Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00376-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00376-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2014-00376-02
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
17 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2014-00376-02 (24696)
Demandante: Subaru de Colombia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2014-00376-02 (24696)
Demandante SUBARU DE COLOMBIA S.A
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Renta año gravable 2009. Adición de ingresos por venta de bien
corporal mueble. Descuento condicionado. Deducción por
comisiones por venta de cartera. Deducción de las pérdidas del
patrimonio autónomo. Sanción por irregularidades en
contabilidad, por inexactitud y por menor pérdida.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación presentados por ambas partes contra la
sentencia del 13 de febrero de 2019, proferida por la Sección Cuarta, Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió (fl.388):
PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión
312412012000073 de 7 de noviembre de 2012 y de la Resolución 900.513 de 9 de diciembre
de 2013, proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN,
respectivamente, mediante las cuales modificó la declaración del impuesto sobre la renta del
año gravable 2009.
SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMENTO DE DERECHO, TÉNGASE como valor a
pagar a cargo de SUBARU DE COLOMBIA S.A., la suma determinada en la liquidación
efectuada por este Tribunal en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia y hechas la anotaciones correspondientes, archívese el
expediente, previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen, y de
gastos del proceso a la parte demandante, si a ello hubiere lugar. Déjense la constancias del
caso.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 22 de abril de 2010, la sociedad presentó la declaración de renta del año gravable
2009, en la que registró un saldo a favor de $132.295.000.
Previa expedición del requerimiento especial, mediante la Liquidación Oficial de
Revisión Nro. 312412012000073 del 7 de noviembre de 2012, la Administración
modificó la declaración privada en el sentido de:
• Adicionar ingresos en la suma de $24.739.270.000 por ventas realizadas bajo la apariencia
de contratos de usufructos de vehículos.
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• Rechazar gastos operacionales de administración por $460.005.285 por no encontrarse
soportados conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.
• Rechazar gastos operacionales de ventas por $6.611.707.046 por depreciación de vehículos
objeto de operaciones simuladas de usufructo, que realmente corresponden a una venta.
• Rechazar la deducción por inversión de activos fijos reales productivos por $3.223.824.000
(40% de $8.059.560.635) porque realmente no corresponden a vehículos entregados en la
modalidad de usufructo sino mediante una venta.
• Otras deducciones por $1.823.519.894 por el cobro de comisión o intereses por valores que
le descuentan las entidades financieras por venta de cartera, por no cumplir con los
requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
• Descuentos condicionados en la venta de vehículos por $326.589.675 por no tratarse
realmente de un descuento realizado al cliente.
• Pérdida en operación de patrimonio autónomo por $2.903.034.859 porque conforme con el
artículo 102 del Estatuto Tributario, no son deducibles para los beneficiarios las pérdidas
fiscales sufridas en un período gravable por un patrimonio autónomo.
• Desconocimiento de retenciones por $24.776.194 por no encontrarse soportadas en los
respectivos certificados.
Todo lo anterior, llevó a determinar un impuesto a cargo de $11.491.570.000, a la
imposición de las sanciones por irregularidades en la contabilidad de $283.197.000,
por inexactitud por $18.297.328.000, y por pérdidas de $2.779.925.000, y a
establecer un saldo a pagar de $32.663.985.000.
Contra esta actuación administrativa, el contribuyente interpuso recurso de
reconsideración, que fue resuelto por la Resolución No. 900.513 del 9 de diciembre
de 2013, en el sentido de confirmar el acto liquidatorio.
ANTECEDENTES PROCESALES
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del CPACA, la parte demandante presentó las siguientes
pretensiones (fl.2 reverso):
PRIMERA: Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 900.513 del 9 de diciembre de 2013,
notificada el 11 del mismo mes, proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos
de la Dirección de Gestión Jurídica, acto administrativo que resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412012000073
del 7 de noviembre de 2012.
SEGUNDA: Declarar la NULIDAD de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412012000073
del 7 de noviembre de 2012, proferida por la Jefe G.I.T. Determinaciones Oficiales de la
División Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos Grandes
Contribuyentes, la cual modificó la liquidación privada No. 9100008537719 presentada el 22
de abril de 2010 por la sociedad SUBARU DE COLOMBIA S.A.
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, se declare la firmeza de la liquidación privada Impuesto de Renta año gravable
2009, con No. 9100008537719 del 22 de abril de 2010, presentada por la sociedad SUBARU
DE COLOMBIA S.A., para con ello establecer la inexistencia de suma adeudada a la U.A.E.
DIAN por concepto alguno.
CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
Con ese fin invocó como normas violadas las siguientes: artículos 29, 83, 95 y 363
de la Constitución Política; 27, 107, 127, 135, 147, 148, 158-3, 647, 647-1, 654, 655,
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683 del Estatuto Tributario; 823, 824, 832 y 1602 del Código Civil; 96, 97 y 98 del
Decreto 2649 de 1993 y 2º del Decreto 1766 de 2004.
En concreto, el concepto de violación lo plantea así (fls.4-20):
1. Inexistencia de omisión de ingresos por ventas realizadas a través de
contratos de usufructo
Expone que la celebración de los contratos de usufructo cumple lo dispuesto en las
normas aplicables a esa figura (artículos 823 y 824 del Código Civil), por lo que no
es cierto que se trate de una compraventa. Para refutar la presunta simulación,
anota que el plan de negocios de la empresa, denominado “Plan Usufructo”, ofrecía la
posibilidad de disfrutar del vehículo durante un tiempo determinado a cambio de un
precio, y permitía la opción de compra, en caso que el cliente decidiera adquirir el
vehículo al finalizar el plazo pactado en el contrato de usufructo.
Agrega, que con los clientes se firmaban dos contratos, uno de usufructo por el 70%
del valor del automóvil, y otro del 30% de promesa de compraventa, el cual solo
tenía efectos si los clientes deseaban adquirir el automóvil, de lo contrario se debía
reintegrar el bien. Cuando un cliente ingresaba al plan usufructo debía pagar el 50%
del valor comercial, y el otro 50% era financiado por una entidad financiera a 0% de
intereses para los beneficiarios, toda vez que eran asumidos por SUBARU.
Sostiene que si bien la empresa recibía la totalidad del valor comercial del vehículo
desde el comienzo del negocio, por el pago del 50% realizado por el cliente y el 50%
restante financiado por la entidad bancaria, estas sumas no eran entregadas como
pago de una venta sino como un pago anticipado.
Agrega que la estrategia comercial a partir de esa figura jurídica, parte de una
decisión económica lícita, con plenos efectos legales, y no un negocio simulado,
como lo ha entendido la demandada. Que la causa de los contratos es real, que
incluso hubo resoluciones anticipadas de contratos con sus respectivas
devoluciones, así como procesos judiciales por restitución de vehículo. Por esa
razón, consideró que la DIAN vulnera el principio de buena fe.
Cuestiona la posición de la demandada, según la cual los valores consignados en
la contabilidad de la empresa no corresponden a la actividad económica registrada
en el RUT “comercio de vehículos automotores nuevos”, por cuanto desconoce que este
solo sirve para efectos de clasificar a la sociedad como contribuyente, y que el
documento para establecer la actividad económica es el objeto social descrito en la
Cámara de Comercio, el cual expresamente autoriza a la empresa a dar en
usufructo toda clase de vehículos automotores.
Que los montos consignados en su contabilidad son por anticipos, y no pueden
recibir tratamiento de ingresos hasta que se cumplan las condiciones del usufructo
con el paso del tiempo. Motivo por el cual, lo recibido por concepto del pago del
usufructo es registrado en la cuenta de pasivo diferido, de conformidad con lo
ordenado por el Decreto 2649 de 1993. Registro contable que se encuentra
respaldado en el Concepto 007 de 2005 emitido por el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública.
Dijo que la existencia del contrato de usufructo, también se verifica en el hecho de
que algunos de estos tuvieron resolución anticipada y el vehículo fue restituido a la
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empresa. De esta situación se aportó como prueba la sentencia del 2 de marzo de
2012 proferida por el Juzgado 66 Civil Municipal.
Sostuvo que su actuar se soporta en el Concepto DIAN Nro. 037150 de 2008, que
se refiere a una consulta sobre los mismos supuestos discutidos a contribuyente,
esto es, la constitución de usufructo sobre bienes muebles y la posterior venta del
mismo.
Explicó que una vez el cliente expresa su intención de comprar el vehículo sobre el
cual ha ejercido el uso, el valor recibido por concepto de compraventa se causa
efectivamente y se registra en los ingresos de la sociedad, tal y como sucede con
el usufructo.
Además, alega violación al debido proceso, porque se torna ilegal la prueba
determinante para establecer los ingresos omitidos, al haber sido recaudada con
ocasión del auto de verificación y/o cruce del 9 de febrero de 2012, que facultó a
funcionarios para realizar una visita en las instalaciones de la empresa, por cuanto
no fue notificado con la debida antelación, en tanto que la diligencia se llevó a cabo
en la misma fecha del auto.
También considera que se viola el principio de legalidad toda vez que se adicionan
ingresos sobre el supuesto de “fraude fiscal”, pese a que la prueba indica que su
proceder está ajustado al marco legal. Que el fraude fiscal no existía en la legislación
colombiana para la época de los hechos, por tanto, la demandada no tenía
fundamento para establecer la adición de ingresos o desconocimiento de gastos o
costos.
2. Gastos operacionales de administración por $460.005.285
Expone que contrario a lo señalado por la Administración, los soportes del gasto por
comisiones pagadas a la Fiduciaria Colpatria cumplen con los requisitos del artículo
771-2 del Estatuto Tributario, como se demuestra en las facturas que sustentan la
operación que fueron allegadas con el recurso de reconsideración.
Que no es procedente que la Administración desconozca las facturas por una
supuesta falta de correspondencia con los comprobantes contables, porque esa
circunstancia no es exigida para su reconocimiento en el artículo 771-2 ibidem.
Tampoco hay lugar a su rechazo por haberse allegado en el recurso de
reconsideración, en tanto esa es una oportunidad legal para aportar pruebas
conforme con el artículo 744 del Estatuto Tributario. Que por tanto, procede el
reconocimiento de la suma de $397.900.488 (fls. 12 y 13 cp).
3. Gastos operacionales de ventas por $6.611.707.046
Señala que el valor declarado en ese renglón corresponde a la depreciación de los
vehículos que fueron dados en usufructo a los clientes. Valor que desconoce la
autoridad tributaria bajo el argumento que al estar ante un contrato de compraventa
y no de usufructo, era improcedente el gasto de depreciación, porque conforme el
artículo 135 del Estatuto Tributario aplica sobre activos fijos.
Sostuvo que le dio a los vehículos el tratamiento de activos fijos en cumplimiento de
Concepto DIAN 37150 de 2008, por lo cual debía ser descontado el gasto que
produjo su depreciación, que solo afecta al que posee la titularidad del bien (nuda
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propiedad). Y que la DIAN no ha desvirtuado la realidad de los contratos de
usufructo.
