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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01459-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01459-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: RECONOCER personería Juan Carlos Loaiza Romero para actuar como apoderado de la DIAN en los términos del poder que está en el índice 57 de SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2013-01459-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

7 de abril de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01459-01 (23988)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2013-01459 - 01 (23988)
Demandante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-
DIAN

Temas: Impuesto al valor agregado -IVA- Bimestre 6 de 2011-
Devolución IVA pagado instituciones públicas de educación
superior. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 8 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda 1.

La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente: 2

“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial del numeral 3 de Resolución
N° 6282-0450 de 9 de abril de 2012 y su confirmatoria la Resolución N°
1048 de 9 de mayo de 2013, proferidas por la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN,
respectivamente, mediante las cuales resolvió la solicitud de devolución y/o
compensación del impuesto las ventas correspondientes al sexto bimestre
del año gravable 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se
ORDENA a la entidad demandada devolver adicional al valor ya
reconocido, la suma equivalente a $261.897.889 correspondiente al IVA
pagado por la demandante con ocasión de la adquisición de bienes,
insumos y servicios destinados para su uso, tras el cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto 2627 de 1993, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

1 Folios 432-449 c.p
2 Folio 449 del c.p

1
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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01459-01 (23988)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

CUARTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda […]”

ANTECEDENTES

La Universidad Nacional de Colombia presentó la declaración de IVA del bimestre 6
de 2011, con un saldo a favor de $4.054.346.237.

El 27 de enero de 2012, la Universidad solicitó a la DIAN la devolución del saldo a
favor anterior 3. Por Resolución 6282 – 0450 de 9 de abril de 2012, la DIAN ordenó la
devolución de $3.792.115.726 y rechazó la devolución de $262.230.511.

El 8 de junio de 2012, la Universidad presentó recurso de reconsideración contra la
resolución enunciada, la cual fue confirmada por la DIAN, mediante Resolución 1048
de 9 de mayo de 2013 4.

DEMANDA

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho (a, formuló las siguientes pretensiones 5:

“PRIMERA. Que se declare nula parcialmente la Resolución 6282-0450 del 9 de
abril de 2012, expedida por la División de Gestión de Recaudo de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN, de manera
concreta el artículo el 3° de la parte resolutiva y sus correspondientes
consideraciones, en el sentido de rechazar la suma de DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE
PESOS ($262.230.511) del valor solicitado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, NIT 899.999.063-3, suma que está contenida en doscientas treinta y
tres facturas relacionadas en el expediente.

SEGUNDA: Que se declare nula la Resolución 1048 de 9 de mayo de 2013, fijada
en edicto del día 7 de junio de 2013, quedando ejecutoriada el día 11 de junio del
mismo año, que confirmó en todas sus partes el acto que resolvía la reclamación
que dio origen a la actuación administrativa ya descrita, es decir, la Resolución N°
6282 -0450 de 9 de abril de 2012 de la División de Gestión de Recaudo de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN.

TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho y […] consecuente con
las anteriores declaraciones, se ordene a la demandada reconocer y adicionar el
valor de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($262.350.511) del valor solicitado por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, NIT 899.999.063-3.

CUARTA. Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.

La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

 Artículos 90 y 209 de la Constitución Política de Colombia.
 Artículos 1,3, 35, 36,44,78,85,158 y 206 a 214 de la Ley 1437 de 2011.
 Artículos 617 y 771-2 del Estatuto Tributario.
 Artículo 4 del Decreto 2627 de 1993

3 Folio 1 del c.a. 1
4 Folios 174-182 c.p. digitalizado.
5 Folios 2 a 19 del c.p

2
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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01459-01 (23988)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

El concepto de la violación se sintetiza así:

Procede la devolución del IVA pues las facturas rechazadas corresponden a
pagos por bienes, insumos y servicios para uso de la Universidad

Durante el bimestre 6 de 2011, la actora, suscribió diferentes contratos
interadministrativos. Dichos contratos permiten la devolución del IVA, de acuerdo con
el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 4 del Decreto 2627 de 1993, pues están
relacionados con el objeto social de las entidades públicas de educación superior 6.

Los actos que niegan la devolución de IVA son nulos, ya que las facturas con base en
las cuales se negó la devolución, corresponden a contratos interadministrativos que se
relacionan con la actividad de extensión, que es una función misional de la
Universidad, conforme lo dispone el Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior
Universitario. Adicionalmente, no se encuentra probado que los bienes, insumos y
servicios facturados correspondan a actividades ajenas al objeto social de la
Universidad Nacional o que esta haya actuado como intermediaria, por lo que no puede
negarse la devolución del IVA pagado.

