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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-00314-02

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-00314-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto. En consecuencia se le separa del conocimiento del presente asunto. 2. CONFIRMAR la sentencia apelada. 3. No condenar en costas en esta instancia. 21 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2013-00314-02 (26191) Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña FALLO 4. Reconocer personería al abogado Joel Antonio Tamayo García para actuar en representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder visto en el índice 30, SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2013-00314-02

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

6 de junio de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2013-00314-02 (26191)
Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2013-00314-02 (26191)
Demandante: CARLOS ENRIQUE QUINTERO PEÑA
Demandado: UAE- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES- DIAN

Temas: Proceso de cobro-prescripción por apertura de liquidación
forzosa. Falta de motivación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN inició cobro coactivo contra
el señor Carlos Enrique Quintero Peña, como deudor solidario de las obligaciones
tributarias adeudadas por la Sociedad Industria Automotriz INAUTO LTDA. En
consecuencia, libró mandamiento de pago 304-007 de 21 de octubre de 20031,
conforme con el porcentaje (19.92%) de su participación en la sociedad2.

El deudor solidario formuló excepciones contra el referido mandamiento de pago3.
Mediante Resolución 312-031 de 23 de diciembre de 2003, la DIAN las declaró no
probadas4. Esa decisión se confirmó por la Resolución 311-008 de 30 de enero de
20045.

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Quintero Peña demandó las anteriores resoluciones. En primera instancia, en
sentencia de 28 de septiembre de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó que cesara toda ejecución en
contra del demandante. En segunda instancia, en fallo de 6 de octubre de 2009, la

1 Fls. 2 a 7 c.a.
2 Las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago corresponden a los impuestos de: renta

1999 y 2000, seguridad democrática 2002, IVA bimestres 1º al 6º del 2000, 3º al 6º del 2001, 2º al 6º
del 2002 y 1º al 4º del 2003 y retención en la fuente de los períodos 3º, 4 al 12 del 2000 y 2001, 2º
al 12º del 2002 y del 1º al 9º del 2003.
3 Fls. 16 a 21 c.a.
4 Fls. 31 a 45 c.a.
5 Fls. 57 a 64 c.a.

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-00314-02 (26191)
Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
FALLO

Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda6.

El 26 de septiembre de 2012, el demandante solicitó a la DIAN declarar la
prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales contenidas en el
referido mandamiento de pago y el levantamiento de las medidas cautelares
decretadas7.

En Oficio 1-31-201-244-1798 del 4 de diciembre de 2012, la DIAN negó la solicitud8.
En ese oficio no se indicó si procedían recursos.

DEMANDA

El señor Carlos Enrique Quintero Peña, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se DECLARE LA NULIDAD TOTAL del Acto Administrativo Oficio
DIAN No. 131201244-1798 del 4 de Diciembre de 2012, proferida por la División
Gestión de Cobranzas de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS – DIAN –
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES,
por medio de la cual se negó la solicitud de prescripción de la acción de cobro del
mandamiento de pago No. 304-007 de fecha 21 de octubre de 2003, al señor
CARLOS ENRIQUE QUINTERO PEÑA.

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se restablezcan los derechos
de la (sic) Señor CARLOS ENRIQUE QUINTERO PEÑA, levantándose las medidas
cautelares que en su contra se haya decretado por parte de la demandada,
devolviéndose los valores que se hayan cancelado o se cancelen por dicho
concepto, debidamente indexados y con los intereses corrientes y moratorios que
se causen hasta la fecha de pago.

TERCERO: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.”

Indicó como normas violadas, las siguientes:

-Artículos 13 y 29 de la Constitución Política.
-Artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario.
-Artículos 2512, 2517 y 2535 del Código Civil.
-Artículo 72 de la Ley 1116 del 2006.

El concepto de la violación se sintetiza así:

Extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria contenida en el
mandamiento de pago 304-007 de 21 de octubre de 2003, en relación con el actor,
como deudor solidario, se extinguió por prescripción de la acción de cobro.