Dijo que en cuanto a las supuestas inconsistencias en los registros de las
depreciaciones de los vehículos con códigos asignados 70318, 70338, 70362 y
70369, las mismas no prueban que se haya realizado una depreciación indebida o
mayor a la determinada por el sistema de línea recta. “Se adjuntan en el capítulo de
pruebas, los soportes y notas que aclaran las supuestas inconsistencias”.
4. Deducción por inversión en activos fijos por $3.223.824.000
Reitera la existencia y validez de los contratos de usufructo y todos los efectos
jurídicos que se desprenden de la naturaleza propia de ese negocio jurídico. Que
una vez aceptado que se trata de activos fijos, al ser bienes productores de renta,
cuya titularidad permanecía encabeza de la sociedad, la conclusión debe ser que el
ingreso diferido es llevado del pasivo a resultados a medida que se da el disfrute y
goce del vehículo.
Que la causación periódica del ingreso, conforme el ejercicio del derecho de uso del
vehículo por parte de los clientes, genera una factura, la cual se emite
mensualmente a cada usufructuario correspondiente a lo causado por el uso y goce,
tal y como lo ordena la técnica contable. Y en los eventos en los cuales la propiedad
de dichos vehículos es transferida a los clientes, una vez terminado el contrato de
usufructo, la empresa restituyó el beneficio del artículo 158-3 del Estatuto Tributario,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1766 de 2004.
5. Otras deducciones por $5.053.144.420
Manifiesta que en los actos cuestionados la administración desconoce la deducción
por comisiones por venta de cartera con cheques posfechados por valor de
$1.823.519.894, correspondiente a la comisión / interés que cobraban las entidades
financieras cuando la sociedad vendía su cartera mediante cheques posfechados.
Consideró que la potestad de vender los cheques posfechados y recibir un menor
valor por concepto de comisión, es una operación necesaria para poder proveerse
de los recursos necesarios para desarrollar su actividad económica, en la medida
que la venta de cartera permite anticipar recursos con los cuales la empresa
adquiere los vehículos que constituyen la fuente de su actividad comercial. De tal
manera, que es procedente la deducción por el gasto financiero por existir relación
de causalidad con la actividad productora de renta.
Dijo que no procede el desconocimiento por descuentos condicionados en
vehículos por valor de $326.589.675, suma que -afirma- corresponde al interés
que cobra el Banco por el crédito al cliente. Y que el hecho que el usufructuario no
tenga la carga de los intereses, no significa que no existan, toda vez que son
asumidos por la empresa, por lo tanto, genera una deducción que cumple con los
requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Que debe tenerse en cuenta que
el valor comercial del vehículo al final del contrato de usufructo y si el cliente realiza
la compraventa, constituye un ingreso que es declarado y que genera renta
gravable, pues, es la suma de lo recibido por usufructo y por el valor de la venta del
vehículo, con lo cual es claro que le asiste el derecho a restar el descuento para la
base de la renta líquida.
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Sostuvo que no procede el desconocimiento de la pérdida en patrimonio
autónomo por valor de $2.903.034.859, porque ese patrimonio fue establecido
para la administración de los recursos de la sociedad en la importación de los
vehículos y su entrega. No se trata de una inversión ajena a la operación de la
empresa, por ende su desconocimiento vulnera el artículo 147 del Estatuto
Tributario, al gravar una pérdida que normalmente debe ser procedente. Que ese
patrimonio tiene el único objetivo de garantizar el pago de las acreencias al Banco
Colpatria y por eso sirve de garantía y fuente de pago a los acreedores. Que esa
erogación cumple con los requisitos del artículo 107 ídem, por lo que debe ser
deducida. Adicionalmente, la procedencia de la misma se soporta en el Concepto
DIAN 101626 de 2006, que permite la deducción de estas erogaciones.
6. Improcedencia de la sanciones
Cuestiona la sanción por libros de contabilidad, porque la contabilidad de la empresa
permitió a la DIAN determinar la base gravable, los ingresos y el desconocimiento
de costos y deducciones. considera que a lo sumo lo que se presentó fue una
incorrecta contabilización, supuesto que no se contempla como sancionable en el
literal e) del artículo 654 del Estatuto Tributario. Y además, se está sancionando dos
veces por el mismo hecho, pues la conducta que supuestamente genera esta
sanción es la misma sobre la que se impone la sanción por inexactitud.
Advirtió que la sanción por inexactitud también desconoce el principio de no
confiscatoriedad de tributo, al tasar una sanción en cuantía de $21.360.450.000,
cuando el patrimonio del contribuyente es de tan solo $4.965.120.000, lo que implica
que su patrimonio únicamente puede cubrir una parte de esa obligación. Lo que
igualmente, afecta el derecho de propiedad y su función social.
En lo que se refiere a la sanción por pérdida improcedente, afirma que se aplicó
sobre el 160% del impuesto teórico de la pérdida registrada en cuantía de
$5.265.010.000, siendo el impuesto teórico de $1.737.453.000 y la sanción de
$2.779.925.000. Agrega que para calcular la sanción de inexactitud del 160% se
toma el 100% del mayor saldo a pagar más el saldo a favor declarado, estableciendo
la sanción en $18.297.328.000. Así, el valor del impuesto teórico calculado sobre la
pérdida que sirvió de base para determinar la sanción de inexactitud por la pérdida
no fue descontado de la base para calcular la renta de inexactitud, lo que duplica la
base para la sanción, vulnerando el principio non bis in ídem.
Por último, afirma que no procede la sanción por inexactitud, dado que no se incurrió
en las conductas tipificadas en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Además, mal
haría la demandada en sancionarla, teniendo en cuenta que actuó con apego a la
doctrina señalada en el Concepto DIAN 37150 de 2008. Y agregó que en el presente
caso se configura una diferencia de criterios en el derecho aplicable, el cual no
genera la sanción por inexactitud a la luz del citado artículo 647.
Oposición a la demanda
La entidad demandada controvirtió las súplicas de la demanda (fls.167-219).
Dijo que profirió los actos administrativos acusados en observancia del
ordenamiento jurídico aplicable, y que comprobó que en realidad la sociedad
celebró una compraventa y no un contrato de usufructo, por lo que era procedente
la adición de ingresos omitidos.
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Manifestó que la actora ofrecía como incentivos al cliente para vender sus vehículos
un descuento especial como no pago de intereses de financiación, cuotas fijas,
facilidad para la obtención de un crédito bancario, con la única condición de
adquirirlo suscribiendo dos contratos, uno de usufructo y otro de promesa de
compraventa, en la que indica el día en que el vehículo se trasferiría al usufructuario.
Que para determinar la realidad del negocio realizado se tuvo en consideración el
material probatorio soporte de cada una de las transacciones efectuadas en el año
fiscal 2009, en los que se estableció que no registró en las cuentas de ingreso
ninguno de los valores recibidos como pago por la trasferencia del vehículo.
Está demostrado que la intención de los contratantes fue celebrar un contrato de
compraventa sobre un vehículo automotor y no uno de usufructo, pues, en las
declaraciones de terceros adquirientes, manifestaron expresamente que su
intención fue adquirir el vehículo y no el simple uso del mismo. Muestra de ello es
que, desde el inicio de la operación y al momento de recibir el mismo, ya habían
cancelado la totalidad de su valor, parte con recursos propios y la otra con crédito
bancario. Además, los adquirientes nunca reconocieron a la actora como dueña del
bien, sino que actuaron bajo el convencimiento de que estaban adquiriendo el uso,
disposición y frutos del mismo, es decir, actuaron sobre los bienes con ánimo de
señor y dueño, lo cual es incompatible con la figura del usufructo.
De manera que el hecho cierto y verificado es que los clientes pagaron el 100% del
valor del vehículo comprado, valores que fueron recibidos directamente por el
vendedor o girados a su favor por la entidad financiera, cuyos registros contables
no aparecen en las cuentas del ingreso de la compañía vendedora. Por lo tanto,
resulta equivocada la afirmación, según la cual los vehículos son de su propiedad,
por ser el nudo propietario, y que son activos fijos de la compañía. Adicionalmente,
se constituyó prenda sin tenencia a favor del Banco para respaldar el crédito
concedido al cliente. Todo lo anterior, demuestra que el comprador es el titular del
derecho, así el vendedor argumente que es un contrato de usufructo.
En cuanto a que la actora considera que lo que suscribe son contratos de usufructo
y que el valor recibido por los mismos no los registra como ingresos sino como
anticipos para posteriormente ser debitado y acreditado como ingreso en la medida
que transcurre el tiempo del usufructo, dijo que así registrada esa operación escapa
de la realidad de la misma, porque realmente los contratos celebrados fueron de
compraventa y no de usufructo, por lo que la actora no le dio aplicación al artículo
26 y siguientes del Estatuto Tributario. Los ingresos producto del precio total
recibido no fueron contabilizados ni declarados para efectos de la determinación del
impuesto sobre la renta.
Que el valor tenido en cuenta para la adición de ingresos fue el resultado de la
inspección contable, como quiera que en dicha diligencia se recopiló el listado de
las ventas de vehículos por usufructo, en el que se evidencia el valor total de los
contratos. Por eso, no acepta el argumento de que la prueba que sirvió de base
para el efecto de determinar el ingreso omitido haya sido la obtenida con ocasión
del auto de verificación y/o cruce del 9 de febrero de 2012, o que la prueba
recaudada en ella resulte ilegal por no haberse notificado ese auto con antelación
al día en que se realizó la diligencia.
Destacó que no se contradice el actuar administrativo con lo expuesto en el
Concepto DIAN 37150 de 2008, o el Concepto 007 de 2005 del Consejo Técnico de
la Contaduría Pública sobre el tratamiento contable de los bienes dados en
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usufructo como activos fijos. Que esos conceptos no aplican al caso concreto, en
tanto que se logró demostrar que la operación realizada es de compraventa y no de
usufructo.
En relación al desconocimiento de gastos operacionales de administración por valor
de $460.005.285, indicó que en la conciliación contable y fiscal suscrita por el
representante legal y el revisor fiscal de la actora, se observa la cuenta 519505-
gastos diversos comisiones, de los cuales $26.170.625 corresponden a
International Partners Ltda. y cuyos soportes son contabilizaciones por cobro de
honorarios del segundo bimestre de 2008, órdenes de pago y comprobantes de
egreso; respecto de la Fiduciaria, en cuantía de $397.900.488, se suministraron
comprobantes de contabilidad; y respecto del señor Omar Wilson García Macías
por $35.934.172, los soportes no fueron entregados. Se consideró que esos
soportes no cumplían con lo previsto en los artículos 617, 618 y 771-2 del Estatuto
Tributario, al no constituir el documento idóneo para probar la transacción, cual es
la factura o documento equivalente. Y, aclaró que si bien el contribuyente con el
recurso de reconsideración aportó ciertas facturas las mismas no concuerdan con
lo registrado en los comprobantes de contabilidad.
En lo referente al desconocimiento del valor declarado como gastos operacionales
de ventas por valor de $6.611.707.046, dijo que esa depreciación perdió sustento
debido a que los vehículos fueron entregados por la actora a título de venta y no de
usufructo, por lo tanto, no constituían activos fijos. La prueba permitió establecer
que los vehículos que comercializa la actora ingresan al inventario con ese fin (ser
comercializados), razón por la cual constituyen en activo movible, esto es, no
sujetos a depreciación, al ser bienes adquiridos para ser enajenados en el giro
ordinario del negocio de la demandante, por lo tanto, procedía el desconocimiento
del gasto.
