Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-00452-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
La administración tributaria: justificación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-00452-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2013-00452-01
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramirez Ramirez
14 de noviembre de 2019
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE LA
INTERVENCIÓN DE GARANTES Y ASEGURADORAS EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS, IMPOSICIÓN DE
SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE Y DE COBRO COACTIVO -
Justificación. Necesidad de rectificar y unificar la tesis de la Sección sobre la
materia / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE LA
LEGITIMACIÓN DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS, GARANTES Y
ASEGURADORAS PARA CONTROVERTIR JUDICIALMENTE LOS ACTOS DE
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - Justificación / FUNCIÓN DE
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Finalidad y alcance
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del CPACA, procede la
Sección a proferir la presente sentencia de unificación, dada la necesidad de
rectificar y unificar la tesis actual sobre la intervención de los deudores solidarios,
garantes y aseguradoras en los procedimientos de determinación de tributos,
imposición de sanción por devolución improcedente y de cobro coactivo. Como se
verá más adelante, la Sección le ha otorgado un alcance restrictivo a las
disposiciones del Estatuto Tributario que regulan la materia y a la sentencia C-
1201 de 2003, lo que ha generado, en ciertas ocasiones, una limitación de los
derechos de contradicción, defensa y debido proceso de las compañías
aseguradoras. Por esas razones, en cumplimiento de la función de unificar
jurisprudencia, atribuida a esta Corporación, se hace necesario emitir un
pronunciamiento que precise la intervención de los deudores solidarios, garantes y
aseguradoras, a partir del contenido de las normas que regulan el contrato de
seguro y los procedimientos de fiscalización y cobro coactivo. Recuérdese que la
función de unificación de jurisprudencia implica identificar escenarios propicios
para que como órgano de cierre de la jurisdicción, la Corporación, a través de la
Sala Plena o sus Secciones, desarrolle criterios o tesis con el fin de precisar
puntos oscuros de la legislación o jurisprudenciales, rectificar sus propios
precedentes y garantizar los derechos fundamentales, en aras de asegurar los
fines del Estado establecidos por el constituyente en el artículo 2 de la
Constitución.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / LEY 1437 DE
2011 (CPACA) - ARTÍCULO 270 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 271
NOTA DE RELATORÍA: Se unificó y rectificó la jurisprudencia de la Sección en
relación con la intervención de los deudores solidarios, garantes y aseguradoras
en los procedimientos de determinación de tributos, imposición de sanción por
devolución improcedente y de cobro coactivo, así como sobre la legitimación de
los mismos para controvertir ante la jurisdicción los actos de la administración
tributaria. A partir del contenido de las normas que regulan el contrato de seguro y
los procedimientos de fiscalización y cobro coactivo, la Sala fijó las reglas con
base en las cuales, en adelante, decidirá los asuntos relacionados con las
mencionadas temáticas.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con los fines y el alcance de la función de
unificación de jurisprudencia se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda del 7 de diciembre de 2016, radicación 25000-23-42-000-2013-04676-
01(2686-14), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
INTERVENCIÓN DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS, GARANTES Y
ASEGURADORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE
DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS, IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE Y DE COBRO COACTIVO - Línea
jurisprudencial de la Sección Cuarta del Consejo de Estado / LEGITIMACIÓN
DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS, GARANTES Y ASEGURADORAS PARA
CONTROVERTIR JUDICIALMENTE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA - Línea jurisprudencial de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado
2.1.- En relación con la intervención de los deudores solidarios, garantes y
aseguradoras en los procedimientos de determinación de tributos, imposición de
sanciones por devolución improcedente y cobro coactivo y su intervención para
controvertir los actos de la administración tributaria, la Sección Cuarta ha
sostenido estas tesis: (i) La administración tributaria no está en la obligación de
vincular al garante o asegurador a los procesos de determinación tributaria. La
administración solo tiene obligación de notificar las liquidaciones oficiales de
revisión a los contribuyentes porque son estos -no los garantes- los titulares de la
relación jurídica sustancial y los directos responsables del pago del tributo. Si bien
los actos de liquidación de impuestos son el fundamento para dictar los actos
sancionatorios por devolución improcedente, esa circunstancia por sí sola no
implica el deber de notificar al garante o asegurador porque el artículo 860 del
Estatuto Tributario solo exige que se notifique la liquidación oficial de revisión al
contribuyente, en razón a que este es un acto de determinación tributaria. (ii) Las
consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia C-1201 de
2003 no son aplicables para las compañías aseguradoras, pues no son
propiamente deudores solidarios. Si bien en la sentencia C-1201 de 2003, la Corte
Constitucional consideró que en todo proceso de determinación de la obligación
tributaria debe citarse a los deudores solidarios, en esa misma sentencia
expresamente se excluyó de los efectos del fallo a las aseguradoras, toda vez que
su responsabilidad por las obligaciones que se garantizan se rige por normas
especiales, esto es, las referidas al seguro de cumplimiento. (iii) Las aseguradoras
no están legitimadas para controvertir los actos de liquidación oficial de impuestos.
Y eso es así porque las aseguradoras no asumen la obligación de pagar ese
mayor impuesto. La obligación garantizada se limita al valor solicitado en
devolución por el contribuyente, más los intereses que se llegaren a causar, de
acuerdo con los artículos 670 y 860 del Estatuto Tributario. Además, en los
procesos de determinación de tributos no se resuelve sobre la obligación a cargo
del garante o asegurador, esto es, no se declara la improcedencia de la
devolución, ni se ordena el correspondiente reintegro. (iv) El único acto que debe
notificarse a los garantes y aseguradoras es la resolución sanción, con el fin de
que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, pues ese acto es el que
configura el siniestro amparado por la póliza de cumplimiento de disposiciones
legales. Una lectura de los artículos 828 (numeral 4) y 860 del Estatuto Tributario
permite concluir que en el caso de devoluciones con garantía, es la resolución
sanción el acto que determina la responsabilidad del garante y la exigibilidad de la
obligación a su cargo. La resolución sanción, no la liquidación oficial de revisión,
es el acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el
correspondiente reintegro. Por ende, al ser el que establece la exigibilidad de la
obligación garantizada, es el único acto que debe ser notificado a la compañía de
seguros para que pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción. Además,
esa notificación es necesaria para que sea oponible a la aseguradora y se pueda
configurar un título ejecutivo en su contra. (v) Los garantes y aseguradoras tienen
legitimación en la causa para demandar en vía jurisdiccional los actos que
imponen sanciones tributarias, siempre que estos actos configuren el siniestro
amparado. Si a la solicitud de devolución se acompañó seguro a favor de la
Nación, es procedente aceptar que la aseguradora interponga directamente
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que le
imponen al contribuyente sanción por devolución improcedente. La legitimación
radica en el hecho de que la compañía de seguros que expide la correspondiente
póliza de cumplimiento se encuentra obligada a garantizar el eventual reintegro al
fisco de las sumas cuya devolución no sea procedente. Así pues, cuando ocurre el
siniestro, que estaría constituido por la resolución que impone la sanción, surge el
interés o legitimación en la causa de las compañías de seguros, en su calidad de
garantes, de conformidad con el artículo 860 del Estatuto Tributario, para actuar
en el proceso que se surta ante la administración tributaria y/o demandar, ante la
jurisdicción contencioso administrativa, los actos que expida la administración. La
legitimación de la que goza la aseguradora que ha expedido la póliza para cubrir el
riesgo que conlleva la devolución de un saldo a favor, de ejercer el derecho de
defensa frente a los actos sancionatorios, trae consigo que con su actuar puedan
ser anulados total o parcialmente los actos sancionatorios y, con esto resulte
modificada la situación del contribuyente sancionado. Por ello, es posible que con
el proceso judicial sea beneficiado quien cometió el hecho sancionable
contemplado en el artículo 670 del Estatuto Tributario, incluso sin haber
participado en instancia alguna en defensa de sus intereses. (vi) En los procesos
de cobro coactivo, el título ejecutivo en contra de las compañías de seguro lo
conforma la resolución sanción debidamente notificada junto con la póliza de
seguro. El procedimiento de cobro coactivo no tiene por finalidad la declaración o
constitución de obligaciones, sino la efectividad de las obligaciones previamente
definidas a favor de la Nación y a cargo de los contribuyentes o responsables. Sin
embargo, se requiere notificación a la compañía de seguros del acto previo que
declare el incumplimiento por parte del asegurado para constituir el título ejecutivo
que permita exigir válidamente a la aseguradora el cumplimiento de la obligación,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 828 numeral 4º del Estatuto Tributario. Cuando se notifican los actos definitivos que declaran el incumplimiento y liquidan
la obligación, el garante o asegurador conoce el monto de la obligación a cubrir
por la ocurrencia del riesgo asegurado. Por eso, es imprescindible la notificación
personal para la ejecutoria del acto y para proteger el derecho de defensa
consagrado en el artículo 29 de la Constitución, pues el sólo aviso a los deudores
solidarios, garantes y aseguradoras de los actos sancionatorios no es idóneo para
integrar el título ejecutivo con la póliza. (vii) Los garantes y aseguradoras pueden
alegar las excepciones del contribuyente en el cobro coactivo y las especiales de
indebida tasación de la deuda y ausencia de calidad de deudor solidario. En el
trámite del cobro coactivo de impuestos, las excepciones que pueden proponerse
contra el mandamiento de pago son las previstas en el artículo 831 del Estatuto
Tributario, esto es: (i) pago efectivo; (ii) existencia de acuerdo de pago; (iii) falta de
ejecutoria del título; (iv) pérdida de ejecutoria del título por revocación o
suspensión provisional del acto administrativo; (v) interposición de demandas de
restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos; (vi)
prescripción de la acción de cobro y (vii) falta de título ejecutivo o incompetencia
del funcionario que lo profirió.
Si bien el artículo 814-2 del E.T. establece que “en
ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago
efectivo”, como lo ha advertido la Sección, esa norma debe ser interpretada en
concordancia con el parágrafo del artículo 831 ib., adicionado por el artículo 84 de
la Ley 6 de 1992, que determina para el deudor solidario dos excepciones
adicionales a las siete consagradas en esa norma: (i) la de calidad de deudor
solidario y (ii) la indebida tasación del monto de la deuda. Así las cosas, tanto los
garantes como aseguradoras de la obligación tributaria pueden proponer todas las
excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, incluso
aquellas que son propias del deudor principal de la obligación, dada su solidaridad
y la necesidad de garantizar el debido proceso. No obstante, las excepciones no
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
pueden referirse o fundamentarse en asuntos de fondo que debieron ser tratados
en la vía administrativa en que se controvirtió el título ejecutivo. 2.2.- Mediante
auto del 22 de mayo de 2014 la Sección precisó la tesis que había sostenido en
relación con la falta de legitimación de las aseguradoras para controvertir los actos
de liquidación oficial de revisión. En esa oportunidad se dijo que las aseguradoras
estarían legitimadas para controvertir los actos de liquidación oficial de impuestos
“si acreditan un interés directo, como podría suceder en aquellos asuntos en los
que la aseguradora ampara el pago de sanciones o el mayor valor de impuestos”.
Eso, en virtud de la obligación propia del asegurador contenida en el literal f) del
artículo 793 del Estatuto Tributario, que consagra la solidaridad entre el
contribuyente y “los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del
deudor”. Así pues, se concluyó que “las compañías de seguros tendrían interés
para solicitar la nulidad de los actos de la Administración Tributaria, por su
carácter de aseguradoras, cuando el amparo otorgado tenga relación con la
decisión adoptada; bien el mayor valor del impuesto, la sanción por inexactitud, la
devolución de sumas de dinero o la sanción por devolución improcedente”. En
consecuencia, se afirmó que en cada caso debía estudiarse la póliza, sus
condiciones y el amparo otorgado, para establecer si la aseguradora tenía interés
y estaba legitimada para demandar los actos de liquidación. No obstante, salvo en
el asunto que se resolvió en esa providencia, esa tesis no fue aplicada en casos
posteriores, por lo que podría afirmarse que fue recogida de manera tácita. 2.3.-
En relación con los deudores solidarios –no así con los garantes o aseguradoras-
la Sección rectificó y precisó su jurisprudencia en sentencia del 3 de mayo de
2018. Con fundamento en la sentencia C-1201 de 2003, se dijo que con
independencia del origen de los títulos ejecutivos que fundamenten un proceso de
cobro coactivo, esto es, (i) que surjan del inicio de una actuación de oficio, como
es el caso del procedimiento de determinación tributaria, o (ii) que se trate de
liquidaciones privadas sin pagar, el debido proceso de los deudores solidarios se
debe garantizar en todo momento a fin de que, según el caso, puedan ejercer sus
derechos de contradicción y defensa frente a las obligaciones y la solidaridad que
se les imputa. Fue así como se sentaron estas reglas: (i) Los deudores solidarios
tienen el derecho de controvertir los documentos que conforman un título ejecutivo
en su contra, por lo que la administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 del CPACA o 28 del CCA, está en la obligación de vincularlos al
procedimiento de determinación tributaria que se le inicie al contribuyente,
responsable o deudor principal. Como lo afirmó la Corte Constitucional en la
sentencia C-1201 de 2003, únicamente surtida esta etapa puede hablarse de la
existencia de un título ejecutivo válido en contra del deudor solidario. (ii)
Tratándose de liquidaciones privadas sin cancelar, para que puedan ser oponibles
al deudor solidario y se constituyan en título ejecutivo válido, la administración
tributaria debe vincular a los deudores solidarios al proceso de cobro coactivo,
mediante la notificación del mandamiento de pago. En dicho proceso de cobro
debe establecerse con claridad y certeza su calidad de deudor solidario, la
proporción de su participación, los períodos gravables a que corresponden las
deudas objeto del cobro y la cuantía de las mismas, sin que eso se oponga a que
la administración adelante diligencias previas o de cobro persuasivo respecto de
los deudores solidarios.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 670 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 793
LITERAL F / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 814-2 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 828 NUMERAL 4 / ESTATUTO TRIBUTARIO -
ARTÍCULO 831 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 860 / DECRETO 01 DE
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) - ARTÍCULO 28 / LEY 6 DE
1992 - ARTÍCULO 84 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 37
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la intervención y la garantía del debido
proceso respecto de los deudores solidarios en los procedimientos tributarios de
determinación, fiscalización y cobro coactivo se cita la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Cuarta del 3 de mayo de 2018, radicación 41001-23-31-000-
2006-00276-01(21376), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez en la que se rectificó
y precisó la jurisprudencia sobre la materia.