6 Rad. 25000-23-27-000-2004-00724-01 (16533)
7 Fls. 137 a 141 c.a.
8 Fls. 154 a 155 c.a.

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Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
FALLO

En efecto, notificado el mandamiento de pago (12/11/2003), transcurrieron 9 años,
4 meses y 28 días sin que la DIAN iniciara medidas o actos tendientes al cobro de
las obligaciones tributarias a cargo del actor.

Indebida interpretación de la Ley 1116 de 2006. Ante el transcurso del tiempo, la
administración debió acceder a la solicitud de declarar la prescripción de la acción
de cobro. En este caso, ya se había presentado uno de los eventos de interrupción
de la prescripción, contemplados en el artículo 818 del ET, como fue la notificación
del mandamiento de pago, por lo que el conteo inició nuevamente sin que se
ejecutaran las obligaciones debidas ni se haya proferido auto de suspensión con el
que se entendiera que la prescripción quedaba suspendida.

No es aceptable la interpretación de la DIAN en el sentido de que según el artículo
72 de la Ley 1116 de 2006, con la admisión del proceso de liquidación judicial de la
sociedad INAUTO LTDA. el término de prescripción se suspendió, porque se estaría
aplicando una doble suspensión.

Además, en caso de que sea aplicable la doble suspensión, el artículo 72 de la
citada Ley 1116 tiene un alcance distinto al que le dio la DIAN. En virtud de esa
norma, la suspensión del proceso de cobro opera frente al deudor principal, a quien
se le inicia liquidación judicial, no respecto a los deudores solidarios. Lo anterior, de
acuerdo con el Concepto DIAN 015497 del 24 de diciembre de 2008, según el cual
dicha suspensión depende de las “circunstancias propias de cada ejecución
individualmente considerada”.

Violación del derecho a la igualdad. Para el cobro de las obligaciones tributarias
de INAUTO LTDA se vincularon también a los deudores solidarios Claudia Marcela
y Alejandro Quintero Peña y María Mercedes Peña de Quintero, mediante
mandamientos de pago individuales. Los citados deudores solidarios también
solicitaron prescripción de las obligaciones tributarias y la DIAN accedió a su
declaratoria, en oficios 131201244-1800, 131201244-1801 y 131201244-1797 de 4
de diciembre de 2012.

Sin embargo, en el oficio demandado, la DIAN negó la prescripción, con lo que dio
un trato diferente al demandante respecto de los otros deudores solidarios que
estaban en la misma situación de hecho.

Falta de motivación. El oficio atacado no expuso las razones por las que la
suspensión del proceso de cobro opera de igual forma para el deudor principal y
los deudores solidarios cuando se inicia la liquidación judicial. Tampoco indicó las
razones por las que negó la prescripción al actor y declaró su ocurrencia respecto
de los otros deudores solidarios, a pesar de tratarse de idénticas obligaciones
tributarias.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
siguientes pretensiones:

Vigencia de las obligaciones tributarias y debida interpretación de las normas
aplicables. Conforme con los artículos 817 y 818 del ET, es posible que en un

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Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
FALLO

mismo caso concurran varias causales de interrupción de la prescripción de la
acción de cobro, al ser compatibles y no excluyentes unas de otras, por tratarse de
situaciones administrativas diferentes.

En relación con el inicio del proceso de liquidación judicial, como causal de
interrupción de la prescripción, en virtud de los artículos 50 y 72 de la Ley 1116 de
2006 esa interrupción se extiende a los deudores solidarios y demás personas que
deben cumplir con la obligación. De manera que, a diferencia de lo considerado por
el actor, el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe frente al
deudor a quien se le inició liquidación forzosa y también frente a los deudores
solidarios o garantes no involucrados en ese proceso liquidatorio.

En los anteriores términos, para el caso del demandante, las obligaciones tributarias
no se extinguieron por prescripción, si se tiene en cuenta lo siguiente:

La fecha de la obligación más antigua, objeto de cobro, es de 16 de marzo de 2000.
El mandamiento de pago 304-007 se expidió el 21 de octubre de 2003 y se notificó
el 12 de noviembre siguiente. En esa fecha se interrumpió el término de prescripción
de la acción de cobro y el 13 de noviembre de 2003 inició nuevamente el conteo de
cinco (5) años.

