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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01510-01

Fecha
10 de octubre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-01510-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar: Segundo. Fijar como liquidación del impuesto de renta del período gravable 2008, incluida la sanción por inexactitud, las cifras establecidas en el cuadro inserto en la parte motivan de esta sentencia de segundo grado. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2013-01510-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

10 de octubre de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)
Demandante: ETB S.A. ESP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB S.A. ESP
Demandada: DIAN

Temas: Renta 2008. Adición de ingresos, causación. Deducción por inversión
en activos fijos reales productivos. Deducción por deudas
manifiestamente perdidas o sin valor. Deducción del GMF.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación1 interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del 18 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió2:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión n.º 312412012000028 del
13 de junio de 2012, por medio de la cual … [la demandada] modificó la declaración del impuesto
sobre renta y complementarios presentada por … ETB S.A. ESP para el año gravable 2008, y de la
Resolución n.º 900.342 del 15 de julio de 2013 proferida por … [la demandada], mediante la cual se
resolvió el recurso de reconsideración interpuesto confirmando la liquidación oficial de revisión antes
mencionada, conforme lo expuesto.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, téngase como liquidación del impuesto sobre la
renta y complementarios del año gravable 2008 de la … ETB S.A. E.S.P., los valores determinados
en la liquidación efectuada por este tribunal en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. No se condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

Cuarto. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 3124120120000283, del 13 de junio de 2012,
la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2008,
presentada por la actora, adicionando ingresos brutos no operacionales que se
identificaban como ingresos de períodos anteriores, rechazando parte de la deducción
especial por inversión en activos fijos reales productivos, desconociendo la deducción
por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, y negando la deducción del 75% del
GMF, lo que derivó en un mayor impuesto, y la imposición de la sanción por inexactitud.

1
Samai CE, índice 3, certificado 1DD73C1ACE7F9E13 46132FD92871151B CA61C63168FD2C56 F1CC8567AC6DE223 (pdf), pp. 1 y 2.
2
Samai Tribunal, índice 105, certificado 940BBE89CFC9AAE9 FE5ED522B623BEBC 019F3AD1552C3EB4 986949CD1E1294D5 (pdf), pp. 55 y 56.
3
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), pp. 56 a 83.

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Demandante: ETB S.A. ESP

Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución 900.342, del 15 de julio de 2013,
que resolvió el recurso de reconsideración4.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:
1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por [la demandada]:

Resolución 312412012000028, de 13 de junio de 2012 (Liquidación Oficial de Revisión), proferida
por [la demandada].

Resolución 900.342, de 15 de julio de 2013, proferida por [la demandada], por medio de la cual se
confirmó la anterior.

2. Que en consecuencia se restablezca el derecho de la sociedad, declarando en firme la declaración
de renta presentada por el contribuyente.

Invocó como vulnerados los artículos 29 y 83 de la Constitución; 42 del CPACA; 26, 27,
28, 107, 116, 145, 146, 158-3, 647, 683, 711, 712, 742, 743, 744, 745 y 746 del ET
(Estatuto Tributario); 79 y 80 del Decreto 187 de 1975; 40, 48 y 97 del Decreto 2649 de
1993; y el Decreto 1766 de 2004, cuyo concepto de violación puede sintetizarse así6:

-Rechazo de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos. Violación de
los principios de legalidad y al debido proceso. Artículo 29 Constitución. Violación del
artículo 158-3 del ET, modificado por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006, que consagra
la deducción por inversión en activos fijos. Indicó que, durante el año gravable 2008,
realizó una inversión para la masificación de la banda ancha por valor de
$218.903.134.411.56, como parte de la estrategia para generar mayores ingresos por la
prestación del servicio de acceso a internet, dada la tendencia decreciente de los ingresos
por telefonía fija; proyecto que generó una significativa ampliación de la infraestructura
de telecomunicaciones y cuyo desarrollo comprendió una amplia gama de adquisiciones
de bienes y servicios que constituían inversión en activos fijos reales productivos, por lo
que, al cumplirse los requisitos legales, tomó la deducción especial del 40% del monto
invertido, esto es, la suma de $87.561.253.000. Sin embargo, la demandada rechazó la
deducción por valor de $38.839.514.459 argumentando que correspondía a contratos de
reposiciones, interventorías, ampliaciones y mantenimiento.

Afirmó que los actos enjuiciados quebrantaron los principios de legalidad y debido
proceso, de los artículos 29 de la Constitución y 158-3 del ET, pues equívocamente la
demandada argumentó el incumplimiento de requisitos no previstos en la ley, como, por
ejemplo, que los contratos que tenían por objeto la reposición de equipos, caso de las
redes de telecomunicaciones, no constituían una nueva inversión, dado que ya hacían
parte de la infraestructura de la empresa. Para la Administración, la instalación de fibra
óptica en sitios donde antes existía cable de cobre tampoco constituía una nueva
inversión, siendo evidente que lo era, independientemente de que las nuevas redes de
fibra óptica se extendieran o no sobre los sitios en que tenían instalaciones de cable de
cobre. A tales efectos, señaló que la ley no exigía que se tratara de equipos nuevos, ni
excluía del beneficio la reposición de bienes para mejorar o actualizar los activos
existentes, como lo exigía la Administración, vulnerando con ello el principio de legalidad,
ya que efectivamente repuso las redes de telecomunicaciones para mejorar, actualizar y
4
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), pp. 85 a 130.
5
Samai CE, índice 2, certificado EA2C6097C41B1593 DFCE32B38E8C2667 C3E71936E6B8A91F 539D1AFEE86E500E (pdf), p. 1.
6
Samai CE, índice 2, certificado EA2C6097C41B1593 DFCE32B38E8C2667 C3E71936E6B8A91F 539D1AFEE86E500E (pdf), pp. 9 a 54.

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modernizar sus servicios; inversiones que implicaban adquirir activos que integraban su
patrimonio y participaban activamente en la actividad productora de renta.

Adicionalmente, señaló que la demandada incurrió en error en la valoración de las
pruebas, pues explicó y acreditó, con un certificado de su Vicepresidencia de Desarrollo
de Red y Servicios, que los contratos que incluían hardware y software no podían ser
analizados individualmente, pues tenían como objeto la adquisición de una unidad
funcional integral que formaba un todo; luego no se trataba de un intangible, sino de un
activo fijo con un componente intangible esencial para su funcionamiento. Sin embargo,
afirmó que la demandada no atendió sus argumentos y pruebas, con lo cual, transgredió
su derecho al debido proceso y al principio de legalidad.

Seguidamente, se refirió a cada uno de los requisitos legales que otorgaban el derecho
a la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos, en el marco del
Decreto 1766 de 2004, que reglamentó el artículo 158-3 del ET. Explicó que estos deben
cumplir las siguientes características: (i) bienes tangibles; (ii) activos fijos; (iii) que formen
parte del patrimonio del contribuyente (que no se enajenen dentro del giro ordinario de
los negocios); (iv) que se adquieran para participar directa y permanentemente en la
actividad productora de renta; y (v) que se deprecien o amorticen fiscalmente. Luego
destacó que la norma reglamentaria autorizaba la deducción cuando los activos fijos
fueran construidos por el contribuyente, con base en las erogaciones de bienes y
servicios que constituyeran costo de este.

Aseveró que, a pesar de cumplir los requisitos, la Administración rechazó el beneficio con
base en supuestos que no correspondían a la realidad, como que registró integralmente
los contratos que correspondían a mantenimiento como inversión, cuando realmente
tales rubros fueron separados. Además, exigió el cumplimiento de requisitos no previstos
en la ley, como tratarse de equipos nuevos o excluir las unidades funcionales que tuvieran
componente de software.

Aseguró que no todos los conceptos que consideraba la autoridad tributaria hicieron parte
de la deducción por activos fijos. A tales efectos, iteró que, para la ejecución del proyecto,
celebró un gran número de contratos, muchos de los cuales tenían amplio alcance,
incluyendo suministro de bienes y servicios. No obstante, únicamente registró como
inversión los conceptos que cumplían con los requisitos legales; así, los registros
contables se efectuaron siguiendo los lineamientos del artículo 64 del Decreto 2649 de
1993, atinentes a que el valor histórico de los activos fijos incluía «todas las erogaciones y
cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión
…». En ese contexto, cuestionó que, pese a lo explicado, la demandada rechazara la
deducción argumentando que la inversión correspondía a contratos de mantenimiento,
concepto que no se tomó como base de la inversión, pues la compañía tenía claro que el
propósito de tal gasto era mantener el activo en las mismas condiciones, de modo que
continúe generando renta, y dado que el mismo no incrementaba el valor del activo, fue
registrado directamente contra el gasto.

Para probar lo anterior, señaló haber acompañado a la demanda con un cuadro -anexo
2-, en el que se discriminan, para un mismo contrato, las facturas que contienen el
servicio de mantenimiento y las que constituyen inversión, aportando la evidencia del
registro contable en cada cuenta. Además, había solicitado un dictamen pericial que
permitía verificar que los mantenimientos se llevaron al gasto, y no como activos fijos, de
manera que, aunque algunos contratos incluyen la descripción «mantenimiento», estos no
fueron considerados para calcular el beneficio. Empero, la demandada rechazó la
deducción por tratarse de dicho concepto, sin atender las explicaciones dadas.

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Adujo que su objetivo no era reemplazar otros activos, sino modernizar la operación con
tecnología con los últimos avances del mercado. Se trataba de inversiones nuevas que
implicaban una modernización importante que incrementaba los niveles de productividad
de la compañía (i.e. fibra óptica que permitía mayor y mejor capacidad de transmisión de
comunicaciones), por lo que alegó que debían ser registrados como activos fijos, como
lo hizo, y por ende daban lugar a tomar la deducción especial. Agregó que cuando el
contribuyente construía el activo también procedía el beneficio y, por ende, toda la
inversión efectuada en la construcción era deducible. Así, las reposiciones y ampliaciones
constituían una renovación total con equipos nuevos que generaban una mayor
productividad.

En apoyo de lo anterior, refirió doctrina de la demandada7 relativa a la procedencia de la
deducción de las erogaciones -bienes y servicios- que constituyan costo del activo
construido por el contribuyente. Igualmente, citó providencias de esta Sección 8 que han
precisado que los equipos o bienes tipo repuesto, requeridos para el correcto
funcionamiento del activo principal con el cual se desarrolla la actividad, no se excluyen
del beneficio, y además que, tanto las reparaciones como el reemplazo del activo,
constituyen una verdadera inversión de activos fijos reales productivos.

Luego, se refirió al rechazo del beneficio por las interventorías y servicios de pruebas por
$431.728.861. A tales efectos, tras señalar el alcance de la interventoría en el marco de
la Ley 1474 de 2011, referida a las normas de control de la gestión pública, señaló que,
dada su calidad de entidad de derecho público, estaba obligada a tenerla, en orden, a
vigilar la correcta ejecución de los contratos. Arguyó que en el proceso de construcción
de un activo, tal figura permitía garantizar que los requerimientos exigidos al hacer la
contratación fueran cumplidos por el contratista. Al efecto, refirió a una sentencia de esta
corporación9 donde se precisó que la labor del interventor no se reducía a la simple
verificación o constatación, sino que, a través de ella, la Administración desplegaba sus
potestades de coordinación, supervisión, control y a veces, hasta de la dirección misma
del contrato. Así, como la interventoría tenía una relación directa con la construcción del
activo, a tal punto que sin ella no era posible asegurar su consecución, la erogación por
tal concepto constituía un mayor del activo, no se trataba de un gasto, como lo señalaba
la Administración.

Adicionó que, el servicio de pruebas hacía parte de la puesta en funcionamiento del bien
construido y, por tanto, debía considerado como un mayor valor del bien.

Respecto de la adquisición de software, cuyo rechazo fue de $15.435.829.241,
argumentó que este fue adquirido para el debido funcionamiento de unas máquinas
(hardware-bienes tangibles); aseguró que, en la industria de telecomunicaciones solo se
adquiría software para el debido funcionamiento del hardware, dado que este último
necesitaba del primero para poder operar. Así, citó doctrina oficial de la Administración10
y jurisprudencia de esta Sección11, donde se precisó que la compra que integra
elementos tangibles e intangibles implican la adquisición de un solo bien material, toda
vez que sin el software el hardware no cumpliría la función para la que fue diseñado. En
ese sentido, concluyó que el software en sus proyectos formaba parte de una unidad
funcional con el hardware, y, en consecuencia, no se trataba de un bien intangible sino
de un activo fijo real productivo.

7
Concepto 39363 del 28 de mayo de 2007.
8
Sentencias del 24 de octubre de 2013 (exp. 18375, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); del 13 de septiembre de 2012 (exp. 18473, CP: Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez); y del 29 de noviembre de 2012 (exp. 18662, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).
9 Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2013 (rad. 76001-23-31-000-1999-02622-01, CP: Mauricio Fajardo Gómez).
10
Concepto 13545 del 28 de mayo de 2008.
11
Sentencia del 29 de noviembre de 2012 (exp. 18662, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).

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Insistió en que la demandada había exigido un requisito adicional a los contemplados en
la ley, referido a la demostración del aumento de su productividad y a la generación de
nuevas fuentes de empleo, aduciendo que el espíritu e intención del legislador estaban
orientados a determinar «efectos positivos sobre la producción y el empleo»; adujo que as
sentencias citadas en la liquidación oficial por parte de la autoridad no pretendieron incluir
requisitos nuevos, lo que reiteraron fue que los activos debían tener relación directa con
la actividad productora de renta y ser productivos, a tales efectos citó providencia de la
Sección12. En ese orden, la alusión de las sentencias a generar inversión y empleo, era
para precisar que los bienes objeto del beneficio debían tener carácter productivo, no
podía entenderse como exigencias adicionales.

Concluyó que se vulneró el régimen de valoración de las pruebas, en particular, los
artículos 742, 743, 745 y 746 del ET, pues la demandada omitió, sin hacer una adecuada
valoración de las pruebas y sin atender lo explicado respecto del registro contable de los
contratos con múltiple objeto, que la parte de mantenimiento se había registrado como
gasto, y que, solo la inversión fue registrada como activo fijo. Igualmente, señaló que la
deducción no fue tomada sobre intangibles, sino que los contratos tenían un componente
de software. Como prueba de lo anterior, anunció adjuntar la relación de los contratos
rechazados, así como las facturas que fueron tomadas como inversión, y solicitó decretar
una prueba pericial para revisar su contabilidad, para verificar que solo tomó para la
deducción los valores que constituían activos fijos reales productivos.

-Falta de motivación en los actos demandados. Violación del artículo 29 de la Constitución
que consagra el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Violación del artículo
42 del CPACA y del artículo 712 del ET que consagran la obligación de motivar los actos
de la Administración. Planteó que los actos administrativos debieron estar motivados, de
tal forma que protegieran el derecho de defensa. Reprodujo el texto del artículo 42 del
CPACA y expresó que, según el artículo 712 del ET, la liquidación oficial de revisión debe
contener la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas. A partir de ello, afirmó
que en este caso la demandada no motivó la decisión, lo que le impidió ejercer el derecho
de defensa, toda vez que no explicó las modificaciones efectuadas, los conceptos ni las
cuantías de cada rubro rechazado.

Manifestó que uno de los rubros correspondía a pagos salariales de trabajadores que
laboraban en la obra de fibra óptica de banda ancha y, en general, en los proyectos de
inversión ejecutados en el año 2008 (inversión por $42.221.895.391), que conformaban
la base del beneficio por activos fijos reales productivos. Si bien la compañía no tenía
certeza de la causa del rechazo, precisaba explicar que tales valores hicieron parte del
beneficio de activos reales productivos porque, para el desarrollo de los proyectos
ejecutados, parte de la inversión correspondió a gastos salariales, la cual se llevó como
mayor valor del activo por ser parte de la inversión para la ejecución del montaje de redes
y de las obras. Explicó que para establecer qué parte constituyó mayor valor del activo,
utilizó un sistema de costeo con base en actividades (metodología ABC), lo que, al igual
que los conceptos anteriores, constituía inversión en activos fijos al cumplir los requisitos
legales. Sin embargo, la demandada rechazó su deducción, violando el debido proceso,
pues los actos no enunciaron tal concepto, ni señalaron la razón por la que rechazó tal
suma, lo que imposibilitó ejercer el derecho de defensa.

-Violación de los artículos 145 y 146 del ET que consagran las deducciones para deudas
de dudoso o difícil cobro y las deudas manifiestamente perdidas o sin valor,
respectivamente. La DIAN no reconoce las deducciones que ETB realizó en aplicación
de lo dispuesto en los artículos 145 y 146 del ET. Aseveró que el acto que desató el
12
Sentencia del 24 de octubre de 2007 (exp. 15396, CP: Juan Ángel Palacio Hincapié).

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recurso de reconsideración rechazó el castigo de cartera del año 2008 por la suma de
$35.637.673.750 al no tener certeza de que las obligaciones de años anteriores (1996 a
2005), provisionadas como deudas de dudoso o difícil cobro, no estaban incluidas en el
monto castigado, es decir, que supuestamente se estaba llevando doblemente un gasto
por el mismo concepto. Postura que asumió la Administración por no haberse acreditado
la historia de provisiones y castigos de los 13 años anteriores (1996 a 2007).

Además, cuestionó que la demandada desconociera lo expuesto en el recurso de
reconsideración, en el sentido de que para los años anteriores a 2008 no se tomó un
porcentaje mayor al 15% como provisión de cartera por dudoso o difícil cobro, conforme
a lo previsto en el artículo 75 del Decreto 187 de 1975 que establece el método de
provisión general de cartera, con lo que se presumió la mala fe de la demandante.

