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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01051-01

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
Milton Chaves García

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01051-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el señor Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso, conforme con lo expuesto en esta providencia. 2. CONFIRMAR la sentencia de 13 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Cuarta-Subsección A. 3. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2013-01051-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

14 de junio de 2018

IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO POR HABER DADO CONSEJO O CONCEPTO FUERA DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL – Configuración. Al haber dictado como litigante concepto jurídico sobre las cuestiones materia del proceso / CAUSALES DE IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN – Finalidad. Aseguran la imparcialidad e independencia de la administración de justicia / CAUSALES DE IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN – Objeto. Permite el debido ejercicio de la función jurisdiccional / CAUSALES DE IMPEDIMENTO – Alcance. Su aplicación e interpretación se debe efectuar de manera restrictiva / MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO POR HABER DICTADO CONSEJO O CONCEPTO FUERA DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL – Finalidad. Garantiza la imparcialidad del funcionario judicial

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala advierte que el señor Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez manifestó estar impedido para conocer del proceso, en virtud de lo establecido en la causal contenida en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Al respecto, expresó que «realizó concepto sobre el contrato de estabilidad jurídica suscrito entre ETB y el Ministerio de Telecomunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones». Con el propósito de asegurar la imparcialidad e independencia en la administración de justicia, la ley ha establecido ciertas circunstancias de orden subjetivo y objetivo que impiden a los funcionarios judiciales conocer de determinados asuntos. Al respecto, ha sostenido esta Corporación que: « […] como quiera que la función jurisdiccional desempeñada por los jueces, supone una gran responsabilidad en materia del ejercicio del poder público, entonces, la ley consagra una serie de causales que permiten al propio operador judicial o a las partes de un proceso, solicitar la separación del conocimiento del mismo por razones que pueden llegar a afectar la imparcialidad que lo determina». Se advierte que las causales de impedimento o recusación son taxativas y, por consiguiente, su aplicación e interpretación debe efectuarse de manera restrictiva, con respeto a los postulados de independencia y autonomía del funcionario judicial. En el presente asunto, la causal de impedimento invocada, es la consagrada en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del proceso, que establecen: (…) Esta causal tiene como finalidad garantizar la imparcialidad del funcionario judicial, comoquiera que permite al servidor público desprenderse del conocimiento de un asunto determinado, el cual ha conocido anteriormente. De esta manera se respetan las condiciones necesarias para evitar cualquier tipo de mediación de los ánimos subjetivos y personales del operador judicial. La Sala considera que en este caso se encuentra acreditada la configuración de la causal invocada por el Doctor Julio Roberto Piza Rodríguez, toda vez que dio concepto fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, tal como lo precisó el señor Magistrado.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 141 NUMERAL 12

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el objeto de las causales de recusación o impedimento se cita el auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 19 de agosto de 2007, Exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG), C.P. Enrique Gil Botero

CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA – Reiteración de jurisprudencia. Efectos. Su suscripción garantiza a los inversionistas, que en caso de modificación adversa de las normas determinantes para su inversión estas se seguirán aplicando si fueron objeto del contrato / MODIFICACIÓN NORMATIVA ADVERSA SURGIDA CON LA LEY 1370 DE 2009 – Alcance. Era la interpretación que establecía que los inversionistas que se acogieron al régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005 estaban obligados a pagarlo por tratarse de un nuevo impuesto al patrimonio / IMPUESTO AL PATRIMONIO DE LA LEY 1370 DE 2009 – Inexigibilidad. No era exigible si las normas que lo regulaban habían sido objeto del contrato de estabilidad jurídica / PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO DE LA LEY 1111 DE 2006 – Alcance. Con la Ley 1370 de 2009 no se estableció un nuevo impuesto al patrimonio sino que se prorrogó el regulado en la Ley 1111 de 2006 / SOBRETASA AL IMPUESTO AL PATRIMONIO – Alcance. No hay obligación de pagarla si no se está obligado al pago del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 / DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO PRESENTADA EN VIRTUD DE LA LEY 1370 DE 2009 SIN ESTAR OBLIGADO – Alcance. No surte efectos jurídicos, sin necesidad de acto que así lo declare / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE EN MATERIA TRIBUTARIA – Configuración / DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO AL PATRIMONIO PAGADO INDEBIDAMENTE – Procedibilidad / INTERESES PROCEDENTES SOBRE IMPUESTOS DEVUELTOS – Son los corrientes y de mora previstos en el artículo 863 del E.T. / LIQUIDACIÓN DE INTERESES CORRIENTES – Alcance. Se deben liquidar desde los actos que negaron la devolución hasta la ejecutoria de esta sentencia

En el asunto de fondo, observa la Sala que en los términos del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, la Sala decide si por el año gravable 2011 procede o no la devolución de la suma pagada por la actora por concepto del impuesto al patrimonio y la sobretasa a dicho impuesto, junto con los intereses corrientes y de mora. Teniendo en cuenta que la Corporación ya se pronunció frente a asuntos con identidad fáctica y jurídica al que ahora se discute, la Sala reiterará en lo pertinente el criterio expuesto en las sentencias del 26 de julio de 2017, exp. 22757, del 2 de marzo de 2017, exp. 22145, del 24 de noviembre de 2016, exp 21181 y del 24 de mayo de 2018, exp. 23244. (…) En efecto, en la sentencia de 30 de agosto de 2016, esta Sección concluyó que “La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111.” Con fundamento en la sentencia ya citada, la Sala ha anulado varios actos de contenido particular en los que la DIAN negó la devolución de las sumas pagadas por concepto del impuesto al patrimonio de 2011, a inversionistas que suscribieron contratos de estabilidad jurídica que incluían el artículo 292 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1111 de 2006. Así, en sentencia de 2 de marzo de 2017, la Sección precisó lo siguiente: “Al respecto, se advierte que la Sala, en sentencia del 30 de agosto de 2016, Exp. 18636, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, anuló el citado Concepto [se refiere al Concepto DIAN 098797 de 2010], con fundamento en las siguientes consideraciones: «[…] Conclusiones. Lo expuesto obliga a que la Sala declare la nulidad de la tesis y la interpretación jurídica establecida para el problema jurídico No. 2 del Concepto No. 098797 del 28 de diciembre de 2010. En síntesis, esa decisión está respaldada en las siguientes conclusiones: […] La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963, por el tiempo que se pacte, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111. (…) Conforme a lo expuesto, el impuesto al patrimonio consagrado en la Ley 1370 de 2009 es una prórroga de la Ley 1111 de 2006, de esta forma, para la Sala, la demandante no es sujeto pasivo de la prolongación del impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009, pues al haber suscrito un contrato de estabilidad jurídica sobre las normas relativas al impuesto al patrimonio y por el término de 20 años, cualquier modificación sobre las normas relativas a este impuesto no le son aplicables, lo cual incluye la prórroga del gravamen[…]” Entonces, la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, como lo afirma la DIAN, sino que prorrogó el que, en ese momento, estaba vigente, esto es, el regulado en los artículos 292 a 296 del Estatuto Tributario modificados por la Ley 1111 de 2006. Esta interpretación tiene como efecto que los inversionistas que hayan suscrito contratos de estabilidad jurídica y en estos hayan estabilizado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006, tienen derecho a que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005, por el tiempo que se haya pactado el respectivo contrato, sin que les sean oponibles las modificaciones normativas adversas a la inversión. Por tal razón, por el año gravable 2011, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.