No se violaron los artículos 777 y 856 del Estatuto Tributario, porque el requisito de
que los bienes, insumos y servicios hayan sido adquiridos para el uso exclusivo de la
Universidad y no de un tercero, debe ser acreditado por certificado de contador público
o revisor fiscal.

En el presente caso, el certificado de contador público fue entregado con la solicitud
de devolución de IVA y en dicho certificado se aclaró que las facturas corresponden a
bienes y servicios prestados a la actora, por lo que procede la devolución solicitada.

La exigencia de los requisitos de la factura, conforme el artículo 617 del E.T. no
resulta aplicable al caso concreto

El rechazo de la devolución de IVA porque las facturas no cumplen los requisitos del
artículo 617 del Estatuto Tributario no es aplicable a este caso, debido a que el artículo
771-2 de la misma normativa, que es norma posterior y específica sobre la procedencia
de impuestos descontables, no contempla como obligatorio el requisito de que las
facturas tengan el nombre o razón social y el número de identificación tributaria -NIT
del impresor de la factura, que fue el requisito por el que se rechazaron estos
documentos.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda así7:

Las facturas rechazadas corresponden a pagos por servicios, bienes e insumos
para terceros

6 Citó la sentencia C-925 de 2000 que se refirió a la constitucionalidad del artículo 92 de la Ley 30 de 1992
7 Folios 375-394 c.p. digitalizado.

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01459-01 (23988)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

La demandante no adquirió para su uso exclusivo los bienes, insumos o servicios a
que se refieren las facturas por las cuales se negó la devolución de $262.213.408. Por
tanto, se desconoció el literal b) del artículo 4° del Decreto 2627 de 1993. Además, la
factura que contiene un IVA solicitado en devolución por $17.103, no tiene la razón
social y el NIT del impresor de la factura, por lo que se desconoce el literal h) del
artículo 617 del E. T.

La certificación suscrita por el jefe de la División Nacional de Contabilidad de la actora
indicó que “los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para uso exclusivo de la
entidad”. No obstante, se verificó que los bienes, insumos y servicios referenciados en
algunas facturas no fueron para uso exclusivo de la Universidad, sino de otras
entidades, como “formación en cultura ciudadana”, “aunar esfuerzos para diseñar y
apoyar la implementación de un mecanismo sostenible de gestión sobre
comportamientos que alteran negativamente la convivencia en la localidad de
Engativá”, “realizar interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en los
[…] contratos asignados por las EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA”, entre
otros.

Así, quienes se beneficiaron de los bienes, insumos o servicios contratados por la
Universidad fueron terceros ajenos a la institución educativa. Por tanto, la devolución
del IVA no es procedente, según el artículo 4 del Decreto 2627 de 1993.

Las facturas carecen de los requisitos legales para ser aceptadas como soporte
válido de la operación

La factura N° 4726 de 30 de noviembre de 2011, en la que se refleja un IVA de $17.103,
fue rechazada. Lo anterior, por cuanto no cumple el requisito del literal h) del artículo
617 del ET, dado que no tiene la razón social y NIT del impresor de la factura.

No se pueden tener en cuenta los requisitos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario,
porque este hace referencia a la procedencia de costos y deducciones en el impuesto
de renta e impuestos descontables en el IVA. No obstante, en el presente caso se está
discutiendo la devolución de un saldo a favor.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y negó la condena
en costas. Las razones de la decisión se resumen así 8:

El beneficio tributario previsto en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, reglamentado por
el artículo 4° del Decreto 2627 de 1993, no distingue la actividad o fin misional. Por el
contrario, de forma amplia, consagra el beneficio para bienes, insumos y servicios
adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva institución, dentro del fin educativo
que prevé la ley9.

La demandante tiene, entre otros fines, prestar apoyo y asesoría al Estado en aspectos
científicos, tecnológicos, técnicos, culturales y artísticos; contribuir, mediante la

8 Folios 517-551 del c.p. digitalizado.
9 Citó sentencias de esta Sección de 26 de septiembre de 2007, exp 15767 y de 6 de septiembre de 2017, exp

20959.
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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01459-01 (23988)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

cooperación, al fomento e impulso del desarrollo productivo y empresarial del país;
vincular las actividades académicas al estudio y solución de problemas sociales y
económicos y promover, mediante la articulación de proyectos nacionales y regionales,
el avance en los campo social, científico, tecnológico, artístico y filosófico del país.