VINCULACIÓN DE GARANTES Y ASEGURADORAS EN PROCEDIMIENTO DE
DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO - Falta de regulación normativa que lo
ordene / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DEL
TRIBUTO - Etapas y oportunidades de defensa y contradicción. Reiteración
de jurisprudencia / REQUERIMIENTO ESPECIAL - Objeto / REQUERIMIENTO
ESPECIAL - Notificación / RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL –
Plazo / RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL – Facultades del
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante / LIQUIDACIÓN
OFICIAL DE REVISIÓN - Alcance / RECURSO DE RECONSIDERACIÓN –
Facultades del contribuyente, responsable o agente retenedor / GARANTE Y
ASEGURADOR – Naturaleza jurídica. Constituyen categorías jurídicas
distintas a las de contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante
3.1.- El legislador no mencionó expresamente la intervención de los garantes o
aseguradoras de la obligación del contribuyente en la regulación del procedimiento
de determinación de los tributos, lo que ha generado una interpretación restrictiva
respecto de su intervención para actuar y controvertir las decisiones de la
administración tributaria. 3.2.- El procedimiento administrativo de determinación de
los tributos comprende varias etapas en la que es posible ejercer el derecho de
defensa y contradicción: (i) Requerimiento especial (artículos 702 a 706 del E.T.):
la administración de impuestos tiene competencia para modificar, por una sola
vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, responsables o agentes
retenedores, mediante una liquidación de revisión. Sin embargo, antes de efectuar
la liquidación de revisión, la administración tiene la obligación de enviar al
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un
requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar,
con explicación de las razones en que se sustenta y la cuantificación de los
impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se pretende adicionar a la
liquidación privada. El requerimiento debe notificarse a más tardar dentro de los 3
años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. (ii) Respuesta al
requerimiento especial (artículos 707 y 709 del E.T.): el contribuyente,
responsable, agente retenedor o declarante cuenta con tres meses, contados a
partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, para formular por
escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la
ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen
en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias. También tiene la
opción de aceptar total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento y
corregir su liquidación privada. (iii) Liquidación oficial de revisión (artículos 702 y
710 a 712 del E.T.): la administración debe notificar la liquidación de revisión, si
hay mérito para ello, en los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del
término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el
caso. La liquidación de revisión debe contraerse exclusivamente a la declaración
del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el
requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere. (iv) Recurso de
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
reconsideración (artículos 713 y 720 del E.T.): contra las liquidaciones oficiales
procede el recurso de reconsideración, que debe ser interpuesto dentro de los dos
meses siguientes a su notificación. Puede prescindirse de este recurso cuando se
ha contestado, en debida forma, el requerimiento especial. En todo caso, el
contribuyente, responsable o agente retenedor, puede aceptar total o parcialmente
los hechos planteados en la liquidación dentro del término para interponer el
recurso de reconsideración. Como puede verse, no existe norma expresa en el
Estatuto Tributario que ordene enviar copia del requerimiento especial a los
garantes o aseguradores, ni que disponga vincularlos a la actuación descrita.
Dentro de los conceptos de “contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante” no pueden considerarse incluidos los garantes o aseguradoras, pues
se trata de categorías jurídicas distintas, por lo que no es posible entender, en
estricto sentido y bajo una lectura literal de la norma, que el requerimiento deba
ser notificado también a éstas. Esa ha sido, hasta ahora, la tesis jurídica sostenida
por esta Sección.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 702 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 703 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 704 /
ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 705 / ESTATUTO TRIBUTARIO -
ARTÍCULO 706 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 707 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 709 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 710 /
ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 711 / ESTATUTO TRIBUTARIO -
ARTÍCULO 712 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 713 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 720
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las oportunidades para ejercer el derecho de defensa
y contradicción dentro del proceso administrativo de determinación del tributo se cita
la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 3 de mayo de 2018,
radicación 41001-23-31-000-2006-00276-01(21376), C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez en la que se rectificó y precisó la jurisprudencia sobre la materia. Al
respecto también se puede consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Cuarta, de 5 de junio de 2014, Exp. 52001-23-31-000-2010-00168-01(19494), C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
SANCIONES TRIBUTARIAS O FISCALES - Formas de imposición / SANCIÓN
POR DEVOLUCIÓN Y O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE - Procedencia /
SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN Y O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE
IMPUESTA EN RESOLUCIÓN INDEPENDIENTE - Procedimiento. Etapas /
SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN Y O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE -
Término para interponerla / CONSTITUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO
CONTRA ASEGURADORA EN COBRO COACTIVO DE SANCIÓN POR
DEVOLUCIÓN Y O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE GARANTIZADA CON
PÓLIZA DE SEGUROS - Requisitos. Se requiere notificar a la aseguradora el
acto previo que declare el incumplimiento del asegurado / VINCULACIÓN DE
GARANTES Y ASEGURADORAS EN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
POR DEVOLUCIÓN Y O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE - Falta de
regulación normativa que lo ordene
[E]n virtud del artículo 637 del Estatuto Tributario, las sanciones en materia
tributaria pueden imponerse mediante resolución independiente o en las
liquidaciones oficiales. La sanción por devolución y/o compensación
improcedente, que es la que ocupa la atención de la Sala, está prevista en el
artículo 670 ibídem. Esta sanción también aplica en caso de que el contribuyente
o responsable corrija la declaración tributaria, disminuyendo el saldo a favor que
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
fue objeto de devolución y/o compensación, en virtud de la reforma introducida
por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016. Cuando la sanción se imponga en
resolución diferente, con independencia de que la solicitud se haya tramitado con
o sin garantía y en aras de garantizar el debido proceso, la administración
tributaria debe adelantar el procedimiento establecido en el artículo 638 del
Estatuto Tributario, que consagra cuatro etapas: (i) Notificación del pliego de
cargos. (ii) Término de respuesta del pliego de cargos.(iii) Práctica de las pruebas
a que hubiere lugar. (iv) Emisión y notificación de la resolución sanción. En todo
caso, la resolución sanción debe ser proferida por la administración tributaria
dentro de los tres años siguientes a la presentación de la declaración de
corrección o a la notificación de la liquidación oficial de revisión y cuando la
solicitud de devolución y/o compensación se haya presentado con garantía, el
recurso contra la resolución que impone la sanción se debe resolver en el término
de un año, contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En caso de no
resolverse en este lapso, opera el silencio administrativo positivo, tal como lo
dispone el artículo 670 del Estatuto Tributario. En este procedimiento el legislador
tampoco previó de manera expresa la necesidad de vincular a los garantes o
aseguradoras cuando la devolución solicitada por el contribuyente hubiere sido
amparada. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 828 numeral 4º
del Estatuto Tributario, la Sección ha considerado que se requiere notificación a la
compañía de seguros del acto previo que declare el incumplimiento por parte del
asegurado para constituir el título ejecutivo que permita exigir válidamente a los
garantes y aseguradores el cumplimiento de la obligación.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 637 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 638 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 670 /
ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 828 NUMERAL 4 / LEY 1819 DE 2016 -
ARTÍCULO 293
VINCULACIÓN DEL DEUDOR SOLIDARIO AL PROCEDIMIENTO DE COBRO
ADMINISTRATIVO COACTIVO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -
Notificación personal del mandamiento de pago / DEBIDO PROCESO DE
GARANTES Y ASEGURADORES EN PROCEDIMIENTO DE COBRO
ADMINISTRATIVO COACTIVO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS – Deber de
notificarles personalmente el mandamiento de pago / DEBER DE NOTIFICAR
PERSONALMENTE EL MANDAMIENTO DE PAGO A GARANTES Y
ASEGURADORES EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO
COACTIVO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - Finalidad y justificación /
MANDAMIENTO DE PAGO CONTRA DEUDOR SOLIDARIO EN
PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - Deber de determinar individualmente su
obligación al expedir el mandamiento / DEUDOR SOLIDARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA - Alcance. En esa categoría se deben entender incluidos los
garantes y las aseguradoras, dada la naturaleza de su obligación / DEUDOR
SOLIDARIO EN MATERIA TRIBUTARIA - Definición / SOLIDARIDAD EN
MATERIA TRIBUTARIA - Noción y alcance / GARANTE - Noción / FIANZA -
Noción / FIANZA Y SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Asimilación en materia
tributaria. Aunque, en estricto sentido, no son propiamente obligaciones
solidarias a la luz del artículo 2361 del Código Civil, lo cierto es que esta
asimilación fue acogida por el legislador en el artículo 793, literal f del
Estatuto Tributario, al prever que responden de manera solidaria con el
contribuyente por el pago del tributo “los terceros que se comprometan a
cancelar obligaciones del deudor”, con independencia de que medie un
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
contrato de seguro u otro tipo de garantía a favor de la administración
tributaria
[T]ratándose del cobro coactivo de las obligaciones tributarias que se generan, en
el caso, por las liquidaciones oficiales de revisión ejecutoriadas o por las garantías
y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las
obligaciones tributarias, el Estatuto Tributario regula el procedimiento a seguir en
el título VIII (artículos 823 a 843-2). Para lo que interesa, el artículo 828-1 del
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 83 de la Ley 6 de 1992, prevé que la
vinculación de los “deudores solidarios” al proceso de cobro coactivo se debe
hacer mediante la notificación personal del mandamiento de pago, tal como lo
dispone el artículo 826 ibídem, el que debe librarse con determinación individual
del monto de la obligación del respectivo deudor. Si bien la norma no hace
referencia expresa a los garantes o aseguradores, el derecho a que se les
notifique de manera personal el mandamiento de pago nace del derecho al debido
proceso que debe ser garantizado en los términos del artículo 29 constitucional.
Además, deben entenderse incluidos en el término de “deudores solidarios”, dada
la naturaleza de su obligación, conforme con lo previsto en el artículo 860 del
Estatuto Tributario y en virtud del artículo 793, literal f, del Estatuto Tributario, que
dispone que “los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del
deudor” responden con el contribuyente por el pago del tributo, con independencia
de que medie un contrato de seguro u otro tipo de garantía a favor de la
administración tributaria. Esta conclusión se refuerza con la modificación
introducida por el artículo 9 de la Ley 788 de 2002 al artículo 828-1 del Estatuto
Tributario, en virtud de la cual los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo
son también contra los deudores solidarios y subsidiarios. 3.5.- Aunque existen
algunas diferencias entre los deudores solidarios y los garantes y aseguradores,
estos conceptos hacen referencia a la obligación que tienen ciertas personas, sea
por disposición legal o contractual, de asumir las obligaciones del deudor
principal, en este caso, del contribuyente. 3.5.1.- En materia tributaria los
deudores solidarios están definidos por expresa disposición legal (artículo 793 y
siguientes del Estatuto Tributario). En estos eventos, las obligaciones del
contribuyente son solidarias ante la administración tributaria, es decir, “existen a
cargo de varios deudores y colocan a cada uno de estos en la necesidad de pagar
la totalidad de la deuda”, lo que significa, entre otros aspectos, que existen varios
deudores y cada uno de ellos debe la misma cosa, por lo que el acreedor puede
exigir la cosa debida a cualquiera de ellos o dirigirse contra uno sólo. 3.5.2.- Los
garantes son aquellas personas que de manera voluntaria asumen la obligación
del contribuyente ante la administración tributaria. Garantizan con su patrimonio la
obligación del deudor principal, en caso de que el patrimonio de éste no sea
suficiente para pagar la obligación, de que no sea posible perseguirlo o,
sencillamente, en el evento de que no quiera o pueda cumplir con la obligación.
Esta especie de solidaridad es lo que de manera legal y doctrinaria se ha definido
como fianza. Si bien, en estricto sentido, la fianza y el seguro de cumplimiento no
son propiamente obligaciones solidarias a la luz del artículo 2361 del Código Civil,
lo cierto es que esta asimilación fue acogida por nuestro legislador en el artículo
793, literal f del Estatuto Tributario, al prever que responden de manera solidaria
con el contribuyente por el pago del tributo “los terceros que se comprometan a
cancelar obligaciones del deudor”, con independencia de que medie un contrato
de seguro u otro tipo de garantía a favor de la administración tributaria.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 793 LITERAL F / ESTATUTO TRIBUTARIO -
ARTÍCULO 826 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 828-1 / ESTATUTO
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 860 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2361 / LEY 6 DE
1992 - ARTÍCULO 83 / LEY 788 DE 2002 - ARTÍCULO 9
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las similitudes y diferencias entre la fianza y el seguro
de cumplimiento se cita la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia del 7 de mayo de 2002, Expediente 6181
INTERVENCIÓN DE GARANTES Y ASEGURADORAS EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS, IMPOSICIÓN DE
SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE Y DE COBRO COACTIVO -
Rectificación de jurisprudencia / RECTIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA
SOBRE LA INTERVENCIÓN DE GARANTES Y ASEGURADORAS EN
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS,
IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE Y DE
COBRO COACTIVO - Justificación / VINCULACIÓN DEL DEUDOR SOLIDARIO
A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS EN LOS QUE PUEDA RESULTAR
AFECTADO - Interpretación Constitucional. Alcance de la sentencia C-1201
de 2003 de la Corte Constitucional / DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y
DEFENSA DEL DEUDOR SOLIDARIO EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA, DE IMPOSICIÓN DE
SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE Y DE COBRO
ADMINISTRATIVO COACTIVO - Interpretación constitucional. Alcance de la
sentencia C-1201 de 2003 de la Corte Constitucional
4.1.- De acuerdo con lo expuesto en los acápites precedentes, especialmente en
relación con las similitudes entre los deudores solidarios, los garantes y
aseguradoras, la Sección considera necesario rectificar su jurisprudencia sobre la
intervención de los garantes y aseguradoras en los procedimientos de
determinación de tributos, imposición de sanciones por devolución improcedente y
cobro coactivo. Este cambio de jurisprudencia encuentra respaldo en el artículo
29 de la Constitución, que prevé el debido proceso en todas las actuaciones
administrativas y jurisdiccionales, en los principios de publicidad y contradicción
de las actuaciones administrativas y en la sentencia C-1201 de 2003, que declaró
exequible, de manera condicionada, el artículo 828-1 del Estatuto Tributario,
“siempre y cuando se entienda que el deudor solidario debe ser citado
oportunamente al proceso de determinación de la obligación tributaria, en los
términos del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo” –esta referencia
normativa puede entenderse actualmente hecha al artículo 37 del CPACA-. Si
bien la Corte Constitucional no hizo referencia expresa a los garantes y
aseguradoras en la sentencia C-1201 de 2003, las consideraciones expuestas
son perfectamente aplicables a estos casos, como quiera que genéricamente la
Corte se refirió a la necesidad de vincular a los deudores solidarios –sin distinción
alguna- a los procedimientos tributarios en los que puedan verse comprometidos.
4.2.- En la sentencia C-1201 de 2003, la Corte insistió que si bien no existe
ninguna disposición en el Estatuto Tributario que de manera general ordene la
vinculación del deudor solidario o subsidiario –entiéndase incluidos los garantes y
aseguradores- al proceso administrativo que termina con el acto administrativo
contentivo de la liquidación oficial de revisión, “resulta aplicable lo dispuesto por el
artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, ubicado en el capítulo
referente a las actuaciones administrativas iniciadas de oficio, que prescribe que
cuando de ellas se desprenda que hay particulares que puedan resultar afectados
en forma directa, a ellos debe comunicarse la existencia de la actuación y el
objeto de la misma”. Para el tribunal constitucional, la aplicación de esta norma no
tiene el efecto de modificar las disposiciones procedimentales tributarias, sino que
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
permite que se integre adecuadamente el “litis consorcio pasivo”, dando
oportunidad a los deudores solidarios y subsidiarios de ejercer su derecho al
debido proceso con las reglas sobre competencia, términos procesales, medios
de prueba, recursos, etc., que prevé el Estatuto Tributario. En ese sentido,
vinculado el deudor solidario o subsidiario al proceso de determinación de la
obligación tributaria en la forma prescrita por el artículo 28 del Código
Contencioso Administrativo o artículo 37 del CPACA, según se trate, “el acto
administrativo con el que este proceso finaliza, sea una liquidación oficial
ejecutoriada o cualquier otro acto de la administración de impuestos debidamente
ejecutoriado en el que se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco, pueden
serle oponibles en su calidad de título ejecutivo, así como el mandamiento de
pago proferido dentro del proceso de ejecución coactiva con fundamento en él.”