Anotó que los argumentos expuestos, de igual forma son suficientes para confirmar
la glosa por medio de la cual se desconoció el valor correspondiente a la inversión
en activos fijos reales productivos por valor de $3.223.824.000, como quiera que la
deducción en mención, incorporada en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, está
direccionada a los activos adquiridos por el contribuyente con vocación de
permanencia para formar parte de su patrimonio, y es evidente que los vehículos se
adquirían por la demandante para ser enajenados, en consecuencia, constituyen
activos movibles, por eso, en virtud del pretendido contrato de usufructo, no se le
podía dar el trato de activo fijo como lo pretendía la actora.
Sobre el rechazo de otras deducciones por $5.053.144.420, que corresponden al
desconocimiento de comisiones por venta de cartera por $1.823.519.894,
descuentos condicionados en vehículos por $326.589.675 y pérdida en operación
de patrimonio autónomo por $2.903.034.859, indicó:
Que la actora vende a Correval y Banco Pichincha cheques posfechados a cambio
de una comisión, que es registrada en la cuenta 53052005-intereses. El valor
pagado por las esas entidades es girado al patrimonio autónomo y a Proyectar
Valores. Al revisar la contabilización de esas operaciones se observó que el valor
girado (menos comisión), no fue contabilizado en el ingreso, sino que fueron
afectadas las cuentas 11100530, caja débito, y 53052005, comisiones débito.
Los cobros de comisiones o intereses descontados por las entidades financieras,
por la venta de cartera, no son deducibles porque no está contemplada
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expresamente en las normas fiscales, además, esas comisiones correspondían a
un menor valor por la venta de cartera, operación económica que no tenía relación
de causalidad, que exige el artículo 107 del Estatuto Tributario con la actividad
productora de renta del contribuyente, en razón a que vender cheques por menor
valor es decisión del contribuyente, y la decisión de vender cheques no es
obligatoria o antecedente para que perciba un ingreso. En ese sentido, para
desarrollar su actividad económica, no es necesario que el contribuyente tenga que
vender cartera a cambio del pago de una comisión.
Advirtió que es equivocado el planteamiento del demandante al indicar que los
valores constituyen gastos de financiación comoquiera que no se observa
financiación en el presente caso, sino el cobro de una comisión que no tiene relación
de causalidad con la actividad productora de renta. Y agregó, que este rubro no fue
cuestionado por el requisito de proporcionalidad.
Frente a los descuentos condicionados en vehículos expuso que, como se pudo
observar en los casos de los clientes analizados registra descuentos condicionados
en ventas en la cuenta 53053505, detraído del valor de la renta, y solicitado como
deducción, sin haber explicado la procedencia fiscal. Adicionalmente, la glosa debe
ser confirmada, en tanto que los valores correspondientes no son asumidos
realmente por la compañía demandante, sino por el adquiriente del vehículo.
Respecto a la pérdida en patrimonio autónomo, generada con ocasión de un
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, garantía y pagos,
celebrado con Fiducia Colpatria, con el objeto de conformar y administrar el
patrimonio autónomo destinado a servir de garantía y fuente de pago a los
acreedores que se vinculen al patrimonio, anotó que la deducción de pérdidas a la
que alude el artículo 147 del Estatuto Tributario, hace relación a las pérdidas fiscales
sufridas por las sociedades como resultado de su actividad operacional. Aclara que
la pérdida fiscal sufrida por una sociedad en un periodo gravable es la que resulta
cuando la totalidad de sus ingresos obtenidos durante el período resultan inferiores
a sus costos y deducciones fiscales, y es diferente a las pérdidas sufridas por un
patrimonio autónomo constituido en virtud de un contrato de fiducia mercantil. Que
las pérdidas del patrimonio autónomo no pueden ser objeto del tratamiento previsto
en el referido artículo. No existe disposición que prevea la posibilidad de su
deducción para el caso en comento.
En lo que se refiere a la sanciones, expuso que la sanción por irregularidades en la
contabilidad surge debido a que existió una indebida contabilización, lo que no
permitió verificar la debida determinación de los factores que constituían la base
gravable del impuesto de renta del año 2009, pues, además de observar la
contabilidad, se tuvo que acudir a cruces de información con terceros y otras
pruebas, para extraer la realidad de las operaciones realizadas y así concluir que
habían sido mal registradas. Por tanto, se dan los supuestos del literal e) del artículo
654 del Estatuto Tributario. Que la sanción por libros de contabilidad se impuso
porque omitió incluir en la misma la realidad de las operaciones económicas por ella
adelantada, mientras que la sanción por inexactitud surge por incorporar datos
inexactos en el denuncio rentístico. El hecho sancionable surge en dos conductas
distintas realizadas en momentos diferentes.
En lo atinente a la sanción por disminución de pérdida en cuantía de
$2.779.925.000, luego de transcribir el artículo 647-1 ídem, dijo que se calcula
sobre un impuesto teórico, razón por la cual no es consecuencia de un mayor
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impuesto o un menor saldo a favor en discusión que efectivamente se deba pagar.
Se calcula con base en impuesto teórico, es decir, un impuesto que no debe
cancelar el contribuyente. Resaltó que la sanción establecida en el artículo 647,
equivale al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el
caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente en ese
sentido, la misma base no tiene incluido el valor del impuesto teórico que se calcula
sobre la menor pérdida para determinar la sanción de que trata el artículo 647-1 del
Estatuto Tributario, como lo pretende hacer ver la actora. Que esa sanción se
encuentra ajustada a derecho.
Por último, considera procedente la sanción por inexactitud, toda vez que concurre
en este caso el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del Estatuto Tributario,
la omisión de ingresos e incorporación de costos y gastos improcedentes, resultado
de lo cual declaró un menor impuesto. Que no existe diferencia de criterios, ya que
las normas son claras y no aportan motivos de duda o controversia.
Y, advirtió que la glosa por el desconocimiento de retenciones de $24.776.194 no
se encuentra en discusión por parte de la actora.
Sentencia apelada
El Tribunal accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, y no condenó en
costas (fls.350-388 c.p).
Determinó que no se vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que el auto de
Verificación y/o Cruce No. 312382012000211 del 9 de febrero de 2012, en el cual
se nombró y facultó a funcionarios de la entidad para su realización, se le puso en
conocimiento a la actora ese mismo día con ocasión de la verificación realizada en
las instalaciones de la compañía, que su contador fue la persona encargada de
atenderla y quien dentro del desarrollo de la misma entregó información. Además,
en las normas procedimentales no se encuentra establecido que los autos que
designen funcionarios para ese tipo de diligencia deba ser notificado al
contribuyente con un tiempo determinado de antelación, o una ritualidad específica.
Después de relacionar las normas pertinentes y de valorar las pruebas, determinó
que resulta demostrado que las operaciones realizadas por parte de la demandante
eran realmente de compraventa y no de usufructo, y que incluso así lo manifestaron
clientes. Existió una indebida contabilización de esas operaciones y en
consecuencia una omisión de ingresos, en tanto no se registró el ingreso girado por
la entidad bancaria que avaló los créditos de los vehículos, así como tampoco los
dineros entregados por el cliente con recursos propios, que se detallan en las
facturas y recibos de pago, los cuales corroboran que la demandante recibió
efectivamente en dinero el precio total del vehículo, con ocasión de los contratos de
usufructo y compraventa. Motivo por el cual había lugar a la adición de los mismos
en la suma de $24.739.270.000, toda vez que el supuesto contrato de usufructo no
resulta ser más que una simulación de ventas. Que esta conclusión ya había sido
emitida en sentencia del 8 de noviembre de 2018, en la que se discutía la adición
de ingresos en los seis bimestres del IVA año gravable 2009 (expediente Nro.
25000233700020140058500).
Luego de citar sentencia de esta Sección y de la Corte Constitucional, concluyó que
“la Administración de impuestos, en aplicación de la misma Constitución Política, estaba
facultada para identificar prácticas abusivas en aplicación de determinados criterios
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desarrollados jurisprudencialmente para efectos de la simulación, antes de la expedición de
la Ley 1607 de 2012”, y en esa medida, en el caso concreto, determinó que las
operaciones realizadas por la demandante eran distintas a las reflejadas en su
contabilidad y en la declaración de renta del año 2009.
En relación al Concepto DIAN 037150 del 14 de abril de 2008, en el que -afirma la
actora- amparó la operación de usufructo, indicó que está referido al IVA, pero en él
la demandada no le entregó un aval para creer que con la modalidad contractual
con la cual transfirió el dominio de los vehículos, podía omitir ingresos. En ese
concepto se le expresó que el usufructo era posible en la medida que se pactara el
uso y goce de activos fijos, activos estos que no son generadores del impuesto a
las ventas cuando se trasfiere su dominio. Que al revisar el objeto social de
empresa, se observa que estaba encaminado a arrendar o alquilar, comprar o
vender, importar, exportar, distribuir, agenciar y en general comercializar todo tipo
de vehículos automotores en el territorio nacional, y como el tipo de bien que generó
los ingresos gravados en los períodos investigados correspondían a vehículos
automotores producidos por la misma empresa demandante, es fácil concluir que
los mismos concernían a activos movibles, que se enajenan dentro de un giro
ordinario de los negocios, y no a activos fijos.
Respecto de los gastos operacionales de administración por la suma de
$460.005.285, precisó que corresponden a comisiones pagadas a International
Partners, a la Fiduciaria Colpatria y a Omar Wilson García Macías. Determinó que
solo son idóneos los soportes de la transacción con la Fiduciaria, las facturas por
$397.900.488, que cumplen los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario,
por lo tanto, no procedía el rechazo de los gastos pagados a esa Fiduciaria. Accede
parcialmente al cargo y modifica el renglón, en el sentido de aceptar como deducible
la suma de $397.900.488. Agregó que aunque la Administración de impuestos
advierte una inconsistencia entre los valores registrados en la facturas y los
comprobantes de contabilidad, no expresa cuál es el monto de dichos
comprobantes, que permita visualizar la diferencia.
En cuanto a los gastos operacionales de ventas por la suma de $6.611.707.046,
concluyó que al haberse demostrado que no se trató de un contrato de usufructo
sino de compraventa de vehículos, era improcedente el gasto por depreciación, el
cual, en los términos del artículo 135 del Estatuto Tributario, aplica sobre activos
fijos. Por lo que procedía su desconocimiento. No accede al cargo.
En relación a la deducción por inversión en activos fijos por valor de $3.223.824.000,
determinó que como en este caso se demostró que se estaba frente a la
compraventa de vehículos, y no ante un contrato de usufructo, no procede la
deducción por recaer sobre activos movibles. No prospera el cargo.