No obstante, ese plazo se interrumpió el 12 de junio de 2008 con el auto 156-007393
de la SuperSociedades, que ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial
de la sociedad INAUTO Ltda. Por esa razón, el término comienza a contarse desde
la terminación de la liquidación, que en este caso ocurrió el 29 de febrero de 2012,
por auto 400-002133 de la Supersociedades.

Por lo anterior, las obligaciones fiscales a cargo del demandante están vigentes, así
como la facultad de la DIAN para exigir el pago de éstas.

Sobre lo considerado en el Concepto DIAN 015497 de 24 de diciembre de 2008, la
demandada precisó que de manera alguna se indicó la improcedencia de la
interrupción de la prescripción de la acción de cobro para los deudores solidarios
por la causal de liquidación forzosa. El concepto determinó que para aplicar esa
causal de interrupción deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada
ejecución individual, lo que no se contradice con la actuación de la demandada en
este caso.

Respeto del derecho a la igualdad. Las decisiones de declaratoria de prescripción
de la acción de cobro adoptadas en procesos coactivos adelantados contra otros
deudores solidarios de la sociedad INAUTO LTDA no tienen las mismas
circunstancias de hecho y de derecho del caso del señor Carlos Enrique Quintero
Peña. En efecto, en los procesos administrativos de cobro adelantados contra los
señores Alejandro y Claudia Marcela Quintero Peña y María Mercedes Quintero
Peña, deudores solidarios de INAUTO LTDA, las circunstancias fueron diferentes
porque demandaron en forma separada las resoluciones que declararon no
probadas las excepciones contra el mandamiento de pago. Y la jurisdicción de lo
contencioso administrativo anuló dichos actos y declaró probada la excepción de
falta de título ejecutivo y ordenó cesar toda ejecución con base en los mandamientos
de pago expedidos.

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Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
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En esos términos, para los referidos socios sí ocurrió la prescripción, dado que no
podía entenderse interrumpido ese término con la notificación de los mandamientos
de pago, puesto que la excepción formulada contra estos prosperó. Así que al
momento de iniciar la liquidación forzosa de la sociedad ya había operado la
prescripción respecto de Alejandro y Claudia Marcela Quintero Peña y María
Mercedes Quintero Peña.

Situación distinta se predicó del señor Carlos Enrique Quintero Peña, puesto que al
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo las pretensiones no
prosperaron, por lo que el mandamiento de pago en su contra quedó en firme.

El oficio demandado se motivó. En el oficio 131201244-1798 del 4 de diciembre
de 2012, la DIAN indicó los fundamentos de hecho y de derecho por los que no era
procedente declarar la prescripción de la acción de cobro. En concreto, informó que
el término de prescripción se interrumpió, conforme con lo previsto en el Estatuto
Tributario, en concordancia con el artículo 72 de la Ley 1116 de 2006.

En relación con lo exigido por el demandante en cuanto a que en el oficio acusado
debieron indicarse las razones por las cuales se accedió a la declaratoria de
prescripción respecto de los otros deudores solidarios es un “requerimiento
caprichoso”. La administración debe motivar sus decisiones en cada caso particular,
sin que deba citar todos los casos similares o análogos y dar explicaciones frente a
procesos de cobro coactivo independientes. En ese entendido, no es cierto que se
desconocieran los derechos al debido proceso y defensa del actor.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Como
fundamento de la decisión, expuso lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 72 de la Ley 1116 de 2006,
los efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial implican la interrupción
del término de prescripción no solo para el deudor principal (INAUTO LTDA) sino
también para los codeudores que deben cumplir con la obligación.

Como el mandamiento de pago 304-007 de 21 de octubre de 2003 se notificó el 12
de noviembre de 2003, el término de prescripción se interrumpió. Y el conteo del
mismo inició nuevamente al día siguiente de la notificación.

Sin embargo, el deudor principal entró en proceso de liquidación judicial, por auto
156-007393 de 12 de junio de 2008, fecha en la que se interrumpió nuevamente el
término de prescripción de la acción de cobro, tanto para el deudor principal como
para sus codeudores. Este hecho se fundamentó debidamente en el oficio
demandado en el que la DIAN negó la prescripción de las obligaciones contenidas.

Respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, al verificar las providencias
judiciales dictadas en los casos de los señores Claudia Marcela y Alejandro Quintero
Peña y María Mercedes Quintero Peña, el Tribunal encontró que las decisiones
fueron diferentes a la obtenida por el ahora demandante, dado que en su caso no
se anularon los actos del proceso de cobro coactivo.

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Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
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Por último, no condenó en costas por no estar demostradas sumariamente.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la sentencia para insistir en que es errónea la
interpretación de la DIAN referida a que la interrupción de la prescripción de la
acción de cobro, consagrada en el artículo 72 de la Ley 1116 de 2006, opera tanto
para el deudor principal como para los deudores solidarios. La citada norma es
aplicable al deudor principal pero no es extensiva a los deudores solidarios de aquel
que optó por un proceso de insolvencia.

El Tribunal reconoció que la citada norma contempla de manera general la
interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad para los
procesos de reorganización o de liquidación judicial. A pesar de ello, acudió al
artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 para darle la razón a la DIAN y considerar que
según esa norma la interrupción corre también para los deudores solidarios.

La conclusión sería diferente si el Tribunal hubiera interpretado en forma armónica
los artículos 50 y 72 de la Ley 1116 de 2006 con lo dispuesto en el artículo 70 de la
misma ley, que se refiere a los “procesos de ejecución” contra los deudores
principales, garantes o deudores solidarios, incluidos en estos el cobro coactivo,
según se entiende de la lectura sincronizada del artículo 20 ib.

En aplicación del artículo 70 ib, el apelante sostuvo que “[…] para que se entienda
interrumpida la acción de cobro contra los deudores solidarios, la DIAN debió
informar si prescindía de cobrar las obligaciones del mandamiento de pago a los
deudores solidarios, pero como no lo hizo, debió seguir adelante con la ejecución
de cobro en contra de los deudores solidarios, […]”.

Como la DIAN no adelantó ninguna acción tendiente al pago de las obligaciones
contenidas en el mandamiento de pago 304-007 de 21 de octubre de 2003, incluso
después de iniciado el trámite de liquidación judicial de INAUTO LTDA, para el 2012
(fecha en la que se solicitó la prescripción de la acción de cobro) se configuró la
prescripción a favor del demandante.

El oficio demandado no se motivó. Al respecto, la sentencia de primera instancia
indicó que “Al revisarse el pronunciamiento de la entidad demandada en el acto
administrativo objeto de revisión, no se encuentra que la razón de la negativa de
declarar probado el fenómeno jurídico de la prescripción de las obligaciones
contenidas en el Mandamiento de Pago No. 304-007 del 21 de octubre de 2003, sea
la existencia de tal auto de suspensión, ni que los términos de prescripción no se
hayan cumplido; por el contrario, se limita a establecer que por encontrarse el
deudor principal (INDUSTRIA AUTOMOTRIZ INAUTO LTDA) en curso en un proceso
de liquidación judicial, no es posible acceder a tal petición, en la medida que los términos
de prescripción de la acción de cobro se encuentran interrumpidos.” (Resaltado del
apelante)

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A pesar de lo considerado por el Tribunal, el sentido de la decisión no fue congruente
al negar las pretensiones de la demanda. El fallador de primer grado debió ser más
preciso sobre la falta de motivación del acto acusado, dado que la DIAN tenía el
deber de explicar las razones por las que no se accedió a la prescripción, entre ellas,
que la suspensión del término de prescripción de la acción de cobro operaba tanto
para el deudor principal como para los deudores solidarios, pero no lo indicó.

Por último, el fallo apelado acudió al artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, pero la
DIAN no lo mencionó en el acto demandado. En ese sentido, el Tribunal no realizó
una interpretación armónica de las demás normas concursales que permitieran
concluir que con el inicio del proceso de liquidación se interrumpía la prescripción
de la acción de cobro tanto para el deudor principal como para los deudores
solidarios, siempre que la DIAN diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70
de la misma ley.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes no intervinieron en segunda instancia.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa. La Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó su
impedimento para conocer del proceso por estimarse incursa en la causal
contemplada en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso, por
haber conocido del proceso en instancia anterior, como magistrada de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca9.