Las facturas N° 43, 44, 47, 204, 221, 255, 42, 43, 85, 147, 153, 89, 21, 20, 61, 188, 82,
76, 86, 168, 175, 220, 83, 65, 66, 81, 83, 176, 178, 179, 1783, 222, 87, 200, 88, 207,
198, 4, 5, 269, 272, 274, 127, 279, 278, 195, 198, 202, 84, 177, 134, 199, 57, 58, 367,
36, 37, 60, 61, 346, 347, 348, 125, 41, 56, 15, 181, 182, 152, 471, 467, 547, 153, 254,
231, 1334, 20, 21, 23, 101, 106, 108, 262, 265, 267, 59, 263, 268, 129, 133, 395, 131,
110, 132, 135, 134, 135, 136, 31, 32, 406, 115, 133, 113, 117, 324, 326, 83, 196, 106,
226, 36, 651, 219, 224, G-184, 97, 53, 182, 30, 36, 50, 51, 52, 104, 105, 102, 106, 03,
105, 53, 52, 14, 050, 0783, 78, 104, 32, 34, 194, 2368, COV02, COV04, 14, 2376, 179,
232, 19, 20, 180, 535, 21, 154, 31, 35, 2490, AVT0054, 106, 2380, 11206, 11205,
COV05, 123, 30, 34, 39, 33, 38, 107, 945, 130, 456, 23450, 47, C-263, C-261, 23517,
C-262, 9, 70, 71, 145, 85, 86, 87, 497, 506, 1, 4, 30, 33, 2, 245, 250, 513, 92, 91, 12,
16, 14, 22, 179, 2, 1, 31, 32, 34, 235, 244, 249, 264, 266, 257, 258, 259, 211, 931, 1380
y 61, corresponden a bienes y servicios adquiridos por la demandante en desarrollo de
programas de extensión que benefician a la comunidad, de modo que son bienes y
servicios adquiridos con la finalidad de cumplir los contratos suscritos con terceros. En
consecuencia, procede la devolución del IVA pagado a que se refieren dichas facturas
($261.897.889).

De otra parte, el literal b del artículo 4 del Decreto 2627 de 1993 establece que en el
certificado de contador público debe constar “que en las facturas se encuentra
discriminado el impuesto a las ventas y cumplen los demás requisitos legales”. De modo
que, las facturas de venta deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 617
del E.T.

Por tanto, contrario a lo manifestado por la demandante, el requisito del literal h) del
artículo 617 del ET (nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura), sí es
exigible para tener como válida una factura.

Las facturas N°. 40679, 1741, VC805, VC819, VC762,8289, 1078, 96437, 2818 y 4726
por un valor de IVA total de $332.622 no cumplen el requisito previsto en el literal h) del
artículo 617 del E.T. En consecuencia, es procedente el rechazo de dicha suma.

Por lo anterior, anuló parcialmente los actos demandados y a título de restablecimiento
del derecho, ordenó devolver $261.897.889.

No condenó en costas, de conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 numeral
5 del CGP, toda vez que prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada pidió revocar la sentencia apelada en cuanto ordenó la devolución de
$261.897.889. En síntesis, expuso lo siguiente10:

Las facturas que fueron rechazadas por la DIAN por $261.897.889 corresponden a
contratos suscritos con otras entidades cuyos bienes, insumos y servicios no eran para

10 Folios 562-576 c.p. digitalizado.

5
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

uso exclusivo de la Universidad. Por esta razón, no se cumple el requisito del artículo
92 de la Ley 30 de 1992, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 2627 de 1993.

En la mayoría de los casos, la Universidad Nacional suscribió contratos
interadministrativos con diferentes entidades para prestar servicios como: i) formación
en cultura ciudadana (folio 313 c.a); ii) aunar esfuerzos para diseñar y apoyar la
implementación de un mecanismo sostenible de gestión sobre comportamientos que
alteran negativamente la convivencia en la localidad de Engativá (folio 327 c.a); iii)
realizar estudios y diseños para la institución educativa departamental ubicada en la
urbanización la Esperanza del municipio de Puerto Salgar, departamento de
Cundinamarca (folio 338 c.a); iv) realizar interventoría técnica, administrativa,
financiera y ambiental en los contratos de obra que suscriba la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos para las obras de mantenimiento de vías principales del
Cementerio Central D.C. y/o la construcción de la segunda etapa del parque
cementerio Serafín D.C. (folio 363 c.a), y v) realizar la interventoría técnica,
administrativa, financiera y ambiental en contratos de obra asignados por las
Empresas Públicas de Cundinamarca ( folio 409 c.a).

De acuerdo con la jurisprudencia, los pagos realizados por la Universidad deben
corresponder a bienes, insumos y servicios que sean únicamente para su uso
exclusivo, es decir, no se puede pretender que con dichos pagos se beneficien los
terceros con los cuales se celebran convenios o contratos 11.