Señaló que las deducciones contempladas en los artículos 145 -deudas de dudoso o
difícil cobro- y 146 -deudas manifiestamente perdidas o sin valor- del ET, eran
independientes, consagraban deducciones que se daban por causas distintas. Así, indicó
que su utilización concurrente no implicaba el uso de beneficios concurrentes, como lo
asumió la autoridad al señalar que la actora no probó que las deudas provisionadas antes
del 2008 no estuvieran incluidas en el monto del castigo, de manera que el contribuyente
podría hacer uso de las dos sobre las mismas acreencias sin que ello implicase la
obtención de una doble deducción, ya que , reiteró, correspondían a una causa distinta y
no se aplicaban de manera simultánea sobre el mismo monto, conforme lo ha entendido
esta corporación13, quién precisó que el hecho de haber llevado provisión no significaba
que luego no se pudiera castigar la cartera, con fundamento en el artículo 146 ídem.

Para explicar por qué no podía haber una doble deducción sobre la misma base, señaló
que según la certificación del contador de la compañía, del 18 de noviembre de 2013,
emitida tras revisar los estados financieros y los anexos de la declaración de renta,
durante los años 1996 a 2008 la sociedad utilizó el método de provisión general de
cartera, sistema que no permitía acumulación de la deducción, o sea que el porcentaje
nunca podría exceder el 15% del total de la deuda de difícil cobro, a diferencia de lo que
ocurre con la provisión individual, lo cual ejemplificó con cifras hipotéticas, seguido de lo
cual arguyó que a la Administración se le explicó en las visitas y en la revisión de los
libros oficiales que, el total de la cartera vencida fue objeto de deducción bajo la provisión
general hasta el monto máximo permitido, y que el valor restante del 85% fue objeto de
deducción por castigo de cartera, lo que no implicaba una doble deducción.

Para el caso específico, explicó que al cierre del 2008 la provisión fiscal de cartera bajo
el método general fue de $17.084.059.000; la «recuperación» de cartera contable ascendió
a $41.926.675.000 efectuada para inmediatamente castigar el 100% de la misma, monto
del cual se descontó $6.289.001.250 que correspondía al monto que había sido deducido
fiscalmente como provisión por difícil cobro, de modo que la cifra por castigo de cartera,
que fue deducida fue de $35.637.673.750, diferencia entre la cartera castigada y el monto
deducido fiscalmente en años anteriores, equivalente al 85% de las cuentas por cobrar
descargadas. Seguidamente, señaló que era evidente que sí se tomó la provisión por el
método general, el valor no pudo exceder los valores previstos por la ley en ningún
periodo anterior, por no ser acumulativa, siendo evidente que el valor castigado solo pudo
ser objeto de una depuración.

En la misma línea, aseveró que los actos vulneraban los artículos 79 y 80 del Decreto
Reglamentario 187 de 1975, al desconocer la deducción efectuada acorde con lo definido
en la primera de tales disposiciones y atendiendo los requisitos de la segunda. Así, para
13
Sentencia del 28 de enero de 2010 (exp. 17202, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).

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demostrar su procedencia, se tomaron las actas de castigo del comité de castigo de la
compañía que detallan el procedimiento para determinar cuándo una deuda es
considerada manifiestamente perdida, y por lo tanto debe dársele de baja, así como los
informes presentados por dos agencias de cobranzas en los que se detallan las deudas
que fueron dadas de baja y los motivos.

Adujo que reforzaba la inexistencia de una doble deducción, el hecho de que la
contabilidad reflejaba provisiones más altas de las que fueron deducidas en determinado
periodo, lo que no implicaba que estas se hubieran tomado en años anteriores o que se
hubieran deducido al 100%, pues era válido que existieran diferencias entre el tratamiento
contable y fiscal, esta última regulada por el estatuto tributario y el Decreto 187 de 1975
y que el contribuyente puede decidir tomar o no, al paso que la provisión contable se
basaba en las disposiciones del Decreto 2649 de 1993 que exigía el reconocimiento de
provisión sobre las deudas en el momento en que sea técnicamente razonable, siguiendo
el principio de prudencia. Así, contablemente podía provisionarse una deuda con más de
un año de vencida, pero nunca podría serlo fiscalmente, ya que las normas no lo
permitirían.

Adicionalmente, aseveró que la demandada transgredió la presunción de la buena fe (art.
83 Constitucional), al suponer una doble deducción, asegurando que se estaban
deduciendo montos que ya habían estado sujetos a otra depuración, esto pese a que en
sede administrativa había explicado que el método general aplicable a la cartera de
dudoso o difícil cobro no permitía la acumulación de deducciones. Manifestó que en el
acto que resolvió el recurso de reconsideración se afirmó que debían verificarse que
obligaciones de años anteriores había dado de baja la actora, para descartar que
estuvieran comprendidas en el castigo de $35.637.673.750, con lo cual no se percataba
la Administración de que esa cifra estaba contenida en los $41.926.675.000, de la que se
excluyó el monto deducido en años anteriores por valor de $6.289.001.250 que
correspondía al 15%, no habiendo forma de que fueran deducidas en otro momento. De
no ser así, la Administración estaría presumiendo que se tomaron indebidamente montos
que no tenían respaldo contable, para volver a tomar una deducción.

De igual modo, señaló que los actos enjuiciados quebrantaron el artículo 745 del ET,
pues esta disposición contemplaba que las dudas provenientes de vacíos probatorios
deben resolverse en favor del contribuyente. De manera que, la Administración no podía
asumir que la compañía efectuó una doble del castigo de cartera del año 2008 por no
tener certeza de cómo se efectuó la provisión de cartera en años anteriores.

-Adición de ingresos correspondientes a períodos anteriores al año gravable 2008.
Violación de los artículos 47 y 48 del ET que regulan la realización y la causación fiscal
del ingreso; violación de los artículos 48 y 97 del Decreto 2649 de 1993 que consagran
la causación y la realización contable del ingreso; violación del artículo 1 del Decreto 187
de 1975 que define al período gravable en el impuesto sobre la renta; violación del artículo
714 del ET que regula la firmeza de la declaración privada. Adujo que no era válida la
conclusión de la Administración relativa a que ciertos valores que fueron registrados
contablemente en el año 2008 como “ingresos de ejercicios anteriores” hacían parte de
la base gravable del impuesto sobre la renta, porque en primer lugar la cuenta así
denominada tiene precisamente por objeto el registro de valores causados en periodos
contables previos, no contabilizados en dentro del periodo al que realmente
correspondían, y para el caso, los ingresos no se realizaron ni tributaria ni contablemente
en el año 2008, condición necesaria para declararlos en tal periodo. A tales efectos,
señaló que solo los ingresos realizados en determinado periodo eran los que legalmente
hacían parte de la base gravable del impuesto sobre la renta.

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Seguidamente y tras reproducir los artículos 27 y 28 del ET y los artículos 48 y 97 del
Decreto 2649 de 1993, señaló que los ingresos debían reconocerse al momento de su
causación, esto es, cuando nace el derecho a percibirlos, aunque no se hayan cobrado,
y se deben entender devengados cuando se ha hecho todo lo necesario para ser
acreedor del ingreso, es decir, haber adelantado la actividad que lo justifica. Sobre el
particular, refirió sentencia de esta Sección14 en la que se indica que para los
contribuyentes que lleven contabilidad, los ingresos sometidos a tributación son los
causados en el año gravable, de manera que los ingresos percibidos en ejercicios previos
no podían ser gravados en el año investigado.

Ahora, si el error involuntario implicaba la omisión de ingresos y gastos vinculados a la
operación de un año anterior, la demandada no podía incluir en el 2008 tales ingresos y
gastos; ninguno de tales conceptos podía afectar la renta de un año posterior. Aseveró
que la inclusión de ingresos en el año 2008, no realizados en tal período, vulneraba la
normativa sobre la firmeza de la declaración privada (art. 714 del ET), pues significaría
que la DIAN se podía arrogar una facultad sin límite en el tiempo. Adicionalmente, los
actos enjuiciados quebrantaban el concepto de periodo gravable previsto en el artículo 1
del Decreto 187 de 1975, acorde con el cual, el año o período gravable del impuesto
sobre la renta comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre.

Luego se refirió a cada uno de los terceros de quien los percibió, inició por Publicar,
señalando que la liquidación oficial acotó que se registraron en el año 2008, ingresos de
$5.274.765.103 por concepto de un contrato de colaboración para la edición de
directorios telefónicos por los años 2002 a 2007; sin embargo, la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración indicó que los ingresos se generaron en los años 2001 a
2007, y que al no acreditarse que se declararon en períodos anteriores, debían ser
adicionados en la vigencia 2008, lo que señaló, vinculó equívocamente la causación fiscal
con la prueba de que los ingresos no se hubieran declarado en años anteriores. Agregó
que, los servicios se prestaron durante los años 2001 a 2007, y no en el año gravable
2008; en tal periodo se efectuó el pago efectivo, y puso de presente que el contrato
evidenciaba que la actora era la encargada de facturar los valores al cliente final, lo que
hacía con la factura de recaudo de los servicios telefónicos prestados, de manera que no
tenía que esperar hasta la conciliación de la participación para determinar cuál era el
ingreso gravable, lo que desvirtuaba el argumento de la DIAN, atinente a que el ingreso
se causó en el momento en que se conciliaron las participaciones entre las partes.

En cuanto a los ingresos provenientes del proyecto Col 096/027 suscrito con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), correspondiente a rendimientos
generados por los correspondientes recursos, que reclama la Dian como
correspondientes al año 2008 porque se vinieron a conocer en tal año, señaló que en las
comunicaciones que soportan este concepto se clarifica que correspondían al año 2007,
motivo por el cual los intereses por $1.302.171.061.38 no eran ingresos gravados en el
año 2008, ni los incrementos del valor del anticipo por $286.838.592 e ingresos por
recuperación de gastos de $56.297.126, por tratarse de ajustes provenientes de períodos
anteriores.

Frente a los ingresos correspondientes a la indemnización de seguro de daños,
reconocida por Colseguros por $1.746.496.860, señaló que esta fue reconocida con base
en el acta de conciliación suscrita el 18 de agosto de 2005, fecha desde la cual nació el
derecho a exigir y a recibir el pago, el cual se hizo efectivo el día 07 de septiembre del
mismo año, como se prueba con la copia del cheque y el recibo de caja emitido por la
actora, de modo que, la causación correspondía al año 2005, con prescindencia de su
14
Sentencia del 12 de diciembre de 2007 (exp. 15856, CP: María Inés Ortiz Barbosa).

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registro en 2008.

Además, precisó que no era cierto que el desistimiento de la demanda contra la
aseguradora hubiera sido en el año 2008, como lo indican los actos demandados, esto
ocurrió en 2006, lo cual se comprueba con la relación de las actuaciones del proceso
judicial y la copia del desistimiento, aportados con la demanda. Del mismo modo, aclaró
que el monto de la indemnización fue $1.534.988.508, y no de $1.746.946.000, pues los
valores adicionales que tomó la demandada, correspondían a montos registrados en la
misma cuenta por (i) $128.094.834 por concepto de intereses del acuerdo conciliatorio
por cargos de acceso; y (ii) $66.666.667 por ajuste de participaciones con operadores;
sobre estos últimos conceptos, anotó que la razón de su adición según la Administración,
obedeció a que no fueron declarados en periodos anteriores, lo que debía desestimarse
porque los ingresos deben gravarse solo en el periodo de su causación, lo que no
cambiaba el hecho de no haberse gravados previamente, pues ello no implicaba que
pudieran gravarse en un periodo posterior, como tampoco serían deducibles los gastos
causados en años anteriores.

Por último afirmó que, la DIAN desde el requerimiento especial había reconocido que los
ingresos eran de periodos anteriores, y por ello, la razón de exigir su inclusión en la
declaración de renta 2008, era exclusivamente que aparentemente no habían sido
incluidos en periodos anteriores, lo cual se evidencia igualmente en la liquidación oficial
y el acto que resolvió el recurso de reconsideración, no obstante lo cual mantuvo su
fundamentación con argumentos que no modifican la regla de causación.

-Violación del artículo 29 de la Constitución que consagra el debido proceso y derecho
de defensa (…) y del artículo 711 del ET que consagra el principio de correspondencia
entre el requerimiento especial y la liquidación oficial. Manifestó que el fundamento de la
adición de ingresos registrados contablemente como ingresos de ejercicios anteriores en
el 2008, que fue expuesto en el requerimiento especial, consistió en que no habían sido
declarados en el periodo al cual correspondían. Sin embargo, en la liquidación oficial de
revisión, la Administración modificó tal sustento, vulnerando el principio de
correspondencia, al afirmar que estos ingresos solo se conocieron hasta el año gravable
2008, lo cual supuestamente trasladaría su causación a ese periodo, lo que era
diametralmente diferente a la tesis planteada en el requerimiento especial. A tales
efectos, expuso el alcance del artículo 711 del ET de cara al principio de correspondencia
como garantía del derecho de defensa del contribuyente y a la luz de jurisprudencia
proferida por esta corporación15, seguido de lo cual, señaló que era evidente que la actora
no pudo conocer en el requerimiento especial, la posición de la Administración con los
argumentos adicionales que fundamentaron la liquidación de revisión, atinentes a la «…
supuesta causación en el periodo 2008 de los ingresos registrados contablemente como de ejercicios
anteriores». Así, señaló que la demandada varió intempestivamente su posición, sin darle
la oportunidad de conocer la totalidad de los hechos expuestos en la liquidación oficial,
lo que le impidió ejercer su derecho de defensa.

-Desconocimiento de la deducción del gravamen a los movimientos financieros (GMF)
pagado durante el año 2008. Nulidad por violación del artículo 116 del ET. Adujo que la
demandada rechazó la deducción del 75% del GMF pagado en el año 2008, por
considerar que el artículo 116 del ET no permite que las entidades descentralizadas
tomen como deducibles los impuestos que se encuentren expresamente regulados en
los artículos 115 y 116 ibidem. Al respecto, adujo que la existencia de la segunda norma
solo se justifica en tanto permitía a las entidades descentralizadas deducir la totalidad de

15
Sentencias del 6 de octubre de 2005, exp. 14635, CP Ligia López Diaz; del 18 de junio de 2009, exp. 15540, CP: Héctor J. Romero Díaz; y del 21 de
octubre de 2010, exp. 17033, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.

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los impuestos pagados, con la condición de cumplir los requisitos generales del artículo
107 ibidem, pues debía tenerse en cuenta el efecto útil de las normas, en virtud del cual,
ante varias interpretaciones de una norma se debía preferir aquella que produjera
efectos, a tal respecto, refirió jurisprudencia de esta corporación16.

Planteó que la interpretación de la autoridad tributaria conllevaba a que careciera de
efecto, pues si fuera cierto que los impuestos pagados por las entidades descentralizadas
se dedujeran en las mismas condiciones que otros contribuyentes, la norma no tendría
razón de existir, bastaría con el solo artículo 115 del ET, lo que llevaría a una exclusión
de facto del precitado artículo 116 ejusdem. Seguidamente, sustentó el cumplimiento de
los requisitos del artículo 107 del ET por parte de la actora, dada la necesidad de canalizar
los recursos a través del sistema financiero dentro del desarrollo de la actividad
productora de renta. Luego, citó providencia de esta Sección17 relativa a que los gastos
incurridos por mandato legal son deducibles.

-Violación al artículo 647 del ET que consagra los supuestos de aplicación de la sanción
por inexactitud. Sostuvo que los supuestos sobre los que recae la sanción de inexactitud
no se configuraban en este caso, toda vez que no incurrió en las conductas allí tipificadas.
Al efecto, citó pronunciamiento de esta Sección18 sobre la causal de exculpación de la
sanción por diferencia de criterios, seguido de lo cual, aseveró que el juez debía
comprobar si el sujeto obró o no con la creencia de que su actuar estaba amparado
legalmente, y a partir de ello, señaló que la multa impuesta fue violatoria de la normativa
indicada y careció de fundamentos legales, por lo que debía revocarse.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la demandante19. Luego de remitirse a lo
regulado en los artículos 158-3 del ET y 1, 2 y 3 del Decreto Reglamentario 1766 del
2004, los cuales transcribió, señaló que, rechazó la deducción especial por inversión en
activos fijos reales productivos por $38.839.514.459, originada en una inversión de
$87.561.253.000, por los siguientes conceptos: (i) construcción, ampliación, reposición y
adecuación de redes de telecomunicaciones primarias y secundarias y, nuevas redes; (ii)
adquisición de materiales y equipos para construcción; reposición, ampliación,
mantenimiento y adecuación de redes, contabilizadas de manera integral como inversión,
sin individualizar los conceptos de los contratos, resultando del análisis que no se trataba
de una inversión, sino de una reposición de equipos (redes de telecomunicaciones), las
cuales ya hacían parte de la estructura; y (iii) contratos de construcción, de adecuación,
mantenimiento, reposición, interventoría y adquisición de materiales, equipos software y
licencias para la construcción de una plataforma de acceso a banda ancha. Señaló que
el software y las licencias, que no daban derecho a la deducción, fueron registrados sin
separarlas.

Manifestó que a la actora, le fueron solicitados de forma aleatoria, los documentos
soporte, como facturas, contratos, actas de entrega, auxiliares e informes, entre otros, y
que esta entregó información en 3 CD con fotocopias y documentos escaneados de
facturas, contratos, actas de inicio, actas de entrega, términos de referencia, libros
auxiliares por cada elemento, contabilizaciones, acuerdos e informes por cada elemento,
distinguido con un código nemotécnico que identifica el proyecto de inversión y que se
denomina «elemento PEP» y por cada activo fijo relacionado. Así, señaló que la
manifestación de la DIAN en el sentido de que no se efectuó separación de los registros

16
Sección Tercera, sentencia del 08 de marzo de 2002 (rad. 76001-23-31-000-2001-3904-01, CP: Jesús María Carrillo Ballesteros).
17
Sentencia del 13 de octubre de 2005, exp. 13631, CP: Juan Ángel Palacio Hincapié.
18
Auto del 27 de noviembre de 2005, exp. 14725, CP: Ligia López Díaz.
19
Samai CE, índice 2, certificado 96C068597BF38F32 3BE09E3BE5AC8532 2424740CE4E62047 9D80FDF6F6F8F690 (pdf), pp. 1 a 41.