Al respecto, de la revisión del expediente se observa que la doctora Carvajal Basto
suscribió una providencia en instancia anterior10, por lo que se configura la causal
invocada.

En consecuencia, se declara fundado el impedimento manifestado y se le separa
del conocimiento del presente asunto. Como existe cuórum para adoptar la
decisión, no se ordena el sorteo de conjuez.

2. Asunto de fondo. En los términos del recurso de apelación interpuesto por el
demandante, la Sala decide si (i) si operó la prescripción de la acción de cobro y
existió una indebida interpretación de los artículos 50 y 72 de la Ley 1116 de 2006
al extender la causal de interrupción de liquidación judicial (forzosa) a los deudores
solidarios sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 70 ib. y; (ii) si el acto
demandado es nulo por falta de motivación.

9 Índice 36 de SAMAI
10 Auto de 16 de mayo de 2013. Fls. 43 a 47 c.p.

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FALLO

En esta oportunidad se acude a lo considerado por esta Sección en sentencia de
10 de febrero de 202211, en la que se decidió un caso similar al del demandante,
precisamente de otro deudor solidario de INAUTO LTDA. En esos términos, se
confirma la sentencia apelada, por las razones que se exponen a continuación.

2.1. Liquidación forzosa como causal de interrupción de la prescripción de la
acción de cobro. El artículo 817 del ET dispone que la acción de cobro de las
obligaciones fiscales prescribe en el término de 5 años contados a partir de la
exigibilidad de dicha obligación. Sin embargo, este término será susceptible de
interrupción si ocurre cualquiera de las causales previstas en el artículo 818 ibídem,
entre ellas, la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa del deudor,
la cual, una vez materializada en el proceso de cobro, tiene como efecto propio de
la interrupción procesal, reiniciar el cómputo de los 5 años de la prescripción, que
deberá contabilizarse nuevamente cuando culmine el proceso liquidatorio.

Sobre la liquidación forzosa como causal de interrupción de la prescripción, en
sentencia de 4 de diciembre de 2014, esta Sección señaló lo siguiente12:

“(...) aunque el artículo 102 de la Ley 222 de 2005 solo prevé el trámite
concordatario como causal de interrupción del término de prescripción de las
acciones, dicha norma también resulta aplicable al trámite de liquidación
obligatoria, pues las “obligaciones que el liquidador no logra satisfacer
continúan siendo exigibles y, en consecuencia, deben ser cubiertas por el
deudor persona natural, directamente, y por los asociados, cooperados, socios
o accionistas–, según la responsabilidad asumida por estos en la conformación
del ente social, su responsabilidad en el resultado– y la naturaleza de las
obligaciones pendientes de satisfacer -artículos 573, 793, 794 y 798 E.T.,
artículo 36 C.S.T. artículos 206 y 207 Ley 222”13.

Por ende, “culminado el proceso liquidatorio, y por tanto desaparecida la causa
que dio origen a la interrupción de la prescripción, al acreedor insatisfecho le
corresponde tener presente el advenimiento de la prescripción, y al deudor estar
atento a la ejecución emprendida por fuera del término legal, para oponerse a
ella, como se lo permite el artículo 360 (sic) del estatuto procesal.” 14 (Se
subraya)

De acuerdo con las anteriores precisiones jurisprudenciales, que la Sala acoge,
en vigencia de la Ley 222 de 1995, la prescripción de la acción de cobro se
interrumpe tanto durante el trámite concordatario como durante el trámite
liquidatorio obligatorio, como se concluye del artículo 102 de la Ley 222
de 1995, en concordancia con las normas que regulan los dos trámites en
mención, y el artículo 818 del Estatuto Tributario”. (Resalta la Sala).

Bajo dicho entendimiento, como el proceso concursal de la Ley 222 de 1995 se
sustituyó por el régimen de insolvencia contenido en la Ley 1116 de 200615, lo
considerado en la sentencia citada es aplicable al citado nuevo régimen, es decir,
que la interrupción del término de prescripción de la acción de cobro de obligaciones

11 Exp. 25000-23-37-000-2013-00310-02 (24944), demandante: María Mercedes Quitero Peña, C.P.

Milton Chaves García.
12 Exp. 20505, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
13 Ibídem (Se refiere a la sentencia C-263 de 2002 de la Corte Constitucional)
14 Ibídem
15 El artículo 126 de la Ley 1116 de 2006 derogó el Título II de la Ley 222 de 1995.