En los casos en los que se benefician terceros en virtud de contratos celebrados con
la institución educativa, en los que se realizan labores de interventoría, vigilancia, cuya
labor puede ser realizada por una persona natural o una empresa sin conocimientos
académicos ni científicos, no se demuestra que se está cumpliendo la finalidad de la
universidad pública, sino una labor de intermediación entre la Universidad y la persona
que cumplirá dicha labor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante reiteró lo dicho en la demanda12.

La demandada reiteró, de manera sucinta, lo dicho en el recurso de apelación 13.

El Ministerio Público no se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

CUESTIONES PREVIAS

Los Magistrados Stella Jeannette Carvajal Basto y Julio Roberto Piza Rodríguez
manifestaron impedimento para conocer del presente proceso. Habiéndose
desintegrado el cuórum decisorio y con el fin de integrarlo para resolver sobre tal
manifestación, se ordenó el sorteo de Conjuez, diligencia en la que fue designado el
doctor Juan de Dios Bravo González, quien aceptó la designación y tomó posesión
del cargo.

11 Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia del 26 de septiembre de 2007, exp. 15767.
12 Índice 56 en SAMAI.
13 Índice 57 en SAMAI

6
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FALLO

Por auto de 17 de marzo de 2022, la Sala aceptó los impedimentos manifestados y
separó del conocimiento del proceso a los Magistrados Stella Jeannette Carvajal
Basto y Julio Roberto Piza Rodríguez. En consecuencia, continúa el proceso con el
Conjuez designado.

De otra parte, el 21 de abril del 2021 14, la DIAN presentó oferta de revocatoria directa
parcial de los actos administrativos demandados, para aceptar la procedencia de la
devolución por $261.897.889 (como lo dispuso el Tribunal) y continuar con la discusión
por $332.622.

Por auto de 19 de noviembre de 202115, el ponente no aprobó la oferta de revocatoria
directa parcial. Lo anterior, con base en el criterio de la Sala, conforme con el cual
dicha oferta no conlleva la terminación del proceso, requisito exigido por el artículo 95
[parágrafo inciso segundo] del CPACA 16.

La DIAN interpuso recurso de reposición 17. Y por auto de 9 de febrero de 2022, se
confirmó el auto recurrido 18.

En consecuencia, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandada.

ASUNTO DE FONDO

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la DIAN, la Sala define si la
actora tiene derecho a la devolución de $261.897.889. Para la apelante, la Universidad
Nacional no cumplió el requisito del artículo 4 del Decreto 2627 de 1993 para la
procedencia de la devolución, pues los bienes, insumos y servicios adquiridos por la
demandante no fueron para el uso exclusivo de esta.

La Sala confirma la sentencia apelada, para lo cual reitera el criterio expuesto por ella
en oportunidades anteriores 19 y realiza el siguiente análisis:

De la devolución del IVA pagado por instituciones oficiales de educación
superior. Reiteración de jurisprudencia 20.

El artículo 92 de la Ley 30 de 1992 dispone lo siguiente:

“Las instituciones de educación superior, los colegios de bachillerato y las
instituciones de educación no formal, no son responsables del
IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de educación superior
tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y
servicios que adquieran, mediante liquidaciones periódicas que se realicen en los
términos que señale el reglamento.”

14 Índice 59 en SAMAI.
15 Índice 69 de SAMAI.
16 Auto de 7 de julio de 2021 y sentencia de 11 de noviembre de 2021, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
dictados dentro del proceso rad. 25000237000020150197601 (24234).
17 Índice 78 de SAMAI.
18 Índice 84 de SAMAI.
19 Sentencias de 8 de octubre de 2020, exp. 22881, C P. Milton Chaves García, reiterada en sentencias de 23 de

septiembre de 2021, exp. 23415 y 30 de septiembre de 2021, exp 23876, C.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello y
de 11 de noviembre de 2021, exp 24234 CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
20 Ibídem.

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

La norma transcrita permite que las instituciones públicas de educación superior
soliciten la devolución del IVA pagado por los bienes y servicios que adquieran. Los
requisitos de la devolución se encuentran previstos en el artículo 4 del Decreto 2627
de 1993, que dispone lo siguiente:

“Artículo 4° Requisitos de la solicitud de devolución del Impuesto a las
Ventas. La solicitud de devolución del impuesto a las ventas deberá presentarse
diligenciando el formato correspondiente y cumplir los siguientes requisitos:

1. Que se presente en forma personal por el representante legal de la Institución.

2. Que se presente dentro de la oportunidad señalada y en la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente.

3. Que se acompañe los siguientes documentos:

a) Certificación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, Icfes, en la que se acredite la representación legal de la institución y la
calidad de Institución Estatal u Oficial de Educación Superior, cuya fecha de
expedición no debe ser superior a seis (6) meses.

b) Certificación de Contador Público o Revisor Fiscal en la que conste:

• Identificación de cada una de las facturas de adquisición de bienes, insumos y
servicios indicando el número de la factura, fecha de expedición, nombre o razón
social y NIT del proveedor, vendedor o quien prestó el servicio, valor de la
transacción y el monto del Impuesto a las Ventas pagado.