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contables entre ellos, las adecuaciones, el mantenimiento y las reposiciones, provenía
de la propia información de la contribuyente suministrada con ocasión de la inspección
tributaria, de modo que resultaba extraña la solicitud de un dictamen pericial, por lo que
solicitaba su rechazo por inconducente.

Aunado a lo anterior, indicó que la actora aportó información -anexo 2 de la demanda- en
la que discriminaba para un mismo contrato por factura, lo que constituyó inversión y
mantenimiento, esto último registrado como gasto; sin embargo, tal información tenía
características diferentes a la suministrada en la inspección tributaria, la cual no
presentaba separación.

Seguidamente, manifestó que, con fundamento en la normativa reguladora del beneficio,
la inversión en mantenimiento, reposiciones y adecuaciones de activos fijos no estaba
amparada con el beneficio. Asimismo, señaló que el rechazo de la inversión fue detallado
en el informe final de la inspección tributaria (ff. 794 a 1015) y en el requerimiento especial
(ff. 1214 y 1215) por cada elemento PEP, su correspondiente factura y el concepto del
contrato, acorde con la información aportada por la actora.

Alegó que la adquisición e instalación de fibra óptica por el mismo trazado del antiguo
cableado de cobre, no constituía fabricación ni construcción u obra de infraestructura para
el montaje o puesta en marcha de los activos fijos reales productivos, no resultando tal
concepto aplicable al caso, pues las características que debía tener el activo para que
gozara del beneficio de la deducción especial eran: (i) que fuera un bien tangible, razón
por la que no aplicaba para las licencias de software, (ii) que se registrara como un activo
fijo, que no como inventario para la venta o cargo diferido, (iii) que pudiera depreciarse,
(iv) que participara directamente en la actividad productora de renta. A los efectos
anteriores, citó jurisprudencia de esta Sección20 donde se precisa que los activos fijos
con fines administrativos y no operativos que no participan directamente en la actividad
generadora de renta, no eran susceptibles de la deducción especial. Adicionalmente,
señaló que, en la práctica el beneficio solo era aplicable a las adquisiciones por primera
vez (usado o nuevo), y a los activos construidos, quedando en todo caso por fuera, las
simples mejoras o las adiciones a los activos21, seguido de lo cual, refirió las definiciones
de mantenimiento y mejora.

Tras lo anterior, adujo que la fibra óptica que se extendió para mejorar el servicio de las
telecomunicaciones no fue una construcción, sino un cambio del cableado de cobre por
fibra óptica, por lo que se enmarca como una reposición. Aclaró que no se le había exigido
a la actora ningún elemento probatorio sobre aumento de productividad y a la generación
de empleo, pues lo que se precisó fue que el beneficio no aplicaba sobre reposición de
equipos (redes de telecomunicaciones), pues estos ya hacían parte de su estructura
económica, y de los ingresos por tales conceptos, así como los empleos generados, ya
que hacían parte activa ya presupuestada en las metas de la compañía. A renglón
seguido, sostuvo que era evidente que la interventoría no cumplía los requisitos para
constituir un activo fijo real productivo, pues si bien, tenían relación con la construcción
del activo, no eran en sí mismas, un bien mueble o inmueble en los términos de los
artículos 60 del ET y 653 del CC, sino que correspondían a servicios.

En relación con la unidad funcional compuesta de hardware y software, reclamada por el
demandante, señaló que el requisito normativo era que el bien fuera tangible, y que el
único caso en que la Dian aceptaba el software, era cuando estaba preinstalado en el
hardware; al respecto citó doctrina oficial22 que sustentaba el rechazo de las inversiones
20
Sentencia del 23 marzo de 2006 (exp. 15086, CP: Ligia López Díaz).
21
Concepto 35197 del 10 de junio de 2005.
22
Concepto 68395 del 11 de octubre de 2004.

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en software por tratarse de un activo intangible. Expuso que la actora registró los
contratos de hardware y software en forma integral como inversión en activos fijos reales
productivos, sin que el software estuviese preinstalado en el hardware, razón por la cual
no procedía la deducción.

Además, afirmó que de los medios de prueba allegados por la actora se observaba que
efectivamente «la inversión desconocida versa sobre contratos de construcción y reposición y las
facturas demuestran que las licencias de software no vienen preinstaladas en el hardware», y que, se
solicitaba como deducción servicio de instalación, modernización de distribuidores,
reposición de red de abandono, interventoría de contrato de reposición, construcción de
redes de telecomunicaciones, gastos de personal correspondiente a la interventoría de
varios contratos, entre otros, de manera que la demandada no había valorado
equivocadamente las pruebas, ya que el mismo contribuyente aportó la relación de
contratos y facturas en el citado sentido. Además, aclaró que, la deducción rechazada
había sido de $38.839.514.459, sin embargo, la demandante refirió que el valor
desconocido por pagos salariales fue de $42.221.895.391, cifra que superaba el monto
de la deducción rechazada; además, en la liquidación oficial de revisión no se mencionó
rechazo de salarios, tal desconocimiento no fue propuesto. Así recalcó que los actos
señalaron los conceptos rechazados, el motivo y el número de los contratos, de modo
que no se vulneró el derecho de defensa de la contribuyente.

Frente a las deudas de dudoso o difícil cobro y las deudas manifiestamente perdidas
arguyó que la liquidación de revisión había determinado el rechazo de $35.637.673.750,
teniendo en cuenta la antigüedad de las cuentas por cobrar (1996 a 2005), las cuales
fueron provisionadas y se solicitó su deducción, de modo que el castigo de cartera de
tales cuentas por cobrar implicaba un doble beneficio.

Relató que en la información aportada por la demandante se observaban los auxiliares
contables y copias de las facturas de la cartera castigada, así como el procedimiento para
efectuar la provisión de cartera, informes de incobrabilidad de dos agencias de
cobranzas, y en CD la base de datos de las cuentas de la cartera castigada y el acta del
comité de castigo de cartera, que la autorizó respecto «de 16.451 registros por la suma de
$35.637.673.750». Tras esto, afirmó que de acuerdo con el cuadro de provisión de cartera
y los registros de los libros auxiliares, la actora efectuaba provisión de cartera por el
sistema general conforme con el artículo 75 del ET y anualmente afectaba la renta del
periodo con la deducción de dicha provisión, acorde con el artículo 77 ibidem que
determina que la provisión general o individual se formaran con cargo a ganancias y
pérdidas, debiendo ajustarse anualmente la cuenta respectiva, debitando o acreditando
la diferencia. Seguidamente, señaló que, verificada la conciliación contable-fiscal,
observó un movimiento en el ingreso por recuperación de cartera, contra la provisión, y
un gasto correspondiente al castigo, contra la cartera comercial, todo por valor de
$41.926.675.000

Tras lo anterior, afirmó que la actora dedujo de forma improcedente la suma de
$35.637.673.750 por castigo de cartera en la declaración de renta 2008, comoquiera que
la cartera de los años 1996 a 2005, se encontraba registrada en las cuentas de difícil
cobro y fue objeto de provisión y de deducción en esos años. Por tanto, al solicitar el
castigo de cartera tenía un doble beneficio, primero como provisión y luego al descargar
la cartera. En esa línea, anotó que, el artículo 23 de la Ley 383 de 1987 establecía que
un mismo hecho económico no podía generar más de un beneficio tributario, y aclaró que
en la liquidación oficial no se tuvo dudas sobre el tratamiento dado por la actora a las
deudas incobrables, y en la resolución que resolvió el recurso, la demandada advirtió que
la contribuyente ya había dado de baja vía provisión y castigo hasta el porcentaje máximo

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admitido por la ley, sin exceder la provisión contable; además en el mismo acto se señaló
que el hecho de que la compañía afirmara que utilizó el método de provisión general, no
era suficiente para demostrar que la provisión no fue deducida en años anteriores,
teniendo la carga de probar. Así, no se presentaban vacíos probatorios que, de acuerdo
con el artículo 745 del ET debieran resolverse a favor de la actora.

Respecto de la adición de ingresos por valor de $10.379.609.701, partió de señalar que
correspondían a ingresos contabilizados en el año 2008 que el contribuyente excluyó de
la declaración de renta argumentando que correspondían a periodos anteriores, y luego
de transcribir los artículos 26 y 27 del ET señaló que la actora registró en la cuenta
48310301 ingresos que en virtud del principio de causación no declaró en las vigencias
correspondientes, “es decir en los años que se generaron los ingresos (2001 a 2007); sin embargo
como lo señaló la División de Gestión de Liquidación, los costos imputables a estos ingresos fueron
solicitados afectando la renta de los periodos correspondientes”.

Seguidamente, adujo que en el caso de la edición de los directorios por parte de Publicar
a diciembre de 2007 el registro contable en el año 2008, y la realización de los pagos en
ese año tenía validez jurídica, sobre todo ante la ausencia de pruebas respecto de la
declaración de esos ingresos en años anteriores. Añadió que, si como lo señalaba la
actora, los ingresos se generaron y “contabilizaron” en años anteriores, debió aportar los
elementos probatorios en desarrollo de la investigación y aun en esta etapa, como, las
facturas de cada año, el consolidado de los auxiliares mensuales con la contabilización y
el libro mayor y balances.

En relación con los rendimientos generados por los recursos del proyecto Col96/27,
suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por valor de
$1.645.344.070, señaló que fueron reconocidos en el período 2008. Explicó que este
concepto comprendía $37.290.20 por rendimientos sobre anticipo del fondo de
reposición, lo cual fue conocido por la contribuyente en noviembre de 2008, motivo por el
cual no podían ser incluidos en la declaración de renta del año 2007.

Respecto de los ingresos por concepto de indemnización recibidos de la aseguradora
Colseguros en el año 2005 por $1.746.796.860, relató que la compañía registró
inicialmente la indemnización en una cuenta de bancos contra una cuenta por pagar,
posteriormente, luego de desistir de la demanda que presentó contra la aseguradora,
registró el ingreso contra un débito a la cuenta por pagar en el período 2008, lo que
acreditaba que el ingreso se reconoció en el año investigado por la indemnización
“aparentemente” recaudada en el año 2005, y la aseguradora la reconoció y pagó en ese
año, concordante con el registro efectuado por la actora, de manera que procedía
declarar el ingreso en la renta 2008.

Agregó que, si se hubiera respetado el principio de causación, se hubieran declarado los
ingresos en las vigencias correspondientes y así lo hubiera demostrado en las diferentes
etapas procesales, lo que tampoco demostraba en esta instancia con los registros
contables y demás soportes de cada vigencia, junto con las conciliaciones fiscales de
cada año.

Asimismo, defendió la congruencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial
de revisión, puesto que en ambos actos se discutieron los mismos hechos económicos,
bajo los mismos presupuestos legales que eran la base de la adición de ingresos y
siempre se hizo referencia a las mismas cifras, de modo que no se transgredió el artículo
711 del ET.

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Respecto del rechazo de la deducción del GMF por $814.442.629, declarados por la
contribuyente por concepto de gastos operacionales de administración, manifestó que se
sujetaba a la limitación del 25% del artículo 115 del ET, no procediendo la deducción del
100%. Precisó que según la doctrina oficial23 no era válido interpretar que el artículo 11624
ibidem establecía una regla especial de deducciones para las entidades
descentralizadas, en consonancia con el artículo 30 de la Ley 57 de 1887 relativo a la
interpretación sistemática de las normas que regulan la depuración del impuesto sobre la
renta.

Por último, afirmó que se configuraba el hecho sancionable por inexactitud previsto en el
artículo 647 del ET, porque la actora omitió ingresos no operacionales y solicitó
deducciones improcedentes por castigo de cartera, inversión en activos fijos productivos
y gravamen a los movimientos financieros, y desestimó que se hubieran presentado
divergencias interpretativas sobre el derecho aplicable.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos acusados25. En relación con la deducción
por activos fijos reales productivos, aludió al artículo 158-3 del ET, a la norma
reglamentaria -Decreto 1766 de 2004- y al artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, tras lo
cual señaló que cuando los activos fijos eran construidos por el contribuyente, integraban
su costo todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de
utilización, lo que incluía costos de ingeniería y supervisión. Sobre el particular, refirió
reiterados pronunciamientos de esta Sección26.

Luego, al analizar los contratos de inversión que fueron rechazados por la demandada
por constituir reposición por valor de $15.187.537.168 la encontró procedente, salvo por
una pequeña parte, a la que se aludirá más adelante, por corresponder a inversión en
activos fijos, pues tenían por objeto la ampliación de la red de telecomunicaciones a
nuevas zonas y la integración de nuevos elementos y obras civiles a un activo fijo
preexistente, red de telecomunicaciones inicial (reemplazo con fibra óptica) con el fin de
mejorar el rendimiento y modernizar la operación, pues la deducción especial no se
afectaba por el hecho que se hicieran mejoras a los activos que ya formaban parte del
patrimonio de la empresa, pues lo determinante era el carácter productivo de los activos
adquiridos para la actividad económica, requisito que advirtió acreditado, lo que,
correspondía al criterio reiterado de la Sección27 al admitir la deducción asociada a la
adquisición de activos nuevos o a la reparación o mejora de activos existentes, con la
finalidad de incorporar el activo a la producción de renta o permitir que el activo
preexistente siguiera generando renta o mejorase su eficiencia.

Inclusive, el a quo se apartó de la opinión de la pericia judicial, en relación con el rechazo
de la deducción por $2.898.828.331, derivada del contrato 4600005374, puesto que se
trataba de servicios para «la modernización de distribuidores generales, instalaciones de abonados,
organización de pases en armarios y strips telefónicos, reposición de redes de abonado y retiro de cables
inactivos» en Bogotá y demás municipios anexos, de tal forma que el costo de los activos
fijos incluía los servicios de ingeniería necesarios para ponerlos en condiciones de
funcionamiento. Sobre el particular, refirió providencia de esta Sección,28 donde se

23
Concepto 232640 del 20 de marzo de 2009.
24
Esta disposición fue derogada con las Leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019.
25
Samai Tribunal, índice 105, certificado 940BBE89CFC9AAE9 FE5ED522B623BEBC 019F3AD1552C3EB4 986949CD1E1294D5 (pdf), pp. 1 a 56.
26
Sentencias del 23 de marzo de 2006 y 05 de julio de 2007, exps. 15086 y 15400, CP: Ligia López Díaz; del 26 de abril de 2007, exp. 15153, CP: María
Inés Ortiz Barbosa); del 24 de junio de 2007 y 24 de octubre de 2007, exps. 14898 y 15396, CP: Juan Ángel Palacio Hincapié; del 31 de octubre de 2018
exp. 20809, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez y sentencias del 06 de agosto de 2020 exp. 23935, y del 30 de octubre de 2019 exp. 22921, CP: Milton
Chaves García.
27
Sentencia del 29 de agosto de 2019 (exp. 22562, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
28
Ídem.

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)
Demandante: ETB S.A. ESP

consideró que las inversiones para la ampliación de redes de telecomunicaciones y la
optimización del servicio eran susceptibles de deducción a título de inversión en activos
fijos reales productivos.

Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal mantuvo el rechazo de la deducción por valor de
$29.580.000 comprendido en el contrato 4600005512 suscrito con Emerson Electric de
Colombia Ltda. (valor del contrato $73.950.000), por encontrar que correspondía a gastos
de mantenimiento que no integraban el costo del activo fijo real productivo. En definitiva,
reconoció procedente la deducción por concepto de reposiciones y ampliaciones en el
valor de $15.157.957.168.

Respecto de las interventorías y servicios de pruebas por $431.728.861, advirtió que
siendo la demandante una entidad de derecho público, eran pagos obligatorios para
desarrollar y ejecutar el contrato principal, con fundamento en lo establecido en su manual
de contratación en el ordinal 6.1 del artículo 1 del Decreto 2090 de 1989 y en la
jurisprudencia29 de esta corporación y en consecuencia formaban parte del proceso de
construcción del activo y debía tratarse como mayor valor del costo. En consecuencia,
desestimó el criterio de la demandada y se apartó del concepto de la experticia contable
que compartió el rechazo de la deducción.

Sin embargo, al verificar uno a uno los objetos negociales de las prenotadas
interventorías, encontró que el contrato 4600005911 estuvo referido a servicios de apoyo
a la supervisión para la preservación de la infraestructura de la compañía, de modo que
no hizo parte de la construcción del activo fijo real productivo y, en esa medida, concluyó
que, de la inversión incurrida en cuantía de $60.260.831, no era viable la deducción de
$24.104.332. Igualmente, de la inversión de $125.218.452 del contrato 4600007201
desestimó la deducción especial por valor de $50.087.381, pues luego de describir su
objeto contractual, consideró que no era posible determinar que hubiera hecho parte del
costo fiscal del activo fijo, en los términos del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993. Así,
de las erogaciones por interventorías y servicios de pruebas, reconoció como deducible
$357.537.148, correspondiente al 40% de lo pagado en los contratos 4600006722 y
4600004852 ($893.842.871).