E.S.P no era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1370 de 2009, pues por ser tratarse de una prórroga de dicho tributo, forma parte de las normas incluidas en el contrato de estabilidad jurídica que suscribió con el Ministerio de Telecomunicaciones, a saber: el artículo 292 y siguientes del Estatuto Tributario, que estableció el impuesto al patrimonio por los años 2007 a 2010. En cuanto a la sobretasa del impuesto al patrimonio establecida en el artículo 9 del Decreto 4825 de 2010, la Sala reitera que la actora no estaba obligada a pagarla, pues fue creada como un tributo complementario “a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta de que trata la Ley 1370 de 2009”. En consecuencia, tiene un carácter accesorio “que le permite plegarse a la misma suerte del concepto principal al cual accede, y que la supedita a la plena existencia de una obligación tributaria sustancial vigente respecto de dicho gravamen”. En consecuencia, la declaración de impuesto al patrimonio presentada por la actora por el año gravable 2011 no surte efectos jurídicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario, sin necesidad de acto que así lo declare. No es cierto, entonces, que como la sobretasa es un tributo independiente y esta se declaró en el mismo formulario del impuesto al patrimonio, la declaración del impuesto al patrimonio por el año gravable 2011 tiene pleno efecto legal. Además, lo pagado por la actora constituye un pago de lo no debido, pues no existe causa legal para exigir su cumplimiento (artículo 21 del Decreto 1000 de 1997). En consecuencia, procede la solicitud de devolución dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva del artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, esto es, 5 años. Lo anterior, conforme con los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997. Además, por tratarse de una declaración que no produce efectos, mal puede exigirse que antes de presentarse la solicitud de devolución, deba cumplirse el trámite previsto en el artículo 589 del E.T, para la corrección de las declaraciones que disminuyen el impuesto a pagar o aumentan el saldo a favor. De otra parte, conforme con los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, para las solicitudes de devolución de pagos de lo no debido se aplica el trámite de las solicitudes de devolución de saldos a favor, que incluye el reconocimiento de intereses corrientes y de mora. Es de anotar que la DIAN no cuestionó la sentencia en cuanto a la forma en que se determinaron los intereses corrientes y de mora, por lo que tal determinación se mantiene. Teniendo en cuenta que el Tribunal dispuso que los intereses corrientes se liquidarán desde la notificación de los actos que negaron la devolución e indicó que dicha notificación se surtió el 5 de marzo de 2012 hasta la ejecutoria de esta sentencia, se confirma esta decisión. Se mantiene el reconocimiento de los intereses de mora en los términos de la sentencia apelada.

FUENTE FORMAL: LEY 1370 DE 2009 / LEY 963 DE 2005 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 2950 DE 2005 / DECRETO 1474 DE 2008 / LEY 963 DE 2005 – ARTÍCULO 5 / LEY 1450 DE 2011 – ARTÍCULO 48 / LEY 1111 DE 2006 / DECRETO 4825 DE 2010 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 850 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 863 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 594-2 / LEY 791 DE 2002 – ARTÍCULO 8 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2536 / DECRETO 1000 DE 1997 – ARTÍCULO 11 / DECRETO 1000 DE 1997 – ARTÍCULO 21

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la inexigibilidad del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 si había sido objeto del contrato de estabilidad jurídica se reiteran las sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 15 de marzo de 2018, Exp. 08001-23-33-000-2014-01357-01(22867), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y de 30 de agosto de 2016, Exp. 11001-03-27-000-2011-00003-00(18636), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y se reitera igualmente en lo pertinente el criterio expuesto por la Sala en las sentencias de 26 de julio de 2017, Exp. 08001-23-33-000-2014-01196-01(22757); de 2 de marzo de 2017, Exp. 08001-23-31-000-2012-00488-01(22145) y de 24 de noviembre de 2016, Exp. 05001-23-31-000-2011-01754-01(21181), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad del Concepto 098797 de 2010 de la DIAN donde se fijó la interpretación oficial del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 frente a los contratos de estabilidad jurídica se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 30 de agosto de 2016, Exp. 11001-03-27-000-2011-00003-00(18636), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-37-000-2013-01051-01(23458)

Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 13 de septiembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO. DECLARESE la nulidad de las Resoluciones Nos 6283-0006, No. 6283-0008, No. 6283-0007 y N° 6283-0009 del 2 de marzo de 2012, por medio de las cuales la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes – DIAN, le negó a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. La devolución del pago hecho por ésta en relación a las dos (2) primeras cuotas del impuesto al patrimonio por el año 2011 y su correspondiente sobretasa, así como las Resoluciones Nos. 1038, No. 1039, No 1040 y No. 1041 del 22 de marzo de 2013, mediante las cuales la Entidad demandada confirmó la decisión adoptada en los actos antes referidos.

“SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declárese sin efectos legales la declaración del impuesto al patrimonio y sobretasa del año gravable 2011 presentada por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.

De conformidad con lo anterior, se ordena a la U.A.E. DIAN la devolución a la demandante del valor de $28.188.826.000, correspondiente al valor cancelado por la actora en relación a la primera y segunda cuota del impuesto al patrimonio y sobre tasa (sic) del año 2011, junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 Estatuto Tributario, que se liquidarán según lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

“TERCERO. Sin condena en costas”.

ANTECEDENTES

El 4 de marzo de 2009, la actora celebró el contrato de estabilidad jurídica No EJ -012 con la Nación - Ministerio de Telecomunicaciones, para desarrollar un proyecto de inversión, con vigencia de diez años. En dicho contrato se garantizó la estabilidad de varias normas, entre estas, los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 del Estatuto Tributario, modificados por la Ley 1111 de 2006, relacionados con el impuesto al patrimonio por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010.