• El valor total del impuesto pagado objeto de la solicitud de devolución.

• Que en las facturas se encuentra discriminado el Impuesto a las Ventas y
cumplen los demás requisitos legales.

• Que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el uso exclusivo de
la respectiva Institución. “ (Subraya la Sala)

Sobre el requisito de “Que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para el
uso exclusivo de la respectiva Institución”, en sentencia de 26 de septiembre de 2007,
la Sección precisó lo siguiente21:

“ […] la exclusividad que advierte el reglamento debe entenderse en el sentido de
que el beneficio no se extienda a personas diferentes a la institución pública, que
es la titular, pues si el Estado deja de percibir un ingreso lo hace precisamente
porque es un beneficio de una entidad pública de educación superior y no de una
persona natural.

Así las cosas, el decreto reglamentario da una correcta interpretación del artículo
92 de la Ley 30 de 1992, pues, es incuestionable que los bienes, insumos y
servicios, sobre los que procede la devolución del IVA pagado, los adquiere la
institución oficial, para sí, y no para un tercero. […]”

En consecuencia, para que proceda la devolución del IVA pagado a las instituciones
públicas de educación superior se requiere que los bienes y servicios beneficien
directamente a dichas instituciones educativas, no a terceros.

21 Exp. 15767. C.P. Ligia López Díaz

8
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

A su vez, en sentencia de 6 de septiembre de 2017, la Sección señaló lo siguiente22:

“ […] 3.8 Se debe tener en cuenta que el objetivo del artículo 92 de la Ley 30 de
1992 es el de fortalecer los especiales fines y funciones que, en materia educativa,
debe cumplir el Estado, norma que se debe interpretar en concordancia con los
artículos 6º y 120 de la misma ley que incluyen dentro de los objetivos de la
Educación Superior y de sus instituciones los de apoyar las labores investigativas
y de servicio social que requiere el país y de ser factor de desarrollo científico,
cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.

3.9 Tales propósitos se cumplen a través de la docencia, la investigación los
programas de extensión que según el artículo 120 de la Ley 30 de 1992
comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás
programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de
experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el
bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la
sociedad. […]” (Subraya la Sala)

Así, dentro de los objetivos de la educación superior “se encuentran los pagos que se
realizan por el funcionamiento de los programas de extensión, que para el caso de la
Universidad Nacional se encuentran definidos en los artículos 1 y 2 del Acuerdo 36 de
2009 expedido por el Consejo Superior de dicha Universidad” 23, los cuales disponen
lo siguiente:

“Artículo 1. Definición. La Extensión es una función misional y sustantiva de la
Universidad, a través de la cual se establece una interacción privilegiada y
recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y
necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones que hacen
parte de ella. Esta relación entre la Universidad y su entorno se debe reflejar en la
ampliación del espacio de deliberación democrática y en el bienestar de las
comunidades. Con la Extensión se cualifican la ciencia, la tecnología, el arte y la
cultura.

Artículo 2. Objeto. La Extensión tiene como fin el intercambio, la aplicación y la
integración, en forma dinámica y coordinada, del conocimiento científico,
tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad Nacional de
Colombia, en interacción con el entorno económico, político, cultural y social del
país. Busca mejorar el bienestar de las comunidades y aumentar la productividad
y la competitividad del aparato productivo. Para lograr ese fin es necesario articular
la docencia, la investigación y la extensión.” (Subraya la Sala)

Finalmente, como lo ha precisado la Sala, el beneficio debe ser interpretado en un
sentido amplio, puesto que24:

“[…] se debe tener en cuenta que el beneficio tributario previsto en el artículo 92 de la
Ley 30 de 1992, reglamentado por el artículo 4º del Decreto 2627 del 28 de diciembre
de 1993, no distingue la actividad o fin misional, por el contrario, de forma amplia lo
consagra para bienes, insumos y servicios adquiridos para el uso exclusivo de la
respectiva Institución, dentro del fin educativo que consagra la ley.

22 Exp. 20959. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
23 Sentencia del 8 de octubre de 2020, exp. 22881, C P. Milton Chaves García, reiterada en sentencias de 23 de

septiembre de 2021, exp. 23415 y de 30 de septiembre de 2021, exp 23876 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
y de 11 de noviembre de 2021, exp 24234 CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
24 Ibídem.