En cuanto a otras deducciones por $5.053.144.420, consideró:
• Que las comisiones por valor de $1.823.519.894, que afirma la actora hacen
referencia a cobros de comisiones o intereses descontados por las entidades
financieras por la venta de cartera, es improcedente su deducción, debido a
que el gasto no cumplió con los requisitos de necesidad y causalidad previsto
en el artículo 107 del Estatuto Tributario, debido a que el descuento en la
venta de cartera no hace parte del giro de los negocios de la actora, y aunque
se afirme que la negociación se efectuó con el fin de adquirir vehículos, ese
hecho no está probado, ni le otorga el carácter de necesario para esa
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actividad. Que como no se cuestionó que el gasto fuera proporcional, se
abstenía de pronunciarse sobre ese punto.
• Que los descuentos condicionados por la suma de $326.589.675, que la
actora alega tener derecho por asumir los intereses del crédito concedido por
el Banco a los clientes, no proceden, no solo porque no se trata de un
descuento financiero condicionado respecto de la actora, en tanto no existía
condición, sino un beneficio otorgado a los clientes para incentivar la compra
de vehículos.
• Respecto a la pérdida en patrimonio autónomo por valor de $2.903.034.859,
determinó su improcedencia, porque por disposición legal la actora no está
autorizada para reflejar las pérdidas del patrimonio autónomo en su
declaración de renta (art.102 ídem), pues lo que interesa para efectos del
impuesto de renta en cabeza del beneficiario del fideicomiso es la utilidad
que le reporte el negocio fiduciario, no las pérdidas, en tanto tales pérdidas
se enjugarían con otros ingresos diferentes a los generados en el fideicomiso.
Finalmente, concluyó que procedía la imposición de sanción por irregularidades en
la contabilidad, por inexactitud y por rechazo o disminución de pérdidas, porque se
configuran los supuestos de los artículos 654 literal e), 647 y 647-1 del Estatuto
Tributario.
La primera, toda vez que los libros de contabilidad no permitieron verificar o
determinar los factores necesarios para establecer la base de liquidación del
impuesto sobre la renta. La segunda, en tanto que la actora omitió ingresos y declaró
gastos improcedentes en la declaración de renta del año gravable 2009. La tercera,
porque el artículo 6747-1 del Estatuto Tributario no tipifica un hecho sancionable
independiente de los del artículo 647 ídem, sino que regula las condiciones en las
cuales deben aplicarse las sanciones por inexactitud y de corrección cuando se
disminuyan o rechacen pérdidas fiscales, por lo tanto considera que no hay dos
sanciones por inexactitud por el mismo hecho.
No obstante, determinó que había lugar a aplicar el principio de favorabilidad del
artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, respecto de la sanción por inexactitud y por
rechazo o disminución de pérdidas. Por lo tanto, las redujo del 160% al 100%,
quedando la de inexactitud en $11.304.523.000, en vez de $18.297.328.00, y por
disminución de pérdidas en $1.737.453.300, en lugar de $2.779.925.000.
No condenó en costas, toda vez que no se encontraban probadas en el expediente.
Recurso de apelación
Las partes apelaron el fallo.
La parte demandante (fls.396-410 c.p), para que se revoque y en su lugar se
acceda a la totalidad de las pretensiones. De manera expresa dijo que se “reiteran las
pretensiones y los fundamentos contenidos en la demanda y los puntos de inconformidad respecto
de la decisión del Tribunal”.
Indicó que es improcedente la adición de ingresos por cuanto la operación que
realizó el contribuyente fue un usufructo y no una venta, como se constata en los
contratos, en el que se verifica que ambas partes conocían plenamente las
condiciones del Plan Usufructo.
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Agregó que contrario a lo que dijo el Tribunal, solo a partir de la Ley 1607 de 2012
la demandada podía desconocer los contratos de usufructo, porque en ella se
estableció la cláusula antiabuso, pues, antes no existía, por lo que no podía ser
aplicada retroactivamente a la declaración de renta del año 2009.
Discutió el desconocimiento de los gastos operacionales registrados con
International Partners, en tanto se encuentran soportados en los comprobantes de
egreso que dan cuenta de la existencia plena de la erogación.
Dijo que debe reconocerse la deducción por depreciación y por inversión de activos
fijos, por cuanto se solicitan respecto de los bienes de la compañía dados en
usufructo.
Consideró que son procedentes las deducciones por comisiones por venta de
cartera, porque corresponden a un costo generado por anticipar cartera, siendo una
operación necesaria para producir renta. Que debe reconocerse los gastos por
descuentos condicionados debido a que se solicitan por el interés por el crédito
bancario de los clientes del Plan Usufructo y que asume la compañía. Asimismo,
debe aceptarse la deducción por pérdida en patrimonio autónomo por cuanto el
gasto tiene relación de causalidad, en tanto el fideicomiso tiene por objeto la
financiación de su actividad comercial.
Insiste en la improcedencia de las sanciones impuestas, y que se aplicó
inadecuadamente la sanción por rechazo de pérdida, al sancionar dos veces un
mismo hecho.
La parte demandada (fls.411-414 c.p), para que revoque en lo desfavorable y se
confirme en su totalidad el acto acusado. Cuestiona que se haya accedido
parcialmente a reconocer gastos operacionales de administración por la suma de
397.900.488 relativos a la Fiduciaria Colpatria, aduciendo diferencias de las facturas
aportadas con los comprobantes de contabilidad allegados, y por ello estima que no
son suficientes para reclamar ese monto.
Advirtió que la empresa no entregó la información solicitada para soportar estos
gastos, y de conformidad con el artículo 781 del Estatuto Tributario, esa conducta
constituye un indicio en contra del contribuyente.
Igualmente, sostiene que la sanción por inexactitud debe mantenerse con el 160%,
en aplicación del numeral 2º del artículo 648 del Estatuto Tributario, al haber
incurrido la actora en un abuso en materia tributaria por simulación contractual, para
omitir ingresos gravables.
Alegatos de conclusión
Ambas partes presentaron alegatos y reiteran lo expuesto en sus recursos (fls.17-
39 cuaderno segunda instancia).
Concepto del Ministerio Público
Solicitó confirmar la sentencia apelada (fls.55-62 ídem).
Respecto al recurso de la actora señaló que no existe norma que consagre que el
auto de verificación y/o cruce del 9 de febrero de 2012 debe notificarse con una
antelación específica al día en que se realice la diligencia; que procede la adición
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de ingresos porque de la prueba se deriva que lo que existió realmente fue una
compraventa de activos movibles, en consecuencia, procedía el rechazo por gastos
operacionales de ventas y por deducción por inversión en activos fijos. Así mismo,
procedía el rechazo de otras deducciones, porque respecto de los costos generados
por la venta de cheques post fechados y el descuento del valor de los intereses de
los créditos otorgados por el Banco a los clientes, no se cumple el requisito de
causalidad y necesidad; al igual que por la pérdida en el patrimonio autónomo, al no
existir regla que permita deducirla en la declaración de renta. Considera que no se
incurre en doble sanción al imponer sanción por inexactitud y por rechazo o
disminución de pérdidas.
En cuanto al recurso de la demandada, consideró que contrario a lo que alega,
procedía el reconocimiento de las comisiones pagadas a la Fiduciaria, toda vez que
no explica ni prueba la falta de coherencia de las facturas con los comprobantes.
Además, considera que en virtud del principio de favorabilidad procedía reducir la
sanción al 100%, y que no procede la aplicación de 648-2 del ET, porque para la
época de los hechos no estaba tipificada la sanción por abuso en materia tributaria
de que trata el artículo 869 ídem, que introdujo la Ley 1607 de 2012.
CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa
Como cuestión previa, debe anotarse que la Consejera Stella Jeannette Carvajal
Basto presentó escrito en el que manifestó estar impedida para conocer del
presente asunto, en virtud de la causal del artículo 141-2 del Código General del
Proceso1, toda vez que para la época en que se desempeñó como Magistrada de
la Sección Cuarta-Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
conoció del medio del control de la referencia (fl.64 c.2ª instancia).
Por encontrarlo procedente, la Sala aceptará el impedimento. Con todo, existe
quorum para decidir, razón por la cual, la Sala se pronunciará sobre el litigio
planteado por las partes.
2. Planteamiento del problema jurídico a resolver
Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la
demandada modificó la declaración privada del impuesto de renta del año gravable
2009 presentada por la sociedad demandante.
En los términos de los recursos de apelación, será objeto de este fallo de manera
preliminar el relacionado con la violación al debido proceso por la indebida
notificación del auto de verificación y/ cruce del 9 de febrero de 2012. y en los temas
de fondo, la Sala debe decidir sobre: i) la improcedencia o no de la adición de
ingresos con ocasión de la ejecución del “Plan Usufructo”; ii) la improcedencia o no del
desconocimiento gastos operacionales de administración, gastos operacionales de
ventas, por deducción por inversión en activos fijos y otras deducciones (integradas
por comisiones por venta de cartera, descuentos condicionados y pérdida en
1 ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:
(…)
2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge,
compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.
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patrimonio autónomo), y finalmente, sobre las sanciones impuestas por
irregularidades en la contabilidad, por desconocimiento de pérdidas y, por
inexactitud.
Para la decidir el punto relacionado con la procedencia o no de la adición de
ingresos con ocasión del plan usufructo, se reiterará las consideraciones que hizo
la Sala en reciente sentencia del 30 de julio de 2020, exp. 23545, CP. Milton Chaves
García, del 15 de octubre de 2020, exp.23764, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
y del 2 de diciembre de 2021, exp. 24420, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello,
que decidieron un tema entre Subaru (hoy Comercializadora de Automotores
Nacionales S.A) y la DIAN, relacionado con el IVA del año 2011, 2010 y 2009,
respectivamente, cuya esencia radicó en establecer la omisión de ingresos a partir
de determinar la realidad del negocio jurídico de ese plan.
3. Análisis y resolución de los cargos
3.1. Violación al debido proceso
Frente a la ausencia de notificación previa del auto de verificación y/o cruce del 9
de febrero de 2012, debe anotarse que de lo consagrado en el artículo 565 y demás
normas procedimentales del Estatuto Tributario, no se desprende que ese auto deba
notificarse con determinado tiempo de antelación a la realización de la visita de
verificación, como lo alega la demandante.
La misma actora acepta que en el auto se comisiona a funcionarios para realizar la
visita de verificación en el domicilio de la compañía, la cual se llevó a cabo en la
misma fecha (fl.10 c.p). Diligencia que, como consta en el acta (fl. 58 a 61 c1), fue
atendida por el contador de la empresa, previo conocimiento ese mismo día del
contenido del auto, quien entregó información y suscribió el acta que se levantó. De
manera que no resulta ilegal la prueba recaudada en esa diligencia, por el hecho de
haberse practicado en la misma fecha de proferido el auto que así lo dispuso y que
comisionó a funcionarios para realizarla; por el contrario, está demostrado que esa
circunstancia no impidió que el contribuyente atendiera la visita y se desarrollara la
diligencia. Además, en el acta de la diligencia no obra ninguna manifestación del
contador que advierta una supuesta irregularidad en el recaudo de las pruebas.
En consecuencia, no prospera este cargo, toda vez que no se advierte violación al
debido proceso.
3.2. Adición de ingresos por valor de $24.739.269.626
La parte actora alega que resulta contrario al principio de legalidad que la
Administración concluya que los contratos de usufructo de automóviles, suscritos
con sus clientes, fueron realmente contratos de compraventa y, que por tanto,
debían registrarse y declararse los ingresos obtenidos por esas ventas.