Respecto de la deducción reclamada como unidad funcional (hardware y software),
consideró que se trataba de un bien material con componente incorporal, sin que fuera
necesario que el software estuviera preinstalado en el equipo, pues lo relevante era que
constituyera un sistema integrado para que cumpliera su finalidad. Al efecto, citó
sentencia de esta Sección30 donde se precisó que la adquisición de un sistema integrado
por elementos tangibles e intangibles que conforman un todo no era un intangible, sino
un bien material susceptible de la deducción especial en los términos del artículo 158-3
del ET. En línea con ello, y con base en la experticia efectuada por una ingeniera
electrónica y de sistemas, y la pericia contable, concluyó que era procedente la deducción
de $10.400.051.183 respecto de las unidades funcionales adquiridas a través de los
contratos 4600002447, 4600003342, 4600004471 y 4600004221. En cambio, consideró
que no era deducible la inversión efectuada mediante el contrato 4600004047 por valor
de $12.589.455.148, ya que el dictamen señaló que no correspondía a la adquisición en
2008 de una unidad funcional y en el expediente no había pruebas que lo acreditaran.

Adicionalmente, desestimó la violación de los artículos 742, 743, 745 y 746 del ET, por
considerar que, en sede administrativa, se efectuó la valoración de los medios
probatorios, aunque las conclusiones de la demandada fueran diferentes a las alegadas

29
Sección Tercera, sentencia del 01 de junio de 2020 (rad, 05001-23-31-000-2000-03439-01, CP: Jaime Enrique Rodríguez Navas).
30
Sentencia del 29 de noviembre de 2012 (exp. 18662, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)
Demandante: ETB S.A. ESP

por la actora. También descartó que los actos incurrieran en expedición irregular por falta
de motivación, comoquiera que se suministraron suficientes detalles de los aspectos
glosados. Adicionalmente, no advirtió que se hubieran desconocido el beneficio especial
por pagos salariales, conforme lo señaló la demandada, lo que tampoco fue probado por
la demandante.

Acorde con todo lo anterior, encontró procedente la deducción de activos fijos reales
productivos por valor total de $25.915.545.499 [conformada por $15.157.957.168 por
reposición y ampliación; $357.537.148 por interventorías y $10.400.051.183 por
Software].

Respecto de la deducción por castigo de cartera por deudas manifiestamente perdidas o
sin valor por valor de $35.637.673.750 -cartera de 1996 a 2005-, luego de aludir los
artículos 145 y 146 del ET, así como a la norma reglamentaria, Decreto 187 de 1975 y al
acervo probatorio, concluyó que la deducción solicitada era procedente, puesto que no
incluía valores que se hubieran tomado como deducción por deudas de dudoso o difícil
cobro anteriormente, conforme se establecía de la provisión con corte a 31 de diciembre
de 2008, y tal como fue confirmado por la experticia contable. Destacó que del valor del
castigo ($41.926.676.000) se descontaron los montos que habían sido deducidos vía
provisión ($6.289.001.250) en años anteriores, y advirtió que la DIAN no objetó, ni
desvirtuó la información contenida en la contabilidad de la actora y en el dictamen pericial
contable, ni aportó pruebas de las que pudiera establecerse qué acreencias fueron objeto
de doble deducción, de manera que no estaba probado el doble beneficio, que fue el
fundamento de la Administración para rechazar la deducción.

En relación con la adición de ingresos por $8.666.606.000, partió de señalar que, acorde
con los artículos 26 a 28 del ET, el momento de la realización de los ingresos fiscales
correspondía al nacimiento del derecho a exigir su pago, aunque no se hubiese hecho
efectivo el cobro, lo cual era compatible con las normas contables del Decreto 2649 de
1993 (arts. 12, 47, 48, 96 y 97), y luego de referirse a los conceptos de los cuales
derivaron los ingresos, concluyó que la demandante no demostró que tales ingresos
hubieran sido incluidos y declarados en ejercicios anteriores a 2008, considerado su
sistema de causación. En esa línea, advirtió que, no reposaban los registros contables y
soportes de períodos anteriores, que indicaran la forma en que se reportaron esos
ingresos en los períodos en los que se aducía su realización, conforme con los artículos
12 y 48 del Decreto 2649 de 1993, como tampoco el pago del correspondiente tributo
sobre la renta según los artículos 27 y 28 del ET. Advirtió que la omisión del registro
contable de los ingresos en determinado período no habilitaba para hacerlo en los
siguientes, sin afectar tales ingresos con el impuesto de renta, salvo que se acreditara
que las sumas fueron contabilizadas en otros ejercicios y estuvieron sujetas al impuesto,
en apoyo de esto, citó una sentencia de esta corporación31.

Frente a la vulneración del principio de correspondencia, indicó que el artículo 711 del ET
establece que la liquidación oficial de revisión debe restringirse únicamente a la
declaración del contribuyente y a los hechos referidos en el requerimiento especial o en
su ampliación, lo cual fue respetado en este caso por la Administración.

En lo concerniente a la deducción de la totalidad del GMF, precisó que, de conformidad
con el artículo 11632 del ET, vigente para el período gravable en discusión, la deducción
aplicable a las entidades descentralizadas por impuestos, regalías y contribuciones,
debía cumplir los requisitos de deducibilidad previstos en las normas vigentes, dentro de

31
Sentencia del 05 de marzo de 2020 (exp. 21687, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
32
Esta disposición fue derogada con las Leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019.

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)
Demandante: ETB S.A. ESP

los cuales estaba la disposición que la limitaba al 25% (art. 115 ibidem), lo que no
desconocía el principio del efecto útil de las normas. Así, concluyó que era improcedente
la deducción de $814.442.629, equivalente al 75% del citado gravamen.

Por último, mantuvo la sanción de inexactitud, por considerar que la actora incurrió en el
hecho infractor al omitir ingresos e incluir deducciones improcedentes, sin embargo, en
aplicación del principio de favorabilidad, disminuyó la multa al 100% del mayor valor a
pagar.

Recursos de apelación

Ambas partes recurrieron la decisión del tribunal.

La demandada apeló33 el reconocimiento de la deducción especial por inversión en
activos fijos productivos por $25.915.545.499 y la deducción del castigo de cartera por
deudas manifiestamente perdidas o sin valor por valor de $35.637.673.750.

Preliminarmente y de manera general planteó que: (i) las adecuaciones y mejoras no
podían tenerse en cuenta para acceder a la deducción especial; (ii) la interventoría no
podía ser considerada como un activo fijo real productivo, pues los activos fijos se
definían fiscalmente como aquellos “bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que
no se enajenaban dentro del giro ordinario del negocio del contribuyente” (artículo 60 del E.T.); (iii)
las licencias adquiridas de manera independiente, si bien sirven para que el hardware
funcione, no pueden ser consideradas como unidades funcionales, porque no hacen
parte de este, desde su configuración de fábrica. En esa línea, y tras aludir a la definición
de activo fijo real productivo, adujo que las pruebas allegadas al proceso evidenciaban
que los bienes intangibles y servicios, cuya deducción no fue aceptada, no cumplían los
requisitos exigidos en la norma para ser considerados como activos fijos reales
productivos a la luz de la definición de la norma reglamentaria, y a tales fines recordó que
las normas que consagran beneficios eran de carácter restrictivo.

En relación con las reposiciones y ampliaciones por $15.157.955.168 cuestionó que la
compra e instalación de fibra óptica por el mismo trazado de las antiguas redes de cobre
no eran fabricación, construcción, ni obra de infraestructura para el montaje o puesta en
funcionamiento de activos fijos reales productivos, por lo que tal consideración no
aplicaba en este caso. A tales efectos, destacó que las características que debían cumplir
los bienes para que fuesen susceptibles de la deducción, eran: (i) ser bien tangible; (ii)
estar registrado contablemente como activo fijo, por tanto, no podía figurar como
inventario para la venta o cargo diferido; (iii) estar sometido a depreciación; y (iv)
participar en la actividad productora de renta. Seguidamente, subrayó que el beneficio
aplicaba únicamente sobre los bienes que el contribuyente adquiría por primera vez
(nuevo o usado) o que construya, lo que excluía las mejoras o adiciones de los activos
fijos preexistentes34 como en este caso.

Advirtió que el concepto de mantenimiento se refería a erogaciones para reparaciones
de bienes de la empresa para mantener o restaurar los beneficios económicos que se
esperan del rendimiento original, lo que debe ser tratado como gastos del ejercicio.
Agregó que la doctrina de la demandada ha señalado que para acceder al beneficio, es
condición especial, la adquisición, es decir la incorporación de nuevos activos al
patrimonio de la compañía, y no simplemente la reparación o mejora de los activos, de
manera que las expensas por tales conceptos efectuadas para optimizar la producción o

33
Samai Tribunal, índice 108, certificado 0591FA027F23D840 A448F5CC575251BA 3458BC52125C0A03 164E93654241C511 (zip), (pdf), pp. 1 a 18.
34
Concepto DIAN 35197, del 10 de junio de 2005.

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aumentar la vida útil de los activos fijos reales productivos, no tenían el carácter de
inversión a efectos de la deducción especial del artículo 158-3 del ET. Así, la fibra óptica
que se extendió para mejorar y optimizar el servicio de telecomunicaciones prestado por
la actora, no correspondió a una construcción, pues lo que se hizo fue cambiar el
cableado de cobre por fibra óptica, lo que constituye una mejora o reposición, para lo cual
no opera el beneficio.

Respecto de la exigencia referida a que los activos participen en la actividad productora
de renta, adujo que la reposición de equipos se refería a las redes de telecomunicaciones,
las cuales ya hacían parte de la estructura económica, y además, los ingresos percibidos
por ese concepto, y los empleos generados, ya eran parte de la actividad presupuestada
y proyectada por la compañía. Además, no había prueba de que la mejora o reposición
hubiera aumentado la productividad de la actora, y menos aún de que hubieran generado
nuevas fuentes de empleo, finalidades esenciales para acceder al beneficio.

Respecto de la inversión en interventorías y servicios de prueba, arguyó que era evidente
que no cumplían los requisitos para constituir un activo fijo real productivo, lo que se podía
observar era si bien tenían relación con la construcción del activo fijo real productivo, en
sí mismos, no podían ser considerados como un bien mueble o inmueble, en los términos
de los artículos 60 del ET (bienes que no se enajenan dentro del giro ordinario de los
negocios) y 653 del CC (cosas corporales e incorporales), sino que se trataba de un
servicio, ni siquiera se trataba de un derecho, menos aún podían constituir un activo fijo.

Frente a que las inversiones en software constituían unidades funcionales, señaló que
los contratos vinculados con esta inversión, tenían como objeto exclusivo el suministro
de licencias, sin incluir la adquisición de hardware, constituyendo bienes intangibles.
Añadió que los contratos rechazados versaron sobre servicios de construcción,
mantenimiento, compra de alambre, cableado, construcción de obras civiles, compra de
materiales, servicio de estudios de factibilidad y embalaje, los cuales no correspondían a
inversiones en activos fijos. En línea con ello, se opuso a la conclusión de la experta en
sistemas, acerca de que constituían inversión, pues sus apreciaciones no eran conceptos
técnicos, de los que pudiera deducirse que constituían unidades funcionales, y no bienes
intangibles.

En consecuencia, la deducción era improcedente, pues las licencias fueron adquiridas de
manera independiente, y si bien servían para que funcionaran los hardware, no podían
ser consideradas como unidades funcionales, pues no hacían parte del mismo. Añadió
que, para llegar a tal conclusión, la perito debió tener el listado de licencias vinculándolas
al número del hardware que le correspondiera exactamente a tales unidades, además de
acreditarse que fueron instaladas desde el momento de la fabricación. Sin embargo, con
algunos contratos se adquirieron equipos y con otros las licencias de manera
independiente, por lo que no podían tenerse como unidades funcionales, y menos aún
como deducción de activos fijos.

Igualmente, destacó que en la actuación administrativa, la actora informó que efectuó un
registro integral en la cuenta denominada PEP (planta y redes), como inversión en activos
fijos reales productivos, sin excluir los software y licencias que no daban lugar a la
deducción.

En ese sentido, adujo que cuando se adquiría la propiedad del software, este debía
contabilizarse como un activo diferido, el cual era susceptible de amortizarse durante la
vida útil, es decir, tenían su propio tratamiento contable y fiscal. Ahora, si lo que se
adquiere es la licencia de utilización, la contabilización debía hacerse como un intangible,

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de modo que en ninguno de los posibles eventos, sería posible su deducción como activo
fijo rea productivo, pues la esencia de la discusión era que el software no era una unidad
funcional, pues no se encontraba configurado desde fábrica en un hardware, sino que se
adquirió con posterioridad para ser adaptado a los equipos, por lo que correspondía a un
bien intangible. A tal fin, citó providencia de esta Sección,35 donde se señala que la
deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos estaba limitada a los
bienes reales, esto es, a los corporales definidos en el artículo 653 del Código Civil.

Expresó que si bien la normativa de activos fijos reales productivos, reconocía los bienes
y servicios incurridos en la construcción del activo, no reconocía como tal, los servicios
contratados para el desarrollo habitual del objeto social del contribuyente, como se
verificó en este caso, pues los medios probatorios allegados por la demandante y
observados en el dictamen pericial acreditaban el pago de los servicios mensualmente,
de manera habitual. Luego, puntualizó que la discusión no versaba sobre si la expensa
era necesaria en la actividad y su relación de necesidad para los fines del negocio (art.
107 del ET), sino sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en los artículos
158-3 ibidem y el Decreto Reglamentario 1766 de 2004 para la deducción especial, en
línea con lo cual, refirió un pronunciamiento de la Sección36 que precisó que el elemento
determinante del beneficio es que el activo real se involucre directamente en el proceso
productivo para generar ingresos.

En relación con el castigo de cartera por valor de $35.637.673.750, cuestionó que, la
contabilidad de la actora, «[p]or un lado, muestra un castigo que incluye provisión aprobada por la
suma de $41.999.073.728, por el otro el contador que realizó los estados financieros manifiesta que ese
valor de $41.926.675.000 que recuperó es el castigo y le resta otra recuperación dando como resultado los
$35.637.673.750». seguido de lo cual, ejemplificó los registros contables que señaló como
«lógicos», y manifestó que la actora debió diferenciar qué porcentaje de las «cuentas
fiscales» había llevado a la provisión con anterioridad, pues no explicó porque no
estuvieron subsumidas algunas cuentas de la cartera fiscal en las cuentas de la cartera contable que
es la que finalmente castiga y lleva como deducible a deudas manifiestamente perdidas en su declaración».

En la misma línea, adujo que no eran «lógicas» las conclusiones del a quo, fundadas en
la pericia, pues aunque esta no fue objetada, era contradictoria con las pruebas
evaluadas en la providencia. Así, el acta de aprobación de castigo de cartera, a que aludió
el tribunal, señaló un monto de $41.999.073.728, mientras que el valor que certificó la
pericia como monto castigado ascendió a $41.926.675.000. Igualmente, cuestionó el
señalamiento de la pericia en el sentido de que, tal valor correspondía a recuperaciones
«que en el registro fueron restadas de las cuentas por cobrar, pero también fueron incluidas como una
provisión contra un ingreso, como se evidencia en el extracto contable tomado por la Sala», y agregó
que entonces « se tiene que la cuenta fue llevada al gasto en contrapartida a la cuenta por cobrar y por
otra parte la provisión también aumenta y es llevada al gasto, configurándose un doble registro contable
que genera el efecto un doble beneficio» y que «por demás este valor es registrado como un ingreso
contra toda lógica contable ya que el perito manifiesta que fue un gasto», seguido de lo cual reprodujo
el movimiento de cartera del año 2008 que da cuenta de la recuperación, el castigo y la
provisión.

Afirmó además que los saldos iniciales y finales tomados en cuenta por el tribunal «para
la cartera contable» no coincidían en los años 2004 y 2005 en los cuales se soportaban las
deudas manifiestamente incobrables «[s]in embargo, el aumento del saldo inicial del año 2005, que
se incrementa injustificadamente por el contribuyente no fue analizado por el tribunal». Añadió que,
aunque la provisión se disminuía en forma equivalente a las cuentas por cobrar, el
contribuyente aseguró que no tenía que demostrar la deducción de la deuda

35
Sentencia del 23 de marzo de 2006 (exp. 20485, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia).
36
Sentencia del 24 de junio de 2007 (exp. 14898, CP: Juan Ángel Palacio Hincapié).

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)
Demandante: ETB S.A. ESP

manifiestamente pérdida, debido a haber utilizado el método de provisión general en la
«cartera fiscal»; empero, no determinó qué parte de esta última estaba subsumida en la
primera, cuánto fue el gasto registrado en años anteriores como provisión fiscal de esas
deudas, «dando así pie para concluir, que si bien la cartera fiscal había sido previamente disminuida, la
cartera contable seguía siendo existente a pesar de estos valores deducidos en años anteriores ».

Expuso que la liquidación oficial de revisión rechazó la deducción, dado que la antigüedad
de las cuentas por cobrar databa de los períodos 1996 a 2005 y la actora no demostró
que estas no hubieran sido provisionadas en la cartera fiscal de años anteriores, a pesar
de los requerimientos de la administración, que por ello, había invertido la carga
probatoria hecho que no fue tenido en cuenta por el tribunal. Además, manifestó que era
contradictorio el argumento de la actora y el dictamen, en lo atinente al monto que se
descontó del castigo de cartera por $6.289.001.250, pues la primera adujo que
correspondía a los montos provisionados y objeto de deducción en años anteriores,
mientras que el dictamen lo asoció con valores recuperados de la provisión. Anotó que:
«[l]as conclusiones del contador y del perito indican que esos $41.926.675.000 a los que se les disminuyó
un valor de recuperación de cartera en el 2008 por $6.289.001.250 fueron llevados al gasto, aumentos en
débito de la provisión y llevados a ingresos como deudas recuperadas, lo cual se evidencia como impreciso
y sustenta la posición de la DIAN en la medida que el registro contable aportado y tomado en cuenta por
el Tribunal registra dos veces el valor, primero en una cuenta de gasto y segundo en una cuenta de
provisión».

