Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01247-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01247-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2013-01247-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
17 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2013-01247-01 (23474)
Demandante: Ecopetrol S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2013-01247-01 (23474)
Demandante: Ecopetrol S.A.
Demandado: DIAN
Temas: Cumplimiento de orden de tutela.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA – CUMPLIMIENTO DE TUTELA
La Sala dicta sentencia de reemplazo en cumplimiento de la orden de tutela dictada por
la Sección Quinta de esta corporación, mediante fallo del 03 de febrero del 2022 (rad.
11001-03-15-000-2021-06064-01, CP: Rocío Araujo Oñate), que resolvió:
Revocar parcialmente la sentencia del 6 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda–Subsección “B”, que negó la petición de amparo constitucional en la acción de tutela ejercida
por Ecopetrol S.A., para, en su lugar:
Primero: negar la solicitud con respecto a los defectos sustantivo, por indebida interpretación del artículo
76 de la Ley 80 de 1993, fáctico y desconocimiento del precedente y, por lo tanto, declarar que no se
afectaron las garantías constitucionales invocadas por la sociedad actora con ocasión de estos cargos.
Segundo: amparar el derecho al debido proceso de Ecopetrol S.A., y, en consecuencia, dejar sin
efectos, en forma parcial, la providencia del 11 de marzo de 2021, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, únicamente en lo relativo al cargo de la caducidad de la potestad de la DIAN para
exigir el pago de la contribución de obra pública.
Tercero: conceder a la Sección Cuarta del Consejo de Estado el término de treinta (30) días, contados
a partir de la notificación de este proveído, para que dicte la sentencia de reemplazo, en la que tenga
en cuenta que en el análisis que lleve a cabo de cada acto demandado deberá aplicar el término de
caducidad previsto por el Estatuto Tributario en el artículo 717, sin perjuicio de que, después de
realizado dicho estudio llegue a la conclusión de que algunas actuaciones se encontraban caducadas y
otras no. Lo anterior, con fundamento en lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
Bajo esas condiciones, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 26 de abril de 2017, proferida por la Sección Cuarta,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló la totalidad de las
resoluciones demandadas y, a título de restablecimiento del derecho, declaró que la
actora «no adeuda suma alguna por concepto de la Contribución Especial de Contratos
de Obra Pública, en relación con los actos anulados», sin condenar en costas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Entre el 14 de mayo de 2012 y el 06 de noviembre de 2012, la entidad demandada expidió
40 resoluciones de determinación oficial de la contribución de obra pública a cargo de
Ecopetrol, por los contratos celebrados durante 2007 (obrantes en los caa1 a caa40).
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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01247-01 (23474)
Demandante: Ecopetrol S.A.
Esos actos fueron íntegramente confirmados por sendas resoluciones proferidas entre el
26 de abril de 2013 y el 13 de agosto de 2013, que decidieron los recursos de
reconsideración interpuestos por la demandante (ibidem).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones (ff. 33 a 37):
A. Respetuosamente solicitamos a la honorable jurisdicción de lo contencioso administrativo que, como
consecuencia de la ilegalidad de los actos acusados, se declare la nulidad de las Resoluciones de
determinación de la contribución de los contratos de obra pública y de las Resoluciones que resuelven
los recursos de reconsideración contra ellas presentadas, actos administrativos que para efectos
prácticos se encuentran individualizados en el cuadro siguiente:
Resolución de determinación Resolución que falla recurso de reconsideración
1 Resolución nro. 900.155 de 6 de noviembre de 2012 Resolución nro. 900.037 de 13 de agosto de 2013
2 Resolución nro. 900.053 del 27 de junio de 2012 Resolución nro. 900.043 de 24 de julio de 2013
3 Resolución nro. 900.158 de 6 de noviembre de 2012 Resolución nro. 900.040 de 13 de agosto de 2013
4 Resolución nro. 900.040 de 01 de junio de 2012 Resolución nro. 900.028 de 4 de julio de 2013
5 Resolución nro. 900.046 de 12 de junio de 2012 Resolución nro. 900.035 de 10 de julio de 2013
6 Resolución nro. 900.059 de 28 de junio de 2012 Resolución nro. 900.039 de 19 de julio de 2013
7 Resolución nro. 900-055 de 27 de junio de 2012 Resolución nro. 900.046 de 25 de julio de 2013
8 Resolución nro. 900.047 de 12 de junio de 2012 Resolución nro. 900.036 de 10 de julio de 2013
9 Resolución nro. 900.064 de 27 de junio de 2012 Resolución nro. 900.040 de 23 de julio de 2013
10 Resolución nro. 900.066 de 19 de julio de 2012 Resolución nro. 900.052 de 5 de agosto de 2013
11 Resolución nro. 900.024 de 16 de mayo de 2012 Resolución nro. 900.012 de 11 de junio de 2013
12 Resolución nro. 900.065 de 10 de julio de 2012 Resolución nro. 900.012 de 26 de abril de 2013
13 Resolución nro. 900.072 de 18 de julio 2012 Resolución nro. 900.014 de 14 de mayo de 2013
14 Resolución nro. 900.073 de 18 de julio de 2012 Resolución nro. 900.055 de 6 de agosto de 2013
15 Resolución nro. 900.080 de 23 de julio de 2012 Resolución nro. 900.054 de 6 de agosto de 2013
16 Resolución nro. 900.081 de 23 de julio de 2012 Resolución nro. 900.015 del 15 de mayo de 2013
17 Resolución nro. 900.068 de 10 de julio de 2012 Resolución nro. 900.048 de 30 de julio de 2013
18 Resolución nro. 900.022 de 14 de mayo de 2012 Resolución nro. 900.013 de 12 de junio de 2013
19 Resolución nro. 900.084 de 6 de agosto de 2012 Resolución nro. 900.017 de 15 de mayo de 2013
20 Resolución nro. 900.027 de 22 de mayo de 2012 Resolución nro. 900.014 de 12 de junio de 2013
21 Resolución nro. 900.035 de 01 de junio de 2012 Resolución nro. 900.025 de 26 de junio de 2013
22 Resolución nro. 900.030 de 25 de mayo de 2012 Resolución nro. 900.015 del 12 de junio de 2013
23 Resolución nro. 900.045 de 12 de junio de 2012 Resolución nro. 900.029 de 8 de julio de 2013
24 Resolución nro. 900.051 de 12 de junio de 2012 Resolución nro. 900.032 de 8 de julio de 2013
25 Resolución nro. 900.094 de 07 de septiembre de 2012 Resolución nro. 900.022 de 24 de junio de 2013
26 Resolución nro. 900.056 del 27 de junio de 2012 Resolución nro. 900.044 de 24 de julio de 2013
27 Resolución nro. 900.169 de 6 de noviembre de 2012 Resolución nro. nro. 900.038 de 13 de agosto de 2013
28 Resolución nro. 900.096 de 12 de septiembre de 2012 Resolución nro. 900.034 de 9 de julio de 2013
29 Resolución nro. 900.172 de 06 de noviembre de 2012 Resolución nro. 900.039 del 13 de agosto de 2013
30 Resolución nro. 900.099 de 18 de septiembre de 2012 Resolución nro. 900.019 de 14 de junio de 2013
31 Resolución nro. 900.076 de 18 de julio de 2012 Resolución nro. 900.016 de 14 de mayo de 2013
32 Resolución nro. 900.100 de 18 de septiembre de 2012 Resolución nro. 900.004 de 14 de junio de 2013
33 Resolución nro. 900.106 de 25 de septiembre de 2012 Resolución nro. 900.005 de 14 de junio de 2013
34 Resolución nro. 900.108 de 24 de septiembre de 2012 Resolución nro. 900.020 de 14 de junio de 2013
35 Resolución nro. 900.127 de 18 de octubre de 2012 Resolución nro. 900.033 de 30 de julio de 2013
36 Resolución nro. 900.069 de 10 de julio de 2012 Resolución nro. 900.051 de 1 de agosto de 2013
37 Resolución nro. 900.071 de 10 de julio de 2012 Resolución nro. 900.053 de 5 de agosto de 2013
38 Resolución nro. 900.136 de 01 de noviembre de 2012 Resolución nro. 900.026 de 30 de julio de 2013
39 Resolución nro. 900.137 de 01 de noviembre de 2012 Resolución nro. 900.027 de 30 de julio de 2013
40 Resolución nro.
900.143 de 01 de noviembre de 2012 Resolución nro. 900.029 de 30 de julio de 2013
Para efectos de la solicitud de nulidad de las Resoluciones de determinación y de las Resoluciones que