El 30 de diciembre de 2009, se expidió la Ley 1370 de 2009 que adicionó al Estatuto Tributario los artículos 292-1, 293-1, 294-1, 295-1 y 296-1, en los que se estableció el impuesto al patrimonio para el año gravable 2011.

El 28 de diciembre de 2010, la División de Doctrina de la DIAN, expidió el Concepto No. 098797, mediante el cual señaló que «el nuevo impuesto sobre el patrimonio, creado por la Ley 1370 de 2009 y que se causa el 1º de enero de 2011, es aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de estabilidad jurídica consagrado en la Ley 963 de 2005».

El 16 de mayo de 2011, la actora presentó la declaración del impuesto al patrimonio y sobretasa del año gravable 2011, por vía electrónica. Liquidó el impuesto en $90.204.242.000 y la sobretasa en $22.551.061.000, para un total de $112.755.303.000. Pagó las dos primeras cuotas del impuesto y la sobretasa, cada una por valor de $14.094.413.000, para un total de $28.188.826.000.

La primera cuota según recibo oficial de pago 490, formulario 4907739985524, pagado en bancos con sticker No. 0712626191463 del 16 de mayo de 2011, por $5.794.413.000 y con recibo oficial de pago 490, formulario 4907740006326, pagado en bancos con sticker 01769010576230 el 16 de mayo de 2011, por $8.300.000.000.

La segunda cuota según recibo oficial de pago 490, formulario 490775025621, pagado en bancos con sticker No. 07769020526066 del 14 de septiembre 2011, por $10.000.000.000 y con recibo oficial de pago 490, formulario 4907750255652, pagado en bancos con sticker 23256012461161 el 14 de septiembre de 2011, por $4.094.913.000.

El 28 de julio de 2011, la actora radicó dos solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la primera cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año gravable 2011.

Mediante Autos N° 105-1028 y 105-1029 del 4 de octubre de 2011 la DIAN inadmitió las solicitudes de devolución por inexistencia del pago de lo no debido.

El 22 de septiembre de 2011, la actora radicó dos solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la segunda cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año gravable 2011.

Mediante Autos N° 105-2016 y 105-2017 del 11 de octubre de 2011 la DIAN inadmitió las solicitudes de devolución por inexistencia del pago de lo no debido.

El 2 de noviembre de 2011, la actora radicó de nuevo dos solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la primera cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año
gravable 2011.

El 4 de noviembre de 2011, la actora radicó de nuevo dos solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la segunda cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año gravable 2011.

Mediante Autos N° 105-2531, 105-2532, 105-2533 y 105-2534 del 28 de noviembre de 2011 la DIAN inadmitió las solicitudes de devolución por inexistencia del pago de lo no debido.

El 28 de diciembre de 2011, la actora radicó por tercera ocasión las solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la primera y segunda cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año gravable 2011.

Mediante Resoluciones N° 6283-0006, 6283-0007, 6283-0008 y 6283-0009 del 2 de marzo de 2012, notificadas el mismo día, la DIAN negó por improcedente las solicitudes de devolución.

Contra las anteriores decisiones, la actora interpuso recursos de reconsideración, que fueron desatados mediante las Resoluciones N° 1038, 1039, 1040 y 1041 del 22 de marzo de 2013, en el sentido de confirmar los actos recurridos.

DEMANDA

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Resolución N° 6283-0008 del 2 de marzo de 2012, por medio de la cual se niega una solicitud de devolución, proferida por la División de Gestión de recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

Resolución N° 1038 del 22 de marzo de 2013, por la cual se decide un recurso de reconsideración y se confirma la anterior resolución, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

Resolución N° 6283-0006 del 2 de marzo de 2012, por medio de la cual se niega una solicitud de devolución, proferida por la División de Gestión de recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

Resolución N° 1039 del 22 de marzo de 2013, por la cual se decide un recurso de reconsideración y se confirma la anterior resolución, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

Resolución N° 6283-0007 del 2 de marzo de 2012, por medio de la cual se niega una solicitud de devolución, proferida por la División de Gestión de recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

Resolución N° 1040 del 22 de marzo de 2013, por la cual se decide un recurso de reconsideración y se confirma la anterior resolución, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

Resolución N° 6283-0009 del 2 de marzo de 2012, por medio de la cual se niega una solicitud de devolución, proferida por la División de Gestión de recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

Resolución N° 1041 del 22 de marzo de 2013, por la cual se decide un recurso de reconsideración y se confirma la anterior resolución, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

2. Que como consecuencia se restablezca el derecho de la sociedad ordenando a la entidad demandada que devuelva el pago de las sumas solicitadas en devolución, junto con los intereses legalmente causados”.

Invocó como disposiciones violadas las siguientes:

Artículos 6, 29, 95, 230 y 363 de la Constitución Política.
Artículo 850 del Estatuto Tributario.
Artículo 831 del Código de Comercio.
Artículos 1 de la Ley 963 de 2005.
Artículo 9 del Decreto 4825 de 2010.
Decreto 1000 de 1997.
Orden Administrativa 004 de 2002.

El concepto de la violación se sintetiza así:

1. Los actos administrativos demandados vulneran el artículo 1° de la Ley 963 de 2005 que consagra los contratos de estabilidad jurídica y su finalidad

La empresa no estaba obligada al pago del impuesto al patrimonio, en virtud del artículo 1° de la Ley 963 de 2005 que regula el efecto de los contratos de estabilidad jurídica.

La Ley 963 de 2005 creó los contratos de estabilidad jurídica, con la finalidad de promover la inversión y garantizar a los suscriptores que las modificaciones efectuadas a la ley no los afectaran.

La actora suscribió con la Nación – Ministerio de Telecomunicaciones un Contrato de Estabilidad Jurídica, que le da derecho a que le sigan aplicando las normas estabilizadas que contemplan el impuesto al patrimonio que se causó por los años 2007 a 2010.

Así, la Ley 1370 de 2009 introdujo modificaciones al impuesto al patrimonio, que no son aplicables a la demandante en virtud del contrato de estabilidad jurídica suscrito con el Ministerio.

El impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006 tenía un carácter temporal y es legítimo el interés de la ETB de lograr la estabilidad frente a este tributo.