También manifestó que la experticia señaló que los valores provisionados y castigados
llevados como deducción correspondían a dos beneficios independientes, sin embargo,
no analizó la cartera que tenía más de un año de vencida a 2008 «y que no correspondía al
valor provisionado», pues únicamente estudió las cuentas, sin tener en cuenta los requisitos
«para acceder a dicho beneficio» [art. 79 del Decreto 187 de 1975]. Aunado a ello, el dictamen
emitió conceptos de derecho que no debieron ser tenidos en cuenta en el fallo.

La demandante apeló la decisión37, pues estimó que el a quo había errado en el
entendimiento de la prueba relativa al contrato 4600004047 -, correspondiente a servicios
técnicos respecto del hardware y el software-, esto es, la conclusión del dictamen pericial
rendido por la ingeniera electrónica y de sistemas atinente a que «no se adquirió ninguna
unidad funcional y que no hay pruebas en el expediente que lo acrediten», afirmación que aclaraba
que el proveedor Ericsson de Colombia S.A. no facturó software en 2008, sino
únicamente servicios vinculados al montaje de activos fijos, lo que era o relevante, porque
lo que rechazó en su momento la DIAN fue la posibilidad de tomar los pagos de software
como base de la deducción especial, ya que esta solo aplicaba sobre bienes tangibles;
pero resulta que dichos servicios estaban vinculados al montaje de redes de
telecomunicaciones y, por tanto, hacían parte del costo de los activos fijos formados.

Explicó que el objeto del contrato -que transcribió-, no se limitaba al suministro de
hardware y software, sino que del mismo se extractaba que era para el sistema de gestión
de red y servicios técnicos asociados, de instalación, adecuaciones, configuración,
puesta en servicio, pruebas, entrenamiento certificado y asistencia técnica para la
implementación de una plataforma de acceso de banda ancha y contenido a nivel
nacional.

Aseguró que las importantes inversiones realizadas en los años 2006, 2007 y 2008
estuvieron dirigidas al despliegue de redes de telecomunicaciones (fibra óptica) para la
prestación de servicios de internet de banda ancha, lo cual estaba representado
principalmente por la plataforma de acceso con tecnología xDSL contratada con Ericsson

37
Samai Tribunal, índice 107, certificado 9BD6C12D1CC9B68E 23B204337E1C13D4 767EAA51EA4AF448 855B823CBEB81B16 (pdf), pp. 1 a 15.

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de Colombia y cuya infraestructura era esencial para la operación. De hecho, indicó que
el a quo no tuvo en cuenta la adición al dictamen pericial contable, y dejó de lado el otro
dictamen pericial en el que se concluyó que el contrato 4600004047 cumplía los requisitos
para considerarse una inversión en activos fijos reales productivos y tenía relación directa
con la actividad económica de la contribuyente. Así, concluyó que, la deducción por valor
de $12.589.455.148 era procedente.

Frente a la improcedencia de la deducción de la inversión de $ 29.580.000 efectuada
mediante el contrato 4600005512, reprochó que se considerara como gasto de
mantenimiento, pues adujo que correspondía a la adquisición de activos fijos; a tal fin,
explicó que se trató de la adquisición de cable blindado, cuyo propósito era permitir que
el activo siguiera generando renta o mejorara su eficiencia lo que, se enmarcaba como
una inversión en activos fijos reales productivos, ya que se trataba de un bien destinado
a integrar parte de la infraestructura de las redes de telecomunicaciones.

Igualmente, defendió la procedencia de la deducción especial respecto de las
erogaciones por interventorías por valor de $24.104.332 y por servicios de pruebas por
valor de $50.087.381, por cuanto, el primero, tuvo como fin verificar, exigir y garantizar
los requerimientos del cumplimiento del contrato principal por parte del contratista, de tal
suerte que al finalizar se obtuvieran los resultados esperados, de manera que el apoyo a
la interventoría tenía relación directa con la construcción del activo, porque servía para
poner el bien en condiciones de utilización. Frente a los servicios de prueba, adujo que
el tribunal erró al señalar que no hicieron parte del costo fiscal del activo y que debieron
tratarse gasto, puesto que estos cumplieron la función de verificar que el activo estuviera
en condiciones de utilización, conforme al artículo 64 del Decreto 2649 de 1993.

En relación con la conclusión del tribunal acerca de que era procedente la adición de
ingresos por $8.666.606.000 por no haberse registrado en las declaraciones de renta de
años anteriores, pagando el respectivo impuesto, adujo que era equivocada, pues los
artículos 5, 26, 28 y 89 del ET establecían que los obligados a llevar contabilidad, debían
gravar los ingresos causados en el respectivo período gravable. Por ello, se opuso a que
se le exigiera probar que los ingresos fueron declarados en periodos anteriores, en la
medida en que solo debía acreditar que no se causaron en el 2008, tal como lo hizo.
Anotó que un entendimiento en contrario, avalaría el facultar, sin límite, a la
Administración para liquidar el impuesto con base en ingresos obtenidos en años
anteriores, lo que solo era posible, a través de la renta por comparación patrimonial o
mediante la renta gravable por omisión de activos, lo que no procedía en el caso concreto,
en tanto no se estuvo bajo alguno de esos supuestos normativos.

De otra parte, insistió en la deducibilidad del 100% del GMF, con fundamento en el
artículo 116 del ET, aduciendo que tal disposición permitía a las entidades
descentralizadas deducir la totalidad de los impuestos pagados siempre que cumplieran
los requisitos del artículo 107 ejusdem, en aplicación del principio del efecto útil de las
normas.

Finalmente, reiteró que era improcedente la sanción por inexactitud, en tanto no omitió
ingresos ni imputó deducciones improcedentes, y además se configuró una diferencia de
criterios o de interpretación en el derecho aplicable.

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Pronunciamientos finales

La demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal. Por su
parte, la demandante38 reiteró lo expuesto en las etapas procesales previas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por las partes contra la sentencia de primera instancia, que anuló
parcialmente los actos demandados.

1- Previo a decidir sobre la litis planteada, se destaca que el magistrado Luis Antonio
Rodríguez Montaño manifestó su impedimento para participar en la decisión por haber
conocido con anterioridad del proceso cuando se desempeñaba como magistrado del
tribunal de primera instancia (índice 23 samai). Dado que la Sala constata como probado
el impedimento, lo declara fundado con base en el artículo 141.2 del CGP (Código
General del Proceso, Ley 1564 de 2012), por lo que quedará separado del conocimiento
del presente asunto.

Problema jurídico

2- Respecto de los cargos planteados por la apelante demandada, corresponde a la
Sala definir: (i) si era improcedente aceptar la deducción por activos fijos reales
productivos en el monto de $25.915.545.499, correspondientes a los contratos de
reposiciones y ampliaciones por valor de $15.157.955.168 para la compra e instalación
de fibra óptica, interventorías y servicios de prueba de $357.537.148 y licencias
adquiridas independientemente del hardware en cuantía de $10.400.051.183; y (ii) si
debía mantenerse el rechazo de la deducción de deudas manifiestamente perdidas o sin
valor por valor de $35.637.673.750 en tanto implicó un doble beneficio.

Frente a los cargos de apelación planteados por la demandante, se establecerá si era
improcedente: (iii) desconocer la deducción especial por inversión en activos fijos reales
productivos, respecto de los contratos para adquisición de cable blindado ($29.580.000),
servicios de apoyo a la interventoría ($24.104.332) y de prueba ($50.087.381); (iv) la
adición de ingresos no operacionales contabilizados en el período fiscalizado, como
ingresos de ejercicios anteriores por $8.666.606.000; (v) el rechazo de la deducción del
75% del GMF por valor de $814.443.000, con fundamento en el artículo 116 del ET que
regula la deducción de impuestos para las entidades descentralizadas; y (vi) la sanción
por inexactitud.

3- Previo a abordar los problemas jurídicos planteados, partirá la Sala de advertir que el
cargo de apelación de la demandante referido a la procedencia de tomar como deducción
especial las erogaciones por valor de $12.589.455.148 incurridas con ocasión del contrato
4600004047, no controvierte el fundamento del tribunal por el cual avaló el rechazo de
tal partida, esto es, que lo facturado por la proveedora bajo el referido contrato
4600004047 no correspondía a una unidad funcional, conforme lo certificó el dictamen
pericial. No obstante ello, en la apelación, la demandante abandonó la tesis de tratarse
de la adquisición de un software que conformara con el hardware una unidad funcional,
como lo había sustentado tanto en sede administrativa como judicial, y , en cambio, adujo
que se trataba de servicios de instalación, adecuación, configuración y puesta en

38
Samai CE, índice 11, certificado 201171DA7E791BE0 3E9B45C1B05B6748 518AC7D7CCE54A69 198F295E9A913736 (pdf), pp. 1 a 16.

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utilización, que hicieron parte del costo de implantación de una infraestructura para la
operación de banda ancha por lo que «… cabe perfectamente el beneficio».

Como se observa, la demandante varió el fundamento fáctico con el que sustentó dicha
deducción, pues según lo había descrito la actora, el valor deducido por unidades
funcionales era de $15.435.829.241 [40% del valor de cinco contratos], cuyas inversiones
consistieron en compras de software de la industria de telecomunicaciones para el debido
funcionamiento de las máquinas -hardware, bienes tangibles-, las cuales solo podían
funcionar en la medida en que se incorporaran los señalados intangibles, por lo que
conformaba una unidad funcional que reunía las condiciones para considerarse activo fijo
real productivo.

Como se observa, no solo no se controvierte el fundamento del juez de primera instancia,
sino que además la apelante pretende propiciar la reconducción del análisis del rubro
deducido para que, en segunda instancia, se compruebe si tal servicio hizo parte del
costo del activo fijo, pese a que en su planteamiento primigenio defendió la deducibilidad
de dicho rubro con base en que el valor invertido mediante el contrato 4600004047
correspondía a la adquisición de unidades funcionales, lo cual resulta a todas luces
improcedente39, pues las partes no pueden variar o adicionar los argumentos de la
demanda en la etapa de impugnación del fallo, en garantía del debido proceso y del
derecho de defensa. Por esto, no se abordará el nuevo análisis pretendido por la
demandante.

3.1- De otra parte, debe advertirse que no se estudiarán los cargos de apelación de la
demandada respecto de que la experticia no analizó la cartera que tenía más de un año
de vencida de 2008 «y que no correspondía al valor provisionado», puesto que solo estudió las
cuentas sin tener en cuenta los requisitos «para acceder a dicho beneficio» del artículo 79 del
decreto 187 de 1975. Lo anterior, por cuanto tal planteamiento, aunque aparentemente
estaría propiciado por los hallazgos de la pericia, en realidad intentaría fundamentar que
el motivo del rechazo de la deducción por el castigo de cartera sería el incumplimiento
del artículo 79 ídem, pese a que esto no fue el fundamento de la glosa en los actos
demandados; al respecto ha reiterado la Sección40 que al juez de segunda instancia le
está vedado estudiar y decidir cargos novedosos expuestos en la apelación, cuando no
hicieron parte de la litis dirimida en primer grado (art. 328 del CGP), so pena de
quebrantarse el debido proceso de la actora, en sus vertientes de defensa y
contradicción.

Análisis del caso concreto

4- En el primer planteamiento de la apelación de la demandada, se cuestionó que el
tribunal admitiera la deducción por activos fijos reales productivos por $25.915.545.499,
aduciendo las siguientes razones:

(i) La suma de $15.157.955.168 correspondía a la compra e instalación de fibra óptica
por el mismo trazado de las antiguas redes de cobre, lo que no reunía las condiciones
para ser tratado como inversión en activos fijos reales productivos, puesto que no era
fabricación, construcción, obra de infraestructura para el montaje o puesta en
funcionamiento, sino que se trataba de una simple mejora o adición de activos fijos
preexistentes y no de activos adquiridos o construidos por primera vez. Señaló que no se
39
Sentencias del 01 de agosto de 2019 (exp. 24074, CP: Jorge Octavio Ramírez); del 29 de abril de 2020 (exp. 22085, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez);
del 16 de noviembre de 2023, del 07 de marzo y 20 de junio de 2024 (exps. 27886, 27822 y 28106, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello); y del 08 de
febrero y del 13 de junio de 2024 (exps. 27843 y 27826, CP: Wilson Ramos Girón).
40
Sentencias del 01 de agosto de 2019 (exp. 24074, CP: Jorge Octavio Ramírez); del 29 de abril de 2020 (exp. 22085, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez); del 16 de noviembre de 2023, del 07 de marzo y 20 de junio de 2024 (exps. 27886, 27822 y 28106, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello); y del 08 de febrero y del 13 de junio de 2024 (exps. 27843 y 27826, CP: Wilson Ramos Girón).

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acreditó que lo anterior aumentara la productividad de la contribuyente ni que hubiera
generado nuevos empleos; (ii) $357.537.148 correspondían a interventorías y servicios
de prueba, que no podían ser tratados como activos fijos, pues incumplían la definición
del artículo 60 del ET (bienes corporales muebles, inmuebles o incorporales que no se
enajenan en el giro ordinario del negocio) y no se asemejaban a los bienes corporales e
incorporales (art. 653 CC), ya que se trataba de servicios; y (iii) $10.400.051.183
correspondían a licencias, adquiridas independientemente del hardware, las cuales eran
intangibles sin derecho al beneficio. Asimismo, indicó que la actora no desagregó la
adquisición de software y hardware y que no se configuraba una unidad funcional, puesto
que no se demostró que se hubieran instalado las licencias desde la fabricación de los
activos.

Sobre el beneficio especial la actora planteó que la Administración exigió el cumplimiento
de requisitos adicionales a los establecidos en la ley y manifestó que: (i) la instalación de
una nueva red de fibra óptica era válida como inversión en activos fijos reales productivos,
sin importar que se hubieran utilizado los ductos preexistentes de cable de cobre; (ii) las
interventorías y servicios tenían una relación directa con la construcción de un activo y
formaban parte de las erogaciones y cargos necesarios para poner el bien en condiciones
de utilización, lo que implicaba que fueran parte de su costo y, en consecuencia, tuvieran
la connotación de una inversión en activos fijos reales productivos; y (iii) el software y la
maquinaria -hardware-, adquiridos por separado, constituyen una unidad funcional que
debe ser considerada en su conjunto, como una inversión en activos fijos reales
productivos.

Por su parte, el tribunal aceptó la deducibilidad de la suma de $15.157.955.168
correspondiente a la adquisición e instalación de bienes y servicios para la fibra óptica,
por las redes donde anteriormente estaban los cables de cobre (reposiciones y
ampliaciones), por considerar que calificaban como activo fijo real productivo, ya que
tenían por objeto la ampliación de la red de telecomunicaciones a nuevas zonas y la
integración de nuevos elementos y obras civiles a un activo fijo preexistente, con el fin de
mejorar el rendimiento y modernizar la operación. Así también, concluyó que los pagos
por interventorías y servicios de pruebas por $357.537.148 hicieron parte del costo fiscal
del activo fijo real productivo construido por la actora, puesto que, por la naturaleza de la
entidad, era necesario incurrir en esas erogaciones cuando se construían activos fijos,
de modo que estos integraban su costo fiscal. Igualmente, la adquisición de software por
$10.400.051.183 para incorporarse al bien corporal constituía una unidad funcional, es
decir, un solo bien material compuesto. En suma, encontró procedente la deducción de
activos fijos reales productivos por valor de $25.915.545.499.

4.1- Para dilucidar el debate planteado, es de tener en cuenta que el artículo 158-3 del
ET (vigente para la época de los hechos) estableció una deducción especial equivalente
al 40% del valor «de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos ». Al
reglamentar dicha disposición, el artículo 2 del Decreto 1766 de 2004 precisó que solo
serían objeto del beneficio los «bienes tangibles» que se obtuvieran «para formar parte del
patrimonio» y que participaran «de manera directa y permanente en la actividad productora de renta
del contribuyente». A su turno, el artículo 3 previó que, tratándose de activos fijos reales
productivos construidos o fabricados por el contribuyente, el beneficio se cuantificaría
considerando las adquisiciones de «bienes y servicios» que constituyeran costo de tales
activos.

En ese orden, la incorporación de servicios o bienes a los activos corporales muebles o
inmuebles construidos para ser utilizados directa y permanente en la actividad productiva
del contribuyente fue autorizada por la ley, a efectos de la deducción especial del artículo

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158-3 ídem, de manera que lo determinante será establecer si los correspondientes
bienes y servicios integran el costo del activo tangible, pues el beneficio «no incorpora la
posibilidad de hacer inversiones en bienes intangibles separados o aislados del activo fijo tangible »41. Por
ello, tratándose de la adquisición de bienes compuestos en los que se «integra[n] (…)
elementos tangibles e intangibles que conforman un todo»42, es procedente la aplicación de la
deducción especial sin importar que sean adquiridos con posterioridad o de forma
separada al activo corporal, pues lo determinante es que se incorporen a estos bienes
para hacer posible su utilización. Del mismo modo, esta judicatura43 ha reconocido la
procedencia de la deducción analizada respecto de las partes o repuestos adquiridos
para reparar, mejorar o actualizar los activos prexistentes, ya que «lo que realmente determina
que se pueda aplicar la deducción es que se haga la inversión en un activo fijo, sea mediante adquisición
por primera vez, o mediante la realización de reparaciones o mejoras a activos preexistentes. En ambos
casos se cumple con el requisito de adquirir bienes tangibles, con la finalidad de incorporar el activo a la
producción de renta de la empresa o de permitir que el activo preexistente siga generando la renta o mejore
la eficiencia de esa tarea».