(Subrayas de la Sala). 4.3.- De los argumentos constitucionales que dieron origen
a la interpretación realizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1201 de
2003, la Sección destaca los siguientes: 4.3.1.- Los derechos de contradicción y
controversia operan en cualquier procedimiento administrativo tributario y deben
cobijar a todas las personas que puedan resultar obligadas. Por esa razón, el acto
mediante el cual se vincula a los interesados, esto es, a los deudores solidarios y
subsidiarios –entre ellos garantes y aseguradores-, al proceso de determinación
del tributo tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de
contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso a que
se refiere el artículo 29 de la Constitución Política y, por ello, reviste especial
importancia que se lleve a cabo de manera tal que permita una participación real
de los terceros interesados en el procedimiento administrativo. El hecho de que la
responsabilidad de las compañías de seguros se regule por normas especiales
relativas al seguro de cumplimiento, no es excusa válida ni suficiente para
excluirlas de esta interpretación constitucional. 4.3.2.- Sin perjuicio del
fundamento constitucional que pueda tener la responsabilidad solidaria o
subsidiaria en materia tributaria, los deudores solidarios o subsidiarios, llamados
por la ley a responder de obligaciones o deberes tributarios ajenos, deben tener la
posibilidad de ejercer las garantías derivadas del derecho al debido proceso, no
solamente en el momento de ejecución coactiva de la obligación tributaria, sino, y
especialmente, en el momento de su determinación. La responsabilidad solidaria
o subsidiaria en materia tributaria exige la determinación e individualización de las
personas solidariamente obligadas en cada uno de los supuestos legales en que
dicha solidaridad resulta exigible, así como las circunstancias de la solidaridad
que les incumbe según lo prescrito por los artículos 793 y siguientes del Estatuto
Tributario. Es decir, dentro del proceso de determinación de la obligación tributaria
que culmina con la liquidación de revisión, la liquidación de aforo o la resolución
de sanción, es necesario individualizar los sujetos que resultan ser solidariamente
responsables – deudores solidarios, garantes y aseguradoras- y las
circunstancias de su responsabilidad, en cada uno de los supuestos de hecho a
que se refieren los artículos 793 y siguientes del E.T., pues así lo exige la
naturaleza misma de la solidaridad, sea legal o contractual. Sólo de esta manera
es posible que en todos los eventos anteriores, durante la etapa del cobro
coactivo, la administración libre un mandamiento de pago sobre la base de un
título ejecutivo oponible, “determinando individualmente el monto de la obligación
del respectivo deudor”, como lo ordena perentoriamente el inciso primero del
artículo 828-1 del Estatuto Tributario.
4.3.3.- La vinculación del deudor solidario o
subsidiario a la actuación administrativa que busca determinar la existencia de
una obligación tributaria es importante no solo porque puede resultar obligado a
satisfacer la obligación en virtud de la solidaridad o el contrato de seguro, sino
también porque su derecho de defensa adquiere particularidades frente al del
deudor principal, dado que, de acuerdo con el régimen de la solidaridad, el deudor
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solidario o subsidiario puede interponer no sólo la excepciones que emanan de la
relación jurídica sustancial, sino también las que emanan de su condición
particular. En virtud del derecho a la igualdad se concluye, además, que la
vinculación del deudor solidario o subsidiario al procedimiento de determinación
es constitucionalmente inaceptable. En efecto, si se prescinde de la vinculación
del deudor solidario, se le otorga un tratamiento distinto al que se le dispensa al
deudor principal. Este último podrá contestar el requerimiento inicial o el pliego de
cargos, pedir pruebas, ser notificado de la liquidación oficial y de la resolución
sanción, interponer recursos contra ella en vía administrativa e incluso acudir ante
la jurisdicción contenciosa a fin de discutir su validez. Pero al deudor solidario o
subsidiario sólo se le permitirá interponer excepciones contra el mandamiento de
pago, con las limitaciones propias que ha fijado la jurisprudencia en el proceso de
ejecución coactiva.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / DECRETO 01
DE 1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) - ARTÍCULO 28 / LEY
1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 37 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO
793 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 828-1
OBLIGACIÓN DE GARANTES Y ASEGURADORES DE PAGAR LA
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA AMPARADA - Nacimiento. La obligación nace
cuando ocurre el siniestro, en lo que es determinante que la suma a favor de
la administración tributaria esté asegurada / SINIESTRO EN MATERIA
TRIBUTARIA - Ocurrencia. Con la liquidación oficial de revisión o con la
resolución independiente se debe entender configurado el siniestro y es ese
el momento en el que nace la obligación de la aseguradora de pagar la
obligación amparada (impuesto y o sanción) / OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE
DEUDOR SOLIDARIO, GARANTE Y ASEGURADOR EN MATERIA
TRIBUTARIA - Nacimiento. Nace desde el momento mismo en el que se
notifica la liquidación oficial, configurándose el siniestro, momento a partir
del cual les es exigible / OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE DEUDOR SOLIDARIO,
GARANTE Y ASEGURADOR EN MATERIA TRIBUTARIA - Exigibilidad /
LEGITIMACIÓN DE GARANTES Y ASEGURADORAS PARA CONTROVERTIR
JUDICIALMENTE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -
Operancia. Tienen legitimación a partir del momento en el que la obligación
les es exigible, con la ocurrencia del siniestro / LEGITIMACIÓN DE
GARANTES Y ASEGURADORAS PARA CONTROVERTIR JUDICIALMENTE
LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - Justificación.
Interpretación constitucional / DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN
DEL DEUDOR SOLIDARIO DE CRÉDITOS FISCALES EN LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS - Alcance /
VINCULACIÓN DEL DEUDOR SOLIDARIO A LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS - Finalidad y justificación constitucional /
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS -
Alcance / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS - Alcance / PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO EN LAS
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - Alcance / PRINCIPIO DE IGUALDAD EN
LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - Alcance / EXCEPCIONES
PROCEDENTES EN EL PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO
• Reiteración de jurisprudencia / DERECHO A LA IGUALDAD DEL DEUDOR
SOLIDARIO DE CRÉDITOS FISCALES EN LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y DE COBRO
COACTIVO - Alcance / TÍTULO EJECUTIVO CONTRA EL DEUDOR
SOLIDARIO DE CRÉDITOS FISCALES - Identidad con el título ejecutivo
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contra el deudor principal. Interpretación constitucional del artículo 821-1
del Estatuto Tributario / IDENTIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO CONTRA EL
DEUDOR PRINCIPAL Y EL DEUDOR SOLIDARIO DE CRÉDITOS FISCALES -
Alcance. No implica que la determinación de la obligación a cargo del
deudor solidario se efectúe a sus espaldas, sin que se le permita
controvertir el origen, la causa, la liquidación y la vigencia de la obligación,
entre otros aspectos / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO POR
DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE - Actos que se deben notificar al deudor
solidario
4.4.- Con esta nueva perspectiva constitucional de las normas que regulan los
procedimientos de determinación de tributos, imposición de sanciones por
devolución improcedente y cobro coactivo, para la Sala es claro que la obligación
de los garantes y aseguradoras de pagar la suma devuelta por la administración
tributaria nace cuando ocurre el siniestro, en lo que es determinante que la suma
a favor de la administración tributaria esté asegurada. Esa circunstancia puede
configurarse cuando se practica la liquidación oficial del impuesto o cuando se
determina la sanción por inexactitud, siempre que estén amparados esos riesgos
en el respectivo seguro. Con la liquidación oficial de revisión o con la resolución
independiente se debe entender configurado el “siniestro” y es ese el momento en
el que nace la obligación de la aseguradora de pagar la obligación amparada –
impuesto y/o sanción-. 4.5.- No puede perderse de vista, además, que el propio
artículo 860 del Estatuto Tributario dispone que si en los dos años de vigencia de
la garantía, “la Administración Tributaria notifica el requerimiento especial o el
contribuyente corrige la declaración, el garante será solidariamente
responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de las
sanciones por improcedencia de la devolución” – negrillas propias. Quiere decir lo
anterior, que la obligación solidaria de los deudores solidarios, garantes y
aseguradoras nace desde el momento mismo en que se notifica la liquidación
oficial, configurándose el siniestro, momento a partir del cual le es exigible. 4.6.-
De acuerdo con lo anterior, los garantes y aseguradoras tienen legitimación para
impugnar los actos de liquidación oficial de revisión o los que imponen sanciones,
en vista de que en ese momento se encuentra configurado el siniestro y, por
tanto, le es exigible por parte de la administración tributaria la obligación
amparada. Solo así se concilian el interés general, ínsito en los actos de
fiscalización tributaria y los derechos fundamentales de los contribuyentes o
responsables y sus deudores solidarios, atendiendo, además que la Sección ha
sostenido que las excepciones susceptibles de ser estudiadas en el proceso de
cobro coactivo son solo aquellas que tienden a enervar el título ejecutivo. No
pueden referirse a asuntos de fondo que debieron ser tratados durante el trámite
administrativo que dio origen al título ejecutivo, puesto que “se parte del
presupuesto de que en relación con el origen, la causa, liquidación y vigencia de
la obligación que se pretende cobrar a través de tal procedimiento, han sido
agotadas previamente todas las etapas de discusión administrativa y/o
jurisdiccional, no siendo dable controvertir aspectos diferentes a aquéllos dirigidos
a enervar la eficacia del título ejecutivo”. 4.7.- Lo que se pretende es garantizar
los derechos de los deudores solidarios, garantes y aseguradores en todos los
procedimientos administrativos tributarios con el propósito de no dejarlos en total
estado de indefensión. La pauta constitucional, antes y después de la
Constitución Política de 1991, parte de la publicidad de las actuaciones de la
administración, regla general aplicable a todos los procedimientos administrativos,
que se infiere de los artículos 29 y 209 de la Carta Política y que impone a las
autoridades el deber de dar a conocer las actuaciones a aquellos que puedan
verse afectados con sus decisiones y, por supuesto, el derecho del ciudadano de
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conocerlas y poder controvertirlas. La fuerza vinculante de esa regla no deviene
solo de la sentencia C-1201 de 2003. Se funda en los derechos al debido
proceso, contradicción y defensa, consagrados en el artículo 29 de la
Constitución, en el derecho fundamental a la igualdad y en la normatividad legal
que se menciona más adelante. Por eso, cuando la Corte habla de esos
enunciados jurídicos, no está creando ninguna norma. Solo recuerda y reitera que
es importante la vinculación del deudor solidario –entendido en un sentido amplio-
a la actuación administrativa que busca determinar la existencia de una obligación
tributaria, no solo porque puede resultar obligado a satisfacer la obligación en
virtud de la solidaridad, sino también porque su derecho de defensa adquiere
particularidades frente al del deudor principal, dado que, de acuerdo con el
régimen de la solidaridad, el deudor solidario puede interponer no sólo las
excepciones que emanan de la relación jurídica sustancial, sino también las que
emanan de su condición particular. Además, en virtud del derecho a la igualdad,
“la vinculación del deudor solidario al procedimiento de determinación es
constitucionalmente inexcusable”, pues si se prescindiera de la vinculación del
deudor solidario, garante y asegurador se le otorgaría un tratamiento distinto al
que se le dispensa al deudor principal, que podría contestar el requerimiento
inicial, pedir pruebas, ser notificado de la liquidación oficial, interponer recursos
contra ella por la vía administrativa e incluso acudir ante la jurisdicción
contenciosa a fin de discutir su validez, mientras que al deudor solidario sólo se le
permitiría interponer excepciones contra el mandamiento de pago en el
procedimiento administrativo de ejecución. 4.8.- Los principios de publicidad y
contradicción de las actuaciones administrativas, concebidos, se reitera, como
garantía de los derechos al debido proceso, defensa e igualdad, están previstos
también en la ley. 4.8.1.- En el Decreto 01 de 1984, Código de lo Contencioso
Administrativo, se encuentran consagrados en el artículo 3, como principios
orientadores de todas las actuaciones administrativas, que sirven, además, para
resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de
procedimiento. En virtud del principio de publicidad, “las autoridades darán a
conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o
publicaciones”. El principio de contradicción hace referencia a la oportunidad que
tienen los “interesados” de “conocer y de controvertir esas decisiones por los
medios legales”. Adicionalmente, el CCA desarrolla estos principios en los
artículos 15, 23, 28, 43 a 48 y 61, entre otros. 4.8.2.- Por su parte, la Ley 1437 de
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
consagra en el artículo 3 la obligación de todas las autoridades de interpretar y
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política. Igualmente, prevé que las actuaciones administrativas se deben desarrollar con
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad y publicidad, entre otros. Tal
como lo dispone ese artículo, en virtud del principio del debido proceso, “las
actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena
garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”.
En
cumplimiento del principio de igualdad, “las autoridades darán el mismo trato y
protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo
su conocimiento” y en aplicación principio de publicidad, “las autoridades darán a
conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin
que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el
empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información”. Estos principios se materializan, entre otras normas, en los artículos 9 (numerales
10 y 12), 35, 37, 56 y 65 a 73. 4.9.- La modificación legal introducida por la Ley
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788 de 2002 al artículo 828-1 del Estatuto Tributario apunta a que no es
indispensable “crear” un título individual para el deudor solidario. Pero, de ninguna
manera, su interpretación puede permitir que la administración tributaria en
ejercicio de sus potestades de fiscalización o de control prescinda del deber de
notificación, violentando el derecho de defensa y de contradicción del deudor
solidario e infringiendo los principios de publicidad, moralidad y transparencia.