Además, el Comité de Estabilidad Jurídica consideró de manera explícita la estabilización del impuesto al patrimonio, como consta en el Acta N° 12 de 31 de octubre de 2008.

Es equivocada la argumentación de la DIAN en el Concepto 098797 y en las resoluciones que resuelven los recursos. Es evidente que la Ley 1370 de 2009 configuró una modificación en el término de duración del impuesto ya existente y la DIAN sostiene que se trata de un nuevo impuesto no protegido por el contrato de estabilidad jurídica.

De la comparación de los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 de las Leyes 863 de 2003 y 1111 de 2006 con los artículos 292-1, 293-1, 294-1, 295-1 y 296-1, se advierte que la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo impuesto sino prorrogó el impuesto al patrimonio contemplado en la Ley 1111 de 2006.

Es contradictoria la posición de la DIAN, ya que en el Concepto N° 12846 del 27 de febrero de 2012 mediante el cual reafirma el Concepto N° 98797 de 2010, acepta que el Documento CONPES 3406 fue el que determinó el tratamiento aplicable frente a las normas de vigencia limitada en contratos de estabilidad jurídica, es decir, que la entidad acepta que las normas de vigencia limitada que establecen cargas tributarias solo pueden ser imponibles durante el término de vigencia de la norma, pero al mismo tiempo dice que las normas del impuesto al patrimonio de la ley 1370 de 2009, son obligatorias aún para los contribuyentes que hubieran estabilizados las normas del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006.

En las resoluciones demandadas, la DIAN desconoce el artículo 1° de la Ley 963 de 2005 que establece la finalidad de los contratos de estabilidad jurídica.

2. Los actos administrativos demandados vulneran el artículo 9 del Decreto Legislativo 4825 de 2010 que establece la sobre tasa del impuesto al patrimonio

La sobretasa del impuesto al patrimonio fue establecida por el artículo 9 del Decreto 4825 del 29 de diciembre de 2010, exigible a los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio establecido en la Ley 1370 de 2009.

Como la actora estabilizó el artículo 292 del Estatuto Tributario que establecía el impuesto al patrimonio de vigencia limitada por los años 2007, 2008, 2009 y 2010, no está obligada al pago de un impuesto que se liquida sobre otro impuesto del cual no es contribuyente.

3. Vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, 850 del Estatuto Tributario, Decreto 1000 de 1997 y Orden Administrativa 004 de 2002, que establecen el debido proceso y el derecho de defensa, la obligación de la Administración a devolver el pago de lo no debido y el procedimiento para solicitarlo

En las solicitudes de devolución la demandante explicó que son inaplicables las leyes 1370 de 2009 y 1430 de 2010 sobre el impuesto al patrimonio y no estaba obligada a pagar la sobretasa creada como accesoria de un tributo del cual no es contribuyente.

En virtud del contrato de estabilidad jurídica, la ETB no estaba sometida al pago del impuesto al patrimonio y la consecuencia lógica de los pagos hechos por este concepto, sin causa legal, es que la Administración está obligada a devolver.

No existe un requisito o preconcepto emitido por la División de Gestión de Fiscalización, para que sea procedente la devolución del pago de lo no debido.

4. Vulneración de los artículos 6 y 230 de la Constitución Política, porque la anulación de la declaración no es un requisito para hacer la solicitud de devolución

La actuación de la DIAN es excesiva y contraria a la Constitución, al pretender requisitos adicionales no previstos en la ley como la anulación de la declaración y un preconcepto emitido por la misma entidad.

Además, la procedencia de la solicitud del pago de lo no debido no depende de la anulación de la declaración, sino del pago realizado sin fundamento jurídico.

5. Vulneración del artículo 29 de la Constitución Política y 42 de la Ley 1437 de 2011, por falta de motivación del acto administrativo que negó la devolución

La entidad no analizó los argumentos expuestos por la contribuyente y desestimó sus pretensiones, afectando el debido proceso y el derecho de contradicción.

La DIAN solo se pronunció sobre los argumentos de fondo planteados por la contribuyente, cuando resolvió los recursos de reconsideración, momento procesal que no permite más respuestas o argumentos para ejercer la defensa.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La UAE DIAN pidió que se denieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

La Ley 963 de 2005 estableció la estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, determinando que solo opera respecto de las normas estabilizadas en forma expresa en el contrato, más no de las que surjan con posterioridad. Dicho régimen garantiza a los inversionistas que suscribieron contrato de estabilidad jurídica que si durante la vigencia del contrato se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que se hayan identificado en dichos contratos como determinantes de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando por el término de duración del contrato.

Del texto del artículo 3 de la Ley 963 de 2005 se puede inferir, que las normas que se entienden comprendidas dentro del régimen de estabilidad, son las que se indican de manera expresa y taxativa en el contrato.

En el contrato de estabilidad suscrito entre la sociedad y El Ministerio de Telecomunicaciones se incluyeron dentro de las normas objeto de estabilidad jurídica los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 del Estatuto Tributario que regulaban el impuesto al patrimonio establecido por la Ley 1111 de 2006.

Después de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica por parte de la sociedad demandante, se expidió la Ley 1370 de 2009 por medio de la cual se adicionaron al Estatuto Tributario los artículos 292-1, 293-1, 294-1, 295-1, 296-1, 297-1, 298-4 y 298-5 que crearon por el año 2011 el impuesto al patrimonio, razón por la cual, era jurídicamente imposible solicitar y otorgar al momento de la suscripción del contrato, la estabilidad jurídica sobre estas disposiciones. Esta la ley no exonera de declarar y pagar el tributo a las personas que celebraron contrato de estabilidad jurídica con el Estado. Si esa hubiera sido la intención del legislador, así lo
hubiera dejado plasmado, expresamente, en el texto definitivo de la ley.

La actora es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio creado por la Ley 1370 de 2009 y está obligada a declarar y pagar el tributo, por lo que la declaración presentada el 16 de mayo de 2011 es válida.

No existe fáctica, jurídica y probatoriamente el derecho a devolver a título de pago de lo no debido, lo pagado por concepto de primera y segunda cuota del impuesto al patrimonio y sobretasa liquidados en la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2011.

Los actos administrativos demandados relatan los hechos, realizan una adecuada valoración de las pruebas y se encuentran debidamente motivados.

La demandante pudo conocer las razones y argumentos que llevaron a la DIAN a tomar la decisión de negar la devolución en los actos demandados, la motivación es clara, suficiente y precisa, de modo que pudo tener los elementos necesarios para controvertir las decisiones.

