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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01394-02

Determinación de la participación en el efecto plusvalía: competencia

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Argüello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01394-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la sentencia apelada, proferida el 23 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. Sin condena en costas en esta instancia. Reconocer al abogado Eduardo Andrés Vargas Apráez como apoderado de Catastro Distrital en los términos y para los fines previstos en el poder que obra a índice 23 de SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2013-01394-02

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello

5 de agosto de 2021

DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL EFECTO PLUSVALÍA – Competencia / DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL EFECTO PLUSVALÍA EN EL DISTRITO CAPITAL – Autoridad competente. Catastro Distrital

El artículo 80 de la Ley 388 de 1997 expresamente señala que «El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o los peritos técnicos debidamente inscritos en las Lonjas o instituciones análogas, establecerán los precios comerciales por metro cuadrado de los inmuebles». Entonces, contrario a lo dicho por la demandante, esta competencia no fue atribuida por la ley a los alcaldes. De otro lado, en desarrollo de la disposición legal, el artículo 4 del Decreto Distrital 020 de 2011 señaló que la Secretaría Distrital de Planeación «solicitará a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD-, que establezca el mayor valor por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias de la participación en plusvalía con características geoeconómicas homogéneas». En este orden, en Bogotá, Catastro Distrital es la autoridad competente para establecer el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en el procedimiento de determinación de la participación en la plusvalía. Ahora, según la parte resolutiva de los actos acusados, en este caso, Catastro Distrital se limitó a establecer el valor por metro cuadrado de los predios de la FUAC, por lo que se concluye que actuó dentro de sus competencias. Lo expuesto también significa que no fueron desconocidas las normas sobre delegación de funciones, contenidas en la Ley 489 de 1998. (…) En efecto, como fue expuesto, la Ley 388 de 1997 otorga competencia al IGAC o a instituciones análogas para determinar el valor comercial por metro cuadrado de los inmuebles en el trámite de determinación de la participación en plusvalía. Así las cosas, no existe ninguna contradicción entre la norma legal y el Decreto Distrital 020 de 2011 que suponga alguna violación de los derechos de la FUAC. Este cargo de la apelación no prospera.

FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 80 / DECRETO DISTRITAL 020 DE 2011 – ARTÍCULO 4 / LEY 489 DE 1998

CÁLCULO DEL EFECTO DE PLUSVALÍA POR CATASTRO DISTRITAL – Determinación del metro cuadrado / MÉTODO RESIDUAL PARA CALCULAR EL EFECTO PLUSVALÍA – Técnica / TÉRMINO PARA LA DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA – Inexistente

En el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC elaborado por Catastro Distrital en el mes de septiembre de 2012, consta que «La zona en general se encuentra localizada dentro de un sector de uso mixto, combinando el uso residencial con uso de oficinas y comercio, el uso residencial pertenece al estrato 3 y 4 (…)». Además, al analizar las normas anteriores a la acción urbanística, señaló que a los predios de la FUAC son aplicables el Decreto Distrital 678 de 1994 y el Acuerdo 6 de 1990, que establecen el tratamiento de conservación histórica. Con base en esto, señaló que el Predio Nro. 1 está ubicado en el Polígono CH-M-03-3 cuyos usos principales son «Vivienda» e «Institucional de influencia local y zonal», junto con usos compatibles de comercio, de oficinas, de industrias de bajo impacto y de estacionamientos en altura. Así mismo, señaló que el Predio Nro. 3 está ubicado en el Polígono CH-M01-3 con uso principal de «Vivienda» y usos compatibles «Institucional de influencia local y zonal», comercial de cobertura local y zonal y oficinas. (…) La demandante no aportó ningún documento tendiente a desacreditar la descripción general del sector realizada por Catastro Distrital respecto del Predio Nro. 3. En este orden, la FUAC no demostró que Catastro Distrital cometió un error en la descripción general del sector en que están ubicados los Predios Nro. 1 y Nro. 3. (…) En primer lugar, como lo señaló el Ministerio Público y contrario a lo dicho por la FUAC, los artículos 77 y 78 de la Ley 388 de 1997 no exigen que el cálculo de la participación en plusvalía por mayor aprovechamiento del uso del suelo tenga en cuenta la construcción preexistente. En realidad, según lo indicó esta Sección en otras ocasiones, el procedimiento previsto en estas normas exige determinar el potencial adicional de edificación, «(…) entendida como la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción urbanística generadora de la plusvalía». Ahora, en el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC elaborado por Catastro Distrital en el mes de septiembre de 2012 se observa la aplicación de estas normas. En efecto, respecto del Predio Nro. 1, Catastro Distrital calculó el índice de edificabilidad anterior a la acción urbanística (…) De acuerdo con lo expuesto, Catastro Distrital no omitió el análisis del índice de edificabilidad preexistente a la acción urbanística, por lo que no incumplió con el procedimiento previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley 388 de 1997 (…) el artículo 3 del Decreto 1788 de 2004 señala que el cálculo de la participación en plusvalía por un mayor aprovechamiento del suelo en edificación «tendrá en cuenta la incidencia de la edificabilidad adicional autorizada sobre el valor del suelo». Según fue expuesto, Catastro Distrital calculó la participación en plusvalía en el caso bajo examen con base en la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción urbanística generadora de la plusvalía. Así las cosas, no desconoció con la norma expuesta. De otro lado, el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC elaborado por Catastro Distrital en el mes de septiembre de 2012 aplica de forma expresa el artículo 2 del Decreto 1788 de 2004. Según esta norma, los valores comerciales anteriores deben ajustarse al valor presente para el momento de la adopción de la acción urbanística con base en el índice de precios al consumidor. Esta es precisamente la operación que realizó Catastro Distrital en el documento referido, por lo que no está probada una falsa motivación en este punto. (…) Respecto a la procedencia del método residual, el artículo 27 de la Resolución Nro. 620 de 2008 del IGAC señala que, para el cálculo de la participación en plusvalía por el mayor aprovechamiento del suelo, el precio comercial del inmueble se determinará con el «método (técnica) residual y/o de mercado».

Así, no es aplicable el método de reposición de valor, como afirmó la demandante. (…) Es por esto que el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC elaborado por Catastro Distrital en el mes de septiembre de 2012 tuvo fundamento en los datos de venta para vivienda y para unidades de parqueo del estudio de mercado realizado en el sector donde están ubicados los predios para el año 2010, los costos por metro cuadrado de construcción del presupuesto de obra de Catastro Distrital para multifamiliar y los costos financieras correspondientes al DTF más 5 puntos porcentuales aplicado al 60% de los costos directos de construcción. Según lo expuesto, y contrario a lo dicho por la FUAC, Catastro Distrital no omitió el estudio de las ofertas de inmuebles comparables, las características del área, los valores de venta y los elementos del proyecto. Por lo anterior, no desconoció el método residual regulado por el artículo 14 de la Resolución Nro. 620 de 2008 proferida por el IGAC. (…) La Sala precisa que el artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003 fue modificado por el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008, por lo que solo esta última norma estaba vigente al momento de los hechos de la demanda. Según la norma en mención, la participación en plusvalía debe determinarse según lo previsto en los artículos 76 a 78 de la Ley 388 de 1997 e indicó que, en todo caso, se tendrá en cuenta la incidencia o repercusión sobre el suelo del número de metros cuadrados adicionales que se autoriza a construir, o el uso más rentable, aplicando los métodos contemplados en la normativa vigente. Como fue expuesto en esta providencia, Catastro Distrital aplicó los métodos de mercado y residual para calcular la participación en plusvalía, según lo ordena el artículo 27 de la Resolución Nro. 620 de 2008 proferida por el IGAC. Además, determinó el potencial adicional de edificabilidad con base en la diferencia del índice anterior y posterior a la acción urbanística, como lo ordenan los artículos 77 y 78 de la Ley 388 de 1997. En consecuencia, no fue desconocido el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008. La FUAC también sostuvo que Catastro Distrital incumplió el término de tres meses para determinar la participación en plusvalía previsto en el parágrafo del artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003. No obstante, se reitera que para la ocurrencia de los hechos de la demanda esta norma fue modificada por el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008, que no dispuso ningún término para determinar la participación en plusvalía. Este cargo de la apelación tampoco prospera.

FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 77 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 78 / DECRETO 1788 DE 2004 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1788 DE 2004 – ARTÍCULO 3 / DECRETO DISTRITAL 352 DE 2008 – ARTÍCULO 15

INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA – Efectos jurídicos

La apelante sostuvo que la sentencia de primera instancia fue incongruente porque, por un lado, en la fijación del litigio señaló que estudiaría la violación del derecho al debido proceso dentro de la actuación administrativa. Pero, por el otro lado, no estudió los cargos de nulidad consistentes en i) la infracción de las normas superiores y ii) la expedición irregular de los actos acusados y la falta de competencia temporal. En consecuencia, solicitó que sean estudiados estos dos cargos de nulidad en segunda instancia. La Sala destaca que la demanda y la apelación no propusieron algún argumento que sustente la supuesta infracción de las normas superiores, sino que la FUAC se limitó a señalar que estaba demostrado por la prosperidad de los demás cargos de nulidad. Lo anterior significa que el cargo de nulidad de infracción de las normas superiores no tiene sustantividad propia y, por lo tanto, el Tribunal no fue incongruente por no analizarlo. En cambio, la FUAC sustentó suficientemente el cargo de expedición irregular de los actos acusados y falta de competencia temporal en la demanda, pese a lo cual el Tribunal no lo estudió. Así, la sentencia de primera instancia no es congruente, pues no estuvo en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, según lo exige el artículo 281 del Código General del Proceso. Debido a lo anterior, este cargo de la apelación prospera parcialmente. Pero la Sala aclara que la consecuencia de lo anterior no es la revocatoria de la sentencia apelada, sino el estudio del cargo de nulidad omitido por el Tribunal.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (C.G.P.) – ARTÍCULO 281

EXPEDICIÓN IRREGULAR DE LOS ACTOS ACUSADOS – Inexistencia / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA - Inexistencia

La primera fase del procedimiento de los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997 determina el monto con el que el municipio o distrito participará del plusvalor, pero no liquida de forma individual la participación por cada predio inmerso en la zona o subzona de la acción urbanística. Entonces, en esta fase del procedimiento la administración «se limita a cuantificar el plusvalor previa comparación entre el precio comercial del metro cuadrado del terreno, según la normativa territorial anterior, y el precio de referencia del metro cuadrado con ocasión de la acción urbanística generadora de la plusvalía, diferencia que resultará en el plusvalor». Con base en lo anterior, la Sala concluyó que, en ese caso, el acto acusado solo identificó la zona dentro de la cual están ubicados los predios y fijó el monto del porcentaje con el que participa la entidad territorial, (…) De esta manera, señaló que el incumplimiento de los términos de los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1991 no supone un vicio de nulidad en la expedición de este tipo de actos administrativos, «por no ser este el acto de liquidación definitiva e individual que permitiría controlar ese aspecto de la formación del acto administrativo en cuanto a la obligación particular de la actora y porque, en la medida en que no se demandó la liquidación definitiva sino la resolución que fija de manera general la participación del municipio en el plusvalor, la Sala ha entendido que por lo menos para dicho procedimiento específico, se trata de términos perentorios y no preclusivos de la Administración». Las consideraciones expuestas en la sentencia del 11 de marzo de 2021 son aplicables al caso bajo examen, pues la Resolución Nro. 1744 de 2012 no determinó de forma definitiva el tributo, sino que se limitó a cuantificar el valor de la participación en la plusvalía por metro cuadrado, (…) En este orden, comoquiera que los actos acusados no determinaron de forma definitiva el tributo, los términos fijados por los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997 no son preclusivos, por lo que su incumplimiento no configura la causal de nulidad de expedición irregular de los actos acusados ni supone una falta de competencia temporal.

FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 80 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 81

CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia por falta de prueba de su causación

No fue demostrada la causación de costas procesales en esta instancia, según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CGP) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-37-000-2013-01394-02(25315)

Actor: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

Demandado: CATASTRO DISTRITAL

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (en adelante FUAC) contra la sentencia del 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió:

«Primero: NEGAR las pretensiones de la demandad (sic), conforme a los considerandos de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación elaboró el informe técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC, el 2 de agosto de 2011. En él determinó que la adopción de dicho plan configuraría dos hechos generadores de plusvalía: i) el cambio en el régimen de zonificación de usos del suelo y ii) el mayor aprovechamiento en edificabilidad de algunos predios.

Luego, la Secretaría Distrital de Planeación expidió la Resolución Nro. 1459 del 1° de noviembre de 2011. El artículo 1° adoptó el plan de regularización y manejo para los predios de la FUAC, ubicados en las Localidades Nro. 3 (Santa Fe) y Nro. 17 (Candelaria). El artículo 7 señaló que, según el Informe técnico normativo para el precálculo de la plusvalía del 2 de agosto de 2011, se configuraron los dos hechos generadores de la plusvalía antes expuestos.

La Dirección de Planes Maestros y Complementarios envió a la Dirección de Economía Urbana de la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica de la Secretaría Distrital de Planeación el informe técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC, mediante el Oficio Nro. 3-2012-00978 del 30 de enero de 2012. Luego, esa misma Dirección expidió el informe complementario al estudio técnico normativo el 12 de julio de 2012. En él especificó los hechos generadores de plusvalía se configuraron frente a los inmuebles que denominó Predios Nros. 1, 3, 8, 9 y 10.

La Dirección de Economía Urbana solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (en adelante Catastro Distrital) que liquidara la participación en plusvalía de la FUAC, mediante el Oficio Nro. 2-2012-36731 del 31 de agosto de 2012.

Catastro Distrital elaboró el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC, en el mes de septiembre de 2012. En dicho documento concluyó que no se configuró el hecho generador del cambio en el régimen de zonificación de usos del suelo, sino solo el de mayor aprovechamiento en edificabilidad respecto de dos inmuebles. Estos son: i) el Predio Nro. 1, ubicado en la Carrera 6 Nro. 10-58 e identificado con la Matrícula Inmobiliaria Nro. 50C-267957; y ii) el Predio Nro. 3, ubicado en la Calle 12 Nro. 4-32 e identificado con la Matrícula Inmobiliaria Nro. 50C-1581451. En consecuencia, determinó que el valor de la plusvalía por metro cuadrado del Predio Nro. 1 es de $4’532.145,11 y del Predio Nro. 3 de $590.004,23.

Este cálculo fue analizado y aprobado de forma conjunta por la Secretaría Distrital de Planeación y Catastro Distrital, mediante la reunión celebrada el 9 de octubre de 2012, según consta en el Acta Nro. 62 de la misma fecha.

Todas las actuaciones anteriores fueron incluidas en el informe resumen técnico de la memoria del cálculo del efecto plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC.

Con base en lo expuesto, Catastro Distrital profirió la Resolución Nro. 1744 del 28 de diciembre de 2012. El artículo 1° determinó que, con base en el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC, el valor de la plusvalía del Predio Nro. 1 es de $4’532.145,11 por metro cuadrado y en el Predio Nro. 3 es de $590.004,23 por metro cuadrado. Y el artículo 4 señaló que el informe resumen del cálculo del efecto plusvalía hace parte integral de la resolución.

La FUAC presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo el 13 de febrero de 2013. Sin embargo, la decisión fue confirmada en su totalidad por la Resolución Nro. 290 del 2 de abril de 2013.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la FUAC formuló las siguientes pretensiones:

«2.1. PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERA.- Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa No. 1744 del 28 de diciembre de 2012 “Por medio del cual se establece un efecto plusvalía respecto de un plan de regularización y manejo”.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa No. Resolución No. (sic) 290 del 2 de abril de 2012 (sic) notificada personalmente el 19 del mismo mes y año “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución 1744 del 28 de diciembre de 2012” confirmándolo en su totalidad.”. (sic)

TERCERO.- Que como consecuencia de la nulidad judicial de los actos cuestionados, a título de restablecimiento del derecho el Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital exonere del pago de la obligación.

CUARTO.- Que en el evento de haberse obligado a la Universidad al pago de la obligación señalada en los actos cuestionados, se realice la devolución de los dineros, con sus intereses e indexación monetaria correspondiente, desde el momento que se efectuó el pago hasta que se resuelva el proceso.

QUINTO.- Condenar en costas, incluidas las agencias en derecho, al Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

2.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERA.- Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa No. 1744 del 28 de diciembre de 2012 “Por medio del cual se establece un efecto plusvalía respecto de un plan de regularización y manejo”, en el entendido de que se ordene realizar el recalculo del valor que se debe cancelar por concepto de participación de plusvalía, de conformidad con las normas que regulan la materia y lo que verdaderamente se pruebe en el curso del proceso.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa No. Resolución No. (sic) 290 del 2 de abril de 2012 notificada personalmente el 19 del mismo mes y año “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución 1744 del 28 de diciembre de 2012” confirmándolo en su totalidad.” (sic), en el entendido de que se ordene realizar el recalculo del valor que se debe cancelar por concepto de participación de la plusvalía de conformidad con las normas que regulan la materia y lo que verdaderamente se pruebe en el curso del proceso.

TERCERO.- Que como consecuencia de la nulidad judicial parcial de los actos cuestionados, y su recálculo, a título de restablecimiento del derecho el Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital exonere del mayor pago de la obligación, según lo probado en el curso del proceso.

CUARTO.- Que en el evento de haberse obligado a la Universidad al pago de la obligación señalada en los actos cuestionados, se realice la devolución de los dineros pagados de más, con sus intereses e indexación monetaria correspondiente, desde el momento en que se efectúe el pago hasta que se resuelva el proceso.

QUINTO.- Condenar en costas, incluidas las agencias en derecho, al Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital».

Para los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 29, 86 y 209 de la Constitución; los artículos 2, 3, 28, 35, 36, 78, 82, 85, 87 y 206 a 214 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; las normas concordantes del Código de Procedimiento Civil; la Ley 388 de 1997; los Acuerdos 118 de 2003 y 352 de 2008 proferidos por el Concejo Distrital de Bogotá; el Decreto Nacional 1788 de 2004; el Decreto Distrital 020 de 2011, expedidos por el alcalde mayor de Bogotá; la Resolución Nro. 20 de 2008 de la Secretaría del Hábitat de Bogotá; y la Resolución Nro. 620 de 2008 proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC).

En el concepto de la violación, la demandante propuso 7 cargos de nulidad. Sin embargo, el cargo de falsa motivación será dividido en dos para realizar una exposición clara de los argumentos. En consecuencia, se sintetiza el concepto de la violación en los 8 cargos de nulidad siguientes:

Infracción de las normas superiores.