Como lo ha expresado en múltiples oportunidades la Corte Constitucional, “la
Carta Política establece la publicidad como principio rector de las actuaciones
administrativas, para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo
209, obliga a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los
actos administrativos, con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido
y los observen, sino que, además, permita impugnarlos a través de los
correspondientes recursos y acciones”. El hecho de que la ley prevea la
posibilidad de que con un solo título ejecutivo se ejecute tanto al contribuyente
como al deudor solidario, no implica, en ningún caso, que la determinación de la
obligación a cargo del deudor solidario se efectúe a sus espaldas, sin que se le
permita controvertir el origen, la causa, la liquidación y la vigencia de la
obligación, entre otros aspectos. De conformidad con el artículo 828-1 del
Estatuto Tributario y los principios constitucionales antes referidos, el título
ejecutivo contra el deudor principal lo será también contra el deudor solidario,
siempre que a este último se le vincule al procedimiento administrativo de
liquidación oficial del gravamen o al de imposición de la sanción y se le otorguen
todas las garantías procesales y sustanciales para ejercer su derecho de defensa
y contradicción, ya que solo así podrá controvertir directamente la obligación fiscal
que se le pretende cobrar. Además, tratándose de garantes o aseguradores, la
administración tributaria está en la obligación de (i) notificar el pliego de cargos en
el procedimiento de imposición de sanción por devolución improcedente, (ii)
otorgarle la oportunidad para responder el pliego de cargos, (iii) decretar y
practicar las pruebas que soliciten, en caso de ser necesario, (iv) notificarles la
resolución sanción y (v) resolver de fondo el recurso interpuesto contra la
resolución sanción. Solo de esta manera, se insiste, se garantiza el derecho al
debido proceso de los garantes y aseguradores y, en consecuencia, puede
hablarse de la configuración de un título oponible y ejecutable en su contra.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 /
CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 209 / LEY 788 DE 2002 / DECRETO 01
DE 1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) - ARTÍCULO 3 /
DECRETO 01 DE 1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) -
ARTÍCULO 15 / DECRETO 01 DE 1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO) - ARTÍCULO 23 / DECRETO 01 DE 1984 (CÓDIGO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) - ARTÍCULO 28 / DECRETO 01 DE 1984
(CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) - ARTÍCULO 43 / DECRETO 01
DE 1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) - ARTÍCULO 48 /
DECRETO 01 DE 1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) -
ARTÍCULO 61 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 3 / LEY 1437 DE 2011
(CPACA) - ARTÍCULO 9 NUMERAL 10 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) -
ARTÍCULO 9 NUMERAL 12 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 35 / LEY
1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 37 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) -
ARTÍCULO 56 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 65 / LEY 1437 DE
2011 (CPACA) - ARTÍCULO 73 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 828-1 /
ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 860
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Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas se cita la sentencia C-957 de 1999 de la Corte
Constitucional
UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL - Intervención de los deudores solidarios,
garantes y aseguradoras en los procedimientos administrativos de
determinación de tributos, imposición de sanción por devolución
improcedente y de cobro coactivo / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL -
Legitimación de los deudores solidarios, garantes y aseguradoras para
controvertir judicialmente los actos de la administración tributaria /
INTERVENCIÓN DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS, GARANTES Y
ASEGURADORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE
DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS, IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR
DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE Y DE COBRO COACTIVO - Reglas de
unificación jurisprudencial / LEGITIMACIÓN DE LOS DEUDORES
SOLIDARIOS, GARANTES Y ASEGURADORAS PARA CONTROVERTIR
JUDICIALMENTE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -
Reglas de unificación jurisprudencial / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
JURISPRUDENCIAL - Efectos hacia el futuro
5.1.- En virtud del artículo 29 de la Constitución, que prevé el debido proceso en
todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, de los principios de
publicidad y contradicción de las actuaciones administrativas y de la sentencia C-
1201 de 2003, la Sección Cuarta procede a unificar su jurisprudencia en relación
con la intervención de los deudores solidarios, garantes y aseguradoras, en los
procedimientos de determinación de tributos, imposición de sanciones por
devolución improcedente y cobro coactivo, así como sobre su legitimación para
controvertir los actos de la administración tributaria ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. 5.2.- Las reglas jurisprudenciales que se adoptan en
la materia objeto de unificación son las siguientes: (i) La obligación de los
garantes y aseguradoras de pagar la suma devuelta por la administración
tributaria surge cuando se configura el siniestro. (ii) El siniestro ocurre cuando se
tiene determinada, mediante liquidación oficial o resolución sanción
independiente, la suma a favor de la administración tributaria que puede ser
cobrada al asegurador o garante. (iii) Los deudores solidarios, garantes y
aseguradoras tienen el derecho de controvertir, vía administrativa o judicial, los
documentos que conforman un título ejecutivo en su contra, por lo que la
administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del CPACA o
28 del CCA, está en la obligación de vincularlos al procedimiento de
determinación tributaria que se le inicie al contribuyente, responsable o deudor
principal, siempre que estén amparados esos riesgos en el respectivo seguro o
garantía. En ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, es deber de
la administración tributaria notificar el requerimiento especial y el pliego de cargos
al deudor solidario, garante o asegurador, en los términos expuestos en esta
sentencia. (iv) En el procedimiento de fiscalización de la obligación tributaria, en
sentido amplio, que culmina con la liquidación de revisión, la liquidación de aforo o
la resolución de sanción, es necesario individualizar los sujetos que resultan ser
solidariamente responsables -deudores solidarios, garantes y aseguradoras- y las
circunstancias de su responsabilidad, en cada uno de los supuestos de hecho a
que se refieren los artículos 793 y siguientes del E.T. (v) De conformidad con el
artículo 29 constitucional, los artículos 828-1 y 860 del Estatuto Tributario, el título
ejecutivo contra el deudor principal lo será también contra el deudor solidario,
garante o asegurador, siempre que se le vincule al procedimiento administrativo
de liquidación oficial del gravamen y al proceso de imposición de la sanción. 5.3.-
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
En atención al cambio de precedente efectuado en la presente sentencia de
unificación, la Sala advierte a la comunidad que las consideraciones expuestas en
esta providencia constituyen precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, los efectos de la
presente sentencia de unificación serán hacia el futuro.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / DECRETO 01
DE 1984 (CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) - ARTÍCULO 28 / LEY
1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 10 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) -
ARTÍCULO 37 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 102 / ESTATUTO
TRIBUTARIO - ARTÍCULO 793 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 828-1 /
ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 860
VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE ASEGURADORA EN
PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO - Configuración.
Inoponibilidad de la resolución sanción por devolución improcedente que
hace parte del título ejecutivo por falta de trámite y de decisión del recurso
de reconsideración interpuesto en su contra / NOTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN SANCIÓN A GARANTES, DEUDORES SOLIDARIOS Y
ASEGURADORAS EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE – Finalidad /
EXCEPCIÓN DE FALTA DE TÍTULO EJECUTIVO – Configuración. Se declara
probada por inoponibilidad de la resolución sanción por devolución
improcedente frente a la aseguradora
6.1.- Debe advertir la Sala que pese a que los efectos de la presente providencia
de unificación son hacia el futuro, la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca debe ser revocada, no en aplicación de
la regla jurisprudencial que se fija en esta sentencia, sino atendiendo las
circunstancias particulares del caso que permiten concluir que se infringió el
derecho al debido proceso de la aseguradora. 6.2.- Revisadas las pruebas que
obran en el expediente, se encuentra probado que la sociedad Seguros Colpatria
expidió la póliza de seguro de cumplimiento No. 8001001605, con el objeto de
“garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionadas con
la devolución del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2006, más los
intereses que se llegaren a causar, según artículo 670 y 860 del Estatuto
Tributario, artículo 7 Decreto 1000 de 1997, artículo 40/90 (sic), artículo 71 y 72,
Ley 6/92, artículo 144 y 131 Ley 223/95”. El tomador y afianzado de la póliza fue la
sociedad Divipacas S.A. El beneficiario, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. La póliza estuvo vigente entre el 10 de abril de 2007 y el 10 de mayo
de 2009 y el valor asegurado fue de $56.396.000. 6.3.- También está probado que
la DIAN, con el fin de dar un cumplimiento formal al precedente de esta Sección,
expuesto en el acápite 2 de la parte considerativa de esta sentencia, le notificó a
Seguros Colpatria la resolución sanción No. 1124120110200255 del 23 de febrero
de 2011. No obstante, no le dio trámite al recurso de reconsideración interpuesto
por la aseguradora al considerar que solo era procedente escuchar “al deudor
solidario en su condición de litisconsorte” si el contribuyente presentaba recurso
de reconsideración. Como Divipacas no presentó el correspondiente recurso, la
DIAN omitió resolver de fondo el presentado por Seguros Colpatria. 6.4.- Si la
DIAN le notificó la resolución sanción, era claro que esa diligencia buscaba su
vinculación al proceso para que la aseguradora pudiera controvertir esa decisión y
ejercer plenamente su derecho de defensa. No hay duda que la finalidad del
requisito de notificación de la resolución sanción a los deudores solidarios,
garantes y aseguradoras es otorgarles todas las garantías para que puedan
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
ejercer su derecho de contradicción y defensa, tanto en la vía administrativa como
en la judicial. 6.5.- De lo expuesto es claro que la resolución sanción que hace
parte del título con el que se pretende ejecutar a Seguros Colpatria le es
inoponible. La DIAN no le otorgó ninguna oportunidad para ejercer su derecho de
defensa y contradicción. Así las cosas, como la notificación fue un simple
formalismo, que no cumplió con su verdadera finalidad, no puede hablarse de la
configuración de un título ejecutivo en contra de Seguros Colpatria. 6.6.- En ese
orden de ideas, la Sala procederá a revocar la sentencia del 23 de noviembre de
2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, por la que se negaron las pretensiones de la demanda. En su lugar,
se declarará la nulidad de las resoluciones No. 5175 del 21 de diciembre de 2012
y 0710 del 15 de febrero de 2013, por las que la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales resolvió de manera desfavorable las excepciones contra el
mandamiento de pago No. 0729 del 6 de septiembre de 2012. Así mismo, se
declarará probada la excepción de falta de título ejecutivo propuesta por la
sociedad Seguros Colpatria S.A. contra el mandamiento de pago 0729 del 6 de
septiembre de 2012 y se ordenará la terminación del proceso coactivo en su
contra.
CONDENA EN COSTAS - Conceptos que las integran / CONDENA EN
COSTAS - Normativa aplicable / CONDENA EN COSTAS - Improcedencia.
Falta de prueba de su causación
No habrá lugar a condena en costas (gastos o expensas del proceso y agencias
del derecho) porque en el expediente no se probó su causación, como lo exige el
numeral 8 del artículo 365 del CGP, aplicable al caso concreto por expresa
remisión del artículo 188 del CPACA.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) - ARTÍCULO 188 / LEY 1564
DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018) CE-SUJ-4-011
Actor: SEGUROS COLPATRIA S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 2019 CE-SUJ -4- 011
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
Procede la Sección Cuarta a decidir el recurso de apelación interpuesto por la sociedad
Seguros Colpatria S.A., parte demandante en el presente proceso, contra la sentencia del
23 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Cuarta – Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad
Seguros Colpatria S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó que se hicieran las
siguientes o similares declaraciones y condenas:
1. Que es NULA la Resolución No. 5175 de diciembre 21 de 2012 proferida por
la Entidad Demandada, mediante la cual declaró no probadas las
excepciones de FALTA DE EJECUTORIA TÍTULO EJECUTIVO, FALTA DE
TÍTULO EJECUTIVO e INDEBIDA TASACIÓN DEL MONTO DE LA DEUDA
propuestas contra el mandamiento de pago número 0729 del 06/09/2012, por
las razones que se expondrán en la parte pertinente de este libelo.
2. Que es NULA la Resolución No. 0710 de febrero 15 de 2013 proferida por la
Entidad Demandada, mediante la cual confirmó la Resolución 5175 antes
mencionada.
3. Que como consecuencia de la declaratoria de NULIDAD de los actos
administrativos mencionados, se declare la prosperidad de las excepciones
propuestas dentro del proceso ejecutivo iniciado en contra de mi mandante
por la entidad demandada con base en el mandamiento de pago a deudor
solidario No. 0729 de septiembre 6 de 2012, con la consecuente terminación
del proceso mencionado.
4. Que como consecuencia de la declaratoria de NULIDAD de los actos
administrativos mencionados, se declare que la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, no puede
hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento No. 8001001605 expedida
por mi mandante.
5. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada
conforme lo dispone el artículo 188 del C.P.A.C.A.
6. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado
por el artículo 192 del C.P.A.C.A.
1.2. Hechos relevantes para el asunto
Seguros Colpatria S.A. expidió la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones
legales No. 8001001605 a favor de Divipacas S.A., con un valor asegurado de
$56.396.000,oo, cuyo objeto fue "garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes relacionadas con la devolución del impuesto de renta correspondiente al año
gravable 2006, más los intereses que se llegaren a causar, según artículo 670 y 860 del
Estatuto Tributario, artículo 7 decreto 1000 de 1997, artículo 40/90, artículo 71 y 72, Ley
6/92 artículo 144 y 131 Ley 223/95”.
Luego de la devolución, la DIAN inició proceso de revisión de la declaración privada, en el
que expidió el Requerimiento Especial No. 112382008000009 de 2008 y la Liquidación
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
Oficial de Revisión No. 112412009000038 de 2009, actos que no fueron notificados a
Seguros Colpatria S.A.
El 21 de junio de 2010 la DIAN expidió el Pliego de Cargos No. 1123820100001011, en el
que se ordenó a la sociedad Divipacas S.A. el reintegro de la suma de $56.396.000 y el
pago de la sanción establecida en los artículos 2° y 5° del artículo 670 del Estatuto
Tributario, por valor de $281.980.000. Este acto tampoco fue notificado a Seguros
Colpatria S.A.
El 23 de febrero de 2011 la DIAN expidió la Resolución Sanción No. 112412011000255.
Este acto fue notificado a Seguros Colpatria S.A.
Mediante escrito del 18 de marzo de 2011, Seguros Colpatria S.A. interpuso recurso de
reconsideración contra la resolución sanción. El recurso fue rechazado mediante Oficio
100 208 223 – 190 del 12 de abril de 2011, con el argumento de que en la etapa procesal
de agotamiento de la vía gubernativa no procedía la intervención del garante como
recurrente.
El 6 de septiembre de 2012 la DIAN expidió el Mandamiento de Pago a Deudor Solidario
No. 0729, “por los conceptos garantizados mediante póliza No. 80010001805 del
10/04/2007, y contenidos en la Resolución Sanción por improcedencia de la devolución
y/o compensación No. 112412011000255 del día 23/02/2011, esto es el reintegro de la
suma devuelta por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL PESOS ($56.396.000) MCTE, más los intereses moratorios correspondientes
aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%), más la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE ($281.980.000) correspondiente al 500% del valor devuelto con utilización de
medios fraudulentos, conforme a los artículos 860 y 670 inciso 2 del Estatuto Tributario;
más las costas del proceso conforme al artículo 836 numeral 1 del ET”.
Frente al mandamiento de pago Seguros Colpatria S.A. presentó las excepciones de falta
de ejecutoria de la resolución sanción, falta de título ejecutivo e indebida tasación del
monto de la deuda.
Mediante la Resolución 5175 del 21 de diciembre de 2012 la DIAN declaró no probadas
las excepciones. Este acto fue confirmado por la Resolución 710 del 15 de febrero de
2013.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se indicaron como vulnerados los artículos 29 de la Constitución y 565,
720, 732, 734, 828-1 y 860 del Estatuto Tributario, por lo siguiente:
1.3.1. Falta de ejecutoria de la resolución sanción
Para Seguros Colpatria S.A., la resolución sanción no se encuentra ejecutoriada y, por
esa razón, no constituye título ejecutivo, como quiera que no le fue debidamente
notificada y, en todo caso, no le permitieron ejercer su derecho de contradicción y
defensa.
Para sustentar esa conclusión expuso que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado1 el sólo aviso al deudor solidario de los actos
sancionatorios no es idóneo para integrar el título ejecutivo, por lo que debe tenerse
como probada la excepción de falta de título ejecutivo bajo la configuración de ese
supuesto.
1 Cita la sentencia del 21 de octubre de 2010, proferida en el proceso 08001-23-31-000-1996-
11634-01(17631), CP. William Giraldo Giraldo.
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
Además, manifestó que el no permitirle el ejercicio de su derecho de contradicción
durante el trámite de la determinación de la obligación tributaria resultó abiertamente
violatorio de su derecho constitucional de defensa y contradicción, en aplicación de las
reglas del debido proceso y lo dispuesto en la sentencia C-1201 de 2003.
Igualmente, afirmó que operó el silencio administrativo positivo en relación con ese
recurso, en virtud del artículo 734 del Estatuto Tributario.
Todo, porque mediante el Oficio 100 208 223 – 190 del 12 de abril de 2011, la DIAN se
negó a resolver el recurso de reconsideración presentado oportunamente contra la
resolución sanción, “con base en su particularísima concepción de que mi mandante es
litisconsorte facultativo del contribuyente y, en la medida en que éste no ejercite su
derecho de defensa durante el proceso de determinación de la obligación tributaria, el
recurso de mi mandante no podrá ser tampoco considerado”.
En ese sentido, concluyó que como ese oficio no constituía un acto definitivo, no era
demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
1.3.2. Falta de título ejecutivo
No existe título ejecutivo toda vez que la póliza de seguro sólo presta mérito ejecutivo a
partir de la ejecutoria del acto de la administración que declara la exigibilidad de las
obligaciones garantizadas.
Como la resolución sanción no se encuentra ejecutoriada, la póliza otorgada no presta
mérito ejecutivo por sí sola y, por ende, se debe declarar probada esta excepción.