Para estos efectos observa la Sala que el concepto de venta o enajenación debe
entenderse en su sentido natural y obvio, siguiendo las reglas del artículo 28 del
Código Civil”2, el de dominio o propiedad en los términos del artículo 669 del Código
Civil, que establece que: “El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una
cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.” y el
concepto de usufructo como un “…derecho real que consiste en la facultad de gozar de una
2 https://dle.rae.es/enajenar: “Vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos”
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cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituir a su dueño, si la cosa no es fungible;
o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es
fungible.
En consecuencia, la Sala aclara que de existir en la operación analizada una
transferencia de dominio, la misma deberá considerarse como una venta,
independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones
que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes.
Sumado a que el mismo artículo 1608 del Código Civil señala que conocida
claramente la intención de los contratantes debe estarse más a ella que a lo literal
de las palabras.
Para el efecto se procederá entonces a analizar las pruebas que se encuentran en
el expediente, con el fin de determinar la realidad de esas transacciones con los
automóviles, que se realizaron por medio de contratos denominados de usufructo y
promesa de compraventa conjuntamente.
En el presente caso, se observa que en el año gravable de renta del año 2009, la
demandante realizó contratos que se encuentran denominados como “Contrato de
Usufructo de Vehículo Automotor”, los cuales fueron suscritos con diferentes clientes.
En los mencionados contratos se determinó en las cláusulas más relevantes, lo
siguiente (fls.848-852 c. 5 de antecedentes):
“PRIMERA CLAUSULA: Objeto.- EL USUFRUCTUANTE se compromete a entregar a título de
usufructo y conceder el uso y el goce a el USUFRUCTUARIO y este declara recibir de aquel a igual título
un vehículo automotor marca: SUBARU línea FORESTER, que será usado en el territorio nacional
colombiano. […]
SEGUNDA CLAUSULA: OBLIGACIONES: Además de las obligaciones previstas por ley y las que las
partes adquieren en virtud del presente contrato, estas se obligan especialmente a:
PARAGRAFO PRIMERO. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL USUFRUCTUANTE:
1. Entrega del bien,… al USUFRUCTUARIO, libre de: toda perturbación a la posesión, demandas
civiles, embargo judicial, hipotecas, contratos de anticresis, arrendamientos, pleito pendiente; declara
además que hace entrega del vehículo automotor, objeto del presente contrato a paz y salvo por todo
concepto de impuestos, tasas y contribuciones. […]
PARAGRAFO SEGUNDO. – OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO:
1. Cancelar el precio en la forma y oportunidad prevista en el presente contrato.
2. Restituir el elemento dado en usufructo a la terminación de este contrato por cualquier causa y en
particular por vencimiento del término de duración, a menos que el USUFRUCTUARIO manifieste su
interés por escrito de adquirir el derecho real de propiedad sobre el bien objeto del presente contrato
[…]
9. Asegurar el vehículo materia del presente contrato durante la vigencia del contrato […] donde se
aseguren los siguientes riesgos […]
TERCERA CLAUSULA: Duración: El término de duración del presente contrato es de 60 MESES,
contado a partir de la firma del presente documento.
CUARTA CLAUSULA: Precio y Forma de Pago. – EL USUFRUCTUARIO se compromete a pagar la
siguiente suma que asciende al siguiente valor: SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($77.700.000). Este pago se deberá realizar a la firma del presente documento. […]”
En el mismo momento que la actora suscribió los contratos de usufructo, suscribió
contratos de promesa de compraventa con sus clientes, los cuales establecían en
sus principales cláusulas, lo siguiente (fls.853-854 del mismo cuaderno)
“PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA: EL PROMETIENTE
VENDEDOR por medio del presente instrumento se obliga a celebrar un contrato de promesa de
compraventa verbal o por escrito con el PROMETIENTE COMPRADOR que transfiera real y efectiva el
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derecho de dominio el día 17 DE MAYO de 2014 o cuando el derecho real de usufructo previamente
concedido al PROMETIENTE COMPRADOR termine. La compraventa será sobre el siguiente vehículo:
Clase: CAMPERO
Marca: SUBARU
Modelo: 2009
No. Motor: D648055
No. Serie: JF1SH5LS59G053181
Línea: FORESTER
Cilindraje: 2000 CC
Servicio: PARTICULAR […]
SEGUNDA – PRECIO El precio de la venta es la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($33.300.000), que EL PROMETIENTE COMPRADOR pagará a el PROMETIENTE
VENDEDOR, en dinero en efectivo en la ciudad de Bogotá el día 3 de Febrero de 2012. Valor que se
pagará el día de la celebración del contrato de compraventa del bien objeto del contrato. […]
PARAGRAFO SEGUNDO: Arras. En arras del negocio. EL PROMETIENTE COMPRADOR entregará
en esta fecha AL PROMITIENTE VENDEDOR la suma de VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS
DIEZ MIL PESOS M/CTE ($23.310.000) en dinero en efectivo, la cual perderá en favor del
PROMITIENTE VENDEDOR, o éste se la restituirá no doblada sino reconocerá como sanción interés
moratorios a la máxima tasa legal, en caso de incumplimiento o retracto, o se imputará al precio de la
venta si ésta se perfecciona por medio del contrato de compraventa.
Dentro del expediente también se observan diligencias de testimonios (fls. 540 a
541 ca3 y 863 a 865 ca5), en los que los clientes manifestaron que pagaron la
totalidad del contrato, que deseaban adquirir el vehículo a un precio un poco inferior,
y que pese a que Subaru era la dueña del vehículo ellos eran los responsables del
pago de los impuestos, el seguro todo riesgo y el seguro obligatorio de accidentes
de tránsito.
La Sala observa que la finalidad de los contratos fue la de transferir la propiedad de
los vehículos. Esa fue la intención manifiesta de los adquirentes, además que
asumían deberes propios del propietario como el pago de los impuestos y seguros.
Simultáneamente al contrato de usufructo se suscribía una promesa de contrato de
compraventa, según la cual, si el usufructuario no adquiría la plena propiedad, debía
pagar unas arras de retracto. Es claro que el supuesto usufructuario no tenía otra
opción que adquirir la propiedad del bien en el plazo pactado, para no ser
sancionado por el vendedor, como ocurriría en un contrato de compraventa.
En consecuencia, se puede establecer que los clientes compraron los vehículos
desde un principio. Existió una transferencia de los riesgos a los adquirientes de los
vehículos al hacerlos responsables de los pagos de impuestos y seguros.
Adicionalmente, se advierte que coincide lo manifestado por la actora en la
demanda, y lo explicado en los testimonios, en cuanto reconocen que se pagó
desde un principio la totalidad del valor del bien, un 50% de contado y otro 50%
financiado, por lo que la actora recibía el pago de los vehículos al entregarlos.
Se encuentran en el expediente cartas de aprobación de créditos de algunos
clientes para la adquisición de vehículos. Además, se aportaron documentos de
prendas sin tenencia a favor de las entidades bancarias para respaldar el crédito
concedido al cliente, y casos en los que la actora demandó a algunos de sus clientes
por restitución del automóvil. Sin embargo, dichos documentos no desestiman la
venta de los vehículos de parte de la actora a sus clientes, y al hacer efectivas las
arras, le aseguraban un ingreso en caso de no cumplirse con la promesa de
compraventa, valor que era muy similar al final de la venta.
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Así las cosas, es claro que la operación realizada por el contribuyente tenía por
objeto desde un inicio la transferencia del dominio del bien, y no el goce de la cosa
por un tiempo limitado, que es elemento esencial del usufructo. Lo que se ratifica en
el hecho que desde la suscripción de los contratos se pagó el valor comercial del
bien, el cual no tendría sentido asumir para solo adquirir el uso y los frutos del bien,
como tampoco las erogaciones propias de un propietario de un vehículo, como los
seguros y los impuestos.
En este orden de ideas, de acuerdo con las pruebas referenciadas3, para la Sala es
evidente que existió venta de vehículos entre la actora y sus clientes, por lo tanto,
los ingresos provenientes de esas operaciones debían ser registradas en su
contabilidad y tenidas en cuenta como tal en la declaración de renta, lo que no
ocurrió.
La Sala aclara que la terminología utilizada en el acto demandado de “fraude fiscal” y
su explicación no es relevante para la determinación del impuesto de renta, y que
pese a que la actora alega que actuó de acuerdo con el Concepto DIAN 37150 de
14 de abril de 2008 y otros, que hace referencia a los contratos de usufructo, no
desvirtúa que la operación realizada fue una venta gravada. Máxime que, como lo
indicó el Tribunal, en ese concepto la autoridad tributaria no habilitó a la actora a
actuar como lo hizo, toda vez que se trató de venta de activos movibles, no de
activos fijos como lo afirma, ya que se enajenan dentro de un giro ordinario de sus
negocios y correspondían a vehículos automotores producidos por la misma
empresa.
Vale la pena aclarar que el acto administrativo demandado tiene como fuente la
sentencia C-015 de 1993 de la Corte Constitucional, en la que se indica que las
autoridades tributarias tienen como obligación de carácter constitucional el
cumplimiento de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, que se
concretan con el principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma. Y en el
presente caso, la demandada procedió de acuerdo con los mencionados principios
constitucionales al determinar que la realidad de las transacciones en discusión
fueron en su realidad económica la venta de bienes corporales muebles y no el
cumplimiento de un contrato de usufructo, de acuerdo con la explicación previa.
Adicionalmente, no se advierte una violación al principio de buena fe, pues se
evidencia en el expediente que el acto cuestionado tomó en cuenta las pruebas
aportadas por las partes y que se recolectaron de terceros, para determinar lo no
registrado ni declarado en renta.
En cuanto a la cláusula antiabuso establecida en la Ley 1607 de 2012, que la actora
invocó en el escrito de apelación, señalando que se le dio aplicación retroactiva,
debe anotarse que por tratarse de un argumento jurídico que no mencionó
expresamente en la demanda, en principio no habría lugar a pronunciarse sobre ese
aspecto. Además, esa ley no fue fundamento del acto demandado.
No prospera este cargo de la apelación de la actora.
3 La prueba documental y testimonial obra en 15 cuadernos que contienen los antecedentes administrativos.
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3.3. Rechazo de gastos :
i. De los gastos operacionales de administración desconocidos por la
administración por la suma de $460.005.285 (que corresponden a comisiones
pagadas a International Partners Ltda. por $26.170.625, a la Fiduciaria
Colpatria por $397.900.488 y, al señor Omar Wilson García Macías por
$35.934.172), el Tribunal aceptó el concerniente a la Fiduciaria Colpatria, y
negó las demás deducciones.
Contra esa decisión se interpusieron recursos de apelación, la demandada por
el reconocimiento del gasto por la Fiduciaria Colpatria, y la demandante por el
gasto referente a International Partners Ltda.
Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal no debió pronunciarse sobre la
procedencia de los gastos solicitados por International Partners Ltda. y el
señor Omar Wilson García Macías, por cuanto los mismos no fueron discutidos
por la actora en la demanda, y en ese sentido, el fallo del Tribunal excedió la
Litis. En consecuencia, respecto de estas erogaciones se mantiene el acto
demandado.