Los actos acusados violaron de forma manifiesta la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1788 de 2004, el Decreto Distrital 020 de 2011, los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 352 de 2008 y la Resolución Nro. 20 de 2008 de la Secretaría del Hábitat de Bogotá por indebida aplicación o por errónea interpretación. Esta afirmación está probada por los motivos que se exponen en los siguientes cargos de nulidad, por lo que la demandante se remite a lo dicho a continuación.

Falta de competencia material.

El artículo 73 de la Ley 388 de 1997 dispone que el competente para reglamentar la aplicación de la participación en la plusvalía es el concejo distrital o municipal. En este caso, la competencia de Catastro Distrital para proferir los actos recurridos tuvo fundamento en el Decreto Distrital 20 de 2011, pero esta norma desconoce que la Ley 388 de 1997 «es suficientemente clara en atribuirle la competencia para expedir los actos preparatorios del acto recurrido al Alcalde Distrital sin que se conozca de que éste hubiese delegado tal competencia o que la ley le permita delegarlo».

Así las cosas, la FUAC señaló que «el vicio que se encuentra en los actos administrativos que se cuestionan es (sic) esta instancia judicial, se encuentra relacionado con la incompetencia para el establecimiento del precio comercial del metro cuadrado de los inmuebles». Además, destacó que «en los términos del artículo 80 de la ley 388 de 1997 en concordancia con el artículo 4 del Decreto 1788 de 2004 aquella facultad se encuentra exclusiva y restrictivamente en cabeza de los Alcaldes que por mandato legal no sería susceptible de delegación de acuerdo con los términos del numeral tercero del artículo 11 de la ley 489 de 1998, en consecuencia, habría un (sic) posible expedición irregular del acto en cuestión por cuanto la ley como el Decreto reglamentario del orden Nacional no contempla la posibilidad de delegar ésta precisa función atribuida al Alcalde ya que se entiende que la delegación debe ser expresa y escrita».

Expedición irregular de los actos acusados y falta de competencia temporal.

El artículo 80 de la Ley 388 de 1997 establece que el alcalde tiene un término de 5 días hábiles, contados desde la configuración del hecho generador, para solicitar al IGAC o la entidad correspondiente la estimación del mayor valor por metro cuadrado en cada una de las zonas o subzonas consideradas. Además, señala que esta entidad tendrá un plazo inmodificable de 60 días hábiles para ejecutar lo solicitado y, en caso de incumplir este plazo, la administración distrital podrá solicitar un nuevo peritazgo.

En este caso, el hecho generador se configuró con la expedición de la Resolución Nro. 1459 del 1° de noviembre de 2011 (plan de regularización y manejo de la FUAC), pero el alcalde mayor de Bogotá no solicitó la estimación del mayor valor por metro cuadrado dentro de los 5 días siguientes a Catastro Distrital. Es más, el trámite administrativo solo inició con el oficio enviado el 30 de enero de 2012 por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios. Esto significa que la solicitud de estimación del mayor valor por metro cuadrado no fue enviada por el alcalde ni dentro del plazo determinado por la ley.

De otro lado, aunque Catastro Distrital sea la entidad competente para estimar el mayor valor por metro cuadrado de los predios, incumplió el término de 60 días porque la Resolución Nro. 1744 fue proferida el 28 de diciembre de 2012. En consecuencia, la administración distrital debió solicitar un nuevo peritazgo, lo que tampoco ocurrió.

El artículo 81 de la Ley 388 de 1997 indica que, con base en la determinación de la participación en plusvalía por metro cuadrado para las zonas o subzonas realizado por el IGAC o la entidad correspondiente, el alcalde liquidará la participación en plusvalía de cada predio y aplicará la tarifa correspondiente, dentro de los 45 días siguientes. Con base en esta información, la administración municipal tiene un plazo de 30 días para expedir y notificar el acto administrativo que determina el tributo.

En el caso bajo examen, estos términos también fueron incumplidos porque Catastro Distrital elaboró el cálculo del efecto de plusvalía en el mes de septiembre de 2012 y profirió la Resolución Nro. 1744 el 28 de diciembre del mismo año.

Con base en lo expuesto, está probado que los actos acusados fueron proferidos luego de un trámite irregular y sin competencia temporal.

Falsa motivación de los fundamentos de derecho.

La entidad demandada calculó la participación en plusvalía con una descripción general errónea del sector donde están ubicados los predios. En efecto, el informe resumen del cálculo del efecto plusvalía considera que la actividad predominante en el sector es el residencial, que se clasifica por estratos, o comercial. Pero, en realidad, el uso generalizado es el dotacional en sus modalidades educativo y religioso, que no puede clasificarse por estratos.

Catastro Distrital señaló que realizó el cálculo con base en lo dispuesto por la Ley 388 de 1997. El artículo 73 señala que los concejos distritales y municipales son los competentes para regular la participación en la plusvalía, por lo que el Concejo Distrital de Bogotá profirió el Acuerdo 118 de 2003. Sin embargo, los actos administrativos acusados no tuvieron sustento en esta norma, sino en los Decretos Distritales 020 de 2011 y 560 de 2012.

De otro lado, el numeral tercero del artículo 74 de la Ley 388 de 1997 señala que es un hecho generador la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación por el incremento del índice de ocupación, el índice de construcción o ambos. Con base en esta norma, la participación en plusvalía no puede determinarse sobre la norma posterior a la acción urbanística, sino que debe calcularse teniendo en cuenta la norma anterior y la construcción preexistente. Esta interpretación es necesaria porque no es equitativo que los administrados asuman una carga especial por motivos diferentes a un mayor aprovechamiento del suelo mediante edificación.

En consonancia, el numeral segundo del artículo 77 ibidem dispone que el número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto plusvalía será, para el caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación autorizada. Además, señala que se entiende por potencial adicional de edificación la cantidad de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva localización, como la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción generadora.

Así mismo, el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 indica que el área objeto de la participación en la plusvalía será, para cada inmueble, igual al área total del predio destinado al nuevo aprovechamiento. Es decir, que no puede incluirse el área destinada o autorizada por la norma anterior.

A pesar de lo dispuesto en estos tres artículos legales anteriores, Catastro Distrital estimó la participación en plusvalía sobre el área potencial nuevo de edificación, sin descontar el potencial de desarrollo preexistente a la acción urbanística.

Ahora, los actos acusados invocaron como sustento el Decreto 1788 de 2004. Esta norma señala que la plusvalía es el incremento del precio del suelo resultado de las acciones urbanísticas, entendido como aprovechamiento del suelo por el incremento de la autorización de edificación por metros cuadrados. Entonces, esta norma parece indicar que el índice de construcción no tiene incidencia para determinar el precio del suelo.

La entidad demandada indicó que aplicó el método residual regulado por la Resolución Nro. 620 de 2008 del IGAC. Sin embargo, no fue realizado el estudio de las ofertas de inmuebles comparables, las características del área, los valores de venta, los elementos del proyecto, etc. Es por esto que la entidad demandada compara lo incomparable, pues no tuvo en cuenta que los predios tienen un uso dotacional, por lo que no puede ser comparado con viviendas porque tiene un costo de construcción superior ya que requieren acabados de mejor calidad y un mayor número de amueblamientos como cocinas integrales, duchas, tinas, etc.

Además, la Resolución Nro. 620 de 2008 señala que, cuando deba presentarse un avalúo de forma independiente, como en este caso, no procede el método residual. En consecuencia, debió aplicarse el método de reposición del valor de la construcción que descuenta el valor total inmueble, entendido como terreno y edificación.

El informe resumen del cálculo del efecto plusvalía desconoció el artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003 y el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008. Estas normas señalan que se debe tener en cuenta la incidencia del suelo en el número de metros cuadrados que autorizó la norma nueva, aplicando el método residual. Por lo tanto, no procede determinar la participación en plusvalía por el número de metros cuadrados adicionales y no adicionales que se autorizan construir, como hizo Catastro Distrital.

De otro lado, el parágrafo primero del artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003 también dispuso que el plazo para liquidar la participación en plusvalía es de tres meses contados a partir del inicio de su vigencia, que ocurrió el 30 de diciembre del mismo año. En consecuencia, esto también demuestra la falta de competencia temporal de los actos acusados.

Falsa motivación de los fundamentos de hecho.

Según el Informe resumen del cálculo del efecto plusvalía, el estudio de mercado del sector donde están ubicados los predios dio como resultado un valor de $3’459.000 por m2 para el año 2010. Además, concluyó que para el año 2012, el valor comercial del Predio Nro. 1 es de $6’239.000 por m2 y el del Predio Nro. 3 es de $2’145.000 por m2.

No obstante, el Avalúo Corporativo Nro. 202 del 23 de mayo de 2012, elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, señala que el Predio Nro. 1 tiene un valor comercial de $1’000.000 por m2 y el Predio Nro. 3 de $1’410.000 por m2. En este mismo sentido, el avalúo realizado por el IGAC el 17 de enero de 2012 señala que el Predio Nro. 1 está avaluado en $1’235.000 por m2 y metrocuadrado.com señala que los predios ubicados en La Candelaria tienen un precio promedio de $1’304.230 por m2. Incluso, si los inmuebles de la FUAC no son de uso dotacional, sino residencial, la revista Construdata Nro. 164 de 2012 señaló que el valor promedio de su construcción para el año 2012 sería de $919.791 por m2. Así las cosas, el avalúo realizado por Catastro Distrital no tiene sentido porque supone que el valor de los predios disminuyó entre 2010 y 2012 sin algún motivo.