Adicionalmente, en la póliza de seguro, que fue aprobada por la DIAN, no se amparó la
situación por la que se libró el mandamiento de pago, como quiera que el contribuyente
obró con dolo y apoyado en documentos falsos o adulterados.
Para el efecto, se afirmó que de conformidad con el artículo 1055 del Código de
Comercio no es posible cubrir el dolo, la culpa grave ni los actos meramente potestativos.
Y de acuerdo con el artículo 1066 ibídem, el asegurador tiene la potestad de no asumir
algunos de los riesgos a los que está expuesto el asegurado, circunstancia que se
conoce como exclusión.
Y eso fue, precisamente, lo que aconteció con la póliza de seguro que sirvió de base a la
ejecución pues Seguros Colpatria S.A., en ejercicio de su legítimo derecho derivado del
artículo 1056 del Código de Comercio, consagró la siguiente exclusión:
“1.1. Exclusiones aplicables a todo el contrato
Colpatria quedará liberada de toda responsabilidad bajo el presente contrato de
seguro cuando el siniestro se cause o se presente por alguno de los siguientes
hechos: ...
g) Falsedad en los documentos presentados por el afianzado”.
Bajo la señalada exclusión, quedó estipulado que Seguros Colpatria S.A. no asumiría
responsabilidad alguna en el evento en que el siniestro obedeciera a falsedad en los
documentos presentados por el contribuyente, que fue exactamente lo que ocurrió en el
presente caso, como expresamente lo reconoció la DIAN en la resolución sanción.
1.3.3. Indebida tasación del monto de la deuda
Para Seguros Colpatria S.A., la DIAN desconoció el artículo 1079 del Código de
Comercio que prevé que “el asegurador no estará obligado a responder sino hasta
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 1074”.
Si bien la sociedad aseguró la devolución y la sanción que llegara imponerse, ese
alcance debe interpretarse dentro del límite de responsabilidad que se establece en el
valor asegurado.
Por tal razón, la DIAN debía, “como amplia conocedora del tema de las sanciones, exigir
al contribuyente que el valor de la póliza fuera por el valor de la devolución más la
sanción, a efectos de obtener una completa protección de su riesgo, no en cuanto a
cobertura sino en lo que respecta al límite de responsabilidad de la aseguradora”.
2. Oposición
Mediante apoderada judicial, la DIAN compareció al proceso y se opuso a las
pretensiones de la demanda. Afirmó que con la interposición de las excepciones, Seguros
Colpatria no estaba atacando en sí el mandamiento de pago sino que pretendía que se
debatiera la legalidad de la resolución sanción –título ejecutivo en el presente proceso-,
acto que se presume legal y que no fue demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Manifestó que en el Oficio 100 208 223 – 190 del 12 de abril de 2011, por el que la DIAN
se negó a resolver el recurso de reconsideración presentado por Seguros Colpatria
contra la resolución sanción es un verdadero acto administrativo y, por ende, no puede
entenderse configurado el silencio administrativo positivo. En ese sentido, afirmó que
existe un título ejecutivo claro, expreso y actualmente exigible, como quiera que la
Resolución Sanción No. 112412011000255 de 2011 se encuentra debidamente
ejecutoriada.
Adicionalmente, manifestó que en virtud de disposiciones especiales del Estatuto
Tributario fue que, precisamente, a la compañía de seguros sólo se le notificó la
resolución sanción y no cada uno de los actos expedidos en el proceso de fiscalización.
En todo caso, siempre se le comunicó o informó sobre el estado del proceso de
fiscalización, por lo que no puede hablarse de vulneración del debido proceso.
De hecho, fue convocado al proceso administrativo como un tercero que se podía ver
afectado con el resultado de la actuación administrativa, lo que “asociado a la póliza
misma delimita su campo de acción”.
En relación con la vigencia y cobertura de la póliza de seguros, explicó que la calidad de
deudor solidario de la compañía de seguros no es de orden convencional sino que
expresamente está regulada en el artículo 860 del Estatuto Tributario y, en ese sentido, la
garantía cubre no solo la devolución improcedente sino también los intereses causados y
las sanciones a que haya lugar.
Afirmó, además, que el valor sobre el que Seguros Colpatria cobró una prima no
constituye un límite a la solidaridad que se predica por ley frente a las obligaciones y
sanciones previstas para estos casos, aspecto que la aseguradora conocía cuando
expidió la póliza amparando el monto objeto de la devolución así como el cumplimiento
de las disposiciones legales derivadas de esa devolución.
En ese sentido, concluyó que como Seguros Colpatria no ha hecho uso de los
mecanismos judiciales para obtener la declaratoria de nulidad de la póliza, ésta resulta
obligatoria y, por ende, la DIAN, como beneficiaria, está en el derecho de hacerla efectiva
al haberse configurado el siniestro amparado.
3. Sentencia de primera instancia
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A negó las pretensiones de la demanda,
con fundamento en los argumentos que pasan a resumirse:
3.1. Sobre la excepción de falta de ejecutoria de la resolución sanción
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado2, el único
acto que debe ser notificado a la aseguradora, como garante de la obligación tributaria,
es el de la improcedencia de la devolución e imposición de las sanciones previstas en el
artículo 670 del E.T.
En el caso concreto se pudo constatar que la resolución sanción que conforma el título
ejecutivo fue notificada a Seguros Colpatria y, en virtud de esa notificación, fue que la
sociedad interpuso recurso de reconsideración frente a dicho acto.
Si bien es cierto que mediante Oficio 100 208 190 del 8 de abril de 2011 la DIAN negó el
recurso de reconsideración interpuesto por Seguros Colpatria, ese acto
“… sí constituye una decisión administrativa definitiva respecto de la aseguradora y
su recurso de reconsideración, no siendo dable a través de este medio de control
ejercido contra la resolución que falla las excepciones y su confirmatoria, entrar a
valorar las razones fundamento de la decisión adoptada a través del citado oficio,
porque ello implicaría determinar si fue adecuada o no la calificación de litisconsorte
efectuada por la Administración respecto de la sociedad actora, en su calidad de
aseguradora en el proceso de devolución y/o compensación improcedente
adelantado y las implicaciones jurídicas de tal calificación, lo cual es del resorte del
juez que estudie la legalidad de la resolución sanción; por lo tanto, frente a la
Aseguradora es predicable que la decisión adoptada por la DIAN dio por agotada la
vía administrativa”.
En ese orden de ideas, no se configura la excepción propuesta.
3.2. Sobre la excepción de falta de título ejecutivo
Esta excepción tampoco está llamada a prosperar porque lo que pretende Seguros
Colpatria es cuestionar el cubrimiento de la póliza y controvertir la legalidad del título
ejecutivo.
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado3, si existen cuestionamientos
respecto de la obligación contenida en el título ejecutivo el interesado debe ejercer las
acciones correspondientes para controvertir su legalidad.
Por tal razón, como Seguros Colpatria no interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución Sanción No. 112412011000255 del 23
de febrero de 2011 y el Oficio 100 208 190 del 8 de abril de 2011, que se pronunció sobre
el recurso de reconsideración, debe concluirse que el título ejecutivo sí existe y se
encuentra ejecutoriado.
Por esta vía judicial tampoco es procedente analizar la legalidad de la póliza otorgada ni
el límite de su cobertura, “pues ello conllevaría a reabrir el debate de la responsabilidad
solidaria de la sociedad actora, para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto
mecanismos administrativos y judiciales que la parte demandante no ejerció”.
3.3. Sobre la excepción de indebida tasación del monto de la deuda
2 Se cita la sentencia del 7 de agosto de 2015, proferida en el expediente 20493, CP. Martha
Teresa Briceño de Valencia.
3 Cita la sentencia del 21 de noviembre de 2012, proferida en el expediente 18647, CP. William
Giraldo Giraldo.
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
Los argumentos expuestos por la sociedad demandante para fundamentar esta
excepción implican analizar las condiciones y el monto asegurado mediante la póliza de
cumplimiento, así como los límites de la prima de seguro y las causales de exclusión,
asuntos que son de la órbita de otro mecanismo de defensa judicial.
4. Recurso de apelación
El apoderado de Seguros Colpatria interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el propósito de que se
acceda a las pretensiones de la demanda.
Los argumentos expuestos se sintetizan así:
• En virtud de las implicaciones que tiene la posición de garante era necesario que a
la aseguradora se le notificaran todos los actos administrativos proferidos durante el
trámite del proceso de fiscalización.
• Era necesario, además, que la DIAN persiguiera, en primera medida, el pago de la
obligación tributaria frente al contribuyente, pues solo ante la ausencia de pago
entraría la aseguradora, como deudora solidaria, a responder por esa obligación,
pero siempre dentro del límite establecido en la póliza de seguro.
• La resolución sanción no se encuentra ejecutoriada por la omisión de la DIAN de
resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto por la aseguradora contra
dicho acto.
• El Oficio 100 208 190 del 8 de abril de 2011 no es un verdadero acto administrativo,
razón por la que la aseguradora no estaba habilitada para acudir a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo para demandarlo.
• No es posible predicar la existencia de un título ejecutivo en contra de Seguros
Colpatria porque la garantía otorgada no cubre la situación que configuró el
siniestro, esto es, el dolo, la culpa grave, ni la falsedad de los documentos
presentados por el afianzado.
• La excepción de indebida tasación del monto de la deuda no es sólo para analizar
errores aritméticos. La sentencia de primera instancia omitió pronunciarse sobre los
argumentos de esta excepción, los que estaban encaminados a que se reconociera
el límite cuantitativo de la póliza otorgada a favor de la DIAN.
5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El apoderado de la parte demandante se remitió a los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.
La DIAN reiteró, de manera general, los argumentos expuestos en la oposición y en la
sentencia de primera instancia. Adicionalmente, citó el último precedente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en el que se afirma que las aseguradoras no están
legitimadas para controvertir los actos de liquidación oficial de impuestos.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó revocar parcialmente la
sentencia de primera instancia “en cuanto se debe mantener la decisión de declarar no
probada las excepciones de falta de ejecutoria del título y de falta de título, pero acceder
parcialmente a la excepción de indebida tasación de la deuda para excluir la sanción del
500%”.
1. Sobre la ejecutoria del título ejecutivo
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
La resolución sanción que constituye el título ejecutivo en el caso concreto quedó
ejecutoriada con el pronunciamiento de la DIAN sobre el recurso de reconsideración
interpuesto por Seguros Colpatria.
El Oficio 100 208 190 del 8 de abril de 2011 es una decisión definitiva, como quiera que
culminó la actuación administrativa o hizo imposible continuarla, por lo que “la actora
debió demandar su inconformidad con esa decisión o alegar allí el silencio positivo en lo
concerniente a su posición de garante”.
2. Acerca de la falta de título
La discusión sobre la exclusión de la responsabilidad de la aseguradora por el obrar
doloso de la sociedad asegurada (falsedad documental) no está relacionada con la
ausencia del título ejecutivo, por lo que esos argumentos no pueden ser analizados por
esta vía judicial.
En el presente caso, el título ejecutivo “está debidamente conformado con el acto en que
se determinó la responsabilidad de la garante y la exigibilidad de la obligación a su cargo,
esto es, la Resolución que declaró la improcedencia de la devolución y ordenó el
reintegro, carácter de título que no se pierde por la obtención de la devolución mediante
fraude documental, cuyo respectivo valor se discute en la excepción sobre indebida
tasación de la deuda”.
3. En relación con la indebida tasación de la deuda
La sanción correspondiente al 500% de la suma devuelta indebidamente está prevista en
el numeral 5 del artículo 670 del E.T. en forma “adicional” a la sanción por la
improcedencia de la devolución, cuando el contribuyente obtiene la devolución con
documentos falsos o mediante fraude.
Así las cosas, “como sanción adicional no puede incluirse en la obligación a cargo de la
garante, porque se impone a cargo del contribuyente y el artículo 860 del E.T. limita
expresamente la responsabilidad de la garante a la obligación garantizada, esto es, al
monto devuelto, incluido el monto de la sanción por improcedencia solamente que
comprende el reintegro del valor devuelto y los intereses antes mencionados (numeral 2º
del artículo 670 del E.T.”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Anotación previa: sentencia de unificación de jurisprudencia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del CPACA, procede la
Sección a proferir la presente sentencia de unificación, dada la necesidad de rectificar y
unificar la tesis actual sobre la intervención de los deudores solidarios, garantes y
aseguradoras en los procedimientos de determinación de tributos, imposición de sanción
por devolución improcedente y de cobro coactivo.
Como se verá más adelante, la Sección le ha otorgado un alcance restrictivo a las
disposiciones del Estatuto Tributario que regulan la materia y a la sentencia C-1201 de
2003, lo que ha generado, en ciertas ocasiones, una limitación de los derechos de
contradicción, defensa y debido proceso de las compañías aseguradoras.
Por esas razones, en cumplimiento de la función de unificar jurisprudencia, atribuida a
esta Corporación, se hace necesario emitir un pronunciamiento que precise la
intervención de los deudores solidarios, garantes y aseguradoras, a partir del contenido
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de las normas que regulan el contrato de seguro y los procedimientos de fiscalización y
cobro coactivo.
Recuérdese que la función de unificación de jurisprudencia implica identificar escenarios
propicios para que como órgano de cierre de la jurisdicción, la Corporación, a través de la
Sala Plena o sus Secciones, desarrolle criterios o tesis con el fin de precisar puntos
oscuros de la legislación o jurisprudenciales, rectificar sus propios precedentes y
garantizar los derechos fundamentales, en aras de asegurar los fines del Estado
establecidos por el constituyente en el artículo 2 de la Constitución4.
2. Precedente de la Sección Cuarta sobre la vinculación y legitimación de las
compañías aseguradoras
2.1.- En relación con la intervención de los deudores solidarios, garantes y aseguradoras
en los procedimientos de determinación de tributos, imposición de sanciones por
devolución improcedente y cobro coactivo y su intervención para controvertir los actos de
la administración tributaria, la Sección Cuarta ha sostenido estas tesis:
(i) La administración tributaria no está en la obligación de vincular al garante o
asegurador a los procesos de determinación tributaria.
La administración solo tiene obligación de notificar las liquidaciones oficiales de revisión a
los contribuyentes porque son estos –no los garantes- los titulares de la relación jurídica
sustancial y los directos responsables del pago del tributo5.
Si bien los actos de liquidación de impuestos son el fundamento para dictar los actos
sancionatorios por devolución improcedente, esa circunstancia por sí sola no implica el
deber de notificar al garante o asegurador porque el artículo 860 del Estatuto Tributario
solo exige que se notifique la liquidación oficial de revisión al contribuyente, en razón a
que este es un acto de determinación tributaria6.
(ii) Las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia C-1201
de 2003 no son aplicables para las compañías aseguradoras, pues no son
propiamente deudores solidarios.
Si bien en la sentencia C-1201 de 2003, la Corte Constitucional consideró que en todo
proceso de determinación de la obligación tributaria debe citarse a los deudores
solidarios, en esa misma sentencia expresamente se excluyó de los efectos del fallo a las
aseguradoras, toda vez que su responsabilidad por las obligaciones que se garantizan se
rige por normas especiales, esto es, las referidas al seguro de cumplimiento7.
(iii) Las aseguradoras no están legitimadas para controvertir los actos de liquidación
oficial de impuestos.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de diciembre de 2016, radicado:
25000-23-42-000-2013-04676-01(2686-14).
5 Posición reiterada en las sentencias del 17 de marzo de 2016 (exp. 20493), 14 de julio de 2016
(exp. 21147), CP Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, y 23 de noviembre de 2018 (exp. 23171) CP
Stella Jeannette Carvajal Basto.