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

En este orden de ideas, las facturas tienen relación con bienes y servicios de uso
exclusivo de la Universidad Nacional, como lo establece el literal b del artículo 4 del
Decreto 2627 de 1993.”

En suma, el beneficio tributario previsto en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992,
reglamentado por el artículo 4º del Decreto 2627 del 28 de diciembre de 1993, no está
limitado a la actividad o fin misional de la institución oficial de educación superior. Se
extiende a los bienes, insumos y servicios adquiridos para el uso exclusivo de la
respectiva institución, dentro del fin educativo que consagra la ley.

Dentro de los objetivos de la educación superior se encuentra el funcionamiento de los
programas de extensión, en virtud de lo cual la actora puede firmar contratos y/o
convenios interadministrativos, para realizar asesorías, consultorías, interventorías y
diseños 25. Por tanto, procede la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes ,
insumos y servicios para cumplir lo pactado en ellos.

Caso concreto

En relación con la suma que se cuestiona en el recurso de apelación ($261.897.889),
cuyo rechazo se debió al incumplimiento del requisito de que los bienes, insumos y
servicios adquiridos por la actora no fueron para el uso exclusivo de esta (artículo 4
del Decreto 2627 de 1993), la Sala precisa lo siguiente:

Aunque la apelante se refiere al total del valor que ordenó devolver el Tribunal,
menciona solo los contratos celebrados por la Universidad para: i) formación en cultura
ciudadana (folio 313 c.a); ii) aunar esfuerzos para diseñar y apoyar la implementación
de un mecanismo sostenible de gestión sobre comportamientos que alteran
negativamente la convivencia en la localidad de Engativá (folio 327 c.a); iii) realizar
estudios y diseños para la institución educativa departamental ubicada en la
urbanización la Esperanza del municipio de Puerto Salgar, departamento de
Cundinamarca (folio 338 c.a); iv) realizar interventoría técnica, administrativa,
financiera y ambiental en los contratos de obra que suscriba la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos para las obras de mantenimiento de vías principales del
Cementerio Central D.C., y/o la construcción de la segunda etapa del parque
cementerio Serafín D.C., (folio 363 c.a), y v) realizar la interventoría técnica,
administrativa, financiera y ambiental en contratos de obra asignados por las
Empresas Públicas de Cundinamarca ( folio 409 c.a).

Lo anterior significa que la Sala solo se pronunciará respecto al IVA derivado de los
referidos contratos ($4.193.258). Respecto al valor restante, la Sala mantendrá la
orden de devolución pues, en realidad, el fallo no fue cuestionado, de manera
concreta, frente a los restantes contratos celebrados por la actora.

Pues bien, en relación con los contratos a que se refiere el recurso de apelación,
revisados los soportes que figuran en el expediente, se advierte que el valor que
rechazó la DIAN y ordenó devolver el Tribunal está asociado a los siguientes contratos
interadministrativos:

No. VALOR
CONTRATO/CONVENIO FOLIO
FACT. NIT/CC NOMBRE IVA ORDEN OBJETO GENERAL:

25 Sentencia del 30 de septiembre de 2021, rad. 25000-23-37-000-2016-01005-01(23876), C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01459-01 (23988)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