De otro lado, los artículos 20 y 21 del Decreto 1420 de 1998 establecen que, para determinar la participación en plusvalía, el avalúo comercial debe determinarse separando el valor del suelo y de las edificaciones y teniendo en cuenta el uso del suelo. Además, el artículo 25 ibidem señala que no solo procede el método de avalúo residual, sino también el de comparación de mercado, el de renta o capitalización por ingresos y el de costo de reposición, siendo este último el más indicado para los bienes de uso dotacional, según el artículo 13 de la Resolución Nro. 620 del IGAC.

Desviación de poder.

La entidad demandada, al determinar la participación en plusvalía, se desvió de las atribuciones propias porque estableció valores ajenos a la realidad comercial de los predios por la interpretación errónea de la Resolución Nro. 620 del IGAC.

La anterior afirmación está probada porque Catastro Distrital realizó una sola sesión de revisión y discusión del proyecto de liquidación de la participación en plusvalía fuera del término del artículo 6 del Decreto 020 de 2011. Además, según consta en el Acta Nro. 62 del 9 de octubre de 2012, dicha sesión fue realizada sin que estuviera presente algún representante de la Dirección de Norma Urbana y la Dirección de Economía Urbana de la Secretaría de Planeación Distrital, ni de la Oficina de Actualización de Catastro Distrital.

Enriquecimiento sin justa causa.

Los actos acusados establecen la obligación de realizar un pago sin que exista un título jurídico que lo justifique porque, aunque la Resolución Nro. 290 de 2013 agotó la vía gubernativa, este acto desconoció normas superiores porque no fue proferido por el alcalde mayor. Además, crea inseguridad jurídica que los actos establezcan un valor comercial por metro cuadrado con base en cálculos irreales. Incluso, ese valor contradice la oferta de compra presentada por el Ministerio de Cultura con la Resolución Nro. 0508 de 2012. De esta forma, el pago determinado por Catastro Distrital equivaldría a un enriquecimiento sin justa causa.

Aplicación de los principios de favorabilidad y de igualdad.

Actualmente está vigente el Decreto Distrital Nro. 364 de 2013, que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (en adelante POT) contenido en el Decreto 619 del 2000. Esta norma es más favorable para los intereses de la FUAC, por lo que deben anularse los actos acusados y ordenarse que se tramite un nuevo procedimiento de determinación de la participación en plusvalía con base en la nueva norma.
Oposición a la demanda
Catastro Distrital controvirtió las pretensiones de la actora con base en los siguientes argumentos:

Sobre la infracción de las normas superiores.

La demanda no explicó suficientemente esta causal de nulidad, sino que se limitó a señalar que sería analizada junto con los demás cargos de nulidad.

Sobre la falta de competencia material.

El artículo 74 de la Ley 388 de 1997 señaló que la competencia para determinar las normas de aplicación de la participación en la plusvalía es de los concejos municipales y distritales. En consecuencia, el Concejo Distrital de Bogotá profirió el Acuerdo 118 de 2003, que en el artículo 9 señaló que los lineamientos para liquidar la participación en plusvalía sería reglamentada por la administración distrital. En este orden, el alcalde mayor de Bogotá profirió el Decreto Distrital 84 de 2004, hoy derogado por el Decreto 20 de 2011, a su vez modificado por el Decreto 560 de 2012. Como se observa, el Decreto 20 de 2011, aplicado en este caso, fue proferido por la autoridad competente: el Alcalde Mayor delegado por el Concejo Distrital de Bogotá.
Ahora, el Acuerdo 257 de 2006 estableció la estructura de las entidades de Bogotá. En el artículo 63 dispuso que Catastro Distrital tiene competencia para elaborar los avalúos comerciales a organismos o entidades distritales. Esta norma fue reiterada por el Consejo Directivo de Catastro Distrital en el Acuerdo 02 de 2007. Luego, Acuerdo 04 de 2012 del Consejo Directivo adicionó la facultad para elaborar el cálculo de la participación en plusvalía. Es por esto que el artículo 4 del Decreto 20 de 2011 señala que el alcalde mayor solicitará a Catastro Distrital que establezca el mayor valor por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias de la participación en plusvalía con características geoeconómicas homogéneas. Y el artículo 6 ibidem le otorga competencia para establecer la participación en plusvalía en el término inmodificable de 60 días hábiles.

Debe tenerse en cuenta que Catastro Distrital no declaró que el hecho generador del tributo se configuró con la adopción del Plan de Regularización y Manejo de los predios de la FUAC, sino que fue la misma Resolución Nro. 1459 del 1° de noviembre de 2011 proferida por la Secretaría Distrital de Planeación, acto que no fue objeto de controversia.

Sobre la expedición irregular de los actos acusados y la falta de competencia temporal.

La Sección Primera del Consejo de Estado señaló que el incumplimiento de términos para proferir un acto administrativo no supone, en sí misma, la irregular expedición del acto administrativo.

Esta misma lógica opera para el cobro de la plusvalía. Tanto es así, que el parágrafo 3° del artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto Ley 19 de 2012, señala que cuando se excedan los términos para la liquidación de la plusvalía, la autoridad competente debe adelantar el procedimiento para calcular el tributo y el poseedor y el propietario responden solidariamente por su pago.

De otro lado, el incumplimiento de términos no supuso la violación del derecho al debido proceso o la vulneración del derecho de defensa de la FUAC, pues fue debidamente notificada y tuvo oportunidad de presentar recursos en contra de los actos administrativos.

Sobre la falsa motivación de los fundamentos de hecho y de derecho.

La demandante solo realizó afirmaciones teóricas y enunciativas, pero no aportó prueba de sus afirmaciones.

En el informe técnico elaborado por Catastro Distrital del 2 de octubre de 2015 fueron analizados los aspectos de la demanda, donde se concluyó que no le asiste la razón al demandante por los siguientes motivos:

La descripción general del sector del informe técnico de 2012 está acorde con los usos representativos de la zona donde se encuentran los predios, que es un sector de uso mixto donde se combina el uso residencial con el de oficinas y comercio, entre otros.

En cuanto a la competencia, se reitera que el Acuerdo 118 de 2003 delegó la reglamentación al alcalde mayor de Bogotá.

Los artículos 74 y 77 de la Ley 388 de 1997 señalan que la plusvalía se calcula comparando el máximo potencial de ocupación o de construcción permitido antes y después de la acción urbanística. Este análisis fue realizado en el caso con base en el estudio normativo realizado por la Secretaría Distrital de Planeación.

Catastro Distrital calculó el valor por metro cuadrado con base en el artículo 27 de la Resolución 620 de 2008, que ordena aplicar el método residual y/o de mercado. Es por esto que cuando Catastro Distrital analizó el uso, consideró que no se configuró el hecho generador de la plusvalía por cambio en el régimen o zonificación del uso del suelo, pues el uso aprobado fue el dotacional equipamiento colectivo de tipo educativo, que no es un uso más rentable en comparación a los permitidos por la norma anterior de vivienda. Ahora, las normas no ordenan tener en cuenta la construcción existente antes del hecho generador del tributo, sino el índice de ocupación permitido por la norma anterior.

Sobre la falta de sustento técnico, se aclara que se tomó como referencia los valores de venta de apartamentos en el proyecto Torre Bicentenario de la Carrera 4 Nro. 16-03. Además, al informe técnico fue anexada la investigación económica que soporta el estudio.

Para el Predio Nro. 1, se tomó el presupuesto de la obra realizado por Catastro Distrital para vivienda multifamiliar de $1’433.550 por m2 para tres pisos de altura en el caso del primer escenario normativo y, para después de la acción urbanística, se tomó el valor de $1’363.444 por m2 para nueve pisos de altura. En el Predio Nro. 3 se tomó el presupuesto de obra multifamiliar de $1’433.550 por m2 para tres pisos de altura y, para después de la acción urbanística, de $1’491.080 por m2 para cuatro pisos de altura.

Los valores de $6’239.000 y de $2’145.000 no corresponden al metro cuadrado de construcción, sino que son los valores resultantes obtenidos a través del método residual, del valor comercial de terreno de los inmuebles objeto de estudio.

Así, el método empleado es acorde con el artículo 4 de la Resolución Nro. 620 de 2008.

Sobre la desviación de poder.

No existe desviación de poder porque fueron acatadas todas las normas que regulan la materia. Es la demandante quien incurre en una errónea interpretación de las normas que rigen la materia.

De otro lado, no configura ninguna irregularidad que la liquidación del tributo fue discutida y aprobada en una sola sesión porque este es el procedimiento dispuesto en las normas que rigen la materia. Además, tampoco puede afirmarse que no estaban los funcionarios competentes para analizar el caso, pues en la planilla de asistencia del acta consta que acudieron todos ellos.

Sobre el enriquecimiento sin justa causa.

No es cierto que el alcalde mayor de Bogotá no esté autorizado para delegar a otras dependencias las gestiones relativas a la operatividad de la liquidación de la plusvalía.

La oferta de compra no es comparable con los cálculos de Catastro Distrital porque cada acto tiene una finalidad distinta y, una metodología diferente.

La plusvalía no depende de la naturaleza jurídica ni del objeto social de la entidad propietaria, sino con las características del inmueble.

Sobre la aplicación de los principios de favorabilidad y de igualdad.