En cuanto al gasto con la Fiduciaria Colpatria, se observa que se cuenta con
el soporte idóneo para su deducción, al aportarse las facturas de las
erogaciones, conforme con lo señalado en los artículos 617 y 618 del Estatuto
Tributario (esas facturas obran a fls.2440-2450 c.12 antecedentes).
Pese a que la DIAN afirma que no es posible el reconocimiento de ese gasto
porque las facturas no concuerdan con los comprobantes de contabilidad,
debe tenerse en cuenta que las facturas tienen prevalencia sobre los asientos
de contabilidad, de conformidad con el artículo 776 del Estatuto Tributario4. En
esa medida, independientemente de si existe o no una diferencia entre dichos
documentos, la factura que cumpla con los requisitos exigidos en el artículo
771-2 ibidem -hecho no discutido por la DIAN- prevalece sobre los asientos de
contabilidad.
Adicionalmente, se precisa que contrario a lo señalado en la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración5 (fl 126), el hecho de que el
contribuyente hubiere aportado las facturas con el recurso no impide su
valoración probatoria, conforme con lo preceptuado por el artículo 744 del
Estatuto Tributario, en cuanto establece que para estimar el mérito de las
pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes
circunstancias: “4. Haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en éste”, entre
otras circunstancias.
4 ARTÍCULO 776. PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE
CONTABILIDAD. Si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, deducciones,
exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los comprobantes externos, los conceptos
correspondientes se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes
5 En esa oportunidad, sostuvo la Administración: “no es posible acceder al reconocimiento de los gastos
operacionales por este concepto, en razón a que tal como se advirtió en el acta de inspección contable, al
contribuyente se le exigieron no solo los comprobantes de contabilidad sino los soportes idóneos de las
erogaciones, los cuales no fueron allegados cuando fueron solicitados por lo que resulta aplicable el artículo
781 del Estatuto Tributario”.
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Por las razones expuestas, este aspecto de la apelación de la demandada no
prospera.
ii. Gastos operacionales de ventas
Respecto de estos gastos que ascienden a la suma de $6.611.707.046, afirma
la actora corresponden a la depreciación de los vehículos que fueron dados
en usufructo, para la Sala resulta claro que procedía su desconocimiento por
parte de la Administración, toda vez que conforme el artículo 135 del Estatuto
Tributario, son bienes depreciables los activos fijos tangibles, pero no los
movibles. Y en el caso concreto, al estar demostrado que se trató realmente
de un contrato de compraventa de vehículos y no de usufructo, sumado a que
en el objeto social de la demandante están las actividades de comprar o
vender, importar, exportar, distribuir, agenciar, y en general, comercializar
esos vehículos, es claro que para el contribuyente estos bienes tienen la
condición de activos movibles.
Lo que comportaba la improcedencia de depreciarlos y llevarlos como gasto
en la declaración del impuesto de renta del año 2009.
iii. Deducción por inversión en activos fijos
Por valor de $3.223.824.000, correspondiente al 40% de la inversión en los
vehículos entregados en la modalidad de usufructo (fl 53 cp), en línea con lo
sostenido en los apartes precedentes, para la Sala es claro que procedía su
desconocimiento por parte de la Administración, toda vez que el artículo 158-
3 del Estatuto Tributario, establece esa deducción frente a bienes que sean
activos fijos, no movibles.
Sobre el particular, ha dicho la Sala que para esa deducción el artículo 158-3
exige el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) que se haya hecho una
inversión para la adquisición de bienes tangibles; b) que dichos bienes sean
activos fijos; c) que los bienes adquiridos entren a formar parte del patrimonio;
d) que participen de manera directa y permanente en la actividad productora
de renta del contribuyente; y e) que se deprecien o amorticen fiscalmente
(sentencia del 24 de octubre de 2018, exp.21516, CP. Julio Roberto Piza
Rodríguez).
En el caso concreto, está demostrado que estamos realmente frente a
contratos de compraventa de vehículos y no de usufructo, de lo que se sigue
que para sociedad demandante esos vehículos se tratan de activos movibles,
no fijos. Por lo tanto, no prospera este cargo de la apelación de la actora.
iv Otras deducciones por $5.053.144.420.
Valor integrado por comisiones por $1.823.519.894, descuentos
condicionados por $326.589.675 y pérdida en patrimonio autónomo por
$2.903.034.859, analizados los supuestos de hecho frente al marco legal y
jurisprudencial, la Sala encuentra lo siguiente:
a. Deducción por comisiones. En la actuación administrativa se sustenta esta
glosa en que los cobros por comisiones descontados por las entidades
financiares por la venta de cartera no son deducibles de conformidad con lo
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previsto en el artículo 107 del Estatuto Tributario porque no tienen relación de
causalidad ni son necesarias en la actividad productora de renta. Además, en
tanto su deducción no está contemplada de manera expresa en la normativa
tributaria.
La actora señala que esta erogación corresponde a la comisión /interés que
cobran las entidades financieras cuando vende su cartera mediante cheques
posfechados, porque hacen un descuento y giran un menor valor sobre el valor
total del cheque. Considera que se trata de un costo generado por anticipar
cartera, y que la potestad de vender cheques posfechados y recibir un menor
valor por concepto de comisión, tiene relación de causalidad con la actividad
productora de renta, por resultar una operación necesaria para proveerse de
los recursos para desarrollar su actividad económica.
La Sala encuentra que si bien, la normatividad tributaria no consagra una
deducción especial por la venta de cartera, la misma puede ser analizada
según los criterios del artículo 107 del Estatuto Tributario.
A esos efectos, debe tenerse en cuenta que la DIAN solo cuestiona los
requisitos de causalidad y necesidad, cuyo alcance ha sido precisado por esta
Sección en Sentencia de Unificación del 26 de noviembre de 2020 (C.P. Julio
Roberto Piza, exp. 21329), en el sentido de que: “Tienen relación de causalidad con
la actividad productora de renta, todas las expensas realizadas por el contribuyente en
desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta. Para establecer el nexo causal entre
el gasto y la actividad lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado
del objeto social del sujeto pasivo. Y “Las expensas necesarias son aquellas que realiza
razonablemente un contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente,
permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad
comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del
contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo
de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros”.
Para la Sala, la venta de cartera constituye una expensa necesaria para la
sociedad, en la medida que se trata de un gasto financiero, correspondiente al
pago de una comisión a entidades financieras, por la cesión de créditos que
tiene a su favor, en este caso, cheques posfechados, a cambio de anticipar
ingresos de la empresa.
Esta operación se relaciona con la actividad productora de renta y es necesaria
en la medida que le permite a la sociedad obtener ingresos antes de la fecha
de vencimiento de los cheques, y por ello, asume el valor del descuento, para
disponer de forma anticipada del capital, lo que constituye una forma de
financiación, en tanto le permite tener liquidez para desarrollar su objeto social.
En consecuencia, procede la deducción por venta de cartera en la suma de
$1.823.519.894.
b. Descuentos condicionados y/o financieros. La Administración desconoció
de la cuenta 53053505 “descuentos condicionados” la suma de $326.589.675, con
fundamento en las siguientes razones (fls 2129, y 2144 a 2145):
“Descuentos condicionados por $326.589.675 cuenta 53053505. En esta cuenta van
incluidos todos los descuentos que les hacen a los compradores de carros cuando dicen
que el crédito es por un valor pero sin intereses, y la realidad es otra ya que el banco le
gira a Subaru de Colombia S.A. una cuantía menor y esta diferencia es la que
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incorporan a la cuenta como un descuento, ver caso 1 del Usufructo donde se explica
a detalle la diferencia que son expedidas en esta cuenta que consiste en: (SIC) plasman
las características del vehículo y la forma de pago, está claro que el valor es de
$111.000.000, $55.500.000 de cuota inicial y $55.000.000 a financiar con Colpatria
durante 60 meses con cuotas de $925.000 (ejemplo del caso No. 1, folio 858).
No obstante lo anterior, la solicitud del crédito multivehículo indica que el valor de venta
es de $111.000.000, se dejó en blanco sin diligenciar el valor solicitado a financiar,
expresando que el plazo del crédito por $37.381.042 (crédito No. 8123749 a un plazo
de 60 meses con un interés EA 18.1559% y cuotas fijas mensuales de $936.027 (folio
No. 847). En la misma misiva del 18 de abril de 2009 Colpatria le comunica a su cliente
que el producto del crédito se girará directamente al vendedor del vehículo (folio No.
847), es decir Subaru de Colombia S.A. Hasta aquí se puede inferir que entre el precio
de venta ($111.000.000) y el valor realmente pagado ($92.881.042) hay una diferencia
de ($18.118.958) que llevan a la cuenta 53053505 de vehículos (folio No. 858).
De los documentos suministrados por la sociedad Subaru de Colombia, encontramos
que el señor Ortega Rincón compra un vehículo por valor de $58.000.000 (folio No.
1762) de una cuota inicial de $18.200.000 y $5.000.000 en efectivo; un crédito de
$34.200.000 que solicita al Banco Colpatria, pero la realidad del giro del Banco Colpatria
a Subaru de Colombia S.A., es de $22.200.267 para un total de $45.400.267, el valor
del vehículo. Presentándose una diferencia del préstamo bancario de $11.999.733,
valor que es contabilizado en la cuenta 53053505, se infiere que este valor la sociedad
lo lleva como descuento que no es real”.
En el caso 1º desarrollado en el cargo relativo a la omisión de ingresos,
además se precisó:
“Al comprador se le vendió un paquete denominado VENTA POR USUFRUCTO en
donde se le informa que debe pagar el 50% como cuota inicial con recursos propios y
que se le facilita obtener un crédito por el 50% restante a cero intereses, con cuotas
fijas, lo que no se le informa al comprador es que el crédito otorgado por $55.000.000,
si contiene intereses por valor de $18.118.958, tampoco se le informa que el valor
comercial del vehículo es de $92.881.042 y no de $111.000.000 y mucho menos que el
pago de intereses se reportan en la contabilidad de SUBARU como pagados por ellos”.
Al respecto, explica el apelante que los descuentos corresponden al “interés que
cobra el banco por el crédito, dando los vehículos a un valor inferior al que realmente tiene”,
los cuales son asumidos por la empresa, y que cumple los requisitos del
artículo 107 del Estatuto Tributario, por lo tanto, daba lugar a la deducción.
Además, sostuvo que el valor del bien y los intereses son reales.
Se precisa que en cuanto a los descuentos, esta Sala ha señalado que en
general, se conciben como la disminución o reducción del precio de venta de
los bienes o servicios, y pueden ser (i) comerciales o a “pie de factura”, o (ii)
financieros o condicionados.
Además, los descuentos financieros o condicionados, dependen de un hecho
futuro o condición, que puede que ocurra o no. Estos descuentos normalmente
se conceden al cliente que paga la deuda antes de que venza el plazo
acordado. En los descuentos condicionados, el valor total de la factura se
contabiliza en el ingreso de quien concede el descuento, al momento en que
ésta se expide. Y, cuando se cumple la condición, se registra el descuento
como un gasto financiero en la cuenta 530535 - “descuentos comerciales
condicionados”. Lo anterior concuerda con el artículo 103 del Decreto 2649
de 1993, conforme con el cual las devoluciones, rebajas y descuentos
condicionados, se deben reconocer por separado de los ingresos brutos.