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Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
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tributarias opera con la apertura del proceso de liquidación judicial previsto en la Ley
1116 de 2006, que debe ceñirse a una interpretación similar a la otorgada a la Ley
222 de 1995, es decir, aplicarse atendiendo sus disposiciones particulares y lo
previsto en el artículo 818 del Estatuto Tributario.

Así que corresponde aplicar la regulación del régimen de insolvencia, esto es, la
Ley 1116 de 2006, artículos 50 numeral 8º, y 72, que disponen lo siguiente:

ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:
(…)
8. La interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de
las acciones respecto de las obligaciones que contra el deudor o contra sus
codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o
cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, estuvieren perfeccionadas o
sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial.

ARTÍCULO 72. INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN E
INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD. Desde el inicio del proceso de reorganización
o de liquidación judicial y durante la ejecución del acuerdo de reorganización o de
adjudicación queda interrumpido el término de prescripción y no operará la
caducidad de las acciones respecto de los créditos causados contra el deudor antes
del inicio del proceso.

En virtud de las citadas normas, los efectos de la liquidación judicial que inicie una
sociedad como deudor principal, también son aplicables a los deudores solidarios
de ésta. En ese entendido, dicho trámite interrumpe el término de prescripción de la
acción de cobro que se esté adelantando.

2.2. Motivación de los actos administrativos. Los actos administrativos deben
fundarse en los principios de legalidad y de publicidad, de manera que revelen las
razones de su expedición, la fundamentación jurídica y la valoración fáctica que los
sustentan, so pena de originar la causal de nulidad del acto por expedición irregular,
de conformidad con el artículo 138 del CPACA16.

De conformidad con los artículos 42 y 80 del CPACA, los actos administrativos
deben ser motivados, siquiera sumariamente y expedirse una vez se haya dado la
oportunidad a los interesados de expresar sus opiniones y con base en las pruebas
e informes disponibles, de manera que los actos administrativos deben proporcionar
la información sustancial fáctica y jurídica que permita la comprensión de la decisión
y que acredite su legalidad del mismo17.

2.3. Solución del caso concreto. El demandante considera que en la sentencia de
primera instancia se le dio la razón a la DIAN al considerar que, según lo dispuesto
en los artículos 50 y 72 de la Ley 1116 de 2006, la apertura de la liquidación judicial
de la sociedad INAUTO LTDA es una causal de interrupción del término de
prescripción tanto para el deudor principal como para los deudores solidarios.

No obstante, advirtió que el a quo debió realizar una interpretación armónica de los
artículos 50, 70 y 72 de la Ley 1116 de 2006, pues conforme con esta normativa,

16 Sentencia del 1° de julio de 2016, Exp. 21702, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
17 Sentencia de 22 de julio de 2021, Exp 24711, C.P. Milton Chaves García.

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Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
FALLO

ante la liquidación forzosa del deudor principal era necesario que la DIAN
manifestara expresamente su intención de no continuar con el cobro de la obligación
tributaria contra el deudor solidario, situación que no se cumplió y que no advirtió
el Tribunal. Solo en esas condiciones podía entenderse que la prescripción del
cobro corría tanto para el deudor principal como para el solidario.

Frente al argumento de que se debió aplicar lo previsto en el artículo 70 de la Ley
1116 de 2006, se advierte no fue propuesto en la demanda y que se alega solo en
el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. En consecuencia,
para garantizar el debido proceso, la Sala se abstiene de realizar pronunciamiento
alguno sobre ese nuevo reparo, que resulta ajeno al litigio, pues no fue plasmado
en la demanda, controvertido en el escrito de contestación ni analizado en la
sentencia apelada.