El plan de regularización y manejo de la FUAC es un acto previo al Decreto Distrital 364 de 2013, que modificó el POT de Bogotá y, por lo tanto, no rige el asunto de la referencia.

Los planes de regularización y manejo son instrumentos de planeación para mitigar impactos negativos por los usos dotacionales que no cuenten con licencia de construcción y que funcionan desde antes del 27 de junio de 2003. La adopción de este plan en el caso bajo examen está precedida por la solicitud presentada por la FUAC ante la Secretaría Distrital de Planeación. Entonces, la demandante se contradice porque solicitó la aplicación de la reglamentación que en la demanda considera ilegal. Entonces, deben negarse sus pretensiones porque no es posible que el mero arbitrio de la demandante modifique la norma aplicable al caso bajo examen, ni siquiera con base en los principios de favorabilidad.

De otro lado, el Decreto 634 fue proferido el 26 de agosto de 2013, por lo que no puede aplicarse de forma retroactiva al caso bajo examen.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:

Sobre la fijación del litigio.

El Tribunal, en concordancia con lo dispuesto en la audiencia inicial, fijó el litigio en tres problemas jurídicos. Estos son: i) determinar si el Director de Catastro Distrital era competente para proferir la Resolución Nro. 1744 de 2012, ii) analizar si en el trámite administrativo fue violado el derecho al debido proceso de la demandante y iii) establecer si existe falsa motivación de los actos acusados.

Sobre la falta de competencia material y la violación al debido proceso.

El artículo 3 del Decreto 084 de 2004 otorgó competencia al Departamento Administrativo de Planeación para liquidar la participación en plusvalía. Luego, el Decreto 020 de 2011 trasladó esta función a Catastro Distrital. El artículo 18 ibidem estableció un régimen de transición, para lo cual determinó que la Secretaría Distrital de Planeación continuaría con el trámite de los expedientes en proceso de determinación de la participación en plusvalía al momento de la expedición de dicha norma.

Debido a lo anterior, no le asiste la razón al demandante cuando afirma que la Resolución Nro. 1744 de 2012 debió ser proferida por el alcalde mayor de Bogotá y no por otro funcionario. En consecuencia, este acto administrativo no violó el derecho al debido proceso de la demandante.

Sobre la falsa motivación.

En el caso bajo examen, la acción urbanística específica que configuró el hecho generador de la plusvalía es el Decreto 492 del 26 de octubre de 2007, que adoptó la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, incluyendo la Unidad de Planeamiento Zonal (en adelante UPZ) Nro. 94 – La Candelaria, donde están ubicados los inmuebles objeto de la participación en plusvalía.

El informe resumen técnico de la memoria del cálculo del efecto plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC señala que se configuró el hecho generador de la plusvalía respecto del Predio Nro. 1 y del Predio Nro. 3 por incremento en el potencial edificatorio.

Luego la Dirección de Planes Maestros y Complementarios expidió el informe complementario al estudio técnico normativo el 12 de julio de 2012, donde también especificó que el hecho generador del tributo se configuró por el incremento del índice de edificabilidad.

Como se observa, el informe resumen técnico de la memoria del cálculo del efecto plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC tiene una adecuada fundamentación para expedir los actos administrativos acusados, pues dejó en claro que el hecho generador se configuró por el incremento del potencial edificatorio y no por el cambio del uso del suelo.

El uso del suelo no puede ser determinado por un avalúo comercial, ya que esto es dejar de forma discrecional la facultad de establecer que uso del suelo tendrán los predios del Distrito a instituciones no autorizadas, toda vez que la única con competencia para el caso de hacerlo es el Concejo Distrital de Bogotá. Así las cosas, sobre el presente caso no se configuró una falsa motivación.

Sobre la condena en costas.

No se impone condena en costas porque no fue demostrada su causación.
Recurso de apelación
La FUAC interpuso recurso de apelación con base en los siguientes argumentos:

Errores en el estudio de la falta de competencia.

El Tribunal solo analizó la competencia instrumental del Director de Catastro Distrital no la sustancial. Sin embargo, en la demanda «lo que se cuestiona no es la existencia misma de actos administrativos que establezcan esta función en cabeza de entidades estatales, como lo deseó hacer ver la parte accionada y fue la interpretación adoptada por el Despacho en el fallo que se cuestiona, sino por el contrario la inexistencia de competencia de aquellas entidades para tal efecto».

Así, señaló que «no basta con que el funcionario tenga en sus funciones la actividad que se cuestiona, sino que aquella competencia nazca de una auténtica facultad atribuida legalmente y con asidero en la Ley, la cual en este caso no existe, dado que la competencia se asignó al Concejo Distrital», como lo dispuso el artículo 73 de la Ley 388 de 1997.

Es cierto que el Concejo Distrital de Bogotá autorizó al Alcalde Mayor para expedir certificados de derechos de construcción y desarrollo relacionados con la participación en la plusvalía. Pero esto no supone una autorización para reglamentar todos los aspectos relacionados con el tributo, incluyendo la competencia para liquidar el efecto de la plusvalía.

Por lo anterior, los actos acusados están viciados de nulidad absoluta porque el Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría de Planeación Distrital y Catastro Distrital invadieron competencias privativas del Concejo Distrital de Bogotá.

Errores en el análisis del cargo de falsa motivación.

Reiteró que no existe una autorización del Concejo Distrital de Bogotá para que la administración distrital expida normas de aplicación de la plusvalía, pues el artículo 9 del Acuerdo 118 de 2003 limitó la autorización para definir los mecanismos de pago del tributo y la expedición de certificados de derechos de construcción.

La contestación de la demanda no desvirtuó los cargos de nulidad relacionados con los errores en que incurrió el informe resumen técnico de la memoria del cálculo del efecto plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC. Pese a esto, el Tribunal no los analizó, por lo que precisó lo siguiente:

La entidad demandada calculó la participación en plusvalía con una descripción general errónea del sector porque consideró que tenía un uso predominantemente residencial, aunque en realidad es el dotacional. Aunque el Tribunal consideró que este hecho no tenía impacto en la determinación de la participación en plusvalía, si lo tiene.

El informe resumen técnico de la memoria del cálculo del efecto plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC señaló que realizó el cálculo con base en lo dispuesto por la Ley 388 de 1997. Pero esta norma solo autoriza a los concejos distritales y municipales para regular la participación en la plusvalía, sin que sea posible delegar esta función.

El artículo 74 de la Ley 388 de 1997 señala que es un hecho generador de la participación en la plusvalía la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación por el incremento del índice de ocupación, el índice de construcción o ambos. Con base en esta norma, la participación en plusvalía no puede determinarse sobre la norma posterior a la acción urbanística, sino que debe calcularse teniendo en cuenta la norma anterior y la construcción preexistente. Esta interpretación es necesaria porque no es equitativo que los administrados asuman una carga especial por motivos diferentes a un mayor aprovechamiento del suelo mediante edificación

En consonancia, el artículo 77 ibidem dispone que el número total de metros cuadrados que se estimará como objeto de la participación en plusvalía será, para el caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación autorizada. Además, señala que se entiende por potencial adicional de edificación la cantidad de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva localización, como la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción generadora.

Así mismo, el artículo 78 de la Ley 388 de 1997 indica que el área objeto de la participación en la plusvalía será, para cada inmueble, igual al área total del predio destinado al nuevo aprovechamiento. Es decir, que no puede incluirse el área destinada o autorizada por la norma anterior.

A pesar de lo dispuesto, Catastro Distrital estimó la participación en plusvalía sobre el área potencial de edificación sin descontar el potencial de desarrollo preexistente a la acción urbanística.

Ahora, los actos acusados invocaron como sustento el Decreto 1788 de 2004. Esta norma señala que la participación en plusvalía es el incremento del precio del suelo resultado de las acciones urbanísticas, entendido como aprovechamiento del suelo por el incremento de la autorización de edificación por metros cuadrados. Entonces, esta norma parece indicar que el índice de construcción no tiene incidencia para determinar el precio del suelo.

El informe resumen técnico de la memoria del cálculo del efecto plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC indicó que aplicó el método residual regulado por la Resolución Nro. 620 de 2008 del IGAC. Sin embargo, el trámite correspondiente no fue aplicado porque no fue realizado el estudio de las ofertas de inmuebles comparables, las características del área, los valores de venta, los elementos del proyecto, etc.

Además, la Resolución Nro. 620 de 2008 señala que, cuando deba presentarse un avalúo de forma independiente, como en este caso, no procede el método residual. En consecuencia, debió aplicarse el método de reposición del valor de la construcción que se descuenta del valor total inmueble, entendido como terreno y edificación.

El Tribunal no realizó un análisis de este punto. Esto es extraño porque la sentencia señala que la información utilizada y que hace referencia al IGAC no resulta ser fuente legal para establecer el efecto de plusvalía, pero la entidad estatal en los actos administrativos la utiliza como fuente normativa. Entonces, existe una contrariedad plausible respecto de los fundamentos mencionados en los actos acusados.

Además, el Tribunal se pronunció sobre aspectos introducidos por la contestación de la demanda, pero esta no es la oportunidad para que Catastro Distrital motive su decisión. Así, aceptó que la demandada afirmara que el método de avalúo es el residual y/o mercado, cuando esto no fue expuesto con anterioridad. Así, la existencia de una nueva argumentación demuestra la indebida motivación de los actos acusados.