6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 14 de julio de 2016. Proceso 25000-23-27-
000-2012-00307-02(21147), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente:
Martha Teresa Briceño de Valencia, Radicación No. 25000-23-27-000-2012-00460-01 (19880).
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 14 de julio de 2016. Proceso 25000-23-27-000-
2012-00307-02(21147), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Y eso es así porque las aseguradoras no asumen la obligación de pagar ese mayor
impuesto8. La obligación garantizada se limita al valor solicitado en devolución por el
contribuyente, más los intereses que se llegaren a causar, de acuerdo con los artículos
670 y 860 del Estatuto Tributario.
Además, en los procesos de determinación de tributos no se resuelve sobre la obligación
a cargo del garante o asegurador, esto es, no se declara la improcedencia de la
devolución, ni se ordena el correspondiente reintegro.
(iv) El único acto que debe notificarse a los garantes y aseguradoras es la resolución
sanción, con el fin de que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, pues
ese acto es el que configura el siniestro amparado por la póliza de cumplimiento
de disposiciones legales.
Una lectura de los artículos 828 (numeral 4) y 860 del Estatuto Tributario permite concluir
que en el caso de devoluciones con garantía, es la resolución sanción el acto que
determina la responsabilidad del garante y la exigibilidad de la obligación a su cargo. La
resolución sanción, no la liquidación oficial de revisión, es el acto que declara la
improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente reintegro.
Por ende, al ser el que establece la exigibilidad de la obligación garantizada, es el único
acto que debe ser notificado a la compañía de seguros para que pueda ejercer el derecho
de defensa y contradicción9. Además, esa notificación es necesaria para que sea
oponible a la aseguradora y se pueda configurar un título ejecutivo en su contra10.
(v) Los garantes y aseguradoras tienen legitimación en la causa para demandar en
vía jurisdiccional los actos que imponen sanciones tributarias, siempre que estos
actos configuren el siniestro amparado.
Si a la solicitud de devolución se acompañó seguro a favor de la Nación, es procedente
aceptar que la aseguradora interponga directamente demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos que le imponen al contribuyente sanción
por devolución improcedente11.
La legitimación radica en el hecho de que la compañía de seguros que expide la
correspondiente póliza de cumplimiento se encuentra obligada a garantizar el eventual
reintegro al fisco de las sumas cuya devolución no sea procedente12.
Así pues, cuando ocurre el siniestro, que estaría constituido por la resolución que impone
la sanción, surge el interés o legitimación en la causa de las compañías de seguros, en
su calidad de garantes, de conformidad con el artículo 860 del Estatuto Tributario, para
8 Ibídem. Posición reiterada, entre otras sentencias, en la del 6 de junio de 2019, radicado 05001-
23-33-000-2014-01373-01(23640), CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
9 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 14 de julio de 2016. Proceso 25000-23-27-
000-2012-00307-02(21147), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencias del Consejo de
Estado de 12 de abril de 2002, exp. 12466, C.P. German Ayala Mantilla; de 12 de septiembre de
2002, exp. 12644, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 29 de junio de 2006, Exp. 15264 C.P. Dra.
María Inés Ortiz Barbosa y de 11 de noviembre de 2009, Exp. 16885 C.P. Dr. Héctor J. Romero
Díaz, 27 de agosto de 2015, exp. 20493, auto de 28 de julio de 2013, exp. 19880, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia, entre otras.
10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 13 de junio de 2011. Proceso 08001-23-31-
000-1998-90155-01(17374), CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Ver también sentencias de 12
de septiembre de 2002, exp. 12644; 10 de marzo de 2005, exp. 14325 C.P. María Inés Ortiz
Barbosa; 12 de mayo de 2005, exp. 13824, CP. Héctor J. Romero Díaz, y 8 de octubre de 2009,
exp. 16483, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
11 Ver auto del 1º de agosto de 2013. Exp. 19665. Sección Cuarta Consejo de Estado
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso 25000-23-27-000-2012-00460-01(19880). CP
Martha Teresa Briceño de Valencia.
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actuar en el proceso que se surta ante la administración tributaria y/o demandar, ante la
jurisdicción contencioso administrativa, los actos que expida la administración13.
La legitimación de la que goza la aseguradora que ha expedido la póliza para cubrir el
riesgo que conlleva la devolución de un saldo a favor, de ejercer el derecho de defensa
frente a los actos sancionatorios, trae consigo que con su actuar puedan ser anulados
total o parcialmente los actos sancionatorios y, con esto resulte modificada la situación
del contribuyente sancionado.
Por ello, es posible que con el proceso judicial sea beneficiado quien cometió el hecho
sancionable contemplado en el artículo 670 del Estatuto Tributario, incluso sin haber
participado en instancia alguna en defensa de sus intereses14.
(vi) En los procesos de cobro coactivo, el título ejecutivo en contra de las compañías
de seguro lo conforma la resolución sanción debidamente notificada junto con la
póliza de seguro.
El procedimiento de cobro coactivo no tiene por finalidad la declaración o constitución de
obligaciones, sino la efectividad de las obligaciones previamente definidas a favor de la
Nación y a cargo de los contribuyentes o responsables. Sin embargo, se requiere
notificación a la compañía de seguros del acto previo que declare el incumplimiento por
parte del asegurado para constituir el título ejecutivo que permita exigir válidamente a la
aseguradora el cumplimiento de la obligación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 828
numeral 4º del Estatuto Tributario15.
Cuando se notifican los actos definitivos que declaran el incumplimiento y liquidan la
obligación, el garante o asegurador conoce el monto de la obligación a cubrir por la
ocurrencia del riesgo asegurado. Por eso, es imprescindible la notificación personal para
la ejecutoria del acto y para proteger el derecho de defensa consagrado en el artículo 29
de la Constitución, pues el sólo aviso a los deudores solidarios, garantes y aseguradoras
de los actos sancionatorios no es idóneo para integrar el título ejecutivo con la póliza16.
(vii) Los garantes y aseguradoras pueden alegar las excepciones del contribuyente
en el cobro coactivo y las especiales de indebida tasación de la deuda y
ausencia de calidad de deudor solidario.
En el trámite del cobro coactivo de impuestos, las excepciones que pueden proponerse
contra el mandamiento de pago son las previstas en el artículo 831 del Estatuto
Tributario, esto es: (i) pago efectivo; (ii) existencia de acuerdo de pago; (iii) falta de
ejecutoria del título; (iv) pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión
provisional del acto administrativo; (v) interposición de demandas de restablecimiento del
derecho o de proceso de revisión de impuestos; (vi) prescripción de la acción de cobro y
(vii) falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.
13 Entre otras providencias, ver Auto de 28 de agosto de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia, citado en sentencias de 27 de agosto 2015, Exp. 20493, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia y de 17 de marzo de 2017, Exp. 21996, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez y sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 21147, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de abril de 2018. Proceso 25000-23-37-
000-2015-00295-01 (23289), CP Milton Chaves García.
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 21 de octubre de 2010. 08001-23-31-000-
1996-11634-01(17631), CP William Giraldo Giraldo.
16 Ver también: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 13 de junio de 2011, proceso
08001-23-31-000-1998-90155-01(17374), CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 12 de
septiembre de 2002, exp. 12644; 10 de marzo de 2005, exp. 14325, CP María Inés Ortiz Barbosa;
12 de mayo de 2005, exp. 13824, CP. Héctor J. Romero Díaz, 8 de octubre de 2009, exp. 16483,
CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Si bien el artículo 814-2 del E.T. establece que “en ningún caso el garante podrá alegar
excepción alguna diferente a la de pago efectivo”, como lo ha advertido la Sección17, esa
norma debe ser interpretada en concordancia con el parágrafo del artículo 831 ib.,
adicionado por el artículo 84 de la Ley 6 de 1992, que determina para el deudor solidario
dos excepciones adicionales a las siete consagradas en esa norma: (i) la de calidad de
deudor solidario y (ii) la indebida tasación del monto de la deuda.
Así las cosas, tanto los garantes como aseguradoras de la obligación tributaria pueden
proponer todas las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario,
incluso aquellas que son propias del deudor principal de la obligación, dada su solidaridad
y la necesidad de garantizar el debido proceso.
No obstante, las excepciones no pueden referirse o fundamentarse en asuntos de fondo
que debieron ser tratados en la vía administrativa en que se controvirtió el título ejecutivo.
2.2.- Mediante auto del 22 de mayo de 201418 la Sección precisó la tesis que había
sostenido en relación con la falta de legitimación de las aseguradoras para controvertir
los actos de liquidación oficial de revisión.
En esa oportunidad se dijo que las aseguradoras estarían legitimadas para controvertir
los actos de liquidación oficial de impuestos “si acreditan un interés directo, como podría
suceder en aquellos asuntos en los que la aseguradora ampara el pago de sanciones o el
mayor valor de impuestos”.
Eso, en virtud de la obligación propia del asegurador contenida en el literal f) del artículo
793 del Estatuto Tributario, que consagra la solidaridad entre el contribuyente y “los
terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor”.
Así pues, se concluyó que “las compañías de seguros tendrían interés para solicitar la
nulidad de los actos de la Administración Tributaria, por su carácter de aseguradoras,
cuando el amparo otorgado tenga relación con la decisión adoptada; bien el mayor valor
del impuesto, la sanción por inexactitud, la devolución de sumas de dinero o la sanción
por devolución improcedente”.
En consecuencia, se afirmó que en cada caso debía estudiarse la póliza, sus condiciones
y el amparo otorgado, para establecer si la aseguradora tenía interés y estaba legitimada
para demandar los actos de liquidación.
No obstante, salvo en el asunto que se resolvió en esa providencia, esa tesis no fue
aplicada en casos posteriores, por lo que podría afirmarse que fue recogida de manera
tácita.
2.3.- En relación con los deudores solidarios –no así con los garantes o aseguradoras- la
Sección rectificó y precisó su jurisprudencia en sentencia del 3 de mayo de 201819.
Con fundamento en la sentencia C-1201 de 2003, se dijo que con independencia del
origen de los títulos ejecutivos que fundamenten un proceso de cobro coactivo, esto es,
(i) que surjan del inicio de una actuación de oficio, como es el caso del procedimiento de
determinación tributaria, o (ii) que se trate de liquidaciones privadas sin pagar, el debido
proceso de los deudores solidarios se debe garantizar en todo momento a fin de que,
según el caso, puedan ejercer sus derechos de contradicción y defensa frente a las
obligaciones y la solidaridad que se les imputa.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 4 de
abril de 2013. Proceso 76001-23-31-000-2005-04450-01(18970). CP Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez.
18 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Auto del 22 de mayo de 2014. Proceso 25000-23-27-000-
2012-00509-01 (19879). CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Proceso 41001-23-31-
000-2006-00276-01(21376). CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Fue así como se sentaron estas reglas:
(i) Los deudores solidarios tienen el derecho de controvertir los documentos que
conforman un título ejecutivo en su contra, por lo que la administración tributaria,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del CPACA o 28 del CCA, está en la
obligación de vincularlos al procedimiento de determinación tributaria que se le
inicie al contribuyente, responsable o deudor principal.
Como lo afirmó la Corte Constitucional en la sentencia C-1201 de 2003,
únicamente surtida esta etapa puede hablarse de la existencia de un título
ejecutivo válido en contra del deudor solidario.
(ii) Tratándose de liquidaciones privadas sin cancelar, para que puedan ser oponibles
al deudor solidario y se constituyan en título ejecutivo válido, la administración
tributaria debe vincular a los deudores solidarios al proceso de cobro coactivo,
mediante la notificación del mandamiento de pago.
En dicho proceso de cobro debe establecerse con claridad y certeza su calidad de
deudor solidario, la proporción de su participación, los períodos gravables a que
corresponden las deudas objeto del cobro y la cuantía de las mismas, sin que eso
se oponga a que la administración adelante diligencias previas o de cobro
persuasivo respecto de los deudores solidarios.
3. Procedimientos de determinación de los tributos, imposición de sanción por
devolución improcedente y cobro coactivo: ¿deber de vincular a los garantes y
aseguradoras?
3.1.- El legislador no mencionó expresamente la intervención de los garantes o
aseguradoras de la obligación del contribuyente en la regulación del procedimiento de
determinación de los tributos, lo que ha generado una interpretación restrictiva respecto
de su intervención para actuar y controvertir las decisiones de la administración tributaria.
3.2.- El procedimiento administrativo de determinación de los tributos comprende varias
etapas en la que es posible ejercer el derecho de defensa y contradicción20:
(i) Requerimiento especial (artículos 702 a 706 del E.T.): la administración de
impuestos tiene competencia para modificar, por una sola vez, las liquidaciones
privadas de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, mediante
una liquidación de revisión.
Sin embargo, antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración tiene
la obligación de enviar al contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los
puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se
sustenta y la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones
que se pretende adicionar a la liquidación privada. El requerimiento debe
notificarse a más tardar dentro de los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento
del plazo para declarar.
(ii) Respuesta al requerimiento especial (artículos 707 y 709 del E.T.): el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante cuenta con tres meses,
contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, para
formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que
permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que
reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias.
20 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Proceso 41001-23-31-
000-2006-00276-01(21376).
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También tiene la opción de aceptar total o parcialmente los hechos planteados en
el requerimiento y corregir su liquidación privada.
(iii) Liquidación oficial de revisión (artículos 702 y 710 a 712 del E.T.): la
administración debe notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello, en
los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar
respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso.
La liquidación de revisión debe contraerse exclusivamente a la declaración del
contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento
especial o en su ampliación si la hubiere.
(iv) Recurso de reconsideración (artículos 713 y 720 del E.T.): contra las liquidaciones
oficiales procede el recurso de reconsideración, que debe ser interpuesto dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.
Puede prescindirse de este recurso cuando se ha contestado, en debida forma, el
requerimiento especial.
En todo caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor, puede aceptar
total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación dentro del término
para interponer el recurso de reconsideración.
Como puede verse, no existe norma expresa en el Estatuto Tributario que ordene enviar
copia del requerimiento especial a los garantes o aseguradores, ni que disponga
vincularlos a la actuación descrita.
Dentro de los conceptos de “contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante”
no pueden considerarse incluidos los garantes o aseguradoras, pues se trata de
categorías jurídicas distintas, por lo que no es posible entender, en estricto sentido y bajo
una lectura literal de la norma, que el requerimiento deba ser notificado también a éstas.
Esa ha sido, hasta ahora, la tesis jurídica sostenida por esta Sección.
3.3.- De otro lado, en virtud del artículo 637 del Estatuto Tributario, las sanciones en
materia tributaria pueden imponerse mediante resolución independiente o en las
liquidaciones oficiales.
La sanción por devolución y/o compensación improcedente, que es la que ocupa la
atención de la Sala, está prevista en el artículo 670 ibídem. Esta sanción también aplica
en caso de que el contribuyente o responsable corrija la declaración tributaria,
disminuyendo el saldo a favor que fue objeto de devolución y/o compensación, en virtud
de la reforma introducida por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016.
Cuando la sanción se imponga en resolución diferente, con independencia de que la
solicitud se haya tramitado con o sin garantía y en aras de garantizar el debido proceso,
la administración tributaria debe adelantar el procedimiento establecido en el artículo 638
del Estatuto Tributario, que consagra cuatro etapas:
(i) Notificación del pliego de cargos.
(ii) Término de respuesta del pliego de cargos.
(iii) Práctica de las pruebas a que hubiere lugar.