resolvieron los recursos de reconsideración presentados, con el ánimo de privilegiar el principio de
economía procesal, solicito a su Despacho la acumulación de pretensiones, la cual procede en este
caso, con fundamento en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 165 del CPACA,
toda vez que el Honorable Tribunal Contencioso de Cundinamarca ante quien se interpone la presente
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Demandante: Ecopetrol S.A.
demanda es competente para conocer de todas las pretensiones, no se excluyen entre sí, y todas
pueden tramitarse por el mismo procedimiento.
B. Como restablecimiento del derecho, solicitamos se ordene a la DIAN declarar a Ecopetrol a paz y
salvo respecto de las sumas objeto de discusión y se proceda al archivo de los expedientes respectivos.
A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 13, 29, 83, 123, 338
y 363 de la Constitución; 643, 715, 716, 717 y 730 del Estatuto Tributario (ET); 76 de la
Ley 80 de 1993; 264 de la Ley 223 de 1995; la Ley 1106 de 2006; el Decreto 3461 de
2007; y el Decreto 4048 de 2008.
El concepto de violación planteado se resume así:
Sostuvo que los actos acusados fueron expedidos sin competencia funcional ni temporal.
Sobre la primera adujo que la Ley 1106 de 2006 no facultó a la DIAN para administrar la
nueva contribución de obra pública; que el artículo 1.º del Decreto 4048 de 2008 tampoco
la habilitaba para el efecto, porque esa cláusula de competencia residual fue prevista
para la gestión de impuestos y no de contribuciones; y que otras entidades como el
Ministerio del Interior y el distrito de Bogotá ya se habían atribuido competencia para
gestionar dicho tributo. Respecto de la segunda, manifestó que varios actos de
determinación le fueron notificados por fuera del plazo de cinco años fijado por los
artículos 717 y 817 del ET, por lo que fueron extemporáneos.
Alegó la violación del debido proceso, por ausencia de actos previos, y la falta de
motivación de los actos definitivos, por considerar que la Administración sustentó su
decisión exclusivamente en el hecho de que los contratos analizados recayeron sobre
inmuebles, sin estudiar el objeto de esos negocios y sin exponer las razones y pruebas
que, en cada caso, demostraban que se trataba de contratos de obra pública.
De fondo, planteó que, al exceptuar a las entidades que exploran y explotan recursos
naturales de aplicar la Ley 80 de 1993, el artículo 76 ejusdem creó una «exclusión
subjetiva» respecto del tributo debatido; y que esa norma la cobijaba, según fue admitido
por esta corporación en el fallo del 20 de febrero de 2014 (exp. 45310, Sección Tercera,
Subsección C, CP: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero). Sobre esa base, afirmó que todos
los negocios que suscribió en el 2007 estaban cubiertos por la señalada exclusión
tributaria, por tratarse de contratos conexos al desarrollo de actividades petroleras y no
de los contratos de obra pública regidos por el artículo 32 ibidem.
Negó haber realizado el hecho generador del tributo discutido. Argumentó que la Ley
1106 de 2006 no buscó gravar a las empresas de hidrocarburos sino a los contratistas
de entidades públicas y que la figura debatida recae sobre obras que generen un
beneficio público, que no sobre construcciones a las que no tenga acceso la comunidad,
como fueron las que contrató. Además, señaló que, según el artículo 1.° del Decreto 3461
de 2007, el gravamen solo se causa con la celebración de contratos que resulten de
licitaciones públicas o procesos de selección abiertos regulados por la Ley 80 de 1993,
exigencia que no ocurrió en su caso.
Destacó que las anteriores consideraciones coincidían con la postura adoptada por su
contraparte en los Oficios nros. 036803 de 2007 y 063832 de 2008, según los cuales los
contratos suscritos con entidades estatales dedicadas a la exploración y explotación de
recursos naturales y aquellos relacionados con esas actividades estaban excluidos de la
contribución de obra pública. Por tanto, censuró que la Administración desconociera su
propia doctrina, violando los artículos 13 y 363 superiores y 264 de la Ley 223 de 1995.