El impuesto al patrimonio establecido en la Ley 1370 de 2009 no fue una prorroga al impuesto anterior establecido en la Ley 1111 de 2006, razón por la cual no se encuentra amparado con el contrato de estabilidad suscrito por la demandante.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró sin efectos legales la declaración del impuesto al patrimonio y sobretasa del año gravable 2011, presentada por la actora. Además, ordenó a la DIAN devolver a la actora el valor pagado por concepto de la primera y segunda cuota de dichos tributos, junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:

El impuesto al patrimonio creado en la Ley 1370 de 2009 y la sobretasa de que trata el Decreto 4825 de 2010 constituyen una prórroga del impuesto previsto en el artículo 292 del Estatuto Tributario, para el año gravable 2011. Por tanto, el contrato de estabilidad jurídica suscrito entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP y la Nación- Ministerio de telecomunicaciones salvaguarda, entre otras, las disposiciones legales que regulan el impuesto al patrimonio.

La Ley 963 de 2005 estableció los contratos de estabilidad jurídica, cuya finalidad fue promover inversiones nuevas y ampliar las existentes, en el territorio nacional. Con tales contratos, el Estado garantizó a los inversionistas que los suscribieron que si durante su vigencia se modificaba, en forma adversa, a estos alguna de las normas que hubiera sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, se les continuarían aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo.

El 4 de marzo de 2009, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP y la Nación- Ministerio de telecomunicaciones celebraron un contrato de estabilidad jurídica. Entre las normas objeto de estabilidad jurídica incluyeron los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 del Estatuto Tributario, que regulan el impuesto al patrimonio por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010.

Con base en el Concepto DIAN 098797 del 28 de diciembre de 2010, en los actos demandados se sostuvo que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 es nuevo, que no fue objeto del contrato de estabilidad jurídica y que, por esta razón, la demandante es sujeto pasivo del gravamen.

El Consejo de Estado anuló el Concepto DIAN Nº 098797 del 28 de diciembre de 2010, mediante sentencia del 30 de agosto de 2016, por estimar que la Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que prorrogó la vigencia de este impuesto, previsto en la Ley 1111 de 2006.

Con fundamento en lo anterior, debe accederse a las súplicas de la demanda, pues la actora no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio de que trata Ley 1370 de 2009 ni de la sobretasa prevista en el Decreto Ley 4825 de 2010, en atención a que el contrato de estabilidad tributaria suscrito, en el año 2009, amparaba la Ley 1111 de 2006, que regulaba el impuesto al patrimonio. Además, la sobretasa es una obligación accesoria de ese impuesto.

Procede la devolución de los $28.188.826.000, valor pagado por la actora por concepto de la primera y segunda cuota del impuesto al patrimonio y sobretasa del año gravable 2011, junto con los intereses corrientes y moratorios, previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

Los intereses corrientes “se tasarán desde la fecha de notificación de los actos que negaron la solicitud de devolución -05 de marzo de 2012- hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia”. Y los de mora proceden dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria del fallo hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, conforme con el artículo 192 del CPACA.

No hay lugar a condenar en costas porque estas no están demostradas en el proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada apeló el fallo por las siguientes razones:

1. El impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009 es un nuevo impuesto y difiere del previsto en la Ley 1111 de 2006. Aunque en las dos normas el sujeto activo es el mismo, esto es, la UAE DIAN, difieren en cuanto al sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa aplicable, por lo que sustancialmente son tributos diferentes.

Por tanto, el impuesto al patrimonio creado por la Ley 1370 de 2009 no está amparado por el contrato de estabilidad jurídica suscrito por la demandante conforme con la Ley 963 de 2005.

El anexo II del contrato de estabilidad jurídica, suscrito entre la actora y el Ministerio de Telecomunicaciones, indica que dentro de las normas objeto de estabilidad jurídica se incorporaron los artículos 292 a 295 del Estatuto Tributario, que regulan el impuesto al patrimonio creado por la Ley 1111 de 2006, vigente a la fecha de suscripción del contrato. Es respecto de estas normas que se acordó no aplicar las modificaciones adversas al inversionista. Por tanto, la sociedad demandante tenía la obligación de declarar y pagar el nuevo impuesto al patrimonio y la sobretasa establecida en la Ley 1370 para el año 2011.

2. La actora es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio del año gravable del 2011, conforme a Ley 1370 de 2009, por lo que la declaración presentada es válida. Además, los pagos efectuados por concepto de dicha declaración no constituyen pago de lo no debido ni dan derecho a devolución.

3. La sobretasa al impuesto del patrimonio del año gravable 2011 declarada por la actora es un tributo creado por mediante el Decreto Legislativo 4825 de 2010 en el marco de un estado de excepción. Por ende, no hace parte del contrato de estabilidad jurídica, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 963 de 2005, y es obligatorio para la actora.

Están obligados al pago de la sobretasa al impuesto al patrimonio del año gravable 2011, los contribuyentes cuya riqueza, a 1º de enero de 2011, fuera igual o superior a $3.000.000.000. Este tributo se genera por la riqueza no por estar obligado a pagar el impuesto al patrimonio.

Si en gracia de discusión se aceptara que la actora no estaba obligada a declarar y pagar el impuesto al patrimonio del año gravable 2011, se debe declarar que tiene la obligación de declarar y pagar la sobretasa de que trata el Decreto 4825 de 2010.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandada reiteró los argumentos expuestos en el memorial de apelación.

La demandante insistió en los argumentos de la demanda y destacó que el Consejo de Estado al anular la tesis jurídica No. 2 del Concepto 098797 de 2010, afirmó que la Ley 1370 de 2010 prorrogó el impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006.

Señaló que en el recurso de apelación, la DIAN propone nuevos argumentos sobre la procedencia de la sobretasa del impuesto al patrimonio, que constituyen “nuevos argumentos” que no fueron discutidos en la vía administrativa ni en la judicial, sobre los cuales no se debe pronunciar el Consejo de Estado.

El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia apelada, con fundamento en lo siguiente:

La Ley 863 de 2003 creó el impuesto al patrimonio para los años 2004 a 2006 (arts. 292 a 298-3 E.T.). La Ley 1111 de 2006 mantuvo este mismo impuesto para los años 2007, 2008, 2009 y 2010 y, luego, la Ley 1370 de 2009 lo prorrogó para el 2011. La normativa indica que son prórrogas y modificaciones que no afectan, en esencia, el impuesto al patrimonio, pues se mantiene incólume como gravamen a la posesión de riqueza.