Catastro Distrital desconoció el artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003 y el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008. Estas normas señalan que se debe tener en cuenta la incidencia del suelo en el número de metros cuadrados que autorizó la norma nueva, aplicando el método residual. Por lo tanto, no procede determinar la participación en plusvalía por el número de metros cuadrados adicionales y no adicionales que se autorizan construir, como hizo Catastro Distrital.

De otro lado, el parágrafo primero del artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003 también dispuso que el plazo para liquidar la participación en plusvalía es de tres meses siguientes a su vigencia, que inició el 30 de diciembre del mismo año. En consecuencia, esto también demuestra la falta de competencia temporal de los actos acusados.

Incongruencia de la sentencia apelada.

El Tribunal anunció que fijó el litigio en tres problemas jurídicos. Pese a lo anterior, solo estudió dos de ellos, pues no analizó la violación del derecho al debido proceso de la demandante. En consecuencia, es necesario que el Consejo de Estado se pronuncie sobre los cargos de nulidad que fueron denominados: i) infracción de normas superiores y ii) expedición irregular de los actos acusados y falta de competencia temporal. Para estos efectos, reiteró lo expuesto en la demanda.

Aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación.

De antemano, la Sala precisa que el recurso de apelación no realizó algún pronunciamiento sobre los cargos de nulidad de la demanda que fueron denominados i) falsa motivación de los fundamentos de hecho, ii) desviación de poder, iii) aplicación de los de los principios de favorabilidad y de igualdad y iv) el enriquecimiento sin justa causa.
Alegatos de conclusión
La FUAC reiteró lo dicho en la apelación y Catastro Distrital reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada por los siguientes motivos:

Los actos acusados no son acciones urbanísticas ni determinó algún elemento del tributo, sino que se limitó a liquidar la plusvalía a cargo de la FUAC. En consecuencia, no está probada la falta de competencia alegada por la apelante, pues no es un acto que debió ser proferido por el Concejo Distrital de Bogotá.

El apelante no tiene en cuenta que el artículo 75 de la Ley 388 de 1997 fijó la base gravable del efecto plusvalía en el precio fruto de la acción urbanística sobre la totalidad del bien por metro cuadrado, por lo que no es necesario tener en cuenta la construcción preexistente. Debido a lo anterior, no puede sustraerse el valor de la edificación existente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nro. 1744 del 28 de diciembre de 2012 y Nro. 290 del 2 de abril de 2013, mediante las cuales Catastro Distrital determinó la participación en plusvalía por metro cuadrado de dos predios de propiedad de la FUAC por la adopción del Plan de Regularización y Manejo (Resolución Nro. 1459 del 1° de noviembre de 2011).

Cuestión previa.

La Sala destaca que el recurso de apelación no contiene ningún motivo de inconformidad respecto a tres cargos de nulidad que fueron propuestos en la demanda. Estos cargos son: i) la desviación de poder, ii) la aplicación de los principios de favorabilidad y de igualdad y iii) la falsa motivación en los fundamentos de hecho.

Al respecto, el juez de segunda instancia solo está autorizado para estudiar los motivos de inconformidad que son propuestos por el recurrente en aplicación del principio de congruencia, regulado por el artículo 320 del Código General del Proceso. Entonces, la Sala no analizará los tres cargos de nulidad enunciados.

Sobre la falta de competencia.

La FUAC sostuvo que la Ley 388 de 1997 otorgó la competencia para proferir los actos preparatorios y determinar el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles de forma exclusiva a los alcaldes. En consecuencia, esta competencia es indelegable porque no existe autorización legal expresa para hacerlo, según lo indica la Ley 489 de 1998.

Al respecto, el artículo 80 de la Ley 388 de 1997 expresamente señala que «El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o los peritos técnicos debidamente inscritos en las Lonjas o instituciones análogas, establecerán los precios comerciales por metro cuadrado de los inmuebles». Entonces, contrario a lo dicho por la demandante, esta competencia no fue atribuida por la ley a los alcaldes.

De otro lado, en desarrollo de la disposición legal, el artículo 4 del Decreto Distrital 020 de 2011 señaló que la Secretaría Distrital de Planeación «solicitará a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD-, que establezca el mayor valor por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias de la participación en plusvalía con características geoeconómicas homogéneas». En este orden, en Bogotá, Catastro Distrital es la autoridad competente para establecer el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en el procedimiento de determinación de la participación en la plusvalía.

Ahora, según la parte resolutiva de los actos acusados, en este caso, Catastro Distrital se limitó a establecer el valor por metro cuadrado de los predios de la FUAC, por lo que se concluye que actuó dentro de sus competencias.

Lo expuesto también significa que no fueron desconocidas las normas sobre delegación de funciones, contenidas en la Ley 489 de 1998.

La apelante señaló que el Decreto 020 de 2011 no podía asignar la competencia a Catastro Distrital para determinar el valor comercial por metro cuadrado de los inmuebles, pues ese acto no fue proferido por el Concejo Distrital de Bogotá. Además, sostuvo que, aunque el Concejo Distrital de Bogotá autorizó al Alcalde Mayor para expedir certificados de derechos de construcción y desarrollo relacionados con la participación en la plusvalía, esto no presupone una autorización para reglamentar todos los aspectos relacionados con el tributo, incluyendo la competencia para liquidar el efecto de la plusvalía. Así las cosas, la competencia atribuida a Catastro Distrital desconoce la Ley 388 de 1997.

Al respecto, la Sala destaca que la actora no pretendió la nulidad del artículo 4 del Decreto 020 de 2011, por lo que dicho acto administrativo goza de presunción de legalidad.

De otro lado, aunque podría interpretarse que solicitó su inaplicación en virtud de la excepción de ilegalidad del artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, esta no procede. En efecto, como fue expuesto, la Ley 388 de 1997 otorga competencia al IGAC o a instituciones análogas para determinar el valor comercial por metro cuadrado de los inmuebles en el trámite de determinación de la participación en plusvalía. Así las cosas, no existe ninguna contradicción entre la norma legal y el Decreto Distrital 020 de 2011 que suponga alguna violación de los derechos de la FUAC.

Este cargo de la apelación no prospera.

Sobre la falsa motivación de los fundamentos de derecho.

La FUAC señaló que Catastro Distrital calculó la participación en plusvalía con base en una descripción errada del sector donde están ubicados los predios, pues consideró que tenían un uso predominantemente residencial y comercial, pero en realidad es el dotacional (educativo y religioso).

En el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC elaborado por Catastro Distrital en el mes de septiembre de 2012, consta que «La zona en general se encuentra localizada dentro de un sector de uso mixto, combinando el uso residencial con uso de oficinas y comercio, el uso residencial pertenece al estrato 3 y 4 (…)».

Además, al analizar las normas anteriores a la acción urbanística, señaló que a los predios de la FUAC son aplicables el Decreto Distrital 678 de 1994 y el Acuerdo 6 de 1990, que establecen el tratamiento de conservación histórica. Con base en esto, señaló que el Predio Nro. 1 está ubicado en el Polígono CH-M-03-3 cuyos usos principales son «Vivienda» e «Institucional de influencia local y zonal», junto con usos compatibles de comercio, de oficinas, de industrias de bajo impacto y de estacionamientos en altura. Así mismo, señaló que el Predio Nro. 3 está ubicado en el Polígono CH-M01-3 con uso principal de «Vivienda» y usos compatibles «Institucional de influencia local y zonal», comercial de cobertura local y zonal y oficinas.

Con la demanda, la FUAC aportó el informe de avalúo comercial urbano del Predio Nro. 1 elaborado el 17 de enero de 2012 por el IGAC, donde consta que «La actividad predominante del sector es institucional, cultural, comercio». Es decir, que no se contradice con los usos principales identificados por Catastro Distrital frente a este inmueble.

La demandante también aportó el Avalúo Corporativo del Predio Nro. 1 realizado por Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, según el cual «(…) la mayoría de los inmuebles presentan usos culturales y educativos como colegios, universidades, teatros, museos y bibliotecas, destacándose también los establecimientos religiosos». Sin embargo, esta afirmación tampoco se contradice con los usos principales y complementarios identificados por Catastro Distrital que, se reitera, no solo contempla la vivienda, sino también el institucional, el comercial y las oficinas.

De igual forma, la FUAC aportó el Avalúo Comercial del Predio Nro. 1 elaborado por Inmobiliaria Bogotá del 13 de diciembre de 2011, que indica que las actividades predominantes del sector son «Comercial, financiero, residencial, institucional, de culto y servicios entre otros» y que los tipos de edificaciones del sector son «Edificios de vivienda multifamiliares, bifamiliares, institucionales, centros comerciales, locales comerciales entre otros». De nuevo, la Sala observa que estas descripciones no se oponen a las indicadas por Catastro Distrital.

De otro lado, la demandante no aportó ningún documento tendiente a desacreditar la descripción general del sector realizada por Catastro Distrital respecto del Predio Nro. 3.

En este orden, la FUAC no demostró que Catastro Distrital cometió un error en la descripción general del sector en que están ubicados los Predios Nro. 1 y Nro. 3.

La apelante sostuvo que Catastro Distrital desconoció el procedimiento previsto en los artículos 74, 77 y 78 de la Ley 388 de 1997 porque la participación en plusvalía no puede determinarse solo con base en el área de edificación autorizada por la norma posterior a la acción urbanística, sino que debe tenerse en cuenta la norma anterior y la construcción preexistente. Además, indicó que una interpretación en contrario es inequitativa porque impone a los administrados asumir una carga por motivos diferentes al mayor aprovechamiento del suelo.