Asimismo, en lo atinente a la exigencia de que tales activos participen en la generación
de renta de los contribuyentes, la Sección igualmente clarificó que la deducción especial
no exigía «que el activo fijo real productivo generara renta o se utilizara en el mismo año de la inversión»,
pues el citado artículo 3 del Decreto 1766 de 2004 autorizaba a tomar el beneficio en el
año de la inversión «sin referirse a cuándo debía este integrarse a la actividad generadora de renta del
contribuyente»44. Así, lo exigido es que el activo se adquiera o construya para ser utilizado
en forma directa en la actividad lucrativa del contribuyente y no que efectivamente
incremente la productividad o genere nuevos empleos.

4.2- En relación con la compra e instalación de fibra óptica por el mismo trazado de las
antiguas redes de cobre, se advierte que la demandada no discutió que la actora hubiera
efectuado las inversiones cuestionadas, ni que las mismas configuraran costo; de manera
que el cuestionamiento de la apelante se concreta en que las erogaciones efectuadas
por tal concepto no reunían las condiciones para ser tratadas como inversión en activos
fijos reales productivos, puesto que no era fabricación, construcción, obra de
infraestructura para el montaje o puesta en funcionamiento, sino que se trataba de una
simple mejora o adición de activos fijos preexistentes y no de activos adquiridos o
construidos por primera vez.

Al respecto, tal como lo observó el tribunal, esta judicatura formó el criterio según el cual
es procedente la deducción especial tanto por la adquisición de activos nuevos como por
la reparación o mejora de activos existentes con la finalidad de incorporar el activo a la
producción de renta, o permitir que el activo preexistente siga generando renta o mejore
su eficiencia, lo cual resulta plenamente aplicable respecto de la inversión efectuada por
la actora para la modernización de parte de la infraestructura de telecomunicaciones con
la finalidad de incrementar los niveles de productividad de la compañía (i.e. fibra óptica
que permitía mayor y mejor capacidad de transmisión de comunicaciones y, en tal virtud,
resultaba procedente la deducción especial.

En el marco anterior, la argumentación de la apelante demandada en torno a que no
existían pruebas respecto de que las inversiones aumentaran la productividad o
generaran nuevos empleos debe ser desestimada, por cuanto tal exigencia no fue
prevista en la normativa que reguló el beneficio como condición para acceder al mismo.

41
Sentencia del 07 de abril de 2022, exp. 24949, CP: Milton Chaves García.
42
Sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 18662, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia.
43
Sentencias del 24 de octubre de 2013, exp. 18375, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 13 de septiembre de 2012, exp. 18473, CP: Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez; del 28 de septiembre de 2016, exp. 21730, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia; del 23 de noviembre de 2017, exp.
21184, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; del 21 de mayo de 2020 y 16 de junio de 2022, exps. 22207 y 25743, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; y
del 07 de abril de 2022, exp. 24949, CP: Milton Chaves García.
44
Sentencia del 14 de marzo de 2019, exp. 23091, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.

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En relación con el cuestionamiento del reconocimiento de la suma de $10.400.051.183
correspondiente al software, tal como se señaló en el fundamento jurídico 4.1, igualmente
se ha pronunciado la Sección sobre la procedencia de la deducción especial en la
adquisición de intangibles que se incorporan a activos fijos, lo que aplica con
prescindencia de que esto sea efectuado con posterioridad a la fabricación del hardware,
como ocurrió en el caso analizado, criterio que se reitera en esta oportunidad.

En relación con las erogaciones por concepto de interventoría, la demandada cuestiona
que se trata de servicios que no se subsumen en la definición de activos fijos,
planteamiento que para la Sala debe ser desestimado, en tanto estos, hacen parte del
costo del activo que se forma o construye, pues conforme lo señala el artículo 3 del
Decreto 1766 de 2004, la deducción especial debe ser calculada sobre las expensas
incurridas en la adquisición de bienes y servicios que constituyan el costo del activo fijo
construido o fabricado por el contribuyente, lo que resulta concordante con el artículo 64
del Decreto 2649 de 1993 que establece que el valor histórico de los activos fijos incluye
«todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los
de ingeniería, supervisión … ».

Por todo lo anterior, no prosperan los cargos de apelación de la demandada.

5- Dado que por su parte, la apelante actora impugnó el rechazo de la deducción por
inversión en activos fijos reales productivos sobre las erogaciones vinculadas a los
contratos para adquisición de cable blindado ($29.580.000), servicios de apoyo a la
interventoría ($24.104.332) y de pruebas ($50.087.381), por unidad temática, la Sala
abordará seguidamente tales cargos de apelación.

En relación con la primera de las erogaciones señaladas, la actora sostuvo que
correspondía a las erogaciones incurridas en virtud del Contrato 4600005512 para la
adquisición de cable blindado, cuyo propósito era permitir que el activo siguiera
generando renta o mejorara su eficiencia, lo que se enmarcaba como una inversión en
activos fijos reales productivos, ya que se trataba de un bien destinado a integrar parte
de la infraestructura de las redes de telecomunicaciones, no se trataba de un gasto de
mantenimiento. Al respecto, el extremo pasivo planteó que se trataba de mejoras sobre
bienes preexistentes, que no podían constituir inversión en un activo fijo real productivo.

Si bien el tribunal reconoció que las reposiciones y mejoras hacían parte del costo del
activo, al revisar en detalle cada uno de los negocios jurídicos que soportaban la inversión
concluyó, en el marco del prenotado Contrato 4600005512 que, acorde con lo
dictaminado en la pericia contable «era procedente el rechazo de la deducción por gastos de
mantenimiento derivados del Contrato n.º 4600005512 con Emerson Electric de Colombia Ltda., en tanto
los mismos no forman parte del costo de un activo fijo real productivo según la definición del artículo 64 del
Decreto 2649 de 1993».

5.1- Para dirimir el debate planteado, resultan relevantes los siguientes hechos y pruebas:

(i) El 03 de enero de 2012, con ocasión de la respuesta al requerimiento especial (ff. 1220
a 12031 caa), la actora allegó una explicación de todas las erogaciones que trató como
deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos. Explicó el elemento
PEP «IRRA-08-01116» por valor de «73.950.000» correspondía a la «adquisición de cable
blindado».

(ii) El 18 de noviembre de 2013, la revisora fiscal45 de la actora certificó que el contrato
«4600005512» por valor de «73.950.000» pertenecía al elemento PEP «IRRA-08-01116», cuyo
45
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), p. 136.

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concepto de factura fue «Presentación (SIC) de los servicios de operación, mantenimiento con
suministro de repuestos, administración de recursos de atención de emergencias para sistemas de energía
AC y DC refrigeración de la red nacional de transmisión de datos ETB».

(iii) En el dictamen pericial contable46, la experta contadora precisó que el contrato
4600005512 tuvo como objeto la «prestación de los servicios de operación, mantenimiento,
suministro de repuestos, administración de recursos y atención de emergencias para sistemas de energía
AC y DC (Corriente Alterna – Corriente Continua)» y «operación y mantenimiento de los equipos de
refrigeración de la red nacional de transmisión de voz y datos de la ETB ». Adicionalmente, explicó
que para el caso del mantenimiento de las redes de energía eléctrica y refrigeración « son
… erogaciones que tienen como fin hacer que [el] activo se mantenga en las mismas condiciones de
operatividad y funcionamiento de cómo fueron instaladas » y en ese marco concluyó que «el valor
desconocido por la DIAN es el correcto porque corresponde a mantenimiento ».

5.2- Encuentra la Sala que la afirmación de la actora atinente a que mediante el Contrato
4600005512 adquirió cable blindado, resulta desacreditada tanto con la descripción del
alcance contractual efectuada en la certificación de la revisoría fiscal, que se acompañó
a la demanda, como con lo señalado en la experticia contable como resultado de la
verificación de las pruebas obrantes, pues no solo no mencionan la adquisición del citado
bien, sino que además, dan cuenta de que se trató de un servicio de mantenimiento,
como lo señaló el tribunal.

5.3- Respecto de la deducción por $24.104.332 y $50.087.381 correspondientes a las
erogaciones incurridas por concepto de «apoyo a la supervisión» y «servicios de prueba», (que
hacen parte de las inversiones efectuadas en cuantía de $60.260.831 y $125.218.452),
incurridas en virtud de los contratos 4600005621 y 4600007201, la Sala observa que la
actora cuestionó la decisión del a quo alegando que «… tanto los servicios de supervisión y/o
interventoría y como los servicios de apoyo a estos son erogaciones necesarias para colocar el bien en
condiciones de utilización y, por lo tanto, forman parte del costo del activo » así como que los «…
servicios de prueba tienen como función verificar que el activo está en condiciones de utilización »,
concluyendo que ambas «… tienen como fin verificar que se hubiere cumplido a cabalidad con el
contrato y que el activo se encuentre en condiciones de operación ».

Al respecto, la demandada adujo que el apoyo a la supervisión no constituía inversión en
activos fijos reales productivos, pues la normativa del beneficio especial no cubría la
prestación de servicios.

Por su parte, el tribunal, al revisar el objeto del Contrato 4600005911 a la luz de la pericia
decretada, concluyó que tal erogación no hacía parte de la construcción del activo fijo
real productivo y, por ende, no podía ser objeto de la deducción especial. En lo atinente
al servicio de prueba del Contrato 4600007201, afirmó que no era posible determinar que
formara parte del costo del activo fijo real productivo, en los términos del artículo 64 del
Decreto 2649 de 1993

5.3.1- Para dilucidar lo atinente a los «servicios de apoyo a la supervisión», se precisa examinar
las siguientes piezas procesales:

(i) Según el Acta de liquidación final del contrato 4600005911, del 19 de mayo de 2008,
el objeto del mismo fue «… prestar el servicio de apoyo a la supervisión para la preservación de
infraestructura de ETB con motivo de la ejecución de obras civiles por parte de terceros … en Bogotá y
Soacha, y los servicios de apoyo a la supervisión para obras de optimización de redes en Bogotá D.C. »
(ff. 698 a 699 C peritaje).

46
Samai CE, índice 20, certificado 7E8E668D12501DFD 60551466C0A77234 3061FF39CD309650 E7D03DC5936857AA (pdf), pp. 58 a 59.

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Demandante: ETB S.A. ESP

(ii) Acorde con el dictamen pericial, las facturas de venta 246, del 9 de enero de 2008, y
248, del 6 de febrero de 2008, discriminan dos servicios prestados a la actora en virtud
del Contrato 460000562147, uno, para el servicio de apoyo a la supervisión para la
preservación de la infraestructura de ETB, con motivo de la ejecución de obras civiles por
parte de terceros, y, otro, para el servicio de apoyo a la supervisión para obras de
optimización de redes en Bogotá D.C. Por este último, se expidieron dos facturas por
valor de $28.779.982 y $31.480.850 (ff. 702 y 704 cuaderno peritaje), para un valor total
de $60.260.831 [valor sobre el cual, la actora tomó como deducción especial
$24.104.332].

iii) El dictamen pericial y su adición señalaron que las aludidas facturas fueron
contabilizadas como gasto en la cuenta 75400701. Se advierte que la certificación del
revisor fiscal48 de la actora no detalla el registro contable por este concepto.

En el marco anterior, se advierte que el objeto contractual refiere tanto un servicio de
apoyo a la supervisión para el control de las obras de optimización de redes, como para
la preservación de la infraestructura de ETB por la ejecución de obras civiles por parte de
terceros en Bogotá y Soacha; esto segundo que, para el tribunal no hizo parte de la
formación del activo. Al respecto, la Sala advierte que la apelante actora señaló que la
supervisión, al igual que la interventoría, tenía relación directa con la construcción del
activo, y formaba parte de las erogaciones y cargos necesarios para poner en condiciones
de utilización el bien. Sobre el particular, se destaca que si bien es cierto que la
supervisión puede hacer parte del costo de un activo, lo cierto es que en el caso bajo
análisis la experticia puso de presente que el servicio fue tratado como gasto en la cuenta
75400701, de manera que al no hacer parte del mismo no integraba la base de la
deducción especial. No prospera el cargo de apelación de la demandante.

5.3.2- Frente a la deducibilidad de la erogación correspondiente a «servicios de prueba», se
advierte que la apelante actora se limitó a aseverar que este tipo de servicios hacía parte
del costo del activo, en la medida en que su finalidad era verificar que estuviera en
condiciones de utilización, sin controvertir o desvirtuar el fundamento de rechazo del
tribunal, atinente a que, con las pruebas obrantes en el proceso no era posible determinar
que formara parte del costo del activo fijo real productivo. Dicho de otro modo, no
resultaba suficiente la explicación en abstracto de que los « servicios de prueba» formaban
parte del costo, sino que debió acreditar tal situación. No prospera el cargo de apelación
de la demandante.

6- Seguidamente, procede la Sala a resolver el cargo de apelación de la demandada
atinente a la improcedencia de reconocer la deducción por deudas manifiestamente
perdidas o sin valor por la suma de $35.637.673.750, correspondiente a la cartera
generada entre 1996 y 2005. Sobre el particular, la demandada reprochó que si bien la
compañía había autorizado un castigo de $41.999.073.728, el contador de la actora
señaló que se efectuó recuperación de cartera por $41.926.675.000, valor que fue el
castigado, al cual se le detrajo la suma de $6.289.001.250 a título de recuperación
[provisión que la actora señaló como deducida en periodos anteriores], lo que dio un
resultado de $35.637.673.750 [valor neto del castigo de cartera fiscal]; A tales efectos,
ejemplificó los registros contables que a su entender eran «lógicos» y manifestó que la
actora debió diferenciar el porcentaje de las «cuentas fiscales» que había llevado a la
provisión con anterioridad. Bajo la misma ilación, adujo que la contribuyente manifestó
durante toda la actuación que no estaba obligada a probar la deducción de la deuda

47
De acuerdo con el certificado de revisor fiscal, el número del contrato sería el mencionado en primer lugar, esto es, 4600005911.
48
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), p. 134.

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Demandante: ETB S.A. ESP

manifiestamente pérdida de la “cartera contable” porque tenía como método de provisión
fiscal el general, pero no determinó que parte de esta cartera fiscal estaba subsumida en
la cartera contable, ni cuanto fue el gasto que llevó como fiscal «dando así pie para concluir,
que si bien la cartera fiscal había sido previamente disminuida, la cartera contable seguía siendo existente
a pesar de estos valores deducidos en años anteriores».

Seguidamente, adujo que no eran «lógicas» las conclusiones del a quo, fundadas en la
pericia, pues, aunque esta no fue objetada, era contradictoria con las pruebas evaluadas
en la providencia, por las siguientes razones: a) el acta de aprobación de castigo de
cartera, a que aludió el tribunal, señaló un monto de $41.999.073.728, mientras que el
valor que certificó la pericia como monto castigado ascendió a $41.926.675.000; b) la
pericia señaló que este último valor correspondía a recuperaciones «que en el registro fueron
restadas de las cuentas por cobrar, pero también fueron incluidas como una provisión contra un ingreso,
como se evidencia en el extracto contable tomado por la Sala », y agregó que «se tiene que la cuenta
fue llevada al gasto en contrapartida a la cuenta por cobrar y por otra parte la provisión también aumenta
y es llevada al gasto, configurándose un doble registro contable que genera el efecto un doble beneficio »
y que «por demás este valor es registrado como un ingreso contra toda lógica contable ya que el perito
manifiesta que fue un gasto»; c) los saldos iniciales y finales tomados en cuenta por el tribunal
«para la cartera contable» no son coincidentes en los años 2004 y 2005, años que soportan
deudas manifiestamente incobrables, «[s]in embargo, el aumento del saldo inicial del año 2005,
que se incrementa injustificadamente por el contribuyente no fue analizado por el tribunal ».

Igualmente, planteó que la liquidación oficial de revisión rechazó la deducción, dada la
antigüedad de la cartera (1996 a 2005), sin que la actora hubiera demostrado que esta
no hubiera sido provisionada en años anteriores, pese a que por los requerimientos
efectuados tenía la carga probatoria. Además, aseveró que era errónea la consideración
del tribunal acerca de que, según la prueba contable las acreencias objeto de castigo
ascendían a $41.926.675.000, y que para determinar la deducción se había excluido el
monto de $6.289.001.250, puesto que el perito había manifestado que ese monto
correspondía a valores recuperados de la provisión. Manifestó que: «[l]as conclusiones del
contador y del perito indican que esos $41.926.675.000 a los que se les disminuyó un valor de recuperación
de cartera en el 2008 por $6.289.001.250 fueron llevados al gasto, aumentados en débito de la provisión y
llevados a ingresos como deudas recuperadas, lo cual se evidencia como impreciso y sustenta la posición
de la DIAN en la medida que el registro contable aportado y tomado en cuenta por el Tribunal registra dos
veces el valor, primero en una cuenta de gasto y segundo en una cuenta de provisión». Finalmente,
adujo que la pericia emitió conceptos de derecho que no debieron ser tenidos en cuenta
en el fallo.

Por su parte, la demandante argumentó haber demostrado que la provisión de cartera
fue deducida utilizando el método general hasta el monto máximo permitido por la ley del
15%, y que el saldo restante de la cartera, equivalente al 85%, fue deducido bajo la figura
de deudas manifiestamente perdidas o sin valor, luego de descontar la cifra deducida por
provisión de cartera en años anteriores, sin que esto haya constituido un doble beneficio,
porque no se aplicó simultáneamente sobre el mismo monto. Al efecto, explicó que al
cierre del 2008 la «recuperación» total de cartera ascendió a $41.926.675.000, de los
cuales, $6.289.001.250 habían sido deducidos como provisión fiscal, de modo que la
suma pasible de ser deducida por castigo de cartera era la diferencia, esto es,
$35.637.673.750.