(iv) Emisión y notificación de la resolución sanción.
En todo caso, la resolución sanción debe ser proferida por la administración tributaria
dentro de los tres años siguientes a la presentación de la declaración de corrección o a la
notificación de la liquidación oficial de revisión y cuando la solicitud de devolución y/o
compensación se haya presentado con garantía, el recurso contra la resolución que
impone la sanción se debe resolver en el término de un año, contado a partir de la fecha
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de interposición del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, opera el silencio
administrativo positivo, tal como lo dispone el artículo 670 del Estatuto Tributario.
En este procedimiento el legislador tampoco previó de manera expresa la necesidad de
vincular a los garantes o aseguradoras cuando la devolución solicitada por el
contribuyente hubiere sido amparada.
Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 828 numeral 4º del Estatuto
Tributario, la Sección ha considerado que se requiere notificación a la compañía de
seguros del acto previo que declare el incumplimiento por parte del asegurado para
constituir el título ejecutivo que permita exigir válidamente a los garantes y aseguradores
el cumplimiento de la obligación.
3.4.- Ahora bien, tratándose del cobro coactivo de las obligaciones tributarias que se
generan, en el caso, por las liquidaciones oficiales de revisión ejecutoriadas o por las
garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las
obligaciones tributarias, el Estatuto Tributario regula el procedimiento a seguir en el título
VIII (artículos 823 a 843-2).
Para lo que interesa, el artículo 828-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 83
de la Ley 6 de 1992, prevé que la vinculación de los “deudores solidarios” al proceso de
cobro coactivo se debe hacer mediante la notificación personal del mandamiento de
pago, tal como lo dispone el artículo 826 ibídem21, el que debe librarse con determinación
individual del monto de la obligación del respectivo deudor.
Si bien la norma no hace referencia expresa a los garantes o aseguradores, el derecho a
que se les notifique de manera personal el mandamiento de pago nace del derecho al
debido proceso que debe ser garantizado en los términos del artículo 29 constitucional.
Además, deben entenderse incluidos en el término de “deudores solidarios”, dada la
naturaleza de su obligación, conforme con lo previsto en el artículo 860 del Estatuto
Tributario22 y en virtud del artículo 793, literal f, del Estatuto Tributario, que dispone que
“los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor” responden con el
contribuyente por el pago del tributo, con independencia de que medie un contrato de
seguro u otro tipo de garantía a favor de la administración tributaria.
Esta conclusión se refuerza con la modificación introducida por el artículo 9 de la Ley 788
de 2002 al artículo 828-1 del Estatuto Tributario, en virtud de la cual los títulos ejecutivos
contra el deudor principal lo son también contra los deudores solidarios y subsidiarios.
3.5.- Aunque existen algunas diferencias entre los deudores solidarios y los garantes y
aseguradores, estos conceptos hacen referencia a la obligación que tienen ciertas
personas, sea por disposición legal o contractual, de asumir las obligaciones del deudor
principal, en este caso, del contribuyente.
3.5.1.- En materia tributaria los deudores solidarios están definidos por expresa
disposición legal (artículo 793 y siguientes del Estatuto Tributario). En estos eventos, las
obligaciones del contribuyente son solidarias ante la administración tributaria, es decir,
“existen a cargo de varios deudores y colocan a cada uno de estos en la necesidad de
21 De acuerdo con el artículo 826 del E.T., “El funcionario competente para exigir el cobro coactivo,
producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más
los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación
para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el
mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento
ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios. // Cuando la notificación del
mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de
comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada”.
22 En los términos del artículo 860 del Estatuto Tributario, cuando la Administración Tributaria
notifica el requerimiento especial o el contribuyente corrige la declaración, el garante será
solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas.
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pagar la totalidad de la deuda”23, lo que significa, entre otros aspectos, que existen varios
deudores y cada uno de ellos debe la misma cosa, por lo que el acreedor puede exigir la
cosa debida a cualquiera de ellos o dirigirse contra uno sólo.
3.5.2.- Los garantes son aquellas personas que de manera voluntaria asumen la
obligación del contribuyente ante la administración tributaria. Garantizan con su
patrimonio la obligación del deudor principal, en caso de que el patrimonio de éste no sea
suficiente para pagar la obligación, de que no sea posible perseguirlo o, sencillamente, en
el evento de que no quiera o pueda cumplir con la obligación.
Esta especie de solidaridad es lo que de manera legal y doctrinaria se ha definido como
fianza.
Si bien, en estricto sentido, la fianza y el seguro de cumplimiento no son propiamente
obligaciones solidarias a la luz del artículo 2361 del Código Civil, lo cierto es que esta
asimilación fue acogida por nuestro legislador en el artículo 793, literal f del Estatuto
Tributario, al prever que responden de manera solidaria con el contribuyente por el pago
del tributo “los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor”, con
independencia de que medie un contrato de seguro u otro tipo de garantía a favor de la
administración tributaria24.
4. Rectificación del precedente25
4.1.- De acuerdo con lo expuesto en los acápites precedentes, especialmente en relación
con las similitudes entre los deudores solidarios, los garantes y aseguradoras, la Sección
considera necesario rectificar su jurisprudencia sobre la intervención de los garantes y
aseguradoras en los procedimientos de determinación de tributos, imposición de
sanciones por devolución improcedente y cobro coactivo.
Este cambio de jurisprudencia encuentra respaldo en el artículo 29 de la Constitución,
que prevé el debido proceso en todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales,
en los principios de publicidad y contradicción de las actuaciones administrativas y en la
sentencia C-1201 de 2003, que declaró exequible, de manera condicionada, el artículo
828-1 del Estatuto Tributario, “siempre y cuando se entienda que el deudor solidario debe
ser citado oportunamente al proceso de determinación de la obligación tributaria, en los
términos del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo” –esta referencia
normativa puede entenderse actualmente hecha al artículo 37 del CPACA-.
Si bien la Corte Constitucional no hizo referencia expresa a los garantes y aseguradoras
en la sentencia C-1201 de 2003, las consideraciones expuestas son perfectamente
aplicables a estos casos, como quiera que genéricamente la Corte se refirió a la
necesidad de vincular a los deudores solidarios –sin distinción alguna- a los
procedimientos tributarios en los que puedan verse comprometidos.
4.2.- En la sentencia C-1201 de 2003, la Corte insistió que si bien no existe ninguna
disposición en el Estatuto Tributario que de manera general ordene la vinculación del
23 Ospina Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones, Quinta Edición, 1994, pág.
239. Citado en: Superintendencia Financiera. Concepto No. 2001045770-1. Agosto 23 de 2001.
Consultado el 6 de agosto de 2019
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFu
ncion=loadContenidoPublicacion&id=18623&dPrint=1.
24 Sobre las similitudes y diferencias entre fianza y seguro de cumplimiento pueden consultarse: (i)
Ospina Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones, Quinta Edición, 1994; (ii)
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de mayo de 2002, expediente
6181; (iii) Galindo Cubides, Hernando. Seguro de fianza en Colombia, Bogotá, Segunda edición,
1982; (iv) Ossa G. J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato, Bogotá, Editorial Temis, 1984.
25 La Sala acoge parte de las reflexiones y análisis realizados en: Consejo de Estado. Sección
Cuarta. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Proceso 41001-23-31-000-2006-00276-01(21376).
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deudor solidario o subsidiario –entiéndase incluidos los garantes y aseguradores- al
proceso administrativo que termina con el acto administrativo contentivo de la liquidación
oficial de revisión, “resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 28 del Código
Contencioso Administrativo, ubicado en el capítulo referente a las actuaciones
administrativas iniciadas de oficio, que prescribe que cuando de ellas se desprenda que
hay particulares que puedan resultar afectados en forma directa, a ellos debe
comunicarse la existencia de la actuación y el objeto de la misma”.
Para el tribunal constitucional, la aplicación de esta norma no tiene el efecto de modificar
las disposiciones procedimentales tributarias, sino que permite que se integre
adecuadamente el “litis consorcio pasivo”, dando oportunidad a los deudores solidarios y
subsidiarios de ejercer su derecho al debido proceso con las reglas sobre competencia,
términos procesales, medios de prueba, recursos, etc., que prevé el Estatuto Tributario.
En ese sentido, vinculado el deudor solidario o subsidiario al proceso de determinación
de la obligación tributaria en la forma prescrita por el artículo 28 del Código Contencioso
Administrativo o artículo 37 del CPACA, según se trate, “el acto administrativo con el que
este proceso finaliza, sea una liquidación oficial ejecutoriada o cualquier otro acto de la
administración de impuestos debidamente ejecutoriado en el que se fijen sumas líquidas
de dinero a favor del fisco, pueden serle oponibles en su calidad de título ejecutivo, así
como el mandamiento de pago proferido dentro del proceso de ejecución coactiva con
fundamento en él.” (Subrayas de la Sala).
4.3.- De los argumentos constitucionales que dieron origen a la interpretación realizada
por la Corte Constitucional en la sentencia C-1201 de 2003, la Sección destaca los
siguientes:
4.3.1.- Los derechos de contradicción y controversia operan en cualquier procedimiento
administrativo tributario y deben cobijar a todas las personas que puedan resultar
obligadas.
Por esa razón, el acto mediante el cual se vincula a los interesados, esto es, a los
deudores solidarios y subsidiarios –entre ellos garantes y aseguradores-, al proceso de
determinación del tributo tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de
contradicción como nociones integrantes del concepto de debido proceso a que se refiere
el artículo 29 de la Constitución Política y, por ello, reviste especial importancia que se
lleve a cabo de manera tal que permita una participación real de los terceros interesados
en el procedimiento administrativo.
El hecho de que la responsabilidad de las compañías de seguros se regule por normas
especiales relativas al seguro de cumplimiento, no es excusa válida ni suficiente para
excluirlas de esta interpretación constitucional.
4.3.2.- Sin perjuicio del fundamento constitucional que pueda tener la responsabilidad
solidaria o subsidiaria en materia tributaria, los deudores solidarios o subsidiarios,
llamados por la ley a responder de obligaciones o deberes tributarios ajenos, deben tener
la posibilidad de ejercer las garantías derivadas del derecho al debido proceso, no
solamente en el momento de ejecución coactiva de la obligación tributaria, sino, y
especialmente, en el momento de su determinación.
La responsabilidad solidaria o subsidiaria en materia tributaria exige la determinación e
individualización de las personas solidariamente obligadas en cada uno de los supuestos
legales en que dicha solidaridad resulta exigible, así como las circunstancias de la
solidaridad que les incumbe según lo prescrito por los artículos 793 y siguientes del
Estatuto Tributario.
Es decir, dentro del proceso de determinación de la obligación tributaria que culmina con
la liquidación de revisión, la liquidación de aforo o la resolución de sanción, es necesario
individualizar los sujetos que resultan ser solidariamente responsables – deudores
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solidarios, garantes y aseguradoras- y las circunstancias de su responsabilidad, en cada
uno de los supuestos de hecho a que se refieren los artículos 793 y siguientes del E.T.,
pues así lo exige la naturaleza misma de la solidaridad, sea legal o contractual.
Sólo de esta manera es posible que en todos los eventos anteriores, durante la etapa del
cobro coactivo, la administración libre un mandamiento de pago sobre la base de un título
ejecutivo oponible, “determinando individualmente el monto de la obligación del
respectivo deudor”, como lo ordena perentoriamente el inciso primero del artículo 828-1
del Estatuto Tributario.
4.3.3.- La vinculación del deudor solidario o subsidiario a la actuación administrativa que
busca determinar la existencia de una obligación tributaria es importante no solo porque
puede resultar obligado a satisfacer la obligación en virtud de la solidaridad o el contrato
de seguro, sino también porque su derecho de defensa adquiere particularidades frente al
del deudor principal, dado que, de acuerdo con el régimen de la solidaridad, el deudor
solidario o subsidiario puede interponer no sólo la excepciones que emanan de la relación
jurídica sustancial, sino también las que emanan de su condición particular.
En virtud del derecho a la igualdad se concluye, además, que la vinculación del deudor
solidario o subsidiario al procedimiento de determinación es constitucionalmente
inaceptable. En efecto, si se prescinde de la vinculación del deudor solidario, se le otorga
un tratamiento distinto al que se le dispensa al deudor principal.
Este último podrá contestar el requerimiento inicial o el pliego de cargos, pedir pruebas,
ser notificado de la liquidación oficial y de la resolución sanción, interponer recursos
contra ella en vía administrativa e incluso acudir ante la jurisdicción contenciosa a fin de
discutir su validez. Pero al deudor solidario o subsidiario sólo se le permitirá interponer
excepciones contra el mandamiento de pago, con las limitaciones propias que ha fijado la
jurisprudencia en el proceso de ejecución coactiva.
4.4.- Con esta nueva perspectiva constitucional de las normas que regulan los
procedimientos de determinación de tributos, imposición de sanciones por devolución
improcedente y cobro coactivo, para la Sala es claro que la obligación de los garantes y
aseguradoras de pagar la suma devuelta por la administración tributaria nace cuando
ocurre el siniestro, en lo que es determinante que la suma a favor de la administración
tributaria esté asegurada.
Esa circunstancia puede configurarse cuando se practica la liquidación oficial del
impuesto o cuando se determina la sanción por inexactitud, siempre que estén
amparados esos riesgos en el respectivo seguro.
Con la liquidación oficial de revisión o con la resolución independiente se debe entender
configurado el “siniestro” y es ese el momento en el que nace la obligación de la
aseguradora de pagar la obligación amparada –impuesto y/o sanción-.
4.5.- No puede perderse de vista, además, que el propio artículo 860 del Estatuto
Tributario dispone que si en los dos años de vigencia de la garantía, “la Administración
Tributaria notifica el requerimiento especial o el contribuyente corrige la declaración, el
garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo
el monto de las sanciones por improcedencia de la devolución” – negrillas propias.
Quiere decir lo anterior, que la obligación solidaria de los deudores solidarios, garantes y
aseguradoras nace desde el momento mismo en que se notifica la liquidación oficial,
configurándose el siniestro, momento a partir del cual le es exigible.
4.6.- De acuerdo con lo anterior, los garantes y aseguradoras tienen legitimación para
impugnar los actos de liquidación oficial de revisión o los que imponen sanciones, en
vista de que en ese momento se encuentra configurado el siniestro y, por tanto, le es
exigible por parte de la administración tributaria la obligación amparada.
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Solo así se concilian el interés general, ínsito en los actos de fiscalización tributaria y los
derechos fundamentales de los contribuyentes o responsables y sus deudores solidarios,
atendiendo, además que la Sección ha sostenido que las excepciones susceptibles de
ser estudiadas en el proceso de cobro coactivo son solo aquellas que tienden a enervar
el título ejecutivo.
No pueden referirse a asuntos de fondo que debieron ser tratados durante el trámite
administrativo que dio origen al título ejecutivo, puesto que “se parte del presupuesto de
que en relación con el origen, la causa, liquidación y vigencia de la obligación que se
pretende cobrar a través de tal procedimiento, han sido agotadas previamente todas las
etapas de discusión administrativa y/o jurisdiccional, no siendo dable controvertir
aspectos diferentes a aquéllos dirigidos a enervar la eficacia del título ejecutivo” 26.
4.7.- Lo que se pretende es garantizar los derechos de los deudores solidarios, garantes
y aseguradores en todos los procedimientos administrativos tributarios con el propósito
de no dejarlos en total estado de indefensión.