En primer lugar, como lo señaló el Ministerio Público y contrario a lo dicho por la FUAC, los artículos 77 y 78 de la Ley 388 de 1997 no exigen que el cálculo de la participación en plusvalía por mayor aprovechamiento del uso del suelo tenga en cuenta la construcción preexistente. En realidad, según lo indicó esta Sección en otras ocasiones, el procedimiento previsto en estas normas exige determinar el potencial adicional de edificación, «(…) entendida como la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción urbanística generadora de la plusvalía».

Ahora, en el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC elaborado por Catastro Distrital en el mes de septiembre de 2012 se observa la aplicación de estas normas. En efecto, respecto del Predio Nro. 1, Catastro Distrital calculó el índice de edificabilidad anterior a la acción urbanística así:

«El predio No. 1 tiene un área de 254,66 m2, con base en los lineamientos de edificabilidad, se ha calculado el área construida total de 496,587m2, esta es el resultado de multiplicar 165,53 m2 del área correspondiente a la primera planta por el número de pisos permitidos (3). A esta área construida se le restó el 10% correspondiente al porcentaje de los puntos fijos (de acuerdo al acta suscrita entre la UAECD y la SDP), lo que resultó en 446,93 m2 la cual es el área a comparar con el resultado del nuevo potencial asignado» (subrayado propio).

Luego, determinó el índice de edificabilidad posterior a la acción urbanística de la siguiente manera:

«Con base en los lineamientos de edificabilidad, se ha calculado un área construible de 1.876,05 m2, éste es el resultado de multiplicar 208,45 m2 del área correspondiente a la primera planta por el número de pisos permitidos (9), a esta área se le ha descontado el área de los puntos fijos 187,61 m2, obteniendo un área a comparar con la resultante del anterior escenario normativo de 1.688,45 m2» (subrayado propio).

De igual forma ocurrió con el Predio Nro. 3, que calculó el índice de edificabilidad de la norma anterior así:

«El predio No. 3 tiene un área de 6037,20 m2, con base en los lineamientos de edificabilidad, se ha calculado el área construida total de 11.772,54 m2; éste es el resultado de multiplicar 3.924,18 m2 del área correspondiente a la primera planta por el número de pisos permitidos (3). A esta área construida se le restó el 10% correspondiente al porcentaje de los puntos fijos (de acuerdo al acta suscrita entre la UAECD y la SDP), lo que resultó en 10.595,29 m2 la cual es el área a comparar con el resultado del nuevo potencial asignado» (subrayado propio).

Y también determinó el índice de edificabilidad posterior a la acción urbanística del Predio Nro. 3 de la siguiente manera:

«Con base en los lineamientos de edificabilidad, se ha calculado un área construible de 17.387,12 m2, éste es el resultado de multiplicar 4.346,78 m2 del área correspondiente a la primera planta por el número de pisos permitidos (4), a esta área se la ha descontado el área de los puntos fijos 1738,71 m2, obteniendo un área a comparar con la resultante del anterior escenario normativo de 15.648,41 m2» (subrayado propio)

De acuerdo con lo expuesto, Catastro Distrital no omitió el análisis del índice de edificabilidad preexistente a la acción urbanística, por lo que no incumplió con el procedimiento previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley 388 de 1997.

Según la FUAC, Catastro Distrital desconoció el Decreto Nacional 1788 de 2004 porque no tuvo en cuenta que la participación en plusvalía debe calcularse por el incremento del precio del suelo debido a la acción urbanística, sin tener en cuenta el índice de construcción.

Al respecto, el artículo 3 del Decreto 1788 de 2004 señala que el cálculo de la participación en plusvalía por un mayor aprovechamiento del suelo en edificación «tendrá en cuenta la incidencia de la edificabilidad adicional autorizada sobre el valor del suelo». Según fue expuesto, Catastro Distrital calculó la participación en plusvalía en el caso bajo examen con base en la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción urbanística generadora de la plusvalía. Así las cosas, no desconoció con la norma expuesta.

De otro lado, el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC elaborado por Catastro Distrital en el mes de septiembre de 2012 aplica de forma expresa el artículo 2 del Decreto 1788 de 2004. Según esta norma, los valores comerciales anteriores deben ajustarse al valor presente para el momento de la adopción de la acción urbanística con base en el índice de precios al consumidor. Esta es precisamente la operación que realizó Catastro Distrital en el documento referido, por lo que no está probada una falsa motivación en este punto.

La apelante afirmó que Catastro Distrital desconoció la Resolución Nro. 620 de 2008 proferida por el IGAC. Argumentó que la entidad demandada afirmó que aplicó el método residual, pero esto no es cierto porque no fue realizado el estudio de las ofertas de inmuebles comparables, las características del área, los valores de venta, los elementos del proyecto, etc. Además, la resolución señala que cuando deba presentarse un avalúo de forma independiente, como en este caso, no procede el método residual, sino el método de reposición de valor de la construcción.

Respecto a la procedencia del método residual, el artículo 27 de la Resolución Nro. 620 de 2008 del IGAC señala que, para el cálculo de la participación en plusvalía por el mayor aprovechamiento del suelo, el precio comercial del inmueble se determinará con el «método (técnica) residual y/o de mercado». Así, no es aplicable el método de reposición de valor, como afirmó la demandante.

Ahora, en el Acta Nro. 62 del 9 de octubre de 2012 consta que Catastro Distrital aplicó, en primer lugar, el método de comparación o de mercado. Pero puso de presente las dificultades de aplicar este método en el caso bajo examen porque los inmuebles de la FUAC son de uso dotacional, «debido a que por su carácter y condición no son inmuebles que generalmente se ofrezcan en venta, por lo tanto no es muy común encontrar información de mercado referida a ellos». Es por esto que la entidad señaló que «Para determinar el valor de terreno para lotes con características normativa de dotacionales, se realizaron estudios comparativos de ofertas y desarrollos potenciales entre lotes residenciales y los pocos lotes dotacionales que teníamos en referencia, con el fin de encontrar la correspondencia porcentual de estos respecto del uso residencial». Luego de exponer la información utilizada, la entidad demandada concluyó lo siguiente:

«Ahora bien, de acuerdo al anterior no es posible establecer un porcentaje diferencial por zonas de la ciudad, ya que la muestra no es suficiente, además para presentar un comportamiento similar entre ellas, por lo tanto se procedió a adoptar la participación promedio del 58%.

La propuesta consiste entonces, en que para establecer el valor del m2 de terreno de un inmueble dotacional, se procede a realizar un ejercicio residual, sobre el lote a ser valorado, teniendo en cuenta, la reglamentación urbanística legal del sector colindante, para encontrar así su valor final.

Al anterior valor se le aplica el índice calculado y así se determina el valor del m2 de terreno del predio con uso Dotacional».

Es por esto que el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC elaborado por Catastro Distrital en el mes de septiembre de 2012 tuvo fundamento en los datos de venta para vivienda y para unidades de parqueo del estudio de mercado realizado en el sector donde están ubicados los predios para el año 2010, los costos por metro cuadrado de construcción del presupuesto de obra de Catastro Distrital para multifamiliar y los costos financieras correspondientes al DTF más 5 puntos porcentuales aplicado al 60% de los costos directos de construcción.

Según lo expuesto, y contrario a lo dicho por la FUAC, Catastro Distrital no omitió el estudio de las ofertas de inmuebles comparables, las características del área, los valores de venta y los elementos del proyecto. Por lo anterior, no desconoció el método residual regulado por el artículo 14 de la Resolución Nro. 620 de 2008 proferida por el IGAC.

La apelante afirmó que Catastro Distrital no expuso los fundamentos para aplicar el método de mercado o el método residual en los actos acusados, sino solo al contestar la demanda, lo que demuestra su falsa motivación. Sin embargo, según fue expuesto, la entidad demandada sustentó suficientemente el método implementado en el cálculo del efecto de plusvalía del plan de regularización y manejo de la FUAC del mes de septiembre de 2012 y el Acta Nro. 62 del 9 de octubre del mismo año.

La FUAC afirmó que Catastro Distrital desconoció el artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003 y el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008, los cuales ordenan calcular la participación en plusvalía solo con los metros cuadrados adicionales.

La Sala precisa que el artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003 fue modificado por el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008, por lo que solo esta última norma estaba vigente al momento de los hechos de la demanda.

Según la norma en mención, la participación en plusvalía debe determinarse según lo previsto en los artículos 76 a 78 de la Ley 388 de 1997 e indicó que, en todo caso, se tendrá en cuenta la incidencia o repercusión sobre el suelo del número de metros cuadrados adicionales que se autoriza a construir, o el uso más rentable, aplicando los métodos contemplados en la normativa vigente.

Como fue expuesto en esta providencia, Catastro Distrital aplicó los métodos de mercado y residual para calcular la participación en plusvalía, según lo ordena el artículo 27 de la Resolución Nro. 620 de 2008 proferida por el IGAC. Además, determinó el potencial adicional de edificabilidad con base en la diferencia del índice anterior y posterior a la acción urbanística, como lo ordenan los artículos 77 y 78 de la Ley 388 de 1997. En consecuencia, no fue desconocido el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008.

La FUAC también sostuvo que Catastro Distrital incumplió el término de tres meses para determinar la participación en plusvalía previsto en el parágrafo del artículo 5 del Acuerdo 118 de 2003. No obstante, se reitera que para la ocurrencia de los hechos de la demanda esta norma fue modificada por el artículo 15 del Acuerdo 352 de 2008, que no dispuso ningún término para determinar la participación en plusvalía.