La Ley 963 de 2005 estableció los contratos de estabilidad jurídica, con los que el Estado garantizaba a los inversionistas que los suscribían, el derecho a que se les aplicaran las normas identificadas en tales contratos como determinantes de la inversión. La Corte Constitucional en la sentencia C-320 de 2006 precisó que la normativa garantizaba a los inversionistas que suscribieron esos contratos mantener las condiciones iniciales que los motivaron a realizar la inversión.

El 4 de marzo de 2009, la actora suscribió un contrato de estabilidad jurídica con el Ministerio de Telecomunicaciones. Dentro de las normas objeto de ese contrato están los artículos 292 a 296 del Estatuto Tributario modificadas por la Ley 1111 de 2006, que regulaban el impuesto al patrimonio establecido hasta para el año 2010 inclusive.

La Ley 1370 de 2009 modificó las normas objeto de la estabilidad jurídica al extender el impuesto al año gravable 2011 en contravía del propósito de legislador, de mantener inmodificables las normas vigentes al momento de suscripción del contrato

La actora no estaba obligada a presentar la declaración del impuesto al
patrimonio por el año 2011, por lo que la demandada debía declarar sin efecto la declaración presentada por ese impuesto y año.

Como la demandante no está obligada a declarar y pagar el impuesto al patrimonio para el año gravable 2011, no existe base gravable para determinar la sobretasa.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Consideración previa. Impedimento

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala advierte que el señor Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez manifestó estar impedido para conocer del proceso, en virtud de lo establecido en la causal contenida en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Al respecto, expresó que «realizó concepto sobre el contrato de estabilidad jurídica suscrito entre ETB y el Ministerio de Telecomunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones».

Con el propósito de asegurar la imparcialidad e independencia en la administración de justicia, la ley ha establecido ciertas circunstancias de orden subjetivo y objetivo que impiden a los funcionarios judiciales conocer de determinados asuntos.

Al respecto, ha sostenido esta Corporación que: « […] como quiera que la función jurisdiccional desempeñada por los jueces, supone una gran responsabilidad en materia del ejercicio del poder público, entonces, la ley consagra una serie de causales que permiten al propio operador judicial o a las partes de un proceso, solicitar la separación del conocimiento del mismo por razones que pueden llegar a afectar la imparcialidad que lo determina».

Se advierte que las causales de impedimento o recusación son taxativas y, por consiguiente, su aplicación e interpretación debe efectuarse de manera restrictiva, con respeto a los postulados de independencia y autonomía del funcionario judicial.

En el presente asunto, la causal de impedimento invocada, es la consagrada en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del proceso, que establecen:

«ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:
[…]
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.
[…].»

Esta causal tiene como finalidad garantizar la imparcialidad del funcionario judicial, comoquiera que permite al servidor público desprenderse del conocimiento de un asunto determinado, el cual ha conocido anteriormente. De esta manera se respetan las condiciones necesarias para evitar cualquier tipo de mediación de los ánimos subjetivos y personales del operador judicial.

La Sala considera que en este caso se encuentra acreditada la configuración de la causal invocada por el Doctor Julio Roberto Piza Rodríguez, toda vez que dio concepto fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, tal como lo precisó el señor Magistrado.

Así las cosas, la Sala encuentra fundada la solicitud de impedimento, motivo por el cual, la acepta y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso.

En el asunto de fondo, observa la Sala que en los términos del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, la Sala decide si por el año gravable 2011 procede o no la devolución de la suma pagada por la actora por concepto del impuesto al patrimonio y la sobretasa a dicho impuesto, junto con los intereses corrientes y de mora.

Teniendo en cuenta que la Corporación ya se pronunció frente a asuntos con identidad fáctica y jurídica al que ahora se discute, la Sala reiterará en lo pertinente el criterio expuesto en las sentencias del 26 de julio de 2017, exp. 22757, del 2 de marzo de 2017, exp. 22145, del 24 de noviembre de 2016, exp 21181 y del 24 de mayo de 2018, exp. 23244.

Con fundamento en la Ley 963 de 2005, los Decretos 2950 de 2005 y 1474 de 2008 y los documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005, la actora celebró con la Nación - Ministerio de Telecomunicaciones, el contrato de estabilidad jurídica EJ-012.

Entre las normas objeto de estabilidad jurídica se incluyeron los artículos 292 a 296 del E.T, modificados por la Ley 1111 de 2006, que regulan el impuesto al patrimonio de los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010 (cláusula cuarta del contrato). Tales normas se consideraron determinantes para la inversión y la Nación se obligó a que se mantendrían inmodificables durante su vigencia y que ante cualquier modificación adversa no le serían aplicables al inversionista (cláusula séptima del contrato).

El 16 de mayo de 2011, la actora presentó la declaración del impuesto al patrimonio y sobretasa correspondientes al año gravable 2011, con saldo a pagar de $112.755.303.000. La actora pagó un total de 28.188.826.000, por concepto de la primera y segunda cuota.

El 28 de julio de 2011, la actora radicó dos solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la primera cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año gravable 2011.

Mediante Autos N° 105-1028 y 105-1029 del 4 de octubre de 2011 la DIAN inadmitió las solicitudes de devolución por inexistencia del pago de lo no debido.

El 22 de septiembre de 2011, la actora radicó dos solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la segunda cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año gravable 2011.

Mediante Autos N° 105-2016 y 105-2017 del 11 de octubre de 2011 la DIAN inadmitió las solicitudes de devolución por inexistencia del pago de lo no debido.

El 2 de noviembre de 2011, la actora radicó de nuevo dos solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la primera cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año
gravable 2011.

El 4 de noviembre de 2011, la actora radicó de nuevo dos solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la segunda cuota pagada por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año gravable 2011.

Mediante Autos N° 105-2531, 105-2532, 105-2533 y 105-2534 del 28 de noviembre de 2011 la DIAN inadmitió las solicitudes de devolución por inexistencia del pago de lo no debido.

El 28 de diciembre de 2011, la actora radicó por tercera ocasión las solicitudes de devolución y/o compensación por pago de lo no debido, correspondiente a la primera y segunda cuota pagadas por impuesto al patrimonio y la sobretasa del año gravable 2011.

Mediante Resoluciones N° 6283-0006, 6283-0007, 6283-0008 y 6283-0009 del 2 de marzo de 2012, notificadas el mismo día, la DIAN negó por improcedente las solicitudes de devolución.