A su turno, el tribunal, previa valoración del dictamen pericial que concluyó que la
deducción de cartera no se había duplicado, las actas del comité técnico de castigo de
cartera, el movimiento de la provisión de cartera 2008, la certificación del Director de
contabilidad de la demandante sobre la utilización por los años 1996 a 2008 del método
general de cartera, y sobre el castigo cartera en el año 2008 por valor de

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$41.926.675.000, concluyó sobre la procedencia de la deducción del castigo de cartera.
Específicamente señaló: “la DIAN no objetó, ni controvirtió, ni desvirtuó, la información contenida en
la contabilidad de ETB y en el dictamen pericial rendido por la contadora, ni aportó pruebas de las que se
pueda establecer cuales acreencias fueron objeto de una doble deducción, por lo que se concluye que no
está probado el doble beneficio con fundamento en el cual la Administración Tributaria rechazó la deducción
por castigo de cartera».

6.1- Por su parte, la apelante persiste en que la demandante duplicó el beneficio de
deducción vinculado a la cartera vencida: vía provisión de deudas de difícil cobro, en los
periodos 1996 a 2005, y luego mediante el castigo de la cartera por deudas
manifiestamente perdidas o sin valor en el año 2008. En apoyo de esto, adujo la
existencia de contradicciones entre el acta del castigo y los valores señalados como
efectivamente castigados en la pericia contable. En la misma línea, cuestionó que el
tribunal hubiera concluido con base el peritaje, pues aunque este no fue objetado, era
contradictorio respecto de los registros efectuados. Además, aseguró que la prueba
pericial emitió opiniones jurídicas que no debieron tenerse en cuenta por el tribunal.

A los efectos anteriores, iniciará la Sala con el reproche de la apelante concerniente a
que el tribunal tuvo en cuenta opiniones jurídicas emitidas por la perito, pues se advierte
como insuficiente tal cargo, puesto que el citado planteamiento fue formulado de manera
abstracta, sin determinar la impugnante cuáles aspectos del dictamen pericial versaron
sobre aspectos de derecho, lo que, impide efectuar algún análisis sobre el particular, lo
que hace impróspero el cargo. Con todo, se advierte que la valoración probatoria por
parte de esta judicatura a la citada experticia, será estrictamente técnico-contable.

6.2- Previo a abordar los demás planteamientos de la apelante relacionados con la
deducción por provisión y por las deudas manifiestamente perdidas o sin valor, que según
la impugnante fueron aplicadas dualmente por la demandante, la Sala precisa advertir
que la afectación del gasto contable al registrarse una provisión por cartera, no
necesariamente implica la afectación del gasto fiscal, pues este último solo procede en
el monto que resulte de aplicar los métodos individual o general de cartera previstos en
la regulación tributaria. Tanto es así que, inclusive, reconociéndose gasto contable por
provisión, este puede no ser procedente para efectos fiscales. Ahora bien, el hecho de
reconocerse una provisión contable en un determinado año, que no sea deducida
fiscalmente por no cumplir las condiciones de la regulación tributaria, no implica que si la
cartera se torna en manifiestamente perdida o sin valor en periodos futuros no pueda ser
castigada y deducida para fines fiscales.

A efectos de la provisión de la cartera fiscal (art. 145 del ET), la norma reglamentaria,
Decreto 187 de 197549, artículos 72 a 74, previó dos métodos para su determinación -
individual y general-. El primero que se calcula aplicando el 33% anual sobre el valor
nominal de cada deuda con más de un año de vencida y, el segundo, que se determina
aplicando el 5% a las deudas vencidas con más de tres meses, pero menos de seis
meses; el 10% a deudas con vencimiento de más de seis meses, pero menos de un año;
y el 15% para deudas con más de un año de vencidas. Ahora, mientras el primer sistema
es acumulativo, lo que posibilita que una deuda pueda ser deducida en su totalidad, el
segundo sistema no lo es. A su turno, el artículo 146 del ET regula la deducción por
deudas manifiestamente perdidas o sin valor, lo que, acorde con lo previsto en la norma
reglamentaria, artículo 79 del Decreto 187 ídem, corresponde a acreencias que,
atendiendo la «sana práctica comercial», no será posible hacerlas efectivas, por razones
como la insolvencia del deudor o fiadores, falta de garantías reales o por cualquier otra
causa que permita considerarlas como perdidas.
49
En la actualidad, se encuentran compilados, respectivamente, en los artículos 1.2.1.18.23. y 1.2.1.18.24. del Decreto Único Reglamentario en materia
tributaria 1625 de 2016.

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6.3- Para el caso bajo análisis, no se discute que los valores castigados correspondieron
a deudas manifiestamente perdidas o sin valor, ni el valor por cada uno de los periodos,
ni tampoco el cumplimiento de los requisitos para ser consideradas con tal carácter. La
censura se fundó en que la cartera había sido doblemente deducida, esto es, vía provisión
por deudas de dudoso o difícil cobro y luego como castigo de cartera, puesto que la actora
no demostró que la cartera deducida no estuviera subsumida en las provisiones
deducidas en años anteriores.

6.4- Sobre el particular, los antecedentes dan cuenta de los siguientes hechos y pruebas:

(i) Acorde con los actos demandados, la actora declaró en el año 2008 por concepto de
deducción de cartera la suma de $43.732.445.150, de los cuales $8.094.771.400
correspondían a la «deducción por provisión de cartera» por tal año, y $35.637.673.750 a
«deducción por castigo de cartera» [resultado de restarle al castigo de cartera total por valor
$41.926.675.000, la suma de $6.289.001.250 correspondiente al reintegro de lo deducido
por provisión fiscal en ejercicios anteriores]. La demandada rechazó el prenotado
resultado neto de $35.637.673.750 aduciendo que «en los años 1996 a 2005, en los cuales se
constituyó la provisión, se contabilizó el gasto por la totalidad del valor de las cuentas por cobrar; no
obstante, se solicitaba la deducción de la cartera en el año gravable 2008, sin demostrar que en los periodos
anteriores se rechazó fiscalmente la deducción de dicha provisión» y que «al no demostrar los anterior,
es claro que el contribuyente estaría haciendo uso de un doble beneficio con base en un mismo hecho
económico…».

(ii) Acta del 15 de diciembre de 2008, del Comité Técnico de Castigo de Cartera de la
actora50 en la cual consta que por unanimidad se aprobó «el castigo de cartera» de 165.451
obligaciones vencidas originadas entre 1996 a 2005, por un valor total de
$41.999.073.72851, cuyo valor promedio individual ($335.458) era inferior al costo
promedio del proceso jurídico de cobro por obligación ($2.200.000), de conformidad con
los conceptos presentados por Serlefin52 y Covinoc53. Por su parte, el informe de Covinoc
del 08 de enero de 2009 adujo que el precio promedio del proceso ejecutivo de mínima
cuantía ($2.300.00054).

(iii) Certificación del 18 de noviembre de 201355, emitida por el contador de la actora en
el que consta que, de conformidad con los estados financieros y los anexos de las
declaraciones del impuesto sobre la renta de la compañía durante los años gravables
1996 a 2008 se determinó la provisión de la «cartera fiscal» por el método general
establecido en el artículo 145 del ET y 75 del Decreto 187 de 1975, y que, en el año 2008
la entidad realizó un castigo de cartera comercial por valor de $41.926.676.000 de los
cuales, fueron deducidos $35.637.673.750 en la declaración del impuesto sobre la renta,
que correspondían al 85% de la «cartera que no fue provisionada en los años anteriores».

(iv) Prueba pericial contable, decretada judicialmente, presentada el 31 de marzo de
2016, en el que la perito conceptuó56 que el «… mismo valor (castigo de cartera) es el que certifica
el contador de la ETB…». Esta aseveración propició una solicitud de aclaración y adición por
parte de la actora57, por lo que, el 13 de junio de 2017, la perito contadora precisó que
«no hubo una doble deducción en la declaración de renta del año 2008 cuando se castigó la cartera ».

50
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), pp. 173 a 177.
51
Respecto de la citada cifra de $41.999.073.728 que se recomendó castigar en cartera, vale indicarse que no coincide con la que extracta la pericia al
aludir al acta del 04 de febrero de 2016, en la cual participaron la dirección de facturación y cartera de la empresa demandante y la misma perito
nombrada judicialmente, pues allí se indicó que el castigo de cartera ascendía a $40.757.884.162.55 (períodos 1996 a 2007), conforme lo detalla un
cuadro inserto en dicha acta que es reproducido en la pericia.
52
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), pp. 195 a 198.
53
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), pp. 192 a 194.
54
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), pp. 192 a 194.
55
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), p. 169.
56
Sam ai CE, índice 20, certificado 7E8E668D12501DFD 60551466C0A77234 3061FF39CD309650 E7D03DC5936857AA (pdf), p. 69.
57
Samai CE, índice 2, certificado DF0A041E26931F8F 9FC607FF0CAFDC3D 76B98C06F11FBEDF 7E379A168A87FF1D (pdf), p.8.

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Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)
Demandante: ETB S.A. ESP

El prenotado dictamen contiene lo que identificó como «movimiento provisión de cartera» y «
cartera fiscal» por los años 1996 a 2003, en el que se discriminan para el año 1996 a
1999 columnas con la siguiente información: saldo inicial, aumento, disminución y saldo
final. Por el año 2.000 se dejó constancia de que no fue entregada información, y para
los años 2001 a 2003 discrimina las columnas: provisión total, provisión del año, valor a
provisionar, provisión fiscal y provisión acumulada.

(v) Anexos del dictamen pericial correspondientes a los años 1996 a 1999 y de 2001 a
2008, que reportan la aplicación de la alícuota del 33%, en los años 1996 a 1999 y 2001
y 2002, para determinar la cartera fiscal [se advierte que por el año 2.000 no fue
entregada información]. Se observa que la experticia no determina el método que fue
utilizado para la calcular la provisión fiscal durante el período de la cartera (individual o el
general).

6.5- Partiendo de los anexos de la pericia contable, el siguiente fue movimiento de la
provisión fiscal para todos los períodos, así:

Saldo inicial Saldo final
Deducción Provisión de Recuperación
Año Provisión Deudas Provisión Deudas
Cartera (Artículo 145 del ET) Provisión de Cartera
Difícil Cobro Difícil Cobro

1996 0,00 Info. no disponible 0,00 4.076.343.906,94
1997 4.076.343.906,94 3.511.670.741,39 0,00 7.588.014.648,33
1998 7.588.014.648,33 6.547.043.687,23 0,00 14.135.058.335,56
1999 14.135.058.335,56 0,00 5.965.586.721,44 8.169.471.614,12
2000 8.169.471.614,12 10.450.261.477,88 0,00 18.619.733.092,00
2001 18.619.733.092,00 13.809.308.033,59 0,00 32.429.041.125,59
2002 32.429.041.125,59 12.637.677.019,07 0,00 45.066.718.144,66
2003 45.066.718.144,66 0,00 29.530.489.262,66 15.536.228.882,00
2004 15.536.228.882,00 0,00 4.179.870.211,00 11.356.358.671,00
2005 11.356.358.671,00 0,00 2.561.559.222,00 8.794.799.449,00
2006 8.794.799.449,00 5.409.154.601,00 0,00 14.203.954.050,00
2007 14.203.954.050,00 1.074.334.950,00 0,00 15.278.289.000,00
2008 15.278.289.000,00 8.094.771.400,00 6.289.001.250,00 17.084.059.150,00

Lo anterior pone de presente deducciones de provisión de cartera por más de $53 mil
millones de pesos por el periodo 1996 al 2007 (anterior al fiscalizado); sin embargo,
igualmente se observan recuperaciones por más de 41 mil millones de pesos, respecto
de las cuales se desconoce su tratamiento fiscal.

6-6-El anterior recuento confirma que la glosa del doble beneficio en cuestión se fundó
en que la actora no demostró que, en la cartera castigada, no estuvieran subsumidos los
valores provisionados en años anteriores. Al respecto se advierte que, tal como se señaló
en apartes anteriores, la afectación del gasto contable al registrarse una provisión por
cartera, no necesariamente implicaba la afectación del gasto fiscal, de manera que el
cuestionamiento sobre la doble deducción de la cartera -vía provisión y castigo-, debía
respaldarse por parte de la Administración, con una alguna prueba, tras lo cual se invertía
la carga probatoria para la contribuyente. Sin embargo, la demandada no respaldó la
glosa con alguna prueba, siquiera indiciaria que permitiera asumir que la cartera
castigada ya había sido objeto de provisión fscal, circunstancia que persiste con la
apelación, puesto que no se alude a medio prueba alguno que infirme la conclusión del

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tribunal respecto de que el castigo de cartera efectuado en el año fiscalizado (2008) no
duplicó la deducción por provisión.

Ciertamente, se advierte que, la apelante continuó insistiendo en que la demandante no
probó que no duplicó el beneficio, obviando con ello que, en la etapa judicial, esa parte
procesal, respaldó la inexistencia de la duplicidad de la deducción con la prueba pericial,
conclusión que fue acogida por el tribunal. Era imperioso entonces que la apelante
controvirtiera tal definición a partir de las pruebas obrantes en el proceso, indicando cómo
y en que periodos se configuró la doble deducción, lo que no ocurrió, pues los reparos
efectuados al peritaje no tienen tal alcance y connotación, como se explica a
continuación:

En lo que respecta al cuestionamiento de la apelante atinente a que no eran «lógicas» las
conclusiones del a quo, fundadas en la pericia, pues era contradictorio el hecho de que
el acta de aprobación del castigo de cartera señalara un monto de $41.999.073.728,
mientras que el valor que certificó la pericia como castigado ascendió a $41.926.675.000,
la Sección precisa que efectivamente el Comité Técnico de Castigo de Cartera
recomendó y aprobó unánimemente un castigo de cartera por el monto de
$41.999.073.728, lo que no obstaba para que la compañía determinara a efectos de la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2008 deducir una suma menor,
esto es, $41.926.676.000, suma que en todo caso, se encontraba dentro del margen
recomendado y aprobado por el indicado comité, y que coincide con la señalada en el
certificado del contador (punto probatorio iii), de modo que para la sala lo anterior no
constituye una contradicción, sino a la definición de la contribuyente de deducir un valor
inferior al indicado por su comité, y en todo caso, esto no acreditaría en forma alguna la
existencia de un doble beneficio por deducción de cartera. No prospera el cargo de
apelación.

6.7- En lo que concierne a los reparos sobre los registros efectuados en el año fiscalizado
[2008], esto es que la contrapartida de la cuenta por cobrar fue llevada al gasto al igual
que la provisión, configurándose un doble registro contable; así como sobre la dinámica
de la recuperación de cartera efectuada en el citado periodo, advierte la Sala que no
tienen la entidad de sustentar la pretendida duplicidad de la deducción de la cartera,
puesto que la glosa de la duplicidad no provino del movimiento de la provisión fiscal
efectuada en el año 2008, sino de considerar que parte de esta cartera pudo haber sido
deducida en años anteriores por la contribuyente, esto es, que los valores castigados
pudieron estar subsumidos en las provisiones fiscales de periodos anteriores.

Si bien lo anterior resultaría suficiente para desestimar el cargo de la apelante, la Sala,
en procura de claridad sobre tales aspectos, considera preciso efectuar las siguientes
aclaraciones y precisiones: verificado el anexo del movimiento de la cartera por el año
gravable 2008 obrante en el expediente, se observa que este da cuenta de los siguientes
movimientos: recuperación de cartera, provisión de cartera del año 2008 y el castigo de
la cartera, operaciones que, atendida la dinámica contable implicaban afectaciones al
ingreso y al gasto. Es así como la reversión de la provisión (lo que se identificó como
recuperación), implicaba efectuar un débito en la cuenta provisión cuya contrapartida era
un crédito en el ingreso; luego, para castigar la cartera, lo que señaló la actora haber
efectuado inmediatamente después de la recuperación, debía efectuarse un crédito a las
cuentas por cobrar por el valor castigado de $41.926.675 con contrapartida en el gasto,
y finalmente, el valor de la provisión fiscal para el año 2008, calculada por el método
general fue de $8.094.771.400, resultado de comparar el saldo inicial de la provisión fiscal
en cuantía de $15.278.289, contra el saldo de la provisión fiscal en cuantía de
$17.084.059. Adicionalmente, del monto del castigo de cartera fiscal se detrajo el monto

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que la demandante reconoció haber deducido en años anteriores en cuantía de
$6.289.001250, lo que fue identificado igualmente como una “recuperación”, operación
que arrojó un resultado neto a deducir por concepto de castigo de cartera de
$35.637.674.000.

Como puede observarse, tanto el castigo de cartera, como la provisión del año, debió
afectar una cuenta del gasto, lo que no significaba que se duplicara el registro, y por su
parte, la reversión de la provisión afectaba una cuenta del ingreso. En suma, las
afectaciones observadas correspondieron a la dinámica contable y fiscal propia de los
movimientos reportados.

6.8- Finalmente, en cuanto al cuestionamiento de la demandada atinente a que los saldos
iniciales y finales de la cartera para los años 2004 y 2005 tomados por el tribunal no
coincidían, al observarse un aumento injustificado del saldo inicial para 2005, se advierte
que la apelante no señala cómo esto sustentaría la existencia de la duplicidad que fue
descartada por el tribunal. Además, observado el movimiento de la provisión fiscal (fj.6.5),
el saldo inicial de 2005 inconsistente a que alude la impugnante, correspondería al
contable, que no al fiscal, frente a lo cual, se precisa reiterar que la afectación del gasto
contable al registrarse una provisión por cartera no necesariamente implica la afectación
del gasto fiscal, pues este último solo procede en el monto que resulte de aplicar los
métodos individual o general de cartera previstos en la regulación tributaria.

6.9- Ahora bien, aunque la Sala advierte que algunos de los anexos al dictamen reportan
para los años anteriores al año 2003 (1996 a 1999 y 2001 y 2002) la utilización de un
33% para la determinación de la provisión de cartera, lo que correspondería a la
aplicación del método individual en tales periodos, no puede obviarse que la demandada
no presentó reparo alguno sustentado en ese específico aspecto, ni siquiera se refirió a
los citados anexos. Tampoco puede omitirse que, tales documentos hicieron parte de los
soportes del dictamen, el cual no fue objetado por la demandada.