Este cargo de la apelación tampoco prospera.

Sobre la congruencia de la sentencia de primera instancia.

La apelante sostuvo que la sentencia de primera instancia fue incongruente porque, por un lado, en la fijación del litigio señaló que estudiaría la violación del derecho al debido proceso dentro de la actuación administrativa. Pero, por el otro lado, no estudió los cargos de nulidad consistentes en i) la infracción de las normas superiores y ii) la expedición irregular de los actos acusados y la falta de competencia temporal. En consecuencia, solicitó que sean estudiados estos dos cargos de nulidad en segunda instancia.

La Sala destaca que la demanda y la apelación no propusieron algún argumento que sustente la supuesta infracción de las normas superiores, sino que la FUAC se limitó a señalar que estaba demostrado por la prosperidad de los demás cargos de nulidad.

Lo anterior significa que el cargo de nulidad de infracción de las normas superiores no tiene sustantividad propia y, por lo tanto, el Tribunal no fue incongruente por no analizarlo.

En cambio, la FUAC sustentó suficientemente el cargo de expedición irregular de los actos acusados y falta de competencia temporal en la demanda, pese a lo cual el Tribunal no lo estudió. Así, la sentencia de primera instancia no es congruente, pues no estuvo en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, según lo exige el artículo 281 del Código General del Proceso.

Debido a lo anterior, este cargo de la apelación prospera parcialmente. Pero la Sala aclara que la consecuencia de lo anterior no es la revocatoria de la sentencia apelada, sino el estudio del cargo de nulidad omitido por el Tribunal, lo que se realizará a continuación.
Sobre la expedición irregular de los actos acusados y la falta de competencia temporal.
La demandante señaló que el artículo 80 de la Ley 388 de 1997 establece un término de 5 días hábiles, contados desde la ocurrencia del hecho generador, para que el alcalde solicite la estimación del mayor valor por metro cuadrado de las zonas o subzonas en que se encuentran los predios. Además, dispone que Catastro Distrital tiene un plazo inmodificable de 60 días para ejecutar lo solicitad.

Así mismo, el artículo 81 de la ley 388 de 1997 ordena que el alcalde liquide la participación en plusvalía de cada predio y aplique la tarifa dentro de los 45 días siguientes a la determinación del mayor valor por metro cuadrado realizado por Catastro Distrital.

Pese a lo anterior, estos términos fueron incumplidos en el caso bajo examen porque la solicitud de estimación del mayor valor fue presentada casi dos meses después de ocurrido el hecho generador, Catastro Distrital no ejecutó lo solicitado en el plazo de 60 días y el acto de determinación del tributo tardó más de 45 días para ser proferido y notificado. Así las cosas, la FUAC afirmó que los actos acusados fueron proferidos de forma irregular y sin competencia temporal.

Esta Sección resolvió un cargo de nulidad similar en la sentencia del 11 de marzo de 2021. En esa ocasión, precisó que la primera fase del procedimiento de los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997 determina el monto con el que el municipio o distrito participará del plusvalor, pero no liquida de forma individual la participación por cada predio inmerso en la zona o subzona de la acción urbanística. Entonces, en esta fase del procedimiento la administración «se limita a cuantificar el plusvalor previa comparación entre el precio comercial del metro cuadrado del terreno, según la normativa territorial anterior, y el precio de referencia del metro cuadrado con ocasión de la acción urbanística generadora de la plusvalía, diferencia que resultará en el plusvalor».

Con base en lo anterior, la Sala concluyó que, en ese caso, el acto acusado solo identificó la zona dentro de la cual están ubicados los predios y fijó el monto del porcentaje con el que participa la entidad territorial, pero «no complace los requisitos para ser considerado como liquidación oficial definitiva, por el hecho de que no reúne todos los elementos de la obligación que permitan hallar la cuota y deuda tributaria, en los términos del artículo 712 del ET, aplicable por la ya explicada remisión normativa».

De esta manera, señaló que el incumplimiento de los términos de los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1991 no supone un vicio de nulidad en la expedición de este tipo de actos administrativos, «por no ser este el acto de liquidación definitiva e individual que permitiría controlar ese aspecto de la formación del acto administrativo en cuanto a la obligación particular de la actora y porque, en la medida en que no se demandó la liquidación definitiva sino la resolución que fija de manera general la participación del municipio en el plusvalor, la Sala ha entendido que por lo menos para dicho procedimiento específico, se trata de términos perentorios y no preclusivos de la Administración».

Las consideraciones expuestas en la sentencia del 11 de marzo de 2021 son aplicables al caso bajo examen, pues la Resolución Nro. 1744 de 2012 no determinó de forma definitiva el tributo, sino que se limitó a cuantificar el valor de la participación en la plusvalía por metro cuadrado, así:
«ARTÍCULO PRIMERO. Determínese que el efecto plusvalía por metro cuadrado de los predios ubicados en la Carrera 6 No. 10 – 58, aplicable al área total del proyecto, es decir a 254,66 m2 y Calle 12 No. 4 -32, aplicable al área total del proyecto, es decir a 6.037,20 m2 del “Plan de Regularización y Manejo para la Fundación Universidad Autónoma de Colombia”, identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50C-267957 y 50C-1581451, con CHIP AAA0030MZAF y AAA0186YBBR, de propiedad de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE COLOMBIA con NIT 8600346679, es el indicado de manera general en el siguiente cuadro, de conformidad con los avalúos y cálculos contenidos en el informe técnico realizado por la UAECD, así:
RESOLUCIÓN 1459 DEL 2011 PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO PARA LA FUNDACIÓN AUTÓNOMA DE COLOMBIA

PREDIO
POT

PLUSVALÍA ($/M2)

FACTOR MULTIPLICADOR
ACUERDO 6 DE 1990 ($/M2)
VALOR M2 INCREMENTADO POR IPC A 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 ($/M2)
VALOR M2 A 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 ($/M2)

KR 6 10 58 (PD No 1)
1.641.000,00
1.706.854,89
6.239.000,00
4.532.145,11
1,0401
CL 12 4 32 (PD No 3)
1.495.000,00
1.554.995,77
2.145.000,00
590.004,23
1,041»

Tanto es así, que el artículo segundo de la Resolución Nro. 1744 de 2012 ordenó aplicar las tarifas correspondientes de la siguiente manera:
«ARTÍCULO SEGUNDO. Aplíquense las tarifas adoptadas por el Artículo 6° del Acuerdo Distrital 118 de 2003, para determinar el monto de la participación en plusvalía por metro cuadrado, con base en el efecto plusvalía señalado en la parte motiva del presente acto».
En este orden, comoquiera que los actos acusados no determinaron de forma definitiva el tributo, los términos fijados por los artículos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997 no son preclusivos, por lo que su incumplimiento no configura la causal de nulidad de expedición irregular de los actos acusados ni supone una falta de competencia temporal.

Este cargo de la demanda no prospera.

No procede la condena en costas por falta de prueba.

No fue demostrada la causación de costas procesales en esta instancia, según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Conclusiones.
La Sala confirmará la sentencia apelada porque no fue demostrada ninguna causal de nulidad de los actos acusados. Además, no habrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Confirmar la sentencia apelada, proferida el 23 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

Sin condena en costas en esta instancia.

Reconocer al abogado Eduardo Andrés Vargas Apráez como apoderado de Catastro Distrital en los términos y para los fines previstos en el poder que obra a índice 23 de SAMAI.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Folio 403 del expediente.
Dicho documento no especificó el día del mes en que fue aprobado y presentado.
Folios 6 a 8 del expediente.
Folio 17 del cuaderno 1.
Folio 18 del cuaderno 1.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso: 4685. Sentencia del 5 de febrero de 1998. CP: Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Folio 417 reverso del expediente.
Folio 418 del expediente.
Sobre el principio de congruencia y su aplicación ver, entre otros: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2010-00159-01 (20002). Sentencia del 18 de agosto de 2014. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2016-00599-01 (23476). Sentencia del 6 de noviembre de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; y iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-33-000-2015-00018-02 (23967). Sentencia del 4 de marzo de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
La Sala precisa que, en este punto, Catastro Distrital identifica el Predio Nro. 3 con la dirección «CL 13 4 20» porque se trata de un predio englobado, aunque en el resto del documento es identificado con la dirección «CL12 4 32».
Folios 38 reverso a 39 de los antecedentes.
Folio 103 del cuaderno 1.
Folio 157 del cuaderno 1.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 21001. CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2012-00632-01 (20846). Sentencia del 12 de noviembre de 2020. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
Folio 40 reverso de los antecedentes.
Folio 41 reverso de los antecedentes.
Folio 41 de los antecedentes.
Folio 42 de los antecedentes.
Folio 42 reverso de los antecedentes.
Folio 57 reverso de los antecedentes.
Folio 56 reverso de los antecedentes.
Ibidem.
Folio 58 reverso de los antecedentes.
Folios 40 reverso a 42 de los antecedentes.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-33-000-2016-00056-01 (24277). Sentencia del 11 de marzo de 2021. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.

Folio 72 del cuaderno 1.

Folio 72 reverso del cuaderno 1.

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01394-02 (25315)
Demandante: Fundación Universidad Autónoma de Colombia

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 73001-23-33-000-2014-00055-01 (21370)
Demandante: Petrobras Colombia Limited

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