Contra las anteriores decisiones, la actora interpuso recursos de reconsideración, que fueron desatados mediante las Resoluciones N° 1038, 1039, 1040 y 1041 del 22 de marzo de 2013, en el sentido de confirmar los actos recurridos.

En el presente asunto, la actora alega que, en virtud del contrato de estabilidad jurídica suscrito con la Nación- Ministerio de Telecomunicaciones, no está obligada a pagar el impuesto al patrimonio a que se refiere la Ley 1370 de 2009, pues dicha norma prorrogó el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006, que fijó el impuesto por los años gravables 2007 a 2010.

La DIAN, por su parte, insiste en que la actora sí está obligada a pagar el impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009, pues es un impuesto nuevo, creado, precisamente, por dicha ley. Que, además, esta norma es posterior y, por ende, no está incluida en el contrato de estabilidad tributaria.

La discusión acerca de si la Ley 1370 de 2009 creó un nuevo impuesto al patrimonio o prorrogó el regulado por la Ley 1111 de 2006, fue definida por esta Sección en sentencia de 30 de agosto de 2016, al anular parcialmente el Concepto DIAN 098797 de 2010, que sirvió de fundamento a los actos demandados y que, en esencia, sostenía que los inversionistas que hubieran suscrito contratos de estabilidad jurídica estaban sujetos al impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1370 de 2009.

En efecto, en la sentencia de 30 de agosto de 2016, esta Sección concluyó que “La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111.”

Con fundamento en la sentencia ya citada, la Sala ha anulado varios actos de contenido particular en los que la DIAN negó la devolución de las sumas pagadas por concepto del impuesto al patrimonio de 2011, a inversionistas que suscribieron contratos de estabilidad jurídica que incluían el artículo 292 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1111 de 2006.

Así, en sentencia de 2 de marzo de 2017, la Sección precisó lo siguiente:

“Al respecto, se advierte que la Sala, en sentencia del 30 de agosto de 2016, Exp. 18636, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, anuló el citado Concepto [se refiere al Concepto DIAN 098797 de 2010], con fundamento en las siguientes consideraciones:

«[…]

Conclusiones

Lo expuesto obliga a que la Sala declare la nulidad de la tesis y la interpretación jurídica establecida para el problema jurídico No. 2 del Concepto No. 098797 del 28 de diciembre de 2010. En síntesis, esa decisión está respaldada en las siguientes conclusiones:

[…]

La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963, por el tiempo que se pacte, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111.

[…]Los inversionistas que suscriben el contrato de estabilidad jurídica no adquieren meras expectativas, sino el derecho particular y concreto a que la inversión, durante la vigencia del contrato, se rija por las normas identificadas en el contrato. De modo que, a partir de la celebración del contrato, en virtud del principio de buena fe, los inversionistas amparan el marco jurídico de la inversión, al punto que, luego, no les son oponibles las modificaciones normativas que resulten adversas a la inversión.

En los términos del artículo 1 de la Ley 963, por modificación normativa se entiende cualquier cambio en el texto de la ley, de la norma reglamentaria que expide el Gobierno Nacional o el cambio de la interpretación vinculante que, en ciertos casos, fija la propia administración, como en el caso de la DIAN.

La expedición de la Ley 1370 de 2009 y la interpretación que se plasmó en el acto demandado constituyen una modificación normativa adversa, en cuanto los inversionistas que suscribieron el contrato de estabilidad jurídica estarían obligados a pagar el impuesto al patrimonio de la Ley 1370.

[…]

La interpretación plasmada en el acto demandado generó una modificación normativa adversa, que, sin duda, es contraria al principio de buena fe que guía la relación jurídica entre el Estado y el inversionista, pues desconoce que realmente la Ley 1370 no hizo nada distinto a prorrogar la vigencia del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 (para que pudiera cobrarse en el año 2011).

…»

Conforme a lo expuesto, el impuesto al patrimonio consagrado en la Ley 1370 de 2009 es una prórroga de la Ley 1111 de 2006, de esta forma, para la Sala, la demandante no es sujeto pasivo de la prolongación del impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009, pues al haber suscrito un contrato de estabilidad jurídica sobre las normas relativas al impuesto al patrimonio y por el término de 20 años, cualquier modificación sobre las normas relativas a este impuesto no le son aplicables, lo cual incluye la prórroga del gravamen[…]”

Entonces, la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, como lo afirma la DIAN, sino que prorrogó el que, en ese momento, estaba vigente, esto es, el regulado en los artículos 292 a 296 del Estatuto Tributario modificados por la Ley 1111 de 2006.

Esta interpretación tiene como efecto que los inversionistas que hayan suscrito contratos de estabilidad jurídica y en estos hayan estabilizado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006, tienen derecho a que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005, por el tiempo que se haya pactado el respectivo contrato, sin que les sean oponibles las modificaciones normativas adversas a la inversión.

Por tal razón, por el año gravable 2011, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P no era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1370 de 2009, pues por ser tratarse de una prórroga de dicho tributo, forma parte de las normas incluidas en el contrato de estabilidad jurídica que suscribió con el Ministerio de Telecomunicaciones, a saber: el artículo 292 y siguientes del Estatuto Tributario, que estableció el impuesto al patrimonio por los años 2007 a 2010.

En cuanto a la sobretasa del impuesto al patrimonio establecida en el artículo 9 del Decreto 4825 de 2010, la Sala reitera que la actora no estaba obligada a pagarla, pues fue creada como un tributo complementario “a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta de que trata la Ley 1370 de 2009”. En consecuencia, tiene un carácter accesorio “que le permite plegarse a la misma suerte del concepto principal al cual accede, y que la supedita a la plena existencia de una obligación tributaria sustancial vigente respecto de dicho gravamen”.

En consecuencia, la declaración de impuesto al patrimonio presentada por la actora por el año gravable 2011 no surte efectos jurídicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario, sin necesidad de acto que así lo declare.

No es cierto, entonces, que como la sobretasa es un tributo independiente y esta se declaró en el mismo formulario del impuesto al patrimonio, la declaración del impuesto al patrimonio por el año gravable 2011 tiene pleno efecto legal.

Además, lo pagado por la actora constituye un pago de lo no debido, pues no existe causa legal para exigir su cumplimiento (artículo 21 del Decreto 1000 de 1997). En consecuencia, procede la solicitud de devolución dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva del artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, esto es, 5 años. Lo anterior, conforme con los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997.