Por último, reprochó que la demandada no hubiera iniciado procedimientos de
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determinación análogos a los aquí debatidos respecto de otras entidades del Estado (i.e.
Banco de la República y universidades públicas), omisión que contrariaría los principios
de igualdad y de equidad del sistema tributario.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y se pronunció sobre los
cargos de violación, así (ff. 1504 a 1574):
Propuso la excepción previa de inepta demanda en relación con el cargo de violación de
los principios de igualdad y de equidad, porque no fue planteado en sede administrativa.
Defendió su competencia funcional y temporal para proferir la actuación acusada.
Primero, argumentó que, pese a su denominación, la contribución de obra pública es un
impuesto, por lo cual el artículo 1.° del Decreto 4048 de 2008 sí la habilitó para
administrarlo. Después, arguyó que expidió oportunamente los actos de determinación
cuestionados, dentro de los cinco años siguientes a la exigibilidad del tributo, i. e. la fecha
del pago a los contratistas, según el artículo 121 de la Ley 418 de 1997.
Respecto del fondo del asunto, destacó que el hecho generador del impuesto consiste
en la celebración de contratos de obra pública (i. e. contratos de obra en los que al menos
una parte es una entidad estatal), independientemente del régimen contractual aplicable,
del mecanismo de selección del contratista y aunque las construcciones no sean usadas
por el público ni generen beneficio a la comunidad. Agregó que, de conformidad con el
artículo 121 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 6.° de la Ley 1106 de 2006,
el sujeto pasivo y agente retenedor del tributo es la entidad pública contratante, a quien
le corresponde su recaudo y pago. Así, alegó que, por ser una entidad pública, la
demandante estaría obligada a retener el tributo controvertido cuandoquiera que
suscribiere contratos de obra no relacionados con la exploración y explotación de
hidrocarburos. Asimismo, respaldó la motivación de los actos expedidos con ocasión de
la determinación de la contribución de obra discutida.
Finalmente, indicó que los conceptos invocados en la demanda se refieren a la situación
específica del Banco de la República; y que, en cualquier caso, la tesis defendida en los
actos censurados se sustenta en doctrina de la Contraloría General de la República.
Sentencia apelada
El a quo accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
(ff. 1775 a 1826), con base en el siguiente razonamiento:
Desestimó la falta de competencia funcional, la violación del debido proceso por ausencia
de acto previo y la falta de motivación, tras considerar que los artículos 1.° y 3.° del
Decreto 4048 de 2008 facultaron a la DIAN para administrar el impuesto debatido; que
esta envió un oficio a la actora antes de determinar oficialmente las obligaciones en
cuestión; y que los actos demandados se sustentaron en los artículos 6.° de la Ley 1106
de 2006, 1.° y 32 de la Ley 80 de 1992, en la naturaleza jurídica de la demandante y en
jurisprudencia del Consejo de Estado.
Anuló parcialmente, por extemporáneos, dos de los actos acusados (la resolución de
determinación nro. 900.080, del 23 de julio de 2012, y su confirmatoria), tras juzgar que
la demandada expidió la resolución de determinación del tributo por fuera del término de
cinco años, contados desde la exigibilidad de la obligación, previsto por los artículos 2535
y 2536 del CC. Respecto de los actos restantes, si bien consideró que habían sido
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proferidos oportunamente, los anuló por considerar que los contratos celebrados por la
demandante estaban estrechamente relacionados con las actividades de exploración,
explotación y refinación de hidrocarburos y sus operaciones complementarias, por lo cual
estarían cobijados por la excepción contemplada en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993,
que impedía la realización del hecho generador discutido. Por ello, se abstuvo de analizar
los demás cargos de violación planteados por la actora. Con fundamento en este
argumento, se relevó del análisis de los demás cargos de violación.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión del tribunal en cuanto le fue desfavorable (ff. 1853 a
1881), para lo cual insistió en los mismos argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, relativos a la oportunidad de las actuaciones juzgadas, la efectiva realización
del hecho generador y a que la actora tenía la calidad de agente de retención de los
contratos en cuestión. La actora se abstuvo de apelar la decisión del a quo desfavorable
a sus pretensiones, de acuerdo con la cual 39 de los actos de determinación demandados
se habían proferido oportunamente, dentro del plazo de cinco años contados desde el
momento de la exigibilidad de la obligación, previsto por los artículos 2535 y 2536 del CC.