Realizar la coordinación general
del proyecto a través de la CONTRATO
coordinación de actividades del INTERADMINISTRATIVO
equipo de trabajo, de la 2211100-404-2010 suscrito
orientación, enfoque, diseño entre la Universidad Nacional/
IVO
conceptual y metodológico del Instituto de Estudios Urbanos
79.301. SANTIAGO ODS Nº 308-
43 mismo y de la coordinación, y la Secretaria General de la
274-0 BERACASA 460.800 82 320
ejecución, seguimiento y Alcaldía de Bogotá para
VILLARRAGA
supervisión de las actividades prestar servicios para realizar
principales previstas o que sean la formación en cultura
necesarias para garantizar el ciudadana de actores
cumplimiento del Contrato sociales.
2211100-404-2010
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
194 2010 suscrito entre la
Universidad Nacional/
instituto de estudios urbanos y
Realizar la coordinación general
la Alcaldía Local de Engativá
del proyecto a través de la
para “aunar esfuerzos para
coordinación de actividades del
diseñar y apoyar ña
equipo de trabajo, de la
implementación de un
orientación, enfoque, diseño
IVO mecanismo sostenible de
conceptual y metodológico del
79.301. SANTIAGO ODS Nº gestión intervención sobre 321-
44 mismo y de la coordinación,
274-0 BERACASA 947.200 83 comportamientos que alteran 323
ejecución, seguimiento y
VILLARRAGA negativamente la convivencia
supervisión de las actividades
en la localidad de Engativá,
principales previstas o que sean
bajo la perspectiva y
necesarias para garantizar el
metodologías de cultura
cumplimiento del Contrato 194 de
ciudadana, y orientar y apoyar
2010
la realización de una segunda
fase mediante intervenciones
específicas sobre los
comportamientos
problemáticos priorizados”
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
194 2010 suscrito entre la
Universidad Nacional/
instituto de estudios urbanos y
Coordinar el desarrollo de todas la Alcaldía Local de Engativá
las actividades del proyecto para para “aunar esfuerzos para
el funcionamiento de la gestión diseñar y apoyar ña
comunitaria para la implementación de un
IVO transformación de mecanismo sostenible de
79.301. SANTIAGO ODS Nº comportamientos problemáticos gestión intervención sobre 324-
47
274-0 BERACASA 868.608 729 identificados en los parques comportamientos que alteran 331
VILLARRAGA intervenidos en el proyecto y de la negativamente la convivencia
gestión articulada de acciones en la localidad de Engativá,
constitucionales sobre los mismos bajo la perspectiva y
desde la perspectiva de la cultura metodologías de cultura
ciudadana. ciudadana, y orientar y apoyar
la realización de una segunda
fase mediante intervenciones
específicas sobre los
comportamientos
problemáticos priorizados”
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
586-2011 celebrado entre la
Realizar estudio de suelos para la UNAL y el Instituto de
institución educativa Infraestructura y Concesiones
GERMAN
79.567. ODS Nº departamental ubicada en la de Cundinamarca para 337-
255 DARIO TAPIA
898-8 413.793 1436 urbanización La Esperanza del realizar los estudios y diseños 341
MUÑOZ
municipio de Puerto Salgar – de la institución educativa
Cundinamarca-. departamental en la
urbanización La Esperanza
del municipio de Puerto
Salgar –Cundinamarca-
CONTRATO 470-2010
suscrito entre la UNAL y la
Prestar sus servicios al centro de
Unidad Administrativa
extensión académica proyecto
Especial de Servicios
GUILLERMO 10.20.UESP-Unidad
19.220. ODS Nº Públicos para realizar la 359-
89 OSPINA Administrativa Especial de
930-0 514.570 1542 interventoría técnica, 370
VARÓN Servicios Públicos para garantizar
administrativa, financiera y
el cumplimiento del Contrato 470
ambiental en los contratos de
de 2010
obra que suscriba la unidad
para las obras de

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01459-01 (23988)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia
FALLO

mantenimiento de vías
principales del cementerio
central D.C. y/o la
construcción de la segunda
etapa del parque cementerio
Serafín D,C..

CONTRATO 65 DE 2010
suscrito entre la UNAL y las
LUIS Prestar servicios al centro de Empresas Públicas de
17.150. ALFONSO ODS Nº extensión académica proyecto Cundinamarca para realizar la 371-
21
539-2 PEREZ 522.331 1285 10.09. EPC.I. Empresas Públicas interventoría técnica, 374
QUESADA de Cundinamarca CTO 065/10 administrativa, financiera y
ambiental en contratos de
obra.
CONTRATO 65 DE 2010
suscrito entre la UNAL y las
Prestar sus servicios al centro de Empresas Públicas de
CLAUDIA
39.691. ODS Nº extensión académica 10.09. Cundinamarca para realizar la 404-
175 ALFARO DE
684-3 465.956 164 EPC.I. Empresas Públicas de interventoría técnica, 424
LOS RIOS
Cundinamarca CTO 065/10 administrativa, financiera y
ambiental en contratos de
obra.

Total IVA $ 4.193.258

Se advierte que la Universidad Nacional celebró diferentes contratos
interadministrativos para realizar asesorías, programas de formación, interventorías,
estudios y diseños, servicios que están relacionados con los programas de
extensión, que benefician a la comunidad, conforme con el alcance dado a los
artículos 1 y 2 del Acuerdo 36 de 2009, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Colombia, pues buscan satisfacer necesidades de la
sociedad, y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella.

De acuerdo con la jurisprudencia arriba citada, que se reitera, el beneficio tributario
previsto en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, reglamentado por el artículo 4º del
Decreto 2627 de 1993 no se limita a la actividad o fin misional de la institución oficial
de educación superior y se extiende a los bienes, insumos y servicios adquiridos para
el uso exclusivo de la respectiva institución, para el cumplimiento de los objetivos de
la educación superior, dentro de los cuales se encuentra el desarrollo de programas
de extensión que buscan prestar un servicio social 26.