La pauta constitucional, antes y después de la Constitución Política de 1991, parte de la
publicidad de las actuaciones de la administración, regla general aplicable a todos los
procedimientos administrativos, que se infiere de los artículos 29 y 209 de la Carta
Política y que impone a las autoridades el deber de dar a conocer las actuaciones a
aquellos que puedan verse afectados con sus decisiones y, por supuesto, el derecho del
ciudadano de conocerlas y poder controvertirlas.
La fuerza vinculante de esa regla no deviene solo de la sentencia C-1201 de 2003. Se
funda en los derechos al debido proceso, contradicción y defensa, consagrados en el
artículo 29 de la Constitución, en el derecho fundamental a la igualdad y en la
normatividad legal que se menciona más adelante.
Por eso, cuando la Corte habla de esos enunciados jurídicos, no está creando ninguna
norma. Solo recuerda y reitera que es importante la vinculación del deudor solidario –
entendido en un sentido amplio- a la actuación administrativa que busca determinar la
existencia de una obligación tributaria, no solo porque puede resultar obligado a
satisfacer la obligación en virtud de la solidaridad, sino también porque su derecho de
defensa adquiere particularidades frente al del deudor principal, dado que, de acuerdo
con el régimen de la solidaridad, el deudor solidario puede interponer no sólo las
excepciones que emanan de la relación jurídica sustancial, sino también las que emanan
de su condición particular.
Además, en virtud del derecho a la igualdad, “la vinculación del deudor solidario al
procedimiento de determinación es constitucionalmente inexcusable”, pues si se
prescindiera de la vinculación del deudor solidario, garante y asegurador se le otorgaría
un tratamiento distinto al que se le dispensa al deudor principal, que podría contestar el
requerimiento inicial, pedir pruebas, ser notificado de la liquidación oficial, interponer
recursos contra ella por la vía administrativa e incluso acudir ante la jurisdicción
contenciosa a fin de discutir su validez, mientras que al deudor solidario sólo se le
permitiría interponer excepciones contra el mandamiento de pago en el procedimiento
administrativo de ejecución.
4.8.- Los principios de publicidad y contradicción de las actuaciones administrativas,
concebidos, se reitera, como garantía de los derechos al debido proceso, defensa e
igualdad, están previstos también en la ley.
26 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 6 de septiembre de 2012, exp. 18192, CP.
William Giraldo Giraldo. Ver también, entre muchas otras, la sentencia del 4 de abril de 2013,
radicado: 76001-23-31-000-2005-04450-01 (18970). CP. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez.
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4.8.1.- En el Decreto 01 de 1984, Código de lo Contencioso Administrativo, se encuentran
consagrados en el artículo 3, como principios orientadores de todas las actuaciones
administrativas, que sirven, además, para resolver las cuestiones que puedan suscitarse
en la aplicación de las reglas de procedimiento.
En virtud del principio de publicidad, “las autoridades darán a conocer sus decisiones
mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones”27. El principio de
contradicción hace referencia a la oportunidad que tienen los “interesados” de “conocer y
de controvertir esas decisiones por los medios legales”28.
Adicionalmente, el CCA desarrolla estos principios en los artículos 15, 23, 28, 43 a 48 y
61, entre otros.
4.8.2.- Por su parte, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, consagra en el artículo 3 la obligación de todas las
autoridades de interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución
Política. Igualmente, prevé que las actuaciones administrativas se deben desarrollar con
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad y publicidad, entre otros.
Tal como lo dispone ese artículo, en virtud del principio del debido proceso, “las
actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía
de los derechos de representación, defensa y contradicción”.
En cumplimiento del principio de igualdad, “las autoridades darán el mismo trato y
protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su
conocimiento” y en aplicación principio de publicidad, “las autoridades darán a conocer al
público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición
alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones
y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva tal información”.
Estos principios se materializan, entre otras normas, en los artículos 9 (numerales 10 y
12), 35, 37, 56 y 65 a 73.
4.9.- La modificación legal introducida por la Ley 788 de 2002 al artículo 828-1 del
Estatuto Tributario apunta a que no es indispensable “crear” un título individual para el
deudor solidario. Pero, de ninguna manera, su interpretación puede permitir que la
administración tributaria en ejercicio de sus potestades de fiscalización o de control
prescinda del deber de notificación, violentando el derecho de defensa y de contradicción
del deudor solidario e infringiendo los principios de publicidad, moralidad y transparencia.
Como lo ha expresado en múltiples oportunidades la Corte Constitucional, “la Carta
Política establece la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas,
para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, obliga a la
administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos,
con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los observen, sino que,
además, permita impugnarlos a través de los correspondientes recursos y acciones”29.
El hecho de que la ley prevea la posibilidad de que con un solo título ejecutivo se ejecute
tanto al contribuyente como al deudor solidario, no implica, en ningún caso, que la
determinación de la obligación a cargo del deudor solidario se efectúe a sus espaldas, sin
que se le permita controvertir el origen, la causa, la liquidación y la vigencia de la
obligación, entre otros aspectos.
27 Artículo 3 del CCA.
28 Ibíd.
29 Corte Constitucional, sentencia C-957 de 1999.
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De conformidad con el artículo 828-1 del Estatuto Tributario y los principios
constitucionales antes referidos, el título ejecutivo contra el deudor principal lo será
también contra el deudor solidario, siempre que a este último se le vincule al
procedimiento administrativo de liquidación oficial del gravamen o al de imposición de la
sanción y se le otorguen todas las garantías procesales y sustanciales para ejercer su
derecho de defensa y contradicción, ya que solo así podrá controvertir directamente la
obligación fiscal que se le pretende cobrar.
Además, tratándose de garantes o aseguradores, la administración tributaria está en la
obligación de (i) notificar el pliego de cargos en el procedimiento de imposición de
sanción por devolución improcedente, (ii) otorgarle la oportunidad para responder el
pliego de cargos, (iii) decretar y practicar las pruebas que soliciten, en caso de ser
necesario, (iv) notificarles la resolución sanción y (v) resolver de fondo el recurso
interpuesto contra la resolución sanción.
Solo de esta manera, se insiste, se garantiza el derecho al debido proceso de los
garantes y aseguradores y, en consecuencia, puede hablarse de la configuración de un
título oponible y ejecutable en su contra.
5. Unificación de jurisprudencia
5.1.- En virtud del artículo 29 de la Constitución, que prevé el debido proceso en todas las
actuaciones administrativas y jurisdiccionales, de los principios de publicidad y
contradicción de las actuaciones administrativas y de la sentencia C-1201 de 2003, la
Sección Cuarta procede a unificar su jurisprudencia en relación con la intervención de
los deudores solidarios, garantes y aseguradoras, en los procedimientos de
determinación de tributos, imposición de sanciones por devolución improcedente y cobro
coactivo, así como sobre su legitimación para controvertir los actos de la administración
tributaria ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
5.2.- Las reglas jurisprudenciales que se adoptan en la materia objeto de unificación son
las siguientes:
(i) La obligación de los garantes y aseguradoras de pagar la suma devuelta por la
administración tributaria surge cuando se configura el siniestro.
(ii) El siniestro ocurre cuando se tiene determinada, mediante liquidación oficial o
resolución sanción independiente, la suma a favor de la administración tributaria
que puede ser cobrada al asegurador o garante.
(iii) Los deudores solidarios, garantes y aseguradoras tienen el derecho de
controvertir, vía administrativa o judicial, los documentos que conforman un título
ejecutivo en su contra, por lo que la administración tributaria, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 del CPACA o 28 del CCA, está en la obligación de
vincularlos al procedimiento de determinación tributaria que se le inicie al
contribuyente, responsable o deudor principal, siempre que estén amparados esos
riesgos en el respectivo seguro o garantía. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, es deber de la administración tributaria notificar el
requerimiento especial y el pliego de cargos al deudor solidario, garante o
asegurador, en los términos expuestos en esta sentencia.
(iv) En el procedimiento de fiscalización de la obligación tributaria, en sentido amplio,
que culmina con la liquidación de revisión, la liquidación de aforo o la resolución
de sanción, es necesario individualizar los sujetos que resultan ser solidariamente
responsables –deudores solidarios, garantes y aseguradoras- y las circunstancias
de su responsabilidad, en cada uno de los supuestos de hecho a que se refieren
los artículos 793 y siguientes del E.T.
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(v) De conformidad con el artículo 29 constitucional, los artículos 828-1 y 860 del
Estatuto Tributario, el título ejecutivo contra el deudor principal lo será también
contra el deudor solidario, garante o asegurador, siempre que se le vincule al
procedimiento administrativo de liquidación oficial del gravamen y al proceso de
imposición de la sanción.
5.3.- En atención al cambio de precedente efectuado en la presente sentencia de
unificación, la Sala advierte a la comunidad que las consideraciones expuestas en esta
providencia constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102
de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, los efectos de la presente sentencia de unificación
serán hacia el futuro.
6. Análisis del caso concreto
6.1.- Debe advertir la Sala que pese a que los efectos de la presente providencia de
unificación son hacia el futuro, la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca debe ser revocada, no en aplicación de la regla
jurisprudencial que se fija en esta sentencia, sino atendiendo las circunstancias
particulares del caso que permiten concluir que se infringió el derecho al debido proceso
de la aseguradora.
6.2.- Revisadas las pruebas que obran en el expediente, se encuentra probado que la
sociedad Seguros Colpatria expidió la póliza de seguro de cumplimiento No. 8001001605,
con el objeto de “garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
relacionadas con la devolución del impuesto de renta correspondiente al año gravable
2006, más los intereses que se llegaren a causar, según artículo 670 y 860 del Estatuto
Tributario, artículo 7 Decreto 1000 de 1997, artículo 40/90 (sic), artículo 71 y 72, Ley 6/92,
artículo 144 y 131 Ley 223/95”30.
El tomador y afianzado de la póliza fue la sociedad Divipacas S.A. El beneficiario, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La póliza estuvo vigente entre el 10 de abril de 2007 y el 10 de mayo de 2009 y el valor
asegurado fue de $56.396.000.
6.3.- También está probado que la DIAN, con el fin de dar un cumplimiento formal al
precedente de esta Sección, expuesto en el acápite 2 de la parte considerativa de esta
sentencia, le notificó a Seguros Colpatria la resolución sanción No. 1124120110200255
del 23 de febrero de 201131.
No obstante, no le dio trámite al recurso de reconsideración interpuesto por la
aseguradora al considerar que solo era procedente escuchar “al deudor solidario en su
condición de litisconsorte” si el contribuyente presentaba recurso de reconsideración32.
Como Divipacas no presentó el correspondiente recurso, la DIAN omitió resolver de fondo
el presentado por Seguros Colpatria33.
6.4.- Si la DIAN le notificó la resolución sanción, era claro que esa diligencia buscaba su
vinculación al proceso para que la aseguradora pudiera controvertir esa decisión y ejercer
plenamente su derecho de defensa.
No hay duda que la finalidad del requisito de notificación de la resolución sanción a los
deudores solidarios, garantes y aseguradoras es otorgarles todas las garantías para que
puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa, tanto en la vía administrativa como
en la judicial.
30 Fl. 38.
31 Fl. 46-50.
32 Fl. 76.
33 De esta circunstancia da cuenta la Resolución No. 5175 del 21 de diciembre de 2012, por la que
la DIAN resolvió las excepciones propuestas por Seguros Colpatria.
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6.5.- De lo expuesto es claro que la resolución sanción que hace parte del título con el
que se pretende ejecutar a Seguros Colpatria le es inoponible. La DIAN no le otorgó
ninguna oportunidad para ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Así las cosas, como la notificación fue un simple formalismo, que no cumplió con su
verdadera finalidad, no puede hablarse de la configuración de un título ejecutivo en contra
de Seguros Colpatria.
6.6.- En ese orden de ideas, la Sala procederá a revocar la sentencia del 23 de
noviembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, por la que se negaron las pretensiones de la demanda.
En su lugar, se declarará la nulidad de las resoluciones No. 5175 del 21 de diciembre de
2012 y 0710 del 15 de febrero de 2013, por las que la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales resolvió de manera desfavorable las excepciones contra el
mandamiento de pago No. 0729 del 6 de septiembre de 2012. Así mismo, se declarará
probada la excepción de falta de título ejecutivo propuesta por la sociedad Seguros
Colpatria S.A. contra el mandamiento de pago 0729 del 6 de septiembre de 2012 y se
ordenará la terminación del proceso coactivo en su contra.
Dado que se declarará la nulidad de los actos demandados por configurarse la excepción
propuesta, la Sala se abstiene de hacer un estudio de fondo sobre los demás cargos
expuestos en la apelación.
6.7.- No habrá lugar a condena en costas (gastos o expensas del proceso y agencias del
derecho) porque en el expediente no se probó su causación, como lo exige el numeral 8
del artículo 365 del CGP, aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188
del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia, unificar la
jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente:
(i) La obligación de los garantes y aseguradoras de pagar la suma devuelta por
la administración tributaria surge cuando se configura el siniestro.
(ii) El siniestro ocurre cuando se tiene determinada, mediante liquidación oficial o
resolución sanción independiente, la suma a favor de la administración
tributaria que puede ser cobrada al asegurador o garante.
(iii) Los deudores solidarios, garantes y aseguradoras tienen el derecho de
controvertir, vía administrativa o judicial, los documentos que conforman un
título ejecutivo en su contra, por lo que la administración tributaria, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 37 del CPACA o 28 del CCA, está en la
obligación de vincularlos al procedimiento de determinación tributaria que se
le inicie al contribuyente, responsable o deudor principal, siempre que estén
amparados esos riesgos en el respectivo seguro o garantía. En ese sentido,
en virtud del artículo 29 de la Constitución, es deber de la administración
tributaria notificar el requerimiento especial y el pliego de cargos al deudor
solidario, garante o asegurador, en los términos expuestos en esta sentencia.
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
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(iv) En el procedimiento de fiscalización de la obligación tributaria, en sentido
amplio, que culmina con la liquidación de revisión, la liquidación de aforo o la
resolución de sanción, es necesario individualizar los sujetos que resultan ser
solidariamente responsables –deudores solidarios, garantes y aseguradoras-
y las circunstancias de su responsabilidad, en cada uno de los supuestos de
hecho a que se refieren los artículos 793 y siguientes del E.T.
(v) De conformidad con el artículo 29 constitucional, los artículos 828-1 y 860 del
Estatuto Tributario, el título ejecutivo contra el deudor principal lo será
también contra el deudor solidario, garante o asegurador, siempre que se le
vincule al procedimiento administrativo de liquidación oficial del gravamen y al
proceso de imposición de la sanción.
2. Advertir a la comunidad que las consideraciones expuestas en esta providencia en
relación con los temas objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en
los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011.
3. Advertir que los efectos de la presente sentencia de unificación son hacia el futuro.
4. Por las razones expuestas en esta providencia, se revoca la sentencia del 23 de
noviembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, por la que se negaron las pretensiones de la
demanda.
5. Se declara la nulidad de las resoluciones No. 5175 del 21 de diciembre de 2012 y
0710 del 15 de febrero de 2013, por las que la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales resolvió de manera desfavorable las excepciones contra el
mandamiento de pago No. 0729 del 6 de septiembre de 2012.
6. Se declara probada la excepción de falta de título ejecutivo propuesta por la
sociedad Seguros Colpatria S.A. contra el mandamiento de pago 0729 del 6 de
septiembre de 2012. Por ende, se ordena la terminación del proceso coactivo en su
contra.
7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, no
se condena en costas habida cuenta de que en el expediente no hay prueba de que
se causaron.
8. Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala Consejera
MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero Consejero
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00452-01(23018)SU
Demandante: SEGUROS COLPATRIA S.A.
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