Alegatos de conclusión
Ambas partes reiteraron los argumentos planteados en las anteriores instancias
procesales (ff. 1899 a 1904 y 1905 a 1932).
El ministerio público solicitó que se confirme la sentencia de primer grado (ff. 1949 a
1951), pues estimó que los contratos que dieron lugar a las resoluciones enjuiciadas
guardan una relación directa con el objeto social de la actora, relativo a la exploración y
explotación de hidrocarburos. Asimismo, indicó que la Administración desatendió su
propia doctrina, i. e. el Concepto nro. 048027, del 08 de agosto de 2014, según la cual
los contratos conexos a las actividades de exploración y explotación de petróleo no están
sometidos al tributo discutido.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 03 de febrero de 2022 por la
Sección Quinta de esta judicatura (rad. 11001-03-15-000-2021-06064-01, CP: Rocío
Araujo Oñate), dicta la Sala sentencia de reemplazo. Ahora bien, en vista de que el
referido fallo de tutela se limitó a ordenar «dejar sin efectos, en forma parcial, la
providencia del 11 de marzo de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, únicamente en lo relativo al cargo de la caducidad de la potestad de la DIAN
para exigir el pago de la contribución de obra pública», permanecen inalteradas las
demás decisiones adoptadas en la sentencia del 11 de marzo de 2021, en la cual la Sala
resolvió en forma desfavorable para el extremo activo los cargos de nulidad por violación
del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1106 de 2006, vulneración del elemento
subjetivo del hecho imponible debatido, transgresión de los principios de equidad e
igualdad y desconocimiento de la doctrina administrativa plasmada en los Oficios nros.
036803 de 2007 y 063832 de 2008. Así mismo, se mantienen la aceptación del
impedimento manifestado por la Dra. Stella Jeannette Basto Carvajal, el rechazo de la
solicitud de nulidad procesal promovida por la demandante y la negativa a condenar en
costas al extremo vencido de la contienda.
2- Precisado lo anterior y conforme a la orden del juez de tutela, corresponde a la Sala
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identificar el término con el que contaba la Administración para notificar al extremo activo
los actos demandados y, seguidamente, constatar si el mismo fue observado, atendiendo
a la tesis acogida en el fallo de tutela sobre la interpretación de la normativa que gobierna
el caso. Bajo ese criterio –que posteriormente fue reevaluado por la Sección Quinta, en
la providencia del 17 de febrero de 2022 (exp. 11001-03-15-000-2021-07186-01, CP:
Pedro Pablo Vanegas Gil)–, la oportunidad en la que se debe determinar oficialmente la
contribución de obra pública corresponde a la que el artículo 717 del ET establece para
el procedimiento de aforo, por lo cual habría caducidad si transcurridos cinco años desde
el vencimiento del plazo para declarar se omitiere notificar el acto definitivo al sujeto
pasivo. Así, porque, en el criterio que entonces sostenía la Sección Quinta, «el Estatuto
Tributario que se rige por el principio de especialidad, regula expresamente lo
relacionado con la liquidación de aforo en relación con el agente retenedor, calidad que
tenía Ecopetrol con respecto a la contribución de obra, objeto de examen».
Sin embargo, se advierte que la normativa que disciplina el tributo controvertido (artículos
120, 121 y 122 de la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones) no le impone a la entidad
pública contratante (i.e. agente retenedor del tributo) el deber de declarar la retención
practicada, lo cual dificulta la aplicación del mencionado artículo 717 del ET, en la medida
en que no existiría para el caso el dies a quo que señala la norma para iniciar el cómputo
del término (i.e. la culminación del plazo para declarar). Con todo, con la exclusiva
finalidad de hacer efectiva la orden impartida por el juez de tutela, la Sala reproduce el
análisis hecho por esta Sección al dictar sentencia de reemplazo en una discusión
suscitada entre las mismas partes (fallo del 02 de diciembre de 2021, exp: 22941, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Arguello)1, de modo que el plazo de cinco años se computará a
partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación tributaria, i.e. desde que la entidad
contratante pagó las remuneraciones pactadas en los contratos de obra, toda vez que el
artículo 121 de la Ley 418 de 1997 (prorrogado, entre otras, por la Ley 1106 de 2006)
establece que el valor causado por concepto del impuesto analizado debe ser
descontado de dichos pagos.