En el caso en estudio, los valores rechazados atañen al pago de servicios a
profesionales de distintas áreas del conocimiento para realizar, entre otras
actividades, las relacionadas con la formación en cultura ciudadana, estudios y
diseños e interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, realizados por
la Universidad Nacional en su calidad de contratante. Y, como lo expuso la Sala en
sentencia del 6 de septiembre de 2017, reiterada en la sentencia del 8 de octubre de
202027, si bien «esos documentos dan cuenta de que los servicios y bienes se
adquirieron para cumplir con los compromisos pactados en virtud de diferentes
convenios, esto no implica que no sean para su uso exclusivo, porque precisamente

26 Sentencia del 8 de octubre de 2020, exp. 22881, C P. Milton Chaves García, reiterada en sentencias de 23 de
septiembre de 2021, exp. 23415 y de 30 de septiembre de 2021, exp 23876 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
y de 11 de noviembre de 2021, exp 24234 CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
27 Exp. 22881, C.P. Milton Chaves García, reiterada, a su vez, en sentencias de 23 de septiembre de 2021, exp.

23415 y de 30 de septiembre de 2021, exp. 23876, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y de 11 de noviembre
de 2021, exp 24234, C.P Stella Jeannette Carvajal Basto.
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FALLO

la universidad es la parte contratante, quien se compromete con el pago estipulado y
los contratistas están prestando el servicio directamente a la entidad educativa».

Así, por ejemplo, en desarrollo del contrato interadministrativo 194 -2010, suscrito
entre la actora y la Alcaldía Local de Engativá, el profesional Ivo Santiago Beracasa
Villarraga suscribió contrato de prestación de servicios con la Universidad Nacional,
en el que se advierte lo siguiente28:

“Objetivo General: Realizar la coordinación general del proyecto a través de la
coordinación de actividades del equipo de trabajo, de la orientación, enfoque, diseño
conceptual y metodológico del mismo y de la coordinación, ejecución, seguimiento y
supervisión de las actividades principales previstas o que sean necesarias para
garantizar el cumplimiento del Contrato 194 de 2010”, cuyo objeto es “aunar esfuerzos
para diseñar y apoyar la implementación de un mecanismo sostenible de gestión
intervención sobre comportamientos que alteran negativamente la convivencia en la
localidad de Engativá, bajo la perspectiva y metodologías de cultura ciudadana, y
orientar y apoyar la realización de una segunda fase mediante intervenciones
específicas sobre los comportamientos problemáticos priorizados”

También se advierte el contrato de prestación de servicios suscrito por la actora con
el profesional Germán Darío Tapia Muñoz con el objeto de realizar estudio de suelos
para la institución educativa departamental ubicada en la urbanización La Esperanza
del municipio de Puerto Salgar –Cundinamarca- […]”

Igual sucede con los demás contratos a que se refiere la apelación, que buscan dar
cumplimiento a convenios suscritos por la demandante que, se reitera, atañen a los
fines de la educación superior, pues tienen por objeto actividades de impacto social,
tales como, realizar la formación en cultura ciudadana de distintos actores sociales y
realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental en los contratos
de obra que suscriban las Empresas Públicas de Cundinamarca y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, esta última, en relación con las obras
de mantenimiento de vías principales del cementerio central D.C. y/o la construcción
de la segunda etapa del parque cementerio Serafín D.C.

En suma, atendiendo la línea jurisprudencial trazada por Sección, se advierte que en
este caso se cumplen las exigencias consagradas en el literal b) del numeral 3º del
artículo 4º del Decreto 2627 de 1993, para que proceda la devolución del IVA pagado,
en tanto está probado que los bienes y servicios se adquirieron para cumplir los
compromisos pactados por la Universidad en virtud de diferentes convenios, lo cual no
comporta que no fueran para su uso exclusivo, comoquiera que corresponden a un
desarrollo de las actividades propias e inherentes a la demandante29.

Como el fallo no fue apelado por la actora frente al rechazo de la devolución de
$332.622, que dispuso el Tribunal, dicho rechazo se mantiene.

Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

28 Folios 321-331 del c.a.
29 Sentencia del 30 de septiembre de 2021, rad. 25000-23-37-000-2016-01005-01(23876), C.P. Myriam Stella

Gutiérrez Argüello. (REVISADO)
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FALLO

Condena en costas

No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el artículo 188 del
CPACA 30, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el
artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas
el artículo 365 del Código General del Proceso y una de estas reglas es la del numeral
8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este
asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: RECONOCER personería Juan Carlos Loaiza Romero para actuar como
apoderado de la DIAN en los términos del poder que está en el índice 57 de SAMAI.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Conjuez

30 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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