado en reintegro ($2.252.442.000) se obtendría una base para la multa por devolución
improcedente de $864.078.000, de tal forma que la base sobre la cual se calcularía el 20
% de la multa por devolución y compensación improcedente será el valor de $864.078.000.
En ese orden, en aplicación de la regla (iii) de unificación: «En todos los casos, se debe
excluir de la base de cálculo de la sanción por devolución o compensación improcedente
regulada en el artículo 670 del Estatuto Tributario (en la redacción del artículo 293 de la Ley
2 Entre tantas, en las sentencias del 10 de febrero del 2011, exp. 17909, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 11
de octubre de 2012, exp. 17704, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 05 de septiembre de 2013, exp. 18120, CP:
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 30 de abril de 2014, exp. 19307, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; del 18
de junio de 2014, exp. 19885, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia; del 18 de junio del 2014, exp. 20187, CP: Martha
Teresa Briceño de Valencia; del 10 de julio de 2014, exp. 19212, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; del 23 de abril
de 2015, 19322, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 02 de julio del 2015, exp. 18914, CP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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1819 de 2016) el monto de otras sanciones administrativas tributarias que hayan disminuido
la cuantía del saldo a favor susceptible de ser devuelto o compensado», la Sala acepta el
cargo de apelación de la actora, relevándose de los demás cuestionamientos de su recurso
—los cuales también propendían por obtener la anulación parcial de los actos
demandados— y, en lugar del restablecimiento ordenado por el tribunal, se establezca que
la sanción por devolución improcedente de los actos demandados asciende a la suma de
$172.816.000, equivalente al 20 % sobre la suma devuelta de forma improcedente
($864.078.000).
En consecuencia, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada, para que,
en su lugar, se fije como sanción por devolución improcedente el valor de $172.816.000, de
acuerdo con lo analizado.
5- Finalmente, no se impondrá condena en costas en esta instancia, toda vez que no se
encuentran acreditadas las exigencias que hace el ordinal 8.° del artículo 365 del CGP para
su procedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por la consejera Stella Jeannette Carvajal
Basto, en consecuencia, separarla del conocimiento del presente asunto.
2. Modificar ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar:
2. A título de restablecimiento del derecho, fijar como sanción por devolución improcedente la suma de
$172.816.000, que equivale al 20 % de la suma devuelta y compensada de forma improcedente,
conforme a lo analizado en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
SONIA ESTHER OSORIO VESGA
Conjuez
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