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(Sentencia del 20 de noviembre de 2014, exp.17114, CP Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas).
Lo primero que advierte la Sala es que lo solicitado por el contribuyente no
corresponde a un descuento, por cuanto no consiste en un menor precio de
venta del vehículo, sino de intereses generados en créditos, que aún en el
caso de que no fueran asumidos por el comprador - adquiriente del préstamo,
lo que generaría es un menor valor a pagar por el crédito, pero no por el bien,
el cual se paga con el capital prestado.
En segundo lugar, se encuentra que a diferencia de lo señalado por Subaru,
en el expediente está demostrado que el que asumía el pago de los intereses
era el comprador, como se constata en los extractos bancarios de los créditos
de los clientes, en los que se realiza el cobro de intereses dentro del pago de
la cuota a pagar del préstamo (fls 812, 814 y 859). Por estas razones, no puede
considerarse un descuento efectivo.
Nótese que los descuentos financieros o condicionados, como se indica en la
providencia antes citada, normalmente se conceden al cliente que paga la
deuda antes de que venza el plazo acordado, y en el caso que nos ocupa, la
sociedad actora ofrecía a los clientes, con los cuales suscribía el contrato de
usufructo, que el crédito otorgado por el Banco era sin intereses, operación
que no se enmarca en la definición de descuento condicionado, debido a que
no existía condición.
Por lo tanto, esa expensa no resulta deducible.
c. Pérdida en patrimonio autónomo
Esta partida surge del resultado del negocio fiduciario suscrito por la actora
como Fiduciante y la Fiduciaria Colpatria. Alega la apelante que procedía su
deducción dado que ese patrimonio fue establecido para la administración de
los recursos de la sociedad en la importación de los vehículos y su entrega, y
que no se trata de una inversión ajena a la operación de la empresa.
En la vigencia gravable discutida (2009), el artículo 102 del Estatuto Tributario,
que regula los efectos tributarios de los contratos de fiducia mercantil,
señalaba:
“ARTÍCULO 102. CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. <Artículo modificado por
el artículo 81 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Para la
determinación del impuesto sobre la renta en los contratos de fiducia mercantil se
observarán las siguientes reglas:
1. <Numeral modificado por el artículo 81 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es
el siguiente:> Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los
ingresos originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el
momento en que se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso, o un
incremento en el patrimonio del cedente, cuando se trate de cesiones de
derechos sobre dichos contratos. De todas maneras, al final de cada ejercicio
gravable deberá efectuarse una liquidación de las utilidades obtenidas en el
respectivo período por el fideicomiso y por cada beneficiario, siguiendo las
normas que señala el Capítulo I del Título I de este Libro para los contribuyentes
que llevan contabilidad por el sistema de causación.
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2. <Numeral modificado por el artículo 81 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es
el siguiente:> Las utilidades obtenidas en los fideicomisos deberán ser incluidas
en las declaraciones de renta de los beneficiarios, en el mismo año gravable en
que se causan a favor del patrimonio autónomo, conservando el carácter de
gravables o no gravables, y el mismo concepto y condiciones tributarias que
tendrían si fueren percibidas directamente por el beneficiario.
3. Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones suspensivas,
resolutorias, o a sustituciones, revocatorias u otras circunstancias que no
permitan identificar a los beneficiarios de las rentas en el respectivo ejercicio,
éstas serán gravadas en cabeza del patrimonio autónomo a la tarifa de las
sociedades colombianas. En este caso, el patrimonio autónomo se asimila a una
sociedad anónima para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios.
En los fideicomisos de garantía se entenderá que el beneficiario es siempre el
constituyente.
4. Se causará el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del
constituyente, siempre que los bienes que conforman el patrimonio autónomo o
los derechos sobre el mismo se transfieran a personas o entidades diferentes del
constituyente. Si la transferencia es a título gratuito, el impuesto se causa en
cabeza del beneficiario de los respectivos bienes o derechos. Para estos fines se
aplicarán las normas generales sobre la determinación de la renta o la ganancia
ocasional, así como las relativas a las donaciones y las previstas en los
artículos 90 y 90-1 de este Estatuto.
5. Con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad,
los fiduciarios están obligados a cumplir las obligaciones formales señaladas en
las normas legales para los contribuyentes, los retenedores y los responsables,
según sea el caso. Para tal efecto, se le asignará un NIT diferente al de la
sociedad fiduciaria, que identifique en forma global a todos los fideicomisos que
administre.
Las sociedades fiduciarias presentarán una sola declaración por todos los
patrimonios autónomos. La sociedad fiduciaria tendrá una desagregación de los
factores de la declaración atribuible a cada patrimonio autónomo a disposición de
la DIAN para cuando esta lo solicite.
Los fiduciarios son responsables, por las sanciones derivadas del incumplimiento
de las obligaciones formales a cargo de los patrimonios autónomos así como de
la sanción por corrección, por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier
otra sanción relacionada con dichas declaraciones.
Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago
de los impuestos de ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se generen
como resultado de las operaciones del mismo, así como de sus correspondientes
intereses moratorios y actualización por inflación, cuando sean procedentes.
Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios
responderán solidariamente por tales impuestos retenciones y sanciones.
6. Las utilidades acumuladas en los fideicomisos, que no hayan sido distribuidas ni
abonadas en las cuentas de los correspondientes beneficiarios, deberán ser
determinadas por el sistema de causación e incluidas en sus declaraciones de
renta. Cuando se den las situaciones contempladas en el numeral 3. de este
artículo se procederá de acuerdo con lo allí previsto.
PARAGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23-1 de este Estatuto,
el fiduciario deberá practicar retención en la fuente sobre los valores pagados o
abonados en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario para los
beneficiarios de los mismos, a las tarifas que correspondan a la naturaleza de los
correspondientes ingresos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
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PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 82 de la Ley 488 de
1998. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de las responsabilidades
establecidas en este artículo, en la acción de cobro, la administración tributaria
podrá perseguir los bienes del fideicomiso”.
Para la Sala, el artículo 102 del Estatuto Tributario, vigente para la época de
los hechos, no restringía al fideicomitente la posibilidad de llevar en deducción
las pérdidas generadas en el fideicomiso, sino que con fundamento en el
criterio de transparencia de los contratos de fiducia mercantil previsto en la
norma, debe entenderse que así como dispone gravar la utilidad con el
impuesto de renta, también permitía llevar la pérdida, en la medida que la
misma resulta de la depuración de las rentas del patrimonio autónomo que
debe declarar el fideicomitente.
Así también se desprende del Concepto DIAN 101626 del 1 de diciembre de
2006, en el que se amparó el contribuyente para declarar la deducción en el
año 2009, el cual señaló que:
“Tratándose de los contratos de fiducia de administración; garantía y pago, en donde el
cliente o fideicomitente no se desprende de la propiedad de los bienes, sino que la
fiduciaria obra como administradora de los mismos, debe tenerse en cuenta que dicho
contrato es un mandato.
Con respecto al tratamiento de los contratos de mandato, el despacho mediante el
pronunciamiento 124519 de 2000, manifestó:
«(…)
Los ingresos que perciba el mandante deberán ser discriminados y declarados por
éste, al igual que los respectivos costos, deducciones, impuestos descontables y
retenciones en la fuente según la información que le suministre el mandatario,
conforme a los artículos 29 y 3 de los Decretos 3050 de 1997 y 1514 de 1997
respectivamente (…)»
Así las cosas, no es posible hablar de pérdida en los contratos de fiducia en garantía,
administración y pago, por cuanto la pérdida fiscal se obtiene una vez depurados la
totalidad de los ingresos percibidos por el fideicomitente”.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala el citado concepto autorizaba a la
contribuyente para llevar en el impuesto de renta la deducción por el resultado
negativo del fideicomiso, en tanto la misma se obtiene de la depuración de las
rentas del patrimonio autónomo, de la cual al final se puede generar una
utilidad o una pérdida cuando se sume con los demás factores de la
declaración privada.
Por las razones expuesta, la Sala se aparta del criterio fijado por esta Sección
en la sentencia del 26 de octubre de 2009, exp.16598, CP. Martha Teresa
Briceño de Valencia), que había interpretado la norma en el sentido de que:
“En efecto, a juicio de la Sala, la disposición es clara en señalar que lo que interesa para
efectos del impuesto de renta en cabeza del beneficiario del fideicomiso es la utilidad
que le reporte el negocio fiduciario, no las pérdidas, pues es evidente que tales pérdidas
se enjugarían con otros ingresos diferentes a los generados por el fideicomiso, lo cual no es
procedente en materia del impuesto de renta. Lo anterior, por cuanto, el beneficiario de un
contrato de fiducia mercantil es el titular de los réditos que produzcan dichos bienes, el que,
en ciertas ocasiones puede ser el mismo fiduciante y fideicomitente. (…) el hecho de que sea
una pérdida comercial no implica necesariamente que se trate de una pérdida fiscal. Las
pérdidas fiscales son las expresamente previstas en la Ley. Los contratos de fiducia son
negocios que pueden arrojar unas utilidades o unas pérdidas, que para efectos del impuesto
de renta del beneficiario tiene relevancia la utilidad, más no la pérdida”.
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En esa providencia se rechazó la deducción de la pérdida derivada de un
patrimonio autónomo solicitada por un fideicomitente en el año gravable 2000,
el cual se fundamentó en una interpretación literal del artículo 102 del Estatuto
Tributario, que corresponde a la misma redacción normativa vigente en el caso
analizado (antes de la modificación de la Ley 1607 de 20126). Sin embargo,
como se ha expuesto en esta sentencia, el análisis del artículo 102 del Estatuto
Tributario, no debe realizarse de forma literal sino de acuerdo con el criterio de
transparencia fiscal contenido en la norma, la vinculación de los resultados del
patrimonio autónomo a la actividad del contribuyente, la depuración única y no
cedular del impuesto de renta en la relación beneficiario del patrimonio y las
rentas en el fideicomiso, así como en el concepto de la DIAN en el que se
encuentra amparado el contribuyente, que llevan apartarse de lo señalado en
el citado precedente.
En consecuencia, procede la deducción de la pérdida del fideicomiso por valor
de $2.903.034.859.
3.4. Finalmente, en relación con las sanciones por irregularidades en la
contabilidad, por inexactitud y por rechazo de pérdidas, que se impusieron el
acto demandado, la Sala considera:
i) La sanción por irregularidades en la contabilidad fue impuesta por la
administración con fundamento en la causal prevista en el literal e) del artículo
654 del Estatuto Tributario, consistente en: “no llevar los libros de contabilidad en
forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases
de liquidación de los impuestos o retenciones”.
Para la Sala, la señalada irregularidad no se presenta en el caso analizado,
debido a que se encuentra probado que el contribuyente llevó sus registros
contables conforme a un negocio de usufructo, porque así entendió la
operación comercial que realizaba con sus clientes. En tal sentido, no se
omitieron asientos contables, ni los que fueron registrados eran falsos, tanto
así que la administración cuando reestructuró la operación comercial realizada
por el contribuyente, tomó los datos de la contabilidad para llevarlos como
ingresos por ventas, lo que le permitió verificar los factores necesarios para
establecer las bases de liquidación del impuesto.