Además, por tratarse de una declaración que no produce efectos, mal puede exigirse que antes de presentarse la solicitud de devolución, deba cumplirse el trámite previsto en el artículo 589 del E.T, para la corrección de las declaraciones que disminuyen el impuesto a pagar o aumentan el saldo a favor.

De otra parte, conforme con los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, para las solicitudes de devolución de pagos de lo no debido se aplica el trámite de las solicitudes de devolución de saldos a favor, que incluye el reconocimiento de intereses corrientes y de mora. Es de anotar que la DIAN no cuestionó la sentencia en cuanto a la forma en que se determinaron los intereses corrientes y de mora, por lo que tal determinación se mantiene.

Teniendo en cuenta que el Tribunal dispuso que los intereses corrientes se liquidarán desde la notificación de los actos que negaron la devolución e indicó que dicha notificación se surtió el 5 de marzo de 2012 hasta la ejecutoria de esta sentencia, se confirma esta decisión. Se mantiene el reconocimiento de los intereses de mora en los términos de la sentencia apelada.

Por lo anterior, se confirma la sentencia apelada.

Se niega la condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.

FALLA

1. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el señor Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso, conforme con lo expuesto en esta providencia.

2. CONFIRMAR la sentencia de 13 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Cuarta-Subsección A.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

HECHOS:

El 4 de marzo de 2009, la actora suscribió un contrato de estabilidad jurídica con la Nación - Ministerio de Telecomunicaciones, para desarrollar un proyecto de inversión, con vigencia de diez años, en el que se garantizó la estabilidad, entre otros, de los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 del Estatuto Tributario modificados por la Ley 1111 de 2006, relacionados con el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010. La actora presentó la declaración del impuesto de patrimonio y sobretasa del año gravable 2011. Pagó las dos primeras cuotas cuyo valor asciende a $28.188.826.000 y presentó solicitudes de devolución de dicha suma, por pago de lo no debido. La Administración negó las solicitudes que recurridas en reconsideración fueron confrimadas.

Demanda: la actora demandó los actos que negaron la devolución porque no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio del 2011, en virtud del contrato de estabilidad jurídica, pues no le es aplicable la Ley 1370 de 2009 que modificó de manera adversa para la actora el impuesto al patrimonio al prorrogarlo para el 2011, ni la sobretasa prevista en el Decreto 4825 de 2010

Contestación: La DIAN considera que la actora es sujeto activo de la obligación porque la Ley 1370 de 2009 creó un nuevo impuesto al patrimonio, norma que no hace parte del contrato de estabilidad jurídica, por lo que la declaración tributaria presentada surte efectos legales, por lo que es improcedente la devolución pretendida.

Tribunal: Accedió a las pretensiones de la demanda.

Apela el demandado

Proyecto: confirma la sentencia apelada.

Reiteración jurisprudencial. “La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111”. Sentencia del 30 de agosto de 2016. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Los inversionistas que hayan suscrito contrato de estabilidad jurídica y en él hayan identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006, el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 está amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005, por el tiempo que se haya pactado el respectivo contrato, sin que les sean oponibles las modificaciones normativas adversas a la inversión.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
M.P. Amparo Navarro López

Apoderados:

Demandante: Javier González Valencia
Demandado: José Enio Suarez Saldaña, Diana Patricia García Noriega, Carmen Adela Cruz Molina,
Folio 567 reverso c.p.
Hoy Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Ley 1341 de 2009)
Fls 119 a 131 c.1
Fls 141 c. 1
Fls 142 a 145 c.1
Fl 142 c.p. 1
Fl 143 c.p 1
Fl 144 c.p. 1
Fl 145 c.o. 1
Fls 146 y 147 c.1
Fls 148 a 150 c.1
Fls 151 y 152 c.1
Fls 153 y 154 c.1
Fls 155 y 156 c.1
Fls 161 y 162 c.1
Fls 157 a 160 y 164 a 166 c.1
Fls 167 a 170 c.1
Fls 171 a 182 c.1
Fls 183 a 280 c.1
Fls 285 a 329 c.1
Fls 1 a 40 c.1. Reforma de la demanda Fls 366 a 408 c.2.
Fls 412 a 427 y 455 a 479 (reforma a la demanda) c2.
Exp. 18636, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Folios 581 a 588 c.p. 1
Fls 617 a 623 c.2
Fls 624 a 629 c.2
Fls 630 a 635 c.2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicación número: 25000-23-27- 000-2001-00029-01.
Cfr. fls 119 a 131 c.1
Cfr. fl 122 c.1
Cfr. fl 124 c.1
Cfr. fl 141 c.1
Cfr. fls 142 a 145 c.1
Fls 146 y 147 c.1
Fls 148 a 150 c.1
Fls 151 y 152 c.1
Fls 153 y 154 c.1
Fls 155 y 156 c.1
Fls 161 y 162 c.1
Fls 157 a 160 y 164 a 166 c.1
Fls 167 a 170 c.1
Fls 171 a 182 c.1
Fls 183 a 280 c.1
Fls 285 a 329 c.1
Fl 275 y 338 reverso c.1
Expediente 11001-03-27-000-2011-00003-00 (18636), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Entre otras, ver sentencias del 5 de octubre de 2016, Exp. 05001-23-31-000-2012-00612-01 (21012), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (E), del 16 de noviembre de 2016, Exp 05001-23-31-000-2011-01753-01(20826), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, de 24 de noviembre de 2016, Exp. 05001-23-31-000-2011-01754-01(21181), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 23 de febrero de 2017, Exp. 17001-23-33-000-2013-00034-01(20442), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de 02 de marzo de 2017, Exp. 08001-23-31-000-2012-00488-01(22145), C.P Stella Jeannette Carvajal Basto y de 10 de mayo de 2018, Exp 25000-23-37-000-2013-01541-01 (23248), C.P Milton Chaves García.
Expediente 22145, C.P Stella Jeannette Carvajal Basto
Artículo 9 Decreto 4825 de 2010. Créase una sobretasa al impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta de que trata la Ley 1370 de 2009. Esta sobretasa es del veinticinco por ciento (25%) del impuesto al patrimonio. […]
Sentencia del 5 de octubre de 2016, Exp. 21012, C.P (E) Martha Teresa Briceño de Valencia.
Sentencia de 2 de marzo de 2017, exp 22145.
El Decreto 1000 de 1997 fue derogado el Decreto 2277 de 2012 pero estaba vigente al momento de la solicitud de devolución (3 de agosto de 2012).
CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01541-01 (23248)
Demandante: Cine Colombia S.A.

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