3- Según observa la Sala, el conteo bajo ese parámetro temporal de cinco años fue
efectuado por el a quo del proceso ordinario en la sentencia que impugnó únicamente la
demandada. En esa ocasión, se juzgó que todas las resoluciones de determinación se
profirieron y notificaron dentro del plazo de cinco años, con la única salvedad de la
Resolución nro. 900.080, del 23 de julio de 2012, que, en criterio del tribunal, excedió el
plazo de cinco años. Esto, porque estableció que el primero de los tres pagos efectuados
en relación con el Contrato nro. 4014710, del 11 de julio de 2007, se efectuó el 11 de
julio de 2008, lo cual lo llevó a estimar que la resolución que cuantificó el impuesto,
notificada el 01 de agosto de 2012, era parcialmente extemporánea.
Así, en resumidas cuentas, el juez de primera instancia constató que le fueron notificadas
a la actora, antes de que transcurrieran cinco años contados desde la fecha en que esta
les efectuó los pagos gravados a sus contratistas, las resoluciones de determinación del
tributo correspondientes a 39 de los 40 procedimientos objeto del presente proceso. Y,
dado que el juicio del a quo sobre la oportunidad de esas actuaciones no fue recurrido
por la demandante –que no apeló el fallo de primera instancia en el proceso ordinario–,
resulta que la tutela interpuesta alegando la oportunidad en la que se profirieron los actos
acusados solo tenía objeto respecto del análisis y decisión hechos en la sentencia de
una de las resoluciones de determinación demandadas (señaladamente, la Resolución
nro. 900.080, del 23 de julio de 2012) y no para las 39 restantes en las que la actora se
1 En todo caso, dicha sentencia de remplazo fue dejada sin efectos mediante fallo dictado el 14 de febrero de 2022
(Rad. 11001-03-15-000-2021-06065-01, CP: Alberto Montaña Plata), en la segunda instancia del proceso de tutela
adelantado. En esta decisión la Sección Tercera de esta Corporación decidió revocar la sentencia que había proferido
en primera instancia la Sección Quinta el 21 de octubre de 2021.
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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01247-01 (23474)
Demandante: Ecopetrol S.A.
mostró conforme con la decisión del tribunal, al no apelarla, en el sentido de que se
profirieron y notificaron oportunamente. Por tanto, el debate sobre la caducidad de la
competencia cuestionada se circunscribe a esa única actuación.
4- Al aplicar a la Resolución nro. 900.080, del 23 de julio de 2012, el criterio decantado
por el juez de tutela se observa que también esta actuación fue tempestiva. Así, porque
(como lo reconoció el tribunal en la sentencia impugnada), la actora efectuó tres pagos
en relación con el contrato fiscalizado que tuvieron lugar los días 11 de julio de 2008, 19
de septiembre de 2008 y 19 de octubre de 2008 (ff. 89 a 90 caa 14), de manera que,
para el 01 de agosto de 2012 (fecha en que el acto definitivo fue notificado a la
demandante), solo habían transcurrido cuatro años y 21 días desde la fecha del primer
pago. Por consiguiente, no hubo extemporaneidad en la actuación analizada. Prospera
el cargo de apelación de la demandada.
5- En vista de que prosperaron los reproches planteados por la demandada en su
impugnación y fracasaron los cargos de violación propuestos por la actora contra las
resoluciones acusadas, corresponde revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. En cumplimiento de la orden proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en
la sentencia de tutela del 03 de febrero del 2022 (rad. 11001-03-15-000-2021-06064-
01, CP: Rocío Araujo Oñate), se revoca la sentencia del 26 de abril de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” en el
proceso de la referencia.
2. En su lugar, se niegan las pretensiones de la demanda.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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