6.10- En suma, la Administración no desacreditó o desvirtuó, a través de algún medio de
prueba, lo concluido por el tribunal, que principalmente se basó en el dictamen pericial,
que certificó la inexistencia de un doble beneficio en el período gravable 2008. En
consecuencia, la Sala desestimará los cuestionamientos de la apelante en torno a que la
actora no demostró que porcentaje de las cuentas fiscales llevó a la provisión con
anterioridad, y que parte de la cartera fiscal de años anteriores estuvo subsumida en la
cartera contable. No prospera el cargo de apelación de la demandada.

7- Seguidamente, la Sala atenderá el cuestionamiento de apelación de la demandante,
relativo a la improcedencia de la adición de ingresos brutos no operacionales registrados
como de ejercicios anteriores por valor de $8.666.606.000, a cuyos efectos planteó que
los ingresos gravados con el impuesto sobre la renta para los contribuyentes obligados a
llevar contabilidad corresponden a los causados en el respectivo período gravable; en
línea con lo cual, censuró que el a quo hubiera exigido probar la inclusión de los ingresos
en la declaración del impuesto sobre la renta de periodos anteriores, pues solo se debía
demostrar que estos no se causaron en 2008.

En el otro extremo, la demandada defendió la adición de los ingresos correspondientes a
los siguientes conceptos: (i) edición de los directorios a diciembre de 2007; (ii)
rendimientos obtenidos por los recursos del proyecto Col96/27; y (iii) indemnización
recibida en 2005, pues, si bien la actora alegó que correspondían a períodos anteriores,
estos fueron contabilizados en 2008 y no se demostró que hubieran sido declarados en
los años gravables anteriores, ni se aportaron los registros contables y las conciliaciones

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fiscales de esos períodos.

Al respecto, el tribunal encontró procedente su inclusión en el período fiscalizado, dada
su contabilización en el 2008; a tales fines consideró que la técnica contable no habilitaba
el reconocimiento de ingresos omitidos causados en ejercicios gravables anteriores, sin
embargo, advirtió que de ser reconocidos, estos debían someterse al impuesto de renta
en el año en que esto ocurriera, máxime cuando la contribuyente no aportó evidencias
de haberlos declarado y gravado con el impuesto sobre la renta en las vigencias previas.

Como advierte la Sala que la glosa se fundamentó en que habiendo sido contabilizados
los ingresos en el período 2008 no se acreditó que los mismos hubieran sido declarados
en los años gravables anteriores, la Sala procederá a enfocar su análisis en tal aspecto.

7.1- Para dirimir la litis, partirá la Sala de referirse a la regla de realización de los ingresos
para efectos fiscales, prevista en la letra a. del artículo 27 del ET, concordante con el
artículo 28 ibidem -en la versión vigente para la época de los hechos-, acorde con los
cuales los ingresos realizados para los obligados a llevar contabilidad son los causados
en el correspondiente año, es decir, aquellos respecto de los cuales es exigible su pago,
lo cual se configura cuando se han cumplido las prestaciones o condiciones que permiten
reclamarlo, con prescindencia de su pago efectivo.

Lo anterior, se encuentra en armonía con lo previsto para efectos contables en el Decreto
2649 de 1993 -vigente para la época de los hechos-, que expresamente preveía que en
cada ejercicio debían reconocerse los hechos económicos realizados y no al momento
del pago, así como que el ingreso se realiza cuando se ha devengado (i.e. cuando se ha
hecho lo necesario para hacerse acreedor al ingreso) o sea razonablemente convertible
en efectivo.

Ahora bien, a efectos del impuesto sobre la renta, los ingresos que deben someterse a
tributación son los que se causen en el correspondiente período, habida consideración
del carácter anual de este tributo de período. Es así como el artículo 26 del ordenamiento
tributario, al regular los ingresos base de la renta líquida sobre la cual debe liquidarse el
impuesto de renta, prevé que «[la] renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los
ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de
producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción», esto es, cuando sean
susceptibles de capitalización, aun cuando esto no se hubiera materializado
efectivamente al fin del ejercicio (art. 17 Decreto 187 de 1975)58.

7.2- Para definir el debate, resultan relevantes los siguientes hechos y medios de
convicción:

(i) Contrato de colaboración empresarial suscrito entre la actora y Publicar S.A el 15 de
marzo de 2002 (ff. 1440 a 1453 cca8) cuyo objeto fue producir, comercializar y distribuir
a domicilio, para los años 2003 a 2008, el directorio telefónico del Distrito Capital,
debiendo distribuirse el recaudo por su comercialización, 30% a favor de la demandante
y 70% para Publicar S.A. (f. 1446 cca8).

(ii) Comunicación, del 01 de marzo de 2012, en el que Publicar S.A. (hoy Carvajal
Información SAS) le informó a la Administración que realizó pagos a favor de la actora en
el año 2008, por concepto de su participación en un contrato de colaboración empresarial
de las ediciones de directorios telefónicos 2002 a 2007 por un valor total de
$5.272.673.972 (ff. 1319 a 1320 caa7).

58
Hoy compilado en el artículo 1.2.1.7.1. del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 1625, del 11 de octubre de 2016.

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(iii) Comunicación, del 18 de noviembre de 2008, a través del cual, la actora informó los
saldos al 31 de octubre de 2008 del Convenio COL/96/027, suscrito con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Describió que se percibieron ingresos
por concepto de rendimientos financieros durante el año gravable 2007 por USD
561.764,91 91 ($1.302.171.061,38) (ff. 1454 a 1755 cca8).

(iv) Comunicación 20082078, del 07 de octubre de 2008, a través de la cual, el PNUD le
informó a la demandante que los recursos asociados al Proyecto COL/96/027 generaron
rendimientos financieros por la suma antes señalada (USD 561.764,91 91) «… los cuales
deberán ser incorporados de común acuerdo con el PNUD en actividades de valor agregado al proyecto,
en la próxima revisión presupuestal» (f. 1456 cca8).

(v) Acta de conciliación, del 18 de agosto de 2005, en relación con el «reclamo 2200100077
póliza de infidelidad y riesgos financieros 3897». En la cual consta que la actora y la Aseguradora
Colseguros S.A. llegaron al acuerdo frente a una «…cifra indemnizatoria del reclamo
mencionado» en la suma de $1.534.988.507.80, la cual se le pagaría a más tardar el 07 de
septiembre de 2005. También se pactó desistir de una reclamación judicial con
posterioridad a la verificación del pago de la suma referida (f. 1457 cca8).

(vi) Cheque 038834, del 7 de septiembre de 2005, girado por la Aseguradora Colseguros
S.A. a favor de la actora, por medio del que dio la orden de pago de la suma de
$1.534.988.508 (f. 1460 cca8).

(vii) Recibo de Caja 1300001868 emitido por la actora, donde consta que recibió la suma
de $1.534.988.805 por concepto de «CQ#038834 VR abonos fraudulentos agosto 2000» (f. 1461
cca8).

(vi) Certificado del revisor fiscal de la actora59 del 18 de noviembre de 2013, en donde
consta que, de acuerdo con los registros contables y los soportes extracontables: (a) los
ingresos percibidos producto del contrato de colaboración empresarial celebrado con
Publicar S.A., el 15 de marzo de 2002, registrados en el ejercicio 2008 en la cuenta
contable 48310301 «… corresponden a ingresos causados antes del año 2008»; (b) los ingresos
percibidos por la actora como producto de los rendimientos financieros generados por el
Convenio COL/096/027 durante el año 2007, fueron causados en el año gravable 2007 y
su respectivo registro se efectuó en el siguiente año, en la cuenta 4831040160; (c) los
ingresos por concepto de indemnización producto de la conciliación, del 18 de agosto de
2005, celebrado con Aseguradora Colseguros S.A. fueron registrados en la cuenta
48319001 en el año 2008 y corresponden a ingresos causados en el año gravable 2005 61.

7.3- Los anteriores hechos y pruebas ponen de presente que, los ingresos percibidos con
ocasión del contrato de colaboración empresarial con Publicar, del convenio con el PNUD
y el obtenido a título de indemnización reconocida por Colseguros se causaron en
ejercicios gravables anteriores al 2008, año en el que fueron contabilizados por la actora.
Al efecto, los primeros dos negocios jurídicos fueron suscritos antes del año 2008 y su
ejecución otorgó derechos a exigir pagos en anualidades distintas a la del período
revisado, conforme lo atestan las comunicaciones de Publicar, del PNUD y el certificado
de revisor fiscal. Por su parte, el acta de conciliación del 18 de octubre de 2005 suscrita
con la aseguradora Colseguros da cuenta de la causación del derecho a exigir el pago
de una indemnización, el cual se hizo efectivo en esa misma anualidad, conforme al
cheque y al recibo de caja menor, que obran en el expediente.

59
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), p. 221.
60
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), p. 222.
61
Samai CE, índice 2, certificado 6839332CB8A3E6D0 BBCB1CC752F2114E 94E451D1F2A72E8A D51CFA5E78C637F6 (pdf), p. 223.

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Acorde con lo anterior y el derecho aplicable, para la Sala, con prescindencia de que los
ingresos se hubieran registrado en el año 2008, y al margen de que no se hubiera
tributado sobre ellos en otros ejercicios fiscales, no resultaba procedente gravarlos en el
citado periodo, en la medida que su causación correspondía a periodos anteriores.
Prospera el cargo de apelación de la demandante.

8- Frente al desconocimiento de la deducción del 75% del GMF, la actora sostuvo que, a
la luz de los artículos 116 y 107 del ET, así como del principio del efecto útil de las normas,
procedía el 100% del mismo, de manera que no debió limitarse la deducibilidad al 25%.
Al respecto, la Administración argumentó que el artículo 116 ibidem no establecía una
regla especial de deducciones para las entidades descentralizadas, sino que debía
respetarse el límite previsto en el artículo 115 ejusdem, en consonancia con el artículo
30 de la Ley 57 de 1887, sobre la interpretación sistemática de las normas que regulan
la depuración del impuesto sobre la renta. Dicha tesis, fue aceptada por el tribunal, quien
agregó que el señalado artículo 116 ejusdem remitía a la deducibilidad limitada al 25%.

8.1- Para resolver, reiterará la Sala el criterio de decisión adoptado en anteriores
oportunidades, entre ellas, en las sentencias del 26 de febrero de 2020 y del 21 de marzo
de 2024 (exps. 23382 y 26307, CCPP: Julio Roberto Piza Rodríguez y Wilson Ramos
Girón), en el sentido de que el artículo 116 del ET62 (que compiló el artículo 38 de la Ley
75 de 1986) desde su versión primigenia y mientras estuvo vigente, lo cual cobija el
periodo sub judice, permitió la deducción de impuestos, regalías y contribuciones, para
los organismos descentralizados, en las condiciones señaladas en las normas vigentes,
lo que, para la época se concretaba en la restricción porcentual al 25% del GMF, prevista
en el artículo 115 ibidem, no podía ser desconocido bajo el argumento de aplicar el
«principio del efecto útil como criterio de interpretación de las normas », a la luz del artículo 27 del
Código Civil (Ley 84 de 1873), para darle un alcance diferente del que fue dispuesto en
la aludida norma. En consecuencia, para la Sala el rechazo del 75% del GMF, que fue
deducido por la actora, era plenamente procedente. No prospera el cargo de apelación
de la actora.

9- Respecto de la sanción por inexactitud, encuentra la Sala que, contrariamente a lo
aseverado por la actora, en el caso bajo análisis se configuró la conducta sancionable
tipificada en el artículo 647 del ET, en razón de la inclusión de deducciones
improcedentes que implicaron liquidar un menor impuesto, de manera que resultaba
procedente su imposición sin que se advierta configurada la causal de exculpación de
diferencia de criterios -error de interpretación del derecho aplicable-, que propugna la
actora; puesto que, la inclusión de deducciones no procedentes no es atribuible a una
errada interpretación normativa, sino a la inobservancia de la normativa aplicable y,
además, la actora no sustentó suficientemente la causal exculpatoria en la apelación, lo
que ha señalado la Sala como indispensable, considerando que se trata de justicia
rogada. Tan solo adujo que actuó de buena fe y que su interpretación fue razonable. En
consecuencia, se mantendrá la sanción disminuida al 100% del mayor impuesto, como
la determinó el tribunal en aplicación del principio de favorabilidad. Con todo, ante la
prosperidad parcial de algunos cargos de la apelante actora, la sanción será disminuida.

10- Por todo lo anterior, la Sala modificará parcialmente el fallo de primera instancia para
levantar la glosa correspondiente a los ingresos que habían sido adicionados por valor
de $8.666.606.000, por lo que se ajustará el ordinal segundo de la providencia de primera
instancia. En consecuencia, se procede a reliquidar el impuesto a cargo, así como la
sanción por inexactitud, lo cual quedará así:

62
El artículo 116 del ET fue derogado a través del artículo 160 de la Ley 2010 de 2019.

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Renglón Declaración LOR Tribunal Consejo de Estado
Ingresos brutos operacionales 1.485.003.706.000 1.485.003.706.000 1.485.003.706.000 1.485.003.706.000
Ingresos no operacionales 323.463.830.000 332.130.436.000 332.130.436.000 323.463.830.000
Intereses y rendimientos financieros 53.460.051.000 53.460.051.000 53.460.051.000 53.460.051.000
Total ingresos brutos 1.861.927.587.000 1.870.594.193.000 1.870.594.193.000 1.861.927.587.000
Devolu., rebajas y descuentos en venta 2.509.550.000 2.509.550.000 2.509.550.000 2.509.550.000
Ing. no constit. de renta ni gana. 1.283.360.000 1.283.360.000 1.283.360.000 1.283.360.000
Total ingresos netos 1.858.134.677.000 1.866.801.283.000 1.866.801.283.000 1.858.134.677.000
Costo de ventas 0 0 0 0
Otros costos 0 0 0 0
Total costos 0 0 0 0
Gast. operacionales de administración 320.859.260.000 320.044.817.000 320.044.817.000 320.044.817.000
Gastos operacionales de ventas 346.015.212.000 310.377.538.000 346.015.212.000 346.015.212.000
Dedu. por inversiones en activos fijos 87.561.253.000 48.721.739.000 74.637.284.000 74.637.284.000
Otras deducciones 1.056.119.417.000 1.056.119.417.000 1.056.119.417.000 1.056.119.417.000
Total deducciones 1.810.555.142.000 1.735.263.511.000 1.796.816.730.000 1.796.816.730.000
Renta líquida ordinaria del ejercicio 47.579.535.000 131.537.772.000 69.984.553.000 61.317.947.000
O Pérdida líquida del ejercicio 0 0 0 0
Compensaciones 0 0 0 0
Renta líquida 47.579.535.000 131.537.772.000 69.984.553.000 61.317.947.000
Renta presuntiva 0 0 0 0
Renta exenta 0 0 0 0
Rentas gravables 0 0 0 0
Renta líquida gravable 47.579.535.000 131.537.772.000 69.984.553.000 61.317.947.000
Total impuesto a cargo 15.701.247.000 43.407.465.000 23.094.902.000 20.234.923.000
Antici. renta por el año gravable 2008 0 0 0 0
Sald. a favor 2007 sin devol. o comp. 0 0 0 0
Autorretenciones 27.875.654.000 27.875.654.000 27.875.654.000 27.875.654.000
Otras retenciones 2.221.570.000 2.221.570.000 2.221.570.000 2.221.570.000
Total retenciones 30.097.224.000 30.097.224.000 30.097.224.000 30.097.224.000
Antic. renta por el año gravable 2011 0 0 0 0
Saldo a pagar por impuesto 0 13.310.241.000 0 0
Sanciones 0 44.329.949.000 7.393.655.000 4.533.676.000
Total saldo a pagar 0 57.640.190.000 391.333.000 0
O total saldo a favor 14.395.977.000 0 0 5.328.625.000

Conclusión

11-La Sala fija como criterio interpretativo de esta sentencia que (i) los ingresos solo son
gravables en el periodo de su causación, esto es, cuando nace el derecho a exigirlos,
con independencia de que se hayan contabilizado en un periodo diferente como ingresos
de años anteriores (ii) la deducción del gravamen a los movimientos financieros para los
organismos descentralizados, debe observar a limitación prevista en el artículo 115 del
ET, que para la época de los hechos era el 25%; (iii) la afectación del gasto contable al
registrarse una provisión por cartera, no necesariamente implica la afectación del gasto
fiscal, y por ello, el cuestionamiento atinente a la duplicidad de la deducción cuando se
castiga cartera, debe sustentarse probatoriamente por la Administración; (iv) la
deducción por inversiones en activos fijos reales productivos aplicaba sobre bienes y
servicios que integraran el activo tangible, como un todo. Asimismo, era procedente
respecto de bienes que se adquirieran para reparar, mejorar o actualizar activos
preexistentes, y también sobre los bienes y servicios requeridos para poner en
condiciones de utilización un activo fijo real productivo en construcción o formación, y que
por ello, integran su costo; (v) la causal de exculpación del error en la interpretación del
derecho aplicable exige que el contribuyente demuestre su ocurrencia, no es suficiente
su sola invocación.

Costas

12- Ante la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, conforme con el artículo 365.5 del CGP y acorde con lo expresado
en la sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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38

Radicado: 25000-23-37-000-2013-01510-01 (26384)
Demandante: ETB S.A. ESP

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar:

Segundo. Fijar como liquidación del impuesto de renta del período gravable 2008, incluida la sanción
por inexactitud, las cifras establecidas en el cuadro inserto en la parte motivan de esta sentencia de
segundo grado.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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