Debe precisarse que el hecho de que el contribuyente entendiera de manera
equivocada su negocio, no quiere decir que llevaba mal su contabilidad,
porque se repite, los registros contables se realizaron conforme a lo que
consideró que era su operación económica. Cuestión diferente es que en la
investigación tributaria se determinara que el negocio tenía las características
propias de una compraventa, conducta que debe ser sancionada por
inexactitud por cuanto los datos declarados afectaron la determinación del
tributo.
6 Se pone de presente que el numeral 2º del artículo 102 del Estatuto Tributario, fue modificado por el artículo
127 de la Ley 1607 de 2012, el cual señalaba de manera expresa que las pérdidas obtenidas en los
fideicomisos debían ser incluidas en las declaraciones de renta de los beneficiarios. Actualmente, se
encuentra vigente la modificación realizada por el artículo 59 de la Ley 1819 de 2016 que permite a los
beneficiarios incluir en sus declaraciones los ingresos, costos y gastos devengados con cargo al patrimonio
autónomo.
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En consecuencia, se levanta la sanción por irregularidades en la contabilidad
determinada en los actos demandados.
ii) En lo que atañe a la sanción por inexactitud, la actora alegó que no es
procedente debido a que no se incurrió en las conductas tipificadas en el
artículo 647 del Estatuto Tributario, y lo que se dio fue una diferencia de
criterios.
Contrario a lo que argumenta, el artículo 647 del Estatuto Tributario, aplica por
la utilización en la declaración tributaria de datos equivocados que generan un
menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor, como acontece en el
presente caso, resultado de omitir ingresos por ventas y solicitar deducciones
improcedentes.
Adicionalmente, la diferencia de criterios, que exonera la aplicación de la
sanción, se refiere a todas aquellas discrepancias que surgen entre la
autoridad tributaria y los contribuyentes y/o responsables, respecto de la
interpretación de las normas que regulan la determinación de las obligaciones
fiscales. Lo que no ocurre en este caso, por cuanto la discusión se centra en
un debate probatorio. Por lo cual había lugar a la imposición de la sanción por
inexactitud.
De otra parte, contrario a lo que alega la administración en su recurso, no hay
lugar a aplicar el numeral 2º del artículo 648 del Estatuto Tributario, aduciendo
un abuso en materia tributaria de que trata el artículo 689 ídem, para mantener
su liquidación con el 160%, porque para la época de los hechos, como lo
destacó el Ministerio Público, no era causal expresa para calcular la sanción
con ese porcentaje, sino a partir de la modificación que introdujo la Ley 1607
de 2012. Frente a lo cual, se advierte que en materia sancionatoria puede
aplicarse una norma posterior siempre y cuando resulte favorable al
contribuyente sancionado y, en consecuencia, la apelación de la demandada
en este aspecto resulta improcedente.
Finalmente, en cuanto a la violación del principio de no confiscatoriedad que
alega la demandante, la Sala precisa que la sanción por inexactitud se deriva
de la indebida determinación del impuesto, y si bien es cierto que el
demandante afirma que esta superaría su patrimonio, tal afirmación no llevaría
implícito que no se tenga la capacidad de pago, debe tenerse en cuenta que
las cargas impositivas necesariamente afectan la propiedad y la riqueza
(Sentencia Corte Constitucional C-364 de 1993), y en este caso en particular,
incluso se ajustó la sanción establecida atendiendo al principio de
favorabilidad.
En consecuencia, procede la sanción por inexactitud, la cual será equivalente
al 100% (artículo 648 del Estatuto Tributario), como lo señaló el Tribunal en
aplicación del principio de favorabilidad.
iii) Se impuso a la sociedad actora la sanción por desconocimiento de pérdida
consagrada en el artículo 647-1 del Estatuto Tributario, como un hecho
sancionable autónomo. La demandante argumenta que se sanciona dos veces
la misma conducta.
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En relación con este cargo, se pone de presente que la posición mayoritaria
de la Sección (Sentencia del 18 de marzo de 2021, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, exp. 23726) emitida sobre procedencia de la sanción por
disminución de pérdidas, la cual considera improcedente la imposición de la
sanción por inexactitud en los términos del artículo 647-1 del Estatuto
Tributario como un hecho sancionable independiente al establecido en el
artículo 647 del mismo ordenamiento, ya que según la Sala, la imposición
paralela de estas sanciones vulnera el principio de “non bis in ídem”, al sancionar
dos veces la misma conducta7.
Acorde con esa premisa, el “rechazo de pérdidas” que aumente el saldo a pagar
o el saldo a favor declarado no puede generar una sanción por inexactitud
liquidada conforme al artículo 647 del Estatuto Tributario y, al tiempo, otra
sanción calculada de acuerdo con el artículo 647-1, es decir, sobre el impuesto
de renta que teóricamente se genera respecto de la pérdida rechazada. Por lo
que se reitera lo allí señalado.
En consecuencia, se levanta la sanción por rechazo de pérdidas, y procede la
sanción por inexactitud en los términos señalados en el cargo anterior.
Por tanto, prospera este aspecto del cargo de la actora.
3.5. En consecuencia, la Sala confirma el numeral 1º de la sentencia apelada, que
declara la nulidad parcial de los actos demandados, pero por las razones
expuestas en esta providencia. Además, se confirma el numeral 3º relativo a
la orden de no condenar en costas, que no fue objeto de apelación, y el
numeral 4º referente al archivo del proceso.
Y, se modificará el numeral segundo del fallo apelado, en el sentido de
disponer que a título de restablecimiento del derecho, el impuesto y las
sanciones a cargo del demandante son las determinadas en la liquidación
efectuada por esta Corporación en la presente providencia, que es la siguiente:
Liquidación
Liquidación Oficial Liquidación
Concepto renglón Liquidación privada sentencia segunda
de Revisión Tribunal
instancia
Total patrimonio líquido 41 4.965.120.000 4.965.120.000 4.965.120.000 4.965.120.000
Ingresos brutos
42 34.599.105.000 59.338.375.000 59.338.375.000 59.338.375.000
operacionales
Ingresos brutos no
43 1.628.791.000 1.628.791.000 1.628.791.000 1.628.791.000
operacionales
Intereses y rendimientos
44 969.294.000 969.294.000 969.294.000 969.294.000
financieros
Total ingresos brutos
45 37.197.190.000 61.936.460.000 61.936.460.000 61.936.460.000
(Sume 42 a 44)
Devoluciones, rebajas y
46 7.460.588.000 7.460.588.000 7.460.588.000
descuentos en ventas 7.460.588.000
Ingresos no constitutivos de
47 - -
renta ni ganancia ocasional
Total ingresos netos (45 -
48 29.736.602.000 54.475.872.000 54.475.872.000 54.475.872.000
46 - 47)
Total costos (49 + 50) 51 10.842.442.000 10.842.442.000 10.842.442.000 10.842.442.000
7 Sentencia del 29 de abril de 2020. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23307, C.P. Milton Chaves
García. En el mismo sentido: Sentencia del 24 de octubre de 2018. Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Exp. 21516, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Sentencia del 1 de junio de 2016. Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Exp. 20276 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; Sentencia del 5 de octubre del
2006. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 21051. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2014-00376-02 (24696)
Demandante: Subaru de Colombia S.A.
Liquidación
Liquidación Oficial Liquidación
Concepto renglón Liquidación privada sentencia segunda
de Revisión Tribunal
instancia
Gastos operacionales de
52 2.350.536.000 1.890.531.000 2.288.432.000 2.288.432.0008
administración
Gastos operacionales de
53 12.242.995.000 5.631.288.000 5.631.288.000 5.631.288.000
ventas
Deducción inversiones en
54 3.223.824.000 0 0 0
activos fijos
Otras deducciones 55 6.341.815.000 1.288.671.000 1.288.671.000 6.015.226.0009
Total deducciones (Sume
56 24.159.170.000 8.810.490.000 9.208.391.000 13.934.946.000
52 a 55)
Renta líquida ordinaria del
57 0 34.822.940.000 34.425.039.000 29.698.484.000
ejercicio
o Pérdida líquida del
58 5.265.010.000 0 0 0
ejercicio
Compensaciones 59 - - - -
Renta líquida (57 - 59) 60 0 34.822.940.000 34.425.039.000 29.698.484.000
Renta presuntiva 61 243.989.000 243.989.000 243.989.000 243.989.000
Renta exenta 62 - - - -
Rentas gravables 63 0 0 0 0
Renta líquida gravable 64 243.989.000 34.822.940.000 34.425.039.000 29.698.484.000
Impuesto neto de renta (69
71 80.516.000 11.491.570.000 11.360.263.000 9.800.500.000
• 70)
Total impuesto a cargo
74 80.516.000 11.491.570.000 11.360.263.000 9.800.500.000
(Sume 71 a 73)
Anticipo renta por el año
75 - - - -
gravable 2009
Saldo a favor año 2008 sin
76 - - - -
sol. de devolución
Total retenciones año
79 212.811.000 188.035.000 188.035.000 188.035.000
gravable 2009 (77 + 78)
Anticipo renta por el año
80 - - - -
gravable 2010
10
Sanciones 82 0 21.380.450.000 13.325.173.000 9.719.984.000
Total saldo a pagar 83 0 32.663.985.000 24.497.401.000 19.332.449.000
Total saldo a favor 84 132.295.000 0 0 0
Sanción por inexactitud artículo 647 Estatuto Tributario
Total impuesto a cargo en la declaración 80.516.000
Total impuesto a cargo determinado sentencia segunda instancia 9.800.500.000
Diferencia 9.719.984.000
Sanción 100% 9.719.984.000
Total sanción por inexactitud 9.719.984.000
4. No se condenará en costas, por cuanto, conforme a lo previsto en el artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren
o justifiquen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
8 Se mantiene deducción gastos operacionales de administración aceptada por el Tribunal la Fiduciaria
Colpatria por $397.900.488.
9 Se aceptan las deducciones por venta de cartera en la suma de $1.823.519.894 y por pérdida del fideicomiso
por valor de $2.903.034.859.
10 Se levanta la sanción por irregularidades en la contabilidad y la sanción por desconocimiento de pérdidas.
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Radicado: 25000-23-37-000-2014-00376-02 (24696)
Demandante: Subaru de Colombia S.A.
FALLA
1. Aceptar el impedimento manifestado por la Consejera Stella Jeannette
Carvajal Basto, para conocer del presente asunto.
2. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual queda así:
“SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMENTO DE DERECHO, TÉNGASE
que el impuesto y las sanciones a cargo de SUBARU DE COLOMBIA S.A
corresponden a los determinados en la liquidación efectuada por esta
Corporación en la presente providencia”.
3. En lo demás, confirmar la decisión de primera instancia.
4. Sin condena en costas en esta instancia.
5. Reconocer personería a la doctora Nidya Yannett Montaño Hernández, como
apoderada de la parte demandada (fl.29 c. 2ª instancia).
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara el voto
30
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