Se reitera que la apelación no es la etapa procesal para exponer o alegar nuevos
hechos, pretensiones o argumentos en procura de obtener el interés jurídico
perseguido, puesto que de aceptarse su procedencia se desconocería el derecho
de defensa y contradicción de la contraparte, quien se atiene naturalmente a lo
alegado en la demanda, a lo replicado en la contestación y a lo debatido ante el juez
de primer grado18.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que como quedó expuesto en el capítulo
precedente, en virtud de los artículos 50 y 72 de la Ley 1116 de 2006, los efectos
de la apertura del proceso de liquidación judicial de INAUTO LTDA, como deudora
principal, también se aplican al demandante como deudor solidario, y por tanto, el
proceso liquidatorio interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro que
la DIAN adelanta contra el demandante, siempre que no hayan transcurrido los 5
años de que trata el artículo 817 del ET, contados nuevamente desde la notificación
del mandamiento de pago.

En el presente asunto, quedó acreditado que la DIAN inició el proceso administrativo
de cobro contra INAUTO LTDA y contra cada uno de los deudores solidarios, en
forma individual, según sus aportes. Entre ellos, está el señor Carlos Enrique
Quintero Peña a quien se le expidió mandamiento de pago 304-007 de 21 de octubre
de 2003, notificado el 12 de noviembre siguiente19, el cual quedó en firme al no
prosperar las excepciones formuladas en sede administrativa ni judicial.

Igualmente, está demostrado que mediante auto 156-007393 de 12 de junio de
200820, la Superintendencia de Sociedades dio apertura al proceso de liquidación
judicial, previsto en la Ley 1116 de 2006, circunstancia que, como se indicó,
constituye causal de interrupción de la prescripción de la acción de cobro.

Así, transcurrieron 4 años y 7 meses desde el 12 de noviembre de de 2003, fecha
de notificación del mandamiento de pago y el 12 de junio de 2008, día de apertura
del proceso de liquidación judicial del deudor principal, lo que demuestra que no

18 Se reitera criterio expuesto en sentencia de 6 de agosto de 2020, exp 24568. C.P. Milton Chaves

García y sentencias de 03 de junio de 2021, exp 2178109. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, de
12 de agosto de 2021, exps 22871 y 23923 C.P. Myriam Stella Gutiérrez y de 9 de septiembre de
2021, exp 23995. C.P. Julio Roberto Piza.
19 Fl. 7 vto c.a.
20 Fls. 1158 a 162 c.a.

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operó la prescripción alegada por el actor, al quedar interrumpida oportunamente,
esto es, antes de los 5 años (art. 817 ET). No prospera el cargo.

Por último, respecto al cargo de falta de motivación del oficio demandado 1-31-
201-244-1798 del 4 de diciembre de 2012, la Sala verifica que se halla
debidamente motivado. En efecto, la DIAN precisó los supuestos fácticos ocurridos
en el caso del demandante, desde la expedición del mandamiento de pago hasta la
decisión judicial dictada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Igualmente, indicó que la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del
proceso de liquidación judicial de la sociedad INAUTO LTDA.

Como fundamento de derecho citó y transcribió en lo pertinente el artículo 72 de la
Ley 1116 de 2006, para indicar que, en virtud de esa norma, la prescripción de la
acción de cobro contra el señor Quintero Peña estaba interrumpida. Además, la
demandada hizo el conteo del término de prescripción desde el 12 de noviembre de
2003 (notificación del mandamiento de pago) hasta el 12 de junio de 2008 (apertura
liquidación judicial) para concluir que “no han transcurrido los cinco (5) años de que
trata el artículo 817 del Estatuto Tributario”.

Como se observa, el acto demandado contiene las razones de hecho y de derecho
suficientes con las que es posible la comprensión de la decisión de la administración
que, en concreto, negó la prescripción de la acción de cobro formulada por el actor.
No prospera el cargo.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

Condena en costas. No se condena en costas en esta instancia, pues conforme
con el artículo 188 del CPACA21, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena
en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se
rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una
de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”,
requisito que no se cumple en este asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la Consejera Stella
Jeannette Carvajal Basto. En consecuencia se le separa del conocimiento del
presente asunto.

2. CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. No condenar en costas en esta instancia.

21 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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Demandante: Carlos Enrique Quintero Peña
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4. Reconocer personería al abogado Joel Antonio Tamayo García para actuar en
representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder visto en el
índice 30, SAMAI.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente (E)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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